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lo esté la circunscripcion de las diócesis, ignorándose, como se ignora, de muchas parroquias á qué diócesis han de pertenecer. Pero no habría inconveniente en que comenzasen á preparar los trabajos con respecto á aquellas que por su proximidad á la capital ó otras causas no se dude que no pasarán á otra diócesis.

El artículo 25 es otra vindicacion de los derechos del ordinario que tan lastimados habian quedado con las vicisitudes de los tiempos. Quedan sujetos al derecho comun todos los curatos y vicarías perpetuas que antes estaban unidas pleno jure á alguna corporacion; y por consiguiente ningun cabildo ni corporacion eclesiástica podrá tener aneja la cura de almas. Y del mismo modo que á la autoridad del ordinario se le sujetan todas las personas y cosas eclesiásticas sin mas excepciones que las pocas que hemos dicho hablando del artículo 11, y se derogan todos los antiguos privilegios, tambien se sujetan á los curas párrocos en sus respectivas parroquias todos los eclesiásticos que por cualquier título existan dentro del territorio, debiendo estar subordinados á su autoridad en todo lo tocante al culto y funciones religiosas. Mucho tendrán que agradecer los párrocos esta reforma, porque los habia ciertamente que léjos de poder disponer y dirigir ellos en sus parroquias las funciones del culto, tenian que obedecer á lo que les prescribían los cabildos ó comunidades de presbíteros, que en virtud de antiguas costumbres ó corruptelas se habian arrogado derechos que no les correspondian, y que embara- zaban al párroco en la administracion de la parroquia.

Tambien es un gran beneficio para la recta administracion de las parroquias la abolicion «del privilegio de patrimonialidad y la exclusiva ó preferencia que en algunas partes te- nian los patrimoniales para la obtencion de curatos y otros «beneficios.» Así es que los patronos, así eclesiásticos como laicos, de curatos deberán atenerse á lo prescrito por el Concilio en la materia, y no podrán ejercer su derecho de patronato sino en personas que en concurso abierto hayan acredi- tado su idoneidad para desempeñar la parroquia á que se
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les destina. Era ciertamente una monstruosidad ver como en parroquias de primer orden eran colocados sujetos de ningún mérito, y á veces de ninguna aptitud para el desempeño de tales cargos. Con respecto á los demás curatos de patronato ordinario todos, sin diferencia de pueblos, de clases ni del tiempo en que vaquen, serán provistos por la Corona, pero sujetándose á las ternas que en concurso abierto hayan formado los ordinarios. En esta parte queda derogado el derecho que antes tenian los ordinarios de proveer los curatos que vacaban en cuatro de los doce meses del año; bien que les queda la garantía de formar las ternas con sujetos que merezcan su aprobacion y confianza. Tambien los coadyutores deberán sufrir exámen sinodal, y según su resultado podrán ser destinados por los ordinarios. Así es como lo dispone y lo arregla el artículo 26.

El 27 previene que no sean lastimados, en cuanto sea posible, los derechos de los actuales poseedores de cualesquiera prebendas, beneficios ó cargos que deban suprimirse. Lo encontramos muy justo; así como muy prudente la salvedad de en cuanto sea posible; porque no sería justo que á trueque de no ser lastimados estos derechos se colocaran en las catedrales, por ejemplo, todos los prebendados de las colegiaturas suprimidas, siendo excluidos otros sujetos que por sus grandes méritos y por lo mucho que han trabajado en los años anteriores, son dignísimos de que se les ascienda en sus carreras.

El artículo 28 se ocupa de los seminarios conciliares. Encontramos muy acertado y muy católico lo que se previene sobre su creacion, donde no los haya, su direccion, gobierno, etc. La accion de los obispos queda enteramente libre sobre ellos. Sin embargo, habría sido de desear alguna mayor explicitud sobre el valor de los cursos ganados en los seminarios; pues aunque el artículo 2.º habla del derecho de los obispos para velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres en dichos establecimientos, no deslinda este punto, que ha sido objeto de tantas reclamaciones. ¿Po-
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drán servir para cualesquier carreras los cursos de enseñanza secundaria ganados en los seminarios? ¿Podrán graduarse en teología los que hayan cursado en clase de externos, ó tendrán derecho á este privilegio tan solo los internos? Esto se resuelva tal vez cuando se planteen los seminarios generales, de que habla el mismo artículo, en que se dé la extension conveniente á los estudios eclesiásticos.

El contenido del artículo 29 es digno de la mayor atencion. En él se determina el restablecimiento de las congregaciones religiosas de san Vicente de Paul y san Felipe Neri, y además otra orden de las aprobadas por la Santa Sede. Esto lo encontramos útilísimo, necesario, si es que los fieles no han de carecer de la conveniente asistencia espiritual. ¿Qué serian los solos párrocos y coadyutores, cuando llegasen á faltar completamente los individuos ahora existentes del clero regular? En un país, en donde «la Religion católica, apostólica, romana, continúa siendo la única con exclusion de cualquier otro culto,» como previene el artículo 1.º, no bastan los párrocos con sus coadyutores, á menos que estos fueren tantos que equivaliesen á las comunidades religiosas; pero entonces su dotacion absorberia una gran parte de las rentas del Estado. Pero ni aun así podria ocurrirse á cierta clase de necesidades espirituales, que no pueden cubrirse absolutamente sino por las comunidades religiosas. El restablecimiento de las de san Vicente de Paul y de san Felipe Neri lo encontramos muy acertado; pero debe tenerse en cuenta que estos institutos han venido casi á parar en la nulidad por falta de individuos. Tal vez en España no lleguen á cuarenta los miembros de la congregacion de san Vicente. Rebájense los que por la edad ó los achaques no pueden ya prestar los penosos servicios, propios de su instituto; los que han de emplearse en los oficios indispensables para la direccion y gobierno del mismo; los que han de destinarse á la formacion y educacion de los jóvenes que se les agreguen, ¿qué viene á resultar para el presente y para una buena serie de años? Además, estos institutos no pueden subsistir sino ó con rentas
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propias, ó con una dotacion que les pague el Gobierno, porque ellos en fuerza de su institucion no pueden recibir nada por razon de su trabajo. Por todas estas causas, si bien aplaudimos la medida, consideramos de muy difícil realizacion el remontar estos institutos á un grado de esplendor tal que pueda dar resultados positivos á la Religion y al país.

El restablecimiento de otra orden de las aprobadas por la Santa Sede no lo encontramos tan difícil, si se trata de alguna de las órdenes mendicantes, ya porque estas eran muy numerosas al tiempo de la exclastracion, y los restos que aun quedan son muy respetables por su número y cualidad; y ya tambien porque su organizacion era tal, que sin rentas y sin ser gravosos al Estado, se proporcionaban ellos su subsistencia, y aun la de muchos pobres á quienes socorrian diariamente á la puerta de sus conventos, sin mas recursos que los que les ofrecia la piedad y la caridad de los pueblos. El articulo no expresa si esta otra orden ha de ser la misma en todas las diócesis de España, ó en las de cada provincia eclesiástica, ó en cada diócesis, por manera que cada prelado diocesano pueda elegir la que mas le acomode. Tampoco dice si en cada diócesis ha de haber un solo convento, ó puede haber varios de esta otra orden, bien que la expresion de establecerse donde sea necesario, parece da á entender que pueden establecerse muchas casas en una misma diócesis, si así se juzga necesario, como lo será en muchas partes. ¿Qué parte de accion tendrán los prelados diocesanos en este restablecimiento? El articulo no dice sino que el Gobierno de S. M.... tomará desde luego las disposiciones convenientes, etc., oyendo previamente á los prelados diocesanos. ¿No serán mas que oidos los obispos en un negocio de tanta trascendencia? ¿no podrán ellos tomar la iniciativa? ¿no tendrán una accion mas positiva y mas directa, mayormente si se trata de institutos, cuya manutencion nada cueste al Estado? Y si tan solo se trata del restablecimiento de una orden, ¿qué se hace de las demás? ¿cuál es la suerte de sus individuos? Ninguna mencion hace de ellos el articulo. No podemos persuadirnos
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que esta omision haya sido un descuido, ni tampoco que haya querido abandonarse á sus individuos, entre los cuales los hay muchos muy respetables y beneméritos. Y tanto menos podemos presumirlo así, cuanto vemos que en el artículo 11, § 4.º se conserva la jurisdiccion de sus prelados. Esto significa que todavía no está decidida su suerte, y como han dicho rumores bastante acreditados, hay varios puntos pendientes de convenciones secretas, uno de los cuales es la suerte definitiva de los regulares. Estamos, pues, ansiosos hasta ver lo que se resuelve acerca de esta clase digna de todas las consideraciones por muchos títulos.

Otro punto no menos importante y delicado se resuelve por el artículo 30. La situacion de las religiosas era la mas precaria. Todos sus institutos, cualquiera que fuese su denominacion y su objeto, quedaban legalmente abolidos desde 1837: tan solo con respecto á los que tuviesen por objeto alguna obra de enseñanza, de caridad ó beneficencia, habia una leve excepcion. En estos últimos tiempos el Gobierno, extralimitándose en cierto modo de sus atribuciones legales, habia dado algunas autorizaciones parciales para que pudiesen profesar un cierto número de novicias en algunos conventos. Pero estas autorizaciones no remediaban de raíz la situacion precaria de aquellas venerables instituciones. Por este artículo se declara que habrá comunidades religiosas de mujeres, cuyo objeto sea la asistencia de los enfermos, la enseñanza de niñas y otras obras y ocupaciones tan piadas como útiles á los pueblos. Respecto á las demás órdenes se deja á la prudencia de los prelados diocesanos proponer las casas de religiosas en que convenga la admision y profesion de novicias y los ejercicios de enseñanza ó de caridad que sea conveniente establecer en ellas. Segun estas palabras no deberian quedar institutos de vida puramente contemplativa, porque aquellas que antes lo fuesen, y que debiesen ahora conservarse, atendidas todas las circunstancias de las respectivas diócesis, deberian reducirse á la condicion de vida activa. Dificil seria esto en la ejecucion, y mucho tacto será menester
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en los prelados diocesanos, para que no desaparezcan completamente ciertos institutos, que aunque ningun beneficio material prestasen á los pueblos, formaban sin embargo uno de los mas hermosos florones de la corona de Jesucristo. Por consecuencia del mismo artículo deben tambien desaparecer aquellos institutos, á cuya subsistencia proveia la caridad de los fieles, si es que no debe procederse á la profesion de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma. Y ¿deberán tambien desaparecer esos asilos del arrepentimiento que existen en Barcelona y otros puntos, en donde la Religion abre sus brazos, y afianza en la práctica de las virtudes cristianas por la emision de los votos religiosos á mujeres que habian llevado antes una vida extraviada, tan solo porque su miseria, que tal vez habia sido la única causa de sus fragilidades y extravíos, no las permite asegurar su subsistencia en debida forma? No podemos persuadirnos que sea este el espíritu del artículo que analizamos. Por parte de la Iglesia estamos ciertos que no es esta su intencion; y esperamos de la potestad temporal que no llevará á tal punto sus exigencias, que por no tener asegurada su subsistencia en debida forma quiera echar de sus asilos á la fragilidad arrepentida.

Los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 se ocupan de la dotacion de los MM. RR. arzobispos y obispos, clero catedral, colegial y parroquial, culto y seminarios conciliares. No tenemos que decir otra cosa sino que nos parece decente esta dotacion, y deseamos tan solo que sea una realidad y pueda hacerse efectiva. Tan solo la dotacion de los curas de las parroquias rurales nos parece excesivamente mezquina. ¿Cómo puede atenderse decentemente á todas las necesidades de la vida con 6 rs. diarios que resultan de la dotacion de 2200 rs. que se señala en el artículo 33? Porque es de advertir que en semejantes parroquias muy poco puede contarse con los derechos llamados de estola, y ni aun con el estipendio de la misa.

Nos ha llamado la atencion lo del artículo 31, que «estas dotaciones, las de los arzobispos y obispos, no sufrirán des-
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«cuento alguno ni por razon del coste de las bulas que sufragará el Gobierno, ni por los demás gastos que por estas puedan ocurrir en España.» Mucho celebramos que se tenga esta consideracion á la dignidad episcopal, y que se les exima del pago de los 20 ó 30,000 rs. que costaban las bulas, amen de los exorbitantes gastos de correo, que conocemos prelado á quien le llevaron 8000 rs., mueblaje, pontificales, etc. etc., de lo que resultaba que el que ascendia á esta dignidad tenia que empeñarse, con notable perjuicio de los pobres de la diócesis, habiendo prelado que al morir no habia podido aun redimir las obligaciones que por esta causa habia contraido. Tambien encontramos muy acertado lo de los ornamentos y pontificales que deben considerarse como propiedad de la mitra, y pasar á los sucesores en ella. Es tambien un acto de justicia la derogacion de la legislacion relativa á expolios, dejándose á los obispos en la facultad de testar segun lo tuvieran por mas conveniente. Pero ya que no se encargue el Gobierno de amueblar los palacios de los obispos, como se hace en algunos países, debiera haberse establecido que el mueblaje del obispo difunto debiera pasar á su sucesor, si este queria aceptarlo, pagando á sus herederos el valor en que se tasare por inteligentes.

El artículo 33 haceencion de derechos de estola y pié de altar. ¿Subsistiran estos en el pié en que estaban antes de ahora? Creemos que en esta parte es necesaria una reforma; porque al paso que son exorbitantes en unas partes, como por ejemplo en Madrid, en otras son insignificantes y casi nulos. Reconocemos que en su origen habria motivos muy poderosos para señalar aquellos derechos, altos ó bajos; pero ya que ahora se iguala en todas partes la asignacion de los párrocos, justo es que se igualen tambien los derechos. Pero tambien reconocemos que esto no deberia ser obra de una mano seglar, sino que los obispos debieran arreglarlo. Por esto reconocemos tambien que ya por este, ya por otros muchos puntos, es indispensable que se reunan los obispos, y se restablezcan los concilios provinciales.
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El artículo 35 deja á la buena voluntad del Gobierno la subsistencia de las casas y congregaciones religiosas de que habla el artículo 29. El Gobierno á nada fijo se compromete, y solo dice que proveerá á esta subsistencia por los medios mas conducentes. En el estado en que se halla la cuestion financiera en España, confesamos que esta cláusula nos inspira muy poca confianza; y tememos que si llegan á abrirse estas casas sin tener mas garantías de subsistencia, á lo mejor tendrán que cerrarse por falta de recursos. Por esto deseariamos que se dejase á las órdenes mendicantes en libertad de establecerse donde lo creyesen mas conveniente, con anuencia de los prelados diocesanos, y aseguramos que sin costarle al Gobierno un maravedí, florecerian estas órdenes, y el pueblo fiel reportaria inmensas ventajas en su asistencia espiritual. Lo demás es edificar al aire.

Ya hemos dicho en el artículo 30 la inquietud que nos inspiraba el porvenir de las religiosas. El artículo 35 que habla de su subsistencia aumenta en nosotros esta inquietud. Sábase la grande iniquidad que con ellas cometió la revolucion despojándolas de sus bienes, sagrados por el doble concepto de ser ya patrimonio de la Iglesia, y dote de inofensivas vírgenes y mujeres desvalidas. La revolucion, á pesar de tener tan abiertas sus fauces, no pudo engullir todos aquellos bienes, y en 1845 existian todavía restos bastante respetables, cuando el Gobierno de aquella época decretó la suspension de su venta. Estos bienes remanentes estaban ahora en poder del Gobierno, y eran administrados por él; y no obstante de los vicios que son inherentes á esta clase de administracion rendian todavía anualmente un producto de mas de cinco millones de reales. Pues bien: ahora « Su Santidad en consideracion al estado actual de estos bienes y otras particulares circunstancias... dispone que los prelados, en nombre de las comunidades religiosas propietarias, procedan inmediatamente y sin demora á la venta de los expresados bienes por medio de subastas públicas hechas en la forma canónica y con intervencion de persona nombrada por el Go-
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REVISTA CATÓLICA.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE LOS PADECIMIENTOS Y TRIUNFOS
DE LA
IGLESIA DE JESUCRISTO,
redactada de las pastorales, cartas y escritos de los señores obispos y misioneros de ambos mundos, como también de documentos relativos á las misiones y al ministerio sacerdotal.

N.º CIX.—JULIO DE 1851.

BARCELONA,
IMPRENTA Y LIBRERÍA DE D. PABLO RIERA,
calle nueva de San Francisco, número 9.
1851.
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"bierno de S. M." Respetamos las razones y las otras particulares circunstancias que habrán inducido el ánimo de Su Santidad á sacrificar de nuevo esta parte del patrimonio de la Iglesia; pero no podemos menos de consignar que si el producto de estas ventas ha de convertirse en títulos del 3 por ciento, al paso que favorece al Estado, perjudica considerablemente á las religiosas. En el estado actual en que se hallan los intereses, nadie ignora que en cualquiera especulación en que se emplee el dinero, produce mucho mas del 3 por ciento. Así por ejemplo, una finca que producia cincuenta y que vendida á metálico no valdrá mas que mil, reducidos estos mil á inscripciones de la Deuda no darán mas que treinta. Esto hará por consiguiente que el capital que hasta ahora no se había enajenado, en vez de los cinco millones que producia, no produzca mas que tres ó menos.

Pero sea el que quiera el producto de estas inscripciones de la Deuda del 3 por ciento que se dice han de ser intransferibles, se previene que se distribuya "entre todos los referidos conventos en proporcion de sus necesidades y circunstancias para atender á los gastos indicados (los del culto y otros generales) y al pago de las pensiones de las religiosas que tengan derecho á percibirlas." Aquí nos ocurre desde luego una dificultad. Cuando hayan fallecido todas las religiosas pensionadas, ¿continuarán las comunidades percibiendo aquellos intereses que se les habian señalado en la distribucion general? Y si no los perciben las comunidades, porque estaban afectos al pago de las religiosas pensionadas, ¿volverán aquellos títulos al tesoro público? ¿Se agregarán á la masa de los bienes del clero secular? Parece que aun cuando hayan fallecido todas las religiosas que tuvieron derecho á la pension, los mencionados títulos deben quedar á favor de las comunidades respectivas; porque á ellas es á quienes el artículo declara propietarias de los bienes que se habrán convertido en inscripciones de la Deuda. "Los prelados, dice, en nombre de las comunidades religiosas propietarias, procedan inmediatamente, etc."
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Pero si las comunidades dejan de percibir las pensiones á medida que dejen de existir las religiosas que tenian derecho á ellas, á saber, las que existian en 1837, ha de llegar dia en que no tengan mas medio de subsistencia que la pequeña parte que les haya cabido en la distribucion de los restos que habian quedado hasta aquí, y la nueva renta que se haya formado con los dotes de las nuevas entradas. Y si bien se previene en el artículo 30 que no se admita la profesion de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma, no debe entenderse esto tan estrictamente que la sola dote de la religiosa sufrague á su subsistencia; porque de ser así resultaria que aun cuando no se necesiten mas que 2000 rs. para mantener á una religiosa, se habria de exigir una dote de 66,600 rs. para que produjera aquel interés; y siendo poquisimas las familias que puedan hacer este desembolso, tan solo las hijas de familias muy acomodadas podrian entrar en el claustro. Hé aquí lo que nos obligaba á decir que nos causaba mucha inquietud el porvenir de las religiosas; y si no se modifican estas medidas vendrá tiempo en que hayan de cerrarse muchos conventos, no porque no haya muchas vocaciones, sino porque el ser religiosa con tales condiciones será exclusivo de las hijas de familias que gocen de una gran fortuna. Por lo demás celebramos el que á lo menos se reconozca como propietarias á las comunidades religiosas, y que solo en su nombre y representacion hayan de proceder los prelados á la enajenacion de aquellos bienes que siendo de su pertenencia están ahora en poder del Gobierno y no han sido enajenados.

Estas últimas palabras nos suscitan otra dificultad. ¿Deberán ser incluidos en esta medida de la enajenacion aquellos bienes que por razones especiales ó por circunstancias locales no fueron incorporados al Estado, ni se hicieron cargo de ellos las oficinas de Amortizacion? Porque es de advertir que las comunidades de religiosas de las provincias de Tarragona, Barcelona y Lérida en Cataluña, las que se hallan en las provincias Vascongadas y la de Burgos, y alguna otra co-
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munidad en alguna otra provincia pudieron retener sus bienes no obstante la ley de 27 de julio de 1837. No es ahora del caso exponer las razones que pudieron mediar para esta excepcion; pero ello es que es un hecho, y que los tales bienes no están ni han estado nunca en poder del Gobierno. Como el artículo hable solamente de los que están en el caso de hallarse en poder del Gobierno, aunque no hayan sido enajenados; parece que nunca deberán ser incluidos en la medida general los que están en poder de las religiosas. Además, una de las razones que han inducido el ánimo de Su Santidad á consentir en la venta de tales bienes es el estado actual en que se hallan, esto es, en un estado de deterioro y de ruina después de tantos años que ha corrido su administracion á cargo del Estado; de lo que resultaria que puestos ahora en manos de las religiosas nada ó casi nada producirian, porque carecerian de medios para hacerlos productivos. Esta razon no milita con respecto á los otros bienes que han estado siempre á cargo de las comunidades religiosas, las que como se han considerado propietarias, han tenido siempre buen cuidado de conservarlos en buen estado. Esperamos, pues, que ya que la revolucion las respetó, no se las inquietará ahora en la posesion de lo que por justísimos títulos vienen poseyendo.

El artículo 36 revela mucha generosidad por parte del Gobierno: reconoce que las dotaciones asignadas en los artículos anteriores para los gastos del culto y del clero, no son aun lo que corresponde, y que tan solo por la situacion no muy desahogada del tesoro público no se han puesto mas subidas, prometiéndose que se aumentarán cuando las circunstancias lo permitan. Nosotros nos daríamos por muy contentos con que se satisfacieran con puntualidad las asignaciones marcadas en aquellos artículos; pues ya hemos dicho que á excepcion de las de los párrocos rurales y las de primera entrada, las encontramos muy decentes; y si algun aumento deseamos es con respecto á los obispos, mayormente los de las últimas categorías, que son los de las diócesis mas pobres: pues debe