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tos muy beneméritos, de los cuales el uno era canónigo curado y presidente de una colegiata, el otro canónigo de oficio de otra colegiata, y el otro párroco de término en una respetable capital, ninguno de ellos ha sido atendido. Muy beneméritos son los presentados por el Gobierno para la indicada iglesia; pero no les asistía el derecho de justicia que á los tres presentados por el cabildo.

Por el mencionado decreto de 30 de abril se deroga lo que se prevenía en la real orden de 8 del mismo mes, á saber, que los agraciados con dignidad, canonjía ó beneficio en iglesia metropolitana, sufragánea ó colegial continuasen percibiendo su actual dotación hasta que estuviese definitivamente arreglado el personal de las iglesias. Esta medida, que se dictó en 8 de abril con calidad de interina, pero de cuya interinidad no se veía el término, llenó de sobresalto á los nuevamente agraciados: pues no disfrutando algunos de ellos sino de una asignación sumamente módica, de 4000 reales, por ejemplo, los que eran beneficiados, ¿cómo era posible que con tan módica asignación se presentasen á servir sus canonjías? Así es que algunos prefirieron quedarse en sus antiguos destinos hasta que pudiesen disfrutar por entero la asignación que á los canónigos señala el Concordato. Mas con la declaración del 30 de abril saben que su dotación interina no se prolongará mas allá del 1.º de julio ó de octubre respectiva. Este punto quedó mas extensamente declarado en otra real orden de 13 de abril, la que con otra anterior insertaremos en su lugar.

El Concordato, al determinar el arreglo del personal de las catedrales, olvidó una de nuestras mayores glorias religiosas; y un real decreto de 16 de abril subsanó este olvido. La iglesia del Pilar de Zaragoza ocupa un lugar muy distinguido en nuestra historia eclesiástica, y aun en la historia nacional, y el fausto suceso que motivó la fundación de aquel templo excita gloriosos recuerdos no solo en el pueblo zara gozano, sino en todos los restantes de España. Sin embargo, al determinarse en el artículo 17 el personal de las iglesias
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catedrales, se señala á la de Zaragoza igual número de capitulares que á las de Toledo y Sevilla, sin tenerse en cuenta que el clero catedral de Zaragoza tiene que servir dos iglesias, que son la de la Seo y la del Pilar. Haciéndose cargo de esta diferencia nuestro Gobierno, ha propuesto en decreto de 16 de abril la creacion de cuatro prebendas mas, á saber, una dignidad que llevará el título de Arcipreste del Pilar, una canonjía de oficio con el cargo de Penitenciario, destinado á la iglesia del Pilar, y otras dos canonjías de gracia. Alabamos esta atencion del Gobierno, y por ella le damos gracias.

El transcurso de los siglos, los sucesos especiales que dieron origen á muchas de nuestras iglesias, y otras causas que seria largo enumerar habian ido introduciendo una multitud de privilegios, derechos, prácticas en la toma de posesion de las prebendas, que no habia dos iguales que estuviesen conformes en esta parte, siendo en algunas tan especiales y tan exorbitantes, que por muy venerable que hubiese sido su origen, mas bien podrian llamarse abusos y corruptelas que laudables prácticas. Por un real decreto de 28 de marzo quedan abolidas todas estas prácticas, cualquiera que hubiese sido su origen y antigüedad, é igualadas todas las iglesias. Así, pues, deben cesar las llamadas pruebas de estatutos; ni podrán exigirse de los prebendados en el acto de tomar posesion, á mas de la mesada que previene el artículo 37 del Concordato, otros derechos que los de colacion y los gastos materiales, y aun esto con tal que no exceda de media mesada. Si bien con esta medida se cortan muchos abusos que gravaban y empobrecian á los prebendados antes de serlo, no hay duda que tambien se suprimen muchas prácticas que atendidos el origen y el noble fin á que se encaminaban, eran muy gloriosas á las iglesias. Por esto hubiera sido de desear que hubiese habido discernimiento al dictar esta medida, conservándose aquellas costumbres y privilegios que honran á los individuos y á las iglesias. Es de esperar que así se verifique con el tiempo, si se atiende á las palabras con que em-
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pieza el artículo 1.º: Cesarán, dice, por ahora y hasta que otra cosa se disponga en debida forma. Estas palabras suponen que no es en debida forma como ahora se hacen cesar estas costumbres; y que lo que se determina es tan solo en calidad de por ahora.

El nuevo orden de cosas introducido por el Concordato ha quitado á algunos cabildos ciertos privilegios y preeminencias de que gozaban en el modo de instituir á sus prebendados. Como esto no estaba explícitamente declarado en el Concordato, no ha podido menos de acarrear conflictos en algunas iglesias entre los prelados diocesanos y sus cabildos. A evitar estos conflictos tiende el real decreto de 14 de mayo, por el que se previene que los sujetos agraciados con alguna de las prebendas ó beneficios de todas clases deberán presentar al ordinario en el término prefijado la real cédula, en vista de la cual se les expedirá por el mismo el título de colación y canónica institución, mandando dar la posesión á quien corresponda; y sin mas requisito el cabildo le dará posesión lisa y llanamente, sin exigirle otro juramento mas que el de cumplir las obligaciones anejas á su oficio, en lo que no se oponga al Concordato.

El artículo 16 del Concordato prescribe que «además de los dignidades y canónigos que compondrán exclusivamente el cabildo, habrá en las iglesias catedrales beneficiados ó capellanes asistentes con el correspondiente número de otros ministros y dependientes.» El artículo 17 marca el número de estos beneficiados que ha de haber en cada una de estas iglesias. ¿Cuáles son los ministros de que habla el artículo 16? Parecía que debían ser con especialidad los destinados á la música, que sirven para dirigir y sostener el canto en los oficios divinos, y cuyas plazas se proveían por oposición. Sin embargo, una real orden de 16 de mayo declara que en las iglesias metropolitanas habrá seis beneficios anejos á los oficios de tenor, contralto, sochantre, sálmista, organista y maestro de capilla; que en las sufragáneas no habrá mas que cuatro, y dos en las colegiaturas que estén anejos á estos oficios.
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Respetamos la disposicion superior; pero no podemos menos de hacer observar que esto va á traer muchos inconvenientes. Primero, siendo ya tan reducido, como lo deja el Concordato, el número del clero beneficial en las catedrales, la real órden de 16 de mayo lo reduce mas, pues le quita seis ó cuatro plazas que regularmente tienen que desempeñar su oficio fuera del coro, las cuales se hubieran aumentado, si los tales oficios se hubiesen ejercido por los ministros de que habla el artículo 16, y cuya dotacion hubiera podido cargarse al presupuesto del culto. En segundo lugar, y este es el mas grave, siendo los tales beneficios colativos, y por consiguiente inamovibles, si el que sirve el oficio anejo á aquel beneficio llega á inutilizarse, como sucede frecuentemente, ó por causa de la edad, como necesariamente ha de suceder en los de canto, ó por otras causas que se anticipen á la vejez, quedará inservido aquel oficio, lo que puede continuar por muchos años, hasta que muera el obtentor, y aun puede suceder que en una misma iglesia suceda en muchos á la vez. Ya en algunas iglesias, que tenian los citados oficios anejos á beneficios, se experimentaban estos inconvenientes; pero se subsanaban por medio de sustitutos que desempeñaban el oficio de los que se habian inutilizado; lo que ahora no podrá verificarse por no tener las iglesias ningun sobrante en sus rentas como lo tenian antes.

La disposicion de que acabamos de hacernos cargo viene á ser contrariada en cierto modo por otra de 21 de junio, que dispone «se dirijan cédulas de ruego y encargo á los prelados, para que oyendo á sus cabildos determinen y establezcan por ahora las atribuciones, obligaciones y consideraciones que correspondan en cada iglesia á los nuevos beneficiados ó capellanes asistentes.» Siendo estos nuevos beneficiados ó capellanes los que vienen á reemplazar á los antiguos racioneros y medio-racioneros, como se llamaban en algunas iglesias, ó comensales y beneficiados, como se llamaban en otras, claro está que debiendo cesar estos, se ha de determinar las funciones, obligaciones, consideraciones, y hasta el
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traje que corresponda á los nuevos. Segun se indica en la referida real órden, parece que para lo sucesivo se uniformarán en todos los de todas las iglesias, determinándose las mismas consideraciones y obligaciones para todos. Pero como esta resolución exija mas meditacion y tiempo, se adopta, como medida interina, la que hemos dicho, de dirigirse á los prelados, para que consultando con sus cabildos determinen y establezcan por ahora lo que crean conveniente.

Hemos indicado mas arriba, hablando de los derechos que se exijan de los prebendados con motivo de la toma de posesion, que reduciéndose aquellos á un término mínimo, se les exija una mesada, ó mas bien se les descuente esta en el percibo de sus haberes, conforme á lo dispuesto en el artículo 37 del Concordato. Con este motivo el reverendo obispo de Valladolid había elevado una consulta acerca del modo como deberia hacerse este descuento, y en real órden de 7 de junio se dispone, que se les descuente por terceras partes en las tres primeras mensualidades que perciban. Y como al clero no se le paguen sus asignaciones sino por trimestres, resulta que de un trimestre se ha de descontar á los nuevos prebendados una tercera parte, ó sea una mensualidad entera.

En otra real órden de 9 de junio se habla del descuento de la referida mensualidad que ha de hacerse á los beneficios curados provistos por el Tribunal especial de las Ordenes militares y los patronos particulares. Dicho descuento debe verificarse por cuartas partes, ó sea por trimestres: es decir, que deberá hacerse en todo el año, descontándose una cuarta parte de la referida mensualidad en cada uno de los cuatro trimestres. Se declara asimismo, que dicho descuento no se verificará sino hasta que empiecen á percibir la dotacion señalada en el Concordato, es decir, hasta el 1.º de julio del presente año, en cuyo caso deberá hacerse por el total de la nueva asignacion que perciban.

Algunas medidas hemos visto relativas á la respetable clase de curas párrocos, de cuya noticia no queremos privar á nuestros lectores. El artículo 26 del Concordato en su últi-
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mo párrafo previene que los curatos de patronato eclesiástico se provean nombrando el patrono entre los de la terna que haya formado el prelado, y los de patronato laical nombrando el patrono entre aquellos que acrediten haber sido aprobados en concurso abierto en la diócesis respectiva. Como quiera que sea esta disposición deja más amplia la facultad de los patronos laicales que la de los eclesiásticos; pero de todos modos evita un perjuicio muy grande, cual es el que según el modo con que se ejercía antiguamente este derecho, podía importarse á una parroquia un cura párroco de luengas tierras, que no fuese conocedor de las costumbres, de los hábitos ni aun de la lengua del país. Hemos visto en Cataluña, por ejemplo, párrocos venidos de las provincias mas interiores de Castilla, y por muy recomendables que fuesen, tenían el gravísimo defecto de no entender á sus parroquianos, ni ser entendidos por ellos. Si los patronos han de escoger de entre aquellos que hayan sido aprobados en concurso abierto, no es regular que de lejanas provincias vengan á hacer oposición en una diócesis desconocida, por mas que á ello tengan derecho; y así queda subsanado este gravísimo inconveniente. Este sistema de presentación, al que no estaban antes sujetos los patronos particulares, así eclesiásticos como laicos, no debe ponerse en ejecución hasta el 1.º de julio de 1853, según se establece en la real orden de 21 de junio último. En el preámbulo de la mencionada real orden se da la razón de semejante dilación, porque, dice, esta disposición introduce «una novedad importante en la disciplina hasta ahora vigente, según la que estaban eximidos de concurrir á concurso los presentados por patronos, sujetándoles tan solo al exámen sinodal ad curam animarum:» y como los concursos generales en las diócesis no suelen hacerse sino de dos en dos años, resultaría si no imposible, al menos poco equitativa la aplicación inmediata de esta parte del Concordato; pues en aquellas diócesis donde se hayan celebrado concursos poco há, y no vuelvan á celebrarse sino hasta la época de dos años, se verían privados de su derecho los patronos por todo este
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tiempo. Se prescribe, pues, que hasta el 1.º de julio de 1853 se presenten y consieran los tales curatos como lo habian sido hasta aquí, y que de aquella fecha en adelante se guarde lo prescrito en el artículo 26 del Concordato, debiendo ser aprobados los presentados en concurso abierto en la diócesis respectiva. Sin embargo, por el artículo 3.º de la referida real órden se supone que los patronos pueden presentar un sugeto que carezca de aquel requisito; pero que en este caso el presentado deberá dentro del término de cuatro meses hacer constar que han sido aprobados sus ejercicios en concurso particular. En este caso ¿deberán los ordinarios convocar sínodo particular siempre y cuando se ofrezca un caso de esta naturaleza? La real órden parece que lo deja al arbitrio del diocesano, «el que, dice, podrá convocar para todos los que quieran habilitarse á fin de aspirar á curatos de patronato laical.» Si, pues, no quiere el diocesano, no estará obligado á convocar concurso particular, y podrá hacer que los presentados se aguarden para cuando se celebre concurso general.

De esta dilacion hasta el 1.º de julio de 1853 se exceptúa la última parte del párrafo primero del citado artículo 26, que dice así: «Cesará por consiguiente el privilegio de patrimonialidad y la exclusiva ó preferencia que en algunas partes tenian los patrimoniales para la obtencion de curatos y otros beneficios.» Esta parte «debe considerarse en su fuerza y vigor desde el dia 20 de octubre último, en que se publicó como ley del Estado el Concordato,» según se previene en real órden de 30 de enero último. Así, pues, esta clase de curatos, vicarías, tenencias y beneficios, cuyos obtentores ejercen real y efectivamente la cura de almas, deben proveerse al tenor de lo dispuesto en el mismo Concordato, y sin perjuicio de lo que se determinare en el plan parroquial de la diócesis. Mucho celebramos esta medida, pues la limitacion de los sugetos en quienes debia recaer la provision de estos curatos embarazaba mucho á los obispos para dar á aquellas parroquias pastores aptos é idóneos.

Otra medida hemos visto que no podemos menos de aplau-
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dir sobremanera. Tal es la que dispone se atienda de un modo conveniente y decoroso á los curas párrocos que en el desempeño de su ministerio se hayan imposibilitado habitualmente. Eran ciertamente dignos de lástima los respetables individuos de esta clase que después de haber servido con celo y fidelidad el espinoso cargo de su parroquia por un dilatado número de años, no podían contar con una decente subsistencia en el caso de que ó por vejez ó por otras causas físicas llegasen á imposibilitarse. Con fecha de 30 de abril se expidió una real orden, por la que se ordena que cuando llegue á noticia del prelado diocesano hallarse habitualmente imposibilitado algun cura párroco, instruya el oportuno expediente canónico; que acreditada la imposibilidad, eleve el expediente al Gobierno, designando la dotación que concep- túe conveniente, para los coadjutores, así como la parte de dotación que los párrocos deban conservar. Marca la escala que deberá seguirse en estas asignaciones, que son la mitad como máximum en los curatos urbanos, las dos terceras partes en los rurales de primera clase, y las cuatro quintas partes en los de segunda. Nosotros que deseamos ardientemente ver debidamente recompensada á la benemérita clase parroquial, no podemos avenirnos á que á los infelices de las parroquias rurales de primera y segunda clase, que cuando sanos perciben apenas lo necesario para cubrir sus precisas atenciones, se les cercene aun en una cuarta ó quinta parte su mezquina asignacion, cuando estén enfermos ó imposibilitados, precisamente cuando sus necesidades serán mayores, y ningunos los emolumentos con que cubrirlas. Desearíamos por lo tanto que á los párrocos de entrada de las parroquias urbanas y á los de rurales así de primera como de segunda clase, se les conservase su asignacion entera, aun cuando se imposibiliten. Como estos casos son raros en estas categorías, pues por lo comun son jóvenes los que obtienen aquellos curatos, poco mas gravado saldria el fondo del imprevisto general, del que han de salir las dotaciones de los párrocos imposibilitados.
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Si por esta parte es favorable á los curas párrocos la real órden de 30 de abril, les es desfavorable la disposicion 9.a, en la que se prohibe elevar en lo sucesivo á la aprobacion real expediente alguno para conceder jubilacion á los párrocos. Casos hay en que la jubilacion viene á ser una necesidad y un acto de justicia. Un párroco que se halla á los setenta ó ochenta años de edad, que cuenta con cincuenta ó sesenta años de ministerio parroquial, que no ha llegado á obtener un curato que le preste coadjutor, que no se halla en estado de poderse declarar imposibilitado habitualmente, pero sí que lo está de hecho en muchas temporadas del año, y á quien su ancianidad y achaques consiguientes le hacen moralmente incapaz de levantar sin el auxilio de otro las cargas de su ministerio, ¿no sería equitativo, y aun sumamente ventajoso al buen desempeño del ministerio pastoral, que en llegando á cierta edad, y contando un cierto número de años de servicio, se le jubilase, para que terminase en la paz y el reposo los dias de su vida? ¿No es el hombre en cierta época de su vida, después de haber trabajado toda ella, acreedor al descanso?

Esperamos que así se establecerá con el tiempo; y así nos lo hace esperar el preámbulo de la real órden que venimos analizando. En dicho preámbulo se expresa que solamente se toman las resoluciones contenidas en esta real órden «hasta que llegue el dia en que puedan distribuirse convenientemente entre todos los partícipes, y administrarse en cada diócesis con entera independencia del Estado, como se practicaba antes de las pasadas vicisitudes, las rentas eclesiásticas y la cuota de la imposicion sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza pecuaria que se reconozca necesaria para completar la dotacion del clero.» Estas palabras nos son muy consoladoras, y tomanos acta de ellas. Es muy humillante para el clero la fiscalizacion que hace el Estado hasta sobre el último maravedí de la Iglesia. Es muy embarracosa una administracion, en la que siendo de sí muy complicada, se la complica mas y mas con tantas órdenes y dis-
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posiciones que todos los días se están dictando. Y después de todo esto se encuentran muchos vacíos, como el que venimos notando acerca de las jubilaciones, especialmente en la clase de párrocos en cierta edad y circunstancias. Calcúlese lo que pueda necesitarse para cubrir todas las atenciones del culto y del clero: hágase un presupuesto bueno ó malo, y después de hecho, déjese al clero que él por sí mismo administre sus rentas sin dar cuenta á nadie, haciendo la distribución según las reglas canónicas, y conforme él entienda mas conveniente para el mejor servicio de la Iglesia. Si el clero es independiente en la administración y distribución de sus rentas, ni distraerá al Gobierno de sus multiplicadas atenciones, ni se embrollará tanto la administración eclesiástica con esa multitud de disposiciones y reglamentos, que como redactadas por una mano profana, por muy inteligente y bien intencionada que sea esta, nunca pueden ser tan acomodadas como sería de desear á la índole y verdaderas necesidades de la Iglesia.

Con el objeto de poner en ejecución el artículo 33 del Concordato, y á fin de tener los datos convenientes para hacer la competente división entre parroquias urbanas y rurales, se ha expedido una real orden con fecha de 11 de febrero, en la que se pide á los diocesanos una noticia exacta y detallada de todas las parroquias que existan en sus respectivas diócesis, con expresión de las que son urbanas y rurales, así de primera como de segunda clase, y el número de vecinos que contenga cada una. Siendo tan imperfecta como es nuestra estadística, no podrá menos de ser también inexacta esta noticia, y aun perjudicial á los mismos párrocos. Es sabido el empeño que generalmente tienen los pueblos en ocultar ó disminuir el número de su población, ó por evitar el recargo de contribuciones, ó por otras causas. Si los prelados diocesanos denuncian el verdadero número de los vecinos, perjudican á las poblaciones, y se hacen odiosos: si lo dan tal como los pueblos lo han denunciado, resulta en perjuicio de los párrocos, á quienes tal vez se les califica de rurales de se-
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gunda clase debiendo serlo de primera, ó correspondiéndoles tal vez la calificación de párrocos urbanos por tener bajo su cuidado pastoral el correspondiente número de vecinos. Este es un inconveniente que no hacemos mas que denunciar.

Una real orden hemos visto, que revela un pensamiento muy piadoso y muy laudable, y que deseáramos que diera los mas brillantes resultados. Trátase por el Gobierno «de «un proyecto para elevar al mas alto grado posible de de-« coro, pompa y devocion el culto y sus templos:» y como se trata al mismo tiempo de no afectar los recursos del Erario, por esto se ha tenido que acudir á un arbitrio que concilie lo uno con lo otro. Al efecto se ha expedido con fecha de 16 de febrero una real orden á los prelados diocesanos, para que manifiesten si creen posible, hacedero y de buenos resultados el ensayar en sus diócesis la concesion de patronatos vitalicios. Estos patronos podrian ser uno, dos, tres ó mas hasta siete en cada parroquia, cuyo número podria variar según la respectiva importancia de cada feligresía. A estos patronatos estarian anejos ciertos derechos honoríficos, eclesiásticos y civiles, y la obligacion, previa y debidamente garantida, de cubrir los gastos ordinarios del culto y fábrica, sin que por tales patronatos se entienda menoscabado en lo mas mínimo el alto y supremo patronato real que gozan los reyes de España. Con respecto á las iglesias que ya tienen un patrono particular, el diocesano ha de informar si el tal patrono cumple con todos los deberes que le impone su patronato; y en el caso de no cumplirlos, que se le excite á significar si quiere conservar el patronato cumpliendo las cargas, ó bien renunciarlo; en cuyo último caso se ha de inquirir si dentro de la familia ó de la misma poblacion hay quien quiera residirle.

Mucho deseáramos que los efectos correspondiesen á los buenos deseos del Gobierno; pero recelamos que no sea así, á lo menos por ahora, por hallarnos desgraciadamente en tiempos de egoísmo, en que son muy poco conocidos y me-