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capital de 357.184,392 rs., y tal como se encontraban entonces, producian aun una renta de 5.362,327 rs. Estos son datos oficiales. Fundándonos en estos datos, suponiendo que aquellos bienes representen el mismo capital, y que puestos á pública subasta se hiciere efectivo el expresado capital, convertido este en títulos del 3 por 100 daría una renta de 10.715,551 rs. ¿En qué consiste que unos bienes que representan un capital de 357.184,392 rs. no rindan mas que un producto de 5.362,327 rs., cuando capitalizados al 3 por 100 han de rendir 10.715,551 rs., esto es, el duplo de la renta? Consistirá en la mala, malísima administración de los agentes del Gobierno. ¿Sucedería así, si las mismas comunidades administrasen estos bienes con el celo que inspira el sentimiento de lo propio?

Pero prescindiendo de esta consideración y de otras que nos sugiere la idea de devolverse los tales bienes á las comunidades propietarias, deseáramos que ya que lleguen á enajenarse y á convertirse su capital, la renta de los 10.715,551 rs. no fuese un engaño mas; que el Tesoro pagase con puntualidad estos réditos á los portadores de los títulos; que se hiciese de ellos una distribución justa y equitativa entre las comunidades partícipes; que esta distribución se confiase á manos concienzudas, cuales son las de los prelados ó de una comisión nombrada por ellos. Así se subsanaría si no todo el daño que se ha irrogado á las comunidades religiosas, á lo menos una gran parte del escándalo que se dió á la España y á todo el mundo civilizado, cuando se presentó el repugnante y odioso espectáculo de matar de hambre á unas pobres religiosas, despojándolas de lo suyo y hasta de las dotes que habían aportado. Pero corramos un velo sobre este cuadro. Dios quiera dar días mas prósperos y placenteros á sus vírgenes, y que á la sombra de la protección que está obligado á dispensarlas un Gobierno que se titula y precisa de católico, puedan medrar y florecer esos verjeles, en los que habita el Cordero divino, atraído del olor de sus virtudes. Esperamos con ansia las resoluciones ó decretos parciales que
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va á dar el Gobierno con respecto á los conventos de cada una de las diócesis. Entre tanto suspendemos aquí nuestra RESEÑA, para continuarla en el próximo número, á fin de dar cabida á los muchos documentos de que nos hemos ocupado, así como á las cartas de los misioneros, que á causa de los muchos materiales interesantes tuvimos que omitir en el número anterior. — A. P.
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DOCUMENTOS OFICIALES.

Decreto suprimiendo la Colecturía de Espolios y Vacantes, y el tribunal del Excusado.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Real decreto.—Habiendo sido suprimida por el artículo 12 del nuevo Concordato la Colecturía general de Espolios, vacantes y anualidades, y el tribunal apostólico y real de la gracia del Excusado; y conformándome con lo que en su virtud me ha propuesto el ministro de Gracia y Justicia, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Cesarán en sus funciones los ministros del tribunal de la gracia del Escusado, conservando los honores y distinciones que hasta aquí han disfrutado.

Art. 2.º Los ministros del mismo tribunal que poseen prebendas ó beneficios eclesiásticos, pasarán en el término de dos meses á sus respectivas iglesias, á no existir otra causa canónica que les exima de la residencia personal.

Art. 3.º Los negocios judiciales pendientes en dicho tribunal apostólico y real se continuarán con arreglo á derecho por el M. R. cardenal arzobispo de Toledo, como encargado de las facultades espirituales de comisario general de Cruzada, que las ejercerá con la extension y en la forma que se determine con arreglo al art. 40 del Concordato, concurriendo en su caso los jueces que entiendan en los asuntos de Cruzada.

Art. 4.º En la misma forma terminará tambien el muy reverendo cardenal arzobispo de Toledo los asuntos judiciales correspondientes á la extinguida Colecturía general de Espolios, vacantes y anualidades.
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Art. 5.º Los ornamentos y pontificiales existentes en las dependencias de la Colecturía suprimida, se entregarán desde luego como propiedad de la mitra al respectivo prelado, formando inventario por triplicado, uno de cuyos ejemplares se conservará en el cabildo catedral, otro en el archivo de la dignidad episcopal, y el tercero se remitirá al ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 6.º También se considerarán como propiedad de la mitra los ornamentos y pontificiales de la misma procedencia que se hayan entregado á los prelados, y cuyo valor no hubiesen estos entregado aun, y á su consecuencia se formará y custodiará en la misma manera el correspondiente inventario.

Art. 7.º Siendo propiedad de la mitra los ornamentos y pontificiales que dejen á su fallecimiento los M. RR. arzobispos y RR. obispos, el ecónomo que nombre el cabildo catedral, en conformidad á lo dispuesto en el art. 20 del Concordato, se hará cargo de dichos efectos en su dia, y cuidará se amplie el inventario, y de dar conocimiento de ello al ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 8.º Los cabildos metropolitanos y catedrales, cuyas mitras están vacantes en la actualidad, nombrarán inmediatamente ecónomo, quien se hará cargo desde luego de lo que á la mitra corresponda, atemperándose en adelante los cabildos á lo que dispone el art. 37 del Concordato. También nombrarán desde luego ecónomo los cabildos de las diócesis en que haya negocios pendientes, aunque no esté vacante en el dia la silla. Los mismos cabildos me noticiarán, por conducto del ministerio de Gracia y Justicia, la persona que para dicho cargo nombraren.

Art. 9.º Los ecónomos que nombren los cabildos ejercerán las funciones de los sub colectores diocesanos en todo lo relativo á la recaudacion de atrasos y á los negocios pendientes, cesando los últimos á medida que sean nombrados los primeros.

Art. 10. Los ecónomos disfrutarán por razon de emolu-
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mentos el 5 por 100 de las cantidades que ingresen en su poder, cuya suma se rebajará antes de dar á lo recaudado la aplicacion que previene el citado art. 37 del Concordato.

Art. 11. La parte correspondiente al seminario conciliar se entregará mensualmente á su administrador por el ecónomo.

Art. 12. El prorrateo de las rentas entre la vacante y el nuevo prelado se girará hasta el fiat de Su Santidad, desde cuyo dia corresponderá toda la renta al nuevo prelado.

Art. 13. A contar de la publicacion de la ley relativa al Concordato, recaudará el ecónomo de la mitra vacante, y cuya silla no se agregue á otra, la asignacion personal del prelado y la parte destinada á la reparacion del palacio episcopal. Su producto se distribuirá con arreglo al Concordato y al artículo anterior de este decreto. En las diócesis que se agregan á otras se limitará el ecónomo á administrar los bienes y efectos de la mitra.

Art. 14. La cantidad destinada á los gastos de la administracion diocesana se entregará al vicario capitular sede vacante, prorrateándose hasta el dia en que el nuevo prelado tome posesion de la iglesia por sí ó por apoderado.

Art. 15. El ecónomo rendirá sus cuentas al nuevo prelado, á quien entregará con las formalidades convenientes los ornamentos pontificales y demás efectos que correspondan á la mitra.

Art. 16. El ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo conveniente para la ejecucion del presente decreto.

Dado en palacio á veinte y uno de octubre de mil ochocientos cincuenta y uno. Está rubricado de la Real mano.—El ministro de Gracia y Justicia, Ventura Gonzalez Romero.
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Motu proprio de Su Santidad el Papa Pio IX suspendiendo por espacio de diez años la exencion de las casas de regulares que se restablezcan.

PIUS PP. IX.

Ad futuram rei memoriam. Regularium personarum ab Episcopali jurisdictione exemptionem suspendere, vel moderari prout Ecclesiae utilitas, ac necessitas exigit, ad Romanum spectat Pontificem, cui demandata divinitus est in Ecclesiae universae regimine suprema auctoritas ac potestas. Cum itaque in praesens ejusmodi sint in Hispaniarum regno circumstantiae ut Ordinariorum jurisdictioni subjiciendae ad intervallum temporis videantur Congregationes, et Ordines regulares, qui inibi erunt instituendi, Nos ad hanc rem Apostolica nostra Auctoritate utendum existimavimus. Itaque motu proprio, certa scientia, ac matura delibertione nostra, deque Apostolicae Auctoritatis plenitudine statuimus, ac mandamus ut domus Congregationum atque Ordinum regularium, qui per Hispaniam restituentur adhinc proximum decennium

PIO IX, PAPA.

Para perpetua memoria. Corresponde al Pontífice romano, á quien está encomendada por Dios la suprema autoridad y potestad en el gobierno de la Iglesia universal, suspender ó moderar la exención de las personas regulares de la jurisdicción episcopal, según lo exige la utilidad y necesidad de la Iglesia. Por lo cual, como al presente sean tales las circunstancias en el reino de España que parezca conveniente poner bajo la jurisdiccion de los Ordinarios, por un intervalo de tiempo, las congregaciones y órdenes regulares que allí se instituyeren, Nos, usando para esto de nuestra autoridad apostólica, así lo hemos juzgado. Por tanto, motu propio, de cierta ciencia y madura deliberacion, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica, establecemos y mandamos que las casas de las congregaciones y órdenes regulares que se restablezcan en España en
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ab hac die incipiendum respectivis Episcopis et Ordinariis Dioecesanis tanquam ab Apostolica Sede Delegatis omnino subjiciantur. Hoc volumus, jubeamus, praeceipimus non obstantibus, quatenus opus est, Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, nec non Apostolicis, atque in Universalibus, Provincialibusque, et Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et Ordinationibus caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die xii Aprilis anno MDCCCLI, Pontificatus nostri anno V. — A. Card. Lambruschini.

el próximo decennio, que ha de principiar desde este mismo dia, estén sujetas enteramente á los respectivos Obispos y Ordinarios Diocesanos, como delegados por la Sede apostólica. Queremos, mandamos y ordenamos esto, sin que obsten, en cuanto sea necesario, la regla nuestra y de la cancelaría apostólica de jure quaesito non tollendo, ni las constituciones y disposiciones apostólicas, ni las dadas por punto general ó especial en los Concilios universales, provinciales y sinodales, y cualesquiera otras cosas que sean en contrario.

Dado en Roma en san Pedro con el sello del Pescador el dia 12 de abril de mil ochocientos cincuenta y uno, año quinto de nuestro pontificado.—A. cardenal Lambruschini.—Con rúbrica.—Lugar del sello del Pescador.

Decreto sobre incompatibilidad de dos ó mas beneficios ó destinos eclesiásticos que exijan residencia personal.

Ministerio de Gracia y Justicia. — Real decreto. — Teniendo en consideracion lo prevenido en los sagrados cánones, leyes del reino, y en el artículo 19 del Concordato celebrado recientemente con la Santa Sede, y otras razones
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que me ha expuesto el ministro de Gracia y Justicia, conformándome con su parecer, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los eclesiásticos que obtengan dignidad, canonjía ó beneficio que exijan personal residencia, y que por razon de cualquier otro cargo ó comisión están obligados á residir en otra parte, se restituirán á sus iglesias en el preciso término de dos meses, contados desde la fecha del presente decreto para los que estén en la Península, y cuatro los que se hallen en el extranjero; á no ser que renuncien sus beneficios, con tal que no sean estos título de ordenacion.

Art. 2.º Se exceptúan de lo prevenido en el artículo anterior:

1.º Los auditores de la Sacra Rota romana.
2.º El auditor, asesor, y el abreviador de la nunciatura Apostólica en esta corte; los jueces, auditores y fiscal del tribunal de la Rota en la misma corte.
3.º El comisario general de los Santos Lugares de Jerusalen.
4.º Mis sumilleres do cortina, capellanes de honor y demás eclesiásticos que sirven en mi real capilla plazas de número con sueldo.

Art. 3.º Los eclesiásticos comprendidos en las excepciones precedentes que obtengan prebendas en las iglesias de Ultramar, ó primera silla, canonjía de oficio, ú otro beneficio con cura de almas en las metropolitanas, sufragáneas, ó colegiatas de la Península, serán nombrados para otra plaza de la misma clase y categoría que no tenga incompatibilidad. Cuando en una misma iglesia haya mas de un prebendado exento de la residencia personal por la expresada causa, quedará uno de ellos solamente en dicha iglesia, trasladando los demás á otras.

Art. 4.º Hasta que mis capellanes de honor que obtienen prebendas queden reducidos al número que presija el párrafo 2.º, art. 19 del Concordato, se entenderá que renuncian á sus prebendas y beneficios los prebendados y beneficiados que acepten plazas de mi real capilla, y en su consecuencia
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procederán los Ordinarios á hacer la declaracion de vacante en debida forma.

Art. 5.º Los prebendados y beneficiados que en adelante se nombren para otro cargo ó comision que les obligue á residir continuamente fuera del pueblo en que la iglesia esté situada, optarán, en el término de dos meses si estuvieren en la Península, y cuatro en el extranjero, entre la prebenda ó beneficio eclesiástico, si no fuere título de ordenacion, y la comision ó cargo, entendiéndose renunciar á lo primero desde el momento en que principien á ejercer el nuevo encargo, en cuyo caso procederá el Ordinario á lo dispuesto en la última parte del artículo anterior.

Art. 6.º El ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo necesario á la ejecucion del presente decreto.

Dado en palacio á catorce de noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno.—Rubricado de la real mano.—El ministro de Gracia y Justicia, Ventura Gonzalez Romero.

Decreto restableciendo la agencia general de preces.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Habiendo consultado los antecedentes de la extinguida Cámara de Castilla acerca de la plaza de agente real de preces á Roma; resultando que casi constantemente estuvo á cargo de un oficial de la secretaría de la misma, y teniendo presente mi real decreto de 2 de mayo último, por el que tuve á bien establecer un consejo de Negocios eclesiásticos con la denominacion de Cámara eclesiástica, formando su secretaría los empleados en el ministerio de Gracia y Justicia de la seccion de negocios eclesiásticos, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se restablece la plaza de agente del rey, ó agente real de preces á Roma.

Art. 2.º Esta plaza será desempeñada precisamente por un oficial de seccion de la de Negocios eclesiásticos del ministerio de Gracia y Justicia.
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Art. 3.º El desempeño de su cargo lo hará el agente real gratuitamente, y Mi Gobierno le asignará una gratificación, para gastos, de 4000 rs. anuales pagada del presupuesto de culto y clero.

Art. 4.º Se cobrarán sin embargo los correspondientes derechos por las dispensas beneficiales, los cuales ingresarán en el Tesoro público.

Art. 5.º Las funciones de este cargo serán las mismas que de antiguo han ejercido dichos agentes reales.

Dado en palacio á veinte y seis de setiembre de mil ochocientos cincuenta y uno. — Rubricado de la real mano. — El ministro de Gracia y Justicia, Ventura Gonzalez Romero.

Decreto arreglando la forma con que se ha de proceder en la formacion de expedientes para la reparacion de templos.

Ministerio de Gracia y Justicia. — Real decreto. — En consideracion á las graves y meditadas razones que me ha expuesto la Cámara en su consulta de 23 de julio último, manifestándome, entre otras importantes medidas, la necesidad de modificar la real orden de 4 de diciembre de 1845, que tiene por objeto fijar la tramitacion de los expedientes que se instruyen para la edificacion y reparacion de las iglesias parroquiales del reino, y de conformidad con cuanto sobre este asunto me ha propuesto el ministro de Gracia y Justicia, he venido en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Las solicitudes sobre gastos extraordinarios de edificacion y reparacion de las iglesias parroquiales, serán dirigidas al diocesano por el respectivo cura párroco y por el ayuntamiento del pueblo; y en ellas se expresará el servicio á que se obligan los vecinos, bien sea ofreciendo limosnas, ó su personal trabajo, bien facilitando materiales, ó acarreándolos con las yuntas de su propiedad, ó contribuyendo de cualquier otro modo á la ejecucion de la obra; y esta oferta se tendrá presente para calcular el presupuesto.
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RESEÑA HISTÓRICA.

ESPAÑA.

Tenemos ya el Concordato solemnemente publicado: el Papa Pio IX por su bula Ad vicariam aeterni Pastoris de 5 de setiembre de este año, lo eleva á ley eclesiástica; y S. M. la reina doña Isabel II con fecha de 17 de octubre lo declara ley del reino. Con este paso se ha dado por ultimado el asunto que en julio de 1844 principió el Sr. Martinez de la Rosa, cuando fue enviado á Roma con una mision oficial y diplomática.

La publicacion de este famoso documento es un acontecimiento grave, y ha de influir poderosamente en los destinos de la Iglesia de España. ¿Ha de ser en bien ó en mal esta influencia? Esto es lo que no nos atrevemos á decir. Si todas sus partes, si todas sus disposiciones, si todos sus artículos se ejecutaran con lealtad y buena fe, nos atreveríamos á augurar bastante bien de la Iglesia de España, porque lo desfavorable se compensaria con lo favorable. Estamos seguros de que la lealtad no faltará de parte de Roma, y que todas las concesiones que se han arrancado de la Iglesia con perjuicio de sus propios intereses, se llevarán á cabo irremisiblemente. ¿Será lo mismo con todas las disposiciones que favorecen á la Iglesia? Esto es lo que no nos atrevemos á asegurar, mayormente si al actual ministerio le reemplaza otro que no haya tenido parte en la confeccion del Concordato. Mucho menos seria aun, si un dia ocuparan el poder los hombres de cierta escuela que ya tienen su partido tomado con respecto al Concordato. No respetar nada de todo cuanto favorable á la Iglesia encierra el Concordato, llevar hasta el último extremo todas las concesiones que por el bien de la
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Art. 2.º El diocesano resolverá por sí solo las instancias cuando el presupuesto no exceda de 500 rs. Si hicieren la oferta de esta suma, procederá desde luego á verificar la obra, y en otro caso hará la reclamacion del ministro de Gracia y Justicia, quien la atenderá á medida que lo permitan los fondos destinados á estos objetos y reclamaciones que haya de la misma clase.

Art. 3.º Para el reconocimiento de la obra que se haya de ejecutar, y formacion de su presupuesto, bastará el informe por escrito de un alarife, maestro de obras ó aparejador de reconocida capacidad y honradez, y de cuyas circunstancias informarán el diocesano, el párroco y el alcalde.

Art. 4.º La cantidad que haya de librarse se cargará al capítulo destinado á este efecto en el presupuesto general, y se invertirá en la obra por una Junta compuesta del cura párroco y primer teniente ó coadyutor donde lo hubiere; del alcalde y procurador síndico, del mayor contribuyente del pueblo, y de los dos feligreses que mayor limosna hubieren ofrecido para la ejecucion de la obra, haciendo de depositario-administrador la persona que la misma Junta elija.

Art. 5.º La Junta rendirá la cuenta al diocesano, quien reparándola en lo que creyere conveniente hasta darla su aprobacion, remitirá al ministro de Gracia y Justicia un estado ó resúmen de la inversion de caudales, con copia de su decreto de aprobacion. Si la obra se hubiere hecho por el pueblo, bastará la aprobacion del diocesano.

Art. 6.º Cuando el importe de la edificacion ó reparacion exceda de 500 rs., y no pase de 2000, y el edificio no sea de un mérito artístico especial, el examen de la obra y formacion del presupuesto se comprobará por mandato del diocesano, con el informe conteste de dos maestros de obras, y de un tercero, caso de discordia, en los términos que queda prevenido en el art. 3.º

Art. 7.º En este caso el diocesano declarará tambien por sí la necesidad de la obra; pero no se procederá á su ejecucion sin que antes lo ponga en conocimiento del gobernador
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de la provincia, quien tomando los informes que creyere conveniente, á mas de los necesarios del alcalde y procurador síndico del pueblo, manifestará al diocesano su conformidad ó disidencia fundada en el término de veinte dias siguientes á la comunicacion que se le hiciere. En el último caso se consultará al Gobierno por el ministerio de Gracia y Justicia. Pasado dicho término sin haber contestado el gobernador, se procederá á la ejecucion de la obra, libramiento é inversion de caudales como se prescribe en los artículos 4.º, 5.º y 6.º Cuando la obra se ejecute por ofrenda ó á costa de los pueblos, no tendrá intervencion el gobernador, y se hará todo como queda consignado en el art. 5.º ya citado.

Art. 8.º Concluida la obra, y examinadas y aprobadas sus cuentas por el diocesano, las remitirá al gobernador para que tambien obtengan su aprobacion en el preciso término de un mes; y devueltas que sean al diocesano, cumplirá con lo demás que previene el mismo art. 5.º

Art. 9.º Cuando la obra excediere en su presupuesto de 2000 rs., ó hubiere de verificarse en iglesias que radiquen en las capitales ó grandes poblaciones de provincia, ó pudiese comprometer al mérito arquitectónico de los templos donde quiera que existan, aunque no excediese de dicha suma, el diocesano, de acuerdo con el gobernador de la provincia, designará un arquitecto que pase á examinar su estado, forme el presupuesto de gastos, y en caso necesario levante el plano de las obras que se hubiesen de efectuar, arreglándose en este punto á cuanto está encargado á la Academia de San Fernando.

Art. 10. Con vista de estos datos, y los demás que el diocesano y el gobernador estimasen conveniente reunir, harán las oportunas observaciones, ya sobre la esencia de la solicitud, ya sobre el coste del presupuesto, ya sobre la ejecucion de las obras, y remitirán el expediente por mano del diocesano al ministerio de Gracia y Justicia, á fin de que yo acuerde la resolucion que tuviere por conveniente.

Art. 11. Devuelto que sea por mi Gobierno el expedien-
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te al diocesano para su ejecucion, tendrá esta lugar en los términos respectivos y que quedan indicados en los articulos 4.º, 5.º y 8.º, á fin de que en el ministerio de Gracia y Justicia conste siempre y haya noticia puntual del éxito de la obra.

Art. 12. Queda derogada de todo punto la real órden de 4 de diciembre de 1845 por el presente decreto.

Dado en palacio á diez y nueve de setiembre de mil ochocientos cincuenta y uno. — Rubricado de la real mano. — El ministro de Gracia y Justicia, Ventura Gonzalez Romero.

Al acordar S. M. la publicacion del anterior real decreto, se ha dignado mandar que la Cámara proceda desde luego á la formacion de otro proyecto, que ha indicado la misma corporacion, para allegar recursos con que poder elevar al mas alto grado posible de decoro, pompa y devocion el culto y sus templos sin afectar los recursos del Erario.

NOTA. Á fin de dar cabida á algunas de las cartas de los misioneros que tenemos atrasadas, dejamos de insertar los otros documentos oficiales á que se refiere esta RESEÑA, reservando su insercion para el número inmediato.