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diócesis de Ávila, Cartagena, Córdoba, Guadix, Leon, Mondóñedo, Orense, Orihuela, Osma, Palencia, Santander, Sevilla, Solsona, Valladolid, Valencia, Zamora y Zaragoza; dos á cada una de las de Badajoz, Barbastro, Barcelona, Cuenca, Málaga, Oviedo, Pamplona, Sigüenza y Teruel; tres á las de Lérida, Santiago, Tuy y Vich; cuatro á las de Huesca y Jaen; cinco á las de Gerona, Granada y Toledo; siete á la de Burgos; ocho á la de Urgel; nueve á la de Tarazona; y once que no pertenecían á ninguna diócesis, y eran el arciprestazgo de Ager con treinta y ocho parroquias y quince anejas; la colegial de Ampudia con cuatro parroquias; la de Beneviver con seis; la de Lerma con once; la de Olivares con nueve; la de Peñaranda de Duero; la de Sahagún con veinte, y además dos conventos de religiosas, y otros dos de religiosos que han dejado de existir; monasterio benedictino de San Julian de Samos con treinta y siete parroquias; priorato de San Lorenzo del Escorial con sus agregados, y el de Santo Tomé del Pié del Puerto y abadía de Santa María la Real, en cuyos territorios se comprenden cuatro iglesias matrícies y quince pilas bautismales; abadía de San Millán de la Cogolla con la iglesia parroquial monasterial que es la matriz, y diez y ocho pilas en otros tantos lugares; la colegial de Villafranca del Vierzo con sesenta y nueve pilas bautismales, un convento de religiosos y tres de religiosas. En las diócesis de Albarracín, Almería, Astorga, Cádiz, Calahorra, Canarias, Ceuta, Ciudad-Rodrigo, Coria, Ibiza, Jaca, Lugo, Mallorca, Menorca, Plasencia, Salamanca, Segorbe, Segovia, Tarragona, Tenerife, Tortosa y Tudela no había ninguna colegiata, y así en las referidas diócesis no se hará novedad alguna por esta parte. Aparte de las ciento siete colegiatas suprimidas, quedan en pié diez y siete, que son la Real capilla de los Reyes de Toledo, la de San Fernando de Sevilla, y la de los Reyes Católicos de Granada, exceptuadas por el párrafo 1.º del artículo 21 del Concordato; las de Alicante, Coruña, Logroño y Soria comprendidas en el párrafo 2.º por estar sitas en capitales de provincia; las de Osuna
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y Gandia por haber asegurado su patrono su dotacion conforme al párrafo 3.º; las de Covadonga, Roncesvalles, San Isidro de Leon, Sacro-Monte de Granada, San Ildefonso, Alcalá de Henares y Jerez de la Frontera, exceptuadas en el párrafo 4.º; y además se han instituido ó van á instituirse de nuevo las de Albarracin, Barbastro, Ceuta, Ciudad-Rodrigo, Ibiza, Solsona, Tenerife y Tudela, por haberse suprimido sus iglesias catedrales, según el artículo 5.º

Conforme acabamos de decir, entre las colegiatas que respeta el párrafo 4.º del artículo 21 del Concordato, se cuenta la de Sacro-Monte de Granada. Según el artículo 22 las colegiatas remanentes deben gozar todas de un mismo personal á saber: de un abad presidente con la cura de almas, dos canónigos de oficio, y ocho de gracia. Pero este personal no se acomodaba á la institución primitiva de la colegiata de que hablamos. El objeto de la fundación del Sacro-Monte es la celebración del culto, la enseñanza de la juventud y el ejercicio de las misiones; y para cumplir debidamente este objeto tenía aquella colegiata, además de un abad presidente, catorce canónigos, todos de oficio y elección canónica. En vista, pues, de los perjuicios que iban á irrogársela, si se la daba la misma organización que á las demás, se ha expedido un real decreto con fecha de 8 de abril, por el que se manda que su personal «se componga, como hasta aquí, del mismo número de canónigos y capellanes, que marcan sus constituciones, sostenidos con sus propias rentas.» Dichas canonjías deberán proveerse todas por oposición, como antes, haciéndose los ejercicios con arreglo á lo que ordena para el grado de doctor el plan vigente de estudios para los seminarios eclesiásticos, y debiéndose añadir además un sermon doctrinal de hora con puntos de cuarenta y ocho. Esta disposición se considera tan solo como interina, y sin perjuicio de las reformas que se creyere conveniente introducir en las constituciones de la misma, á consecuencia de la real cédula de 31 de julio de 1852, y de lo que se resuelva en el arreglo definitivo de esta colegiata. Muy brillante porvenir augura-
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REVISTA CATÓLICA.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE LOS PADECIMIENTOS Y TRIUNFOS
DE LA
IGLESIA DE JESUCRISTO,
redactada de las pastorales, cartas y escritos de los señores obispos y misi-
neros de ambos mundos, como también de documentos relativos
á las misiones y al ministerio sacerdotal.

N.º CXXXIII.—JULIO DE 1853.

BARCELONA,
IMPRENTA Y LIBRERÍA DE D. PABLO RIERA,
calle nueva de San Francisco, número 17.
1853.
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mos á este establecimiento, si no se tiene entrada á él mas que por la puerta de la oposicion, y en los términos que marca el real decreto de 8 de abril.

Una real orden hemos visto expedida en 8 de febrero, que si bien la aplaudimos sinceramente en su fondo y por el objeto que envuelve, no la creemos tan necesaria, atendida la rareza de los casos en que pueda hacerse su aplicacion. En 14 de noviembre de 1851 se expidió un real decreto, y en 24 de diciembre del mismo año se pasó una circular, en que se hacian las mas severas prevenciones, para que los eclesiásticos poseedores de dignidades, canonjías ó beneficios residenciales, y que por razon de cualquier otro cargo ó comision estuviesen obligados á permanecer en distinto punto, se restituyesen á sus iglesias dentro un plazo presijado; pero como no se hiciese entonces mencion del clero parroquial, algunos administradores diocesanos no hacian aplicacion de dichas disposiciones con respecto á los curas párrocos que se hallasen en este caso. Por la real orden de 8 de febrero último se declara que aquellas disposiciones deben hacerse tambien extensivas al clero parroquial. Alabamos este celo por la rigurosa residencia de los curas párrocos, que es de mucha mas trascendencia que la de los demás eclesiásticos; pero si hemos de juzgar de las demás diócesis del reino por lo que vemos en las de Cataluña, conceptuamos innecesaria esta declaracion; pues bastante saben los señores obispos la responsabilidad que deben exigir de los curas párrocos para no consentir que bajo ningun pretexto estén ausentes de sus feligresías. Lo que sí quisieramos es, que se permitiese á los obispos reunirse en concilios, para que así en este punto como en otros muy interesantes de disciplina pudiesen adoptar ciertas medidas, y modificar algunas disposiciones canónicas, acomodándolas á lo que exigen las necesidades y circunstancias de los tiempos actuales.

Vamos á ocuparnos de otro punto que es del mayor interés, y que ha sido ya objeto de vivas reclamaciones. Hablamos de la real orden de 25 de abril en la que se fijan reglas
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para la mejor disposicion del presupuesto del clero. Es ciertamente muy doloroso que después de tantos quebrantos como ha sufrido el clero; después de tantos estados y noticias como se han exigido á los prelados diocesanos; después de tantos altos y bajos por que ha tenido que pasar, se venga todos los años formulando un presupuesto nuevo, sujetándole á reglas cual si fuese un regimiento ó un cuerpo militar, y fiscalizando hasta el último maravedí que invierte ó deja de invertir. Tiempo fuera ya, que ya que se ha tratado de reparar los perjuicios irrogados á la Iglesia, conocidas una vez sus necesidades, se le señalará para siempre una cantidad alzada, para que esta pudiera atenderlas por sí misma, y hacer las variaciones que la experiencia le enseñase mas convenientes, sin necesidad de dar cuenta á ningún extraño, que no es la Iglesia de menor edad ni derrochadora de sus bienes, para que no pueda administrarlos y distribuirlos por sí misma, según las reglas que su alta prudencia le tiene sugeridas. Pero vengamos al objeto que mueve nuestra pluma.

Con fecha de 23 de abril se expidió una real orden, en que se dictan varias reglas para formular el presupuesto del clero: no se dice si para el que ha de regir para el año 1854, ó el que algun dia habrá de considerarse como definitivo. Suponemos que sea lo primero, porque se dice en el preámbulo que el Gobierno ha tenido presente que el estado actual es de transición, y se añade además que las bases que S. M. se ha servido adoptar, «regirán en lo presente y hasta que «por completo se lleve á debido efecto y vigor en todas sus «partes el citado Concordato.» Ninguna dificultad puede ocurrir con respecto al presupuesto del clero catedral, el cual debe percibir las asignaciones del Concordato, ó las que marcan en sus respectivos casos las reales órdenes vigentes ó disposiciones de arreglo del personal de sus respectivas iglesias. Se previene, sin embargo, que «no se abonarán para el fondo «de reserva, sino las vacantes causadas realmente después «de la respectiva época en que se declararon constituidas di- «chas iglesias.» ¿Por qué no ha de percibir el fondo de re-
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serva el fondo de las vacantes ocurridas por cualquier otro concepto? Porque es de saber que además de que se defrauda al fondo de reserva de unas cantidades que de justicia le pertenecen según lo estipulado en el Concordato, con este sistema se complican en gran manera las cuentas que las administraciones diocesanas han de rendir al fin de año á la Dirección de contabilidad del culto y clero. Si, por ejemplo, se han presupuestado 70,000 rs. para diez curatos de término, y en este concepto se ha consignado aquella cantidad, al fin de año se encontrará un sobrante, si en distintas épocas han fallecido algunos de aquellos párrocos, y han sido servidos por ecónomos sus curatos. Al contrario, si para los ecónomos se han señalado en el presupuesto las cantidades que les corresponden como á tales, se hallará un déficit si los tales curatos han sido después servidos en propiedad.

No nos detendremos ahora en analizar todas las disposiciones contenidas desde el artículo 2.º hasta el 11 inclusive. Los que gusten podrán verlas en la sección de documentos oficiales, en donde insertamos la real orden que nos ocupa. Por el artículo 12 se prescribe la dotación que habrá de señalarse á los ecónomos, siendo la de los rurales de primera clase de 2500 rs., y de 2000 la de los de segunda. Tal vez se diga que esta disposición se funda en el párrafo 2.º del artículo 33 del Concordato, en donde se dice que los coadjutores y ecónomos tendrán de 2000 á 4000 rs. Pero ¿se ha pensado bien, ya cuando la formación del Concordato, ya en la expedición de la real orden de 23 de abril, en lo que son 2000 rs. para mantenerse un hombre en todo un año? Son 5 ¹/₂ rs. diarios, y eso en el caso de que se pague religiosamente al clero lo que se le promete, y cuando por los bienes devueltos é impulados no haya algun quebranto, como lo hay en muchísimas diócesis. Y ¿podrá un párroco presentarse con decencia á los ojos de sus feligreses con 5 ¹/₂ rs. diarios? Y ¿podrá enjugar ni una sola lágrima con sus limosnas el que es considerado como el paño de lágrimas de los pobres? Y ¿podrá cubrir las mas indispensables necesidades de
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alimento y vestido para sí y para una ama y sirvienta, si es que no ha de ponerse á pupilaje? Y no cuenten con otros emolumentos estos miserables ecónomos, porque siéndolo de parroquias rurales de segunda clase, que equivale á decir casi en despoblado, los derechos de estola son nulos, y ni aun con la limosna de la misa pueden contar, como pueden hacerlo los que viven en poblaciones grandes. Y ¿qué será, si al infeliz párroco ó ecónomo se le rebajan 300 ó 400 ó mas reales por los bienes imputados á aquella parroquia, y que no son mas que nominales? Y ¿qué será, si cuando el infeliz vaya para cobrar el segundo trimestre se le dice que no solo se le rebaja reduciéndole á la proporcion de 2000 rs., sino que se le descuenta lo que cobró de mas en el primer trimestre, en que cobró según la asignacion antigua? Porque esta es otra impropiedad que notamos en la real orden de 23 de abril, que por el artículo 14 se previene que «las disposiciones de «los artículos anteriores empezarán á tener efecto desde 1.º «de enero de este año.» Esto es dar á las leyes efecto retroactivo. Y si el ministro se habia propuesto «no lastimar de «rechos adquiridos, planteando las nuevas disposiciones con «la circunspeccion y prudencia que su gravedad requiere;» ¿cómo no ha considerado que muchos de los curas, coadjutores y ecónomos, á quienes afecta la precitada reforma, estaban percibiendo una dotacion mayor desde muchos años anteriores, conforme á las disposiciones hasta allí vigentes? No dudamos que esta medida pondrá en un conflicto á los obispos, que no encontrarán servidores para unos curatos, cuya retribucion no alcanza, no dirémos á recompensar el trabajo, pero ni á cubrir lo mas preciso é indispensable de la vida; y se nos ocurre que en muchas ocasiones tendrá que acudirse al expediente de encargar dos de estas parroquias á una misma persona, para que con la dotacion de dos pueda vivir un hombre, y no abundantemente. Pero aparte de que con este sistema tiene que resentirse el servicio público y la asistencia espiritual de los fieles, ¿aprobará la Direccion de contabilidad esta distribucion de fondos? Porque como la Direccion
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exija para la aprobacion de cuentas que se le envie nota detallada de las cantidades que se han distribuido con las firmas de los que las han percibido, y como segun las disposiciones vigentes nadie puede percibir dos asignaciones, no querrá pasarse el que un solo párroco ó ecónomo perciba la asignacion de dos parroquias, siquiera levante la carga de ambas, y basten apenas las dos juntas á formar una dotacion regular. De todos modos esto va á crear mucho embarazo á los obispos, muchos de los cuales han acudido ya al Gobierno, haciendo muy fundadas reflexiones, y reclamando contra esta mezquindad de dotacion, así como contra la indebida imputacion y descuento consiguiente por los bienes devueltos al clero en 1845, así como los recientemente imputados procedentes del clero regular.

Y este es otro punto del que nos hemos ocupado ya otras veces, y del que tenemos que ocuparnos otra vez, puesto que sigue en el mismo pié. Cuando en virtud de la ley de 3 de abril de 1845 se devolvieron los bienes remanentes del clero regular, se hizo una imputacion sumamente viciosa. Se incluyeron en aquel inventario bienes que no existian; otros que habian sido enajenados; otros por un valor mucho mayor del que en realidad tenian, y finalmente un gran numero de censos ó incobrables, ó sin titulos justificativos, ó nulos por otros conceptos. Bien es verdad que los diocesanos reclamaron al momento contra una imputacion tan injusta; pero tambien lo es que no se atendieron tan justas reclamaciones, y que hasta ahora han venido imputándose al clero todos aquellos bienes por el valor que quiso dárselas en aquellos inventarios. En el presupuesto que se formó para el año 1852 se calculó el producto líquido de estos bienes, con mas el de las encomiendas y maestrazgos en 25.104,221 rs., y partiendo de este principio se han echado los cálculos de las demás cantidades que faltaban para cubrir aquel presupuesto. No hemos visto el de este año, ni sabemos si por el producto líquido de los bienes devueltos, encomiendas y maestrazgos se habrán imputado menos de los 25 millones.
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Lo que sí sabemos es, que con respecto á alguna diócesis en particular se ha imputado por este concepto la misma partida que en los años anteriores, con mas la rebaja consiguiente á la asignacion de los ecónomos y párrocos rurales de que hemos hablado ya.

Finalmente, con fecha de 29 de enero se ha expedido una real orden, que parece encaminada á reparar la grande injusticia que con el clero venia cometiéndose ocho años há. Los términos en que están formuladas las disposiciones de la mencionada real orden acreditan la realidad de esta injusticia. La encontramos por otra parte sumamente justa, y tan solo deseamos que tenga la debida aplicacion. Se manda primeramente que por la Direccion general de contribuciones directas, estadística y fincas del Estado se revisen los expedientes de las bajas acordadas hasta el dia. Esto debia haberse mandado desde el primer dia de existir una reclamacion con apariencias de fundada, y no despreciarse por el transcurso de ocho años. Si de la revision resulta la conformidad con la reclamacion, se manda compensar su importe al clero con la contribucion de inmuebles. Nada mas justo que esto. En el artículo 2.º se indican las fuentes de donde habrán procedido las equivocaciones en la formacion de los inventarios, mandándose que la Direccion «decida las bajas que correspondan, procedentes de bienes comprendidos por duplicado ó equivocadamente en los inventarios formados por las administraciones de provincia; por los que resulte que están vendidos con anterioridad; por censos que aparezcan redimidos; por los que no existan hipotecas; y por las fincas que al verificarse la entrega estaban y continúan siendo completamente improductivas.» Se manda asimismo examinar los censos y otras cargas que contra sí tengan los bienes devueltos; así como si han de rebajarse otros bienes que indebidamente se incluyeron en los inventarios, y cuya pertenencia reclaman algunos particulares. Si en este exámen se procediese con imparcialidad; si visto el fundamento de la reclamacion, se hiciese inmediatamente la rebaja correspondien-
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te; esperaríamos que se hiciese justicia al clero. Pero el hecho es que han pasado cinco meses; que por alguna diócesis se ha repetido la instancia que con abundancia de datos justificativos se acredita estar fundada en razon y en justicia, sin haber lugar á la menor tergiversacion, y cuya justificacion aparece de la simple lectura de los mismos inventarios, cual es entre otros la inclusion de bienes por duplicado, ó enajenados ó redimidos con anterioridad. Pero el hecho es que ningun caso se ha hecho hasta ahora, y que á cada trimestre se ha hecho la misma rebaja, cual si todo lo imputado fuese legítimamente imputado. ¿Será que la real orden de 29 de enero haya de ser un documento mas, y nada mas, destinado á figurar en el inmenso catálogo de documentos oficiales para no producir resultado alguno? ¿Será que tan solo se haya expedido la mencionada real orden para servir de comprobante á la historia, de que se ha reconocido la injusticia que se comete con el clero, y sin embargo se ha dejado por reparar? Es esta una página muy triste en la historia de las extorsiones y vejámenes de que se ha hecho víctima á la Iglesia.

Otra de estas extorsiones hallamos reconocida y confesada en la real orden de 18 de marzo. Cuando se ha tratado de aplicar al clero secular los restos que quedaban de los bienes del regular, se ha hecho un inventario tan monstruoso como el de 1845. Las oficinas del Estado no han cuidado mas que de formar un inventario en que apareciese un gran catálogo de fincas y censos de que se pudiese haber un solo indicio, por ligero é infundado que sea. El hecho es hacer un gran cargo al clero para aligerar al tesoro: en cuanto al descargo ya se verá después. Cuando se ha tratado de examinar los títulos y escrituras que justificasen la legitimidad de los bienes que se incluian, se han encontrado muchos escritos en letra antiquísima é ininteligibles, sin que fuese fácil, ni tal vez posible, el traducirlos. Así se expresaba el administrador de contribuciones directas de Valladolid, cuya reclamacion ha motivado la real orden que nos ocupa. Lo justo, lo natural
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parecia ser que mientras no se aclare la inteligencia del contenido en aquellos documentos, quedase en suspenso la imputacion de los bienes á que se suponia hacer referencia los documentos en cuestion. Mas el ministro de Gracia y Justicia no lo ha juzgado así, sino que ha ordenado que se numeren las escrituras y documentos que por su antigüedad y deterioro no puedan leerse, que los autorice el administrador con expresion de las corporaciones á que pertenecian, y que no se apruebe ninguna baja que pueda solicitar el clero de las rentas que se le han imputado por no identificarse las hipotecas, hasta que los respectivos diocesanos hayan clasificado aquellos, y remitido nota de lo correspondiente á cada número del inventario. Y si entre tanto pasan meses y años sin resolverse el expediente, como ha sucedido con los de 1845, y después de tantos años viene á declararse que el documento es inservible por no poder entenderse su contenido, ¿cómo se compensa al clero por las bajas que ha sufrido en todos aquellos años de las rentas en cuestion? Este será otro quebranto agregado á los muchos que tantos años há está sufriendo el clero.

Relativamente á los bienes de esta procedencia hemos visto otra real órden de 30 de abril, por la que se fijan las reglas convenientes para la debida inversion de los productos en metálico y en títulos consolidados del 3 por 100 que se recauden de la venta de los bienes del clero regular. Ya saben nuestros lectores que según el artículo 35 del Concordato deben venderse en pública subasta por mano de los respectivos diocesanos los bienes remanentes del clero regular, y que su precio, ora consista en metálico, ora en títulos del 3 por 100, debe convertirse en títulos ó inscripciones no transferibles del 3 por 100, cuya renta será aplicada á favor del clero. Sobre este punto emitimos en su dia nuestra opinion. Ya que se haya creído conveniente enajenar aquellos bienes, no hubiésemos querido que con su producto se hubiese creado una nueva clase de deuda contra el Estado, cuyos rendimientos no pueda percibirlos sino el clero, sin que pueda transferir-
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los á otro acreedor. La razon es bien sencilla. Sabidos son los embarazos en que casi siempre se encuentra nuestro tesoro para pagar los semestres de la deuda. Actualmente ha tenido que contratar 73 millones con el banco de San Fernando para pagar el semestre vencido en 30 de junio, pagando al banco el 6 por 100 de intereses por este anticipo. El dia en que estos apuros sean un poco mayores, ¿hará el Gobierno un gran sacrificio para pagar los intereses de la deuda especial del clero? Mucho nos tememos que no tarde en llegar ese dia en que sea postergado el clero en el cobro de sus intereses. Si á lo menos el producto de los bienes enajenados se hubiese mandado invertir en compra de títulos de la deuda consolidada del 3 por 100, el clero habría seguido siempre la suerte de los demás acreedores; y solo en el caso de una bancarrota pública, la que no creemos tan fácil, habría perdido el clero esta parte de sus rentas. Mas ya que se ha creído mejor en el modo que dispone el Concordato, sin duda para que el clero no pueda enajenar sus créditos, siendo intransferibles, encontramos muy ajustadas las reglas que se prescriben en la real órden á que nos referimos, y que transcribirémos íntegra entre los documentos oficiales.

El administrador de rentas de la provincia de Valladolid ha suscitado otra dificultad con motivo de la tasacion de las fincas procedentes de las extinguidas comunidades religiosas. Esta dificultad consiste en si deben abonarse los derechos devengados por los peritos que tasaron las fincas en cuestion, cuya venta no llegó á tener efecto por la Hacienda: si ahora llegan á venderse por el diocesano, ¿quién debe abonar aquellos derechos? En vista del expediente que se ha instruido al efecto se ha resuelto que «los honorarios ó dietas devengadas por los peritos en la tasacion de las fincas entregadas al clero, deben ser pagados por los compradores que los adquieran en las subastas que verifiquen los prelados diocesanos, á no ser que por estas ventas se hubiese hecho posteriormente nueva tasacion, en cuyo caso no sería justo gravar con este doble gasfo á los compradores.» Esto es