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glo del personal de las iglesias catedrales. En cuanto á los primeros, ningun recelo abrigamos de que los nombrados sean dignos de figurar entre los sucesores de los Apóstoles: los obispos nombrados hasta aquí desde el año 1848 nos hacen augurar bien del porvenir. Tambien esperamos que sean acertados los nombramientos para las muchas prebendas que deben proveerse; y nos lo hace esperar así la actitud que ha tomado en este negocio la Cámara eclesiástica. Ahora que están en esqueleto los cabildos, y que deben, por decirlo así, constituirse de nuevo, es cuando debe darse un paso de la mas alta importancia, y que podrá tener mucha trascendencia en el porvenir. Entre los restos de los cabildos, que han dejado todavía diez y siete años de revolucion y de trastornos, existen aun eclesiásticos muy dignos y respetables: los cuarenta y tantos obispos nombrados desde 1848, y salidos en su mayor parte de los cabildos, atestiguan lo que eran estas corporaciones cuando estaban íntegras, no obstante algunos abusos que el tiempo habia introducido en los nombramientos. Si á los restos que quedan todavía se les agregan los sugetos que por sus virtudes, sus talentos y sus méritos sean mas acreedores, es de esperar que los nuevos cabildos sean lo que deben ser segun la institucion de la Iglesia, las corporaciones mas respetables y eminentes, puestas en el escalon inmediato al episcopado, dignas de intervenir bajo la inmediata direccion de los obispos en la administracion y resolucion de los negocios eclesiásticos; y que ya que la revolucion ha trabajado tanto en despojarlas de aquel prestigio y esplendor que las daban sus antiguas rentas, recobren con creces este esplendor y prestigio en medio de su pobreza, brillando en medio del clero y á los ojos del pueblo cristiano por su virtud, ciencia y celo en todo lo que concierne á la gloria de Dios y al bien de la Iglesia.
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LIBRERÍA RELIGIOSA.

Según se anunció en el número anterior, se reparte en este mes á los señores suscriptores de la primera Serie el primer tomo de las Reflexiones sobre la naturaleza de Sturm, y á los de la segunda el tercero de los Estudios filosóficos sobre el cristianismo de Augusto Nicolás. Habiendo resuelto la empresa, á fin de proporcionar variada lectura, y satisfacer los diferentes gustos de los suscriptores, publicar en la primera Serie, simultáneamente con la obra de Sturm, las de la gloriosa Madre santa Teresa de Jesús, se dará en el próximo mes de noviembre el primer tomo, que contiene la Vida de la inspirada Escritora con su retrato, primorosamente grabado sobre acero. En el mes de diciembre saldrá el cuarto tomo de los Estudios filosóficos, con el que quedará terminada esta obra inapreciable.

La extraordinaria é inesperada aceptación que ha tenido la Librería había hasta ahora privado á la empresa de poder cumplir con los que la pedían colecciones completas de los tomos publicados; mas, quedando ya todos reimpresos, y cubiertos los suscriptores de los que les faltaban, tiene la satisfacción de anunciar, que se halla en el caso de satisfacer sin demora cuantos pedidos se la hagan de las publicaciones que lleva hechas.

También queda reimpreso el Camino recto para llegar al cielo del Excmo. é Ilmo. Sr. D. Antonio Claret, cuyo precio se ha fijado á cinco reales, esto es, medio real más de la anterior edición, por habersele añadido á esta cincuenta y seis páginas de impresión. Con esta adición nada le falta á este precioso libro para ser un devocionario el más completo.
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En el consistorio del 10 de abril se han propuesto las iglesias siguientes:

La patriarcal de Constantinopla, in partibus, para el ilustrísimo Domingo Lucciardi, promovido de la arquiepiscopal de Damasco, también in partibus.

La arquiepiscopal de Ancyra, in partibus, para el ilustrísimo Esteban Scerra, promovido de la episcopal de Orope, también in partibus.

La catedral de Volterra, en Toscana, para el R. P. Fernando Baldanzi, sacerdote de Prato, canónigo y vicario general de esta iglesia.

La catedral de Paz, en la América meridional, para el R. D. Mariano Fernandez de Córdoba, sacerdote de Prato, confesor, predicador y canónigo tesorero de esta iglesia, y doctor en teología.

La catedral de san José de Costa-Rica, en la América central, de nueva creación, para el R. D. Anselmo Llorente, sacerdote de Costa-Rica, confesor, predicador y director del seminario arzobispal de Guatemala.

La episcopal de Etalonía, in partibus, para el R. D. Juan Sarrebeyrouze, sacerdote de Tolosa, confesor, predicador y vicario general de la diócesis de Ajaccio, y designado coadyutor de este obispo.

En el primero de estos consistorios se pidió además el sagrado palio para el arzobispo de Salzburgo, y en el segundo se hizo la ceremonia de poner el birrete cardenalicio á los Emos. cardenales Fornari y Gousset, el primero reservado in pectore en el consistorio de 21 de diciembre de 1846, y ambos promovidos á la dignidad cardenalicia en el de 30 de setiembre de 1850. Los referidos purpurados fueron conducidos á la capilla contigua á la sala consistorial, en donde prestaron el juramento prescrito por las constituciones apostólicas, estando presentes los cardenales Macchi, decano del Sacro Colegio; Brignole, camarlengo del mismo; Franzoni, primer cardenal del orden de presbíteros; Riario-Sforza, primero del orden de diáconos, y camarlengo de la Iglesia ro-
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REVISTA CATÓLICA.

TOMO VIGÉSIMO.
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se alteraria, á lo menos sustancialmente, de lo allí establecido; ¿por qué en el transcurso de estos meses no se han preparado estos reglamentos, á fin de que á la promulgacion pudiese seguirse inmediata la ejecucion, á lo menos en muchas de las disposiciones? Y cuenta que no somos nosotros de los impacientes, ni tenemos un interés directo y personal en que se hagan las innovaciones que en el Concordato se proclaman, pero deseamos que si se hacen las cosas, sea con formalidad; y que si se escriben leyes, no sea para estarse en el papel.

Ya, pues, que los puntos contenidos en el Concordato no deben ejecutarse, sino en cuanto lo ordenen decretos particulares, vamos á dar cuenta á nuestros lectores de los que con este motivo se han publicado en la Gaceta. Por el artículo 11 del Concordato quedan abolidas todas las jurisdicciones privilegiadas y exentas. Un real decreto de 17 de octubre ordena que continúen los territorios exentos hasta que se terminen y tengan cumplido efecto los nuevos límites y demarcacion particular de cada diócesi, exceptuándose las exenciones de los obispados de Leon y Oviedo, los cuales desde luego deben depender de sus respectivos metropolitanos, á saber: de Burgos el primero, y de Santiago el segundo, conforme ya estaba prevenido en los artículos 6.º y 8.º

Debiendo continuar tambien las iglesias metropolitanas, catedrales y colegiales sin alteracion hasta que se organicen con arreglo al Concordato, se manda por el mismo decreto poner en ejecucion los artículos 14 y 15, por los que se da á la dignidad episcopal grandes preeminencias con respecto á los cabildos, lo que debe verificarse hasta en aquellas iglesias que deben quedar suprimidas por agregarse á otras. Mucho nos alegramos que sea fortificada la autoridad episcopal, porque para nosotros el principio de autoridad, en cualquier género que sea, es muy sagrado; y si en otros tiempos en que los hombres eran mas pacíficos y sumisos, no era de tan funestas consecuencias como ahora la relajacion de este vínculo, en los presentes, que son de revolucion y de vértigo,
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conviene restablecerse en toda su rigidez el prestigio de la autoridad: y ¡ojalá que tuvieran esto bien presente los hombres políticos al confeccionar sus códigos y planes de gobierno! Pero al mismo tiempo que se ensalzan la autoridad y el prestigio de los obispos sobre los cabildos, deseamos que estas corporaciones no sean reducidas á la nulidad, y se tenga en cuenta que en la actual disciplina de la Iglesia y en el presente estado de cosas en España, los cabildos están llamados á prestar grandes servicios, ya para llevar á cabo con buenos resultados esa especie de reorganización que quiere darse á la Iglesia de España, ya para sostener en las vacantes los derechos y la disciplina eclesiástica.

Otro punto encontramos que se ha mandado ejecutar relativamente al Concordato. Por el artículo 12 se suprimen la Colecturía general de espolios, vacantes y anualidades y el tribunal apostólico y real de la gracia del Excusado. Anómalo parecía que se conservasen estas instituciones, cuando había cesado completamente su objeto; y las revoluciones y trastornos de estos últimos años hacían impracticables sus medidas. Con fecha de 21 de octubre quedan suprimidos de hecho y de derecho esta Colecturía y tribunal, transfiriéndose al señor arzobispo de Toledo, como encargado de las facultades espirituales de Comisario general de Cruzada, el conocimiento y decisión de los asuntos que hubiere pendientes: los ministros que componían el tribunal deben pasar á residir sus prebendas dentro de dos meses: se entregarán á los respectivos prelados diocesanos los ornamentos y pontificiales que hubiere existentes en poder de la colecturía suprimida, y se considerarán como propiedad de la mitra: los cabildos de las iglesias, cuyas mitras estén vacantes, así como los de las otras que sin estarlo tuvieren pendientes negocios de esta clase, deben nombrar economos, en conformidad á lo dispuesto en el artículo 20 del Concordato, y en esta parte deben atemperarse los cabildos á lo que dispone el artículo 37, debiendo considerarse los economos como subcolectores diocesanos. Estas son las principales disposiciones del real decreto de 21
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de octubre relativo á la ejecucion del artículo 12 del Concordato.

Otra disposicion muy grave, relativa á la ejecucion de uno de los artículos del Concordato, se comunica por una circular de 22 de octubre á los prelados diocesanos. En el artículo 29 se habla del restablecimiento de las congregaciones de san Vicente de Paul y san Felipe Neri, así como de otra de las órdenes aprobadas por la Santa Sede. Sabido es que según las disposiciones de la Iglesia los institutos de regulares están exentos de la jurisdiccion de los ordinarios, exencion que se reconoce como permanente, aun en España, en el artículo 11, párrafo 4.º del Concordato. Sin embargo, por un Motu proprio de Su Santidad de 12 de abril de este año se suspende esta exencion con respecto á las casas de las congregaciones y órdenes regulares que se restablecieren en España. Siendo indisputable la potestad de la Santa Sede en suspender ó moderar la exencion de las personas regulares de la jurisdiccion episcopal, siempre que así lo exija la utilidad y necesidad de la Iglesia, nada dirémos á esto sino que, ya que así lo ha dispuesto la Santa Sede, es porque lo habrá juzgado útil ó necesario al bien de la Iglesia; y no seremos nosotros los que nos tomemos la libertad de censurar semejante acto bajo el pretexto de examinar si era, ó no, útil ó conveniente á la Iglesia. La Santa Sede ha juzgado que «al « presente son tales las circunstancias en el reino de España, « que parece conveniente poner bajo la jurisdiccion de los or-« dinarios, por un intervalo de tiempo, las congregaciones y « órdenes regulares que allí se instituyan. » La Santa Sede lo ha juzgado así; y solo al de Dios está sometido su juicio. Pero según se desprende de las palabras que acabamos de citar, esta suspension es solo por un intervalo de tiempo; y este tiempo es el de diez años á contar desde el dia de la fecha, que es el 12 de abril de 1851. Pero como esta suspension es solamente para las casas religiosas que se restablecieren en lo sucesivo, y no para las que ya se hallen establecidas, ocurre una dificultad en la inteligencia de las palabras que á ello se
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resieren. Las palabras textuales del Motu proprio dicen así:
Mandamus ut domus Congregationum atque Ordinum regularium, qui per Hispaniam restituentur adhinc proximum decennium ab hac die incipiendo respectivis Episcopis et Ordinariis dioecesanis tamquam ab Apostolica Sede delegatis omnino subjiciantur. La traducción oficial de estas palabras, publicada en la Gaceta dice así: Mandamos que las casas de las Congregaciones y Órdenes regulares que se restablezcan en España en el próximo decennio, que ha de principiar desde este mismo día, estén sujetas enteramente á los respectivos obispos y ordinarios diocesanos, como delegados por la Sede apostólica.
¿Querrá decir que la sujeción á los ordinarios haya de durar solamente por diez años, de manera que en 12 de abril de 1861 queden exentas las mencionadas casas como las otras establecidas fuera del decennio? ¿O será tal vez que las casas restablecidas desde el 12 de abril de 1851 hasta igual fecha de 1861 hayan de quedar perpetuamente sujetas á los ordinarios? Ambas cosas pueden entenderse, y si entre las palabras del texto latino restituentur y adhinc proximum decennium hubiere una coma, como sospechan algunos, entonces no dudaríamos que la mente de la Santa Sede ha sido sujetar á los ordinarios las casas que van á restablecerse, debiendo durar la sujeción tan solo en el plazo del decennio, y debiendo quedar exentas al espirar este plazo. Pero como la solución de esta dificultad no interesará sino hasta el año 1861, tiempo habrá para consultarla á quien corresponda.

También el artículo 19 del Concordato ha sido objeto de otro real decreto que es del 14 de noviembre. El artículo 19 previene que no se confiera «ninguna dignidad, canonjía ó «beneficio de los que exigen personal residencia á los que «por razon de cualquier otro cargo ó comision estén obliga- «dos á residir continuamente en otra parte.» De esta regla se exceptúan hasta seis prebendados de las catedrales de la Península que podrán obtener simultáneamente capellanías en la Real capilla. Y luego se añade en el artículo del Concordato: «Respecto de los que en la actualidad y en virtud de
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indultos especiales ó generales se hallen en posesion de dos ó mas de estos beneficios, cargos ó comisiones, se tomarán desde luego las disposiciones necesarias para arreglar su situacion á lo prevenido en el presente artículo, según las necesidades de la Iglesia y la variedad de los casos.» Estas disposiciones se han tomado ya por el decreto de 14 de noviembre, mandándose por el artículo 1.º que los eclesiásticos que obtengan dignidad, canonjía ó beneficio que exijan personal residencia, y que por razon de cualquier otro cargo ó comision están obligados á residir en otra parte, se restituyan á sus iglesias en el preciso término de dos meses, si se hallan en España, ó de cuatro, si en el extranjero; á no ser que renuncien á sus beneficios. De esta obligacion encontramos exceptuadas por el decreto del 14 de noviembre muchas mas personas que por el artículo 19 del Concordato. Por este último, como hemos dicho, no se exceptuaban mas que seis de los capellanes de la capilla Real; por el decreto se exceptúan todos los capellanes de honor y demás eclesiásticos que sirven en la Real capilla plazas de número con sueldo, y además los auditores de la sacra Rota romana; el auditor, asesor y abreviador de la Nunciatura apostólica en Madrid; los jueces, auditores y fiscal del tribunal de la Rota en la misma corte; el Comisario general de los santos Lugares de Jerusalen, y los sumilleres de cortina. Que se haga esta excepcion en favor de los adictos á la Nunciatura y á las dos Rotas, así la romana, como la de Madrid, lo comprendemos muy bien, y lo encontramos muy justo; porque estos puestos deben estar servidos por eclesiásticos muy eminentes, y como dichos puestos no son piezas colativas, es preciso que las obtengan en otra parte, y sean su título de ordenacion. Mas no vemos que milite la misma razon en favor de los que sirven en la Real capilla. Toda vez que esta tiene plazas de número y con sueldos fijos, sueldos mucho mas crecidos que las asignaciones de las mayores prebendas de las primeras catedrales, ¿por qué las capellanías de honor no podrian convertirse en piezas eclesiásticas colativas, y serian títulos de
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ordenacion mucho mas honoríficos y lucrativos que las prebendas de Toledo y Sevilla? Así sin rebajar en nada el lustre de la Real capilla, no se perjudicaria á las catedrales, cuyos prebendados sin dejar este título pasan á la Real capilla: y aun así no faltarian prebendados de las primeras catedrales que dejarian con gusto sus prebendas por pasar á ser capellanes de honor de S. M.

Otro acto encontramos expedido por el Gobierno con fecha de 26 de setiembre, que lo juzgamos muy razonable y justo. Este es el restablecimiento de la plaza de agente real de preces á Roma, plaza que existia en tiempos de la antigua Cámara de Castilla. Esta plaza estaba casi siempre servida por un oficial de la extinguida Cámara, sin aumentar por esto los gastos de empleados. Ahora, pues, se restablece este destino, y así como antiguamente lo desempeñaba uno de los oficiales de la secretaría de la Cámara de Castilla, ahora debe desempeñarlo precisamente un oficial de sección de la de Negocios eclesiásticos del ministerio de Gracia y Justicia, debiendo ser gratuito su desempeño con solo una gratificación de 4000 rs. para gastos. Las funciones de este agente real deben ser las mismas que fueron antiguamente.

Tambien hemos visto otro decreto de 19 de setiembre relativo á los gastos que importe la reparacion de templos. El decreto establece tres categorías: reparaciones cuyo coste no exceda de 500 rs., otras que no excedan de 2000, y otras que pasen de esta cantidad. Pero en todos los casos se presenta la cosa tan engorrosa, que bien habrá de consentirse que se hunden los templos antes de conseguirse las cantidades necesarias para su reparo. Nos limitaremos al primer caso que parece de mas fácil solucion. Antes de todo, sea la que fuere la cantidad que importare el presupuesto, el cura párroco y el ayuntamiento del pueblo deberán dirigir al diocesano una solicitud en la que expresen la naturaleza de la obra, el servicio á que se obligan los vecinos, sea en limosas, sea en materiales, ó en trabajo personal, ó de cualquier otro modo. En vista de esto el diocesano mandará formar el
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presupuesto: si este no excediere de 500 rs., lo resolverá el mismo diocesano, y si los vecinos costearon todo el importe, procederá desde luego á verificar la obra. Para esto no eran necesarios decretos, ni reglamentos, ni solicitudes, ni expedientes: con su dinero cada uno hace lo que le da la gana. Si los vecinos no ofrecen la suma, el diocesano hará la reclamacion al ministro de Gracia y Justicia. Y hecha esta reclamacion, ¿soltará el ministro los 500 rs. que se piden? No, sino que el ministro la atenderá, ó dejará de atenderla, á medida que lo permitan los fondos destinados á estos objetos y reclamaciones que haya de la misma clase. Todavía hay mas: el diocesano, el párroco y el alcalde han de informar de la capacidad y honradez del alarife, maestro de obras ó aparejador que hubiere reconocido la obra y formado el presupuesto. Luego una junta compuesta del párroco, primer teniente, si lo hay, alcalde, síndico, primer contribuyente del pueblo y los dos feligreses que hubieren ofrecido mayor limosna, ha de responder de la inversion de la cantidad, que, como hemos dicho, en estos casos no pasa de 500 rs. La junta habrá de rendir cuentas al diocesano, y este las habrá de remitir al ministro de Gracia y Justicia con copia de su decreto de aprobacion. Esto si el presupuesto de la obra no excede de 500 rs.: ¿cuánto mas remirado no se andará el Gobierno si llega á 2000 rs.? ¿Qué si llega á cuarenta, ó cincuenta, ó cien mil, como puede llegar muy fácilmente si se trata de reparar una catedral ó uno de esos templos, obras maestras del arte, en que nuestros padres sin cuidarse de presupuestos invertian generosamente tantos millones, no sacados á viva fuerza de los contribuyentes, sino ofrecidos espontáneamente por la piedad, ó sacados de las rentas eclesiásticas? Ciertamente que al reparar en el grande aparato de formalidades y expedientes que para cualquier friolera se exigen en nuestros tiempos, nos asalta el deseo de volver á aquellos otros que llaman de oscurantismo, en que se hablaba menos y se obraba mas. ¡Cuánto mas conforme sería que en el presupuesto del culto y clero se señalase una can-
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tidad alzada para este objeto, dejando á los obispos la responsabilidad en su inversion?

El mes de diciembre ha sido fecundo en decretos relativos á la ejecucion de varios artículos del Concordato. Entre ellos nos han llamado particularmente la atencion los que se ocupan del arreglo del personal de las iglesias catedrales, y de la incautacion por el clero secular de los bienes pertenecientes á las extinguidas comunidades religiosas, que no habian sido enajenados antes, y que deben serlo ahora. La ejecucion del primero la deseábamos, la de la segunda la tememos. Y ¿cómo no habíamos de desear que se arreglase el personal, cuando en la generalidad de las iglesias habia este quedado reducido á un estado tan diminuto y tan mezquino que no podia ya darse el culto al Señor, ni guardarse en muchos puntos las rúbricas de la Iglesia, ni siquiera celebrar de pontifical muchos prelados por falta de ministros asistentes?

Con fecha de 21 de noviembre se ha expedido un decreto, que no se ha publicado hasta el 13 de diciembre, por el que se manda que se complete el personal de las iglesias metropolitanas y sufragáneas, según la planta que se prescribe en el artículo 17 del Concordato, sin aguardar á qué se concluya la nueva demarcacion de diócesis, lo que es obra larga y engorrosa. Con respecto á la de Valladolid se previene que aunque no se titule ni sea realmente metropolitana, hasta que canónicamente se la erija tal, se la dote sin embargo del personal que en el artículo 17 se la señala. Esto es muy conforme, así como tambien lo es que á las iglesias catedrales, que según el artículo 5.º deben quedar suprimidas, y según el párrafo 5.º del artículo 21, convertidas en colegiatas, se las dé ya desde ahora el personal que como tales les corresponde. Si así no se hiciese, el dia que se verificase la nueva demarcacion de diócesis, resultarian graves inconvenientes con respecto al personal existente. En la provision de prebendas se prefija cierto orden, debiéndose proveer primamente, las de las iglesias metropolitanas y por su orden las de las sufragáneas que han de quedar, las de colegiatas en