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das estaba estipulada en tratados solemnes, y que no podía modificarse ni suspenderse sin el acuerdo de la otra parte estipulante? ¿Por qué no objetaba que aquella ley destruía derechos solemnemente reconocidos, y hasta restringía las regalías de la Corona? ¡Tantas y tantas cosas hubieran podido decirse...! Pero de nada se acordó el Sr. Benavides sino de confesar que el Gobierno había infringido la ley, el Gobierno custodio de las leyes, celador de las regalías de la Corona, y responsable del buen desempeño en todos los ramos del servicio público.

Pero al fin, el expediente muy antiguo, que según el señor Benavides, existía en el ministerio de Gracia y Justicia parece haber resollado, y dado señales públicas de su existencia en el proyecto de ley presentado al Senado el 9 de diciembre de 1847. Insertamos en su lugar dicho proyecto de ley, que hasta ahora no pasa de ser un documento parlamentario, mientras nuestros lectores nos permitirán hacer sobre él algunas reflexiones.

Dicho documento por la idea principal que envuelve lo encontramos justo y reparador: justo, porque lo es el dar á uno lo que es suyo; ¿y qué cosa es mas propia de la Iglesia que el tener un número competente de ministros por medio de los cuales pueda ejercer con el decoro y pompa que corresponde sus sagradas funciones? Era tambien un derecho de los obispos ó cabildos respective el presentar las prebendas que vacaren en los meses llamados del ordinario: este derecho solemnemente estipulado en el concordato del año 1753 no podía quitárseles sin una manifiesta injusticia, y el proyecto en cuestion lo devuelve á los interesados, bien que no con toda la amplitud que se debiera. Es tambien reparador, porque habiéndose irrogado una injuria á la Iglesia por el decreto de 9 de marzo de 1834, por la real orden de 10 de enero de 1837 y por el artículo 1.º de la ley provisional de dotacion de culto y clero de 21 de julio de 1838, quitar de en medio tales decretos es reparar los males de la Iglesia.
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Efectivamente habia salido agravada la Iglesia con las medidas que hemos enumerado. Tan luego como asomó en España su cabeza la revolucion, empezó á clamarse contra el excesivo número de ministros y sus rentas exorbitantes. Pensóse luego en reformar las cosas eclesiásticas, y consecuencia de este pensamiento fue el real decreto de 9 de marzo de 1834 por el que se declaró suspensa indefinidamente la provision de prebendas, canongías y beneficios eclesiásticos, exceptuando las que llevasen aneja la cura de almas, las prebendas llamadas de oficio y las dignidades con presidencia de los cabildos, con la reserva de premiar, no obstante esta disposicion, á los eclesiásticos celosos que hiciesen ó hubieren hecho servicios eminentes en favor de la Iglesia y del Estado. Como esta medida llevaba el carácter de indefinida, y mientras no se verificase la reforma, se vió desde luego que si esta tardaba muchos años en realizarse por las vías legales y canónicas, debía sufrir un gran quebranto el culto divino. La triste experiencia de catorce años está diciendo que no se equivocaron los hombres religiosos y previsores. Dicha medida irrogaba tambien un gran perjuicio á muchos eclesiásticos beneméritos, á quienes se les cerraba la puerta en su carrera.

Un poco mas tarde, los hombres que deseaban acabar con la Iglesia tuvieron por demasiado lenta esta medida: y así es que por real orden de 10 de enero de 1837 se hizo completa la suspension que tan solo era parcial, y por consiguiente se prohibió conferir piezas eclesiásticas sin distincion alguna, ni aun las de oficio, ni aun las con presidencia de cabildo, ni aun los curatos y otras piezas que tienen anejo el cargo pastoral. Reserváronse tan solo los arzobispados y obispados. Y como si se temiese del catolicismo de nuestros reyes que revocasen ó modificasen esta medida, cuando se palpasen los males que irrogaba á la Iglesia, se les quitó esta facultad, arrogándose las Cortes las atribuciones de la Corona, y dando el carácter de ley á lo que no era mas que una simple real orden. Así se verificó por el decreto de las
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Cortes de 21 de febrero del mismo año. Y como si se mirase todavía por poco eficaz esta medida, las Cortes de 1838 la reiteraron en el artículo 1.º de la ley provisional que dieron para la dotación del culto y clero.

Esta suspension completa de proveer piezas eclesiásticas de toda especie debía producir en cierto número de años el efecto que se propusieron sus autores, esto es, una disminución muy notable de prebendados en los cabildos catedrales y en todas las demás clases eclesiásticas; y esta disminución debía producir también otro efecto, que no dirémos que se lo propusiesen sus autores, porque no nos gusta entrar en el sagrado de las intenciones; pero que aunque no fuese intentado debía preverlo el menos cuerdo. Este efecto debía ser necesariamente la falta de decoro y esplendor en el culto divino. Ya en el año 1840, antes del pronunciamiento de setiembre, lo notó el Gobierno de entonces, y en consecuencia presentó en el Senado un proyecto de ley dirigido á subsanar inconvenientes de tanta gravedad. Mas habiéndose disuelto aquellas Cortes de resultas del pronunciamiento, no llegó á discutirse el proyecto, y el mal siguió haciéndose más grave.

Y si tanta era la gravedad de entonces que llegó á llamar la atención del Gobierno, ¿cuál deberá ser después de otros siete años de fallecimientos y de bajas? Verdad es que el Gobierno ha hecho algunas provisiones, infringiendo una ley; pero estas infracciones de la ley se han hecho con suma parsimonia, y no han bastado á remediar el mal. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido muchas traslaciones de prebendados de unas á otras iglesias; pero esto tampoco ha dado ningún remedio, sino que antes bien ha agravado el mal, pues al paso que las unas iglesias han adquirido un competente número de prebendados, otras han quedado sumamente desprovistas. Si á lo menos en vez de hacerse las traslaciones á las catedrales de Barcelona ó Valencia, se hubiesen hecho á las de Coria ó Ibiza, en cuyo último punto ha quedado de hecho abolido el cabildo, se hubiera reportado de ello un
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beneficio. Mas con el sistema que se ha seguido nada tiene que agradecer la Iglesia de tales gestiones.

Tiempo era, pues, que se pensase en remediar un mal de tanta gravedad; y el Sr. Arrazola se ha propuesto hacerlo por medio del proyecto de ley que nos ocupa. Tres cosas determina el mencionado proyecto, el número de prebendas de que deberán constar los cabildos, los patronos que deberán presentarlas, y las cualidades de los sugetos en quienes deberán recaer las presentaciones. Antes de emitir nuestro juicio sobre estos puntos se nos permitirá decir que si bien deseamos como el que mas que la eleccion y nombramiento de prebendados no sean dejados enteramente á la arbitrariedad de los ministros, no nos parece muy conforme que semejante materia sea sometida á la competencia de las Cortes. No son las Cortes las que determinan el número de oidores de que ha de constar cada audiencia ó el de agentes de policía que un jefe político ha de tener á sus órdenes, ni tampoco las cualidades que han de adornar á estos instrumentos de la administracion del Estado: y ¿por qué han de decidir las Cortes cuántos canónigos ha de tener este ó aquel cabildo, y si han de salir de esta ó de aquella clase eclesiástica? No entendemos gran cosa en jurisprudencia parlamentaria; pero parécenos que el Sr. Arrazola ha sido sobradamente obsequioso á las Cortes en este punto. Además, alterándose, como se altera por el indicado proyecto, la dotacion del personal de los cabildos que estaba garantida por bulas y diplomas pontificios, nada puede tocarse en este punto sin ponerse de acuerdo con la Santa Sede. Es regular que el Sr. Arrazola, antes de presentar su proyecto, tan- tease el ánimo de Mons. Brunelli: así nos complacemos en creerlo, atendida la formalidad é ilustracion del actual ministro de Gracia y Justicia. Por lo que parécenos que se habría procedido mas acertadamente con formular el proyecto en un solo artículo, reducido á proponer la derogacion de todas las disposiciones que desde 1834 se habian dictado relati-
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vasá la suspension de la provision de prebendas eclesiásticas.

Pero supuesto que se haya creido mas conveniente proponer el proyecto en la forma que se ha hecho, y supuesta la competente autorización por la Santa Sede, merece nuestra humilde aprobacion por lo que toca al personal. El número de 24 prebendados para las iglesias metropolitanas, el de 20 para las sufragáneas en poblaciones de mas de veinte mil almas, y el de 16 para las restantes, nos parece bastante para hacer con un decoro y esplendor regular las sagradas funciones. En todo caso, no habríamos hecho alguna diferencia de mayor número mas que para alguna iglesia, como las de Toledo y Santiago, que por sus recuerdos históricos ó circunstancias especiales merezcan que en ellas se celebre el culto divino con mayor esplendor y magnificencia. Nos gusta la uniformidad que se establece, porque no dejaba de ser monstruoso que mientras la iglesia de Santiago, por ejemplo, contaba con 66 prebendados, la de Toledo con 54, la de Oviedo con 47, y con 58 la de Palencia, no tuviese mas que 8 la de Ibiza, 11 la de Ceuta, 12 la de Almería, 13 la de Guadix, y hasta la populosa y opulenta Cádiz no tuviese mas que 16 prebendados en su rica y elegante catedral. Lo que no encontramos conforme es la abolición de los títulos de dignidades, á excepcion del presidente. Estos títulos contribuian mucho al lustre y esplendor de las iglesias, y debieran dejarse al menos algunos, aunque no fuesen mas que unidos á las canongías que quedan existentes, si no queria aumentarse el presupuesto.

Celebramos mucho que para el derecho de presentacion se reconozca el principio estipulado en el concordato de 1753, dividiéndose este derecho entre la Corona y los Ordinarios, según los meses en que ocurrieren las vacantes. Tambien nos gusta el que se conserven las prebendas de oficio, y si algo valiera nuestro voto las aumentaríamos, añadiendo otro penitenciario y otro magistral, cuyos oficios se han hecho de mucha mas utilidad é importancia desde la extincion de
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los conventos. El aumento de esta clase de prebendas sería un medio de estimular el mérito, y dar mas importancia y esplendor intrínseco á los cabildos.

Mucho también celebramos el que para la provision de las prebendas se haya pensado en dar la preferencia, en igualdad de circunstancias, á eclesiásticos de determinadas carreras, que son las de mas utilidad á la Iglesia: pero nosotros hubiéramos deseado que ni aun se dejase tanta latitud. Bueno es que la clase parroquial sea la preferida á todas, porque es la que lleva pondus diei et aestus; pero siendo las prebendas una remuneracion brillante de servicios prestados á la Iglesia, exigiríamos cierta calificacion y cierto número de años de servicio para poder aspirar á las prebendas. Lo mismo decimos con respecto á los que se han consagrado á la enseñanza en los seminarios. No basta haberse consagrado á la enseñanza con celo y utilidad, este requisito todos los pretendientes creen haberlo llenado, sino que exigiríamos un número determinado de años que hiciesen al aspirante acreedor á esta recompensa. Con respecto á los jueces y fiscales eclesiásticos no hay duda ser muy conveniente que los cabildos cuenten en su seno algunos de esta clase. También lo es con respecto á los escritores acreditados en materias religiosas y eclesiásticas: mas ¿quién los califica de acreditados? Porque es el caso, que también se creerá comprendido en esta categoría el escritor de algunos articulejos de periódico. Estamos conformes en que tengan parte en las prebendas los que hayan prestado servicios importantes á la Iglesia, aunque no hayan pertenecido á ninguna de aquellas carreras; mas no lo estamos con respecto á cualesquiera servicios prestados al Estado. Así un famoso guerrillero en tiempo de revueltas civiles, uno que por su intrepidez ó por circunstancias especiales hubiese realizado alguna carretera, ó canal, ó otra obra de utilidad comun podria ser premiado con una prebenda. Justo es que sean premiados tales servicios, mas no con prebendas eclesiásticas: que se les retribuya con pensiones, grandes cruces, distinciones de toda especie, que
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se les levanten estatuas, si así lo merecen sus servicios importantes; mas no que tengan asiento en los cabildos los que no tengan relevantes méritos eclesiásticos. Siendo, como deben ser, los cabildos el senado de los obispos, sus ojos, sus manos, sus pies, que les ayuden en sobrellevar el espinoso cargo pastoral, no deberían ingresar en los cabildos sino sujetos, de los cuales por su anterior carrera y reconocido mérito pudiese esperarse que serían de utilidad á la Iglesia y de ayuda al obispo. Por esto de tal manera deberían organizarse los cabildos que tuviesen en ellos un preciso y determinado número de plazas las mencionadas carreras del curato, del profesorado y de la magistratura eclesiástica, reservándose algunas otras plazas para proveerse en sujetos que por sus especiales circunstancias se considerasen acreedores á tan honorífica colocación, siendo preferidos los individuos que pertenecieron á los órdenes regulares, siempre que en ellos concurriesen circunstancias que deberían determinarse, como de prelación, de enseñanza, ó de grados y distinciones que ejercieron ó obtuvieron en la religión. Para atenderse de este modo á los individuos del clero regular, deberá obtenerse previamente la autorización y la habilitación de la Santa Sede.

Por las consideraciones expuestas, si bien no encontramos malo el proyecto que nos ocupa, nos parece sin embargo manco y susceptible de mejoras. Sin duda el Sr. Arrazola, gravemente atareado con la multitud de negocios que abruman á un ministro de la Corona, no habrá tenido lugar ni tiempo de fijar bien la atención en el negocio. Tal vez la ilustrada comisión del Senado, de la que forman parte dos respetables prelados, los arzobispos de Toledo y de Burgos, traten de darle toda la perfección que es de desear lleve un proyecto de ley, del que depende no solo el mayor lustre y decoro de los cabildos, sino también grandes ventajas á la Iglesia. Así nos lo hace esperar el pulso y detenimiento con que procede la comisión para emitir su dictámen, pues llevando el proyecto la fecha de 9 de diciembre del año ante-
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rior nos encontramos ya á mediados de enero de este año, y no vemos que haya recaido dictámen alguno. Todavia mas: habiendo sido interpelada la comision en la sesion del 3 del corriente enero por el senador Sr. Ondovilla sobre el estado en que tenia sus trabajos, y cuando presentaria su dictámen, ha contestado el Sr. Arzobispo de Toledo, presidente de la comision, que la presentacion de un dictámen arreglado era muy difícil, y que no podia improvisarse: que habia celebrado varias conferencias, y que sin embargo no podria presentar el dictámen tan pronto como deseaba. Quizás al ver la luz pública este número, la haya visto tambien el esperado dictámen: de todos modos deseamos que, sin precipitar el negocio, no pierda momento la comision: no sea caso que á lo mejor se cierren las Cortes, como está sucediendo en tantas legislaturas, y despues se nos venga diciendo, si lamentamos el abandono del culto divino en las catedrales, que la comision del Senado tiene la culpa en haber diferido tanto la emision de su dictámen.

Cuando vimos anunciado el proyecto sobre provision de prebendas eclesiásticas, creíamos que tal vez no se pasasen ocho dias sin que viésemos publicado el otro que va íntimamente enlazado con este, cual es el de dotacion definitiva del culto y clero. Y tanto mas teníamos derecho á esperarlo así, porque se nos habia prometido solemnemente en el discurso de abertura de las Cortes. Habian dicho los ministros por boca de la reina que presentada la ley de presupuestos, lo serian también sucesivamente otros proyectos de reconocida importancia y urgencia, y entre estos citaba en primer lugar el que ha de proveer definitiva y dignamente á la dotacion del culto y del clero. Pues bien: el proyecto de ley de presupuestos ha sido presentado, y por cierto de una manera muy poco satisfactoria á los pueblos. Hanlo sido tambien otros de interés muy secundario, como el de sociedades anónimas, el de portazgos, pontazgos y barcajes, y otros por el estilo, y el de reconocida importancia y urgencia, cual lo es principalmente el de dotacion del culto y del clero, duerme todavía
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en el bolsillo del ministerio. Y no es esto todo: hasta la esperanza se nos ha destruido de que se presente con alguna brevedad, y quién sabe si ni aun tendrá lugar en toda la actual legislatura. Grandemente nos ha desalentado la contestacion que á la interpelacion del Sr. Ortiz ha dado el ministro de Gracia y Justicia en la sesion del Congreso del 15 de diciembre. Lamentábase el diputado interpelante de la triste situacion en que se tiene al culto y al clero, y preguntaba si se había pensado en aliviarla de un modo estable y definitivo. A esto contestaba el Gobierno por órgano del ministro de Gracia y Justicia, que él lamentaba igualmente ésta suerte desgraciada, y que la sentia en extremo; pero que no era tan fácil poner el remedio, y que asegurar de un modo estable la dotacion de estos sagrados objetos era cosa que debía meditarse mucho, mayormente en la situacion angustiosa y embrollada en que se encuentra el sistema rentístico de España. Esta contestacion era muy poco consoladora para el clero, indicándose con esto que no era de esperar que apareciese tan pronto el proyecto de ley que debía asegurar al clero sobre su subsistencia. Convenimos en que semejante proyecto debe meditarse mucho, y que no dejará de importar serias dificultades. Pero ¿no ha habido aun sobrado tiempo para meditarlo, ni podrán servir de algun provecho tantas lecciones, tantos ensayos, tantos experimentos, como, sicut in anima vili, se han hecho con el clero en estos pasados años? ¿Tan poca es la capacidad de nuestros hombres de Estado que no les basta el transcurso de tantos años para haber podido formular un pensamiento? ¿No sabian esto mismo el dia 15 de noviembre, es decir, un mes antes, cuando afirmaron á la faz de la nacion que este sería el primero de los proyectos que presentasen entre los de importancia y urgencia? Por lo visto, pasaré tal vez la presente legislatura sin que llegue á presentarse el indicado proyecto; y entre tanto el culto y el clero perecerán en la miseria y en el mas criminal abandono, y la cuestion de Roma quedará pendiente, y expuestas á un desagradable azar las relaciones
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de una nacion eminentemente católica con el supremo Jefe del catolicismo.

No entramos ahora en dar detalles de la situacion tristísima en que se encuentran el culto y el clero, estos privilegiados objetos que con tanta piedad y munificencia habian dotado nuestros reyes y nuestros antepasados, asegurando esta dotacion con bienes propios, garantidos por los títulos mas legítimos. De esta materia hablaremos mas adelante. Pero entre tanto vamos á tocar ligeramente una cuestion que ha traído en diversos sentidos agitados los ánimos de todos durante el último semestre. Son el objeto de esta cuestion los dos decretos de 23 y de 26 de setiembre último, relativos el uno á la enajenacion de los bienes de hermandades, ermitas, santuarios y cofradías, y el otro á la de los bienes de los establecimientos de beneficencia. Estos decretos, que coincidieron con el otro de igual naturaleza, dirigido á enajenar los bienes de propios de los pueblos, alarmaron altamente la opinion pública. Nosotros dejando aparte este último, porque ningun contacto tiene con los asuntos religiosos, vamos á ocuparnos de los dos primeros.

Que la revolucion, cuando estaba en su mayor hervor, tratase de arrebañar todos los bienes pertenecientes á la Iglesia, ó destinados á objetos piadosos, lo concebimos fácilmente, porque estos son los instintos revolucionarios. Que en esta devastacion universal fuesen envueltos los bienes que la piedad de nuestros padres legó á los santuarios y otros establecimientos é instituciones piadosas para su conservacion y esplendor, es una consecuencia muy sencilla y natural. Así es que la ley de 2 de setiembre de 1841 nada exceptuó, con tal que llevarse el carácter de sagrado, ó tuviese un roce directo ó indirecto con el culto divino ó sustentacion de sus ministros. Por esto los hombres que no querian aparecer revolucionarios, y hacian alarde de reparadores, tan luego como subieron al poder en 1844, pusieron un dique á este torrente devastador, y trataron de reparar en lo posible los estragos de la revolucion. Efecto de esta politica
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fue el real decreto de 26 de julio de 1844, por el que se suspendía la venta de los bienes de la Iglesia, mandada verificar por la ley de 2 de setiembre de 1841. Lo que en 1844 fue tan solo suspension, en 1845 pasó á ser devolucion, mandándose por una ley votada en Cortes que fuesen devueltos al clero todos los bienes de su antigua pertenencia que no hubiesen sido enajenados. De esta medida fueron exceptuados los bienes pertenecientes á hermandades, ermitas, santuarios y cofradías, cuyos bienes si no debían ser devueltos, tampoco debían ser enajenados, sino conservados bajo la administración de las oficinas del Gobierno para disponer de ellos á su tiempo en los objetos que se creyese mas útil y conveniente.

Pues bien: ha venido en 1847 el ministro banquero D. José de Salamanca, y con el genio disipador que le distingue ha mandado que alzándose la suspension decretada en 1844, y establecida en ley en 1845, se procediese á su enajenacion en los términos prevenidos por la ley de setiembre de 1841 é instrucciones posteriores; estableciéndose además que los ducños de fincas gravadas con censos de aquella pertenencia pudiesen redimirlos, pagando una cantidad igual al capital en títulos de la renta del 3 por 100, y fijándose para ello un plazo que era desde la publicacion del decreto hasta el 1.º de enero de 1848.

Por supuesto que para proceder á esta medida era menester escudarse en algun pretexto que la hiciese razonada; y este pretexto no faltó, como no falta nunca á los que quieren atropellar las leyes y la justicia. La utilidad de la desamortización, los pocos ó ningunos rendimientos que daban aquellos bienes en manos del Gobierno, lo gravosa que era su administración, el fomento de la riqueza pública, etc., etc., fueron los argumentos que aducian los defensores de aquella medida. Y hasta objeto de grosera calumnia fueron aquellos bienes, pues, hallándose «en gran número fuera de po-«blado, dice el preámbulo del decreto, sirven de blanco á la «profanacion, y de guarida á los malhechores.» ¡Excelente