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los entre las comisiones diocesanas con una justa proporcion, no hemos visto producirse el mas leve motivo de queja ni de disgusto, cosa á la verdad casi inevitable en operaciones de esta naturaleza. Tambien las comisiones diocesanas con muy raras excepciones se han portado en su cometido muy á satisfaccion de sus administrados; y el clero no ha podido menos de bendecir á las comisiones diocesanas al recordar el trato brusco y desatento que recibia al acercarse á las oficinas del Gobierno para percibir, á manera de limosna, sus mezquinas asignaciones de mil modos cercenadas, comparándolo con la facilidad é integridad con que recibe ahora de las comisiones lo que estas reciben de la Junta superior.

En virtud de la Instruccion de 1.º de agosto de 1845 se puso en ejecucion la ley de 3 de abril devolviéndose al clero los bienes no enajenados, bien que con tantas dilaciones y entorpecimientos, que como ya hemos dicho, en la generalidad de las diócesis no se verificó esta devolucion hasta los meses de noviembre ó diciembre. Segun dicha Instruccion la devolucion se hizo á la Junta superior de dotacion, encargando esta á las comisiones diocesanas la administracion de los bienes pertenecientes á sus diócesis respectivas. La real orden de 20 de febrero confirmó á las comisiones en esta administracion por el artículo 3.º que decia: «Estas comisiones continuarán en la administracion en comun de los bienes de vuelto al clero, bajo las órdenes de la Junta superior.» Esta administracion en comun no podia menos de ser muy engorrosa, y á mas se versaba en ella un punto muy delicado. Ascendiendo estos bienes en algunas diócesis á una cantidad muy crecida, distribuidos en partes muy pequeñas, y diseminados en puntos muy distantes, ¿cómo era posible que una sola administracion atendiese á todos estos bienes con la exactitud y esmero que se requerian para utilizarlos? Las comisiones habrian tenido que nombrar muchos administradores, á quienes por su mismo número y distancia no habria sido posible vigilar, resultando de aquí que los dichos bienes habrian caído en derrota mas aun de lo que estaban, y habrian
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venido á hacerse improductivos é inútiles. Además como dichos bienes están por lo comun afectos al cumplimiento de ciertas cargas, ¿á quién habrian encargado las comisiones este cumplimiento? Por esto la administracion en comun habria sido muy complicada y engorrosa á las comisiones.

Pero otro punto habia todavía mas delicado. Reconociendo la nacion la propiedad de la Iglesia sobre los bienes en cuestion, y existiendo todavía y siendo reconocidos los antiguos propietarios eclesiásticos, ¿con qué título ni con qué derecho de justicia podian las comisiones retener dichos bienes para que no los disfrutaran sus legítimos propietarios en la misma forma que antes de ocuparlos el Estado? ¿Tienen las comisiones diocesanas una existencia canónica para invertir el órden que habia reconocido la Iglesia? Por esto muchas comisiones haciéndose cargo de estas y otras consideraciones, canónicas y civiles, tan luego como recibieron del Estado los bienes de que venimos hablando los entregaron á las comunidades ó individuos á quienes antes habian pertenecido. Podemos citar entre otras varias las de Tarragona y de Segovia, cuyas disposiciones insertarémos entre los documentos oficiales (n.º 11 y 12).

Pero aquí hay una dificultad que ha sido preciso dejar orillada. Como los bienes del clero están regularmente sujetos á celebracion y otras cargas piadosas, sucede que aquellos á quienes se devuelven dichos bienes quedan obligados á dichas cargas, de cuyas cargas están libres los otros que ó no tenian bienes propios, ó que teniéndolos han sido enajenados: de donde resulta que estos últimos son de mejor condicion que los primeros, pues disfrutan su asignacion libre y sin carga alguna, mientras los otros la reciben gravada con las obligaciones á que estaban afectas sus rentas primitivas. La comision de Tarragona ha procurado obviar esta dificultad, en cuanto ha sido dable. Siendo su objeto reponer en lo posible las cosas á su primitivo estado, ha establecido que aquel cuya dotacion consistia toda en rentas que se le devuelven, nada mas debe percibir de la comision diocesana, por mas que
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quede gravado con obligaciones, pues las tenia antiguamente, y no pierde ni gana con las revueltas que han ocurrido. Si toda su dotacion consistia en bienes afectos á cargas, y de estos no se le devuelve mas que una parte, se le indemniza por lo que deja de devolvérsele hasta la cantidad que marca la asignacion que actualmente le corresponde, no haciéndolo hasta la cantidad que tal vez le corresponderia según los bienes que antiguamente poseia, pues la comision no alcanza á mas. Si alguno á mas de los bienes que se le devuelven en todo ó en parte, poseia una renta procedente del producto decimal, por ella se le indemniza con los fondos que se ponen á disposicion de la comision diocesana, á menos que la tal renta fuese excedente á la asignacion que actualmente le corresponde. Segun este metodo, el que á mas de las rentas que tenia propias con sus cargas inherentes percibia del fondo decimal diez ó veinte mil reales no debe quejarse de la comision, si esta no le indemniza mas que hasta siete mil; pues la comision ni está autorizada, ni tiene recursos para mas. Si en esto reciben perjuicio, no es de la comision la culpa, sino de la revolucion que aboliendo el diezmo, y enajenando la mayor parte y lo mas pingüe de los bienes, no da ahora al clero para su indemnizacion mas que una mezquina cantidad. Hemos citado este acto de la comision diocesana de Tarragona, porque lo creemos muy fundado en justicia, y además muy útil para la mas buena y sencilla administracion de la escasa cantidad de bienes que se han devuelto á la Iglesia.

Como nos hemos extendido tanto sobre esta cuestion, suspendemos aquí nuestra RESEÑA á fin de dar cabida á algunos de los documentos oficiales que citamos, y á las cartas de los misioneros que con tanta justicia llaman preferentemente la atencion de nuestros lectores. Mas como acaso alguno nos acuse de ser demasiado difusos en hablar de los intereses materiales de la Iglesia, vamos á decir dos palabras sobre el particular.

Un tiempo hubo en que los enemigos de la Iglesia la atacaban en su parte mas delicada que es su autoridad espiritual.
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Se ponía esta en tela de juicio, se restringían los límites de su jurisdicción, se les disputaban á los obispos sus facultades, se intrusaban lobos, ó declarados, ó con piel de oveja, en el gobierno eclesiástico. Los obispos, los párrocos, los ministros de la religión eran encarcelados, encausados, llevados al destierro, ó obligados á expatriarse, porque habían levantado su voz y habían resistido con fortaleza apostólica á tantos atentados contra los santos derechos de la Iglesia. No está lejana esta época, y los primeros tomos de la Revista Católica atestiguan que no cedíamos á las impresiones del temor para dejar de consignar á la historia y pintar con sus propios colores los infinitos atropellamientos de que entonces era víctima la Iglesia en su personal, en sus derechos y en sus intereses.

Ahora por la misericordia de Dios ha cesado aquella violenta tempestad. Ya no se expiden decretos abiertamente atentatorios contra los derechos de la Iglesia, ni sus ministros son objeto de saña para el actual Gobierno. Somos imparciales y justos: si en la actualidad no profesan los gobernantes aquel piadoso respeto á las cosas de la Iglesia que se les profesaba en tiempos de Felipe II, tampoco la Iglesia es perseguida con la virulencia que lo era en la reciente época de los Becerras y Alonsos; y pudiéramos citar mas de un ejemplo de respeto y deferencia que ha mostrado el actual Gobierno á las personas y cosas eclesiásticas.

Mas la Iglesia sufre actualmente una guerra de distinta naturaleza. La Iglesia para vivir no necesita solamente de sacramentos, de gobierno, de jurisdicción: le son también indispensables los templos, el culto, los ministros. Quitense estas cosas: ¿quién dispone los sacramentos? ¿quién dirige al pueblo cristiano? ¿en dónde se le reúne para hacerle oír las verdades eternas, é inculcarle las santas máximas del Evangelio? Y los templos ¿cómo se reedifican ó conservan si no hay fondos destinados á este objeto? ¿quién provee á los gastos materiales del culto, si la Iglesia está pobre y empobrecida? ¿quién da ese culto, quién administra los sacramentos,
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de febrero, y al cabo de un mes el segundo ministerio Narvaez, resucitado de las ruinas del de Miraflores, se expresaba en los mismos términos, no obstante la grande diferencia de ideas que en otros puntos los separaba entre sí, como se echó de ver en la memorable sesión del 16 de marzo.

«Acatando sentimientos, decía en el preámbulo del famoso «decreto de 18 de marzo, que la historia y la tradición han «esculpido en el carácter del país, y rindiendo culto á lo que «siempre le tributaron los españoles, y nunca pueden de-«jar de respetar los hombres, procurará que sea una ver-«dad el puntual y decoroso sostenimiento del culto y de sus «ministros.»

Estos repetidos esfuerzos de los varios ministerios en asegurar, y en ocasiones tan solemnes, que en lo sucesivo sería una verdad la dotación del culto y de sus ministros son una confesión bien explícita de que hasta entonces había sido una mentira. Ni es necesario que nos esforcemos mucho en probarlo, cuando así lo confiesan personajes tan respetables, y por otra parte son tan palpables los hechos que se presentan á la vista. Pero veamos á lo menos como han sido consecuentes consigo mismos los hombres de la dotación-verdad.

El ministerio Miraflores había asegurado el 17 de febrero que estaba decidido á presentar una ley definitiva de culto y clero á la consideración del Congreso. Cuando cuatro días después, el 21 del mismo mes, se presentó en la tribuna el Sr. Peña y Aguayo, ministro de Hacienda, anunciando la lectura de un proyecto de dotación del culto y clero, todo el mundo creyó que iba á cumplir con el compromiso tan recientemente contraído. Mas ¡cuál fue la sorpresa de todos, cuando oyeron la lectura del artículo 1.º concebido en los siguientes términos: «Se decretan 122.631,079 rs. para la «dotación del culto de las iglesias catedrales, colegiaturas y «abadías, y mantenimiento de todo el clero secular, en el «año económico que principiará en 1.º de julio del presente «y concluirá en igual dia de 1847!» Por manera que cuan-
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quién dirige al pueblo por las sendas de la salud, si se mata de hambre á sus ministros, ó si para vivir se les obliga á buscar su sustento en ocupaciones bien ajenas de su elevado ministerio? Por manera que los intereses temporales que parecen á primera vista debieran estar ajenos de la Iglesia y del varon eclesiástico, se hacen un punto imprescindible; y aquel Quærite primum regnum Dei, etc., y aquel Ne solliciti sitis, etc. tan manoseados por los codiciosos amigos del patrimonio de la Iglesia, no deben entenderse en sentido tan literal que esta deba enteramente abandonarse á la bondad de la Providencia. Por esto Jesucristo tenia entre sus Apóstoles un tesorero que llevaba su bolsillo, y tenia de reserva un pequeño peculio: por esto los Apóstoles escogieron siete diáconos para administrar las limosnas, y las ofrendas, y los donativos que á sus pies llevaban diariamente los fieles.

La disciplina vigente y la marcha de los siglos habian exonerado á los fieles de aquella obligacion primitiva: la Iglesia se habia adquirido un patrimonio por el que podia atender á sus propias necesidades y á las del culto, no solo sin ser grava- vosa á los pueblos, sino antes bien aliviando á estos en la manutencion de sus pobres: la revolucion tuvo á bien destruir este patrimonio para repartirlo entre sus adeptos: los sucesores de la revolucion han querido respetar la obra de esta bajo el pretexto de ser un hecho consumado, prometiendo á la Iglesia que seria indemnizada de sus quebrantos: se han escrito proyectos, se han ensayado sistemas, se han hecho esfuerzos mas ó menos positivos para conseguir que las promesas fuesen una verdad: la experiencia con una lógica severa y una elocuencia terrible ha venido á demostrar que todos los sistemas y proyectos no eran mas que una ilusion, una mentira. ¿Será ajeno de nuestro instituto el que en este asunto de bienes temporales descubramos la iniquidad de los unos, la hipocresía de los otros, la candorosa ilusion de estos, la astuta sutileza de aquellos, reseñando con la imparcialidad de historiadores esa barahunda de leyes, decretos, sistemas, proyectos, medidas y actos que de pocos años á esta parte
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han tenido lugar en la materia? Creemos hacer un bien á la Iglesia en sostener sus derechos en esta parte, así como un servicio al clero en reunir con órden y en un solo punto esa multitud de leyes, reales órdenes y actos tan diversos que se han expedido y van expidiendo todos los días sobre este particular.

Rogamos, pues, la indulgencia de nuestros lectores, mientras les prevenimos que mucho tendrémos que ocuparnos todavía de esta fastidiosa materia hasta que se halle definitivamente arreglada. En el estado en que se encuentran las cosas políticas de España, en la marcha incierta y vacilante que llevan nuestros gobernantes, en la complicacion que va cada día en aumento, mucho tememos que tardará aun en poderse presentar á la sancion de la Santa Sede un sistema de dotacion que sea positivo, seguro, independiente, cual cumple á las necesidades y dignidad de la Iglesia. Y en tanto que no llega esta época, ¿llegarán á tal abandono las atenciones del culto y de sus ministros, que el clero español haya de resistir, á imitacion del irlandés, á todas las ofertas que le haga el Gobierno, prefiriendo librar su subsistencia en la piedad de los pueblos? Si desgraciadamente llegase este caso, rogariámos al Gobierno que aboliese toda especie de contribuciones é impuestos que para el clero se exijan, y rebajase además del presupuesto general los ciento y pico de millones que con pretexto de pagar al clero figuran en las contribuciones generales; y entonces aliviado el pueblo de esta parte de carga, no dudamos que atenderia con piadosa liberalidad al mantenimiento del culto y sus ministros, así como lo hacen los católicos de Inglaterra, los católicos de Irlanda, los católicos de los Estados-Unidos, y los católicos de todos los países, en donde su clero no tiene rentas propias, y el Gobierno no católico no quiere atender á una Iglesia que no es la suya. = A. P.
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DOCUMENTOS OFICIALES.

NÚMERO 1.
Proyecto de ley de dotacion del culto y clero para el año económico de 1.º de julio de 1846 á la misma fecha de 1847.

Ministerio de Hacienda.—A las Cortes.—La situacion presente del clero, acreedor por tantos títulos á la consideracion pública y á la solicitud del Gobierno, no pudo menos de llamar la atencion de los individuos del actual gabinete desde que tuvieron la honra de ser llamados por S. M. como sus consejeros responsables. Desde luego debieron pensar en excogitar los medios mas asequibles y eficaces de mejorarla, y al efecto trataron de concebir un plan para su dotacion y el sostenimiento del culto, en que, á la par que se respetasen los hechos consumados y los intereses adquiridos, apareciese tan segura la una y tan completo el otro, que sobre este punto cesaran por fin los temores é incertidumbres de todos los buenos católicos, y acabaran de una vez las quejas y reclamaciones que con harta frecuencia se han llegado á oír con descrédito de los sentimientos religiosos de la nacion. Resultado de sus asiduas meditaciones acerca de este importante objeto es el proyecto de ley, que con autorizacion de S. M. se somete ahora á la deliberacion de las Cortes.

El Gobierno ha creido deber establecer como una de las bases esenciales del proyecto en cuestion, la separacion del importe del culto parroquial del presupuesto general del clero á cargo del Estado, habiendo estimado mas conveniente dejarlo al de los respectivos pueblos. Muchas son las razones que le han aconsejado esta medida, en cuya virtud la dota-
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cion del culto y clero se rebaja en una cantidad considerable, y puede quedar así afianzada de un modo mas seguro y factible. En su concepto es difícil determinar con la debida exactitud los gastos legítimos del culto en las diferentes parroquias del reino; de todo punto imposible valuar desde la corte la cantidad que para este objeto necesita cada una de ellas, según su importancia y categoría. Datos son estos que solo podrán conocerse y apreciarse convenientemente por los propios pueblos en que radiquen aquellas en vista de las prácticas religiosas de cada uno; y por lo mismo nada mas lógico y natural que echar sobre ellos semejante gravámen dándole un carácter local que redundará siempre en ventaja del culto religioso, á cuyo sostenimiento contribuirán directamente los fieles. Los repartimientos vecinales que habrán de imponerse á las poblaciones para cubrir esta obligación, no serán nunca tan elevados ni tan poco equitativos que se haga sentir su peso sobre los contribuyentes; mientras que la rebaja de 27.368,921 rs. á que dicha obligación asciende en los gastos generales del Estado permite hacer en los ingresos una reducción bastante importante para que aquellos experimenten su alivio, y puedan sobrellevar mejor el pago de las contribuciones. Pero aun cuando tales ventajas no militasen en favor del pensamiento del Gobierno, la inmensa dificultad de hacer llegar sin retraso y á su debido tiempo á 19,000 parroquias las sumas de que cada una haya menester para su culto particular, los infinitos obstáculos que habría que vencer para combinar oportunamente tan pequeños y multiplicados giros, darían siempre ocasión, como lo ha manifestado la experiencia, á que las iglesias parroquiales estuviesen desatendidas, y en el caso los pueblos de proveer á su sostenimiento con recursos especiales sobre los que aprontarian al Estado para el pago de esta sagrada obligación. En el doble interés de la Iglesia y de los contribuyentes, conviene considerar como atención local el presupuesto del culto parroquial y restablecer para ello con las modificaciones convenientes las disposiciones de
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la ley de 14 de agosto de 1841, regularizando los medios de ejecucion.

Una vez descargado de los gastos del culto parroquial el presupuesto general eclesiástico, que el Gobierno fija por entero en la suma de 150 millones, restan solo 122.631,079 por cubrir con los ingresos del tesoro ú otros arbitrios especiales. Segun razonablemente es de esperar, el pago de estos 122 millones resultará suficientemente garantido, en términos que el clero no deberá temer nunca la falta ó retraso de sus asignaciones, adoptando como base de su dotacion: 1.º el producto de sus bienes patrimoniales de que ya se encuentran en posesion y se administran en su nombre y representacion por una junta superior establecida en Madrid con sus delegados en las respectivas diócesis; 2.º el importe de las obligaciones á metálico contraídas por los compradores de sus bienes vendidos, que vencen en el presente año; 3.º los rendimientos de la bula de la Santa Cruzada; y 4.º los réditos de todos los censos del Estado. Estos diversos ramos por su origen, por su índole y por sus demás circunstancias, están indicados naturalmente para el objeto propuesto; y componiendo aproximadamente la suma de 60 millones, bastará para completar la dotacion, que el tesoro suministre por su parte los 62 restantes ó una cantidad mayor, si en las cifras señaladas hubiera alguna exageracion. El Gobierno ha adoptado, pues, este sistema que en su concepto reune las necesarias condiciones de buen éxito en sus resultados, y para cuyo complemento solo falta hacer que las cantidades procedentes de la masa general de los ingresos del tesoro sean tan reales y efectivas como podamos desear. Pero á esta circunstancia se ha atendido suficientemente, disponiendo que su importe se consigne por dozavas partes en las distribuciones mensuales con aplicacion al clero, antes de verificarse cualquiera otro pago, y con absoluta preferencia sobre las demás obligaciones.

El presupuesto del clero realizado en esta forma no podrá menos de llenar satisfactoriamente las necesidades de la Igle-
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sia. El Gobierno cree que en las presentes circunstancias no sería posible venir á ello por un sistema mas fácil y expedito, y al propio tiempo mas seguro é independiente. Sin duda que habría convenido para hacer mayor esta seguridad y esta independencia fijar la dotación permanente y definitiva del culto y de sus ministros, como lo hubiera deseado el Gobierno de S. M., y á cuyo fin hará todos los esfuerzos que estén á su alcance; pero en la dificultad de establecerla por ahora, y por causas bien conocidas de un modo medianamente satisfactorio, lo mejor que podía hacerse, y así se ha hecho, es asegurar previamente los recursos precisos para atender á su sostenimiento durante el año económico que empezará á contarse desde 1.º de julio de 1846 hasta igual dia de 1847, según el proyecto de ley presentado para el presupuesto de ingresos.

En cuanto al tiempo que trascurra desde 1.º de enero del presente año hasta aquella fecha, no puede prescindirse de continuar aplicando la ley de 23 de febrero de 1845, y según el presupuesto actualmente establecido.

Se ha fijado el importe de la dotación de la Iglesia en 150 millones con inclusión del culto parroquial, no obstante de que la junta superior del culto y clero la estableció en 143.091,412 en 1.º de junio del año anterior, según aparece del estado que acompaña á esta ley. La diferencia de 6.908,588 rs. hasta los 150, ó hasta los 122.631,079, descartando el culto parroquial, se aplica á los seminarios conciliares y á los gastos extraordinarios de los templos. El esplendor de la religión y la dignidad de sus ministros exigían del Gobierno imperiosamente que no dejara en descubierto tan sagradas atenciones, aun á costa de imponer al tesoro un sacrificio no pequeño en las presentes circunstancias.

Todavía no se ha limitado la solicitud del Gobierno á proveer al sostenimiento del clero por el tiempo y en los términos que deja manifestados. El clero ha sufrido notoriamente perjuicios y quebrantos que merecen tomarse en consideración. Sobre haber perdido en la abolición del diezmo y la