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«el Congreso para hacer semejante ley, que no creo necesario apoyarme en argumentos de otra especie, á los que fácilmente suplirá el buen sentido de los granadinos. Lo mismo puede decirse sustancialmente con respecto á la facultad acordada á las Cámaras provinciales sobre votar ó dejar de votar los fondos con que pagan á los empleados de los coros catedrales (así llama á los canónigos), cuando varíen las sillas de los que actualmente las ocupan.»

Y tambien nosotros nos creemos dispensados de aducir mas disparates del Sr. Plata, secretario de Estado, porque creamos que sabrá presumirlos el buen sentido de nuestros lectores. Solamente vamos á producir las últimas palabras del Sr. Plata en su respuesta al Arzobispo, para que se vean los sentimientos en que abunda aquel Gobierno. «Estas simples reflexiones, dice, bastan para probar que los actos legislativos, hoy dia obligatorios en la república, y contra los que vuestra Ilma. ha dirigido sus observaciones al Gobierno, en nada osenden á las doctrinas de la fe y de la disciplina general que hasta el dia ha admitido la mayoría de los granadinos que profesan el culto católico. Por lo demás, el Gobierno á nadie exige dar una aprobacion explícita, ni ningun testimonio escrito de asentimiento, de aquiescencia ó de aceptacion á un precepto legal: el Gobierno no puede someter la suerte de una ley á este género de pruebas. Cuando una medida ha recibido el carácter legal, el Gobierno no se ocupará de otra cosa que de exigir su cumplimiento. No hay en la República un poder que pueda hacerse superior á las leyes.»

El Arzobispo en 30 de junio dirigia al secretario de Estado otra réplica, á fin de poner en mayor evidencia las razones que justifican las reclamaciones hechas por la Iglesia católica, y para demostrar al Gobierno que él, arzobispo como era, no podia sin faltar á sus deberes, dispensarse de obrar como habia obrado hasta allí. No queremos ahora transcribir este luminoso escrito del arzobispo de Bogotá: vamos solamente á poner á la vista de nuestros lectores los pri-
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meros períodos con que aquel Prelado principiaba su réplica.

«Desde un principio declaro que no puede ponerse en duda que en la Nueva-Granada, así como en todo Estado soberano é independiente, no hay poder en el que resida la facultad de sobreponerse á las leyes; y añado aun con el permiso de V. E. que no es esto de lo que se trata, sino del derecho de la Iglesia sobre la disciplina y el ejercicio de su poder, derecho que todas las naciones católicas reconocen en la Santa Sede apostólica y en aquel que tiene la primacía en la Iglesia, con el que se han entendido siempre y se entienden en todos los negocios. La historia de todos los tiempos abunda en hechos sucedidos en naciones católicas relativos á cuestiones como las nuestras, y en las que los obispos se han visto en la necesidad de obrar del mismo modo que he obrado yo. Cualesquiera que hayan sido los episodios que se han presentado en el curso de los negocios, estos se han terminado siempre por arreglos hechos con el Jefe de la Iglesia, y conforme á derecho. Hasta en las naciones separadas de la unidad católica, como la Prusia, la Holanda, el Hannover y la Rusia, los soberanos han reconocido, con respecto á sus súbditos católicos, el derecho del Papa sobre la disciplina; y sin embargo la soberanía de estos Estados, así como la de los Estados católicos, no ha dejado por eso de conservar su independencia. Cierto que la disciplina no es un dogma, pero es una cosa que la Iglesia tiene el derecho de determinar, y en la que no puede hacerse ningún cambio sin su acuerdo. El derecho público de la cristianidad reconoce este principio y los derechos que de él dimanan en favor de la Santa Sede.»

En seguida se extiende el Prelado en varias observaciones sobre la ley de 14 de mayo relativa al matrimonio, sobre la de 20 de abril tocante á los bienes y rentas de los cabildos catedrales, y sobre algunas otras medidas que había dado el Gobierno atentatorias á los derechos y libertades de la Iglesia. Pero el Gobierno con la mayor desfachatez del mundo, y des-
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entendiéndose de razones y argumentos, daba en 3 de julio de 1851 la siguiente respuesta:

«El Gobierno no da á la reclamacion de V. E. y á la nota «acompañatoria otro valor ni otro significado que los que tie- «ne una exposicion de principios, por la que el eclesiástico «reclamante quiere ponerse á cubierto de la responsabilidad «de conciencia que creia incurrir si guardase silencio. Por lo «menos, si otra cosa ha querido V. E. decir, no lo ha ex- «presado con la claridad que fuera de desear.—No recono- «ciendo el Gobierno la exactitud de las razones alegadas por «el señor Arzobispo; y por otra parte, reconociéndose en la «nota, como no puede menos de hacerlo, la supremacía del «Soberano para dictar y hacer ejecutar los actos legislativos «que tiene por mas convenientes para el bien general; y co- «mo por otra parte no trata el poder ejecutivo de sostener «una polémica sobre la bondad y existencia de las leyes con- «tra las que se reclama; nada tiene que añadir á su resolu- «cion comunicada al Arzobispo en 23 de junio último, á la «que se refiere en todo y por todo. La aprobacion explícita «que á un acto legislativo cualquiera puedan dar ó negar los «eclesiásticos y otras cualesquiera personas y autoridades, es «por cierto bien poco necesaria para determinar al Gobierno «á ponerlo en ejecucion, así como es inútil é ineficaz cual- «quiera declaracion en contrario sentido para impedir sus «efectos.»

La nota que acabamos de transcribir es un testimonio irre- censable del cinismo y desfachatez con que ha procedido aquel Gobierno en las cosas y personas eclesiásticas; pero para ma- yor comprobacion de lo mismo vamos á transcribir las pala- bras del presidente en un acto muy solemne, cual es la aper- tura de las Cámaras, en el presente año 1852.

«Su Santidad, decia, ha enviado recientemente un legado «extraordinario cerca de mi Gobierno, y ha recibido nues- «tro encargado de negocios en Roma. Nuestras relaciones con «el Santo Padre continúan en buen estado, por mas que de «una y otra parte haya alguna division sobre ciertos puntos,
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sobre los que no ha sido posible ponerse de acuerdo hasta «ahora.»

Los puntos á que se refieren estas palabras del presidente, que se felicita por sus buenas relaciones con el Santo Padre, no se crea que sean bagatelas, ó como quien dice un grano de anís: el mismo presidente nos da relacion de ellos.

«La disposicion contenida en el artículo 1.º de la ley de 27 «de mayo último (1851), reformando las leyes sobre patronato, y confiriendo á los consejos parroquiales el nombramiento y la presentacion de los curatos; el conocimiento atribuido por la ley de 14 del mismo mes á los jueces y tribunales ordinarios en las causas de responsabilidad seguidas contra los eclesiásticos que han delinquido en el ejercicio de sus funciones; el acuerdo de los consejos provinciales para proceder á la provision de las vacantes en los cabildos catedrales; la autorizacion para hacer entrar en el tesoro público las rentas de las fundaciones piadosas, constituyéndole censatario; todas estas disposiciones legales han excitado de parte de este señor arzobispo y de otros obispos que han seguido su ejemplo, ardientes reclamaciones y protestas, cuyo exámen y debida apreciacion toca á vosotros. El enviado extraordinario de Su Santidad ha solicitado igualmente la reforma de estas leyes, y extendido sus observaciones sobre otros varios puntos de nuestra legislacion que él no juzga bastante en armonía con las reglas que el Soberano Pontífice desearia ver adoptadas en todas las naciones católicas.

El poder ejecutivo no ha podido dar una respuesta categorica á esta demanda de reforma, porque esta es atribucion exclusiva del poder legislativo; y se ha limitado á hacer entender que por mucha que sea su deferencia á los deseos de la Santa Sede, en tanto que existan las leyes, no puede dis pensarse de su ejecucion y de prestarlas un poderoso apoyo. El deber del poder ejecutivo es muy claro y sencillo, y no ofrece ninguna duda su cumplimiento. Así es que cuando ha tenido en sus manos la prueba de que el vicario general del arzobispado, encargado del gobierno eclesiástico
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«durante la enfermedad del Arzobispo, bajo diferentes pre-
«textos no habia cumplido con el deber de abrir el concurso
«para la provision de los curatos, el poder ejecutivo ha pa-
«sado al fiscal la orden de perseguir esta infraccion de la ley,
«y le ha remitido los documentos relativos al delito, para
«que sirvan en la formacion del proceso. De los referidos do-
«cumentos resulta que tambien el Arzobispo está implicado
«en el negocio, y el fiscal general ha recibido la orden de for-
«mular la acusacion contra quienes haya lugar.»

Este lenguaje, así del secretario de Estado en la nota pasada al Arzobispo, como del Presidente en el discurso dirigido al Congreso, no dejan la menor duda así sobre las doctrinas que profesa aquel Gobierno en materias eclesiásticas, como sobre las intenciones en que están de llevar á cabo sus proyectos á todo trance. Hallándose en este estado las cosas, y el Gobierno en esta disposicion, ha venido un incidente á aumentar los conflictos y á precipitar la marcha de los sucesos. Estaba abierta la legislatura de 1852, y el Congreso celebraba diariamente sus sesiones; y ya sabemos lo que son sesiones de un cuerpo deliberante, y en un país volcanizado como la república de Nueva-Granada, y cuando por añadidura se atraviesan cuestiones eclesiásticas tan delicadas como las que allí se agitan.

En la sesion del dia 2 de abril el ciudadano Ponce interpeló al Gobierno, 1.º sobre si el enviado extraordinario de la Santa Sede, Moos. Barili, habia presentado algun breve u otro documento de Su Santidad, por el que se le confiriese algun poder, autorizacion ó licencia sobre la disciplina eclesiástica; 2.º si el poder ejecutivo tenia noticia de que el tal enviado habia ejercido poderes u otro acto de jurisdiccion eclesiástica en el territorio de la republica sobre los granadinos, y si sabia que su secretario exigia derechos por el despacho de algunos de estos actos. El diputado Ponce concluia exhortando al Gobierno á que, en el caso de ignorar estos atentados, tomasse los informes convenientes, y diese cuenta á la Cámara de lo que resultase. A esta interpelacion se seguia un discurso
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furibundo de los que en semejantes casos suelen pronunciarse en las Cámaras populares, en las que abunda el elemento irreligioso y democrático, mayormente si se trata de cosas de Roma y de materias eclesiásticas, como en el presente. Opúsose á la peticion del Sr. Ponce el diputado Olano, en cuya oposicion le sostenía el ciudadano Rojas Garrido; pero este al paso que se oponía á que se hiciese una informacion ó pesquisa sobre los procedimientos de Mons. Barili, pedía otra cosa todavía mas fuerte, cual era el que se le diesen los pasesaportes, y se le expulsase del territorio de la república. Esta proposicion suscitó una horrorosa polvareda. Sumamente acalorada y borrascosa fue aquella sesion, que en obsequio á la brevedad, y por no ofender la religiosidad de nuestros lectores á causa de las muchas insolencias que se vomitaron contra Roma, contra la Santa Sede, contra la ambicion clerical, etc., etc., nos abstenemos de transcribir, ni siquiera reseñar. Sin embargo, no faltaron defensores de la conducta de Roma y de su enviado en medio de aquel chubasco de dicteros. El diputado Olano defendió enérgicamente la moderacion de Mons. Barili en reclamar á nombre de la Santa Sede los derechos que á la Iglesia competian; y ya fuese por la defensa del Sr. Olano que impuso á la Cámara, ó que esta no se hallase aun bastante dispuesta para provocar un rompimiento con Roma, ello es que la proposicion del Sr. Rojas Garrido fue desechada por 33 votos contra 11, y por entonces no fue despedido el representante de la Santa Sede.

Firme el Gobierno de la república en su plan de hostigar al clero y á la Iglesia, y de poner estas cosas en mal lugar á los ojos de la opinion pública, por conducto del ministro Plata transmitió á la Cámara de los representantes las reclamaciones y protestas que habían formulado el episcopado y el clero, así como las notas diplomáticas que había dirigido el enviado de la Santa Sede. Veinte y cinco documentos contenía este expediente, que era mirado como un acto de acusacion contra los sentimientos de lealtad de Mons. Barili y del episcopado y clero granadinos. Entre estos documentos figuraban cin-
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co respuestas ó exposiciones hechas por el arzobispo de Bogotá y su coadjutor, por los obispos de Cartagena y Pamplona, y por el vicario capitular de la diócesis de Antioquía, sobre la cuestion de la separacion de la Iglesia del Estado. El Gobierno les habia pedido que emitiesen su opinion sobre este punto, y ellos no podian menos de expresar lo que sentian, viéndose colocados en la alternativa, ó de declararse por la independencia y separacion absoluta entre el poder civil y eclesiástico, ó por la continuacion de la dependencia allí donde se encontrase establecida, con todas sus consecuencias.

No es de este lugar transcribir el texto de las respuestas de estos cinco prelados: basta saber que la comision, á la que fueron transmitidos los indicados documentos, formuló un proyecto de ley, por el que se pronunciaba la separacion de la Iglesia del poder del Estado. Los miembros que componian esta comision eran D. Carlos Martin, D. Justo Aresemena, y D. Ignacio Franco Pinzon. Al presentar á la Cámara el mencionado proyecto dijo el presidente: «Dos solos medios se presentan para poner fin á la cuestion religiosa suscitada con motivo de las leyes que el Congreso sancionó el año pasado: «estos medios son un concordato con Roma, lo que la comision no admite ni admitirá jamás; ó la independencia de la Iglesia en los términos que la misma comision propone en el proyecto que tengo el honor de presentaros, y que la comision ha adoptado por unanimidad, como el único medio de solucion.»

Proyecto de ley declarando á la Iglesia independiente del Estado.

Artículo 1.º Se toleran en la república todos los cultos, y todos son iguales, salva la excepcion establecida por el artículo 16 de la Constitucion en favor del culto católico.

Art. 2.º Cada uno de los cultos celebrará sus ceremonias religiosas en lo interior de sus templos ó edificios destinados á este objeto.
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Art. 3.º De conformidad al referido artículo 16 de la Constitución, los granadinos contribuirán al mantenimiento del culto católico, retribuyendo á sus ministros los servicios religiosos que les prestaren.

Art. 4.º En consecuencia, las cajas municipales quedan libres de las cargas que relativamente al culto les imponían las leyes de 20 de abril de 1850 y de 1.º de junio de 1851, sobre la descentralización de gastos y entradas.

Art. 5.º El Gobierno de la república no intervendrá en ningun negocio religioso, ni del culto católico ni de ningun otro. Las respectivas sectas tienen una libertad absoluta en la direccion de sus negocios, con tal que estos no se rocen ni menoscaben las facultades propias del poder civil.

Art. 6.º Las relaciones entre el Gobierno de la república y el pontificio serán en adelante puramente internacionales.

Art. 7.º Para los efectos civiles que deban tener los matrimonios, deberán estos ser contratados en la Nueva-Granada, en los términos prescritos por la ley: para los efectos religiosos, los contrayentes pueden celebrarlos antes ó después de firmar los capítulos matrimoniales, según el rito de su religion respectiva.

Art. 8.º Asimismo, para obtener los efectos civiles la separacion de los esposos, será menester que sea decretada por la autoridad civil por los trámites que establecerá la ley, sin perjuicio de los medios que los divorciandos crean deber emplear para cumplir con su conciencia religiosa.

Art. 9.º Las demandas de nulidad en los contratos matrimoniales para los efectos civiles serán decididas por la autoridad civil, de conformidad á las reglas que establezca la ley.

Art. 10. Los cementerios estarán exclusivamente sujetos á las reglas que para su policía establecerá la autoridad municipal, así para los enterramientos como para las exhumaciones. De consiguiente, los curas nada tendrán que ver en esta materia.

Art. 11. Quedan derogadas las leyes que tratan de materias religiosas, por las que se atribuyen á los ministros del
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culto católico derechos y deberes ajenos de su ministerio.

Art. 12. Quedan indultados todos los que se hallasen encausados por transgresion de alguna de las leyes que se derogan por el artículo anterior.

Este proyecto fue aprobado por la Cámara de los representantes sin mas variaacion que la palabra comuniones sustituida á la palabra sectas, y el título Ley sobre libertad de conciencia en sustitucion del título primitivo que ponía el Gobierno. Mas presentada la ley al Senado fue desechada en el primer debate que se tuvo, así como lo habian sido antes otros dos proyectos que se habian presentado sobre la misma materia. El alto cuerpo ha tenido en este asunto todavía bastante juicio y firmeza para oponerse á los desmanes de la cámara popular.

Para llegar á la solucion de la cuestion religiosa conforme á los planes y deseos de los grandes hombres de Estado que dirigen los destinos de la Nueva-Granada, no faltaba otra cosa, después del famoso proyecto de ley sobre libertad de conciencia desechado por el Senado, que acabar con el ilustre y esforzado campeon de la Iglesia, el arzobispo de Bogotá. Especialbase, pues, el dictámen de la comision á la que el Gobierno habia pasado los documentos de los obispos. Hacia ya mas de un mes que se hacia esperar este dictámen, y no se sabia á qué atribuir este retardo, atendida la exaltacion de los miembros que componian aquella comision. Por fin, en la sesion del 11 de mayo de 1852 los representantes Martin, Valencia y Ponce han leido á la Cámara su dictámen, cuyos principales párrafos vamos á transcribir.

«Al exponer el juicio que los firmantes han formado sobre «los hechos sometidos á su exámen, se abstendrán completamente de hacer aplicacion de los cánones de la Iglesia: los «infrascritos creen que su mision, así como la de la Cámara, «se limita á examinar y declarar si el arzobispo de Bogotá «ha violado las leyes de la república, sin considerar si la tal «violacion se ha cometido en contra ó de conformidad á las «prescripciones de la Iglesia. Si resulta que se ha violado la
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«ley, ninguna de estas circunstancias bastará á cambiar la «naturaleza del delito cometido, ni á aumentar ó disminuir «la culpabilidad del delincuente. De ningun modo retroce-«derán los infrascritos en vista de la discusion de la cuestion «canónica.—La ley castiga al funcionario ó empleado pú-«blico que excita ó provoca directamente á desobedecer al «Gobierno, á resistir ó poner obstáculos á la ejecucion de una «ley ó de una disposicion cualquiera de la autoridad públi-«ca.—El arzobispo de Bogotá, en fecha de 18 de junio últi-«mo, ha protestado solemnemente delante del poder ejecu-«tivo contra las leyes de 14 y 27 de mayo y 1.º de junio de «1851, declarando que le era imposible aceptarlas ni some-«terse á ellas, por ser contrarias á la autoridad y disciplina de «la Iglesia. Anunciaba además que pondría su protesta en co-«nocimiento de la Silla apostólica, cuya decision, decia, es la «sola regla infalible en las cuestiones á que se refiere su profes-«ta. Esta protesta ha sido comunicada por el mismo Arzobis-«po al obispo de Cartagena, y probablemente lo habrá sido «tambien á todos los demás obispos de la república, como «resulta de la nota fechada en 18 de junio, y dirigida al se-«cretario de Estado del Gobierno. Protestar contra las leyes «en semejantes términos, comunicar la protesta á un funcio-«nario inferior en el órden jerárquico, es indudablemente á «los ojos de la comision, por parte de aquel que hace y co-«munica la protesta, provocar y excitar directamente al in-«ferior á desobedecer á las leyes que son objeto de la pro-«testa, y á despreciar las medidas de la autoridad pública que «tienen por objeto la ejecucion de estas leyes. Por otra parte, «semejante excitacion ha producido la desobediencia á las le-«yes: el provisor vicario general del arzobispado lo declara for-«malmente así, como puede verse en la nota dirigida al mi-«nistro de lo Interior, en fecha de 29 de enero último, por «el provisor de la diócesis de Antioquia.»

Los informantes hacen mérito de la resistencia del Arzo-«bispo y de su vicario general á la órden de abrir concursos para proveer los curatos vacantes según las reglas reciente-
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mente establecidas, cuya falta del metropolitano ha tenido que subsanar un sufragáneo, el vicario general de Antioquía. Recuerdan además otra circular del Arzobispo de 29 de marzo, por la que prohibía á los eclesiásticos del arzobispado dar cumplimiento á cierta disposición emanada del Gobierno. Acusan al Arzobispo de haber infringido otros varios artículos de la Constitución y del Código granadino, especialmente en haber declarado contrarias á la autoridad y á la disciplina de la Iglesia las leyes formuladas por el Congreso granadino en 1851, y en haber negado á este y al poder ejecutivo de la república la facultad de legislar en materias eclesiásticas, atribuyéndola exclusivamente á la Santa Sede. Tal era el delito ó los delitos que se imputaban á un obispo católico que por el mero hecho de serlo no podía dejar de reconocer estos principios. El resultado de todo era formular la acusación del arzobispo de Bogotá como prevaricador de las leyes, y pedir que se nombrase un individuo de la Cámara para introducir y sostener en el Senado la mencionada acusación, concluyendo con estas palabras: «Tales son las resoluciones que la comisión juzga no solo estrictamente legales, sino también imperiosamente exigidas por la conveniencia pública en la situación actual, y por la necesidad de mantener siempre intacta la majestad de las leyes.»

Como este asunto era del más alto interés, y llamaba en gran manera la atención pública, empeñóse sobre él un debate solemne que ocupó cuatro sesiones, desde el 11 al 14 de mayo, viéndose siempre las tribunas públicas ocupadas de numerosa concurrencia que no bajaba de dos mil personas. Es por demás citar los discursos de los ciudadanos Martín y comparsa: la reforma de Lutero, el libre exámen, la abominable intolerancia de los que han hecho degenerar el catolicismo, la luz que vivifica el libre pensamiento, la inquisición, los exagerados privilegios que han perdido á la Iglesia, su despotismo que lo echará todo á perder, los cánones, la infalibilidad del Papa, etc., etc. Tales son los puntos sobre que giraron los discursos de los oradores, y que fueron abordados y tra-