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Art. 14. Una misma persona podrá obtener el cargo de recaudador y agente investigador en dos ó mas diócesis.

Art. 15. Los recaudadores y agentes serán nombrados y removidos libremente por el Gobierno; pero podrán suspenderlos en el ejercicio de sus funciones, caso de urgencia, los ordinarios dando cuenta al ministerio de Gracia y Justicia. Los recaudadores y agentes nombrarán sus representantes con aprobacion del Gobierno.

Art. 16. Prestarán los mismos recaudadores y agentes, para garantir el buen desempeño de su encargo, la competente fianza en papel de la deuda consolidada y en la forma que á propuesta de las comisiones determine el Gobierno.

Art. 17. Los recaudadores y agentes, ó sus representantes, tendrán voto consultivo en los negocios en que tomen la iniciativa, y deliberativo en los demás, considerándose por lo tanto individuos natos de las comisiones.

Art. 18. Corresponderá á los recaudadores y agentes, además de las obligaciones prescritas en el artículo 13:

1.º Adquirir por sí y á su costa todas las noticias, datos y documentos de que no tengan conocimiento las comisiones investigadoras y puedan conducir al descubrimiento de los bienes, derechos y acciones pertenecientes al clero secular ó regular, á las cofradías, hermandades, ermitas, santuarios ó cualquiera otra fundacion que no ingresaran á su debido tiempo en poder del Estado, y se hallen en la actualidad en manos de alguna persona ó corporacion sin título ni causa legitima para ello.

2.º Poner en conocimiento y á disposicion de las respectivas comisiones las expresadas noticias, datos y documentos para que las mismas decidan si proceden las reclamaciones judiciales, en cuyo caso se incorarán ante el tribunal competente á nombre del diocesano, coadyuvando la accion que se ejercite el ministerio fiscal.

3.º Indagar el paradero de los libros, papeles y documentos relativos á los bienes y fundaciones familiares no adjudicadas debidamente hasta la publicacion del Concordato,
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Grande, vasto, espinoso es el campo que debe recorrerse en la reforma y formacion de estatutos; y para el arreglo y determinacion de la multiplicidad de cosas y objetos que abarca, difícil será que sea suficiente el plazo de seis meses que se señala para la confeccion de esta obra. Nosotros aplaudimos que se haya presijado un plazo; pues no siendo así, tal vez sería interminable en alguna iglesia este trabajo. Pero deberia haberse tenido presente que algunas iglesias carecian de estatutos, gobernándose por una especie de tradicion, de la que los capitulares antiguos eran como los guardadores e intérpretes. En otras, aunque hubiese estatutos aprobados, estaban tan poco conformes con la marcha actual de las cosas, que se hará muy difícil, si no imposible su refundicion; y habituados los antigños capitulares á las prácticas antiguas, se hallarán embarazados á cada paso, cuando hayan de resolver la observancia de cosas nuevas; y en la multitud de puntos que toca la real cédula, no dudamos que se habrá de consultar con frecuencia al señor Nuncio, ministro ó Cámara eclesiástica, para que dén alguna luz acerca de la marcha que deba ó quiera seguirse en lo sucesivo. Se prescribe, por ejemplo, que se determine quiénes de los prebendados, y cuando hayan de predicar. Esto es muy oscuro, y difícil de determinarse, mientras se ignore la regla que se propone la superioridad al exigir esta determinacion. ¿No hay el canónigo magistral que tiene el cargo de predicar? ¿Cómo se obliga á otros que han entrado libres de esta carga? Y no teniendo todos la aptitud para desempeñar este cargo sea por exceso de edad, ó defecto de voz, ó otra causa, ¿á quiénes se obliga, y á quiénes no? Claro está que el resolver y determinar este punto ha de ofrecer muchas dificultades, y ocasionar consultas; y á tenor de este punto han de presentarse otros muchos. Por esto desecharíamos que prelados y cabildos, favoreciéndose y ayudándose con una mutua confianza, no perdiessen momento en llevar á cabo esta obra, que si es bien dirigida por un espíritu de celo y de caridad, ha de proporcionar grandes ventajas al mayor servicio y culto de Dios, bien de las
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y la parte de bienes igualmente adjudicados ya á cada interesado, y las cargas eclesiásticas que pesan sobre todos estos bienes, ú otros de la misma ó análoga especie, de que no tienen conocimiento las comisiones, ni están corrientes en los libros de visitas de las diócesis respectivas.

4.º Recibir las confidencias ó denuncias reservadas que se les hagan sobre todos y cualesquiera de los bienes de que se trata en este artículo, haciendo uso de ellos en la parte necesaria y conveniente.

Art. 19. También extenderán su investigacion y pondrán en conocimiento de los respectivos fiscales ó promotores, y del Gobierno por el ministerio de Hacienda, las noticias, datos y documentos relativos á los bienes de que trata la ley de 9 de mayo de 1835.

Art. 20. Serán de cuenta de los recaudadores y agentes todos los gastos de cobranza, correspondencia, remuneracion de confidentes ó denunciadores, según los convenios que con ellos hicieren, y todos los demás que les ocasionen su comision.

Art. 21. Todas las dificultades y contestaciones que puedan ocurrir entre las comisiones investigadoras y los recaudadores y agentes en la parte relativa á la comision confiada á estos, se resolverán por el Gobierno oyendo á los diocesanos.

Art. 22. En remuneracion de su trabajo y desembolso, los recaudadores y agentes tendrán derecho:

1.º Al 10 por 100 de todos los fondos que recauden.

2.º A una tercera parte de los productos devengados hasta la incautacion por el clero de los bienes á que se refieren los párrafos 1.º y 3.º del artículo 18 de este decreto, y que en consecuencia de sus gestiones tengan ingreso efectivo.

3.º A un 25 por 100 del valor de dichos bienes luego que el clero se haya hecho cargo de ellos.

4.º A un 15 por 100 de lo que por razon de atrasos se estuviese debiendo y se hiciese efectivo por lo respectivo á rentas de fincas, pensiones de censo ó cualquier otro dere-
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cho de que ya tenga noticia la administracion, pero que no haya podido cobrar por falta de los documentos necesarios adquiridos posteriormente por los mismos recaudadores y agentes.

Y 5.º A una tercera parte de los bienes de que trata la ley citada de 9 de mayo de 1835.

Art. 23. Las comisiones investigadoras se limitarán única y exclusivamente á descubrir y hacer se incaute el clero de los bienes, y á que se pague al mismo las pensiones y las cargas de toda clase que no utiliza actualmente la Iglesia. Siempre que los diocesanos lo estimen oportuno, podrán confiar á las comisiones investigadoras las diligencias de cobranza de las pensiones y cargas que, aunque sean conocidas no se cumplan por los que están obligados á ello, señalando en este caso á los recaudadores y agentes el premio que han de disfrutar.

Art. 24. Siempre que los diocesanos lo estimen podrá ejercitarse por los recaudadores y agentes ante los gobernadores de provincia la via de apremio contra los deudores morosos.

Art. 25. Las cantidades que las comisiones recauden ingresarán por quincenas en la administracion de la diócesis ó en la persona que con calidad de depositario elijan los diocesanos.

Art. 26. Los fondos que se recauden, correspondientes á cargas eclesiásticas que deben cumplirse en un mismo obispado, formarán un acervo comun, y los diocesanos, respetando en cuanto sea posible las últimas voluntades de los fundadores, dispondrán lo conveniente respecto á su cumplimiento y distribucion, asignando á cada parroquia la cantidad que estimen, y determinando los sufragios que en ellas han de celebrarse.

Art. 27. Las comisiones investigadoras remitirán al ministerio de Gracia y Justicia estados mensuales de recaudacion, expresando en ellos con claridad las hipotecas que aseguren los medios de cumplir las cargas correspondientes á
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capellanías colativas y fundaciones piadosas para que, consiguiente á lo dispuesto en el artículo 39 del Concordato, pueda el Gobierno adoptar las medidas necesarias para garantir estas pias instituciones.

Art. 28. Quedan sin efecto las disposiciones que rigen en esta materia en todo lo que sean contrarias á este decreto. Por consiguiente cesarán las comisiones que hasta ahora hayan existido, las cuales entregarán á las que nuevamente se establecen todos los documentos que obren en su poder con los haberes recaudados, acompañados de su correspondiente cuenta y razon.

Dado en Aranjuez á 10 de abril de 1852.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Gracia y Justicia, Ventura Gonzalez Romero.

Circular mandando que cesen las antiguas.

Dada nueva organizacion á las comisiones investigadoras de memorias, aniversarios y obras pias por real decreto de 10 del corriente; y de conformidad con lo prevenido en su art. 28, dispondrá V. S. cese desde luego en sus funciones lo que exista en esa provincia, haciendo entrega al diocesano ó al presidente de la nueva comision que él mismo elija, no solo de cuantas noticias y datos posea, sino de todas las cantidades, fincas y efectos que existan, previa formacion de tres estados, de los que remitirá uno á este ministerio, otro á la nueva comision, y otro quedará archivado en el gobierno de esa provincia.

De Real órden lo digo á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Aranjuez 20 de abril de 1852.—Gonzalez Romero.—Sr. gobernador de la provincia de...
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Otra resolviendo varias consultas elevadas al ministerio por los recaudadores y agentes investigadores de memorias, aniversarios y obras piás.

Dada cuenta á la Reina (Q. D. G.) de varias consultas elevadas á este ministerio por los recaudadores y agentes investigadores de memorias, aniversarios y obras piás, S. M. se ha dignado resolver:

1.º Que todos los testimonios y certificaciones de que necesiten proveerse los recaudadores, ya sea para entablar sus reclamaciones, ya para cualquiera otro objeto propio de su cometido, se extiendan en papel de oficio.

2.º Que se prevenga á los regentes de las audiencias libren las competentes órdenes á los jueces de primera instancia de sus respectivos territorios, á fin de que dando estos las suyas á los escribanos de sus juzgados, expidan los mismos á los recaudadores certificaciones en relación bastante, de todos los bienes correspondientes á capellanías familiares que por sus oficios hayan sido adjudicados en propiedad á los mas próximos parientes de los fundadores, con arreglo á lo dispuesto en la ley de agosto de 1841, con literal expresión de las cargas á que estén afectos.

3.º Que los mismos regentes prevengan á los escribanos de cámara suministren á los recaudadores iguales certificaciones con referencia á los expedientes de la propia naturaleza que hayan sido ejecutoriados y obren en las audiencias.

4.º Que las órdenes que los indicados regentes libren á los jueces de primera instancia sean extensivas á que prevengan á los contadores de hipotecas faciliten á los recaudadores cuantas noticias exijan de sus oficios y conduzcan al buen desempeño de su cargo.

5.º Que se prevenga á los gobernadores de provincia ordenen á los administradores de Directas, suministren á los recaudadores cuantos datos necesiten, ya de los inventarios de bienes del clero regular y secular, ya de cualquiera otra
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clase de antecedentes que existan en sus dependencias, y para que ordenen á los alcaldes y ayuntamientos de los pueblos, faciliten á los expresados recaudadores, cuantas noticias les pidan de los padrones de riqueza, relativos á cargas eclesiásticas.

De Real órden, comunicada por el señor ministro de Gracia y Justicia, lo digo á V. para los efectos consiguientes. — Dios guarde á V. muchos años. Madrid 22 de junio de 1852.—El subsecretario, Antonio Escudero.—Sr. recaudador y agente investigador de memorias y obras piás.

Real órden mandando que se entreguen á los obispos los documentos relativos á la pertenencia de los bienes que se devuelven.

Por el ministerio de Hacienda se comunicó en 2 del actual al de mi cargo la real órden siguiente:

Excmo. Sr.: —El señor ministro de Hacienda dice con esta fecha al Director general de contribuciones directas, estadística y fincas del Estado lo siguiente: —Excmo. Sr.—La Reina ha tenido á bien mandar V. E. disponga lo conveniente para que los administradores de contribuciones directas, estadística y fincas del Estado se ocupen desde luego, aunque sea en horas extraordinarias, de los trabajos necesarios para facilitar á los reverendos obispos todos los documentos que justifiquen la posesion del dominio de los bienes entregados últimamente al clero, á fin de que puedan proceder á su enajenacion. De real órden lo comunico á V. E. para los efectos correspondientes. —De la propia real órden comunicada por el referido señor ministro, lo traslado á V. E. para los mismos fines.

De la misma real órden lo transcribo á V. para su conocimiento, y que procure remover con eficacia por su parte los inconvenientes que se presenten, á fin de lograr en seguida
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la enajenacion de los bienes. Dios guarde á V. muchos años. San Ildefonso 10 de julio de 1852.—Gonzalez Romero.—Señor…

Otra mandando que los obispos no se opongan á la aceptacion de los censos que lleven las circunstancias prescritas en el artículo 1.º y 8.º del real decreto de 8 de diciembre de 1851.

Excmo. Sr.:—El ministro de Hacienda ha participado al de mi cargo la necesidad de que los prelados diocesanos admitan desde luego los bienes que se les entregan, sin perjuicio de las reclamaciones que ulteriormente se resolverán en justicia, supuesto que solo ha de imputarse al clero la cantidad que cobre en cada año de los descubiertos que resulten, procedentes de los bienes que se le entregan. Enterada de ello S. M. (Q. D. G.) y de las observaciones hechas por la Direccion de contabilidad del culto y clero, se ha dignado mandar no se opongan los prelados á la aceptacion de los censos, si contienen los inventarios las circunstancias del artículo 1.º del real decreto de 8 de diciembre último, y se entrega á la vez el índice de que hace mérito el 8.º con los títulos, documentos, ó papeles referentes á los mismos que existan en las oficinas de Hacienda de la provincia, pero no en otro caso: ni se opongan á los precios de frutos, si están arreglados al artículo 2.º del citado real decreto, pues tienen expedito el medio señalado en el 3.º Al comunicar esta resolucion al expresado ministerio se llama su atencion para que el Tesoro compense en inmuebles las bajas acordadas en los bienes primitivamente devueltos, y las que se acordaren.—De real orden lo digo á V. E. para su cumplimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de enero de 1852.—Gonzalez Romero.—Señor obispo de Gerona.
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Otra mandando que los diocesanos dén noticia de los bienes que vayan investigándose, y no estén continuados en los inventarios.

Por el ministerio de Hacienda en 28 de junio último se comunicó al de mi cargo la real orden siguiente:

Excmo. Sr.:—Al incorporarse el Estado de los bienes de ambos cleros en los años de 1836 y 1841, dejó de hacerlo de muchos que por la premura con que se formaron los inventarios, falta de datos u otras causas, no se incluyeron en ellos. Para recuperarlos se dispuso por acuerdo de las Cortes de 10 de setiembre de 1837, mandado llevar á efecto en 23 del mismo, que á los denunciadores de pertenencias de conventos suprimidos se les abonase el premio del 10 por 100 del valor líquido de lo que denunciasen y fuere aprehendido; así como por el artículo 6.º de la instrucción de 2 de setiembre de 1841, para llevar á efecto la venta de los bienes procedentes del clero secular, se impuso á los ocultadores la pena del 20 por 100 del valor de lo que ocultasen, sin perjuicio de las rentas y demás daños causados; y finalmente se creó por real orden de 29 de abril de 1850 una comisión investigadora de los bienes procedentes de ambos cleros, de que no se hubiese incautado la Hacienda, á cargo de D. Leonardo Talens de la Riva. Las precedentes disposiciones han producido sus resultados, incorporándose el Estado de muchos bienes oscurecidos que le pertenecían y han acrecentado la masa de los mismos, entregada hoy al clero en virtud del Concordato celebrado con la Santa Sede; pero como por consecuencia de la misma entrega han caducado las referidas disposiciones, y deben existir todavía fincas, censos, acciones y derechos ocultos que no han podido incluirse en los inventarios y que el clero está en el caso de reivindicar por los medios que juzgue convenientes, se ha servido S. M. mandar se signifique á V. E. que, para que no se irroguen perjuicios al Estado, es necesario se expidan por ese minis-
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terio de su cargo las órdenes oportunas á los diocesanos, á fin de que cuando espontáneamente ó por efecto de los medios de investigacion que adopten, adquieran algunos bienes no comprendidos en los inventarios, dén conocimiento de ello á las administraciones de contribuciones directas respectivas, para que por su conducto llegue al de la Direccion del ramo, sin perjuicio de que enteren además á la de Contabilidad del culto y clero, para que obre en esta última los efectos correspondientes. De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines indicados.

De la propia real órden lo traslado á V. con igual objeto. Dios guarde á V. muchos años. San Ildefonso 10 de julio de 1852.—Gonzalez Romero.—Señor...

Otra mandando que vuelvan en poder del clero, y sean vendidos los bienes cuyos compradores hayan sido declarados en quiebra.

Por el ministerio de Hacienda se comunicó en 7 del actual al de mi cargo la real órden signiente:

Excmo. Sr.:—El señor ministro de Hacienda dice con esta fecha al director general de contribuciones directas, estadística y fincas del Estado, lo que sigue:—Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) de lo propuesto por esa Direccion general acerca del modo de proceder para la entrega al clero de los bienes declarados en quiebra, y la sucesiva enajenacion de los mismos, á fin de que se verifique sin que se causen perjuicios al Estado, á la Iglesia, ni á los rematantes de bienes nacionales que, por no haber continuado los pagos de las fincas que remataron, han sido ó sean en lo sucesivo declarados en quiebra, se ha dignado S. M. resolver que se observen las reglas siguientes: 1.ª Se entregarán á los diocesanos las fincas, censos y derechos que habiéndose vendido por el Estado, hayan vuelto ó vuelvan en adelante á poder del mismo por haberse declarado en quiebra, á fin de que
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procedan desde luego á su enajenacion, cualquiera que sea la procedencia de dichos bienes. 2.ª Tendrá efecto esta enajenacion con arreglo á las disposiciones del real decreto de 9 de diciembre de 1851, aunque á condicion de que el precio para la venta haya de ser el mismo porque se hubiese verificado la primera subasta, y de que ha de pagarse en los mismos plazos y en la clase de efectos de la Deuda pública que la Hacienda tenía anteriormente señalado, con objeto de que puedan hacerse las indemnizaciones que correspondan respecto de los primeros compradores, sin irrogarles ni irrogar á la Hacienda y á la Iglesia perjuicio alguno. 3.ª Del producto de estas ventas se devolverá á los primeros adjudicatarios lo que les corresponda por los pagos que hubieren anteriormente hecho, y el resto se convertirá en títulos no transferibles de la Deuda consolidada del 3 por 100 á favor del clero, en los términos prevenidos en el citado real decreto de 9 de diciembre de 1851. 4.ª Las administraciones de contribuciones directas tendrán intervencion en las operaciones de entrega de bienes y nueva enajenacion, como igualmente en las de reintegro á los primeros rematantes, y aplicacion al clero del resto de los efectos públicos que se obtengan en el pago, sin perjuicio de que los diocesanos consulten cualquiera duda ó cuestion que en el curso de los expedientes se suscite, á fin de remover todo obstáculo, que pudiera oponerse á la mas rápida venta de los bienes de que se trata. De real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.—De la propia orden, comunicada por el referido señor ministro, lo traslado á V. E. para iguales fines.

De real orden lo traslado á V. para su cumplimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. muchos años. San Ildefonso 17 de julio de 1852.—Gonzalez Romero.—Señor...
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Circular de la Direccion de contabilidad de culto y clero fijando reglas para la formalizacion de las cuentas de Cruzada.

Ministerio de Gracia y Justicia. — S. M. (Q. D. G.) se ha enterado de la consulta hecha por la Direccion de contabilidad de culto y clero en 7 de setiembre anterior acerca de los alcances contra empleados de Cruzada, indulto, espolios y vacantes; y teniendo presente el informe de la seccion de Gracia y Justicia del Consejo real; el articulo 70 de la ley de organizacion y atribuciones del tribunal de Cuentas del reino, y el real decreto de 8 del actual, prescribiendo reglas para la administracion de los fondos de los dos primeros ramos, se ha dignado resolver: 1.º Que la supresion del tribunal de Cruzada de la corte, determinada en el artículo 31, produce la de las subdelegaciones del mismo ramo en las diócesis, y cesarán por consiguiente los provisores vicarios generales en las atribuciones judiciales sobre los fondos de Cruzada que ejercian á virtud del artículo 24 de la real instruccion de 2 de mayo último. 2.º Que entreguen dichos vicarios generales á los administradores diocesanos respectivos, mediante inventario, los expedientes que obren en su poder, ya se hallen en marcha corriente, ya estén fenecidos en las subdelegaciones. 3.º Que en cuanto reciban los administradores diocesanos los expedientes en marcha corriente, los transmitan á los reverendos prelados para que, segun su naturaleza y estado, les dén el curso prevenido en los artículos 29 y 30 del citado real decreto, dando cuenta al ministerio de mi cargo de los que sean, su estado actual, y autoridad ó tribunal á que los dirijan para su prosecucion. Y 4.º Que lo dispuesto en el artículo 70 de la ley de 25 de agosto último sobre organizacion y atribuciones del tribunal de Cuentas del reino, es aplicable tambien á los expedientes sobre cobranza de alcances y desfalcos, que por trámites contenciosos estaban aun pendientes en las suprimidas subdelegaciones de Cruzada.— De real orden lo comunico á V. para su inteligencia y efectos