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de los Ligorianos ó Redentoristas. Ni le bastaba que quedasen suprimidos como corporacion religiosa: se ensañaba con los individuos de origen extranjero á los que mandaba salir del reino en el término de ocho días, sin que les fuese dable adquirir carta de naturaleza como á cualquiera otro extranjero; y aun á los naturales les extrañaba del reino, si en el plazo de dos meses no hacian constar ante la autoridad haber obtenido buleto de secularizacion; y como si ni aun se tuviese bastante confianza en el buleto, debia el individuo extender un acta bajo juramento de estar ya enteramente libre y exento de todo empeño y deber para con su corporacion respectiva. Y ¡ay del infeliz que contravenga á estas disposiciones! Por la primera vez que se le hallare se le expulsará por la fuerza pública; y «si después de su expulsion del Estado «se le volviere á ver en él, se le castigará por solo esto con «un año de prision.» Nada decimos con respecto á los bienes que poseian las corporaciones suprimidas; por supuesto que la nacion es la heredera: nada tampoco con respecto á la indemnización ó pension de los que se sujetaren al buleto de secularizacion, juramento y demás; sobre esto último era muy generoso el diputado proyectista: proponia que de ello ya se trataria otro dia, y que seria objeto de otra ley.

Tememos que acaso no se nos dé bastante crédito si anunciamos simplemente á nuestros lectores que en una Cámara compuesta toda de liberales y del matiz mas subido se la hizo el insulto de proponerla un proyecto de ley que allá en Constantinopla ó Pekin nadie tal vez hubiera tenido valor de proponer. Por esto vamos á transcribir su texto literal.

«Artículo 1.º La Compañía de Jesús, la corporacion llamada de las Señoras del sagrado Corazon de Jesús, la de los Oblatos de san Carlos, la de los Oblatos de la santísima Virgen María, y la de los Ligorianos ó Redentoristas quedan expulsadas del Estado y jamás podrán ser admitidas en él.

«Art. 2.º El Gobierno del rey dictará las disposiciones convenientes para disolver toda casa, colegio ó cualquier otro establecimiento de dichas corporaciones religiosas. —
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«Se podrá, sin embargo, aunque teniendo la mayor vigi-
«lancia, dar á la casa de educacion que en Chambery tie-
«nen las Señoras del sagrado Corazon un plazo conveniente
«para cerrarla definitivamente, pero con la condicion de que
«este plazo no pase de el del año escolástico de 1849. En el
«fotero el ministro de Instruccion pública dispondrá que se
«establezca en Chambery otra casa que dispense la educa-
«cion que allí venian dando las Señoras del sagrado Corazon.
«Art. 3.º Todos los bienes y haberes de todo género po-
«seidos por dichas corporaciones con cualquier título que
«sea, serán reputados y quedan irrevocablemente devueltos
«al Estado, pudiendo este disponer de ellos con toda liber-
«tad.—La agencia de la real hacienda tomará inmediata-
«mente posesion de ellos y su administracion, procediendo
«á la liquidacion de su debe y haber. — Dichos bienes se
«venderán, á excepcion de aquellos que el Gobierno crea
«mas conveniente destinar á algun uso de utilidad pública.
«Art. 4.º Los individuos de estas mismas corporaciones
«que á su entrada en ellas no gozaban de los derechos de
«ciudadanos en ningun punto del reino deberán salir de es-
«te en el término de ocho dias, á contar desde la publica-
«cion de esta ley, so pena de ser expulsados por la fuerza
«pública.—Si después de su expulsion del Estado se les vol-
«viera á ver en él, se les castigará por solo esto con un año
«de prision.
«Art. 5.º Todos los individuos de dichas corporaciones
«que al entrar en ellas gozaban de los derechos de ciudadana-
«nos en algun punto del Estado no podrán permanecer en
«él, á menos que en el término de ocho dias, á contar des-
«de la publicacion de la presente ley para los que en ellas se
«encuentran en la actualidad, y para todos los demas desde
«el dia en que se pruebe que se han reconciliado con ellas,
«hagan constar ante la autoridad superior de policía de la
«provincia que han elegido un domicilio fijo; y en su con-
«secuencia deberán dentro de otro plazo de dos meses jus-
«tificar ante la misma autoridad haber obtenido su secula-
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«rizacion, y extender un acta, bajo juramento, de estar ya «enteramente libres y exentos de todo empeño y deber para «con sus corporaciones respectivas, bajo la pena, en su de-«fecto, de ser considerados y tratados con arreglo á lo pres-«crito en el artículo anterior.

«Art. 6.º Después que se haya averiguado el haber lí-«quido, se concederá por medio de otra ley y según las cir-«cunstancias una pension alimenticia en favor de los regni-«colas que eran individuos de las casas existentes en el Esta-«do cuando estas se cerraron, con tal empero que se hayan «conformado á lo prevenido en el artículo 5.º y prueben que «se hallan necesitados. — Entre tanto el rey podrá conceder «un socorro que no pase de unos cien ducados á los indivi-«duos de las corporaciones suprimidas que se encuentren «con las condiciones mencionadas.

«Art. 7.º No podrá ser admitida en el Estado ninguna «corporacion religiosa bajo cualquier título ó denominacion «que sea, y no podrá abrirse ninguna casa, colegio ú otro «establecimiento cualquiera que sea por ninguna corpora-«cion religiosa, á no ser en virtud de una ley.—Las corpo-«raciones religiosas seculares ó regulares no podrán recibir «nada en virtud de testamento ó donacion sin la autoriza-«cion del Gobierno.»

Pues este proyecto tan intolerante, tan rabioso, tan frenético, no solo fue propuesto por un diputado muy liberal, sino que mereció los honores de la discusion en las sesiones del 18 y 19 de julio, en cuyos dias hubo tambien en Roma discusiones muy curiosas; y resultado de la discusion fue la aprobacion casi por unanimidad, pues solo votaron en contra cuatro diputados, los Sres. Despine, Berraeux, Santiago Benso y el conde Balbo, de cuyo ultimo no era muy de esperar atendidas las ideas tan avanzadas que profesa, y el papel tan importante que representaba en la revolucion de Italia. Ni era esto lo mas de extrañar. Habia en la Cámara varios diputados eclesiasticos, y ni uno solo votó en favor de los regulares: unos por cobardía, otros por sus ideas janse-
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nistas ó amistad con Gioberti, todos fueron conniventes, y votaron el fatal proyecto de la expulsion de los regulares. Los diputados saboyanos abogaron por las religiosas del Sagrado Corazon de Jesús residentes en Chambery; y al fin, después de una fuerte oposicion pudo lograrse que fuesen exceptuadas de la proscripcion comun, pero tan solo por un año, por el año escolástico de 1849.

Con fecha de 25 de agosto publicaba el príncipe Eugenio de Saboya, á quien Carlos Alberto habia nombrado gobernador general del reino, un edicto ó real orden, por la que se proscribia á los jesuitas en los mismos términos con muy corta diferencia, que expresaba el proyecto de ley votado por la cámara de Diputados, y eso que faltaba todavía discutirse en la de los Pares. Ignoramos el motivo que habrá tenido el príncipe Eugenio para prescindir de esta formalidad; pero sea por lo que fuere ponemos á la vista de nuestros lectores el mencionado decreto.

«Eugenio, príncipe de Saboya-Carignan, etc.

«Artículo 1.º La Compañía de Jesús queda definitivamente extinguida en todo el Estado. Los conventos y colegios quedan disueltos, y á sus individuos se les prohibe reunirse sea cual fuere su número.

«Art. 2.º Todos los bienes de la Compañía de cualquier género que sean serán puestos á disposicion del ministerio de Hacienda, y aplicados desde hoy á la conservacion, mientras sea necesario, de los colegios nacionales establecidos por decreto de 20 de marzo de 1848.

«Art. 3.º Los individuos de esta Compañía, que no sean naturales del país, deberán, en el término de quince dias, á contar desde la publicacion de esta ley, salir de los límites del Estado, bajo pena de ser desterrados. Aquellos que después del destierro sean apprehendidos nuevamente, serán castigados con arreglo á las leyes de policía.

«Art. 4.º Los naturales que hayan pertenecido á la Compañía, deberán presentar en el término de ocho dias, á la autoridad superior de policía de la provincia donde actual-
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mo Nafria, de la diócesis de Osma, canónigo de la catedral de Calahorra.

En el consistorio del 20 de enero han sido preconizados:
Para la iglesia arzobispal de Santo Domingo (América meridional): D. Tomás de Portes, delegado apostólico en la misma diócesis.
Para la episcopal de Málaga (España): D. Salvador de Reyes, sacerdote de la diócesis de Granada.
Para la episcopal de Tarazona (España): D. Vicente Ortiz, de la diócesis de Zaragoza, del orden de Predicadores.
Para la episcopal de Paz (América meridional): D. Miguel Orosco, dean de la catedral de Cuzco.
Para la episcopal de Eretria, in part. inf.: D. José Manuel Pasquel, de la diócesis de Lima, rector de la universidad de san Marcos.

En el consistorio de 14 de abril fueron preconizados:
Para las episcopales unidas de Civita-Castellana, Orte y Gallesse (Estados pontificios): D. Amadeo Zangari, canónigo de Rimini.
Para la episcopal de Todi (Estados pontificios): D. Nicolás Rossi, de la diócesis de Foligno, primicerio de esta catedral.
Para la episcopal de Nocera (Estados pontificios): D. Francisco Agostini, de la diócesis de Fano, camarero honorario de Su Santidad.
Para la episcopal de Ogliastro (Cerdeña): D. Miguel Todde, de la diócesis de Cagliari, ex-provincial de los clérigos regulares de las Escuelas Pias.
Para la episcopal de Jaca (España): D. Miguel García Cuesta, rector del seminario conciliar de Salamanca.
Para la episcopal de Nueva-Segovia (Indias orientales): D. Vicente Barreiro, obispo electo de Nueva-Cáceres.
Para la episcopal de Nueva-Cáceres (Indias orientales): D. Francisco Manuel Grijalvo, de la diócesis de Burgos, del orden de san Agustín.
Para la episcopal de Cochabamba (América meridional):
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«mente se hallen, una declaracion de domicilio fijo y determinado.

«Art. 5.º A estos últimos se les señala, mientras no puedan ser socorridos de otra manera, una pension anual de 500 lib., á correr desde la fecha de la presente ley.

«Art. 6.º Todos los que quieran gozar de esta pension, tendrán que presentar en el término señalado en el art. 4.º, una peticion formal para ser secularizados. El Gobierno transmitirá esta demanda á la Santa Sede. Sin la indicada solicitud no podrán gozar de la pension y quedan sujetos á las disposiciones del cap. 5.º, tít. 8.º, lib. 2.º del Código penal.

«Art. 7.º Quedan disueltas y definitivamente prohibidas en todo el Estado (menos en la Saboya por ahora) las casas de religiosas del Sagrado Corazon de Jesús.

«Art. 8.º El establecimiento de las mismas en esta capital, vuelve á su antiguo destino de colegio de las provincias.—Turin 25 de agosto de 1848.—Firmado.—Eugénio de Saboya.—Refrendado.—Pinellis; V. P. Merlo; V. de Revel.»

Quedan, pues, abolidos los jesuitas: ¡la patria está salvada! ¡ya no peligra la libertad!

Además de la persecucion que en toda la Italia han sufrido los jesuitas y algunos otros institutos religiosos, otra cuestion de mucha trascendencia y muy ruidosa ha venido á agriar los ánimos, y alarmar mas y mas al episcopado en los Estados sardos. Esta es la competencia que se ha suscitado sobre la publicacion de los escritos de los obispos.

Desde tiempo inmemorial y en virtud de órdenes secretas, cuando un impresor recibia el manuscrito de alguna pastoral de un obispo, debia remitirlo al magistrado de la provincia, quien lo hacia á la chanchillería de Turin. El chanchiller lo sometia á la censura, y lo devolvia al impresor. Como todo esto se hacia ocultamente y sin ruido, los obispos cerraban los ojos, y se hacian el ignorante. En virtud de un concordato celebrado entre Benedicto XIII y el duque de
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Saboya Carlos Manuel, y de una instruccion dirigida á los obispos por Benedicto XIV en 1772 se ordenaba expresamente que los obispos gozasen de plena libertad para publicar sus pastorales y otros documentos sin censura alguna: mas á pesar de esta disposicion, el abuso continuaba.

No es esto todo. Con fecha de 30 de octubre de 1847 el rey de Cerdeña prohibió imprimir en sus Estados ningun escrito sin sujetarlo á censura. Al efecto se estableció en Turin una comision superior compuesta de nueve miembros, y otra de tres ó cinco en cada provincia. El presidente de la comision superior expedia en 7 de diciembre una instruccion, en la que declaraba que á las comisiones de provincia era á quienes exclusivamente pertenecia revisar para la impresion los escritos directamente emanados de los obispos, como son pastorales, rituales, catecismos, misales, breviarios, etc. Semejante medida esclavizaba la accion de los obispos en materia de publicaciones, y la hacia depender de un funcionario muy subalterno, que en tiempos como los presentes ya puede suponerse cuántos puntos calzará de devoción á los obispos. Muchos de estos reclamaron fuertemente contra semejante medida. El Ilmo. obispo de Pignerol lo hizo con mucha firmeza y energía, enviando la dimision junto con la representacion. El Ilmo. Charvaz que habia sido ayo de los príncipes, goza de gran reputacion: así es que su dimision ha causado una sensacion profunda. La Concordia, periódico que pasa por órgano del Gobierno, publicó un notable artículo á fin de atenuar el efecto de la dimision. El Gobierno ha hecho una muy ligera modificacion en la medida del 7 de diciembre, dejando á los obispos en libertad de hacer examinar sus escritos por la comision provincial ó por la superior. Esta modificacion de ningun modo ha satisfecho á los obispos, quienes en último resultado siempre dependieran de un tribunal láico para hacer las publicaciones que ellos creyesen mas convenientes para dar á sus ovejas el pasto saludable. Supongamos que circulan doctrinas venenosas, en cuyo fomento andan algunos individuos de la comision
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superior ó provinciales: ¿cómo puede esperarse que estos dén su licencia para publicarse la pastoral del obispo que anatematiza semejantes doctrinas? Y este caso puede realizarse cada dia. Los obispos, pues, no podian acomodarse á tan dura esclavitud, que equivaldria á renunciar á sus derechos, y despojarse de la libertad de accion para apacentar convenientemente sus ovejas. Hé aquí nacido un conflicto, cuyos tristes resultados no nos atrevemos presagiar.

La oposicion viva y enérgica del venerable obispo de Pignerol fue la que mas sintieron los ministros, y la que mas alentó á los demás obispos. Hé aquí en que términos concluía su exposicion, haciendo una llamada á la Santa Sede. «A menos que vea, decia, una decision en debida forma del soberano Pontífice que mande á los obispos someter sus cathecismos, sus libros litúrgicos, y hasta los de teología á la revision y aprobacion de comisarios legos, no me someteré á semejante yugo. Pues como no tengo la menor duda de que Roma, lejos de aprobarlas, condena semejantes pretensiones, yo no desisto de mi resolucion.» La resolucion indicada era de retirarse de su silla antes que someterse á una ley que tanto humilla y esclaviza al episcopado. El ilustrísimo Charvaz habria podido hacer caso omiso y separarse de la causa de sus venerables colegas, pues un privilegio especial le eximia á él de toda revision civil: mas él combatia por el principio de la libertad eclesiástica y por el derecho de los obispos. En consecuencia, viendo que nada podian conseguir sus reclamaciones, ha enviado su dimision al rey, rogándole que la hiciese llegar á la Santa Sede, y añadiendo estas admirables palabras: «Puesto entre mi conciencia, que me prohibe absolutamente someterme á un yugo tan injusto é ignominioso, y la necesidad de renunciar á mis funciones, yo no dudo un instante en adoptar este segundo partido, y me hago un honor y un deber el hacer di- mision de mi título y mi dignidad de obispo antes que continuar ejerciendo un ministerio envilecido.»

Haciendo dimision de su cargo el Ilmo. Charvaz queda en
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una brillante posición para alentar á sus colegas y exhortarles con todo el calor de su celo á permanecer sobre la brecha, á sostener la lucha, y á continuar en esa pasiva e invencible resistencia de que los Apóstoles dieron el primer ejemplo, exclamando con ellos: Non possumus. Tal es la conducta del ilustre obispo de Pignerol; y no dudamos que todos los que se interesan por los buenos principios admirarán y llenarán de elogios la energía y la constancia de este generoso campeón de la independencia católica. El ejemplo del Ilmo. obispo de Pignerol no ha sido perdido. Todo el episcopado sardo se ha opuesto á las exigencias e invasiones de la potestad civil: todos han peleado denodadamente por la defensa de sus derechos. Del obispo de Vercelli únicamente se había dicho haber aprobado la usurpadora conducta del Gobierno en la cuestión de someter á la censura los escritos de los obispos; mas en fecha de 23 de diciembre escribía á su metropolitano, que él había también dirigido dos representaciones al ministro conde Avet sobre los inconvenientes que resultaban de la ley sobre la prensa, y que la respuesta del ministro de ningún modo era bastante á desvanecer sus reparos y asegurar los derechos de la Iglesia.

También el arzobispo de Turín ha mostrado en otra cuestión una firmeza que le acredita digno del alto puesto que ocupa. El Ilmo. Fransoni ha sido expulsado de su silla y desterrado. Y ¿qué crimen creerán nuestros lectores que ha merecido al venerable pontífice los honores del destierro? El haber abogado con entereza por la libertad de los jesuitas y de las otras corporaciones religiosas, y el haber prohibido á sus diocesanos la lectura de ciertas obras, de las que el abate Gioberti inserta de propósito algunos pasajes en sus libros. Hé aquí de qué modo brutal anunciaba este suceso el Risorgimento, periódico semioficial de Turín: «Podemos anunciar que el Ilmo. Fransoni, arzobispo de esta diócesis, ha salido de la ciudad y provincia de Turín. Esta partida, estamos seguros de ello, á nadie causará la menor pena.» Ya se ve: el arzobispo de Turín no era amigo de
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Gioberti, y simpatizaba con los jesuitas é institutos religiosos. No era, pues, extraño que el antesignano de los periódicos liberales se alegrase de que saliese desterrado el arzobispo.

También en Sicilia ha habido revolución, y la revolución de Sicilia ha sido como la de todas partes. Su primer ataque ha sido á la Iglesia: el objeto privilegiado en que ha puesto su ojo codicioso han sido los bienes de la Iglesia. Desde los primeros días de la revolución se vió en apuros el erario: primera y grande felicidad que dan las revoluciones; los apuros del erario, la pobreza pública. De estos apuros era preciso salir de un modo ó otro; y lo primero que á las revoluciones se les presenta á la mano son los bienes de la Iglesia allí donde los hay. Así ha sucedido en Sicilia. Desde luego hubo apuros y necesidad de cubrirlos: decretóse la venta de los bienes dependientes del Estado ó que perteneciesen á obras piás laicales; y al cabo de un mes viéndose estéril el medio indicado, se declara y decreta en la cámara de los Comunes sujetos á enajenacion todos los cánones y censos, y toda clase de rentas debidos á la Iglesia. Afortunadamente en la cámara de los Pares se ha encontrado mas sensatez y mas juicio; y la comisión de legislación á la que se sometió el proyecto para que diese su dictámen, lo ha dado negando su asentimiento á tan desastroso pensamiento. El dictámen ha sido precedido de un largo y razonado informe en que con la mayor lucidez é irresistible fuerza de raciocinio se exponen los inconvenientes que acarrearía tan desastrosa medida.

Aunque el referido dictámen é informe es de alguna extensión, nos tomamos sin embargo la libertad de trasladarlo íntegro á nuestras columnas, seguros de que no desagradará á nuestros lectores el ver que en la alta Cámara de Sicilia, no obstante hallarse bajo la influencia de una revolución desatentada, hay bastante firmeza é independencia para proclamar las buenas doctrinas, y denunciar los grandes desastres, que no supieron ó no quisieron prever nuestros legis-
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ladores, y que por desgracia pesan hoy sobre nosotros de un modo irremediable. « Vuestra comision de legislacion es llamado hoy á dar su dictámen acerca de un mensaje de la cámara de los Comunes que ya desde su principio soliviantó en opuestos sentidos los ánimos de ambas Cámaras; hablamos del proyecto de ley que declara vendibles y redimibles los cánones, censos y toda clase de rentas, debidos á los obispados, monasterios, abadías, conventos, iglesias, y en general á todo lugar pio eclesiástico, ora fuesen redimibles por su naturaleza, ora irredimibles; y esto con arreglo á las disposiciones del decreto parlamentario de 19 de mayo de 1848 que había declarado vendibles y redimibles semejantes prestaciones debidas á lugares pios laicales. De ambas redenciones se pone como condicion esencial el depósito del correspondiente capital en el banco público: el fin se dijo ser proveer á las extraordinarias necesidades del Estado; é indemnización la renta equivalente al respecto de 5 por 100 asignada sobre la deuda pública nacional….
— La ley que se propone encaminase evidentemente á cambiar en gran parte el modo de poseer la Iglesia en Sicilia. A los bienes propios de la Iglesia, poseídos por ella desde muy antiguo independientemente de toda potestad secular, en cuanto al ejercicio civil de la propiedad, se pretende sustituir una renta pagadera por el Estado, en la misma cantidad que en inmuebles poseía antes; lo cual quiere decir que á la propiedad se le subroga de hecho una pension; á la posesion independiente una prestacion la mas dependiente de las necesidades del erario, del estado del tesoro, y tal vez tambien de la voluntad del encargado de la hacienda pública. De este modo, pasando los bienes primivos á manos del comprador ó redimidor, el haber de la Iglesia vendría á consistir en su mayor parte en una mera nota de salida á cargo del Estado, que se presentaria anualmente en los presupuestos de la nacion, y, en las vicisitudes de un porvenir que se vislumbra, atenuable y reducible según vayan en aumento las necesidades del Estado.