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autoridad apostólica á la solucion de las cuestiones suscitadas, no aconseja la prudencia que se levanten otras sobre la enajenacion de esos bienes sin el concurso de la Iglesia. La Junta, gestionando como medianera entre ambas potestades, cree no excederse de su cometido elevando respetuosamente su voz á V. M., pronunciando palabras de conciliacion y de armonía.

Una dificultad grave se levanta para que puedan ser cumplidamente satisfechos los deseos de la Junta, y consiste en que una parte de esos bienes, los de las encomiendas de san Juan, ha sido destinada por el Gobierno de V. M. á la extincion del empréstito forzoso que acaba de acordarse para acudir á los grandes apuros en que el Estado se encuentra, y á los que es difícil hacer frente en tan críticas circunstancias. La Junta, que no puede proponer que se acuda á una obligacion, por preferente y sagrada que sea, desatendiendo absolutamente las otras del Estado, cree que seria un medio conciliatorio el de eximir de esta medida las referidas encomiendas de san Juan, las cuales se apliquen al Estado, para lo que concurrirá propicia la Santa Sede.

Este medio, Señora, aleja la cuestion de principios y resuelve la de intereses encontrados. Queden en buen hora las encomiendas de san Juan para cumplir esa obligacion contraída por el Gobierno, y vénanse las otras á censo para acudir á la dotacion de la Iglesia.

Y al elevar la Junta su voz hasta el trono de V. M. proponiendo recursos para la dotacion del culto y sus ministros, ¿podrá olvidar enteramente á las respetables monjas, á esas vírgenes consagradas al Señor, que excitan las simpatías de todos los españoles? No era dable, Señora, que la Junta lo hiciera así, y tiene á dicha el proponer á V. M. un medio para aliviarlas en su miseria.

Los bienes que posejan las religiosas, y cuya venta se mandó suspender, están administrándose por el Estado.

Sus productos decrecen cada dia, y las fincas se deterioran por momentos. Ellas desaparecerán sin provecho de al-
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guno, al paso que subsiste en el Estado la obligacion de pagar á las religiosas sus pensiones. Véndanse, Señora, esos bienes; véndanse en buen hora á papel de la deuda del Estado, y cancelándose este, constitúyase un capital equivalente en inscripciones redituable del 3 por 100 á favor de la corporacion de religiosas en general, para que se les distribuya por trimestres provisionalmente en parte de su consignacion hasta el arreglo definitivo en que se asigne á cada convento la cuota que le corresponda, ó se adopten los medios mas convenientes. Esta medida proporcionará al menos un socorro seguro á las religiosas, evitará la destrucción de esos bienes, y los acreedores del Estado encontrarán un medio de reintegro.

Para todas estas medidas cree la Junta que debe solicitarse la cooperacion de la Silla apostólica, en evitacion de conflictos y nuevas desavenencias. Tiempo es ya de que se entre en un camino seguro, allanando obstáculos en vez de levantarlos. Ni ¿qué dificultad puede encontrar el Gobierno de V. M. en ello? La Silla apostólica, esa grande y magnífica institucion, piedra angular del catolicismo, jamás se ha conducido por miras estrechas ni por intereses mezquinos. Elevada á otra altura que la en que luchan los intereses mundanos, defiende la doctrina y sostiene los derechos de la Iglesia; pero no se detiene jamás en prodigar sus tesoros en beneficio de los pueblos. Las medidas que la Junta propone están enteramente conformes con el espíritu constante de la Iglesia, que ha reputado siempre su patrimonio como patrimonio de los pobres, respirando siempre un ambiente de caridad.

No hay que dudarlo, Señora, la Iglesia y su Pastor universal se complacerán en ver los bienes de aquella repartidos entre pobres laboriosos y labradores honrados, que, saliendo de la miseria, tendrán un campo que cultivar y una casa en que vivir, debidas á la solicitud de V. M. y á la munificencia del Vicario de Jesucristo.

La Junta lo espera así confiadamente, y de ello tiene una
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prueba en la solicitud que muestra el delegado apostólico por conciliar los intereses de la Iglesia con los del Estado. No se detenga, pues, V. M. en emprender ese camino que la atraerá las bendiciones de sus pueblos. Millares de familias podrán ser socorridas dividiéndose esos bienes en pequeñas suertes gravadas con un cónon, y el Estado hallará convertidos en propietarios á muchos infelices que bien merecen los cuidados de la Iglesia y el Gobierno.

Por ello, Señora, y excusando otras muchas razones que la Junta pudiera aducir en apoyo de las medidas propuestas, se determina á rogar á V. M. se digne acordar las disposiciones siguientes:

1.ª Que los bienes de las encomiendas de las cuatro órdenes militares que no se hayan enajenado todavía se dividan en pequeñas suertes y sean vendidas á censo, presiriéndose á los colonos y á los pobres.

2.ª Que se vendan igualmente y en la propia forma los bienes procedentes de hermandades y cofradías que no se hayan enajenado.

3.ª Que se vendan en los propios términos los bienes que fueron devueltos al clero por la ley de 1845, y que se administran por el mismo.

4.ª Que aquellos de estos bienes que no sean una hipoteca segura para las pensiones y capital de los censos, se vendan á dinero, imponiéndose en censos ó en efectos seguros.

5.ª Que los capitales que produzcan dichas enajenaciones se adjudiquen á la Iglesia, y sus pensiones se apliquen en parte de la dotación anual del culto y sus ministros.

6.ª Que los bienes que pertenecieron á los conventos de religiosas, y que no se han enajenado todavía, se vendan á papel de la deuda del Estado, abriéndose por su capital inscripciones á favor de las religiosas con el rédito de 3 por 100 pagadero por trimestres, el cual se les distribuya interinamente por la base de la consignación, y en parte de ella hasta que se les haga la designación y distribución definitiva.
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7.ª Que las encomiendas de la orden de san Juan queden para la aplicación que el Gobierno les ha dado, á cuyo fin Su Santidad podrá expedir el indulto correspondiente.

Y 8.ª Que para realizar las anteriores disposiciones, se suspenda desde luego la enajenación de los bienes de las encomiendas de las órdenes militares, y se proceda de acuerdo con la Santa Sede hasta llegar al término apetecido.

Dígnese V. M. acoger benignamente los sentimientos de la Junta, á la que no anima otro estímulo que su celo por el bien de la Iglesia y del Estado.—Dios guarde la importante vida de V. M. muchos años para bien de esta monarquía. Madrid 5 de julio de 1848.—Señora.—A. L. R. P. de V. M.—Manuel Joaquín, obispo de Córdoba.—Pablo, arzobispo de Valencia.—José Domingo, obispo de Lérida.—Manuel de Seijas Lozano.—Eleuterio Juantorena.—Pedro Reales.—Ventura Gonzalez Romero.

Exposicion del consejo de ministros y real decreto con motivo de la precedente exposición.

Ministerio de Hacienda.—Señora: La Junta creada por acuerdo del Gobierno de V. M. y del muy reverendo arzobispo delegado apostólico en esta corte para proponer los medios de resolver las cuestiones eclesiásticas, ha elevado á V. M. la representación de que tenemos la honra de dar cuenta á V. M., en la cual, con el objeto de preparar una solución acertada y conveniente en el difícil é importante asunto de la dotación del culto y sus ministros, exponiendo las consideraciones que su ilustración y su celo le han sugerido sobre aquel interesantísimo punto, y sobre otros que la Junta estima relacionados con él, propone que los bienes no enajenados ya, procedentes de las cuatro órdenes militares y de hermandades y cofradías, así como los que fueron devueltos al clero por la ley de 1845, se vendan á censo, apli-
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cándose los capitales y sus pensiones en parte de la dotación anual del culto y sus ministros; que aquellos de los referidos bienes que no sean una hipoteca segura para las pensiones y capital de los censos, se vendan á dinero, imponiéndose en censos ó en efectos seguros; que los bienes que pertenecieron á los conventos de religiosas, y que no se han enajenado todavía, se vendan á papel de la deuda del Estado, abriéndose por su capital inscripciones á favor de las religiosas con el rédito de 3 por 100; que las encomiendas de la orden de san Juan queden para la aplicación que el Gobierno les ha dado, á cuyo fin Su Santidad podrá expedir el indulto correspondiente; y que para realizar las anteriores disposiciones se suspenda desde luego la enajenación de los bienes de las encomiendas de las órdenes militares y de hermandades y cofradías, y se proceda de acuerdo con la Santa Sede hasta llegar al término apetecido.

El Gobierno, Señora, no puede menos de manifestar á V. M. que en la propuesta de la Junta ve que esta ilustrada corporación, evitando cuestiones teóricas y puramente de doctrina, en las cuales sería por una parte difícil, y tal vez estéril por otra, conseguir el avenimiento y uniformidad de pareceres, ha buscado medios prácticos de preparar de un modo efectivo y conveniente la solución de cuestiones importantes, procurando conciliar los intereses de la Iglesia con los del Estado.

El pensamiento de que se vendan á censo ó á dinero, según la calidad de las fincas, para imponer en censo ó en efectos seguros, con aplicación de los capitales y pensiones á la dotación del culto y clero los bienes no enajenados hasta ahora de las encomiendas de las órdenes militares, de las hermandades, cofradías, santuarios y ermitas, y los que posee y administra el clero secular á virtud de la ley de devolución de 1845, es un pensamiento fundado esencialmente en el principio de la desamortización, y basado al mismo tiempo en el de la justicia y la conveniencia incontestable de atender por el medio que ofrezca la mayor seguridad y estabili-
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dad posible á la dotacion suficiente y decorosa del culto y sus ministros. Aplicándose en parte de esta dotacion censos y otros efectos redituable, la Iglesia española no será poseedora de bienes raíces sustraídos á la circulacion y á las mejoras que ella produce naturalmente; pero será propietaria de aquellos capitales y de sus réditos ó pensiones, que le producirán una renta permanente y segura.

El principio de la desamortización, así como el cumplimiento de las disposiciones que el Gobierno se ha visto en la necesidad de adoptar para atender á las urgentes necesidades de la época, se consultan de lleno y extensamente en la propuesta de la Junta relativa á la continuación de la venta de las encomiendas de la orden de san Juan con destino á la extinción del empréstito forzoso de cien millones que se acaba de imponer.

No menos ampliamente y con resultados que serán grandemente provechosos, se consulta el mismo principio en la acertadísima propuesta de la Junta, dirigida á que los bienes aun no enajenados de los que pertenecieron á los conventos de religiosas se vendan á papel de la deuda del Estado, convirtiéndose en inscripciones con el rédito de 3 por 100, pagadero por trimestres con aplicación, por ahora interina y después definitiva, al pago de las asignaciones de las mismas religiosas ó sus conventos. Enajenados los bienes de esta clase á papel de la denda consolidada del 3 por 100, á pagar en la forma y plazos que se estimen mas conveniente, no es dudable que se convertirá en inscripciones no enajenables del 3 por 100 una cantidad de títulos de la misma clase de deuda, que no se aventura nada en asegurar que será doble ó acaso triple del valor capital de los bienes, y que dará una renta superior en la misma proporcion á la que producen en la actualidad, consiguiéndose por este medio un aumento notable en la renta que ha de destinarse para la sustentación de las religiosas, y una mejora radical del crédito, porque no parece dudoso que la producirá la conversión de una cantidad considerable de títulos pagaderos al portador en inscrip-
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par un lugar muy notable en nuestra historia eclesiástica.

Todo el objeto de la Junta en la referida exposición es consignar una base ó principio de donde partir para dar al culto y sus ministros una dotación segura, decorosa e independiente. Difícil y ardua es esta cuestión, dice la Junta: sin embargo sobre muchas consideraciones que impelen á abordarla « existe una de justicia basada en el principio de « la indemnización. » Para que esta dotación no sea lo que hasta aquí, una ley escrita y la positiva miseria del clero, la Junta proclama algunos principios que es menester no echar en olvido: 1.º, el de la propiedad en la Iglesia; 2.º, el del derecho de adquirir; 3.º, el de la estabilidad en la dotación sin exponerla á fluctuaciones; 4.º, el de la cooperación de la Santa Sede para evitar conflictos y validar ciertas transacciones, que nunca llegarían á ser legítimas sin la sanción de la suprema potestad eclesiástica.

El derecho de propiedad exige que esta se asegure para siempre á la Iglesia, y que desde luego se le entreguen á lo menos aquellos bienes, que siendo de naturaleza eclesiástica por cualquier título que sea, no han sido todavía enajenados. La rigorosa justicia exigiría que también lo fuesen los ya enajenados; pues habiéndolo sido sin la autoridad competente y sin el consentimiento del poseedor legítimo, y habiendo sido todo un despojo, como repetidas veces han confesado los mismos hombres que en el día se encuentran en el manejo de los negocios públicos, no puede procederse en justicia sin que se reintegre al despojado en la posesión de lo que es suyo. Pero la Junta se habrá hecho cargo sin duda de los conflictos que esta medida acarrearía al Gobierno, y ha callado acerca de tales bienes; y por esto ha sentado el principio de la cooperación de la Santa Sede para dar validez á unos actos que en su raíz habían sido ilegítimos.

Los bienes de naturaleza eclesiástica que no han sido enajenados son una gran parte de las cuatro órdenes militares y del de san Juan de Jerusalén, los pertenecientes á hermandades y cofradías, los devueltos al clero secular por la
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ciones no enajenables del 3 por 100; conversion que, sin aumentar en nada los intereses de aquella deuda que el Estado paga en el dia y ha de seguir pagando, disminuirá en una cantidad muy crecida los títulos al portador, esa especie de papel que tanto se presta á la especulacion, ó para la mejora aparente, ó para la depresion facticia del crédito.

Tales son, Señora, las propuestas que á la suprema resolucion de V. M. somete la Junta. Colocada esta en el terreno de la conveniencia, rehuyendo las cuestiones de pura especulacion teórica, y deseando que se llegue á los medios prácticos de ejecucion, no con estériles disputas sobre los derechos que por cada parte pudieran alegarse, sino por via de conciliacion y de arreglo, propone que se procure este arreglo con intervencion de la Santa Sede, y que para ello, y en el supuesto de que haya de entablarse la negociacion, en la cual debe esperarse un éxito satisfactorio, se suspenda la enajenacion de aquellos bienes, cuyo destino habrá de variar en el caso de adoptarse la propuesta de la misma Junta, cuales son los procedentes de las cuatro órdenes militares, y de las ermitas, santuarios, hermandades y cofradías; bienes cuya enajenacion, así como la de los que en la actualidad posee el clero secular, propone la Junta que se verifique á censo para que los colonos y los pobres, que en tal caso podrán concurrir con ventaja á la licitacion, tengan un campo que labrar y una casa en que vivir.

Estas consideraciones, Señora, han parecido fundadas y atendibles al Gobierno de V. M., el cual, persuadido de que en la negociacion preparada podrá conseguirse un resultado tan provechoso para la Iglesia como para el Estado; y reconociendo que para seguirla de buena fe, como cumple á todo Gobierno, conviene la suspension de la venta de aquellos bienes cuya aplicacion y destino pudiera variarse, ha acordado en consejo de ministros, para que el de Hacienda tenga la honra de someterlo á la aprobacion de V. M., el siguiente proyecto de decreto. — Madrid 6 de julio de 1848.
— Señora.— A L. R. P. de V. M.— El duque de Valencia.
— El duque de Sotomayor.— Lorenzo Arrazola.— Fran-
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cisco de Paula Figueras. — Francisco de Paula Orlando. — Mariano Roca de Togores. — Luis José Sartorius. — Juan Bravo Murillo.

Real decreto. — Teniendo en consideracion las razones que me ha manifestado mi consejo de ministros, y conformándome con lo que de acuerdo con el mismo me ha propuesto el de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.º Se suspende por ahora la enajenacion de los bienes raíces, acciones, derechos y censos que pertenecieron á las encomiendas de las cuatro órdenes militares y de las correspondientes á ermitas, santuarios, hermandades y cofradías, á cuya venta se mandó proceder por mi real decreto de 7 de abril de este año.

Art. 2.º De este real decreto se dará cuenta á las Cortes en la próxima legislatura para los efectos oportunos. — Dado en mi real palacio de San Ildefonso á 11 de julio de 1848. — Está rubricado de la real mano. — Refrendado. — El ministro de Hacienda, Francisco de Paula Orlando.

Circular del ministro de Gracia y Justicia á los diocesanos y presidentes de los tribunales civiles sobre cosas eclesiásticas.

El período de revueltas y discordias civiles que tuvo origen en el fallecimiento del último rey el Sr. D. Fernando VII (Q. E. E. G.), al paso que se ha hecho notar por la abolicion de gravosos y envejecidos abusos, y por la adopcion de secundas y útiles reformas, ha producido tambien en ciertas épocas hechos y resoluciones relativos á las materias eclesiásticas, en los cuales ni se escucharon siempre los consejos de la razon y la prudencia, ni siempre se respeta-ron en toda su extension los límites establecidos por los sa- nos principios.

Perturbado así por los lamentables sucesos indicados el orden asentado de antiguo entre ambas potestades, el objeto mas importante que ocupó sin tregua ni descanso el ánimo piadoso de la reina (Q. D. G.) desde que entró en el
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ejercicio de la autoridad suprema, y el celo de su Gobierno, fue el de aquietar las conciencias de los fieles, acordando al clero la consideracion y el amparo que les dispensaron siempre la religiosidad y el santo celo de sus antepasados en el trono.

Con este fin, y en cuanto lo permitian las contrariidades de la revolucion y de la guerra civil, así como los inevitables apuros del Estado, adoptó S. M. cuantas providencias piadosas y reparadoras podian contribuir á devolver al culto su esplendor y aliviar la desgraciada suerte de sus ministros, confiando en que la lealtad y el carácter evangélico del clero corresponderian, como en efecto han correspondido, á estos nobles y honrosos sentimientos, sustentando con su predicacion y con su ejemplo la adhesion y amor al trono de que tantos y tan gloriosos testimonios ha legado á sus sucesores en todos los siglos el estado eclesiástico en España.

Restablecidas con leves y transitorias excepciones la paz y el orden público, que S. M. y el Gobierno esperan arraigar hondamente en nuestro suelo, contando con la cooperacion del clero; sustituida la interrupcion, lamentablemente prolongada por tantos años, de las acostumbradas relaciones con la Santa Sede, por actos y propósitos benévolos de una y otra parte, que han allanado y hecho fácil la avenencia y el completo restablecimiento de los estrechos vínculos antiguos, es fuerza dejar al ejercicio natural y ordinario de entrambas potestades la provechosa tarea de ir restituyendo al estado debido los puntos que las circunstancias y lo calamitoso de los tiempos por que ha atravesado la nacion hubieren sacado del orden conveniente.

Llegadas las cosas á punto tan satisfactorio, es un deber muy grato de la potestad temporal proclamar las saludables máximas de que no puede desviarse el Gobierno de ninguna nacion católica, y que el de España profesa y reconoce como condiciones fundamentales de su adhesion sincera á la fe de nuestros mayores y de su reconciliacion con el Padre comun de los fieles. En cuestiones de interés temporal para la Iglesia caben, y aun son indispensables acomodamientos y
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transacciones de comun acuerdo de ambas potestades, oyendo los consejos de la prudencia y sometiéndose todos al imperioso poder de las circunstancias.

Pero tratándose de puntos que tocan al régimen de la Iglesia misma, á la autoridad propia de los prelados, á la subordinacion jerárquica, y á otras materias de disciplina, la autoridad temporal, sin desviarse de las venerables tradiciones que le ha legado nuestro antiguo derecho público eclesiástico, antes bien mirándolas como pauta y como guía, debe hacer notoria la decision con que asegura y se propone asegurar en lo sucesivo el libre ejercicio de las facultades que asisten á la potestad eclesiástica en la esfera de su autoridad.

Guiado por estos sentimientos el Gobierno de S. M. creó, de acuerdo con el delegado apostólico, una Junta de carácter mixto, que ocupándose de las cuestiones eclesiásticas, propusiese los medios oportunos de resolverlas bajo los principios indicados, como tambien el arreglo definitivo del clero español. Importantes cuestiones ha resuelto ya la Junta, y el Gobierno espera del celo é ilustracion de los individuos que la componen que muy en breve terminará sus tareas con aplauso de todos los buenos españoles.

Una circunstancia, sin embargo, hace que el Gobierno de S. M. no aguarde á este suspirado dia para dirigir su voz á las autoridades eclesiásticas y civiles. Terminada la lamentable viudez en que por tanto tiempo ha gemido la Iglesia de España, merced á la solicitud de S. M. y á la piedad de N. S. P. con el nombramiento, confirmacion y consagracion de prelados, conveniente era que el Gobierno, penetrado de las necesidades religiosas, procure acudir á ellas hasta el arreglo definitivo.

Al llegar á sus diócesis los nuevos prelados, probable es que encuentren marcada en muchas partes la huella de la revolucion y abusos que reformar: los lazos de la disciplina habrán de estar relajados: la moral resentida al duro embate de las pasiones y de la acerbidad de los tiempos: el escándalo tal vez allí donde debiera estar el ejemplo.