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dientes deberá oirse precisamente al administrador de contribuciones directas.

Todo el que quiera interesarse en la compra de alguna finca ó censo, tendrá derecho á solicitarlo ante el respectivo diocesano.

Art. 3.º La tasacion ó el valor capital que se haya fijado á los bienes al entregarlos á los diocesanos será el que sirva de tipo para la subasta, sin mas deducción que las cargas de justicia, para cuyo pago están hipotecados los mismos bienes, y que serán de cargo de los compradores, no pudiendo adjudicarse por precio menor ninguna finca ó censo.

En su consecuencia, el pago de estos bienes se verificará en metálico ó bien en títulos de la deuda consolidada del 3 por 100 interior y exterior al precio de la cotización del dia anterior al vencimiento del plazo ó al mas inmediato, si en el anterior no hubiese habido cotización de dichos efectos.

Art. 4.º Fijado el precio y el dia de la subasta, expedirá el diocesano los edictos correspondientes, que se fijarán en los sitios acostumbrados, y se insertarán además en la Gaceta y Diario de Avisos de Madrid, en el Boletín oficial de la provincia á que corresponda la capital de la diócesis, y en el de la en que radiquen las fincas, al menos con un mes de anticipacion.

Art. 5.º En los edictos se darán con la posible precision y exactitud las noticias relativas á las fincas, objeto de la venta, expresándose las condiciones especiales que los diocesanos, de acuerdo con la administración de Hacienda, creyeren necesarias, sin perjuicio de tenerse de manifiesto el expediente original en la secretaría de Cámara del diocesano para que pueda ser consultado por las personas que deseen interesarse en la licitacion. Se considerarán de oficio dichos anuncios, efectuándose lo que sobre el particular se practica en los referentes á bienes del Estado.

Art. 6.º Cuando el valor dado á la finca no exceda de 10,000 rs., habrá una sola subasta, y en otro caso dos,
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aunque en el mismo dia: una de ellas en la corte, y la otra en la capital de la diócesis.

Art. 7.º La subasta se celebrará en la capital de la diócesis ante el provisor vicario general, y en Madrid ante el vicario eclesiástico de la misma villa, ó ante la persona que al intento nombre el diocesano, asistiendo en uno y otro caso el administrador de contribuciones directas, ó el empleado que le represente.

Art. 8.º No se admitirá postura sin que el licitador presente fiador abonado á satisfaccion de los jueces de la subasta, debiendo en su caso firmar dicho fiador el acta del remate en union con el rematante, quedando obligado subsidiariamente á las consecuencias del remate, y las fincas hipotecadas expresa y especialmente al cumplimiento del contrato.

Art. 9.º La subasta se verificará en la forma que los tribunales eclesiásticos practican los remates en los juicios ejecutivos; pero no se adjudicarán las fincas por los comisionados de las subastas, limitándose á remitir al diocesano testimonio de lo actuado, á fin de que con presencia de todo, y oído el parecer de la administracion de la Hacienda, haga la adjudicacion el mismo diocesano ó determine lo que proceda con arreglo á derecho. Esta resolucion deberá dictarse dentro de un mes, á contar desde el dia de la subasta, y en otro caso quedarán libres de toda obligacion el licitador y el fiador si no les conviniese llevar á cabo el remate.

Art. 10. Cuando el precio de este no excediere de 5,000 rs., se pagará dentro del mes siguiente á la fecha de la notificacion, que se hará, bien al mismo interesado, bien á la persona que á su nombre y con poder especial hubiere tomado parte en el remate.

Si excediere de esta cantidad, y no llegare sin embargo á 50,000 rs., se satisfará la quinta parte dentro del mes después de hecha la notificacion, y el resto en tres plazos iguales de un año cada uno.

Siempre que el remate exceda de 50,000, pero no de cien
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mil reales, se pagará también la quinta parte dentro del mes, contado desde la fecha de la notificación, y el resto en cuatro plazos iguales de un año cada uno.

Excediendo el importe de 100,000 rs., y sea la que fuere la cantidad del remate, se harán los pagos en seis años por iguales partes, con deducción de la quinta parte, que en todo caso ha de satisfacerse dentro del mes siguiente á la fecha de la notificación.

Art. 11. Hasta que se verifique el primer pago no entrarán los rematantes en posesión de las fincas ó censos, desde cuyo día harán suyos los productos de las unas y de los otros.

Estos pagos ya consistan en metálico, ya en títulos de la deuda consolidada del 3 por 100 al precio de cotización, conforme se dispone en el art. 3.º se harán á favor de los diocesanos en el banco español de San Fernando, en sus comisionados en las provincias, ó en la persona que bajo su responsabilidad nombre el mismo diocesano.

También se extenderán á favor del diocesano y le entregarán los compradores, cuando verifiquen el primer pago, los correspondientes pagarés de las cantidades que, bien sea á metálico, ó bien en títulos del 3 por 100, queden obligados á entregar en los respectivos plazos hasta el completo pago de los bienes que remataren y le fueren adjudicados, en cuyos pagarés se expresará, con toda claridad y exactitud, la procedencia de la obligación que por ellos se contrae.

Art. 12. El rematante podrá ceder el remate en el acto de la subasta, y hasta 48 horas después de verificada esta.

Pero para que la cesión sea admisible y produzca sus efectos, deberá el cesionario ó la persona que le represente, autorizado con poder especial para ella, admitirle la cesión, presentando fiador abonado á satisfacción de los jueces de la subasta, quien firmará, en unión con el cesionario, el acta de la cesión, quedando obligado subsidiariamente á las consecuencias del remate.

Art. 13. El Gobierno, y en su nombre la junta de la Deuda del Estado, expedirá á favor de los respectivos dioce-
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Además de estas presentaciones hemos visto la preconización de varios prelados españoles que habían sido anteriormente presentados. En el consistorio habido en Roma el 5 de septiembre fueron preconizados el Ilmo. D. Salvador de Reyes, trasladado de Málaga á la metropolitana de Granada; el ilustrísimo D. Manuel García Cuesta, trasladado de Jaca á la metropolitana de Santiago; el Ilmo. D. Pedro de Zarandía, trasladado de la de Orense á la de Huesca; D. Antolín García Lozano para la de Salamanca; D. Miguel Salvá para la de Mallorca; y D. Martín Peña para la de Plasencia, que hemos dicho estar vacante otra vez, por fallecimiento del preconizado. Así, pues, provistas estas sillas, no quedan vacantes, entre las que deben permanecer según el nuevo Concordato, mas que las de Astorga, Menorca, Mondoñedo, Plasencia y Ávila, en caso de haberse admitido, como se asegura, la renuncia de su actual obispo: debiendo proveerse además las de Madrid, Victoria y Ciudad-Real, que de nuevo se erigen según el Concordato. De estos preconizados ha sido ya consagrado el Sr. García Lozano: su consagración, que se ha verificado en la iglesia de san Isidro de Madrid el 16 de noviembre, se hizo con mucha solemnidad y pompa, siendo consagrante el Emo. cardenal arzobispo de Toledo, y asistentes el patriarca de las Indias y el arzobispo de Seleucia, abad de san Ildefonso.

La Cámara eclesiástica, que está llamada á ejercer tan importantes funciones en la nueva organización que está dándose á la Iglesia de España, ha recibido alguna variación en su personal, y queremos comunicarla á nuestros lectores. Por real decreto de 25 de octubre ha sido creada en dicha Cámara una plaza más de ministro de la clase de eclesiásticos constituidos en dignidad, siendo llamado á ocupar este lugar el Sr. D. Miguel Golfanguer, arcediano de Valencia y comisario general de los Santos Lugares. Celebramos que el Gobierno haya pensado en subsanar este defecto que ya notamos al principio, pues no dejaba de parecer extraño que en una Cámara creada para resolver negocios puramente ecle-
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sanos, y á medida que se realicen, la venta de las fincas y la redencion de los censos, inscripciones no transferibles de la deuda consolidada del 3 por 100 por el valor total en que se hayan realizado en sustitucion de la propiedad de dichos bienes, á cuyo efecto el metálico que entreguen, y las obligaciones que contraigan en la misma especie los compradores, se considerará para los efectos de la conversion en inscripciones, como compra al precio de la cotizacion del dia del primer pago ó el anterior, si en él no hubiere habido cotización, quedando á favor de la misma Junta el importe total de las ventas de los bienes.

La junta de la Deuda remitirá á la Direccion de contabilidad del culto y clero las inscripciones que expida para que por su conducto las reciban los diocesanos, dando conocimiento siempre al ministerio de Hacienda.

Art. 14. Por consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, los diocesanos pondrán á disposicion de la junta de la Deuda del Estado, tanto los valores en metálico ó en títulos del 3 por 100 que reciban desde los primeros pagos, como los pagarés ú obligaciones que por los aplazamientos otorguen los compradores, endosándolos á favor de la misma junta.

Art. 15. La junta de la Deuda amortizará todos los títulos de la deuda consolidada del 3 por 100 que procedentes de la venta de estos bienes reciba, ya por conducto de los diocesanos, ya cuando haga efectivos los pagarés que por estos le fueren endosados; y procederá tambien á comprar en pública subasta, y amortizar después, títulos de la referida deuda con el metálico que por el mismo conducto de los diocesanos ingrese en las cajas del banco de San Fernando ó en poder de los depositarios nombrados para este efecto por aquellos, según se dispone en el art. 11.

Estas compras se harán mensualmente y en los términos en que se verifique la de la deuda llamada amortizable.

Art. 16. Debiendo imputarse ó cargarse respectivamente al presupuesto eclesiástico y á la dotacion de las monjas la
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renta total de las inscripciones de la deuda consolidada del 3 por 100, que desde luego y sin esperar el vencimiento de los plazos han de entregarse en pago de los bienes enajenados y de las redenciones de censos, con la sola deducción del importe de las cargas eclesiásticas que sobre ellos pesaban y han de cumplirse por el mismo clero sin imputarse á este en su dotación, se procederá á rebajar de la consignación de la contribución territorial y de la señalada á las monjas en los presupuestos generales para completarles sus respectivas dotaciones las diferencias que resulten entre las cantidades que hasta realizar la venta estuvieren acreditadas al clero y á las monjas por el producto de los bienes y censos, y la renta que en su equivalencia adquieran por las inscripciones.

También se descargarán del presupuesto eclesiástico los importes de las cargas de justicia ó hipotecarias que después de la venta han de satisfacerse por los compradores, y el 17 por 100 de los gastos de administración y contribuciones que hasta entonces se les considera de abono.

Art. 17. Teniendo que pagarse por la junta de la Deuda pública los intereses de la total emisión que desde luego se hace de las inscripciones de renta consolidada del 3 por 100 no transferible, aun cuando previamente no se amortiza cantidad igual de títulos de la misma deuda, por quedar pendientes los pagos de los respectivos plazos de las obligaciones que otorguen los compradores, la diferencia ó aumento que entre tanto sufra el presupuesto de la deuda pública, se suplirá con la baja que por consecuencia de esta medida resultará necesariamente en los créditos que para completar las dotaciones del culto y clero y de las monjas se abonan por el Tesoro.

Art. 18. Los administradores de contribuciones directas remitirán á la Dirección general de contabilidad de la Hacienda pública y á la del culto y clero, dentro de los primeros ocho días de cada mes, nota expresiva y circunstanciada de las subastas que se hubiesen celebrado, y de los censos redimidos en todo el anterior y sus resultados.
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En el mismo período remitirá también el Banco, y en su caso los depositarios nombrados por el diocesano, á las propias Direcciones, nota de las cantidades que ingresen en su poder por efecto de dichas enajenaciones y redenciones.

Y la junta de la Deuda pública les dará también conocimiento de las que reciba de esta procedencia á fin de formar los cargos y descargos que correspondan.

Art. 19. Las escrituras de venta se otorgarán exclusivamente por el diocesano, expresándose haberse procedido á la enajenación en virtud de las facultades que al intento le están concedidas por la Santa Sede en el último Concordato, y en su caso á nombre de la comunidad propietaria de los bienes, según lo dispuesto en el mismo Concordato, sin perjuicio de insertar las demás cláusulas acostumbradas, y las particulares que exige la índole especial de la enajenación.

Art. 20. Con el fin de facilitar las enajenaciones y redenciones de los bienes de que se trata, se declara que dichas enajenaciones no devengan derechos de hipotecas.

Tampoco los devengarán las cesiones hechas en los términos y con las formalidades prescritas en el art. 12. Las dietas y derechos de los peritos se satisfarán del total producto de las fincas en cada diócesis, rebajándose por consiguiente para determinar el producto líquido.

Art. 21. Los diocesanos formarán á la mayor brevedad la tarifa de derechos que deban satisfacerse al juez y demás personas que intervengan en las subastas, teniendo en consideración todas las circunstancias generales y locales de su diócesis respectiva, y oyendo previamente al gobernador de la provincia, cuya tarifa se insertará en el Boletín oficial de la misma provincia. También se publicará en el mismo periódico cualquiera variación que en la misma forma se biceire en lo sucesivo; pero no tendrá efecto el aumento de derechos hasta un mes después de su inserción en el Boletín.

De la misma manera se fijarán también los derechos de los euriales por el otorgamiento de escrituras. En uno y otro caso no podrán exceder los referidos derechos de los señalados en
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los Aranceles que rigen para la venta de los bienes nacionales.

Art. 22. Los rematantes de las fincas vendidas y los censatarios en su caso que se crean con derecho á alguna reclamacion relativa á las subastas ó redenciones, la harán ante el diocesano, quien deberá resolver gubernativamente, oyendo á la administracion en el preciso término de un mes desde el dia en que se presente la reclamacion en la secretaría de Cámara, por la cual se dará el oportuno recibo al interesado.

Art. 23. Pasado dicho plazo sin haber recaído resolucion, y si esta fuere perjudicial al reclamante, podrá este intentar su accion judicial en la forma correspondiente.

Art. 24. Los Consejos provinciales, con apelacion en su caso al Consejo real, conocerán por la via contencioso-administrativa de todas las contestaciones que con ocasion de la venta se susciten entre los diocesanos y los rematantes, quedando reservado á los tribunales de justicia lo tocante á intereses de los particulares entre sí.

Art. 25. Por los ministerios de Gracia y Justicia y Hacienda se adoptarán las disposiciones convenientes para la ejecucion de lo mandado en el presente decreto en la parte que á cada uno corresponda.

Dado en palacio á nueve de diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Gracia y Justicia, Ventura Gonzalez Romero.

Decreto suplicando á los diocesanos que establezcan arciprestes en cada uno de los partidos judiciales.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Real decreto.—A fin de facilitar cuanto sea posible la ejecucion del último Concordato, de conciliar todos los intereses y prevenir al propio tiempo se susciten dudas que pongan obstáculos á su completo desenvolvimiento, y conformándome con lo que me ha propuesto el ministro de Gracia y Justicia, después de haber con-
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ferenciado con el M. R. Nuncio de Su Santidad y oído el parecer de la real Cámara eclesiástica, vengo en disponer lo siguiente:

Artículo 1.º Se dirigirá á los diocesanos cédula de ruego y encargo para que nombre desde luego arciprestes amovibles ad nutum, poniendo uno al menos en cada partido judicial, excepto el de la capital de la diócesis, para que ejerzan las funciones de vicarios foráneos con las limitaciones que los mismos diocesanos tengan por conveniente establecer, y á fin de que, realizada que sea la nueva circunscripción de diócesis, pueda procederse sin demora á la demarcación de parroquias, según dispone el artículo 24 del Concordato, formándose los correspondientes planes beneficiales. Los diocesanos me noticiarán las personas que nombre para estos cargos.

Art. 2.º Los diocesanos procurarán en cuanto ser pueda que los nombramientos de arciprestes recaigan en eclesiásticos que residan habitualmente en la cabeza del partido judicial.

Art. 3.º El ministro de Gracia y Justicia dará las disposiciones convenientes para la ejecución del presente decreto.

Dado en palacio á veinte y uno de noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno. — Está rubricado de la real mano. — El ministro de Gracia y Justicia, Ventura Gonzalez Romero.

Decreto sobre la distinción de parroquias en urbanas y rurales.

Ministerio de Gracia y Justicia. — Real decreto. — Teniendo presente la urgente necesidad de fijar y determinar las parroquias que se han de llamar urbanas y las que se han de tener como rurales, conforme á lo dispuesto en el artículo 33 del Concordato, señalando también las clases que deba haber de estas últimas, conformándome con lo que me ha
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propuesto el ministro de Gracia y Justicia, después de haber oído á la real Cámara eclesiástica y conferenciado con el muy reverendo Nuncio apostólico en esta corte, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se considerarán curatos rurales las vicarías, tenencias, anejos, y las parroquias con cura propio en población que no exceda de 50 vecinos, y urbanas todas las demás.

Art. 2.º Las parroquias rurales serán de primera y segunda clase. Corresponderán á la primera clase las feligresías que excedan de 35 vecinos, y á la segunda las restantes.

Art. 3.º Se titularán párrocos ó curas propios los vicarios perpetuos que con entera independencia rijan sus vicarías ó anejos.

Art. 4.º Los tenientes en anejo dependientes de cura propio se titularán en adelante coadjutores.

Art. 5.º Los curatos, vicarías y tenencias perpetuas que se hallaban vacantes á la fecha de la ley referente á la publicación y ejecucion del Concordato, se proveerán en la forma observada anteriormente; y con entera sujecion á lo que en el Concordato se establece los que después hayan vacado y los que vacaren en adelante.

Art. 6.º El ministro de Gracia y Justicia dará las disposiciones convenientes para la ejecucion de este decreto.

Dado en palacio á veinte y uno de noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Gracia y Justicia, Ventura Gonzalez Romero.

Decreto para ponerse en ejecucion lo dispuesto en el Concordato sobre las asignaciones del clero.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Real decreto.—Para que tenga cumplido efecto lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33 del Concordato recientemente celebrado con la Santa Sede, conformándome con lo que me ha propuesto el mi-
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nistro de Gracia y Justicia, después de haber conferenciado con el M. R. Nuncio de Su Santidad, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º A contar desde el dia 17 de octubre de este año, fecha de la ley relativa á la publicacion y ejecucion del Concordato, los prelados diocesanos, cuyas sillas conserva, percibirán la dotacion que bajo todos conceptos les corresponda, según el mismo Concordato: los demás prelados continuarán percibiendo la asignacion que disfrutan en la actualidad.

Art. 2.º Desde la misma fecha se satisfará también por cuenta del presupuesto eclesiástico al M. R. Patriarca de las Indias la dotacion que determina el Concordato, dejando de percibir por consiguiente la pension que disfruta y el sueldo que como vicario general castrense le corresponde.

Art. 3.º Los dignidades, canónigos y beneficiados de las iglesias metropolitanas, sufragáneas y colegiales percibirán la dotacion que respectivamente les corresponda según el Concordato desde el dia en que el personal de cada iglesia quede constituido con arreglo á lo que el mismo Concordato dispone, debiendo disfrutar en el ínterin los poseedores de toda clase de beneficios de dichas iglesias la dotacion que actualmente tiene asignada cada pieza.

Art. 4.º Hasta que tenga cumplido efecto en cada diócesis el plan parroquial que en cumplimiento á lo dispuesto en el Concordato debe formarse, no se hará novedad en las dotaciones que en el dia están consignadas al clero parroquial urbano, al rural de primera clase y al beneficio de todas ellas.

Art. 5.º De la misma manera los vicarios ó tenientes perpetuos y los curas propios en parroquias rurales de segunda clase, cuya renta en el quinquenio de 1829 á 1833, inclusa la parte correspondiente al disfrute de los huertos ó heredades conocidos con la denominacion de iglesarios, mansos ó otras, no excedió de 2,000 rs., percibirán 2,200, mínimo que para esta clase señala el artículo 33 del Concordato des-
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de el dia en que empiece á regir en la iglesia catedral de cada diócesis lo dispuesto en la primera parte del artículo 3.º del presente decreto, sin perjuicio de disfrutar además con arreglo al párrafo 3.º de dicho artículo 33 del Concordato los expresados huertos ó heredades, y de que se aumente convenientemente aquella asignacion, si estos hubiesen sido enajenados, computándose el valor de ellos en renta. Los ecónomos en las mismas iglesias percibirán 2,000 rs., mínimo que en dicho artículo 33 se señala á esta clase. El máximo para los ecónomos de las demás parroquias se reducirá al de 4,000 rs., que señala el propio artículo 33 del Concordato.

Art. 6.º Lo dispuesto en el párrafo 2.º, artículo 37 del Concordato, se practicará respecto de las piezas que vaquen en las iglesias catedrales y colegiales desde el dia en que el personal de cada una de ellas quede arreglado en conformidad á lo que el mismo Concordato previene.

Art. 7.º Se aplicará desde luego al fondo de reserva establecido en dicho artículo 37 la parte líquida de la dotacion de los curatos, tenencias y vicarías perpetuas que hayan vacado ó vacaren desde la publicacion del Concordato como ley del Estado.

Art. 8.º A todos los que desde la misma fecha hayan tomado ó tomen la colacion y canónica institucion de prebendas, curatos y otros beneficios, se descontará una mesada de su respectiva dotacion anual para el fondo de reserva en los términos que previene el citado artículo 37 del Concordato.

Art. 9.º Las reales cédulas de presentacion para prebendas y beneficios que se expidan por la Cancillería del ministerio de Gracia y Justicia no causarán en adelante á los interesados otros gastos mas que los de papel sellado y los llamados de expedicion, sello y toma de razon.

Art. 10. Se recomendará muy eficazmente á los diocesanos, que destinen del fondo de reserva para la reparacion extraordinaria de templos, la mayor cantidad posible, sin perjuicio de que el Gobierno contribuya convenientemente