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hasta ahora ni que se haya hecho rectificacion alguna; ni que se haya tratado de satisfacer al clero alguna de las mensualidades anteriores. Hubiérase dicho francamente: «Clero, en los apuros del tesoro no se te puede pagar lo que devengas hasta fin de junio; pero se te pagará religiosamente en lo sucesivo.» Esto habría tenido al menos el mérito de la franqueza, y el clero tal vez se hubiese resignado. Andar con los pretextos y excusas que se alegan puede motivar que se diga por alguno que el Gobierno no procede de buena fe. Y por el honor del Gobierno y por el bien del país quisiéramos que ni siquiera hubiese el mas leve pretexto para que se concibiesen jamás estas sospechas.

¿Ha tomado acaso el Gobierno la resolución de no satisfacer al clero mas que las cantidades que devengue desde que principió á ponerse en ejecución la ley de 20 de abril? Y ¿con qué razon? ¿no votaron las Cortes el presupuesto general de la nación en el que figuraba la cantidad de 120 millones para la dotación del clero y mantenimiento del culto? ¿no votaron después la ley provisional de dotación de culto y clero para el año 1849 en que otra vez se hablaba de los 120 millones que debían salir de la contribución de inmuebles? ¿no han pagado los pueblos desde principio de año las contribuciones de las que debía salir la dotación del clero? ¿Por qué motivo, pues, no ha de ser atendido el clero desde el mes de enero? Y si el clero no debiera percibir su dotación hasta que empezó á ponerse en ejecución la consabida ley, tampoco los pueblos debieran sufrir el recargo de los 50 millones sino desde que estuvo votada y empezó á ejecutarse esta ley. Y sin embargo en el mes de agosto empezaron los pueblos á sentir este recargo, teniendo que pagarlo no solo de agosto en adelante, sino desde el mes de enero. Está visto que los agentes del poder entienden y practican las leyes del modo que mas les conviene, siendo siempre el débil el que tiene que llevar la parte mas gravosa.

Pero quisiéramos que el Gobierno parase la atención en lo que este modo de proceder puede perjudicar á las negociac-
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ciones que están pendientes con la corte de Roma. En el año que acaba de espirar se habia proclamado que el método ó sistema de percibir el clero sus asignaciones, establecido en la ley de 20 de abril, libraba al clero de toda eventualidad, y que era segurísimo el que á la sombra de la indicada ley fuesen atendidos los sagrados objetos que en ella se expresan. La experiencia acaba de demostrar que tambien ha salido falsa esta última seguridad. A pesar de todas las precauciones de la ley, un ministro ha podido de una plumada hacerla ilusoria, y cercenar al clero nada menos que 60 millones. Y no se diga que esto ha sucedido este año, porque ha empezado á plantearse la ley, pero que no sucederá así cuando el sistema de dotacion esté definitivamente establecido. Nunca faltarán á los ministros medios ó pretextos con que eludir ó suspender el cumplimiento de la ley, siguiera no sea mas que el de rectificar algunas equivocaciones ó inexactitudes que se supongan incurridas.

Pero á la ley de 20 de abril, mandada poner en ejecucion el 6 de junio, le faltaban unas instrucciones que regulasen y uniformasen las operaciones de los ejecutores: y estas instrucciones se dieron finalmente el 29 de octubre, cuando á la ley no le quedaban mas que dos meses de existencia. Las referidas instrucciones son un largo documento, obra del señor Bravo Murillo, que abarca veinte y ocho articulos. En dicho documento reconocemos cosas buenas, y otras que no lo son tanto, y vamos de ello á dar conocimiento á nuestros lectores. Se manda que desde luego se haga entrega al clero de todos los bienes de las cuatro órdenes militares, expresándose la renta anual que produzcan en metálico ó en frutos; pero se advierte que al clero se le entregan estos bienes en administracion, no en propiedad. La renta anual debe ser fijada de comun acuerdo entre el diocesano y el intendente, imputándose tan solo el producto líquido, y rebajándose «las cargas de justicia, las eclesiásticas de misas, aniversarios, festividades y demás, sea cual fuere su denominacion, las contribuciones y otras que procedan.» Para hacerse esta
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rebaja se prescriben varias reglas, una de las cuales es la tercera, que rebaja un 15 por 100 por razon de contribuciones, administracion, huecos y reparos. Encontramos muy justo el que se haga aquella deducción; pero el Gobierno no ha sido bastante equitativo al señalar no mas que un 15 por 100 por contribuciones, etc. ¿Se ignora que por solo contribuciones se lleva el erario un 12 por 100, y que los administradores ó recaudadores, especialmente si son de censos, no se contentan con menos de un 10 por 100? Sabemos que algunos diocesanos han representado pidiendo á lo menos un 25 por 100 por esta causa. Reconocemos muy justo el que al clero no se le impute de los bienes de las encomiendas y maestrazgos mas que el producto líquido, deducidas las cargas de misas, etc. Pero esta misma justicia milita en todos los demás bienes que tengan afectas semejantes cargas. Veremos si el Gobierno se acuerda de hacer la misma aplicación.

Se autoriza á los diocesanos, para que oyendo á los cabildos y de acuerdo con la autoridad económica, puedan enajenar en pública licitación los bienes poco productivos y de difícil administracion, tomándose en cuenta de la dotacion el rédito ó interés anual que obtengan de la venta. En dicha disposicion no se ve claro si los bienes que puede enajenar el clero son de los de las encomiendas, ó de los devueltos por la ley de 3 de abril de 1845, y deberia aclararse.

Fijado el importe líquido y anual de los bienes devueltos, de los de las encomiendas, y de los productos de Cruzada, debe satisfacerse, segun el artículo 7.º, de la contribucion territorial la cantidad necesaria en cada provincia para completar la dotacion del culto y clero, cuya cantidad deberá percibir el clero ó por las cajas públicas, ó bien en todos los pueblos de su demarcacion, sin perjuicio de que en lo sucesivo, si se creyere conveniente, se recaude de los primeros contribuyentes. Este último medio seria el mas seguro para el clero: el segundo, aunque algo engorroso, es el que preferirá á falta de otro mejor: el primero nunca lo adoptará,
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porque ya sabe por experiencia cuán amargo le es ser dependiente de las arcas públicas. La eleccion de uno de los medios indicados se deja por el artículo 9.º al arbitrio del diocesano, oyendo á su cabildo catedral. Para el caso de que se elija el medio de cobrar directamente de los pueblos, se manda que el cupo general de la contribucion se divida en dos, uno para el culto y clero, y otro para el tesoro, debiendo los ayuntamientos ó recaudadores de la Hacienda entregar directamente al clero, sin entrar en las arcas públicas, la parte que al clero corresponda, sin descuento por fallidos ó otra rebaja. Este sistema lo encontramos muy acertado y justo; pero debiera haber añadido el Sr. Bravo Murillo, bien que así se ha hecho en muchas provincias aunque no lo expresen las instrucciones de 29 de octubre, que no pueda el tesoro percibir la parte que le corresponda antes que el clero haya percibido la suya.

El artículo 16 dispone que los párrocos y demás individuos del clero puedan recibir en sus pueblos de sus respectivos ayuntamientos las asignaciones que les correspondan, debiendo ser admitidos sus recibos como metálico por los administradores generales representantes del clero. Esto en teoría es muy hermoso. Los párrocos se ahorran hacer un viaje á la capital de la provincia ó tener allí un apoderado para cobrar: así ellos como los ayuntamientos se evitan de las eventualidades que ocurren en el transporte de caudales: los unos y los otros se ahorran gastos, molestias y percances. Sin duda el Sr. Bravo Murillo habrá tenido todo esto á la vista al redactar la instrucción 16ª, y le agradecemos la buena voluntad que en ello ha tenido. Pero permítanos que le digamos si en la práctica se convierte esto en perjuicio del mismo clero. Ocurre mil veces que un ayuntamiento se halla apremiado á pagar su trimestre de contribucion. Si el párroco ha de percibir la mitad de ella ó una parte, se acude á él para que expida el recibo que ha de ser presentado en tesorería, prometiéndole que luego después se le satisfará su importe. Si el párroco se niega, se malquista con el
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ayuntamiento, porque de él depende sacar á este de un apuro, y aliviarle de los apremios que pesan sobre el pueblo. Si expide el recibo, difícilmente ó nunca cobra después su importe; porque agobiados como se hallan los pueblos, á aquel apuro sucede otro, y luego otro, y nunca viene la ocasión de satisfacer al párroco su haber. La experiencia de los años 1841, 42 y 43 lo enseñó así, y la experiencia es muy buena maestra. Por esto algunos diocesanos han acudido reclamando contra esta medida, en provecho de los mismos párrocos, para evitarles compromisos, y para que perciban sus dotaciones con mas seguridad, aunque con menos comodidad.

En el referido documento se dan varias instrucciones para el caso que el diocesano prefiera percibir en frutos la dotación de su diócesis, por medio de convenios ó transacciones con los pueblos. Como la ley en cuestión no es definitiva, sino tan solo provisional para el año 1849, los diocesanos no han creído conveniente entrar en esta clase de transacciones, que necesitan un arreglo estable y duradero para poder verificarse con algún aplomo y conveniencia. Por esto omitimos ocuparnos de aquellas instrucciones que se refieren á este punto.

La instrucción 22 obliga á los ayuntamientos ó recaudadores á acreditar la solvencia de la cantidad respectiva al culto y clero, al tiempo de entregar en las arcas públicas los cupos trimestrales pertenecientes á estas. Si esta medida se ejecuta con exactitud, el clero no será defraudado de la parte que le corresponde: pero si los intendentes aflojan en este punto, el tesoro quedará cubierto de su contingente, y en descubierto el clero, porque carece de medios coercitivos.

Una medida encontramos en la instrucción 24, con la que no podemos conformarnos. En ella se exige que todas las personas encargadas de la administración de los fondos pertenecientes al clero «deberán dar las fianzas competentes, y «rendir la correspondiente cuenta con las mismas formalidades y en las épocas que están prevenidas respecto á los
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«que manejan fondos del Estado.» Desde que un ayuntamiento ó un recaudador entrega una cantidad al apoderado general del clero, aquella cantidad deja de pertenecer al Estado, y es propiedad del clero, el que hará de ella el uso que tenga por mas conveniente. No es ya el ministro de Hacienda sino el diocesano el que debe responder de aquellos fondos y de la aplicacion que de ellos se haga. Al diocesano, pues, toca determinar las garantías de sus agentes, y el método que han de seguir en administrar y distribuir los fondos que se les confian. No es el sistema de garantías y formalidades, á que están sujetos los funcionarios del Estado, el mas á propósito para regir en la administracion eclesiástica. Es muy otra la calidad de las personas con quienes han de entenderse los diocesanos para esta clase de negocios; y por lo tanto muy otras han de ser las reglas que rijan en la materia. Déjese á los diocesanos que administren bajo su responsabilidad; que echen mano de las personas que les inspiren mas confianza; que dén al negocio un rumbo mas sencillo que el que llevan las oficinas del Estado que sin embargo de la baraunda de fianzas, garantías, formalidades, etc., no pueden á veces evitar las concussiones y dilapidacion de los caudales públicos: y cuide tan solo el Gobierno de poder decir en toda verdad al clero: «Te he entregado lo que te pro-«metí, lo que he creido que necesitabas para tus atencio-«nes; si estas no son cubiertas, no te quejes de mi desleal-«tad, sino de tu mala administracion y de tu falta de tino é «inteligencia.» Hágase la prueba: póngase puntualmente en poder de los diocesanos el importe de sus respectivos presupuestos, y examínese al fin del año quién deja mas exactamente cubiertas sus atenciones, si la Iglesia ó el Estado, rigiéndose cada uno por sus sistemas respectivos. Muchos diocesanos han reclamado contra esta exigencia de la instruccion 24, que les pondría en un conflicto, por no poder confiar la administracion de los caudales del clero á las personas que mas confianza inspiran, por no poder estas ó no querer afrontar los crecidos capitales que para la fianza se necesi-
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tan; y porque en este caso deberia retribuirse á los tales administradores en proporcion de los perjuicios que les irroga- sen las fianzas que habrian de prestar.

Otra medida hemos visto en la instruccion 5.a, que no po- demos menos de celebrar. Por dicha instruccion se manda, que « el producto de la Bula de la santa Cruzada..... se apli- « cará por ahora..... á las atenciones eclesiásticas de las pro- « vincias en que se recauden. » Esto estaba ya prescrito en la ley de 20 de abril, y conforme á la ley y á la instruc- cion 5.a se pasó por el ministerio de Hacienda una real órden de 29 de octubre al Comisario de Cruzada, en que se manda que « los fondos de dicho ramo ingresen prontamente y sin « rodeos excusables en poder de los encargados de su per- « cepcion por el clero, y que los rendimientos obtenidos en « los pueblos de cada provincia se recauden en ella, y se « apliquen á cubrir atenciones de la misma provincia : » pre- viniendo además al Excmo. Sr. Comisario que tome desde luego las disposiciones y medidas que estén en sus facultades á fin de que pueda tener el cumplido efecto desde el año próxi- mo venidero (1850), y que proponga al Gobierno de S. M. todo cuanto sea conducente y toque á la autoridad temporal, ó que en su concepto convenga solicitar de la Santa Sede, á fin de elevar á una posicion brillante la gracia de Cruzada, y hacer mas productivos sus rendimientos en bien de la Iglesia y del Estado. El Gobierno ha hecho de su parte lo que correspondia, desprendiéndose de unos productos que por su índole no debian pertenecerle, y ofreciendo su apoyo á su administrador natural para poner en buen estado un ramo que se habia resentido notablemente de los pasados trastor- nos. Es de creer que el señor Comisario, aprovechando la benévola cooperacion que ofrece el Gobierno, haya dictado las medidas que su célo le sugiera para hacer prosperar la administracion que le está confiada : y que así como el Go- bierno ha comunicado á los diocesanos la real órden de 29 de octubre, haciéndoles saber que pueden contar para las aten- ciones del culto con los fondos de Cruzada que se recauden
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algunos enlazado con esta cuestion: tal es el intempestivo llamamiento de nuestro ejército expedicionario de Italia. La España habia tenido la gloria de ser la primera en proponer la idea de la cooperacion de todas las potencias católicas en la restauracion del Papa á su poder temporal. Pio IX al acoger esta idea habia invitado nominalmente á la España como una de las cuatro potencias que debian concurrir á esta empresa exclusivamente católica. Si la España no habia sido la primera en corresponder á esta invitacion; si el pabellon español no fue el primero que ondeó en las tierras de Italia, fue porque las otras estaban mas inmediatas y les fue mas fácil introducir sus ejércitos en los Estados pontificios. Sin embargo no se hicieron mucho de esperar las tropas españolas; y mucho antes que fuese rendida la revolucion dentro de los muros de Roma, los pendones de Castilla ocupaban el punto de Italia que se les habia designado como el mas conveniente. Es verdad que no llegaron nuestras tropas á medir sus armas ni dispararon un tiro contra los rebeldes; pero esto no fue culpa suya sino efecto de una combinacion de circunstancias que fue necesario respetar. Por lo demas es preciso hacer justicia á nuestro ejército: aunque no disparase un tiro no dejó de prestar grandes servicios á la causa del Pontífice y del orden. Nuestro ejército pacificó las provincias que se le habian consiado, no con derramamiento de sangre, sino con un comportamiento brillante y con una severa disciplina militar, que han dejado en aquel país un recuerdo indeleble del buen nombre español. No han saltado envidiosos que han tratado de mancillar las glorias calumniando á nuestro ejército é imputándole defectos muy feos, que á ser ciertos dejarían en muy mal estado el lustre del nombre español. Estas calumnias se han esparcido con profusion por los periódicos extranjeros, y se hacia necesaria una reparacion. Esta reparacion la ha dado en efecto el Gobierno español en el modo que podia darla, publicando el brillante parte que en 30 de setiembre daba el brigadier Bustillos, comandante general de la division de operaciones del Mediter-
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en sus diócesis, tambien el señor Comisario dé las órdenes oportunas á los receptores verederos del ramo, para que á medida que recauden fondos los hagan entrar en poder de los apoderados generales del clero. Mucho hubiera sido de desear que con anticipacion el señor Comisario se hubiese puesto en relaciones con los diocesanos, y no dudamos que estos habrian hecho valer su autoridad y la influencia de que gozan en sus diócesis para excitar la piedad de los fieles á tomar la santa Bula. Haciendo intervenir con tiempo la autoridad de los diocesanos, no dudamos que los productos habrian tenido un aumento de consideracion, y se habria devuelto á la gracia el prestigio que tanto se ha amenguado con las turbulencias de los tiempos.

Pero si aplaudimos lo que el Gobierno dispone en la instruccion 5.a y la real orden de 29 de octubre, no podemos hacer lo mismo con el uso que el Gobierno ha hecho de estos fondos en el año 1849. La ley de 20 de abril destinaba los productos de Cruzada á la dotacion del culto y del clero; y el Gobierno sin hacerse infractor de la ley no podia disponer de un maravedí de estos fondos durante el referido año. Así es que nos sorprendió una real orden de 14 de julio que llegó á nuestra noticia, por la que se libraba contra el Comisario de Cruzada por la cantidad de seis millones de reales. Mientras se mermaba al clero de los dos trimestres que habian vencido ya á aquella fecha, es decir, de 60 millones, se le mermaba además de los 10 ó 12 millones que habria podido producirle el ramo de Cruzada. Y no se diga que cuando empezó á estar en vigor la expresada ley, ya los referidos productos no estaban íntegros, y que por no enredar la contabilidad era mas sencillo que los productos de la predicacion de 1849 continuasen ingresando en el tesoro. Lo mas sencillo, lo mas natural, lo mas justo era que ya que la ley destinaba al clero estos productos, el Gobierno tuviese la delicadeza de no tocar á ellos mientras la ley se estaba discutiendo: ó que á lo menos, ya que al ponerse en ejecucion la ley el tesoro habia percibido una parte de los productos,
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no se apropiase los restantes, sino que devolviese los que había percibido. Así se ha verificado con el clero en un caso análogo. Alguna diócesis en virtud de la circular de 6 de agosto había cobrado ya una quinta parte del importe de los dos primeros trimestres. Cuando esta circular fue derogada por la del 27 del mismo mes, no solo no continuó en percibir las otras quintas partes, sino que tuvo que devolver la que había percibido. ¿Se dirá que la razon está siempre de parte del mas fuerte?

Finalmente por el artículo 26 del citado documento se emite una idea que el clero no puede menos de acoger favorablemente, mucho mas cuando tan distante parece estar la conclusión de las negociaciones eclesiásticas. Durante el curso del debate de la ley de 20 de abril siempre habíamos estado en la inteligencia que aquella dotación era solamente para el año 1849. En el artículo 26 á que nos referimos se previene que «mientras no se verifique el arreglo del clero « seguirá rigiendo el presupuesto vigente con arreglo á la ci- « tada ley de 20 de abril último.» Nosotros deseáramos que así fuese; pero es el caso que habiéndose consultado al Gobierno por algunos diocesanos, si en el año 1850 seguirá la cosa como en 1849, la contestacion no ha sido la mas á propósito para disipar toda especie de recelos. Irémos viendo. Sería una fatalidad que todos los años tuviese que venirse á las Cortes con un nuevo proyecto de ley, y entablar nueva discusion, y tomar de aquí pretexto para defraudar al clero de la mitad de la dotación que las Cortes hayan tenido á bien señalarle.

Tal es la suerte que ha tenido la dotación del clero en el primer año en que se ha ensayado el actual sistema. De los dos primeros trimestres no se habla, y probablemente irán á aumentar la enorme deuda que el clero acredita sobre la nación. ¡SESENTA millones mas sobre los CUATROCIENTOS y tantos que ya se le debían á este empobrecido clero! Los dos últimos trimestres se han cobrado generalmente con bastante regularidad, y el clero ha tenido un pedazo de pan para
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socorrer su gran miseria. Si hubiese seguridad de que siempre habia de cobrarse con la misma exactitud, podríamos abrir el corazon á la esperanza no para ser ricos sino para comer y para sustentar los templos del Señor.

Pero el Gobierno en el reparto que ha hecho á las provincias ha señalado 153.511,346 rs., siendo así que segun los presupuestos de cada diócesis no se necesitan mas que 150.177,774 rs.: sobran, pues, 3.333,572 rs. que se destinan para gastos imprevistos. Y ¿cuáles han de ser estos gastos imprevistos? Ya lo expresa el artículo 26 de la instrucción de 29 de octubre: de dicho excedente han de salir las dotaciones de los nuevos provistos en piezas eclesiásticas. Suponiéndose que el dia menos pensado se hubiesen concluido las negociaciones con Roma, y que determinado el número de prebendas que había de tener cada cabildo catedral y otras corporaciones eclesiásticas, se pasasen á proveer inmediatamente; ó suponiendo á lo menos que se proveyesen las de oficio, según la real orden de 24 de setiembre, claro está que de un fondo ú otro habian de salir las dotaciones para estos nuevos prebendados. Pero ¿vendrá pronto este caso? ¿es probable que venga? ¿está próximo á llegar?

Expedida la real orden de 24 de setiembre tan solo dos iglesias, las de Burgos y Lérida, creyeron que debian aprovecharse de tan feliz coyuntura, y publicaron edictos, ó llamaron á concurso. Algunas consultaron sobre la inteligencia de aquella real orden, y las mas guardaron silencio. Aclarada la real orden de 24 de setiembre por la de 6 de noviembre, y reducida la facultad de abrir concursos á once iglesias solamente, y tan solo para dos prebendas en cada iglesia, vemos que ni aun las iglesias privilegiadas se han apresurado á hacer uso de aquel privilegio, y solo los cabildos de Tarragona, Córdoba, Málaga, Murcia y Lugo han publicado edictos. A estas deben añadirse las de Burgos y Lérida, que aunque no comprendidas, acudieron á Madrid reclamando el derecho que las asistia para hacer valer los edictos que antes que nadie habian publicado. Todas las demás igle-