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capital de provincia, las de catedrales que han de convertirse en colegiatas, y finalmente las de las demás colegiaturas. La división de provisiones por este orden facilitará las operaciones de la Cámara eclesiástica, que no podrá menos de hallarse abrumada con tanto número de solicitudes oficiales y otras extraoficiales. Para simplificar más esta operación nosotros hubiéramos sacado á provision las prebendas, no por iglesias, sino por clases y categorías, proveyendo primeramente las dignidades de dean, después las de arcipreste, y así sucesivamente. Así la Cámara habría podido proceder con más pulso en sus propuestas, y los pretendientes no presentarían su solicitud sino cuando viesen que van á proveerse las prebendas de su opción. Lo que se añade en el artículo 6.º acerca de las iglesias de Alcalá de Henares y de Sacro-Monte de Granada revela el pensamiento que tiempo há se atribuía al Gobierno, á saber: la traslación de la universidad de Madrid á Alcalá de Henares, y convertir el Sacro-Monte de Granada en un plantel de profesores para aquella universidad. ¿A qué vendría sino el prevenir que aquellas prebendas se provean por rigorosa oposición, y que los provistos se obliguen á la enseñanza? Mucho celebraríamos que esta disposición se extendiese á otras iglesias. ¿Qué impediría que en cada iglesia se proveyesen por este método dos ó tres prebendas con obligación de enseñar en el Seminario conciliar por un cierto número de años? Así se aliviaria el presupuesto de los Seminarios, y los cabildos serían más brillantes, contando en su seno por necesidad con un cierto número de profesores, ya jubilados, ya en ejercicio. Esto además sería un estímulo para el profesorado, al que se le deja tan postergado en el decreto de 25 de julio, en términos que, á lo menos por lo que toca al de los Seminarios conciliares, se le excluye de las metropolitanas, negándosele la opción á las prebendas de esta categoría.

Consecuencia del decreto de 21 de noviembre ha sido el de 8 de diciembre, fijando algunas reglas para hacerse las provisiones de que habla el decreto anterior. Se establece
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primeramente que los dignidades y canónigos que se hallasen jubilados, continúen en su jubilacion con los derechos y dotacion que les corresponda, pero sin considerarse como vacantes sus prebendas. Como en algunas iglesias no era el dean la primera silla post pontificalem, se establece que el actual poseedor de la primera silla sea nombrado dean, y que el dean, si lo hubiere, sea provisto en otra dignidad equivalente ó de la misma ó de otra iglesia. Esto es muy justo, y no perjudica á los derechos adquiridos. Se fija el orden que deberán conservar los dignidades entre sí; y se atiende á la suerte de los deanes de las catedrales que han de ser reducidas á colegiatas. Se arregla lo concerniente á las chantrias y demás prebendas reservadas á Su Santidad de modo que no sean perjudicados los actuales poseedores, ni haya en cada iglesia mas que una prebenda provista por Su Santidad. Los racioneros que no sean promovidos, deben ser conservados en sus iglesias como si fueran otros tantos capellanes asistentes, y se descontarán del número de estos: los dignidades á quienes se confiera dignidad de otro nombre, pero de la misma categoría, no deberán pagar la mesada que previene el artículo 37; y el título, colacion y demás se les expedirá de oficio. Todo esto es muy justo; así como lo es también que los canónigos de oficio de las iglesias que han de ser suprimidas sean colocados con preferencia en dignidades de igual categoría que se conserven. Celebramos que se haga este obsequio á los canónigos de oficio, y que así se atienda al relevante mérito que les ha traído á sus destinos.

Una disposicion notamos en el artículo 12 que celebramos se haya tenido presente, porque así lo exigia la justicia. Ya en otro documento se había indicado que los diocesanos dieran una nota ó relacion de los presentados para canónigos por los obispos en virtud de leyes hasta entonces no derogadas, pero que no hubiesen tomado posesion á causa de las disposiciones que prohibían la provision; pero en aquel documento no se hacia mencion de los presentados por los cabildos en aquellas iglesias en donde el derecho de presentar residia en
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REVERSA CÁTOLICA

LÓGO AGÉSTICO
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estas corporaciones. Este silencio alarmó á los cabildos que se hallaban en este caso con respecto á presentaciones hechas, y ha motivado reclamaciones muy fundadas. No sabemos si en virtud de estas reclamaciones, ó por otra causa, esta omision se ha subsanado en el decreto que venimos analizando, en cuyo artículo 12 se dice lo siguiente: «Serán atendidos tambien con preferencia los provistos por los lados diocesanos, y en su caso, por los cabildos que no han podido entrar en posesion de las prebendas á virtud de las disposiciones que suspendieron la provision.» Si á los presentados por los obispos debe atenderseles, por la misma razon debe atenderse á los presentados por los cabildos; porque el mismo derecho que asiste á los obispos asistia á los cabildos en las iglesias de que tratamos.

Sin embargo de lo prevenido en el artículo 12, no dejará de haber aun reclamaciones, porque el artículo no está tan explícito como debiera estar. Allí donde los obispos ó los cabildos por delicadeza ó por respeto á las disposiciones vigentes no habian hecho presentacion de las prebendas vacantes en los meses ordinarios, ¿podrán hacerlas ahora? Hé aquí lo que debiera haberse declarado. A nosotros nos parece que el no haberse hecho la presentacion cuando ocurrió la vacante, no debe perjudicar al derecho de los presentadores, pues en este caso serian de mejor condicion los que no tuvieron consideracion á las disposiciones vigentes, que los que las respetaron. Si algunos por respeto á estas disposiciones, que no tratamos de calificar, se abstuvieron de presentar, debe permitirseles que presenten ahora, porque su derecho no habia caducado, y solo cesa por la promulgacion del presente Concordato; y tanto mas debe ser así cuanto en la primera provision que va á hacerse de todas las vacantes en la actualidad, no se da á los diocesanos el derecho ó prerrogativa que les reconoce el artículo 18 del Concordato de presentar las prebendas en rigorosa alternativa con la Corona. Esperamos, pues, que así se reconozca, y que no se impida á los obispos y cabildos hacer aquellas presentaciones que les hubieran
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correspondido, á no mediar las tristes ocurrencias por que hemos pasado.

Mucho celebramos que por fin se restituya á los cabildos la facultad que por ningun título, ni aun el de hacer reformas, podia haberse suspendido, cual es la de proveer por medio de convocatoria á concursos las prebendas de oficio. Y decimos que ni aun con pretexo de reformas podia haberse suspendido esta facultad; puesto que todos convenian en que cualesquiera que fuesen las reformas, debian quedar subsistentes las prebendas de oficio. Ahora, pues, por el artículo 15 se previene que se provean desde luego en la forma que previene el Concordato las canonjías de oficio. Añádese que las vacantes que ocurran en adelante se proveerán sin necesidad de obtener previamente la real licencia para ello. Ya era hora que se rompiese esta traba odiosa, y se quitase esa servidumbre que degradaba á la Iglesia de tener que acudir á la potestad civil solicitando como una gracia lo que es una justicia rigurosa: la Iglesia no podia sin el beneplácito del ministro de Gracia y Justicia proveerse de unos dignatarios que están llamados por disposiciones canónicas muy sabias. Lo que se añade, que los diocesanos dén cuenta de la vacante, y que remitan en su dia al ministro de Gracia y Justicia dos ejemplares del edicto convocatorio, no lo hallamos censurable, mientras esto se limite á dar conocimiento y nada mas.

En el artículo 18 encontramos una disposicion que nos ha llamado la atencion. «Los capellanes ó beneficiados, dice, de las iglesias catedrales y colegiales nombrados por patronos particulares, y sostenidos con bienes de la fundacion que están actualmente en posesion, continuarán como hasta aquí sin hacerse novedad alguna.» Esto es muy justo, porque lo contrario seria perjudicar al derecho de los patronos particulares. Pero ¿serán estos beneficiados además de los que marca respectivamente el Concordato? Así parece que deberia ser, porque el Estado al dotar á las catedrales se obliga á mantener 16, 20 ó 24 ministros de la clase de beneficiados ó capellanes, y los de que se trata ahora son man-
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tenidos de rentas que fundaron algunos particulares. Pero la renta ó dotacion de esta clase de beneficios no llega de mucho á la que señala el Concordato para los capellanes de número; y la de algunos de ellos ni aun llega á la congrua sustentacion señalada por las disposiciones sinodales. ¿Qué se hace, pues, con estos beneficios? ¿Se suprimen? ¿se eliminan de las iglesias catedrales? Convendría fijar sobre ellos la atencion; y ya que es tan escaso en las catedrales el número de ministros inferiores, podria tal vez aumentarse aprovechándose esta clase de beneficios de patronato particular.

Encontramos muy justo que los actuales músicos de toda clase, que sean eclesiásticos, se comprendan entre los capellanes ó beneficiados: y que en lo sucesivo se fije oyendo al diocesano y al cabildo el número de plazas que ba de haber de cada clase. Pero ¿de dónde se paga la dotacion de esta clase? Esto es lo que quisiéramos saber; porque si todo ha de salir del culto, su dotacion es demasiado reducida para hacer frente á tantos gastos. También es muy justo que los que ejercian la cura de almas en alguna catedral no sean contados en las nóminas para completar el personal: estos pertenecen mas bien al clero parroquial, y deben percibir sus asignaciones como párrocos.

Con la misma fecha de 8 de diciembre se expedia otro decreto muy importante: este es sobre la entrega al clero de todos los bienes eclesiásticos que estaban en poder del Estado, y que no se habian enajenado conforme al párrafo 4.º del artículo 35, y al 6.º del 38 del Concordato. El primero de estos artículos habla de los bienes de las monjas que estuvieren en poder del Gobierno y no se hubieren enajenado: el segundo habla de los bienes pertenecientes á las extinguidas comunidades religiosas de varones que se hallaren en igual caso. Unos y otros bienes deben devolverse sin demora á la Iglesia, y por mano de los prelados diocesanos deben venderse á pública subasta, invirtiéndose su capital en títulos intransferibles de la deuda del 3 por 100. Como para hacerse esta entrega deben guardarse muchas y graves formalida-
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des, estas se presijan por el decreto que vamos analizando.

Primeramente es indispensable un inventario; y este se manda hacer por duplicado por las oficinas del Estado, debiendo comprender las fincas, censos, derechos y acciones del clero secular y regular, y los de monjas, encomiendas, maestrazgos de las cuatro órdenes militares, cofradías, ermitas, santuarios y hermandades que no hubieren sido enajenados. Nos choca primeramente que en estos inventarios deban comprenderse los bienes del clero secular que no hubieren sido enajenados. ¿Ha de hacerse por ventura una nueva adjudicacion y computacion de los bienes que fueron devueltos al clero en virtud de la ley de 3 de abril de 1845? Mucho nos alegraríamos que así fuese, porque aquella adjudicacion fue monstruosa, y se adjudicó al clero lo que no recibía, sin que hayan bastado hasta el dia las muchas y fundadísimas reclamaciones que se han hecho. ¿O tal vez existian bienes de esta clase que no se habian devuelto? En este caso no se habria cumplido fielmente la ley de 1845. De todos modos se ha de expresar «con la posible exactitud la situacion, cabida, valor capital y renta anual, cargas civiles y eclesiásticas de toda especie, comunidad ó corporacion á que correspondia cada finca, y cuanto se crea conducente respecto de los censos, de manera que conste siempre el capital, el censo ó pension anua, la hipoteca y sus poseedores.»

Todo esto conviene tenerlo presente, porque importa al clero mas de lo que parece á primera vista. Existe procedente de las extinguidas comunidades religiosas una masa inmensa de censos, de los que una parte muy grande es de difícil ó imposible cobro por no existir los títulos, ó por estar muy enredadas ó en mal estado las hipotecas. Así que semejante renta no pasa de ser nominal, y debe andarse con mucho tiento para que el clero no cargue con ella como si fuese efectiva. Debe tenerse tambien en cuenta que esta clase de bienes en su mayor parte están gravados con cargas civiles ó eclesiásticas, y estas deben deducirse del producto líquido de los
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tales bienes ó rentas. Por esto deseamos, y lo consideramos justísimo, que se haga nueva imputacion de los bienes devueltos en 1845; porque al hacerse la de entonces nada de esto se atendió, y si los diocesanos reclamaron ó han reclamado después, no se les ha escuchado, resultando que al clero se le hizo cargo de fincas que nunca habían existido, de otras que el mismo Estado había enajenado, de censos cuyos títulos no existían, ó cuyas hipotecas se ignoraban, acarreando esto un déficit enorme en la imputación de los bienes del clero. Para que, pues, ahora no suceda otro tanto es menester proceder con toda cautela, y nosotros estaríamos muy contentos con que se practicase todo lo que prescribe el artículo 1.º

En estos inventarios debe fijarse el valor capital, tomando por base la renta anual común del último quinquenio, capitalizándola al 3 por 100 de los predios rústicos, y al 4 por 100 de las fincas urbanas. Este sistema, si se adopta por punto general sin excepciones, puede acarrear perjuicios á la Hacienda pública. Las casas y edificios en poblaciones pequeñas son de poquísimo valor, si se reducen á renta. Casa sabemos que no produce mas que dos duros mensuales, ó sean 24 duros al año, que al 4 por 100 representan un capital de 600 duros, cuando si se mira el valor material del edificio cuesta tal vez más de 4000. Para estos casos debería dejarse á los diocesanos la facultad de enajenarlos ó conservarlos.

Está muy bien que en el caso de no aceptar el diocesano el valor capital señalado á los bienes que se le entregan, se disponga su tasación pericial. Pero ¿quién nombra los peritos? Esto es lo que deberia decir el artículo 3.º, pues claro está que si los nombra el Administrador de contribuciones directas, no serán del agrado del diocesano: y si los nombra este, no lo serán del de aquel.

En el artículo 5.º se trata de los bienes que no puedan enajenarse entre tanto, y que por consiguiente hasta que se verifique su enajenación, deben quedar en administración del clero. El producto líquido debe imputarse á favor del culto
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6 de la dotacion de las monjas, según fuere la procedencia de dichos bienes. Pero para computar el producto líquido deben deducirse las cargas de justicia, las eclesiásticas que deben cumplirse por el mismo clero, y un 17 por 100 por razón de contribuciones, administración, huecos y reparos. El 17 por 100 no es aun equivalente. Esto se ve manifiesto en la renta de censos. Esta clase de renta paga un 12 por 100 de contribución; y ¿quién se encarga de la recaudación por menos de un 10 por 100? Ya tenemos, pues, que el clero sufre un descuento de un 22 por 100, y si solo se le abona un 17, por el trabajo de administrar sufre un quebranto de un 5 por 100. Hé aquí lo que va á ganar el clero con la imputación de los bienes de las extinguidas comunidades religiosas; y esto en el caso de que se cobren; que si son de difícil cobro, ó se hacen incobrables, es mayor todavía el quebranto del clero. En lo que queda algún consuelo es que sí se ejecuta con escrupulosa fidelidad la deducción de las cargas de justicia, así civiles, como eclesiásticas, vendrá á ser nominal esta renta, y poco será el líquido que al clero pueda imputarse. Por esto consideramos de la mayor trascendencia, no solo para el presente, sino para el porvenir, el que se proceda con la mayor escrupulosidad y miramiento en la aceptación de estos inventarios; y que los encargados del clero no acepten ninguna finca ni censo, sin haber examinado bien su valor real, sus cargas, títulos y demás que prescribe el artículo 1.

Consecuente á este decreto es otro del 9 de diciembre en que se prescribe minuciosamente todo lo que debe guardarse y observarse para proceder á la subasta y enajenación de estos bienes. Por su sobrada extensión, nos abstenemos de analizarlo, contentándonos con insertarlo íntegro entre los documentos oficiales. Una cosa sin embargo nos atrevemos á hacer notar, y es el modo con que está concebido el preámbulo del decreto. Hecho el decreto, no manda que se proceda á la enajenación, sino que se dirijan cédulas de ruego y encargo á los M. RR. arzobispos, RR. obispos y vicarios capitu-
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lares, para que hecha la entrega procedan á la enajenacion, guardando las reglas que en el decreto del 8 se prescriben. Esta forma es muy consecuente, porque reconocido el principio de la propiedad en la Iglesia, malamente podria mandarse ni obligarse á esta siendo propietaria, vender ó enajenar lo que es suyo. De lo que es suyo cada uno dispone como lo juzga mas conforme á sus intereses. Pero si en esta parte muestra el Gobierno cierta consecuencia ó delicadeza, no la guarda tanto en prescribir el modo y forma como debe hacerse la enajenacion. Si se reconoce á la Iglesia propietaria de los bienes en cuestion; si por esta causa no se la manda, sino que se la ruega y encarga que los enajene; no deberia señalarse el modo y sistema al que debe estrictamente arreglarse para hacer la enajenacion, sino que deberia dejarse á su eleccion hacerlo por estos ó aquellos medios, segun entende este mas ventajoso á sus intereses. No hay duda que el clero sabria determinar el modo y el tiempo, mucho mejor de lo que se hace por el decreto. Sea por ejemplo el artículo 3.º: Se prescribe que la tasacion ó el valor capital que se haya fijado á estos bienes al entregarlos á los diocesanos será el que sirva de tipo á la subasta. Si sucede que la finca se hubiese tasado por un valor sumamente módico por hallarse en estado ruinoso, ó por otra causa que la haga despreciable; y pasado algun tiempo de estar la finca en manos del clero ha mejorado de estado; ¿tambien habrá de subastarse por el mismo valor por que fue tasada? Y si se entendiese que estando la finca en manos del clero por algun tiempo, é invirtiendo algunas sumas de no gran importancia, habia de mejorar mucho su estado, y rendir productos mucho mas altos; ¿tambien habria de sacarse desde luego á subasta la tal finca? Y de esto ¿quién podria juzgar mejor que el mismo clero que ve las circunstancias particulares, y que es el mas interesado en que aumente el valor y el producto de las fincas? Por esto creemos que habria de dejarse á los diocesanos un poco mas de latitud en la ejecucion de esta medida; y ya que lo que se les dirige es cédula de ruego y encargo, se les habria de
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rogar y encargar que sacasen á subasta y enajenasen aquellas fincas, de cuya enajenacion pudiese á su juicio reportarse mayores ventajas, conservando aquellas otras cuya enajenacion no juzgasen ventajosa. De este modo se respetaria la facultad inherente á los obispos que siempre han sido los jueces en determinar si era ó no conveniente retener ó enajenar estos ó aquellos bienes. Por ser tan extenso el documento á que nos referimos, pues consta de 25 artículos, y por versar sobre cuestiones bursátiles, ajenas á la mayor parte de nuestros lectores, no insistimos mas sobre el particular, contentándonos con insertar íntegro en su lugar correspondiente este documento.

Con fecha de 21 de noviembre se ha expedido otro decreto, que no se ha publicado hasta el 17 de diciembre, relativo á la ejecucion del artículo 33 del Concordato. En dicho artículo se establece una diferencia entre parroquias rurales y urbanas. Necesitábase de una declaracion que determinase cuáles son las urbanas, y cuáles las rurales; y esta declaracion se ha hecho por el decreto de que nos ocupamos. Serán curatos rurales las vicarías, tenencias, anejos, y las parroquias con cura propio en poblacion que no exceda de 50 vecinos, y urbanas las que pasen de este número. Las rurales deben dividirse en dos clases, siendo de primera las que lleguen á 35 vecinos, y de segunda las que lleguen á 50. Está muy conforme que los curatos de poca feligresía, y por consiguiente de poco trabajo, sean menos remunerados que los que importan mas trabajo. Pero en esta computacion debiera tenerse en cuenta una circunstancia de que no vemos que se haga mencion: esta circunstancia es la de tener reunido ó disperso el vecindario. Una parroquia, que sin contar mas que 40 ó 50 vecinos, pero dispersos, y separados por largas distancias y en países montañosos, importa ciertamente mucho mas trabajo y fatiga que otra de 100 ó mas que están reunidos y en buen país. Con respecto, pues, á las parroquias que no lleguen á 50 vecinos, pero que tal vez no tengan tres casas reunidas, debiera ciertamente tenerselas en consi-
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deracion, y señárlaselas una dotacion como si fuesen de mayor número. Con esta ocasion insistimos en lo que insinuamos otra vez. Segun el artículo 33 del Concordato, el minimum de la dotacion de las parroquias rurales será de 2200 rs., es decir, de 6 rs. diarios. En parroquias de tan corto vecindario no se cuente con derechos de estola y pié de altar ú otras obvenciones, ni aun apenas con el estipendio de la misa. Los que han servido esta clase de parroquias saben que no singimos. Y ¿cómo podrá vivir con decencia un hombre con solo los seis reales diarios? ¿Cómo podrá atender á sus imprescindibles necesidades? No insistimos mas, porque los que saben lo que son seis miserables reales, y las necesidades que hay en una casa, reconocerán que con esta mezquinísima dotacion es imposible que el cura pueda vivir con la decencia que corresponde á su clase y ministerio. En el referido decreto encontramos muy acertado el que se mande denominarse curas propios á los que antes se llamaban vicarios perpetuos, y que con la misma perpetuidad é independencia que los curas propios gobernaban sus feligresías. De desear es que desaparezca, en cuanto se pueda, toda nomenclatura que no exprese alguna cosa positiva entre las clases eclesiásticas. Lo que deseariamos, y no dudamos que muchos diocesanos lo harán en cuanto puedan asegurar una dotacion fija á sus párrocos, es que se dén curas propios y perpetuos á muchas feligresías, que habiendo llegado hoy dia á reunir 50 ó 100 vecinos, conservan aun un vicario mutual ó amovible, lo mismo que cuando aquella feligresía no era mas que un miserable villorrio de tres ó cuatro casas. Esta reforma está enlazada con la anunciada nueva demarcacion de parroquias, y aun de diócesis. Muchas reformas en este punto esperamos de los diocesanos, si es que no se les atan las manos en un punto tan propio de su sagrado ministerio.

Con la misma fecha y publicado el mismo dia que el anterior, hemos visto otro decreto relativo á la uniformidad en la organizacion eclesiástica de las diócesis. Al efecto se manda dirigir á los diocesanos cédula de ruego y encargo para que