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de los obispos; no se hará mas que embrollar la cuestion entregando al clero una riqueza nominal. Lo que debiera haberse hecho desde un principio, parece va á hacerse ahora en virtud de una real orden que se ha expedido en 10 de julio. Por ella se manda que los administradores de contribuciones directas, estadística y fincas del Estado se ocupen desde luego, aunque sea en horas extraordinarias, de los trabajos necesarios para facilitar á los reverendos obispos todos los documentos que justifiquen la posesion del dominio de los bienes entregados últimamente al clero. Nada mas justo, nada mas procedente. Si se quiere de veras que los obispos enajenen estos bienes, como previene el artículo 38 del Concordato, para convertir sus productos en títulos de la deuda pública, ¿quién querrá tomarlos á ningun precio, mientras no se le presenten los títulos de legitimidad y pertenencia? Si, pues, se quiere adelantar en este negocio, es de absoluta necesidad la entrega de los referidos documentos. Aplaudimos, pues, que de este modo se excite á quien corresponda, haciendo que activen la cosa, aunque sea trabajando en horas extraordinarias.

Y lo que se ha mandado con respecto á las fincas ¿por qué no debía mandarse tambien con respecto á los censos? Porque tenemos que se ha hecho entrega de largos inventarios que contienen muchos centenares, ó tal vez millares de censos pertenecientes á las extinguidas comunidades religiosas, sin hacerse entrega de los títulos y documentos, en cuya virtud aquellos censos pueden ser una renta positiva. Por real orden de 31 de enero se mandó que los prelados no se opusiesen á la aceptacion de los censos, si tuviesen los inventarios las circunstancias del artículo 1.º del real decreto de 8 de diciembre último, y se entregase á la vez el índice de que hace mérito el artículo 8.º Pero ¿podrán los diocesanos cobrar aquellos censos con solo hallarse continuados en un índice de los títulos á ellos referentes? ¿Podrán hacer las observaciones y reclamaciones convenientes, mientras no tengan á la vista los documentos en que puedan apoyarlas? Y entre tanto,
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beneficencia á que deben dedicarse. Otros muchos puntos han sido arreglados: faltanos hablar de la reorganización que va á darse á los cabildos metropolitanos, catedrales y colegiales, así como de la que se ha dado ya á las reales capillas de Toledo, Sevilla y Granada.

A obtener la reorganización de los cabildos se dirige la real cédula de ruego y encargo dirigida á los prelados diocesanos con fecha de 31 de julio último, para que oyendo y consultando á sus respectivos cabildos, procedan desde luego á la reforma de estatutos de sus respectivas iglesias, ó á la formación de otros nuevos donde no los hubiere aprobados, ó se hiciere muy difícil la reforma. Partiendo del principio consignado en el artículo 15 del Concordato de que debe cesar «desde luego toda inmunidad, exención, privilegio, uso ó abuso que de cualquier modo se haya introducido en las diferentes iglesias de España, en favor de los mismos cabildos con perjuicio de la autoridad ordinaria de los prelados;» haciéndose cargo de «las alteraciones de títulos, creación de algunos nuevos, y supresión de otros antiguos, que en cumplimiento y debida ejecución del mismo Concordato han variado la planta de las respectivas iglesias;» y deseándose «poner con todo en armonía sus constituciones, estatutos, reglas, usos y costumbres, reformando cuanto no sea muy conforme y estrictamente ceñido á la letra y espíritu de dicho Concordato;» se ruega y encarga á los prelados diocesanos que, oyendo á los cabildos, y disponiendo que estos lo propongan á la mayor brevedad, instruyan el debido expediente en toda forma canónica, por el que se proceda desde luego á la reforma de estatutos, allí donde fuere necesaria la reforma, ó á la formación de nuevos, allí donde no los hubiere competentemente aprobados, ó aun cuando los hubiere aprobados, fuere la reforma mas difícil que la nueva formación.

Supuesto que han de desaparecer por el nuevo Concordato todas las exenciones y privilegios de cualquiera antigüedad y origen que sean, y que para todas las iglesias se ha si-
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como si ninguna observacion ó reclamacion hubiera que hacer, como si fuera renta corriente todo lo que está continuado en los inventarios, se rebaja desde luego por entero esta parte. Bien es verdad que se añade la cláusula de «sin perjuicio de las reclamaciones que ulteriormente se resolverán en justicia.» Pero entre tanto que estas reclamaciones no se resuelven, que no podrán resolverse ni siquiera entablarse, mientras no se tengan á la vista los documentos, ¿cómo se cubren las sagradas atenciones del culto y del clero? Nosotros creemos que antes de imputarse esta renta, lo primero que debiera haberse hecho era examinar y resolver lo que era realmente imputable.

Reconocemos justa la disposicion mandada en real orden de 10 de julio, por la que los diocesanos, cuando espontáneamente ó por efecto de los medios de investigacion que adopten, adquieran algunos bienes no comprendidos en los inventarios, dén conocimiento de ellos á las administraciones de contribuciones directas respectivas, sin perjuicio de que enteren además á la de contabilidad de culto y clero. Claro está que esta medida tiene por objeto hacer las rebajas correspondientes en las cantidades que debe entregar el Estado para cubrir el déficit. Nosotros que deseamos que al clero no se le quite un maravédi de las asignaciones marcadas por la ley, no pedimos que perciba mas de lo asignado, adquiriendo bienes que no estaban denunciados ó descubiertos.

También habrán de volver á manos del clero muchos bienes que habiendo sido vendidos en tiempo hábil, sean declarados en quiebra por no cumplir los rematantes en los plazos que estaban convenidos. De esta clase de bienes se ocupa una real orden de 17 de julio, dictando al efecto varias reglas que deberán observarse en estos casos. Encontramos justo que á los rematantes se les devuelvan las cantidades y los efectos que hubiesen entregado por los pagos anteriores. Pero ¿no se ha de tener en cuenta para la oportuna rebaja los frutos y utilidades que hubieren reportado durante el tiempo que poseyeron la finca? Porque compradores hay que en ocho ó diez
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años de haber disfrutado de la finca, sacaron mucho mas de lo que pagaron y debieran haber pagado por todo el precio en que les fue adjudicada. Exige, pues, la justicia que esto se tenga en consideracion. Tampoco vemos una razon justa, por la que los bienes que vuelvan á manos del clero por haber sido declarados en quiebra, deban ser enajenados, cualquiera que sea la procedencia de dichos bienes. Si procedieron del clero secular, deberian seguir su suerte, y considerándose no enajenados, el clero deberia poseerlos otra vez como propiedad suya, reteniendolos y disfrutándolos como los demás de la misma clase.

Arreglado convenientemente el ramo de Cruzada por el real decreto de 8 de enero último, de que hablamos á su tiempo, restaban aun algunas dificultades por resolver. A esto se dirige la circular de 24 de enero expedida por la Direccion de contabilidad de culto y clero. En dicho documento se prescriben algunas reglas así para completar las cuentas de la predicacion anterior, como para formalizar las que hayan de rendirse en lo sucesivo. Parécenos que será muy expedita esta operacion, atendido á la nueva organizacion que se ha dado á este ramo. Abonándose á los administradores por todo gasto el 5 por 100 del valor de los sumarios expendidos, será muy sencilla la cuenta que presenten, limitándose las partidas de data al importe de los sumarios sobrantes devueltos, á la suma de lo que hayan entregado en metalico á los prelados ó á los administradores diocesanos, y al 5 por 100 por gastos de administracion. Celebramos que de este modo se haya simplificado una operacion que antes se enredaba de mil maneras, y cuyos enredos acarreaban al ramo grandes descubiertos.

Otro punto mas delicado aun se toca en una real orden de 29 de enero. Por el articulo 24 de la real instruccion de 2 de mayo de 1851 se suprimian las antiguas subdelegaciones de Cruzada; y en consecuencia se transferian á los provisores vicarios generales las atribuciones judiciales que á aquellas correspondian. Ahora por real orden de 29 de enero se
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descarga á los provisores de este negocio, y se traslada á manos de los administradores diocesanos. En consecuencia deben los primeros entregar á los segundos, mediante inventario, los expedientes que obren en su poder, ya se hallen en marcha corriente, ya estén fenecidos en las subdelegaciones. Mas no por esto se reviste á los administradores diocesanos de las facultades correspondientes para juzgar en aquellos expedientes; sino que los administradores deben transmitirlos á los prelados para que según su naturaleza y estado les dé el curso prevenido en los artículos del citado real decreto. Para esto creemos que ninguna necesidad había de que se hiciese la entrega á los administradores diocesanos, sino que lo mas sencillo habría sido ponerlos en conocimiento de los prelados por los respectivos vicarios generales.

Aunque de fecha algo atrasada, pero por no haber visto la luz pública en el periódico oficial hasta los últimos días del mes de enero, no nos hemos hecho cargo antes de un documento, cuyas tendencias y espíritu quisieramos que se hubiesen olvidado, mayormente después de publicado el último Concordato, por el que parecía haberse restablecido la buena armonía y la mutua confianza entre las dos supremas potestades, la eclesiástica y la civil. Con fecha de 16 de noviembre de 1851, un mes después de haberse publicado el Concordato, dirigía el ministro de Gracia y Justicia á los ordinarios una real orden para que cuando se les presente para su ejecución alguna Bula, Breve ó cualquiera otra gracia ó despacho pontificio referente á jubilos, aun cuando no acompañe encíclica, se abstengan de proceder á su cumplimiento, mientras no se llenen los requisitos prevenidos en las leyes de la Novísima Recopilación, vigentes en la materia. Quisieramos que se dejara más expedita la acción de los obispos, mayormente después que se ha consignado en el artículo 4.º del Concordato que «en todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica... los obispos gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados cánones.» ¿No es una cosa perteneciente al derecho y
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ejercicio de la autoridad eclesiástica publicar jubileos, esto es, ciertas concesiones espirituales que el Santo Padre dispensa á los fieles, á fin de excitar su piedad y proveer á su bien espiritual? Y ¿gozarán de plena libertad, cuando se les previene que se abstengan de proceder á su cumplimiento, mientras no hayan obtenido de la potestad temporal el permiso correspondiente? Cuando en toda Europa se han abolido las leyes que restringian la libertad de la Iglesia, quisiéramos que en España no se conservaran semejantes prevenciones.

Si hemos visto con pena el expresado documento, por el contrario no podemos ocultar nuestra satisfaccion por la real orden de 27 de enero, por la que se prohibe que en los teatros del reino se representen la Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, y Eulalia la Catalana, sin perjuicio de adoptarse una resolucion definitiva, así con respecto á las indicadas composiciones dramáticas, como á cualesquiera que tenga por objeto algún asunto sagrado. Era ciertamente desconsolador y sumamente repugnante para un buen católico que se hicieran comparecer sobre las tablas á los ojos de un público mas ávido de diversiones que abundante de piedad los mas augustos misterios y los asuntos mas respetables de nuestra augusta Religion, revistiéndose á veces aquellos asuntos de cierto carácter y colorido, que ponía mas bien en ridículo la misma Religion, que fomentaba la piedad. Varias reclamaciones habian hecho sobre ello los prelados diocesanos: contestaciones, á veces bastante agrias, habian mediado entre ciertas autoridades eclesiásticas y civiles; y aquellas composiciones dramáticas continuaban saliendo á las tablas, sin que los obispos pudiesen impedir aquel escándalo. Ahora tenemos á lo menos de real orden la prohibicion de las dos indicadas, la primera de las cuales, aunque nada tuviese de malo ni irreligioso en su contenido, tenia la impropiedad y el desdoro que á la Religion resultaba de que en un teatro público y por personas dedicadas á la profesion de cómicos, se manoseasen y remedasen los misterios mas augustos; y la segunda tenia mucho de irreverente, injurioso y escandaloso
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en la sustancia y en la forma. Felicitamos, pues, al señor ministro de Gracia y Justicia por haber adoptado esta medida, y esperamos la resolucion definitiva, que en aquella real orden se anuncia.

Con fecha de 21 de abril la Cámara eclesiástica ha pasado á los prelados diocesanos una circular, por la que viene á confirmarse lo que al insertar y analizar el real decreto de 19 de setiembre de 1831 habíamos previsto en el tomo anterior. Al hacernos cargo del mencionado real decreto, por el que se disponía la forma con que debían instruirse los expedientes relativos á la edificacion y reparacion de templos, hacíamos notar lo muy difícil que sería la instruccion de los tales expedientes, atendidos los muchos requisitos que para ello se exigian. Y esto es de lo que se queja la circular de 21 de abril de que «al examinar la real Cámara los expedientes mandados formar para la edificacion y reparacion extraordinaria de templos, ha notado que en su instruccion no siempre se observan tan puntual y exactamente como sue- ra de desear, las reglas y bases que ordenó el real decreto de 19 de setiembre del año último.» Tantas son estas reglas, tan complicada es esta operacion, que nosotros no extrañamos el que muchos de estos expedientes carezcan ó en uno ó en muchos puntos de la tramitacion allí marcada.

Lo que principalmente ha llamado la atencion de la real Cámara es la falta que se observa en dejar de continuarse en el presupuesto la cantidad á que asciende el importe de los servicios que ofrezcan prestar los pueblos, sea con materiales, ó con trabajos personales, ó en otra forma. Y no puede ser de otro modo, si se atiende la naturaleza de la cosa. Los pueblos, cuando para estos piadosos objetos ofrecen sus yuntas, ó el trabajo personal de sus peones, ú otra cosa análoga, no lo ofrecen regularmente en una cantidad determinada, ni se comprometen para determinados dias y tiempos, sino según á cada uno le dictaren su piedad y celo. Regularmente se impeta de los diocesanos el permiso de trabajar algunas horas en dias festivos, y en ellos concurren con sus yuntas ó
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con sus brazos los que voluntariamente quieren contribuir á tan religiosa obra. Y ¿cómo se reduce á una cantidad precisa el valor de estos trabajos ó de los materiales que cada uno quiera ofrecer? Hé aquí lo que echa de menos la Cámara eclesiástica, y lo que extraña que no se exprese en los expedientes.

Con mucha verdad encarece la Cámara los apuros del tesoro para dejar de facilitar recursos con que costear tantas obras de este género como vienen proponiéndose de todas partes. Muchos millones serían menester si hubiese de atender á la construcción de iglesias parroquiales allí donde la diversidad de tiempos y circunstancias las hace necesarias, ó la reparación allí donde los azares de la guerra ó la acción devastadora del tiempo las han consumido ó puesto en estado de ruina. No pedimos nosotros que el Estado se encargue de todas estas obras: esto sería cargar extraordinariamente el presupuesto. Pero también encontramos excesivamente mezquina la cantidad de 1.600,000 rs. la que para este objeto se destina en el presupuesto eclesiástico de 1852. ¿Qué son 80,000 duros para tantas y tantas obras urgentísimas que están reclamando un pronto é indispensable reparo en todo el ámbito de la monarquía? Y cuando para levantar un teatro, obra meramente de voluptuosidad y de recreo, ó cuando para adornar con un lujo asiático los palacios de los cuerpos colegisladores ó las oficinas del Estado se emplean tantos millones, ¿se han de escatimar en tanta manera los fondos para un objeto, no de recreo, no de lujo, sino de necesidad para los pueblos, y en el que se interesa el decoro del culto del Señor?

Pero ya que tan mezquina es la cantidad que se destina á este objeto, habríamos deseado que se hubiese hecho otra distribución. Hay obras, de cuyo coste se ha hecho responsable el Estado: tales son aquellas que fueron destruidas por efecto de la guerra. Si el Estado se compromete á indemnizar á los particulares los perjuicios que han sufrido por esta causa, ¿por qué no ha de hacerlo con los comunes? Encon-
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tramos, pues, que las iglesias parroquiales que fueron destruidas ó averiadas por efecto de la guerra civil, deberian ser atendidas con preferencia por razon de justicia; y que en caso de no poder atenderse á la vez á todas las que se encuentran en este caso, lo fuesen con preferencia las de los pueblos pobres y de corto vecindario. Y en la distribucion de fondos hecha de real orden en 13 de abril, 1.º de mayo, 25 de julio y 28 de noviembre de 1851, y en 1.º de febrero y 27 de abril del presente año, encontramos haberse señalado cantidades para iglesias de pueblos grandes y de muchos recursos, al paso que nada se destina á otras de pueblos pobrísimos, en los que tiene que darse el culto y celebrarse los santos misterios bajo un miserable cobertizo.

Tambien encontramos que con mucha razon la Cámara encarga á los prelados á que exciten el celo de los pueblos para que hagan todos los esfuerzos posibles para costear estas obras con sus propios recursos. Antiguamente no corrían por cuenta del Estado estas obras, sino que cada pueblo las atendía á su manera. Pero tambien debe tenerse en cuenta que antiguamente los pueblos no estaban tan gravados como lo están al presente; y además los perceptores del diezmo, fuesen eclesiásticos, fuesen laicos, contribuian con crecidas cantidades. Habiendo desaparecido la riqueza de estos perceptores, y chupando el Tesoro la de los pueblos con exorbitantes contribuciones, ha cambiado el sistema antiguo, y es menester que el Estado trate de llenar un vacío que él ha abierto; pues no creemos que por muy grandes que sean el celo y la religiosidad de los pueblos, puedan estos, á lo menos en muchos puntos y circunstancias, corresponder á las excitaciones de la Cámara y de los prelados.

Aquí cesamos en nuestra RESEÑA del primer semestre del presente año, en la que, como verán nuestros lectores, hemos comprendido los asuntos del mes de julio, por no demorarles los importantes asuntos que en él se tocan. Quiera el cielo dar á nuestros prelados, á nuestro Gobierno, á todas las personas que deben poner mano en el negocio, toda aque-
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lla luz, todo aquel celo, toda aquella prudencia, todas aquellas virtudes que se requieren para llevar á cabo la obra comenzada, cual es la reorganización de la Iglesia de España por el último Concordato. Siempre hemos dicho que no lo achacaríamos al Concordato si nuestros asuntos eclesiásticos no llevaran la marcha satisfactoria que deseábamos, sino á la poca sinceridad ó mala fe de los hombres en su ejecución ó en la aplicación de sus disposiciones. No seremos nosotros los que pongamos obstáculos á la acción del Gobierno, ni menos á la de los obispos: respetarémos siempre sus medidas. Si algo censuramos, será siempre con la templanza y con los miramientos debidos al origen de donde emanan; si algo dejamos de aplaudir, será porque en nuestras propias convicciones ó en el libro de la experiencia habremos visto aquella medida no tan acertada como fuera de desear. De todos modos, si nuestra situación particular nos llamare á tomar parte ó ejecutar alguna de aquellas medidas que creyéremos poco acertadas, lo harémos por obediencia y por respeto á la autoridad; y lejos de desacreditarla, nos esforzaremos en atenuar el mal efecto que tal vez pudiera producir. = A. P.
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DOCUMENTOS OFICIALES.

Real cédula de 31 de julio de 1852, por la que S. M. ruega y encarga á los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos de las iglesias de esta monarquía, que procedan desde luego á la reforma de estatutos de sus metropolitanas, catedrales y colegiatas, ó á la formacion de otros nuevos, donde no los hubiere aprobados ó se hiciere aquella muy difícil, oyendo á los cabildos de las mismas, según en esta se expresa.

La Reina.—Muy reverendos en Cristo padres arzobispos y reverendos obispos de las iglesias de esta monarquía. Ya sabéis que por el último Concordato celebrado entre la Santa Sede y mi Corona, para el arreglo general del clero y terminacion de las cuestiones eclesiásticas, cesó toda inmunidad, exencion, privilegio, uso i abuso que de cualquier modo se hubiera introducido en vuestras iglesias en favor de los cabildos de ellas, y con perjuicio de vuestra autoridad, honores, derechos, prerrogativas y omnímoda jurisdiccion ordinaria, de que con la plena libertad que establecen los sagrados cánones debeis usar en el ejercicio de vuestro ministerio apostólico. Y ahora sabed: que siendo consiguiente á esto y á las alteraciones de títulos, creacion de algunos nuevos y supresion de otros antiguos, que en cumplimiento y debida ejecucion del mismo Concordato han variado la planta de vuestras respectivas iglesias, poner con todo en armonía sus constituciones, estatutos, reglas, usos y costumbres, reformando cuanto no sea muy conforme y estrictamente ceñido á la letra y espíritu de dicho Concordato, suficientemente declarado en la ley de autorizacion concedida á mi Gobierno para ajustarlo y concluirlo y en el principal fin de su celebracion, cual era el restablecimiento de la disciplina eclesiástica en todos y cada uno de sus puntos, con la uniformi-