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Revista católica (Barcelona) (1849-05-01 00:00:00), página 96

Tortosa: D. Juan Pagés, canónigo.
Tudela: Lic. D. Agustin Ferrer, Pbro., director del instituto.
Valencia: Dr. D. José Matres, paborde de la catedral y catedrático de la universidad.
Valladolid: D. Agustin Gomez, capellan de número de la catedral.
Vich: Dr. D. Jaime Soler, canónigo lectoral.
Victoria: D. Felix Lizarralde, confesor mayor de las MM. Brígidas.
Zaragoza: D. Saturnino Naya, cura de Santiago.

A. P.

Libro para el mes de julio.

Atendiendo á las repetidas instancias de muchos suscriptores, vamos á publicar en el próximo mes el preciosísimo libro: Confesiones de san Agustin.

El título solo de la obra y el nombre del autor son ya una suficiente recomendacion. Sin embargo, debemos añadir en nuestro humilde entender, que toda la caridad, toda la sublimidad, toda la humildad, todas las virtudes, toda la grande alma del grande Agustin, se hallan como vaciadas en el libro que anunciamos. Nos hacemos cargo de que algunos de nuestros lectores lo tendrán tal vez, ó lo habrán leído: mas juzgamos que esto no debe ser impedimento de que lo pongamos en manos de la generalidad de nuestros suscriptores que no lo habrán visto.

Está arreglándose, para darla á luz, una Coleccion completa de las obras de D. Antonio Claret, en cuya revision está ocupándose el mismo autor. Quizá el próximo mes empiece ya á ver la luz pública alguna de sus entregas, las que irán dándose gratis á los señores suscriptores.
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REVISTA CATÓLICA.

TOMO DÉCIMOQUINTO.
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el de los regulares. En la base 5.a se habla de «resolver de una manera definitiva lo que convenga respecto de los institutos de religiosas:» mas ni en esta base ni en ninguna otra se habla de los religiosos. ¿Quedarán perpetuamente abolidos en España todos los institutos religiosos de varones? ¿No permitirá la ley en la católica España lo que no se impide en la protestante Inglaterra? ¿No habrá un asilo, un retiro en el fondo de un desierto en donde puedan reunirse los varones que se sientan llamados de Dios para profesar la perfeccion evangélica, y entregarse exclusivamente á la contemplacion de las cosas celestiales? Esta España que tanto debe á los institutos monásticos en la época de sus mayores conflictos y de sus mayores glorias, ¿no ha de consentir en su suelo, ni siquiera en lo mas apartado de sus desiertos, un solo monasterio, en donde piadosos cenobitas se entreguen á la oracion, y llamen sobre el resto de España las bendiciones de lo alto? Bueno es que en la base 3.a se autorice al Gobierno á «establecer casas é institutos de misiones, ejercicios y correccion de eclesiásticos:» No importa que á los habitantes de estas casas de misiones no se les llame frailes, con tal que en realidad lo fuesen: pero ¿serán los habitantes de estas casas simples clérigos regulares, con libertad para abandonar aquel género de vida siempre que les acomode, ó verdaderos religiosos constreñidos perpetuamente con los votos monásticos? Y ¿tan solo para los que hayan de dedicarse á las misiones y demás ejercicios de la vida activa, habrá estas casas, y no para los que se sientan llamados á la vida puramente contemplativa? Confesamos que en este punto ha estado poco explícito el Gobierno, ó tal vez sobradamente meticuloso, no atreviéndose á chocar con las preocupaciones que en el ánimo de ciertos hombres ha dejado impresas la revolucion.

El dia 24 de marzo fue presentado al Senado el mencionado proyecto, y el alto Cuerpo procedió con tanta actividad en el negocio que al cabo de cuatro dias, el 28, ya se leyó por la Comision el dictamen sobre del mismo. Nombrá-
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ronse para formar la Comision los Sres. Patriarca de las Indias, D. Joaquin Diaz Caneja, D. José María Galdiano, D. José de Cafranga y D. Diego Medrano. La Comision da su dictámen en un todo conforme con el proyecto, y lo funda en un extenso preámbulo, que por su mucha extension nos abstendríamos de insertar. Dirémos sin embargo, que la Comision al emitir su dictámen examina cuatro puntos: si el Gobierno necesita la autorizacion, si esta es conveniente, si las Cortes pueden otorgarla, si deben otorgarla en los términos que se pide: y resolviendo afirmativamente todos estos puntos, es de dictámen que se otorgue la autorizacion. Para lo primero se funda en lo que hemos ya expuesto, á saber, que aunque la Constitucion faculte al Gobierno, por el párrafo 6.º del art. 45, para dirigir las relaciones diplomáticas con las demás potencias, pero que tratándose de un negocio en el que las partes contratantes «tienen que recorrer el campo vasto de un arreglo general del clero poniéndose de acuerdo sobre varias, difíciles y complicadas cuestiones, de cuya resolucion puede resultar, no solo la alteracion de anteriores disposiciones y prácticas canónicas recibidas, sino tambien la derogacion ó modificacion de leyes vigentes;» para esto último «es indispensable la concurrencia de los cuerpos colegisladores.»

En cuanto á la conveniencia, se funda en que habiendo estado por tanto tiempo interrumpidas nuestras relaciones políticas con la Silla pontificia, en cuya época se han verificado de hecho reformas de gran trascendencia, acontecimientos de mucho bulto que la Comision deliberadamente se abstiene de calificar, atendiendo á que las tales reformas «han alterado de un modo muy sustancial el orden establecido, «no solo desquiciando todas las partes de que se componía, «sino tambien dejando vacíos inmensos que con la mayor «urgencia conviene llenar ó reemplazar;» la Comision no cree prudente ni aun posible esperar la formacion de un proyecto detallado por el método ordinario, que tendria que discutirse por cuerpos numerosos, «que por precision ten-
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drian que tocar puntos delicadísimos, resolver cuestiones complicadas, y descender á muchos pormenores con discusiones embarazosas y prolijas, en las cuales por grande que fuese el esmero y buen deseo de las mayorías, sería de todo punto difícil evitar que se mezclasen pasiones, parcialidades, preferencias y errores infinitos, y todo esto sin tener en cuenta que urge la resolucion sobre el interesante punto de que se trata. Por todos estos motivos la Comision se decide no solo por la conveniencia, sino aun por la necesidad imperiosa de la autorizacion. Y no satisfecha de esto todavía se adelanta á dar una advertencia al Gobierno, á saber, que su celo por el bien no le conduzca mas allá de lo que la justicia y utilidad dictan. ¿Cuál es el sentido de esta indicacion? ¿teme la Comision que se ceda demasiado á la Iglesia, ó que á título de regalías se escatimen á esta sus derechos? Nosotros creemos que por esto último estarian los recelos de la Comision; pues añade que al acercarse el venturoso momento de que cese la horfandad de esta nacion, «no le es posible disimular la inefable satisfaccion que experimenta de que las cosas santas ocupen en toda su latitud el lugar que les corresponde, porque está profundamente convencida de que el espíritu religioso es la única tabla que puede salvar del naufragio que tan de cerca amenaza en el desbordamiento de pasiones bastardas de que adolecen las modernas sociedades, en la relajacion casi universal de las buenas costumbres, en la desmoralización general que se observa, y en los extravíos á que por desgracia con tanta frecuencia propende la razon humana.»

Acerca del tercer punto, la Comision opina que no puede ponerse en duda el que las Cortes pueden otorgar la autorización, ya porque pueden estas desprenderse de sus facultades legislativas, cuando así lo exige el bien público, ya porque en ninguna parte se halla terminante y expresamente prohibida esta facultad, ya porque «desde el establecimiento del Gobierno representativo en España todos los gabinetes que se han sucedido, han pedido y obtenido seme-
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«jantes autorizaciones, según las necesidades eventuales ó «circunstancias accidentales que las aconsejaban.» Por lo que no á la facultad de conceder la autorización, sino á si debe concederse en estos ó los otros términos es á lo que deben dirigirse los argumentos de los contrarios.

Descendiendo, pues, á cada una de las bases, está conforme con la primera, reconociendo la utilidad, y aun la necesidad de regularizar las diócesis, y poner la division eclesiástica en armonía con la civil en cuanto sea posible. Nosotros tambien reconocemos esta necesidad, así como la monstruosa demarcacion de algunas diócesis, consecuencia precisa de acontecimientos sucesivos y aislados, ó de antecedentes históricos, quizás memorables y gloriosos, como dice la Comision; pero tememos la armonía que se quiere introducir, ya porque tal vez hará desaparecer iglesias de antigua y gloriosa creacion y respetables en la historia, ya porque si se llevarse al extremo esta regla, podria ser un funesto precedente siempre que ocurriese algun cambio notable en la demarcacion civil.

En las bases 2.a, 3.a y 4.a apenas se detiene la Comision: pero sí, y extensamente, en la 5.a Al sentar el principio de que «los principios exagerados en todas materias son por lo «regular tan perjudiciales como los opuestos diametralmen- «te,» creíamos que no solo iba á apoyar los institutos de religiosas, de que habla el Gobierno, que se dediquen á objetos de enseñanza ó caridad, sí que tambien abogaria porque se permitiese algun otro instituto, que sin dedicarse á ningun acto de caridad ó enseñanza, se consagrase exclusivamente á la vida contemplativa. Y mas lo creíamos así, cuando leíamos consignada la doctrina de que «la potestad «civil, sin incurrir en la nota de tiránica, no puede impedir «que un número cualquiera de mujeres piadasas se reunan «y vivan en comun, sujetándose espontáneamente á las re- «glas y ejercicios devotos que se propongan.» De este principio se esfuerza en deducir que el Gobierno ó la potestad civil puede reconocer «semejantes asociaciones, cuando una
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«de sus bases principales la forman ejercicios de enseñanza ó caridad, y se sujetan á reglas fijas y á la vigilancia y direccion competentes.» Nos parece que no habia por qué esforzarse tanto; basta tener algunas nociones de derecho comun, y mas si es liberal, y ser consecuente á ellas. Y nosotros deduciríamos que la potestad civil no solamente puede, sino que debe reconocer semejantes asociaciones, aun cuando no sean sus ejercicios los de enseñanza ó caridad, sino los de oracion ó otro cualquiera que no perturbe el orden público. Pero ya se ve; no ha habido bastante valor para proclamar esta consecuencia; y aun para la otra habia sus recelos. Por esto se han ponderado sus ventajas y beneficios materiales, sin remontarse á mirarlas bajo el elevado punto de vista religioso. Se trataba tan solo de desarmar á los implacables enemigos de todo instituto religioso, sea el que quiera su objeto; por esto se procedia con tantas temporizaciones.

Finalmente, en el último párrafo del dictámen establece la Comision una doctrina en la que no parece que pueda estar conforme ningun hombre de gobierno. «Si en la aplicacion y desenvolvimiento de las bases, dice la Comision, contenidas en el proyecto de ley sometido á la deliberacion del Senado, se cometiere algun error;.... medios suficientes tienen las Cortes en el circulo de sus atribuciones legislativas para enmendar las equivocaciones y los errores en que pueda incurrirse: la iniciativa de las leyes amplia, omnimoda para derogar ó reformar lo prescrito y proponer lo que convenga, es condicion suficiente para poner á cubierto aun el mas remoto recelo.» Esta doctrina es contradictoria, y puede ser altamente funesta á la estabilidad y á la fe de los tratados. Es contradictoria, porque al tiempo que las Cortes autorizan al Gobierno para tratar, y establecer, y pactar lo que creyere conveniente, se reservan el derecho de anular al dia siguiente lo que se hubiere tratado, establecido, ó pactado. Las Cortes dicen al Gobierno: «te autorizamos para que arregles este negocio según pare-
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«ciere mas conforme á tu ilustracion y conciencia; pero si «no nos agradare el arreglo, mañana votarémos una ley, «en que á título de equivocacion ó de error anularémos todo «cuanto hubieres hecho.» Esto, y perdónesenos nuestra lógica, no es autorizar, no es dar poderes ó comision á otro para hacer una cosa, sino prescribirle que la haga con la condicion precisa de adivinar y conformarse á su modo de pensar y á su voluntad. Si el comisionado ó autorizado tie-ne la desgracia de no acertar, ó aun cuando acertare, cambiaré mañana en el comitente el modo de ver las cosas por cualquier motivo que sea, puede decir el comitente: «te «has equivocado, has errado, esto no es bueno, no es jus-to, y lo anulo.» Y entonces ¿cuál es la estabilidad de los tratados? ¿cuál la confianza que pueda tenerse en ellos? Y nadie negará que esto sea muy posible, no solo en la hipótesis de cambiar la preponderancia de los partidos, cosa tan comun en estos tiempos de escepticismo político y de ninguna convicción en los principios de gobierno, sino aun permaneciendo el mismo partido en mayoría. Supóngase que mañana el Gobierno arrepentido de haber hecho tales concesiones á la Iglesia, ó embarazado en su aplicacion, no le faltarán en alguno de los Cuerpos colegisladores cinco ó siete firmas que apoyen una proposicion de ley que derogue ó modifique lo que embarazaba al Gobierno; y según la táctica con que se manejan las discusiones parlamentarias, no dejará de ser aprobada la ley en cuestion. Se dirá que esta es la índole del Gobierno representativo: pero ¡pobres Gobiernos y pobres leyes bajo los sistemas parlamentarios!

Nos hemos detenido en este punto, ya que hemos tomado el cargo de analizar el preámbulo que nos ocupa. Por lo demás estamos conformes con las ideas emitidas por los respetables individuos de la Comision, y alabamos el sentimiento eminentemente católico que brilla mas de una vez en el mencionado documento. Como por aquellos dias estaba ocupado el Senado en discutir otro proyecto de ley, tambien exclusivamente eclesiástico, cual es el de dotacion del culto
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y clero, no se abrió la discusion sobre el de autorizacion hasta el dia 10 de abril. Como todas estas discusiones así en el Senado como en el Congreso, han sido sumamente interesantes, así por lo que se ha dicho en contra, como por lo mucho que se ha dicho en favor de la Iglesia y del clero, y por las grandes confesiones que se han hecho, anatematizándose en pleno parlamento hechos y doctrinas que en otro tiempo habian sido canonizadas por los padres de la patria, nuestros lectores nos disimularán si somos algo minuciosos y extensos en reseñar aquellas sesiones y analizar algunos de los notabilísimos discursos que se han pronunciado con esta ocasion.

Abrió la discusion en el Senado el Sr. Cabello. El Sr. Cabello pertenece al bando progresista, y fue ministro en tiempo del Regente: fácil es, pues, adivinar que el Sr. Cabello no estaria porque se autorizara al Gobierno, y Gobierno moderado, para concluir un Concordato en Roma. Para fundar su opinion sacaba á relucir lo de disciplina interna y externa: en lo que concierne á la primera, así como al dogma reconocia á la Iglesia independiente: mas no en lo de la externa, en la que decia, «es mas dependiente de los Gobiernos á medida que de ellos recibe mayores favores.» Deseaba reanudar las relaciones con Roma: mas queria que se examinase de qué parte habia estado la culpa en haberse interrumpido. Por supuesto que toda la culpa era de la corte de Roma, en lenguaje del Sr. Cabello, sin que en el rompimiento de la buena armonía «hubiera mediado ningun motivo por parte del Gobierno español.» Tan luego como murió el último monarca, la curia romana invadió las atribuciones de los cabildos y de los obispos, y echó abajo hasta los decretos y disposiciones mas venerandas del Concilio de Trento. Sacaba á colacion lo del obispo de Leon como obispo faccioso, autorizado por Roma para ordenar á cuantos se le presentaran, aun sin dimisorias de su propio obispo: lo de gobernadores eclesiásticos nombrados para Segorbe, Tortosa, Albarracin y otros puntos; lo de las consabidas renun-
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cias arrancadas á los obispos electos; lo del excesivo coste que tenian las bulas de los obispos, ascendiendo algunas, como las del arzobispo de Toledo, á 22 ó 24,000 duros; lo de las exorbitantes cantidades que se enviaban á Roma por las dispensas matrimoniales, que, según su cálculo, ascendían anualmente á 12 ó 15 millones: é inferia de todo esto que las bases no estaban redactadas con franqueza. Con dificultad se podrá pronunciar un discurso mas descabellado que el del Sr. Cabello.

Como el Sr. Vahamonde se creyó aludido en lo de las renuncias arrancadas, se levantó á sostener que el Gobierno estaba en su derecho al exigir de los obispos electos el que renunciasen, ó retirarles el nombramiento caso de no querer renunciar, lo que confirmó mas al Sr. Cabello en que las renuncias habian sido arrancadas, si bien confesaba que le parecia algo dura la expresion.

El Sr. Arrazola, ministro de Gracia y Justicia, fue el que se levantó á impugnar al Sr. Cabello. Primeramente le increpó por haber aducido tan inoportunamente el adagio de «con el rey y la religion, chiton,» diciendo que las cosas santas debian tratarse santamente, y mas en un puesto tan elevado como lo era el Senado, en donde deben conducirse los negocios con la mayor circunspeccion. Habló en seguida de la independencia de la Iglesia, que si fuera tal como la presentaba el Sr. Cabello, acaso la Iglesia no tendria á bien aceptarla. Segun el Sr. Cabello, el clero no es independiente sino donde sufre persecucion, como en la China y el Japon, y menos independiente en los Estados Unidos y en Francia. «La Iglesia del Japon, respondia á esto el Sr. Arrazola, es ciertamente independiente, pero consiste en que lo es en todas partes; porque sobre su independencia no tiene poder la potestad de la tierra, ni en nada se opone su independencia para el régimen interior de los Estados.... Así, no deseo para la Iglesia católica, á que pertenezco, la independencia del Japon; sin embargo de que, si allí no ha de recoger mas que cadenas y martirios, los acepto como
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«miembro de ella.» El Sr. Arrazola echaba en cara al señor Cabello la imprudencia de querer averiguar de qué parte habia estado la culpa de la escision, cuando este exámen podia ser un embarazo del objeto que se apetecia, cual era la avenencia de las dos partes. Se hacia cargo de la especie que habia vertido el Sr. Cabello sobre los 24,000 duros de las bulas del arzobispo de Toledo, y le advertia que en la actualidad el coste mayor de ellas era el de 29,000 rs. Tambien manifestaba que era muy exagerado el cálculo de los 12 ó 15 millones por dispensas matrimoniales, y que de este punto se ocupaba el Gobierno, pero que no era para ventilarse en el Parlamento.

Habló en seguida en pro del proyecto el Sr. Calderon Collantes, manifestando su opinion contraria á la del Sr. Cabello. Presentaba la Iglesia como en tres grandes épocas, la de las persecuciones, la de los tiempos bárbaros, y la de los tiempos mas modernos, en cuyas épocas, sin embargo de las grandes modificaciones que habia sufrido la Iglesia en sus relaciones con el poder temporal, siempre habia sido independiente; y añadía: «¿Cuál es el objeto á que deben dirigirse en esta cuestion todos los actos del Gobierno? El de constituir la Iglesia de una manera definitiva, dando al clero una absoluta independencia.» En lo que estaba rece- loso el Sr. Calderon Collantes, y advertia al Gobierno que anduviese cauto, era en lo de conceder al clero facultad de adquirir; pero explicó luego sus palabras, diciendo que era conveniente esta precaucion para evitar al clero el que fuese nuevamente perseguido por esta causa. Con esto terminó la sesion del dia 10.

La del 11 empezó por el discurso de un senador que declaró iba á hablar de asuntos relativos á la legislacion española sin entender ni querer entender de códigos. Así va ello: por eso tambien se dicen tan sendos disparates, sin quitar que lo sean el que se digan parlamentariamente. El Sr. Sancho es progresista, y por esto se tomó la libertad de desbarrar á sus anchuras. El Sr. Sancho principiaba por atacar la
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amortización eclesiástica, reprochando al Sr. Pidal lo que había dicho otro día que todas las leyes españolas autorizaban la amortización, y citándole como argumento las palabras del célebre jurisconsulto Jovellanos, «cuyas terminan-tes palabras prueban», decía el Sr. Sancho, que estaba prohibida la adquisición de bienes al clero en España por una «ley fundamental.» Cabalmente no es lerdo el Sr. Pidal, y en materia de jurisprudencia y de códigos sabe algo más que el Sr. Sancho. Dijo, pues, que no había más que registrar todos los códigos españoles, el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Siete Partidas etc., etc., los cuales desmentían formalmente al Sr. Jovellanos, quien refiriéndose á las Cortes de Nágera, cuyas actas se habían perdido, según testimonio de todos los autores, no podía hablar más que de memoria y sin aducir documentos fehacientes: por lo que concluía el Sr. Pidal que á él más se le merecían los códigos y las leyes españolas, que estaban bien terminantes en la materia, que el dicho del Sr. Sancho, y aun del Sr. Jovellanos, por más que se apoyase en una autoridad que no podía comprobarse. Esta prueba de ciencia legislativa constituyó al Sr. Pidal en defensor de la amortización eclesiástica, y desconcertó al Sr. Sancho, que ciertamente nada podía replicar en una materia que él mismo confesaba no entender.

El Sr. Sancho volvió á inculpar á Roma de haber sido ella la que rompió las relaciones, de haber atizado nuestra guerra civil, de haberse metido en lo que no le tocaba examinar, cual era el derecho á la sucesión de la Corona, y otra multitud de cosas que no podemos abarcar en un ligerísimo extracto. Pero el Sr. Pidal le contestaba con aquella vehemencia que acostumbra, cuando están de su parte la razón y la justicia. Recordaba, como lo había hecho con el Sr. Cabello, cuán imprudente era hacer cargos y recriminaciones cuando se trata de avenencias: refutaba las calumnias que contra Roma se habían dirigido sobre atizar la guerra civil, etc.; y sobre todo vindicaba el derecho de Roma en averiguar á favor de quién estaba el derecho á la Corona, por-