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medio de la intimidacion y la violencia una absoluta é ilimitada sumision á todo cuanto el Gran Consejo ha tenido á bien insertar en el texto de la Constitucion y de las leyes, sin tener en cuenta los derechos de Dios sobre sus criaturas libres é inteligentes, los de la Iglesia sobre sus hijos y ministros, y los de la conciencia sobre toda alma de honrados sentimientos.

Tales son, señores, las verdaderas causas de la irritacion y alarma del pueblo friburgués. Mas equitativos con vosotros, nos hemos abstenido de acriminar vuestras intenciones, pues solo á Dios pertenece el juzgarlas; y hemos dejado tan solo hablar los hechos presentados por una razon calmada é imparcial. Pesando nuestras palabras sin pasion, podréis comprender cuán difícil os será obrar un cambio de la opinion pública en el canton. Muy inoportunamente habéis citado al pueblo friburgués como sometido á un estado de ignorancia, de esclavitud y de embrutecimiento: dotado este pueblo de una inteligencia ilustrada por la fe, foco de las verdaderas luces, y de un corazon recto y sincero, conoce vuestros actos, comprende bien todo lo que abrazan, y os juzga por esta máxima del Evangelio: El árbol se conoce por sus frutos.

Expuestas estas causas, fácil será penetrarse de la injusticia que se nos hace cargándonos la responsabilidad de la irritacion del pueblo friburgués; y podrá juzgarse por lo tanto si merecemos, ó no, las acusaciones que contra nuestra persona han sido dirigidas.

Es cierto que protestamos contra el decreto de 19 de noviembre de 1847, relativo á los jesuitas y sus pretendidos afiliados; mas esto no fue sino después de haber empleado inútilmente toda clase de súplicas y argumentos para impedir que el Gobierno provisional se lanzase en el camino peligroso de las medidas violentas contra nuestros establecimientos religiosos, pasando aun mas allá de las exigencias de la Dieta, pues esta á la sazon aun no habia votado mas que la invitacion de despedir á los jesuitas, ni se le habia
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ocurrido invocar el arbitrario principio de la afiliacion, ni mucho menos pedido la disolucion de las otras comunidades. Esta protesta no recibió entonces ninguna publicidad; no se hizo mas que verbalmente, esto es, con la mayor moderacion posible, y tan solo con el objeto de conciliar el cumplimiento de un deber nuestro con nuestro deseo de la paz y de la buena armonía.

Es verdad que nos hemos negado á sancionar la destitucion y la separacion de diez eclesiásticos, curados los unos y los otros simples capellanes, á quienes vosotros alejásteis de sus destinos. Mas esta negativa era para nosotros un deber, pues como lo hemos repetido en todas nuestras cartas, aquellos eclesiásticos eran condenados sin forma de proceso y á pesar de las pruebas de inocencia que daban la mayor parte de sus parroquianos. Las leyes de la Iglesia y los principios de justicia, léjos de permitirnos el que los sacrificáramos á injustas exigencias, nos obligaban á tomar la defensa de su honor, de su inocencia y de sus derechos. Desde entonces nos hemos visto precisados á proveer á las necesidades religiosas de las parroquias que vosotros habíais privado de sus pastores. Todavía mas; nosotros dímos un paso mas avanzado á fin de terminar amistosamente este negocio, concluyendo nuestra carta de 17 de diciembre en estos términos: «Si el Gobierno provisional quisiese terminar amistosamente las dificultades que suscita el negocio de los curas de Romont, Vuadens, Echarlens, etc. delegando uno de sus miembros para avistarse con nosotros y tener una conferencia, nos apresuraríamos á responder á una invitación que tuviese este objeto.» Esta proposicion conciliadora no ha tenido hasta el presente el honor de que se le contestase.

En fecha de 11 de febrero dirigimos una circular en latin al venerable clero del canton. Esta circular, así por su naturaleza, como por objeto puramente religioso, entraba sin disputa en nuestras atribuciones. Aun mas; en vista de las difíciles circunstancias en que nos hallábamos, nos creimos
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con la obligacion de darla, á fin de hacer oir á nuestros dignos colaboradores alguna palabra de consuelo, para confortarles y dirigirles. Con el objeto de hacer de ella un arma contra nosotros, no se ha reparado en desnaturalizarla por una traducción infiel, y acompañándola de odiosos comentarios. Léjos de prescribir la desobediencia al decreto de 20 de enero bajo el respeto civil, nosotros ordenábamos expresamente á los sacerdotes extranjeros que podian y debian presentar á la autoridad civil todos los papeles que deberian exhibir los demás ciudadanos que no hubiesen recibido los sagrados órdenes. Aquí no se trata, como pretendeis, de amenazar con la publicacion de un bando, contra los miembros de la autoridad civil. Se les dijo simplemente: «en los casos particulares que no es difícil se presenten en las actuales circunstancias, nosotros exhortamos á los confesores á que no se decidan en el acto, sino que difieran la absolución, mientras posible sea.» Esta amonestacion no tenia por objeto, como afirmais, multiplicar los obstáculos, imponer al clero una voluntad tiránica, perpetuizar la anarquía en los espíritus.... Ignoramos si el Delegado de la Santa Sede desaprobó esta conducta nuestra; lo que podemos asegurar es que no se nos ha dado á conocer semejante desaprobacion. Al contrario, escribiéndonos sobre un pretendido manifiesto que se decia queríamos publicar para nuestra justificacion, y en el que nunca habíamos pensado, nos dice expresamente que ninguna necesidad teníamos de justificarnos.

Hemos reclamado al Gran Consejo denunciando los daños que se seguían del nuevo proyecto de ley sobre instruccion pública; mas á ello nos vimos precisados por el deber de nuestro cargo, pues que en tal proyecto se trataba de organizar todo el sistema y todos los medios de instruccion, sin exceptuar la religiosa y la de teologia, sin contar en nada con nuestro concurso y contrariando los principios católicos. Estas reclamaciones ninguna protesta contenian, sino tan solo un exámen razonado de las principales disposiciones de
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la ley bajo el triple respecto de las máximas cristianas, de los derechos de la familia y de la verdadera libertad. Léjos de oponernos á los progresos de la instruccion pública, como decís tan sin razon, nadie mas que nosotros la favorecería siempre y por todos los medios que estuviesen á nuestro alcance. Mas nosotros no opinamos, como los que han redactado y defendido el mencionado proyecto, que para mejorar y extender la instruccion pública, deba sustraérsela de la accion del ministerio eclesiástico y pastoral. Nosotros pensamos, al contrario, que todas las mejoras que quieran hacerse en este punto deben tener por base y regla los principios religiosos. Estos principios son, mas bien que los de una razon que llaman ilustrada, los que han arrancado las naciones del estado de ignorancia, de esclavitud, de embrutecimiento y de miseria. Y estos principios son los únicos que pueden salvar al mundo de volver á semejante estado. Así es como sobre estos principios han fundado sus Constituciones y sus sistemas de educacion los Estados católicos verdaderamente dignos de este nombre. ¿Por qué, pues, si es que no se abriga ningun pensamiento hostil á la religion, por qué ese temor de que el principio religioso continúe ejerciendo sobre este canton su influencia saludable?

Decís que oponemos una resistencia manifiesta al derecho de colacion devuelto al Estado. Pero esta resistencia es tambien para nosotros un deber. Mas de una vez os lo hemos dicho, señores; el derecho de colacion es esencialmente eclesiástico, y ningun Estado, sea el que fuere, puede ejercerlo legítimamente sino en virtud de una concesion libre y espontánea de la autoridad de la Iglesia. Querer, pues, arrogárselo por una decision legislativa, sin preceder un acuerdo con la Santa Sede, seria erigir en derecho un hecho contrario á la justicia y á las bases esenciales de la jerarquía católica. Sí, señores, tal ha sido la conducta de la Asamblea constituyente, dando al poder civil por el nombramiento de un gran número de beneficios un derecho que de ningun modo le correspondia. Semejante conducta ni el obispo
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no bastara aun este acto de rapacidad inaudita, se ha consumado la obra de iniquidad, cerrándose el famoso monasterio del San Bernardo, viéndose precisados sus monjes á abandonar el asilo que no ocupaban sino para ofrecerlo al viajero, y retirarse al valle de Aoste. Así ha venido á concluir á manos de la filantropía radical un establecimiento tan famoso como el San Bernardo, un establecimiento que después de mil años de existencia, en que había ejercido la hospitalidad y hecho toda suerte de beneficios, no la negaba á sus mismos enemigos, como lo verificó en 1844 con ese mismo Mauricio Barmann, que fugitivo entonces y derrotado en el valle de Entremont, extenuado de cansancio y de fatiga, halló entre los monjes la mas cordial acogida, la que ahora ha pagado firmando el brutal decreto de expulsión.

El obispo de Sion ha sido multado también en 30,000 francos suizos, y en igual cantidad su cabildo. La abadía de San Mauricio ha sufrido otra multa de 75,000 francos. La administración de los bienes de esta abadía, así como de los de la del San Bernardo antes de su supresión, ha sido confiada á comisionados laicos: y por colmo de iniquidad se procedió contra ellas criminalmente, siendo la cosa más fácil el hacerlas resultar culpables, pues el ser católico, sacerdote ó cenobita es ya un título suficiente para hacerles aparecer notoriamente hostiles á la impiedad de la Joven Suiza.

Sin embargo de este furor anticatólico, y de las extorsiones y violencias á que se entregaron los radicales y las tropas federales después de su victoria sobre el Sonderbund, los jefes y pastores de los católicos no dejaron de oponerse, en la manera que les era lícito y posible, á este sistema de pillaje y vandalismo. El obispo de Sion y los prebostes del San Bernardo y de San Mauricio protestaron desde los primeros días de la invasión. El preboste del San Bernardo fue el primero que levantó la voz para reclamar contra tamañas injusticias, y en 18 de diciembre de 1847 dirigió al Gobierno provisional del Valais una enérgica protesta. Imitáronle el preboste de San Mauricio en 31 del mismo mes, y el obispo
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ni el clero pueden aprobarla ni con sus palabras ni con sus actos; y cuando á esta conducta oponen sus reclamaciones y una resistencia pasiva, no es esto una rebelion, pues que no hacen mas que usar de un derecho anterior y cumplir con un deber muy imperioso. En cuanto á las condiciones necesarias para aspirar á un beneficio, vais equivocados, señores, en suponer que ellas están exclusivamente contenidas en el hecho de la ordenacion sacerdotal. Aparte de la consagracion, falta que el sacerdote sea juzgado capaz é idóneo para ocupar este ó aquel puesto en particular, y el obispo es á quien toca apreciar esta capacidad y aptitud, así como tan solo al obispo corresponde dar la mision y la jurisdiccion sin las que el sacerdote no podria llenar las funciones de su santo ministerio.

Decís tambien que hemos declarado que el clero no está sujeto al poder civil ni aun en materias civiles. ¿Harfáis el favor de decirnos, cuándo hemos hecho esta declaracion? Volved á leer nuestras cartas, y en ellas encontraréis multiplicadas pruebas de nuestra constante voluntad de respetar los derechos del poder civil, y de arreglar nuestra conducta sobre esta máxima del Evangelio: Dad á Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Es verdad que os hemos negado el derecho de revisar ó de aprobar nuestros edictos y nuestras pastorales: mas ¿sabréis decirnos, señores, desde cuándo y en virtud de qué derecho, puede ser registrada como materia civil la enseñanza de la Iglesia católica dada por un obispo de viva voz ó por escrito? Esta enseñanza no emana sino del mismo Dios, y tan solo en virtud de una mision divina es como puede darse: jamás en diez y ocho siglos ha pertenecido á las autoridades civiles, ni á ellas pertenecerá jamás trabar, censurar, ni modificar esta enseñanza; y cuando con este motivo las potestades de la tierra quisieren arrogarse este derecho, los obispos deberán decirles, como en otro tiempo los Apóstoles á los jefes de la sinagoga: Primero es obedecer á Dios que á los hombres. Por lo demás, esta enseñanza se dirige no á una determi-
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nada clase de ciudadanos, sino á todos los cristianos, sin distincion de rango, de edad ni de posicion, siendo obligados todos á recibirla de los legítimos pastores de la Iglesia y á conformar á ella su conducta. Si en la manera de dar esta enseñanza se cometiesen abusos, la autoridad eclesiástica sería la sola competente para reprimirlos: á esta autoridad sería á quien debiera dirigir sus quejas el poder civil, si es que las tenía legítimas, acudiendo siempre al superior en el orden jerárquico.

Otro desafuero nos habeis achacado, cual es el haber ordenado á nuestro clero eludir la ley de 5 de julio de 1848 sobre remision de los títulos y credenciales de los beneficios á las municipalidades y parroquias. Esto es una falsedad: nada ordenamos, ni siquiera insinuamos á nuestro clero sobre este particular. La instruccion que le dimos fue recomendarle que formase dos inventarios de todos estos títulos, y que no los entregase sin haber protestado debidamente. Ya anteriormente á esto un gran número de títulos de beneficios estaban en poder de las administraciones parroquiales ó municipales. No somos, pues, responsables nosotros ni de los hechos aislados de algunos eclesiásticos que habían mandado á sus respectivas parroquias los títulos de su beneficio, á lo que tenian derecho, ni de la resistencia de algunos pueblos á las intimaciones de la autoridad pública, ni de las funestas consecuencias que esta resistencia haya podido acarrear.

En fin, señores, vosotros habeis tambien explotado contra nosotros las dificultades que ha suscitado la prestacion del juramento. Mas aquí nos tomamos la libertad de creer y decir que sobre vosotros es sobre quienes recae toda entera la responsabilidad de este conflicto. A vosotros os tocaba evitarlo, ó bien no exigiendo juramento alguno, como muy sabiamente se ha hecho en Francia, ó á lo menos aceptándolo con la reserva que á un gran número de católicos sugería la voz de la conciencia. Una de dos: ó la Constitucion nada contenía que no fuese conforme á la religion, como pretendeis, ó contiene artículos que le son contrarios, como
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nosotros estamos intimamente convencidos. En el primer caso la reserva era inútil según vosotros, y sin inconveniente alguno podíais aceptarla. En el segundo, era necesaria la reserva, y vosotros no podíais impedirla sin atacar los inviolables derechos de la conciencia. Volved á leer, señores, con la calma de la razon, así nuestra circular pública sobre el juramento, como las instrucciones que dimos á los confesores y el aviso último á los deanes sobre la misma materia; y no tardaréis en reconocer que de vuestra parte ha habido una deplorable ligereza, y que nosotros hemos obedecido al sentimiento del deber con todos los miramientos que exigía la gravedad de las circunstancias. Nuestra circular ni era prohibitiva ni restrictiva: se limitaba á anunciar las reglas de la moral católica sobre el acto religioso del juramento, dejando á cada uno la libertad de obrar según su conciencia. Las instrucciones dadas á los confesores no contenian ninguna intriga política ni cosa que lo parezca: indicaban únicamente la marcha que debian seguir para dirigir con caridad y acierto á los penitentes que se acercasen al santo tribunal. El último aviso que dimos á los deanes no decia que pudiese prestarse sin condicion el juramento, sino que indicaba la fórmula mas suave que podia emplearse para librar á sus pobres compañeros concienzudos, así de ofender á Dios, como de incurrir en las multas con que se les amenazaba. Hechas estas observaciones, juzgad, señores, quién es el que debe arrepentirse de haber dado á un asunto tan natural y sencillo esas inmensas proporciones y un carácter de excesiva irritacion que han conmovido profundamente todo el país.

Lo que acabamos de decir, señores, es bastante para hacer apreciar en su justo valor la reprimenda que nos habeis dado por haber dicho que la religion estaba en peligro, mientras que el daño, según vuestra expresion, venia tan solo de nuestra parte. Con respecto á esto nos atrevemos á decir que ni tememos el juicio de Dios, ni el de nuestros diocesanos, ni el de la posteridad. En efecto, como á primer
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pastor de la diócesis, jamás hemos tenido á la vista otra cosa que la conservacion de la religion católica, apostólica, romana, tal como la ha establecido Nuestro Señor Jesucristo; tal como la enseñaron los Apóstoles; tal como la han comprendido y practicado los grandes modelos de virtudes cristianas que venera la Iglesia. Haced, señores, de vuestra parte que no sea trabada la autoridad de los pastores de la Iglesia en el ejercicio de su santo ministerio, y así es como prosperará la religion de nuestros padres en medio del pueblo friburgués. Nadie desea mas que nosotros que cesen las perturbaciones que agitan nuestro canton, y para ello procuramos con todas nuestras fuerzas el restablecimiento de las relaciones amistosas entre ambas potestades. Bien consignado está este deseo en toda nuestra correspondencia oficial de once meses á esta parte, mostrándonos siempre dispuestos á hacer todos los esfuerzos y todos los sacrificios que sean compatibles con nuestros deberes episcopales. De ello hemos dado una prueba en la propuesta que de nuestra parte os hizo Mons. Luquet de tener una conferencia para examinar de consuno y á la presencia de aquel prelado los conflictos que nos dividen, y procurar á ellos una solución pacífica, propuesta que con gran sentimiento nuestro hemos visto desechada. De esto mismo hemos dado finalmente otra prueba en las nuevas tentativas de conciliacion que recientemente hicimos cerca de vosotros, delegando á este fin dos sacerdotes respetables, tentativas que tambien vosotros habéis inutilizado.

Finalmente, señores, antes de responder á vuestras intimaciones nos falta decir una palabra acerca del principio en el que os apoyais. La Constitucion, decís, es la suprema ley del país. Esto es verdad mientras no se trata mas que de deberes civiles. Pero antes y sobre esta Constitucion, hay otra, que es la ley de Dios, el Evangelio, esto es, la doctrina de Jesucristo con su moral, ley suprema que obliga todas las conciencias, traza la línea de todos los deberes, y arregla el ejercicio de todos los poderes así como de todos los
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derechos. Esta es la ley verdaderamente inmutable en medio de todas las vicisitudes humanas, la Carta soberana á la que deben subordinarse todas las demás. Esta es la ley santa de la que reciben su fuerza y sancion todas las de la tierra, y conforme á cuyos principios deben ser discutidas, interpretadas y aplicadas todas las demás Constituciones, no siendo lícito á los poderes humanos exigir obediencia y respeto sino en los límites que ella ha fijado. Así, señores, si en virtud de la Constitucion del canton hay para el clero así como para los fieles deberes civiles que son comunes á todos los ciudadanos, hay tambien y antes de todo obligaciones rigorosas impuestas por la ley de Dios; obligaciones que tan solo la Iglesia, depositaria é intérprete legítima del Evangelio, tiene la mision de determinar, y de las que ningun poder humano tiene el derecho de dispensar.

En consecuencia de todo esto ved ahí, señores, nuestra respuesta á vuestras intimaciones:

1.a En todos los puntos en que la Constitucion y las leyes no imponen mas que derechos civiles compatibles con la conciencia, nosotros nos sometemos con todo nuestro cleró á esta Constitucion y á estas leyes, y cumplirémos nuestros deberes, á los que no creemos haber faltado jamás. Mas en aquellos en que la Constitucion y las leyes violan los principios de la justicia y los derechos y la Constitucion divina de la Iglesia, ni debemos ni podemos someternos.

2.a Tampoco podemos someternos á la segunda intimacion sino en el sentido de la precedente respuesta, y dentro de los límites trazados por las leyes de la Iglesia, que determinan los derechos y los deberes del episcopado, especialmente por lo que concierne al placet.

3.a Tambien es imposible someternos á la pretension de que sea el Estado quien haya de aprobar nuestros edictos y pastoriales; pues como á obispo debemos mantener la libertad en la predicacion del Evangelio, y como ciudadano podemos invocar la Constitucion que garantiza la libertad de imprenta.
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En cuanto á las Constituciones sinodales podremos ponerlas en armonía con las leyes civiles, mas tan solo en el sentido de las dos primeras respuestas.

En vista de cuanto acabamos de exponer, á excepcion de los derechos puramente civiles, debemos consultar á la Santa Sede y aguardar sus instrucciones, á las que tendrémos el honor de conformarnos.

Por fin, señores, nosotros os aseguramos que creemos haber cumplido concienzudamente nuestro deber. Sean las que fueren las consecuencias de nuestra conducta, sea la que fuere la suerte que nos espera, nos sostendrán siempre la serenidad, la confianza en Dios, la vista de la Cruz, la esperanza de la vida eterna, y sobre todo la gracia del Señor. Jamás cesarémos de bendecirle y suplicarle que todo cuanto nos suceda resulte en mayor gloria suya, y en triunfo de su Iglesia.

Recibid, señores, etc. — Firmado. — ESTEBAN, obispo de Lausana y de Ginebra.

Protesta del encargado de negocios de la Santa Sede en Suiza contra la prision del obispo de Lausana y de Ginebra.

Al Gobierno de Friburgo. — Lucerna 31 de octubre de 1848. — He sabido que S. E. el Ilmo. Sr. Esteban Marilley, obispo de Lausana y de Ginebra, fue arrancado de su palacio episcopal de Friburgo en 23 del corriente por fuerza armada y trasladado al castillo de Chillon.— A vista de semejante medida, inusitada en Suiza hace siglos, y ejecutada en una época de civilización y de libertad, no puedo por mi parte guardar silencio. El cargo que tengo el honor de desempeñar cerca de la Confederacion suiza me impone el deber de dirigiros esta carta presentándoos las observaciones siguientes:

La causa principal de dicha medida se halla en haberse negado el Ilmo. Sr. Marilley á someterse á las intimaciones