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nos practicados aquellos piadosos y generosos arranques, en que tanto se distinguieron nuestros padres, los que contaban como uno de sus mas nobles títulos y de sus mayores riquezas proteger la Iglesia y promover con larga mano el culto del Señor. De este recelo participa tambien el Gobierno, cuando encarga á los diocesanos que evacuen su cometido «sin que desmaye ni se desamine su celo, porque vea ó recele que ha de ser corto al principio el número de las personas, que ya por devocion, caridad ó entusiasmo religioso, ya por dar lustre y honra á sus familias, ya por propia gloria y merecimiento de otros géneros, quieran sobresalir y distinguirse de este modo entre sus convecinos y feligreses.» Si estuviéramos en tiempos de una fe y de una piedad tan vivas como fuera de desear, habría bastado esta excitacion; mas como esto desgraciadamente no es así, parécenos habría sido mas conducente el que se hubiese manifestado en qué han de consistir estos derechos honoríficos, eclesiásticos y civiles, de que se hace mencion, y que han de ser como la recompensa del patronato. No dudamos que esta revelacion habría alentado á muchos que ahora están fríos é indiferentes.

Otra disposicion hemos visto de mucha importancia, y que extrañábamos no se hubiese dictado desde los primeros dias de haberse promulgado el Concordato. Tal es la derogacion formal de la ley de 19 de agosto de 1841 relativa á capellanías colativas de patronato activo ó pasivo de sangre. Era ciertamente una miseria ver como los bienes que los piadosos fundadores habian destinado á proveer de ministros á la Iglesia, y á facilitar á los fieles un pasto espiritual mas abundante, pasasen á manos legas que disipaban aquellos bienes en objetos bien ajenos de la voluntad de los donadores, y esto sin mas fuerza que la de una ley civil dictada en dias de efervescencia y de vértigo sin ningun asentimiento de parte de la Iglesia, y al contrario habiéndolo esta protestado solemnemente por boca de su supremo Jefe. Sin embargo, diez años ha estado en ejercicio en un país católico esta ley, y á su sombra se han destruido muchas de estas capellanías ó beneficios,
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se han disipado sus bienes, se ha dado un escándalo á los fieles. Afortunadamente, y sentimos un placer y un orgullo en decirlo altamente, la mayor parte de los patronos han estado bien distantes de querer aprovecharse de las ventajas temporales que aquella ley civil les ofrecía. Creían ellos que en conciencia no podían recibir, ni menos reclamar unos bienes que sus mayores habían cedido á la Iglesia, y de los que nadie sino esta podía disponer. Así que, si no habían fallecido los que en 1841 poseían aquellos beneficios, los tales patronos se habían abstenido de reclamar que se les adjudicasen sus bienes; y si habían quedado vacantes desde aquella fecha, los patronos haciéndose declarar por los trámites legales el derecho que á ellos les asistía, los presentaban á persona canónicamente hábil, declarando que mientras por la ley civil se impidiese tomar la institución canónica, instituían á los presentados como administradores para percibir las rentas y levantar las cargas del beneficio. Este medio lo hallamos muy honroso, muy concienzudo, el único que podía adoptarse en aquellas circunstancias. Así es como se han salvado muchos de los beneficios de sangre, y han sido levantadas sus cargas hasta ahora. Nosotros elogiamos la delicadeza de estos patronos, porque ha podido en ellos mas la conciencia que el cebo del interés.

Pero si hasta aquí no podía hacerse otra cosa, hemos llegado á una época en que es preciso hacer una reparación solemne á la Iglesia, y quitar á los codiciosos todo pretexto de seguir despojándola de sus bienes. El Concordato lo ha hecho, y por un real decreto de 30 de abril se ha dado una plena aplicación en esta parte. Por dicho real decreto se declara que desde el 17 de octubre último queda derogada la ley de 19 de agosto de 1841 relativa á capellanías colativas de patronato activo ó pasivo de sangre, así como las disposiciones relativas á las fundaciones piadosas familiares. Las capellanías, pues, y las fundaciones, cuyos bienes no hubiesen sido adjudicados hasta el 17 de octubre, ó sobre las que no pendiese juicio en aquella fecha, quedan subsistentes, y
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en lo sucesivo se adjudicarán por los tribunales eclesiásticos, y servirán de título de ordenación. Si los referidos bienes hubieren sido adjudicados á persona que se hubiese ordenado ó se ordenare en lo sucesivo con este título, se considerarán como no adjudicados; y cuando vacare aquella capellanía ó beneficio por muerte ó renuncia del obtentor, se proveerá y adjudicará en los términos que previenen la fundación y las disposiciones canónicas.

Este decreto deja expeditos á los prelados diocesanos, que si bien veían en el Concordato incluida semejante disposición, no se atrevian, sin embargo, á ejecutarla; deja á la Iglesia un buen número de ministros que podrán ayudar á los párrocos en dar á los fieles el pasto espiritual; y suministra datos positivos para que cuanto antes pueda formularse el plan parroquial y beneficial, que tantas veces se ha anunciado, y que es de tanta necesidad. Una cosa deseamos para cuando se haga este arreglo; que por las autoridades competentes se disponga la cosa de manera que los beneficiados ó capellanes que queden existentes en las parroquias sean de utilidad mas positiva á los fieles y al culto del Señor, aun cuando para ello sea menester añadir algunas cláusulas que no habían puesto los fundadores. Con respecto á los otros beneficios, cuyos bienes hubieren sido adjudicados á tenor de las leyes civiles hasta aquí vigentes, si bien no reclamamos que se anulen hechos consumados, pero sí pedimos, y lo pedimos con mucha instancia y como una pequeña satisfacción á los derechos atropellados de la Iglesia, que no sea una letra muerta el primer párrafo del artículo 39 del Concordato. Dice así: «El Gobierno de S. M., salvo el derecho propio de los prelados diocesanos, dictará las disposiciones necesarias, para que aquellos entre quienes se hayan distribuido los bienes de las capellanías ó fundaciones piadas, aseguren los medios de cumplir las cargas á que dichos bienes estuvieren afectos.» No pedimos reacciones, no pedimos que se desconozcan derechos adquiridos; pero pedimos que se cumpla lo pactado: y ya que los nuevos adquisidores
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entraron en la posesion de aquellos bienes con la obligacion de cumplir las cargas á ellos afectas, obligacion que imponia la misma ley civil de 1841, y que confirma la civil y eclesiástica de 1851, cual lo es el Concordato, pedimos que no sea eludida esta ley, como lo ha sido hasta aquí; y si los nuevos poseedores se reconocen demasiado gravados, como no dudamos que se reconocerán muchos, que suelten aquellos bienes, y quedarán libres del gravámen. Las juntas llamadas investigadoras podrán hacer mucho bien en esta parte, si, como es de esperar, proceden con celo y energía en su cometido. Si á los actuales poseedores de los bienes que pertenecieron á las extinguidas capellanías de sangre y fundaciones piadosas, se les obliga con rigor á levantar las cargas, no dudamos que muchos se desentenderán de su nuevo derecho adquirido, y preferirán soltar unos bienes de los que no vienen á resultar mas que meros administradores. Aunque la medida comprendida en el real decreto de 30 de abril estaba ya contenida en el Concordato, y era una forzosa consecuencia de él, damos sin embargo las gracias al Sr. Gonzalez Romero por habérsela aconsejado á S. M.

Otro tanto decimos con respecto á otro real decreto expedido con la misma fecha relativa á los que se ordenen con título de patrimonio. Por el artículo 4.º del Concordato los obispos deben gozar de la plena libertad que establecen los cánones en todas las cosas que pertenecen al desempeño y ejercicio de la autoridad eclesiástica y al ministerio de las órdenes sagradas. Si este artículo del Concordato no había de ser una letra muerta, preciso era que quedase sin ninguna fuerza y vigor el otro decreto de 8 de octubre de 1835, por el que se prohibía á los prelados diocesanos conferir los sagrados órdenes á título de patrimonio. Todos entendian, y entendian muy bien, que con la simple promulgacion del Concordato, cuyo artículo 45 dispone: «Que en virtud de este Concordato se tendrán por revocadas, en cuanto á él se oponen, las leyes, órdenes y decretos publicados hasta ahora:» debia tambien tenerse por revocado aquel decre-
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REVISTA CATÓLICA.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE LOS PADECIMIENTOS Y TRIUNFOS
DE LA
IGLESIA DE JESUCRISTO,
redactada de las pastorales, cartas y escritos de los señores obispos y misioneros de ambos mundos, como también de documentos relativos á las misiones y al ministerio sacerdotal.

N.º CXXI.—JULIO DE 1852.

BARCELONA,
IMPRENTA Y LIBRERÍA DE D. PABLO RIERA,
calle nueva de San Francisco, número 9.
1852.
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to: y en virtud de esto algunos diocesanos no tenian reparo en ordenar ó expedir letras dimisorias á los que ofrecian como título canónico el de patrimonio. Otros consultaban al Gobierno, ó esperaban tal vez á que este derogase explícitamente aquel decreto. El Gobierno lo ha hecho efectivamente con fecha de 30 de abril, declarando que «los diocesanos que dan en plena libertad para promover á las sagradas órdenes, á título de patrimonio, á las personas que lo soliciten y acrediten los requisitos que exigen los sagrados cánones.» Con este solo artículo, que es el 1.º del decreto mencionado, parecia haber lo bastante para que los obispos se gobernasen en una materia puramente eclesiástica, sin necesidad de recordarles la cantidad de la renta que presijan las sinodales, ni la calidad de bienes en que debe consistir el patrimonio para ser título canónico, ni los trámites que debe seguir el expediente, ni todo lo demás que se prescribe en los otros cinco artículos que siguen al primero. Debe suponerse á los diocesanos que no olvidarán lo que marcan los cánones y las respectivas sinodales. Una cosa hemos visto en aquel decreto que nos ha llamado la atencion, y á la que no sabemos si se acomodarán todos los obispos. Entre las varias clases de bienes, en que según el artículo 3.º podrá consistir el patrimonio, se ponen los efectos públicos de la deuda consolidada. Si esta clase de renta inspira ahora confianza, porque tiene bastante firmeza la situacion financiera de España, sabido es que no siempre ha sido así, y hace pocos años que esta clase de renta era muy incierta, siendo muy precaria la situacion de los que de ella dependian. Aun hoy dia, á pesar de la confianza que inspira, nadie querría exponer toda su subsistencia al crédito del Estado. Lo que ha sido hasta hace muy pocos años, ¿por qué no es posible que vuelva á suceder? No está tan profundamente asegurada la situacion política de Europa, que no pueda la España experimentar algunas vicisitudes: y nosotros no quisiéramos ver la suerte de los ministros del altar expuesta á tales contingencias. Además, los efectos públicos de que habla el artículo 3.º tienen su alza
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y baja, á veces de mucha magnitud. Los títulos que están ahora al \( \frac{46}{100} \), no hace muchos meses que estaban al 28: pueden subir y pueden bajar, y son objeto de especulación: ¿se pretenderá que los efectos que una vez se hayan constituido como patrimonio de un ordenando, no puedan en ningún caso negociarse? Esto sería muy duro para el poseedor de los tales títulos; y de todos modos, tanto si pueden negociarse, como si no, no nos parece conveniente el que se consignen como renta ó patrimonio del que, debiendo servir al altar, enteramente abstraído de los negocios seculares, conviene que tenga su dotación ó patrimonio ajeno de aquellas vicisitudes y cuidados.

De todos modos alabamos el celo del Sr. Gonzalez Romero en haber propuesto á S. M. la reina el decreto de 30 de abril, pues así se quitan las ansiedades y reparos de muchos obispos, que sin esto tal vez habrían hesitado por mucho tiempo en admitir á las sagradas órdenes á los que careciendo de título colativo, no pueden presentar otro título que el patrimonial. Así queda enteramente libre la acción de los obispos para que puedan proveer de ministros á la Iglesia, según lo juzgaren conveniente en el Señor. Así quedan rotas aquellas ominosas trabas que hacían al estado eclesiástico de peor condición á todos los demás estados, pues teniendo los demás un número ilimitado de servidores, y pudiéndolos abrazar cuantos quisiesen, al eclesiástico se le coartaba el número, y nadie podía servir en este estado á sus expensas, ó sea con bienes propios y patrimoniales. Infeliz era la situación de la Iglesia de España, bajo aquel orden de cosas; y no podemos menos de complacernos en que vaya todo volviendo á su estado normal, y que los santos cánones y estatutos de la Iglesia sean los que únicamente rijan en materias eclesiásticas.

Mucho más tendríamos que decir sobre otros muchos puntos que se tocan en el Concordato, y que van arreglándose y disponiéndose para su ejecución por medio de decretos y reales órdenes. Aunque tenemos mucha confianza en el ca-
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tolicismo de S. M. la reina, aunque son bien conocidos el celo, la probidad, la rigidez de principios en materias eclesiásticas y canónicas, y el espíritu conciliador que caracterizan al actual ministro de Gracia y Justicia; sin embargo, séanos permitido declarar que no nos parece el mas natural y procedente, el modo que se usa para poner en ejecución y armonía las disposiciones sancionadas en el Concordato. Después que entre las dos altas partes contratantes se ha estipulado la ley que en lo sucesivo ha de regir en materias eclesiásticas; ¿á quién sino á los obispos pertenece naturalmente entrar en los detalles y pormenores? ¿á quién sino á los obispos pertenece arreglar y determinar el modo con que han de tomar posesion los prebendados, el órden que entre sí deben guardar, cómo deben administrarse las rentas eclesiásticas, qué calidad y cantidad ha de tener la renta del que se ordena, aunque sea á título de patrimonio, y otras mil cosas como estas, ó que tienen conexión con ellas?

Por esto parecia muy natural, que celebrado y sancionado que fuese el Concordato, se reunirian los obispos para conferenciar entre sí, y acordar el modo con que deberian llevarse á efecto sus disposiciones. La celebracion de concilios, ó mas bien el restablecimiento de estas santas y piadosas asambleas que tanto bien han producido á la Iglesia, que tan sabiamente y con tanto abinco encarga el santo Concilio de Trento á lo menos cada tres años, que tan generalmente y con tanto aplauso de los buenos van restableciéndose desde el año 1848 en todos los Estados de Europa, en donde de dos siglos á esta parte los estaba ahogando una política suspicaz y opresora, parecia que con mucha mas razon y oportunidad debia tener lugar en España, en donde en fuerza del nuevo Concordato va á introducirse un nuevo órden de cosas, y casi dirémos una nueva disciplina, en la que ocurren mil pormenores, sobre los que es indispensable que tomen comun consejo los obispos, y se pongan de acuerdo entre sí. Es sumamente penoso y difícil el modo con que lo practican ahora en los puntos que ocurren á cada paso, consultándose
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y revelándose sus dudas y sus dificultades por cartas particulares. ¿Por qué, pues, no se reúnen? ¿Por qué no celebran concilios provinciales como en Francia, en Italia, en Austria, en Alemania, en Irlanda, en Inglaterra?

Este es un punto sumamente delicado que no nos hubiéramos atrevido á tocar, si no lo hubiésemos visto ya insinuado por otros públicos escritores. La Esperanza especialmente lo ha tratado ex profeso en uno de sus artículos de fondo, con aquella lógica, erudición y buen criterio que tanto distinguen á los ilustrados redactores de aquel periódico. En el rápido bosquejo que á causa de la estrechez de nuestras columnas y de la multitud de asuntos que ocurren, nos vemos precisados á hacer de las cuestiones que forman nuestra historia contemporánea, no nos es posible tratar por extenso este punto tan interesante. A las sabias observaciones que sobre él ha hecho la Esperanza nosotros no añadirémos sino que, ni el Gobierno prohibe formalmente la celebración de los concilios, ni los obispos dejan de desearlos con vehemencia reconociendo su grandísima utilidad, especialmente en las actuales circunstancias. Tenemos presentido que el Gobierno, aun cuando no se oponga formalmente á la convocatoria de estas asambleas, ha significado á algún prelado que no es aun oportuno. No somos nosotros los que hemos de ilustrar ni aconsejar á los obispos: tócanos solamente rogar al Padre de las luces que les ilumine así á ellos, como al Gobierno, para que cada uno en su esfera haga lo mas conveniente al bien, así de la Iglesia como del Estado, y se conserve la buena armonía entre los dos poderes, que siempre, pero especialmente en los tiempos actuales, es tan sumamente necesaria. Nosotros consideramos oportuna, oportunísima la reunión de concilios, á lo menos provinciales. ¿Se busca materia propia de ser tratada en tales reuniones? Nunca se presentará ni tan propia, ni tan abundante. ¿Se mira á la situación del país? Este se halla en profunda paz, y la agregación de seis u ocho sufragáneos á su metropolitano no puede suscitar tumultos ni avivar pasadas discordias. ¿Se teme
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que reunidos los obispos se hagan fuertes para hacer la oposición al Gobierno? Nuestro episcopado se halla animado de un espíritu sumamente deferente y conciliador, y bien lo sabe el actual ministro de Gracia y Justicia. ¿Se teme por las regalias de la Corona? No estamos en época en que se hayan de temer invasiones del poder eclesiástico, cuando este tiene bastante que hacer con estar á la defensiva. Nosotros nada vemos, absolutamente nada que haga considerar inoportuna la celebración de los concilios. Si el Gobierno en su alta e ilustrada penetración juzgare lo contrario; si los obispos, que son los jueces mas competentes en la materia, se acomoden á esto mismo, no insistirémos mas, y acatarémos un juicio que para nosotros es sumamente respetable.

Aquí suspendemos, pues, nuestra RESEÑA, no porque nos falten materiales, sino porque es preciso dar lugar á los interesantes documentos á que se refieren las cosas que acabamos de exponer. En el próximo número continuaremos, Dios mediante, nuestra tarea, empezando por un asunto importante, importantísimo, cual es el decreto de 21 de mayo sobre seminarios conciliares. Espérase que de un dia á otro vea la luz pública un plan de estudios eclesiásticos, que sometido á las observaciones de los obispos, y modificado según ellas, dícese que ha de regir para lo sucesivo en los seminarios. Tal vez en el próximo número podamos ya darlo á conocer á nuestros lectores. = A. P.
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DOCUMENTOS OFICIALES.

Real decreto fijando la época en que deberá considerarse como definitivamente constituido el personal de las iglesias catedrales.

Considerando conveniente fijar con alguna antelación el día en que el personal de las iglesias metropolitanas, sufragáneas y colegiales deba considerarse definitivamente arreglado á lo que acerca del particular ordenan el Concordato y otras disposiciones dictadas para su debida ejecución, de común acuerdo de ambas potestades, y conformándome con lo que me ha propuesto el ministro de Gracia y Justicia, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se considerará constituido y terminado definitivamente el primer arreglo del personal de todas clases de las iglesias metropolitanas, inclusa la de Valladolid, aunque no tome el título de tal hasta que tenga efecto la erección canónica, el día 1.º de julio próximo.

Art. 2.º De la misma manera se fija el día 1.º de octubre de este año para las iglesias sufragáneas, tanto las que se conservan, como las que según el Concordato pierden esta consideración, y para las colegiaturas que deben subsistir.

Art. 3.º A contar de dichas épocas se satisfará á los poseedores de las piezas eclesiásticas la dotación que consigna el Concordato, siempre que esta sea superior á la que actualmente esté señalada á dichas piezas por las disposiciones vigentes, la cual continuarán percibiendo caso de exceder estas dotaciones á las primeras.

Art. 4.º Las colegiaturas que no conserva el Concordato se considerarán reducidas á parroquias mayores con arreglo al mismo Concordato, desde el día en que se estime constituido el personal de la iglesia metropolitana ó sufragánea, á cu-
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yo territorio corresponda la colegiata, ó en el que esté enclavada si fuere nullius.

Art. 5.º Sin embargo, conforme á mi real decreto de 17 de octubre último, continuarán ejerciendo la jurisdiccion exenta los encargados de ella actualmente hasta que tenga efecto la nueva division de diócesis.

Art. 6.º Hasta esta misma época, no se hará tampoco novedad respecto de las facultades y derechos que corresponden á los cabildos catedrales que se reducen á colegiatas, no obstante que el número y dotacion de sus capitulares y beneficiados sean los que señala el Concordato para las iglesias de esta última clase.

Art. 7.º Desde el 1.º de julio y octubre respectivamente percibirán los párrocos de parroquias rurales y los ecónomos de todas clases la dotacion que respectivamente les corresponda con arreglo á lo dispuesto en mi real decreto de 21 de noviembre último; pero continuarán percibiendo su dotacion actual los párrocos de las iglesias rurales, cuya clasificacion no esté hecha aun, á condicion de descontárseles lo que hubieren percibido de mas en las mesadas que se les hayan de satisfacer luego que la clasificacion tenga efecto, señalando el diocesano según las circunstancias de cada caso la parte alicuota que estime conveniente se deduzca en cada mesada.

Art. 8.º Todas las vacantes que ocurran desde las épocas expresadas, aunque sea por renuncia, ó no haberse posecionado en tiempo los nombrados por mí, en el primer arreglo general del personal, se proveerán en la forma prevenida por el Concordato y en la declaracion contenida en mi real decreto de 21 de noviembre último, llevándose turno separado de las dignidades y de las canonjías.

Art. 9.º El ministro de Gracia y Justicia dará las órdenes convenientes para la ejecucion del presente decreto. Dado en Aranjuez á 30 de abril de 1852.—Está rubicado de la real mano.—El ministro de Gracia y Justicia, Ventura Gonzalez Romero.