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nombren desde luego arciprestes amovibles ad nutum en cada partido judicial. Muchas diócesis estaban ya divididas en arciprestazgos, otras en deanatos u otros títulos equivalentes; si bien no se guardaba la circunstancia de que hubiese uno en cada partido judicial. Con respecto á estas diócesis poca novedad tendrá que hacerse. Estos arciprestes tendrán el carácter de vicarios foráneos con las limitaciones que los mismos diocesanos tengan á bien establecer. Mucho nos alegramos que al establecer estos arciprestazgos no se atente en nada á la autoridad de los obispos: y así no se convierten estos arciprestes en una rueda inútil y que entorpezca la accion de los obispos. En este decreto encontramos una indicacion que nos ha alegrado mucho, y que desearíamos verla llevar á cabo con toda felicidad: tal es la de un plan beneficial que pudiese prestar auxilio y ayuda á los párrocos. En su dia notábamos la extrañeza que nos causaba ver la omision que se hacia de esta clase en el Concordato: mas ahora al ver que se anuncia, que la institucion de estos arciprestazgos es una via preparatoria para la demarcacion de parroquias, debiendo formarse por los diocesanos los correspondientes planes beneficiales, ya no dudamos que no querrá dejarse solos á los párrocos en las poblaciones subalternas, sino que se les rodeará de un cierto número de beneficiados, que si se les da ahora una organizacion competente, podrán servir de mucho, así para el esplendor del culto, como para la asistencia espiritual de aquellos fieles. Si de veras quiere llevarse á cabo este plan beneficial, conviene no perder de vista que existen aun muchos elementos de los antiguos beneficios, que si quieren aprovecharse, podrán surtir de un gran número de beneficiados y ministros á las parroquias. Primeramente, existen aun muchos beneficios, cuyas rentas, como que no salieron patronos de sangre, se agregaron á la masa comun de las del clero, y en muriendo los obtentores no se han provisto, sino que la renta que les correspondia se ha imputado á las atenciones generales del culto y clero. Estas rentas deberian aplicarse desde luego á su atencion particular primitiva, y
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REVISTA CATÓLICA.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE LOS PADECIMIENTOS Y TRIUNFOS
DE LA
IGLESIA DE JESUCRISTO,
redactada de las pastorales, cartas y escritos de los señores obispos y misioneros de ambos mundos, como también de documentos relativos á las misiones y al ministerio sacerdotal.

N.º CXV.—ENERO DE 1852.

BARCELONA,
IMPRENTA Y LIBRERÍA DE D. PABLO RIERA,
calle nueva de San Francisco, número 9.
1852.
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proveerse los beneficios cuyos obtentores han fallecido. Existen otros que siendo de patronato de sangre, han sido reclamados por sus respectivos patronos, conforme á la ley de 1841, siendo adjudicados á los patronos sus bienes respectivos, ó desde luego si vacare el beneficio, ó para cuando falleciere el obtentor. Algunos de estos patronos han sido hombres de fe y de conciencia, y creyendo que la ley civil no era autoridad competente para ponerles en posesion de bienes eclesiásticos sin anuencia de la Iglesia, no reclamaron la adjudicacion sino para salvar aquellos bienes del general despojo; pero en hecho de verdad cedieron al beneficiado ó á la comunidad á que pertenecia los bienes adjudicados para que los usase como propios, y cumpliese las cargas impuestas por el fundador. No seria difícil recabar de la religiosidad de estos patronos el que por sí y por sus sucesores cedieran el derecho que les habia dado la adjudicacion hecha en virtud de una ley civil, salvo el derecho de incorporarse de estos bienes siempre que estuvieren amenazados de un despojo como el que acabamos de ver en la última revolucion.

Otros existen, que con el carácter de patronos ó de parientes mas cercanos se han hecho adjudicar las rentas de varios beneficios con el ánimo de utilizarse de ellos, cual si fueren bienes propios. Con respecto á estos tales, ya que no quiera lastimarse lo que se llama intereses creados y derechos adquiridos á la sombra de la revolucion, podria invitárseles á devolver á su primitivo objeto los bienes adjudicados; y si para ellos ninguna fuerza tuviese esta invitacion, podria compelérseles á la rigurosa observancia de la ley, en virtud de la cual adquirieron los referidos bienes, esto es, al cumplimiento de las cargas y obligaciones que habian impuesto los fundadores; y como muchos de estos fundadores asignaban un sacerdote al servicio de tal iglesia ó altar, si el nuevo poseedor de los bienes hubiese de buscar un sacerdote para cumplir con esta obligacion, es bien seguro que preferiria soltar los bienes á cargar con obligacion tan pesada.

Hay además otros beneficios que pueden considerarse co-
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mo abandonados, que ni tienen obtentores, porque han muerto, ni los patronos han tratado de proveerlos, ni han reclamado las rentas que formaban la dotacion del beneficio. Las Juntas investigadoras, si es que han llenado con celo su cometido, deben haber descubierto gran número de estos beneficios y fundaciones piadosas. Con todos estos elementos podria formarse todavía un clero beneficial no despreciable, que bien distribuido y organizado, y montado con condiciones diferentes de las que antes tenia, podria ser un auxiliar poderoso de los RR. curas párrocos, y un medio eficaz para la asistencia del pueblo fiel.

De todos modos quisieramos que se tuviera bien presente que al crear esta institucion de los arciprestes no se coarten en lo mas mínimo las atribuciones de los obispos; y que al establecer los arciprestazgos por partidos judiciales no se pretenda obligar á los diocesanos de tal manera que no puedan prescindir de esta regla en ciertos casos. En la demarcacion actual que tienen las diócesis con respecto á las provincias civiles se encuentran partidos judiciales que pertenecen á dos diócesis. En este caso será preciso alterar algun tanto la regla establecida, agregándose al arciprestazgo inmediato la parte de aquel distrito civil que tiene su capital en otra diócesis.

En la Gaceta del 18 de diciembre hemos visto otro decreto, fechado ya en 29 de noviembre, relativo á las asignaciones del clero. Los articulos 31, 32 y 33 del Concordato determinan las asignaciones que debe percibir cada individuo del clero secular, así de las metropolitanas como de las catedrales y colegiaturas. Segun el referido decreto, los prelados diocesanos deben percibir la asignacion determinada en el Concordato desde el dia 17 de octubre, en cuya fecha fue el Concordato elevado á la condicion de ley del reino. Muy justa encontramos esta medida, pues toda vez que el Concordato celebrado entre Su Santidad y la reina Isabel les señala aquella dotacion; toda vez que esta dotacion se les ha demorado por espacio de tantos meses, aun despues de concluido el
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Concordato; ¿qué razon puede haber para que una vez terminado este no cargue el Estado con la obligacion de mantener al clero con las dotaciones que él mismo le señala? Pero si esto exigia la justicia con respecto á los obispos, creíamos que no lo exigian menos con respecto á las demás clases del clero. Pero nos hemos llevado chasco. Los dignidades, canónigos y beneficiados de las metropolitanas, sufragáneas y colegiatas no percibirán la dotacion, que según el Concordato les corresponda, hasta que el personal quede constituido en cada iglesia. Mucho celebramos que el Gobierno sea justo y obsequioso con los obispos, porque es la clase mas respetable de la Iglesia, y aun de la sociedad; pero guerríamos que no fuese injusto con los demás individuos del clero, estableciendo diferencias que, si bien son en favor de una clase respetabilísima, siempre suelen ser odiosas. Comprendemos muy bien que en el clero parroquial no se haga innovacion en la percepcion de sus haberes, porque según el nuevo plan parroquial que debe formarse según el Concordato, habrán de hacerse alteraciones en el plan ahora existente; pero en los prebendados no ha de haber otras alteraciones á mas de las que marca el Concordato, y una vez sabidas, ¿por qué no habría de arreglarse según ellas y de un modo definitivo lo dispuesto en cuanto á la dotacion?

Toda vez que basta constituirse el personal de cada iglesia no debe aplicarse á los interesados la asignacion prescrita en el Concordato, no encontramos justo el que desde luego y antes de constituirse se exija de los que tomen colocacion de prebendas, curatos y otros beneficios desde el 17 de octubre en adelante la duodécima parte, ó sea una mensualidad de su dotacion. Allí donde no alcanzan las cosas favorables, no deben tener lugar las desfavorables. Otra cosa es con respecto al producto de las rentas que rindan las vacantes, en las que como á nadie se irroga perjuicio, puede hacerse la inversion que se crea mas conveniente, y encontramos laudabilísima la creacion de un fondo de reserva, de que habla el artículo 37 del Concordato, cuyo fondo, puesto á disposicion de los dio-
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cesanos, podrá servir para remediar ciertas necesidades, á veces urgentísimas, que nadie mejor que ellos está en el caso de saber y apreciar. El Gobierno está en su derecho de recomendar muy eficazmente á los diocesanos, que destinen del fondo de reserva para la reparacion extraordinaria de templos la mayor cantidad posible. Pero ¿cree el Gobierno que podrá formarse con este fondo un gran caudal para que después de atender á los gastos extraordinarios é imprevistos de las iglesias y del clero, como también á las necesidades graves y urgentes de la diócesis, las que ciertamente son muchas, haya un sobrante para atender á la reparacion extraordinaria de templos? Nosotros deseáramos que fuesen tan cuantiosos los ingresos de este fondo, que ninguna necesidad hubiese de molestar al Gobierno para la reparacion de templos; pero estamos seguros que por muy crecido que llegue á ser este fondo no bastarán los diocesanos á acallar las muchas y graves necesidades que les acorren de diversos puntos de la diócesis después que, merced á la revolucion, han sido destruidos la providencia de los pobres y el paño de lágrimas de los infelices, que eran los bienes de la Iglesia.

En la Gaceta del 19 de diciembre ha aparecido una real orden que tememos sea perjudicial á los intereses del clero. Esta real orden es relativa á la ejecucion del decreto de 8 del mismo mes de que hemos hablado antes, por el que se manda entregar á los diocesanos los bienes del clero regular y monjas que no se habian enajenado. Por esta real orden se manda á las administraciones de bienes y fincas del Estado formar los respectivos inventarios de los bienes que han de ser devueltos. Esto lo encontramos muy conforme, supuesto que han de devolverse aquellos bienes. Se manda además formar otro inventario expresivo de la liquidacion de los débitos. Y ¿para qué esta liquidacion? ¿para qué el inventario de estos débitos? Sin duda para adjudicarlos y hacer cargo de ellos al clero: y esto es lo que tememos y recusamos con todas nuestras fuerzas. Estos débitos, procedentes unos de arriendos devengados, y en su mayor parte de censos pertene-
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cientes á las extinguidas comunidades religiosas, forman seguramente una masa de algunos millones. ¿Podrá el clero hacerlos efectivos? Figúrense nuestros lectores que el Estado ha tenido en su poder estos censos por espacio de diez y seis años; que no obstante de estar en ciertas épocas en situación apuradísima, no ha podido arrancar estas cantidades de los deudores; que en estas últimas semanas previendo los agentes del Gobierno que iban á ponerse en manos del clero esta clase de bienes, han redoblado los esfuerzos y han hecho lo posible para arrancar lo que se pudiese; y lo que en diez y seis años, y por medio de apremios y bayonetas no han podido cobrar los mandatarios del Gobierno, va á imputarse ahora al clero como renta limpia por cuenta de su dotacion. No, el clero no debiera hacerse cargo de estos débitos: toda vez que se contrajeron mientras aquellos bienes estaban en poder del Gobierno, que los cobre el Gobierno mismo: y el clero se encargará de cobrar lo que vaya devengándose desde que entre en su administracion, ya que así lo ha querido el supremo Jefe de la Iglesia.

En esta clase de débitos deben figurar, además de los que resulten por lo devengado y no cobrado hasta 31 de diciembre por las rentas de las fincas y censos que van á entregarse, las anualidades no cobradas de los bienes vendidos y redimidos de igual procedencia hasta la época en que las ventas y redenciones tuvieron efecto. Esta medida es muy dolorosa, y si no temiéramos excedernos, casi diríamos que es un insulto hecho á la paciencia del clero. No basta que se hayan vendido estos bienes sin ninguna autorización ni intervencion de la Iglesia; no basta que se hayan entregado á pagar á plazos tan lentos que los simples productos de las fincas pueden cubrir los pagos; sino que ahora se quiere que el mismo clero sea el recaudador de aquellos pagos, y que se entienda con los compradores para percibir de ellos en pago de sus bienes los productos ó arrendamientos que saquen de ellos. Se quiere que el clero coma el precio de sus bienes que ha vendido no él, sino otro que se los ha quitado, y que se han vendido
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no por su justo precio, sino por un pedazo de papel sin valor y por unos cuantos reales, para cuyo pago se da al comprador un plazo de veinte años. Y aun así, se quiere ahora hacer cargo al clero de estas cantidades, tanto si las cobra como no. Parécenos que no debiera enredarse al clero con este género de débitos.

Previénesse que no debe dejar de formarse el inventario de los consabidos bienes, aun cuando no se tengan antecedentes para designar los linderos de las fincas ó las hipotecas, pues se llenará este requisito luego que se examinen las escrituras, libros y asientos. ¿Y si después no parecen las escrituras? ¿Y si de los libros y asientos no pueden sacarse en limpio las noticias que se necesitan? Entre tanto ya estará formado el inventario, y se habrán imputado al clero aquellos bienes, cual si fuera indisputable su pertenencia. Se manda igualmente comprender en el inventario aquellos bienes que están pendientes de reclamaciones de excepcion ó reversion. Esto tampoco es justo. Si se incluyen estos bienes, si se imputan al clero, si el clero los acepta, y después las reclamaciones dan por resultado la separacion ó reversion de aquellos bienes, ¿cómo se subsana este quebranto? Parécenos que mas justamente se habría procedido mandando formar aparte un estado ó inventario de todos los bienes pendientes de reclamaciones; y que á medida que las reclamaciones fuesen desestimadas, y devolviéndose al clero los bienes disputados, los productos de aquellos bienes podrian imputarse al clero descontándosele de su asignacion.

En la misma Gaceta del 19 de diciembre ha aparecido una circular relativa á la ejecucion del artículo 30 del Concordato. Las pocas líneas que preceden á la parte dispositiva demuestran que este artículo no ha de ejecutarse todo de una vez, sino á medida que vayan aprobándose los expedientes para cada una de las diócesis. El artículo 30 trata de la conservacion ó reduccion de los conventos de religiosas; y la circular de 14 de diciembre revela que no se adoptará una resolucion general para todas las diócesis; sino que según fue-
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ren los datos comunicados por el diocesano, se dejarán mas ó menos conventos en una misma diócesis. En la circular de que nos ocupamos vuelve á insistirse en aquello de ejercicios de enseñanza ó caridad que se establezcan en las casas á que nos referimos. Ignoramos lo que habrán contestado los obispos á la demanda que les ha hecho el Gobierno de señalar algun ejercicio de caridad ó enseñanza; pero calculamos que no habrán sido pocos sus compromisos al tener que señalar alguno de estos ejercicios para aquellas casas, cuyo instituto es de vida puramente contemplativa, y que al querer introducirse alguno de los mencionados ejercicios forzosamente ha de alterarse su regla y su organizacion interior. No ignoran los diocesanos que la vida puramente contemplativa no es una vida ociosa, ni inútil, ni tampoco reprobada por el Evangelio: saben por el contrario que Jesucristo alabó á María Magdalena porque se ocupaba en la contemplacion con preferencia á Marta que se entregaba á los quehaceres domésticos, aunque fuese en obsequio del mismo Salvador. Esta consideracion habrá embarazado mucho la eleccion de los prelados al designar la clase de ejercicios para las casas de ciertos institutos; y la fortuna es que, segun tenemos entendido, el Gobierno no es muy exigente en este particular, y que se contentará con cualquier cosa que propongan los prelados, aunque no sea mas que coser y lavar la ropa de alguna iglesia ó hospital, ó enseñar la doctrina cristiana á las niñas que una vez á la semana se presenten á la portería del convento; lo que no alteraria el órden de la casa ni la vida interior de las religiosas. Sabemos que el actual ministro de Gracia y Justicia está muy favorablemente dispuesto con respecto á las casas de religiosas, y que serán muy pocas las novedades que en ellas se practiquen. Tenemos entendido que el propósito, así del ministro, como del señor Nuncio, es de dejar en paz á las religiosas y no perturbarlas en su modo de vivir. Nosotros bendecirémos las providencias que vayan encaminadas á este fin.

No sabemos por qué se ha de disponer que se publique en
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la Gaceta el número máximo de religiosas que ha de tener cada casa, á propuesta de los diocesanos. ¿Qué le interesa al público saber si tal casa ha de tener quince, ó veinte, ó treinta religiosas, mientras no sea él quien ha de cargar con su manutencion? Y ya que se habla del máximo, ¿se ha determinado el mínimo de que puede constar una comunidad religiosa?

La admision de novicias y la profesion de las que hubiesen concluido el noviciado no podrá verificarse sino hasta que el Gobierno hubiere aprobado el expediente de cada una de las diócesis; y entonces así la admision, como la profesion, deberán hacerse con entera sujecion á los estatutos y regla de cada casa. Esto lo encontramos muy digno, y alabamos al Gobierno porque ha tenido la delicadeza de respetar en esta parte las reglas y estatutos. Encarga además á los diocesanos que cumplan estrictamente lo prevenido en orden á asegurar la subsistencia de las religiosas. Sobre esto ya emitimos en otra ocasion nuestro modo de pensar. Habiéndose quitado á las comunidades los bienes que poseian, y no indemnizando el Estado á las comunidades sino tan solo á las individuas, las que van faltando poco á poco, ha de llegar un dia en que sea muy difícil asegurar esta subsistencia, y en que no puedan consagrarse á Dios con los votos religiosos sino las hijas de familias que gocen de grandes bienes de fortuna. Hasta ahora con una dote regular podian ingresar, porque aunque la dote no ofreciese grandes rendimientos, se suplia con los bienes de la comunidad. Y ¿qué dirémos de aquellas comunidades que vivian de la caridad pública? Segun esta prevencion, ya no podrán admitir mas novicias, porque los estatutos de estas comunidades prohíben admitir dotes ni poseer rentas de ninguna especie. ¿Se permitirá á estas comunidades seguir en la cuestion?

Exígese de los prelados diocesanos que en los primeros quince dias de enero y julio de cada año remitan al ministerio de Gracia y Justicia una nota nominal y circunstanciada de las novicias que en el semestre anterior hubieren sido admi-
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tidas en cada comunidad, y de las profesas en el propio período, con expresion de la cantidad y calidad del dote. Y ¿por qué esta exigencia? ¿es solo por el gusto de saber cuántas religiosas hay en todos los conventos de España, cómo se llaman, y si lo pasan bien con las dotes que han aportado de la casa de sus padres? Pero esta curiosidad es muy frívola, y no merece que se ponga á los prelados en la sujecion de remitir las consabidas notas. ¿Es porque se tiene desconsianza de que los prelados vigilen por el bienestar de las monjas, introduciéndose tal vez algunas sin tener asegurada su subsistencia? Pero hasta ahora el Gobierno no habia ejercido esta inspeccion suprema sobre las casas religiosas, y no solo vivian con decencia, sino que habian llegado á formar una masa regular de rentas, de que la revolucion ha sabido aprovecharse. ¿Se teme que por descuido ó connivencia de los prelados se introduzca en los conventos mayor número del presijado como máximo, y que un exceso de vocaciones al estado religioso acarree un quebranto en la poblacion del reino? Descanse en la prudencia y sabiduría de los prelados, que no serán admitidas sino aquellas jóvenes cuya vocacion sea bien probada. Y si se tiene en cuenta que segun todas las notas estadísticas el número de las hembras excede siempre al de los varones, y que de este número de varones quedan sin colocarse en matrimonio una parte muy considerable por dedicarse al estado eclesiástico, á la milicia ó á la navegacion, se encontrará que ha de haber un gran número de hembras condenadas á un celibato forzoso por no hallar proporcion de colocarse en matrimonio: y así considerado el asunto bajo este punto de vista, léjos de poner trabas al aumento y propagacion de los conventos de mujeres, debiera un hombre de Estado fomentar estas casas, aun cuando en ello no mediaren las consideraciones cristianas que deben ocupar á los ministros de una reina y de un país católicos. Nos aflige ciertamente esa prevencion que los hombres de Estado de nuestro siglo, aun los mas sanos y católicos, abrigan contra los institutos religiosos de uno y otro sexo, y ese prurito de meter
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la mano y ejercer la inspeccion y vigilancia en todo lo que atañe á la Iglesia. Este recelo hace que se miren con desconfianza todas las instituciones eclesiásticas, aun las mas beneficiosas al país; que se interpreten siniestramente las intenciones de los varones eclesiásticos, hasta de aquellos que con mas celo, abnegacion y desinterés se consagran al bienestar no solo espiritual, sino temporal de los pueblos; que por consiguiente se pongan trabas y cortapisas á la accion del clero, y así se sofoque, ó se haga nacer amortecida la influencia civilizadora del catolicismo, privándose con esto al país de los inmensos bienes que en todos tiempos habia reportado de esta influencia, y viéndose precisado á suplir por otros medios gravosos y estériles el vacío de aquellas instituciones.

En la mencionada circular se previene á los diocesanos, que tomando las noticias y datos convenientes acerca de las necesidades de cada casa que no esté en posesion de sus bienes, propongan la cantidad que deba señalarse con el carácter de perpetuidad para atender la misma comunidad á los gastos del culto y otros generales. Esto es muy justo, supuesto que á estas comunidades se ha quitado lo que servia antes para atender á estas necesidades; y nosotros añadimos que es igualmente justo que se atienda á la manutencion de la comunidad, no con una pension vitalicia que disminuye á proporcion que van falleciendo las interesadas, sino con una renta que con el carácter de perpetuidad supliera el déficit de lo que se ha quitado á las comunidades. Pero supuesto que el Estado quiere comprometerse á lo menos á atender perpetuamente los gastos del culto y otros generales, ¿qué fondos destina para cubrir esta atencion? Suponemos que el residuo de los bienes de las mismas comunidades religiosas que no se habian vendido aun, y que vendidos ahora por mano de los diocesanos, deben convertirse sus productos en títulos del 3 por 100. ¿Se sabe á cuánto asciende actualmente la renta anual de estos bienes? Segun un estado que se presentó, cuando se proyectó hacer el arreglo de la deuda pública, existian todavía 13,794 fincas y 86,411 censos que representaban un