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tenerse presente que un obispo necesita mucho no para el tren de su casa ni el regalo de su persona, sino para socorrer las muchas necesidades secretas de la diócesis, pues acostumbrados los pueblos á ver en los obispos unos padres y el paño de sus lágrimas, no han podido abandonar el antiguo hábito de recurrir á ellos, sin embargo de que sean tan diversos los tiempos. Felizmente esta situacion de los obispos con respecto á los pobres y necesitados se remedia algun tanto por el artículo siguiente de que vamos á ocuparnos. Entre tanto consignamos la promesa que hace el Gobierno de proveer á los gastos de las reparaciones de los templos y demás edificios consagrados al culto. Nada mas justo, supuesto que el Estado ha destruido los fondos con que antiguamente se atendía á estas reparaciones; pero advertimos que esto sea pronto, pues el estado ruinoso de muchos templos no admite ya dilaciones.

El contenido del artículo 37 lo hallamos muy justo y de la mas alta importancia. Manda primeramente que se aplique por iguales partes en beneficio del seminario conciliar y del nuevo prelado el importe líquido de la renta que se devengue en la vacante de las sillas episcopales. Nadie ignora los crecidos gastos que importa la instalacion de un obispo en traslaciones, mueblaje, etc., y servirá de algun alivio á los nuevos prelados el encontrar á su llegada un fondo que les ayude á cubrir aquellos gastos. Tambien estará á disposicion del obispo un fondo que se formará de las rentas que se devenguen en las vacantes de dignidades, canonjías, parroquias y beneficios de cada diócesis, deducidas las respectivas cargas. Compondrán tambien este fondo las cantidades correspondientes á la duodécima parte de su dotacion anual que satisfarán por una vez dentro del primer año los nuevamente nombrados para prebendas, curatos y otros beneficios. Todos estos ingresos formarán un fondo llamado de reserva, el que estará «á disposicion del Ordinario para atender á los «gastos extraordinarios é imprevistos de las iglesias y del cle-«ro, como tambien á las necesidades graves y urgentes de «la diócesis.» Este fondo de reserva unido á los productos
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del Indulto cuadragesimal, de que se habla mas adelante en el artículo 40, dejará á los prelados en una posicion mas desahogada para atender á necesidades que solo él ve, y á solo él se le pide el alivio. Y ciertamente que era una posicion bien cruel la de un obispo, que no contaba mas que con una asignacion de 60 ú 80,000 rs., y esta escatimada en una cuarta parte cuando menos, sin poder disponer ni de un maravedí, porque todo tenia aplicacion precisa, y de todo se le pedía cuenta minuciosa; y que sin embargo le lluvian peticiones de todos los puntos de la diócesis sobre necesidades apremiantes que no le era posible remediar. Esta medida llevada á efecto bajo la delicada conciencia de los obispos puede ser muy beneficiosa á las diócesis.

El artículo 38 resuelve el punto mas difícil de la cuestion eclesiástica, cual es la dotacion del culto y del clero. Esta dotacion ha de cubrirse:

1.º Con los productos de los bienes devueltos al clero por la ley de 3 de abril de 1845;
2.º Con el producto de las limosnas de la Santa Cruzada;
3.º Con los de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares vacantes y que vacaren;
4.º Con una imposicion sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza pecuaria, en la cuota que sea necesario para completar la dotacion, tomando en cuenta los productos expresados, y demás rentas que en lo sucesivo y de acuerdo con la Santa Sede se asignen para este objeto.

A la masa de productos expresados en los parrafos 1.º, 2.º y 3.º deben agregarse los de los demás «bienes eclesiásticos no comprendidos en la expresada ley de 1845, y que todavía no hayan sido enajenados, incluso los que restan de las comunidades religiosas de varones.»

Supuesto que no se haya creido posible ó conveniente devolver á la Iglesia los bienes que se le habian quitado, ni restablecer el diezmo, confesamos que no podia haber un modo mas expedito de resolver la cuestion. Pero la ejecucion de esta medida la encontramos engorrosa y erizada de dificul-
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tades. Debiendo « todos estos bienes ser imputados por su « justo valor, rebajadas cualesquiera cargas para los efectos « de las disposiciones contenidas en este artículo, » debe primeramente hacerse una nueva imputacion distinta de la que en 1845 hicieron á su modo las osicinas de Amortizacion, en la que se incluyeron fincas ya enajenadas, otras por una renta muy superior á la que rendian, censos cuyos títulos no existian, y eso sin deduccion de cargas ni obligaciones. Esta operacion será sin duda objeto de un exámen muy detenido y minucioso, y que acarreará mas de una contestacion entre los encargados de la Hacienda y los del Clero para ponerse de acuerdo sobre el verdadero valor y producto liquido de los bienes y rentas que al clero se imputen.

Lo de Cruzada no importará tantas dificultades, porque fácil es al fin del año liquidar los productos que haya rendido la predicacion anterior. Pero el hecho es que no puede aguardarse para aquella época determinar la cuota de la imposicion de que habla el párrafo 4.º, y así será preciso suponer una cantidad á que se considere que aproximadamente puedan ascender los fondos de Cruzada, con obligacion de aumentar ó disminuir la imposicion mencionada al año siguiente, ó mas bien al cabo de un quinquenio ó decenio, que seria mas conforme para no tener que examinar todos los años el presupuesto del culto y clero.

Tambien estarán sujetos á variacion los productos de las encomiendas y maestrazgos á medida que vayan vacando, y hasta que aquellas rentas hayan entrado por entero bajo la administracion del clero: y para ocurrir á esta dificultad tambien adoptaríamos el mismo expediente que para el capítulo anterior; pues cuando se hiciera la liquidacion ni los pueblos pagarian mas de lo que les corresponde, ni el clero dejaría de percibir lo que le tocase.

Con respecto á los demás bienes eclesiásticos no enajenados ni comprendidos en la ley de 1845, incluso los que restan de las comunidades religiosas de varones, se previene que sean vendidos y convertidos en inscripciones de la Deu-
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da del 3 por ciento, como se previene en el artículo 35 con respecto á los bienes de las monjas. Una vez hecha esta operacion, quedará la cosa expedita; y fácil será saber lo que ha de imputarse al clero, deducidas que sean las cargas y obligaciones. Pero hay que advertir que el clero regular, además de las fincas, poseía una gran masa de censos, parte de los cuales no se han enajenado, y que son de difícil cobro, ó tal vez imposibles de cobrar, ya por haberse perdido los títulos, ya por haber desaparecido las hipotecas. ¿Querrán también cargarse al clero estas rentas nominales? Sobre esto no dejará de haber contestaciones.

Una vez deslindado lo que han de producir todas estas rentas, y fijado el presupuesto definitivo de cada diócesis, según los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 fácil es declarar la cantidad que deba imponerse sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza pecuaria. Es regular que esta imposición no sea una nueva carga á los pueblos, sino que sea, como era hasta aquí, una deducción de la contribución llamada de inmuebles, por manera que si dicha cantidad se calcula en 140 millones, se rebajan estos de los 300 que hasta ahora se pagaban por aquel concepto. La cosa es muy equitativa, y los pueblos no podrían quejarse, puesto que no se les gravaba mas de lo que lo estaban antes; pero ¿le será fácil al clero percibir la cuota que le corresponde por razón de esta imposición? Esto es lo que dudamos mucho, si no se establecen previamente ciertas reglas de acuerdo con el Gobierno.

Sabido es cuán difícilmente pagan ahora los pueblos sus contribuciones, ó sea por razón de su pobreza, ó por lo muy recargados que se hallan: pero al fin el Gobierno, que tiene á la mano bayonetas y apremios, saca sus contingentes. Si el Gobierno y el clero cobran cada uno independientemente su cuota, el Gobierno percibirá fácilmente la suya, mientras que el clero sufrirá grandes atrasos. Y no sirve decir que «en los casos necesarios será auxiliado (el clero) por las autoridades públicas en la cobranza de esta imposición,» porque sabido es lo que vale este auxilio cuando no procede de
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una fina voluntad: y ¡cuán temible es que, sino por el presente, á lo menos en alguna época mas ó menos lejana, haya autoridades que de ningun modo ó de muy mala gana se pres- ten á auxiliar al clero en la cobranza de la imposicion contra los morosos! Nosotros hubiéramos deseado que se hubiese estipulado que los pueblos pagasen á un mismo tiempo al cle- ro y al Gobierno; y que este no hubiese podido admitir la parte de su imposicion sin que el contribuyente hiciera cons- tar que el clero habia recibido la suya respectiva. Este seria el modo de asegurar al clero que no quedase defraudado de sus justas esperanzas.

Añádese en el artículo que, previo concierto de las partes, podrá cobrarse aquella imposicion en frutos, en especie ó en dinero. Mucho celebramos que se toque este punto, y se de- je así resuelto, porque este es el modo de restablecer una co- sa parecida al diezmo, con lo que el clero no quedase defrau- dado de su justa retribucion, y los pueblos encontrasen un medio de cubrir con mas suavidad sus cargas, mayormente en aquellas provincias ó pueblos en donde escasea el nume- rario. Pero tampoco desconocemos que al formarse estos con- venios deben tenerse á la vista muchos antecedentes, ya pa- ra que los pueblos no paguen mas de lo que debieran, ya para que con el tiempo no pueda tener lugar la mala fe de los contribuyentes, y quede el clero sin percibir lo que le corresponde. Por esto desearíamos que estos convenios no se hagan perpetuos, sino por un cierto número de años, á fin de que concluido el plazo, pudiesen subsanarse los daños de la parte que se creyese perjudicada, y con el auxilio de la ex- periencia se hiciesen en lo sucesivo convenios mas acertados. Este método seria además una garantía para el clero, á fin de que los pueblos pagasen con fidelidad aquella parte de fru- tos que se estipulase.

El artículo 39 establece una cosa muy justa, y cuya inob- servancia no podia tolerarse sino en países protestantes. La ley de 2 de setiembre de 1841 habia adjudicado á los parientes mas próximos los bienes de las capellanías, beneficios de
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sangre y otras fundaciones piadosas. Muchos de los favorecidos por aquella ley habían tenido buen cuidado de hacerse adjudicar los tales bienes, pero dejaban en el abandono el cumplimiento de las cargas á que estaban afectos aquellos bienes. Esto era, sobre injusto, altamente escandaloso en un país católico. Por el artículo 39 el Gobierno se encarga de obligar á los favorecidos al cumplimiento de las cargas, dejando además á los prelados expedito el derecho que les asista para atender en el cumplimiento de las cargas. Y como muchos de los bienes que se han enajenado en virtud de la ley de 2 de setiembre de 1841, fueron vendidos en calidad de libres de toda carga, el Gobierno declara por este artículo que él responderá siempre y exclusivamente de las que pesaren sobre dichos bienes; así como promete que tomará las disposiciones convenientes para que los compradores de bienes eclesiásticos cumplan las que estuvieren afectas á sus respectivos bienes que adquirieron con este gravámen. Es incontestable la justicia con que esto se prescribe: resta ver cómo se cumple, y qué disposiciones son las que se adoptan para que se cumpla.

Los artículos 40 y 41 consignan un principio que ha sido objeto de grandes debates, y que sin embargo de estar ahora consignado en este documento, lo impugnan y protestan contra él los hombres de un partido para quienes nada hay admisible sino lo que se conforma con sus intereses ó su modo de pensar. Este principio tan debatido y tan impugnado es el de la propiedad por parte de la Iglesia y del derecho de adquirir. «Se declara, dice el artículo 40, que todos los ex-presados bienes y rentas pertenecen en propiedad á la Iglesia.» «Además la Iglesia, añade el artículo 42, tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad en todo lo que posee ahora ó adquiriere en adelante será solemnemente respetada.» Claro está que el partido progresista no reconoce este derecho, y sus prohombres han protestado ya contra él, por si acaso llegan algun dia al poder. ¿Qué sería pues, de la Iglesia si permitiese la Providen-
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cia que volviese á gobernar dicho partido? Indudablemente provocaría otro conflicto como el que provocó en 1841 con la ley de 2 de setiembre: hé aquí, pues, como aquel partido se pone en pugna con los intereses del clero, y excita á que todos los hombres religiosos se declaren contra él. En esto el partido progresista obra muy torpemente concitando contra sí la animadversion y la resistencia del clero, del que aunque no pueda temer que le hostilice con las armas en la mano, es de prever que le perjudicará con su influencia; y la influencia del clero no hay por qué despreciarse, á pesar de lo mucho que se ha trabajado por destruirla, influencia tanto mas temible cuanto se funda en principios mas invulnerables, cuales son la virtud y el saber, y el roce íntimo con el pueblo que le proporciona su ministerio. El Gobierno, pues, que se ha declarado en favor de la propiedad de la Iglesia, se ha declarado tambien contra la revolucion; y sin duda que este será el caballo de batalla en que el partido progresista pretenderá hacer alarde de todos sus esfuerzos y tendencias revolucionarias para derribar al ministerio en las sesiones de la actual legislatura que se ha abierto pocas semanas há.

El mismo artículo 40 establece de un modo formal lo que ya se habia adelantado de una manera no muy legítima por el decreto de 6 de abril, concerniente á la supresion de la Comisaría de Cruzada. Se estipula, pues, entre la Santa Sede y el Gobierno español que los prelados diocesanos administrarán en sus diócesis respectivas los fondos de Cruzada y del Indulto cuadragésimal con aplicacion á los objetos á que los destinaba en la última próroga la Santa Sede. Del acuerdo que al intento se verifique entre ambas potestades pende el modo y forma con que debe hacerse esta administracion. Las facultades apostólicas que ejercia el Comisario de Cruzada debe ejercerlas en adelante el arzobispo de Toledo. Esta varia- cion la encontramos muy acertada, y de ella nos ocuparemos mas adelante.

Establecidas ya todas estas cosas, se pasa finalmente al punto que podemos considerar como primario para los hom-
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bres de la revolucion, punto que en los años anteriores ha causado tantos disgustos y amarguras á la Iglesia y sus ministros. Este es el reconocimiento de la venta de los bienes de la Iglesia. Sabidas son nuestras doctrinas en este punto. La Iglesia era tan propietaria de los bienes que se le han quitado como de los que conserva, y no se podia en principios de justicia quitársele su propiedad. Pero por esto mismo que la Iglesia era propietaria, podia enajenar, permutar ó ceder sus bienes en la forma que ella tuviese por conveniente. Por esto reconocemos en el Santo Padre, como cabeza de esta Iglesia, facultades para transigir sobre estos bienes en fuerza de los motivos que á su alta penetracion se presentaren. Si los motivos que él ha tenido para ceder en esta cuestion y sacrificar aquella parte importante del patrimonio de la Iglesia, han sido, ó no, bastante justos y poderosos, no nos toca á nosotros juzgarlo, ni siquiera examinarlo: y no seria buen católico el que llamara á su juicio los actos del supremo Jefe de la Iglesia, que no debe responder sino delante de Dios de su buena ó mala administracion. A nosotros no nos toca sino acatar aquellos actos, y si alguna vez son sacrificios de parte de la Iglesia, veneremos los juicios de Dios que pone á su Esposa en el crisol de la tribulacion, y la permite contrariedades y persecuciones que son su patrimonio durante su estancia en la tierra. El Santo Padre no dice sino que atendida la utilidad que ha de resultar á la Religion de este convenio y para proveer á la tranquilidad pública, decreta y declara que los consabidos compradores conserven la posesion de los bienes que compraron á la sombra de las leyes civiles, y que en esta posesion no serán molestados jamás ni por él ni por sus sucesores. El Papa no declara que los que compraron hayan comprado justamente, ni que fuesen justas y bien hechas las leyes en cuya virtud compraron; sino que supuesto que aquellas leyes existieron, y que produjeron su efecto, juzga útil á la Iglesia y á la tranquilidad pública sancionar lo hecho, no absolutamente, sino en el supuesto de que se guarden las cosas establecidas en los articu-
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los anteriores. En este supuesto; así empieza el artículo 41: y así aunque sea dolorosa la cesion de los tales bienes, se conviene en ella para obtener algunas ventajas, cuales son las anteriormente expresadas. ¿Qué ventajas son estas? tal vez se preguntará. Y á esto respondemos, que mirando la cosa absolutamente, nada se da á la Iglesia que no le sea muy debido de justicia. La facultad de poseer, la de adquirir, la dotacion que se les señala, el derecho de proveer parte de sus destinos, el de enseñar, el de ejercer la jurisdiccion de este ó de aquel modo, ¿son por ventura gracias que se le otorgan? En su misma índole y en la organizacion que le ha dado su divino Fundador se encierran todas estas cosas, y no es una gracia ó un favor que reciba de los hombres. Pero en el estado en que han venido á parar las cosas y en los tiempos en que vivimos, se reputa por un beneficio el que no se la impida ni hostilice en el ejercicio de aquellos derechos. Quien verdaderamente gana es el Estado, á quien se transfieren derechos que de ningun modo le competian, y eso tan solo en cambio de una proteccion que no se presta regularmente á la Iglesia sino muy mezquina. Y sin embargo se ha de pasar por ello.

A los que censuren el Concordato como demasiado indulgente con el Estado, y como que sacrifica los intereses de la Iglesia, les dirémos: ¿hubiérais querido que se restableciera el diezmo? ¿que se devolvieran todos los bienes eclesiásticos á las mismas manos en que estaban en 1837? ¿que se abrieran los conventos como lo estaban antes de 1835? También nosotros quisíramos todas estas cosas; pero ¿son posibles? ¿qué sacaria la Iglesia de que se diera un decreto por el que se mandara pagar y percibir el diezmo por los mismos que antiguamente lo pagaban y percibian? Que atendido el estado de desmoralizacion á que hemos llegado, y otras causas, el clero quedaria indotado por los escasos rendimientos que daria el diezmo. Cierto que la Iglesia habria podido reclamar la devolucion de todos sus bienes, alegando que la ley que se los quitó no estaba fundada en los eternos e inmuta-
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bles principios de la justicia; pero nos hacemos cargo que la potestad temporal, aun cuando reconozca que no podia hacerse lo que se hizo, no habria tenido bastante abnegacion para consignarlo asi en un documento solemne: y en este caso, si se hubiese negado á entrar en un acomodamiento, ¿hubiera sido preferible dejar las cosas eclesiasticas en la situacion anómala y violenta en que se encontraban, por no hacer el sacrificio de una parte de sus riquezas, prolongando aquella situacion cuatro, seis, diez años, ó Dios sabe cuando? El Papa ha creido que si á este precio podia comprar una situacion mas regular y mas desahogada para la Iglesia, hacia un gran negocio, y nosotros no debemos ser los jueces sobre si el Papa ha visto bien ó mal en este asunto, porque con los datos que habrá tenido á la vista, habrá podido juzgar de la cosa mejor que un particular. Lo que sí creemos, es que toda vez que los compradores habian adquirido á precios ínimos sus fincas, habria podido imponerse un cónon sobre estas para atender á la dotacion del clero, resultando de esto un beneficio mas bien á los pueblos que á la Iglesia; puesto que, si este cónon hubiese producido diez ó quince millones, todo esto de menos habrian tenido que pagar los pueblos. En esto el Gobierno no ha consultado bien por los intereses de sus gobernados, pues ha atendido mas á las ventajas de dos ó tres mil compradores que á aliviar la suerte de los pueblos. ¿Hubieran podido quejarse los compradores? ¿se les haria ahora alguna injusticia si se tratase de examinar el modo y forma con que han hecho sus adquisiciones, anulando aquellas ventas que no se hayan hecho conforme á las leyes que se invocan para legitimar todos estos actos? Pero toda vez que nada de todo esto se ha tenido por conveniente, no insistiremos mas, y echarémos un velo sobre unos actos que tanta agitacion y disturbios han producido en estos años anteriores.

Si por una parte es censurado el Concordato por algunos que lo reputan perjudicial á la Iglesia, por la contraria lo es por otros que ponen el grito en el cielo, reputándolo como
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una ignominia para la España, como una destrucción de las regalías, como un monumento de baldón para los ministros que han tenido parte en el negocio. No entraremos á hacer-nos cargo de las furibundas invectivas en que ha prorumpido toda la prensa progresista contra el Concordato y sus autores. Para los que así declaman no hay avenencia posible: la Iglesia debía renunciarlo todo, sacrificarlo todo, sin exigir indemnización ni garantía ni cosa alguna que pudiese consolarla de sus quebrantos. Debía reconocer todo lo hecho como muy bueno, como muy justo, como muy santo y laudable. Debía confesar que todos los Gobiernos y legislaturas que han existido desde 1834, han estado en su derecho en todo cuanto han hecho, decretado ó legislado relativamente á la Iglesia. Esta debería entregarse á discreción, y reconocerse como una dependencia cualquiera del Estado. ¿Qué podrá responderse á semejantes hombres, que ni aprenden, ni olvidan, ni oyen razones, ni las contestan, que están resueltos á no dejar persuadir ni á modificar un ápice de sus opiniones? Con semejantes hombres es inútil entrar en polémicas, é imposible hacer transacciones.

Así, pues, vamos á concluir este análisis concluyendo con hacer notar que todos los puntos que no se tocan en este Concordato, deben ser regulados según la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente, así lo prescribe el artículo 43: que queda en pie el Concordato de 1753 en todos aquellos puntos que no son alterados ó modificados por el presente; y que quedan salvas é ilegas las reales prerrogativas de la Corona de España; así lo estipula el artículo 44: que deben tenerse por revocadas todas las leyes, órdenes y decretos que á este Concordato se opongan; y que si en lo sucesivo ocurriese alguna dificultad, el Santo Padre y S. M. Católica se pondrán de acuerdo para resolverla amigablemente: así lo ordena el artículo 45.

No dudamos que se ofrecerán dificultades, como inevitablemente acontece en la ejecución de contratos que abrazan puntos tan varios y complicados como el presente. ¿Qué se