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ni qué confianza podrá tenerse en ella? Así el episcopado anglicano, retirándose de la lid, ha dejado en una posición cruel á sus teólogos que como perros fieles habían salido á defender la doctrina ortodoxa, ladrando á la sombra de sus pastores contra los lobos que venían á destrozar el poco rebaño que quedaba. El arzobispo de Cantorbery se había puesto desde un principio de parte de la potestad láica, sosteniendo la institución del hereje Gorham, y dándosela él mismo. El obispo de Exeter, que era el propio diocesano, resistiéndose en un principio, y amenazando con la excomunión á cualquier otro prelado que instituyese al hereje Gorham, era el único que había salido á la palestra. Instituido Gorham por el arzobispo de Cantorbery, se doblega el de Exeter, y á nadie excomulga, y reconoce válida y canónica la institución; porque, dice, la ley en fuerza de la cual tenía él potestad de instituir á un diocesano suyo, ha transferido esta potestad á otro, al de Cantorbery, y este ha visto las cosas de otro modo, y ha instituido á Gorham, que según declaración del Consejo privado, tribunal enteramente civil, no es hereje sino anglicano muy ortodoxo, por más que niegue la gracia del bautismo. En virtud de esta declaración y de estas sutilezas todos los obispos callan, y nadie sale á alentar y sostener á los teólogos, que se han colocado en terreno muy avanzado y comprometido durante el calor de la refriega. ¿Qué harán los perros en vista de esta conducta de los pastores? Oigámoslo para prez y gloria del anglicanismo.

Toda aquella turba de doctores y maestros que habían visto la institución de Gorham como la señal de la separación formal de la iglesia anglicana del catolicismo, y como la anulación de la gracia en la colocación de los Sacramentos, todos estos centinelas de la fe anglicana, á excepción de tres, todos se echan á dormir viendo dormirse á los caudillos. Todos, incluso el famoso Dr. Pussey, toman la prudente resolución de ponerse á la expectativa, y aguardar el rumbo que toman las cosas. Tan solo el arcediano Manning, el arcediano Wilberforce, y el Dr. Mill manifiestan algún valor, y sin
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de misas ó aniversarios ó otras cargas piadosas: otra parte, y esta es la mas considerable en la generalidad de los conventos, son el resultado de lo que cada religiosa trae de la casa de sus padres en dote al tiempo de su entrada.

Ahora bien: si hablamos de los bienes de la primera y segunda categoría, deben estos seguir la suerte de los que pertenecían por el mismo concepto á las comunidades religiosas de varones; y aunque nuestras doctrinas sobre amortización eclesiástica no estén conformes con las que profesan ciertos modernos financieros y publicistas, no es nuestro ánimo, ni es este lugar de entrar ahora en esta cuestión.

Pero los bienes que han aportado al convento las religiosas son de muy distinta naturaleza. Son bienes muy sagrados por ser bienes de la Iglesia, y por ser dote de una mujer. En todas las naciones del mundo estos bienes han sido muy respetados, y jamás se han confundido ni han seguido la suerte de los demás bienes de la casa en que entra la mujer. En nuestra legislación misma, si el marido contrae deudas; si comete algún gran crimen por el que incurra en la pena de confiscación; si hace quiebra por fraudulenta y ruinosa que sea; se separa el dote de la mujer antes de pagarse cualquiera deuda ó aplicarse el castigo de la confiscación. En las últimas revueltas civiles por que hemos pasado, no obstante la exacerbación y escandescencia de las pasiones, no obstante de que en tales circunstancias suele atropellarse todo, la justicia, las leyes, los deberes más santos, hemos visto repetidos ejemplares de que habiéndose confiscado los bienes de alguno por haberse ido á tomar parte en la causa de D. Carlos, si la mujer reclamaba, era separada la parte que le correspondía por razón de su dote. ¿Y serán menos respetadas las dotes de las monjas por haberlas puesto en una casa consagrada á Dios? Aún cuando la comunidad hubiese delinquido, aun cuando por razón del delito hubiese incurrido en la mayor de las penas que es la muerte civil ó la extinción, debían ser reservadas las dotes, y devolverse á manos de sus dueñas legítimas que eran las religiosas que las habían aportado.
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Pero ¿qué bienes eran estos que pertenecian á las religiosas existentes? ¿Eran solo los que habian aportado al tiempo de su entrada, ó debian incluirse los que habian aportado tambien por el mismo concepto las religiosas anteriormente fenecidas? En nuestro concepto debian incluirse tambien estos últimos. Tenian el mismo carácter, y debian ser igualmente respetados. Todas las religiosas que habian ido entrando sucesivamente en estas comunidades y habian pertenecido á ellas por los títulos que autorizaba la ley, así civil, como eclesiástica, formaban una misma familia, un solo cuerpo, una sociedad, cuyos miembros ligados con los vínculos mas estrechos, nada tenian en particular, sino que todo cuanto poseian era de todos en comun, y era para cada uno en particular. Si las religiosas eran veinte, todas participaban igualmente de la propiedad: si se reducian á diez, todas quedaban igualmente propietarias: si se hubiesen reducido á dos, si á una sola, en esta sola habria radicado el derecho de todas las demás, y habria sido ella sola la propietaria de aquellos bienes. ¿Quién habria podido disputarla aquellos bienes?

Estos bienes eran un capital que habia aportado cada una con un objeto determinado, y autorizado por la ley. Con estos capitales se formaba una masa comun, y resultaba una verdadera sociedad, como las muchas que se forman ahora para abrir un camino de hierro, para levantar un teatro, para poner una diligencia, para un objeto cualquiera. Mientras la ley autoriza aquella sociedad, sigue la especulacion, y los socios se arreglan con sus ganancias ó sus pérdidas. Si la ley retira la autorizacion, sea por el motivo que fuere, los socios se separan, y haciendo la liquidacion, cada uno retira el capital que le corresponde, con el aumento ó disminucion proporcionada á la cantidad que habia impuesto. ¿Se dirá que porque el Gobierno retira la autorizacion á una de estas sociedades adquiera derecho sobre aquellos capitales, como si fuesen bienes mostrencos ó intestatos?

Las monjas formaban tambien una verdadera sociedad bajo las bases que la ley determinaba. Las dotes constituian un ca-
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pital cuyo objeto era atender á la manutencion y demás necesidades de la vida. Cada socia al morir transmitia sus derechos y acciones á las supervivientes, y estas adquirian sobre el capital de la socia difunta el mismo derecho que tenian sobre el propio. Así como, pues, nadie podia en justicia quitar á las religiosas la propiedad sobre el capital que habia aportado cada una y que podia haber empleado en otra cualquiera cosa, tampoco podia quitárselas la propiedad sobre los capitales de las fencidas, cuya propiedad habian reasumido las existentes.

Esta consideracion sin duda no la tuvieron presente las Cortes, cuando por el artículo 20 de la ley de 29 de julio aplicaron á la caja de Amortizacion para la extincion de la deuda pública todos los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de todas las casas de comunidad de ambos sexos, inclusas las que quedan abiertas. Sin duda no hicieron distincion entre las dotes aportadas por las monjas, y los bienes de cualquiera otra naturaleza y procedencia: por eso los incluyeron todos en una misma medida. Ya que tuviesen por conveniente, y creyesen estar en su derecho al extinguir los institutos de religiosas, debian respetar al menos los fueros de la justicia; y ya que por el artículo 26 de la misma ley se las permite llevar consigo los muebles, ropas y libros de su uso particular, porque creyeron que sobre estas cosas tenian una verdadera propiedad por habérselas adquirido, la misma propiedad tenian sobre los bienes aportados, pues si bien á su entrada los habian cedido en favor de la comunidad, esto no habia sido sino para poseerlos juntamente con las otras socias, y así quedaban siendo verdaderas compropietarias. Así como, pues, se las dijo: «Tomad vuestras ropas y vuestros «muebles, porque son de vuestra pertenencia,» tambien debiera habérselas dicho: «Tomad los bienes que aportasteis y «habian aportado vuestras compañeras, porque son de vuestra «pertenencia: liquidad vuestras cuentas y vuestros intereses, pues la ley no permite ya la asociacion que hasta «aqui habia permitido.» Esto era lo que procedia en justicia.
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Se dirá que queda á cubierto la justicia con la indemnización que se hace por el artículo 29. El artículo dice así: «Las religiosas secularizadas en las épocas anteriores, y las exclastradas actualmente ó que se exclaustraren en lo sucesivo, gozarán de la asignación de 5 reales diarios. Las que prefieran la vida monástica solo percibirán 4 reales diarios.» Pero nosotros no vemos en esta medida una indemnización que ponga á salvo los fueros de la justicia. La indemnización justa es aquella que resarce al damnificado los perjuicios irrogados. Para esto, pues, era menester formar un inventario, instruir un expediente y examinar los perjuicios que se irrogaban á cada una para arreglar según esto el mas ó el menos que debía resarcirse. La justicia es muy recta, es muy severa, y no procede en sus juicios como quien dice, á ojo de buen cubero, sino que anda en todo con mucha escrupulosidad, y hasta cuenta los maravideses para no dar al uno mas de lo que se le debe, ni quitar al otro lo que le corresponde.

Ahora bien: las monjas no llevaban todas unos mismos capitales á los conventos, ni tenían por lo tanto todas un mismo derecho á igual indemnización. Algunas habia que nada ó muy poco traian á la comunidad, al paso que otras traian una dote muy crecida, y pertenecían á comunidades muy ricas. Como por otra parte la indemnización no era mas que vitalicia, debiérase haberse señalado una pension mayor cuanto mas avanzada en edad fuese la religiosa, porque esta es la regla que suele observarse en las pensiones vitalicias, que á proporcion de la mayor edad ó menos probabilidades de vivir del que impone el capital, es mas crecida la pension asignada, porque es probable que cese mas pronto aquella carga. Esto lo decimos en la suposición que fuera justo el que para indemnizar á uno, á quien en los casos prevenidos por la ley se le quita un capital ó una finca, se le señalese, pero no mas que durante su vida natural, una renta igual ó equivalente á la que le producia su propiedad. Pero la ley se desentiende de estos escrúpulos; y á pobres y ricas, á jóvenes y viejas se señala una misma indemnización; y si bien el
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Estado era generoso con unas, con otras era injusto. Y si bien las damnificadas ninguna envidia tendrian á las que salian mas favorecidas, porque la caridad lo suple todo, pero esto no debe entrar en el plan del legislador que no ha de guiarse sino por las reglas inmutables de la justicia. Una sola desigualdad establecia la ley, señalando á las que se excluiran una pension mayor que á las que permanecieren fieles á sus juramentos. Es decir, que la fidelidad era castigada por la ley, rebajándola en la percepcion de los beneficios del Estado y de los derechos de la justicia.

Pero á lo menos se hubiera señalado á las damnificadas una renta que en su percepcion ofreciese iguales ventajas á la otra que se les quitaba. Se les quitaba una renta segura, porque tenian sobre ella no solo la propiedad sino la administracion, y se les compensaba con otra insegura, de difícil cobro, sin garantías suficientes, sin accion y sin fuerzas para compelir al pagador. Los efectos vinieron bien pronto á justificar los temores que desde un principio concibieran las personas que interesaban en el asunto. Temióse que aquella especie de indemnizacion, hecha á medias y á bulto, seria buena para estar escrita en un papel, y que fuese por falta de voluntad ó por ahogos del Tesoro público, las monjas se quedarian sin percibir lo que la ley les señalaba.

Y así fue en efecto. Los empleados en las oficinas de Amortización cumplieron con una puntualidad, digna de que se imitara en todos los demás ramos del servicio, lo que prevenia en este punto el decreto de 8 de marzo de 1836; y en 1.º de enero de 1837 el Estado se incautó de los bienes en cuestion. ¿Cómo se ha cumplido la otra parte perteneciente á la indemnización? Del modo que se temía. Al principio se pagó á las religiosas alguna mensualidad, bien que con interrupcion y á largas distancias; luego fueron escaseando mas, en términos de quedar completamente olvidadas en algunas provincias. Durante los años 1837, 38, 39 y 40 se alegaba que la guerra civil absorbia todos los fondos del Estado. Durante la regencia del duque de la Victoria, no habia el pretexto de
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la guerra, y el abandono seguía tanto ó mas escandaloso que antes. El duque de la Victoria salió de España en los últimos días de julio de 1843, y pocos días después, el 7 de agosto, el Gobierno provisional haciéndose cargo de lo muy escandaloso que era tener á las monjas en semejante abandono, expedia una orden por la que, graduando de carga de justicia las pensiones de las religiosas se mandaba que «cuando se satisfaga una paga á las clases activas se empiece por las religiosas, no cobrando nadie hasta que estas hayan percibido la suya.» La orden de 7 de agosto, declarando á las religiosas preferentes hasta á las clases activas en el cobro de sus asignaciones, fue ejecutada con la misma exactitud que las disposiciones legislativas relativas á la materia, esto es, sin hacerse caso de ellas: y así es que en 12 de diciembre del mismo año, el Gobierno, á cuyo frente estaba el Sr. Gonzalez Bravo, recordando la orden de 7 de agosto y su escandalosa inobservancia, la confirmaba en términos mas fuertes, y declaraba «hallarse resuelto á hacer que en el pago puntual de sus haberes ninguna clase pueda ser preferida á las religiosas en el claustro, así como no la hay mas digna de consideracion, ni pensiones que merezcan con mejor título y mayor derecho la calificación de cargas de justicia.» Y como si previese el Gobierno de aquella época que á pesar de esto no habían de tener las monjas un grande alivio, hacia á los intendententes responsables con su empleo y con el alto desagrado de S. M. de la falta de cumplimiento de esta disposicion. Parece que la cosa no podía ser tan terminante: sin embargo las religiosas por punto general quedaban desatendidas.

Un año después, el Sr. Mon que se hallaba al frente de la hacienda pública, como desesperando de que pudiesen jamás las religiosas ser puntualmente atendidas mientras dependiesen del Tesoro público, presentó á las Cortes en 4 de diciembre de 1844 un proyecto de ley, por el que trataba de emancipar en algun modo á las religiosas de los encargados del Tesoro, creando una renta especial para el pago de sus haberes. Para este pago se aplicaban los bienes, censos y
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demás acciones que estaban entonces sin vender y que habían pertenecido á las mismas religiosas: el producto anual de estos bienes se calculaba entonces en ocho millones. Se aplicaban además los foros y censos que habían pertenecido á las comunidades religiosas de varones, y no se habían enajenado todavía. Si esto no bastase, debía cubrirse el déficit con los productos en renta de las mismas comunidades. Así el Congreso como el Senado aprobaron el proyecto, mas no llegó á sancionarse; y así no ha tenido resultado. Ignoramos de dónde vendría el obstáculo, si de la Corona, ó de alguna otra influencia irresponsable.

Desde el año 1845 esta obligación del Tesoro, la más sagrada de todas, ha sido cubierta con alguna mas regularidad, pero no tan privilegiada como debiera. Sobre todo, encontramos que se ha hecho con ellas una cosa que de ningún modo reputamos conforme á justicia. En estos últimos años, viéndose el Estado en la imposibilidad de pagar con toda exactitud á las clases dependientes del Tesoro, se ha acordado no pagar á las clases pasivas mas que diez mensualidades al año, en cuya medida ha querido envolverse á las monjas. Esto es una injusticia. Las monjas no cobran por servicios prestados al Estado, que este puede recompensar con mas ó menos largueza. Cobran como una indemnización, bien que muy inferior, de lo que se las ha quitado. Sus pensiones son una carga de justicia: ¿con qué justicia puede cercenarse una sexta parte de esta carga? En suma, desde 1.º de enero de 1837 en que se verificó la expropiación, hasta 1.º de julio de 1850, en que nos hallamos, han transcurrido 162 meses. Por punto general las religiosas expropiadas no han cobrado mas que 83 mensualidades: quedan, pues, adeudándoseles 79, es decir, bien cerca de la mitad de la miserable pension que se les había asignado.

Triste, afflictiva, horrorosa ha sido en algunas épocas del largo período transcurrido la situación de las religiosas en punto de recursos. Muchas comunidades se han visto reducidas á la última miseria: les ha faltado hasta lo mas indis-
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pensable; en algunas ocasiones no han tenido ni un pedazo de pan negro que llevar á la boca: algunas religiosas han per- recido materialmente de exanicion y de hambre. No quere- mos entrar en los claustros para hacer pública la historia de las desgarradoras escenas que han pasado sobre este punto. Si todas las comunidades no han sido igualmente víctimas de la misma miseria, de la misma hambre, de la misma aflic- cion, es porque en algunos puntos la caridad cristiana ha po- dido salvar á las esposas de Jesucristo de tan extremados apuros.

Con placer y con orgullo recordamos la creacion de esas Juntas de damas que se formaron en varios puntos de la Pe- nínsula con el objeto de recoger limosnas y toda clase de re- cursos para socorrer á las religiosas. La primera de estas Jun- tas se formó en Madrid en el año 1840. La Excm.a duquesa viuda de Gor, asociada á otras ilustres damas de la primera nobleza de la corte, trató de excitar la caridad pública á fa- vor de tan desvalida como respetable clase, á fin de suplir por este medio el escandaloso descuido del Gobierno. Era muy edificante, al paso que doloroso, ver á tan esclarecidas señoras sentadas á la puerta de los templos ó recorrer de casa en casa implorando una limosna con que aliviar la extremada miseria y arrancar de las garras de la muerte á las vírgenes del Señor, condenadas á morir de hambre en el encierro de sus claustros. Este arbitrio no fue estéril. Los habitantes de Madrid no faltaron á este piadoso llamamiento: y las abun- dantes limosnas que se recaudaban por este medio, ya que no pudiesen aliviar todas las necesidades de las monjas exis- tentes en los muchos conventos de Madrid, endulzaban en gran parte una situacion tan triste y penosa. A ejemplo de la de Madrid se formaron otras varias Juntas en Sevilla, en Za- ragoza, en Valencia y otros puntos de la Península. Loor á esas almas generosas y caritativas que no pudieron ver con ojos indiferentes los padecimientos y el prolongado martirio de las monjas, cuyo delito único á los ojos de la revolucion era haberse consagrado al Señor.
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CUESTION III.

¿Han de quedar perpetuamente suprimidas las comunidades de religiosas?

Al decretar el Gobierno español en 1836 la extincion de las comunidades religiosas de ambos sexos, lo que la revolucion habia hecho ya á mano armada en 1835, y al votar las Cortes como ley en 1837 lo que la revolucion y el Gobierno habian hecho en los dos años anteriores, claro está que no podian decretar esta medida como eterna, de modo que debiese obligar á la posteridad para que nunca más pudiesen ser restablecidos los institutos religiosos; porque así como las turbas, el Gobierno y las Cortes de los años 1835, 36 y 37 se consideraron con bastantes facultades para derogar las leyes divinas, eclesiásticas y civiles que apoyaban los institutos religiosos, bien podrán considerarse las turbas, el Gobierno y las Cortes de las edades venideras al menos con facultad igual para deshacer lo que hicieron los de los años anteriores, que á lo sumo no puede tener fuerza mas que de ley humana. Suponiendo, pues, que nadie nos acusará de inconstitucionalidad si por las vias legales pedimos el restablecimiento de los regulares, concretándonos ahora á las monjas no tememos preguntar si seria conveniente que este negocio permaneciera perpetuamente en España in statu quo.

Preguntar si las monjas deben quedar perpetuamente extinguidas en España, es preguntar si en una nacion eminentemente católica debe quedar por siempre eliminada la institucion mas hermosa y en la que mas se enyanece la Iglesia católica: es preguntar si en un siglo en que la desmoralización va avanzando como un torrente devastador, han de quedar por siempre cerrados los asilos de la virtud que pudieran tal vez oponer un dique á aquel torrente: es preguntar si en un país, cuya religion única es por ley del Estado la católica, apostólica, romana, ha de ser por siempre proscrita la profesion pública y autorizada de los consejos evangélicos.
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Puesta, pues, en este terreno la cuestion, la solucion no puede ser difícil.

¿Qué son en efecto las monjas? Unas asociaciones de mujeres que bajo esta ó la otra forma, pero todas aprobadas por la Iglesia, se alejan del mundo, y se obligan con terribles juramentos, que la Iglesia recibe y consagra con imponente majestad, á vivir perpetuamente privadas de los placeres de la carne, del goce de todos los bienes terrenos, y hasta del ejercicio de la propia voluntad. Estas asociaciones la Iglesia las aprueba, las sanciona, las recomienda y exalta, como exaltaba san Pablo la virginidad cuando decia que la que no se casaba, hacia mejor: melius facit: y que en esto enseñaba él el camino mas excelente: excellentiorem viam demonstró: las exalta como las exaltaba el mismo Jesucristo, cuando las comparaba á los Ángeles del cielo: erunt sicuti angeli in caelo. Si un Estado admite el Evangelio, si lo reconoce como ley del país, si quiere que todos practiquen esta ley, ¿cómo podrá oponerse á que se junten unas cuantas mujeres para obligarse y ayudarse mutuamente no solo al cumplimiento de los preceptos que este Evangelio impone, sino hasta la observancia de lo que es mas perfecto y recomendable, cuales son los consejos que prescribe este mismo Evangelio? Ciertamente que es lo mas absurdo y ridículo admitir un principio, y desentenderse de sus consecuencias; admitir el Evangelio, y no querer lo que tiene de mas perfecto y jugoso este Evangelio. Y no sirve decir que cuando se proscriben los institutos de religiosas, no se proscribe la profesion de los consejos evangélicos, pues la ley no se opone á que cada persona los profese en particular. Estos consejos son de tal naturaleza, que si se hacen difíciles de observar en el retiro y bajo las reglas que la Iglesia adopta en su prudencia, son poco menos que imposibles en el bullicio del mundo y abandonado cada uno á sus propias inspiraciones. ¿Con qué consecuencia podrá decir la ley: «admito el Evangelio, admito la religion de Jesucristo, pero prohibo ahora y para siempre las reglas y precauciones adoptadas por la Iglesia para