ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 13

Según el artículo 3.º deberán hacerse las ventas por medio de licitación pública en doble y triple subasta en las poblaciones que designe el Gobierno. ¿Por qué es el Gobierno el que ha de designar estas poblaciones y no el clero? ¿Por qué no debería designarlas la ley, á fin de evitar parcialidades?

Según el artículo 4.º el pago debe efectuarse en metálico y no en papel como el de las ventas de antaño; pero por el orden siguiente: al tiempo de hacerse la adjudicación se pagará un 4 por 100, esto es, la 25.ª parte del importe, y las 24 partes restantes en los veinte y cuatro años siguientes. Por manera que si uno compra una finca que le produzca un 4 por 100, pagando el producto anual por el espacio de veinte y cinco años, quedará libre de la obligación y dueño de la finca sin haber hecho ningún desembolso. Y si el producto fuese de un 8 por 100 ó más, como acontece en muchas, atendido el precio vil á que se malvenden ó despilfarran esta clase de bienes, quedará dueño de la finca á los veinte y cinco años no solo sin haber hecho ningún desembolso, sino que aun habrá embolsado el valor por el que ha sido adjudicada. ¡Esto sí que es entender los intereses del Estado! ¡Es un grande economista el Sr. Mendizabal!

El artículo 5.º prescribe que del importe de cada anualidad se separen 154.400,000 rs. para ser aplicados por la misma junta á la dotación del culto y del clero. Y ¿de dónde ha sacado el Sr. Mendizabal que la 25.ª parte del importe de los bienes que actualmente posee la Iglesia, ascienda á 154.400,000 rs.? Esto sería suponer que los bienes que aun restan por vender representan un capital de 3860 millones de reales. Pero el Sr. Mendizabal aun supone que tienen mayor valor, pues añade que «el sobrante que resulte de cada anualidad se destinará á la reparación de los templos y edificios correspondientes al culto y clero.» ¡Cuentas galanas las del Sr. Mendizabal! Y concluidos los veinte y cinco años, y por consiguiente consumidos los 3860 millones, precio de los bienes de la Iglesia, ¿qué comería el clero? ¿Y con qué
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 14

se sostendría el culto? En esto el Sr. Mendizábal no ha reparado. Y ¿se tendría el cinismo de obligar al clero á recibir de mano de los nuevos poseedores el producto anual de sus bienes, para que al cabo de veinte y cinco años les dijera: «bastante me habeis alimentado: quedaos con mi patri-monio sin ningun gravámen: en adelante mendigaré mi «sustento?» ¿Y se recuerda lo que en otros casos análogos ha contestado el clero? «Moriré de hambre antes que comer «el precio de mis bienes.» Pero el Sr. Mendizábal no tiene corazon para meditar estas cosas. A nosotros no nos sorprende tanto que el Sr. Mendizábal haya confeccionado este plan, como el que el actual Congreso haya autorizado su lectura. Pero basta de este incidente. Aguardemos los resultados de su discusion, si es que algun dia llega á discutirse. Tememos que esta discusion produzca sesiones borrascosas. Recuérdense las sesiones del año 44 cuando se trataba de la devolucion de los bienes: y eso que no había entonces una minoría progresista como ahora.

Ya que de bienes temporales nos ocupamos, cúmplemos, á fin de historiadores, ocuparnos del real decreto de 12 de octubre último, por el que se crean en las provincias Comisiones investigadoras. Su mismo título ya indica cuál es su objeto, esto es, investigar y descubrir las memorias de misas, aniversarios y fundaciones que tengan cargas eclesiásticas. El objeto que el Gobierno se propone en crear tales comisiones no puede ser mas justo, cual es el que se cumplan las fundaciones piadosas afectas á ciertos bienes que ni los posee el clero, ni los administra el Estado, ó lo que se llama Administracion de bienes nacionales. «Muchas de estas memorias no se cumplen, dice el ministro en el preámbulo, «y no pocas de ellas y gran número de fundaciones son aun desconocidas actualmente á causa de las circunstancias por «que en estos últimos tiempos ha pasado la nacion.» Pero el ministro deja entrever tambien en semejante operacion una mira interesada. Espera que «obteniendo las correspondientes bulas apostólicas para la reduccion y conmutacion de
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 15

tales cargas, podrá aliviarse mucho el tesoro, destinando «con la autoridad competente una parte de su importe ó pro- ducto para cubrir las dotaciones personales del clero, y de- jando otra parte para la eventual ó casual del mismo clero, «encargado de la celebracion de las misas y demás actos re- ligiosos.» Plácemos que se reconozca ser necesario obtener bulas apostólicas para reducir ó conmutar esta especie de cargas, y que se establezca que el clero encargado de cum- plir las que queden debe recibir una retribucion por este ser- vicio. Quisiéramos que se tuvieran bien presentes estas doc- trinas, y que se aplicaran á tantos párrocos, que porque en sus parroquias existian fundaciones piadosas, tienen ahora que levantar aquellas cargas sin recibir nada mas que lo que les estaba asignado por su dotacion, al paso que los demás, en cuyas parroquias no existian fundaciones, perciben líqui- da su dotacion, y sin mas carga que las parroquiales comun- nes, y defraudando en cierto modo la intencion de los piá- dosos fundadores, que habiendo querido mejorar la condi- cion de sus párrocos con un aumento de renta, ahora la empeoran aumentándoles el trabajo, y siendo causa que tal vez se les disminuya la renta, como sucede en los que por malas cosechas ó otra causa no pueden cobrar, ó cobran di- fícilmente lo que estaba asignado á las pias fundaciones.

Tambien se deja ver otra mira de interés en lo que añade el ministro. «Tambien es de recelar, dice, que muchos bie- nes, censos, derechos y acciones que con arreglo á las le- yes hechas en Cortes debieran haber pasado á la adminis- tracion de bienes nacionales, estén en manos extrañas sin legítimo título. Su indagacion incumbe igualmente al Go- bierno de V. M., á fin de que los bienes detentados tengan su debida aplicacion y destino.» Elogiamos el celo del Go- bierno en procurar que se cumplan los sufragios y otras car- gas pias, afectos á dichos bienes, que mientras están en ma- nos codiciosas é ilegítimas dejan un gran vacío en dicho cum- plimiento. Pero quisiéramos que reparase el Sr. Bravo Mu- rillo, que no es justo ostentar este celo y rigidez con los
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 16

otros, mientras uno está haciéndose culpable de la misma ó mayor omisión. No hay duda que la administración de bienes nacionales está percibiendo años há gruesas cantidades de bienes ó rentas que antes pertenecían al clero, y á los que están afectas cargas eclesiásticas que el clero cumplía religiosamente; y deseariamos saber cuántas misas ha mandado celebrar la administración de bienes nacionales, desde que tiene á su cargo aquellos bienes. Mas de una vez hemos oído á personas á quienes la amortización compele al pago de los censos, quejarse agriamente de que se les exija este pago no cumpliéndose los sufragios y demás intenciones piadosas por que los legaron sus mayores. Cierto que esto sobre ser injusto es escandaloso en una nación católica. Por esto nos complacemos en creer que ya que el Sr. Bravo Murillo ha ostentado este celo porque se cumplan las fundaciones piadosas que hayan quedado ocultas hasta ahora, no olvidará las manifiestas y cuyas rentas se recaudan en las oficinas de su dependencia. Pero vengamos al análisis del decreto.

El artículo 1.º especifica el objeto de las comisiones investigadoras. El 2.º las organiza, designando los vocales de que han de componerse. Aunque el objeto sea eclesiástico, y el diocesano y el cabildo tengan también su parte, no se crea que estas comisiones tengan carácter eclesiástico, ni casi apenas mixto atendida la poca representación que en ellas tienen los eclesiásticos. El intendente es el que debe presidir: el intendente debe nombrar el secretario y demás auxiliares: el intendente debe hacerlo todo. En los artículos 3.º y siguientes hasta el 9.º inclusive se determinan la época de la instalación, el modo de formar los registros, de hacer las reclamaciones, de compelir á los detentadores ó usurpadores al pago de los réditos, y otras particularidades por el estilo, en lo que nada hay de particular. En el 10 se propone que se hagan transacciones con los deudores con respecto á atrasos, condonando una tercera parte á los que no presenten obstáculos, y reconozcan desde luego su obligación. Las comisiones de ningún modo pueden estar autorizadas para hacer es-
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 17

ta condonacion, si todo el débito está afecto á celebracion ú otras cargas piadosas. Los artículos 11 y 12 determinan que los bienes detentados y recuperados se entreguen al clero para su administracion con destino á cubrir sus dotaciones; que las cantidades que produzcan las reclamaciones y transacciones se entreguen á la persona designada por el diocesano; que las dos terceras partes de estas cantidades y procedentes de cargas eclesiásticas no satisfechas, se apliquen al pago de las dotaciones personales del clero, y la otra tercera parte se destine por el diocesano al cumplimiento de las mismas cargas, en la forma que en uso de su autoridad prescribiere. Si con esto se ha propuesto el Sr. Bravo Murillo acumular fondos con que dar de comer al clero, le agradecemos su buena voluntad; pero los diocesanos y el clero son muy delicados en este punto. El clero nunca comerá de lo que no le pertenece, siquiera se vea abrumado de hambre y de miseria: ya lo ha acreditado otras veces. Los obispos en uso de su autoridad y facultades ordinarias no pueden dar á estos bienes otro destino que el que les dieron sus fundadores. Ni las dos terceras partes ni un maravedí pueden aplicarse á las dotaciones personales del clero, sin autorización de la Santa Sede, á la que tan solo corresponde hacer las reducciones y commutaciones que se requieran. Los diocesanos no pueden hacer otra cosa que prestar su cooperacion para el descubrimiento de aquellos bienes que se hallen ilegítimamente detenidos en manos extrañas. A esto estamos ciertos que no se negarán los diocesanos, porque, como reconoce el Sr. Bravo Murillo, pueden con esto obtenerse ventajosos resultados para el tesoro y para la Iglesia, si se procede con celo, inteligencia y circunspeccion, y se invoca además el auxilio de la autoridad competente. Alabamos, pues, por esta parte el pensamiento del Gobierno, y deseamos que se arranquen de manos codiciosas y profanas bienes que nuestros mayores habían legado para sufragio de los difuntos ó alivio de huérfanos y doncellas pobres, cuyas piadosas intenciones estaban bien lejos de cumplirse.
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 18

Con fecha de 19 de noviembre se expidió por el mismo ministerio de Hacienda una larga instruccion, extendida en quince artículos, por los que se prescriben los trámites que deben seguirse en todo este negocio. Con mucho placer encontramos reconocido en la instruccion primera ser necesaria la intervencion de la autoridad apostólica para la reduccion de cargas y fijacion de la cantidad que por el levantamiento de ellas haya de imputarse de una manera estable y permanente en parte de la dotacion del culto y clero: así como celebramos tambien el que «se reconozcan, sin restringirlas «en manera alguna, las facultades que en la materia corres-«ponden á los diocesanos.» Pero téngase entendido que estos no pueden alterar en nada lo dispuesto por los fundadores, y sus facultades son celar el cumplimiento de las cargas piadosas, y exigir y reclamar que se haga la aplicacion legitima de los productos de aquellos bienes sin darles otra inversion que la que los fundadores determinaron. Si el Gobierno exigiere otra cosa de ellos, entienda que en manera alguna podrán complacerle, á menos que alguno de ellos gozare de facultades especiales á mas de las ordinarias. Quisiéramos que la potestad civil se haga cargo de esto, y que si alguna vez los obispos se negaren á secundar sus miras, lo atribuya á delicadeza en no extralimitarse de sus atribuciones, y no á mala voluntad.

Y ya que tanto hemos hablado de bienes temporales, ¿podrémos prescindir de ocuparnos de la dotacion del clero, como medio de su subsistencia temporal? En la RESEÑA que del primer semestre de 1849 hicimos en el tomo anterior hablamos extensamente del curso que había llevado este negocio. El 17 de enero se presentó á las Cortes el proyecto de ley para la dotacion del clero en 1849. Pasáronse los meses de febrero y marzo y parte de abril en las operaciones parlamentarias para su aprobacion. La corona lo sancionó y le dió toda la fuerza de ley el 20 de abril, pero hasta el 6 de junio no fue circulada por el ministerio la expresada ley.

Pero la circular del 6 de junio estaba redactada de tal mo-
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 19

do, que los intendententes se veian atascados á cada paso, y tenían que consultar al ministerio. Entre tanto habían transcurrido seis meses, es decir, la mitad del 49, y el clero estaba sin comer, y el culto perecía. Y lo peor era que en vista de la ambigüedad con que era interpretada ó quería interpretarse la ley, no se veía un término próximo á esta situación angustiosa. El tesoro había percibido por entero dos trimestres de la contribución de inmuebles, sin hacerse cuenta que según la ley de 20 de abril dos quintas partes, ó sean 120 millones de los 300 con que está gravada la riqueza territorial, pertenecían al clero, y este debía haber cobrado ya 60 millones en los referidos dos trimestres. En medio de tanta ambigüedad el ministro de Hacienda, que lo era entonces todavía el Sr. Mon, expidió otra circular en 14 de julio para aclarar la de 6 de junio. En ella se confiesa que existían «comunicaciones de varios intendententes dirigidas á este ministerio con motivo de la circular de 6 de junio,» y que de ellas se deducía que «en muchas partes se ha dado una interpretación equivocada á dicha circular que es preciso rectificar.» En la circular de 14 de julio se prescribe que «cada localidad y cada individuo contribuya á la dotación del culto y del clero en la parte alicuota que le corresponda;» y que esta proporción se tome, «comparando el total de la contribución de inmuebles con la parte que de esta misma se consigna para la referida obligación.» Se consigna asimismo que el pago se verifique en las mismas épocas en que se verifica el de la contribución. Se reconoce que de haberse cobrado ya en aquella época dos trimestres de la contribución de inmuebles, resulta un déficit para el clero, el que «no debe influir para nada en el ánimo de los intendententes,» pues promete que el Gobierno arbitrará medios particulares para reparar el mal que de otra manera pudiera resultar por el referido déficit.

Muy justo es que el Gobierno tratase de cubrir este déficit, y en esta parte no podemos menos de elogiar los buenos deseos del Sr. Mon. Pero en lo demás no vemos que esta
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 2

que nos haga variar de opinión. Verdad es que el Popular, periódico que recibe las inspiraciones del ministerio, ha insistido en lo de otras veces, en declarar que ningún desacuerdo existía entre la Santa Sede y el Gobierno español. «Mas de una vez hemos dicho, decía en su número del 19 de diciembre último, que carecen de fundamento las noticias que algunos periódicos parece que se complacen en propagar sobre supuestos desacuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno español. Hoy volvemos á repetir que tenemos entendido no existe tal desacuerdo; que siguen las negociaciones para un concordato entre el ministerio y el Nuncio del Santo Padre; y por último que no creemos haya llegado el caso de someterse nada definitivo á la corte de Roma, de la que no hay motivos para expresar se muestre exigente é injusta é inconsiderada.»

Nosotros agradecemos al periódico ministerial el lenguaje comedido que usa con respecto á Roma, y que declare no mostrarse esta á fines de 1849 exigente, ni injusta, ni inconsiderada. Sin embargo, y á pesar de todas las aseveraciones del Popular, no podemos aventurarnos á creer que no exista, ó que á lo menos no haya existido ningún desacuerdo entre las altas partes contratantes. Nosotros nos complacíamos en divulgar la marcha boyante que llevaba este negocio cuando en julio y meses siguientes de 1848 todo indicaba actividad y buena inteligencia. También ahora tendríamos el mayor placer en divulgar semejantes anuncios si viésemos para ello algún fundamento: pero ¿qué podrémos inferir de esa inercia, de esa reserva en que se encierra el Gobierno, aun cuando es provocado á dar explicaciones sobre el particular? Así es que si alguna vez ha sido interpelado en las Cortes sobre el estado en que actualmente se encuentran las negociaciones con Roma, nada satisfactorio ha podido contestar, nada que diese fundados motivos de esperar que la cuestión eclesiástica se halla próxima á un feliz desenlace.

En medio de estas incertidumbres y de estos temores ha venido á conturbar los ánimos otro incidente que se cree por
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 20

circular aclare mucho la del 6 de junio, pues encontramos en ella casi la misma oscuridad y confusión de ideas que en la anterior. El Sr. Mon cumplió en 6 de agosto la palabra que había empeñado en 14 de julio, y en otra circular mandó que «en los meses que restan del propio año (1849), fácilita el tesoro por mensualidades señaladas y consignadas sobre las provincias el importe de los dos primeros trimestres.» Así, pues, según las disposiciones del ministro de Hacienda, en los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre debía percibir el clero por quintas partes el importe de los dos primeros trimestres, sin perjuicio de los dos últimos que debían vencer en 30 de setiembre y 31 de diciembre. Si así se hubiese realizado, ninguna injusticia se hubiera hecho al clero, y este no habría podido quejarse sino de que se le había diferido hasta los últimos meses del año lo que debiera haber percibido en los primeros, ó á lo menos desde que fue sancionada la ley de 20 de abril. Pero siempre temimos que por mucho que fuese el celo y la buena voluntad del Sr. Mon, no podría darse entero cumplimiento á la circular del 6 de agosto. Después que el tesoro á duras penas había podido hacer frente á sus atenciones, mientras percibia íntegra la contribución de inmuebles en los siete primeros meses, ¿cómo podría hacerlo en los cinco restantes, en los que el clero percibiría las dos quintas partes de aquella contribución, y en los que además el tesoro tendría que desembolsar como por vía de restitución doce millones mensuales? Mucho habría tenido que aguzar el señor Mon su talento financiero para salir bien de estos compromisos.

Pero en aquel intermedio dejó el ministerio el Sr. Mon, y con eso quedó libre de los compromisos que con el clero había contraído. Reemplazóle el Sr. Bravo Murillo, en cuya habilidad financiera, por mucha que sea su fama como abogado de Madrid, nadie tenía la mayor confianza. Como era de presumir encontró el tesoro en los mayores ahogos, y la primera medida que adoptó el Sr. Bravo Murillo para des-
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 21

ahogarle fue exonerar al clero de percibir lo que por los dos primeros trimestres le correspondía, y que el Sr. Mon había prometido pagar en los cinco últimos meses. Así es que la direccion general del tesoro pasó á los intendententes en fecha de 27 de agosto una circular en que se revocaba la otra de 6 del mismo mes, y con esto vió el clero desde la entrada del Sr. Bravo Murillo desvanecidas las esperanzas que le había hecho concebir el Sr. Mon. Cierto que era bien especioso el pretexto que alegaba el nuevo ministro de Hacienda para defraudar al clero de las esperanzas que había concebido. «En la necesidad, decia la nueva circular, de rectificar las cuotas de lo que en cada provincia debe recibir el culto y clero, con motivo de las manifestaciones hechas por varios intendententes, he acordado prevenir á V. S. que se sirva suspender la entrega de la quinta parte del primer semestre que esta direccion habia dispuesto por su circular de 9 del actual, ciñéndose los pagos á dicho presupuesto, al importe del trimestre corriente.» Si la necesidad de rectificar las cuotas era motivo suficiente para suspender el pago de las quintas partes, tambien lo era para suspender el del trimestre corriente. Y ¿cómo podia ser aquella necesidad suficiente motivo, cuando restaban todavía por cobrar otras muchas cantidades, en cuyo caso podria rebajarse lo que cada diócesis hubiese percibido de exceso? Si un particular nos alegase tales pretextos, los llamaríamos en buen castellano excusas de mal pagador. Si un contribuyente se cree perjudicado en el reparto que se le ha hecho de la contribucion, y reclama que se rectifique la equivocacion, se le contesta, y con mucha razon, que pague entre tanto lo que está pendiente, y averiguado el error se subsanará en los pagos sucesivos.

Pero ya que se ha invocado la necesidad de rectificar el reparto, vamos á presentar el que se hizo á las diócesis por lo que les correspondia en el reparto del presente año.

    Diócesis.
    Presupuesto.
    Diócesis.
    Presupuesto.

    Albarracin.
    346,178
    Almería.
    1.221,674

    Alcalá la Real.
    342,067
    Astorga.
    4.670,666
Revista católica (Barcelona) (1850-02-01 00:00:00), página 22



    Diócesis.
    Presupuesto.
    Diócesis.
    Presupuesto.

    Ávila.
    2,994,677
    Orihuela.
    1,429,635

    Badajoz.
    1,077,599
    Osma.
    2,636,431

    Barbastro.
    1,218,512
    Palencia.
    3,917,144

    Barcelona.
    2,810,836
    Pamplona.
    5,270,236

    Burgos.
    7,100,211
    Plasencia.
    1,356,913

    Cádiz.
    940,480
    Salamanca.
    2,334,950

    Calahorra.
    4,121,233
    Santander.
    2,362,282

    Canaria.
    640,580
    Santiago.
    5,609,793

    Cartagena.
    2,499,476
    Segorbe.
    862,160

    Ceuta.
    113,313
    Segovia.
    2,696,668

    Ciudad-Rodrigo.
    758,682
    Sevilla.
    5,593,644

    Córdoba.
    2,397,913
    Sigüenza.
    3,099,523

    Coria.
    1,212,343
    Solsona.
    1,230,632

    Cuenca.
    3,143,923
    Tarazona.
    2,181,621

    Gerona.
    2,829,836
    Tarragona.
    1,750,699

    Granada.
    2,796,115
    Tenerife.
    724,548

    Guadix.
    887,460
    Teruel.
    1,081,600

    Huesca.
    1,515,159
    Toledo.
    8,048,486

    Ibiza.
    267,129
    Tortosa.
    2,230,467

    Jaca.
    1,368,377
    Tudela.
    371,611

    Jaen.
    1,947,943
    Tuy.
    1,808,174

    Leon.
    5,144,241
    Urgel.
    2,688,799

    Lérida.
    2,419,996
    Valencia.
    8,193,599

    Lugo.
    3,363,791
    Valladolid.
    1,223,101

    Llerena.
    1,116,187
    Vich.
    2,539,689

    Málaga.
    2,056,813
    Zamora.
    2,199,104

    Mallorca.
    943,089
    Zaragoza.
    3,995,366

    Menorca.
    247,539
    Para gastos impre-

    Mondoñedo.
    1,936,243
    vistos.
    3,333,572

    Orense.
    3,263,788

    Oviedo.
    6,052,806
    Total.
    133,511,346

Han transcurrido cinco meses desde que á pretexto de rectificar se suspendió el pago de los semestres anteriores: en cinco meses ¿se ha pensado en hacer la rectificación? Si no se ha hecho, arguye mucha indolencia en las oficinas, toda vez que los intendentes la han reclamado, y para en perjuicio de tercero el no hacerla. Si se ha hecho, debiera haber cesado la suspension mandada en 27 de agosto, toda vez que tambien ha cesado la causa que la motivó. No se ha visto