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mediata inspeccion y dependencia de los obispos. Esperábamos que otra cosa semejante se hiciera con los seminarios; mas la irregularidad que marca todos los negocios de España ha dejado fallida nuestra esperanza. Entre los documentos oficiales insertarémos la referida circular (n.º 18), así como el nuevo Plan de Estudios, que aunque algo extenso y en su mayor parte ajeno de las cosas de la Iglesia, creemos sin embargo que no disgustará á nuestros lectores por ser con mucha frecuencia necesaria su lectura para consultar algunas de sus disposiciones (n.º 16).

Vamos á tocar otra cuestion á la que entramos con repugnancia por versar sobre intereses materiales; pero cuestion magna, cuestion indeclinable, cuestion de la que han surgido un sinnúmero de dificultades, embarazos y conflictos, y de cuya solucion parece que ha dependido hasta ahora la feliz conclusion de las negociaciones con Roma. Y decimos hasta ahora; porque aun cuando se hubiese resuelto esta cuestion, la de dotacion de culto y clero, no podemos creer que no se hubiesen suscitado, y no se susciten á su tiempo otras tal vez de mas difícil solucion que la primera. ¿Cómo es de creer que el poder temporal, en el prurito de invasiones que parece formar el carácter del presente siglo, no trate de avanzar en el campo de las regalías? Y ¿cómo es de creer que el poder espiritual, en la serie de desengaños que lleva, no trate de sostener sus derechos, disputando á palmas el terreno de sus atribuciones espirituales, al recordar el resultado que han producido las generosas concesiones que por el bien de la paz hiciera en otras épocas? Pero entre tanto que se aguardan estas dificultades para otra época, tenemos ya encima la presente, la de atender, cual exigen la justicia y la conveniencia pública, á la dotacion del culto y de sus ministros.

Al empezar el año 45 el Gobierno se comprometió de un modo muy formal y muy solemne á cubrir esta sagrada obligacion con un presupuesto de 159 millones. El compromiso fue garantido por una ley votada en Cortes y sancionada
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por la Corona. No es ya la palabra de los ministros solamente lo que se empeña en este compromiso, sino el decoro de la nación, y la dignidad de la Corona. El Gobierno además, en el curso de las negociaciones con Roma, creyó acelerar estas negociaciones con la promesa de devolver á la Iglesia los bienes que hasta entonces no habían sido enajenados. Reclamó el asentimiento de las Cortes y la aprobación de la Corona, y ambos fueron otorgados con poca ó con ninguna dificultad. ¿Cómo han sido cumplidos estos compromisos en el curso del año 45? Esto es lo que vamos á examinar con la historia de los hechos.

La ley de devolución fue sancionada el día 3 de abril; mas el Gobierno se creyó autorizado para quedarse con esta ley en el bolsillo. En balde era que la ley dijese terminantemente: se DEVUELVEN, hablando de presente: el Gobierno quiso hacer este presente indefinido. Pasáronse semanas y meses: hicieronse al Gobierno interpelaciones y excitaciones de otras especies; y el Gobierno no se daba por entendido. Plúgole finalmente ponerla en ejecución, y el 1.º de agosto extendió una instrucción señalando el modo y forma en que habían de ser devueltos los bienes que habían quedado por vender (n.º 19). Largo sería y enojoso entrar á hacer un análisis de los veinte y tres artículos de que consta la citada instrucción; pero no podrémos menos de observar que desde el artículo 1.º aparece ya una contradicción con la letra y espíritu de la ley. Esta manda que los bienes del clero secular no enajenados, se devuelvan al mismo clero; y según la instrucción se devuelven no al clero, sino á la junta de dotación del culto y clero establecida en la corte, y á las comisiones diocesanas que lo están en la capital de cada obispado. La junta de dotación no es el clero ni su representante. No es el clero una junta que de los cinco miembros de que consta tiene dos seglares, pudiendo haberlo sido los demás si así le hubiese acomodado al Gobierno, cuya voluntad fue la única que estableció el número y la calidad de los miembros que habían de componerla. No es representante del clero una
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donde vamos á ocuparnos del nuevo Plan de Estudios.

El Sr. Pidal, ministro de la Gobernacion, ha dado en 17 de setiembre un nuevo Plan de Estudios, que por cierto bien lo necesitaba este importante ramo, atendido el estado de anarquía en que le habia colocado la multitud de decretos, reales órdenes, circulares y aclaraciones que se habian aglomerado en los últimos diez años. El plan de 17 de setiembre nada contiene que sea contrario á la religion, ni á la fe, ni á las buenas costumbres. En él se manda enseñar lo que ya se enseñaba antes, lo que se enseña en todo país civilizado, y que aprecie en algo las ciencias. Los libros por los que se manda enseñar, no son ni buenos ni malos, ni católicos ni heterodoxos, porque el mencionado plan no designa libros: se limita á designar las personas que deben designarlos, y contra estas personas nada hay que decir, aunque tal vez con el tiempo podrá haber mucho. Por esta parte, pues, nada puede objetarse contra el plan, mientras no sean conocidas las doctrinas de los profesores que nombre el Gobierno. Pero en este caso si las doctrinas de los profesores no son lo que debieran ser en punto de religion, no será culpa del plan, sino del Gobierno, cuando eche mano de personas irreligiosas para ponerlas al frente de la juventud estudiosa. Dése un Gobierno sinceramente católico y que desee de veras fomentar el sentimiento religioso: teniendo que formarse en Madrid todos los profesores, y debiendo recibir su nombramiento del Gobierno, fácil le será á este influir en su formacion, y dar la preferencia en igualdad de mérito literario á los que por su moralidad y principios religiosos inspiren confianza de que con su palabra y ejemplo darán á los jóvenes una educacion verdaderamente cristiana. Póngase, por el contrario, un Gobierno impío, y sin separarse del plan se inundará las universidades de profesores impíos, indiferentes ó ateos. Y en los tiempos que andamos, ¡cuán temible es esto último! Porque aun cuando la divina Providencia no nos castigue dándonos un Gobierno marcadamente impío, ¿no son muy frecuentes los ministros que en el
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junta en cuya formacion para nada se ha consultado al clero, ni este ha tenido la menor parte. Esta junta es mas bien una dependencia del Gobierno, de quien recibe la creacion, los nombramientos, la organizacion, las instrucciones, las inspiraciones, no teniendo ningun caracter de perpetuidad, sino quedando siempre amovible y variable á voluntad y disposicion del Gobierno. Tampoco son propiamente el clero las comisiones diocesanas; pues si bien son eclesiasticos todos sus vocales, ni están representadas todas las clases, ni su organizacion y atribuciones son dadas por la Iglesia, sino recibidas del Gobierno, quien puede variarlas siempre y cuando le acomode. La devolucion, pues, verificada de este modo no es á la Iglesia ni al clero, sino á unos dependientes del Gobierno á quien se hace.

Tampoco podemos dejar de hacer observar el grande vejamen, ó mas bien la manifiesta injusticia que con el clero se comete á la sombra de esta devolucion. Segun el articulo 11, «formarán las contadurias de bienes nacionales otra relacion de los débitos ó atrasos que resulten procedentes de los bienes del clero, y su importe total, rebajado de un 15 á un 50 por ciento, se cargará al mismo clero en cuenta de su presupuesto por terceras partes en los años 1845, 1846 y 1847.» Por supuesto que las contadurías de bienes nacionales en los cuatro años que han corrido con la administracion, no habrán dejado de percibir los réditos que eran de fácil percepcion; y si en dichos cuatro años se ha creado una masa de atrasos, estos serán el resultante de una clase de réditos que deberán reputarse por poco menos que incobrables, cuando las tales contadurías no han podido con ellos, no obstante su actividad, extorsiones y apremios. Lo que el Gobierno por sus agentes no ha podido cobrar, quiere cargarlo al clero á cuenta de sus haberes para los tres siguientes años.

Y no se crea que sea friolera el cúmulo de estos débitos y atrasos que se han creado en el transcurso de solos cuatro años: es tal que en algunas diócesis deja al clero y al
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culto completamente arruinados en los tres años en que deben cargársele en cuenta dichos débitos. No queremos citar mas que el ejemplo de una sola diócesis, la de Tarragona, para que pueda formarse juicio de la justicia del artículo 11. Segun el estado presentado por la contaduria á la comision diocesana, resulta que la renta de las fincas y censos no enajenados asciende á 571,166 rs. De estos la contaduría no ha cobrado mas que 53,827 rs. por término medio en cada uno de los cuatro años que las ha administrado, resultando el enorme atraso de 2.069,355 rs. Esta cantidad se carga á la comision por terceras partes, correspondiendo á cada año la cantidad de 689,785 rs. Esta masa de atrasos agregada á la corriente, que tambien se carga á cuenta á la comision forma la cantidad de 1.260,951 rs.; y siendo el presupuesto de la diócesis de 1.633,990 rs., no acreditaria por parte del Gobierno mas que 373,039 rs.: por manera que suponiendo que el Gobierno pagase con puntualidad los dichos 373,039 rs.; suponiendo que de los 571,166 rs. que son la renta corriente, cobrase el clero tanto como habia cobrado la contaduría, esto es, 53,827 rs.; suponiendo que de los 689,785, que son la renta atrasada, cobrase otra cantidad igual de 53,827 rs., que es todo lo que suponerse puede; el clero de Tarragona para cubrir todos los gastos del personal y del culto no percibiria mas que 480,693 rs. en cada uno de los tres años de 45, 46 y 47. Con mucha razon protestó la comision contra un cargo del que habia de resultar la ruina inevitable del culto y del clero de la diócesis: y con tanta mas razon protestó cuanto queria arrancársele por sorpresa la aprobacion y aceptacion de semejante cargo, como se desprende de la negativa que la comision dió á las exigencias del intendente, y la que elevó al superior conocimiento de la junta superior de dotacion (n.º 20).

Pero aun suponiendo que fuesen cobrables y que llegasen á manos del clero todas las cantidades de que el Gobierno hace cargo á la comision, así por lo corriente, como por los atrasos, ¿mejoraria por esto la situacion del clero? Es de
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advertir que la tal renta está toda afecta á cargas piadosas, y que no es disponible en manera alguna, ni aplicable á otro objeto, que no sea el de su institucion. Esta renta está consignada en disposiciones testamentarias, destinada á fundaciones piadosas, á cuyo cumplimiento viene gravada la conciencia de los llamados á su ejecucion. Ahora bien, ¿sabrá decirse qué es lo que queda de toda esta renta, aun supuesto que se cobrase íntegra, después de cumplidas las cargas que le están afectas? El siguiente estado lo pondrá de manifiesto (n.º 21).

Resulta, pues, que de una masa de rentas que importa 602,058 rs., no quedan líquidos mas que 44,601 que podria imputarse al clero como parte de su dotacion. Lo que pasa en Tarragona, creemos que suceda con poca diferencia en todas las demás diócesis del reino: y de aquí puede verse cuál ha de quedar el clero después de verificada la devolucion, si esta ha de ejecutarse en virtud de la instruccion de 1.º de agosto. Se dirá que al clero no se le hace ninguna injusticia en devolverle las mismas rentas que habia entregado á la nacion; que si son de difícil cobranza, tambien lo eran antes; que si están afectas á cargas, tambien lo estaban antes que de ellas se desprendiese el clero. Pero aquí hay que advertir, que antes el clero no contaba con estas solas rentas: y después que la revolucion ha devorado lo mas pingüe de su substancia, y destruido lo mas precioso de sus riquezas, es lo sumo de la injusticia que venga á cargarse al mismo clero, y casi por renta única, lo que todos saben que no se cobrará.

Si la ejecucion de la ley de 3 de abril ha acarreado conflictos y contestaciones poco agradables entre la intendencia y comision diocesana de Tarragona, muy parecidas las ha habido tambien en Lérida, Pamplona, Burgos y otras muchas partes. Ello es que entre relaciones, estados, contestaciones y otras mil impertinencias se han pasado meses y mas meses, y á fin del año 43 la devolucion apenas estaba consumada en ninguna diócesis. Nueve meses, pues, han trans-
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currido desde que se ha sancionado la ley, y cinco desde que se ha mandado ejecutar; y en muy pocos, casi en ningun punto de España se encuentra el clero en plena posesion de aquello poco, que por no haberse enajenado se le adjudica por la ley. ¿Cuál será la causa de tales entorpecimientos y dilaciones? No entrarámos en las intenciones, ni en la buena ó mala voluntad de los que han de ser los ejecutores; pero no podemos menos de acordarnos del 1.º de octubre de 1841. Jamás órden alguna se cumplimentó con mas exactitud, con mas uniformidad, con mas fervoroso celo que la ley de 2 de setiembre de 1841. En un mismo dia, en una misma hora, en toda España, en las iglesias catedrales, en las colegiales, en las parroquias, en las solitarias ermitas, en las mas populosas ciudades, como en las mas miserables aldeas, los representantes del poder á nombre de la ley cerraban y sellaban los archivos, y se apoderaban de todos los bienes eclesiásticos, quedando el clero reducido á lo que sus nuevos amos quisieran darle. Se despreciaron las protestas si alguna se hizo; se atropelló la resistencia si la hubo en alguna parte; se allanaron en el acto todas las dificultades que pudieron presentarse: nada demoró un instante el cumplimiento de la ley. El clero quedó irremisiblemente despojado de todo cuanto por los títulos mas justos y legítimos poseía, sin apelacion, sin remedio. «Ha sonado, dicen ahora, «la hora de la reparacion», y no ha podido ser desoída por mas tiempo la voz de justicia, ¡Cuántos subterfugios, cuántas dilaciones en hacer una pequeña parte de esta justicia que se proclama! Nos abstenemos de hacer comentarios, limitándonos á consignar los hechos: la ejecucion de la ley de 2 de setiembre de 1841 al lado de la de 3 de abril de 1845, podrá esparcir mucha luz sobre esta parte de la historiia.

¿Quién creyera que una medida tan justa y tan reparadora, que fue votada en Cortes y sancionada por la Corona, hubiese de provocar el mal humor y las mas furibundas diatribas de parte de aquellos mismos que habian en algun modo contribuido á la formacion de dicha ley, y que
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blasonan de liberales y parlamentarios? Ello es así: el Tiempo, el Globo, el Heraldo, el Castellano, periódicos que quieren pasar por religiosos y conservadores, al mismo tiempo que afectan profesar una suma deferencia á las prácticas constitucionales y parlamentarias; periódicos que con su silencio ó con sus artículos apoyaron la ley de devolucion, mientras se discutía en el mes de marzo, se encandecieron después contra el Gobierno, cuando trató de ejecutarla. La posteridad preguntará, ¿por qué esta mudanza á la vuelta de cuatro ó cinco meses? Nosotros darémos la clave de este enigma. Cuando por el mes de marzo se discutía esta ley, todo era de color de rosa en la ilusion de cierto partido que creía que Roma accedería á todo mediante alguna promesa de atender á la dotacion de la Iglesia. Se daba por sentada la sancion por parte de la Santa Sede de todo lo hecho por la revolucion; y fija la vista en el 27 de abril, aplazábase para este dia el triunfo mas completo para los hechos consumados. Así es que por parte de este partido no solo no se resistia, sino que se activaba la devolucion á la Iglesia de los miserables restos que se habian salvado del naufragio. Mas vino el 27 de abril con su espantoso desengaño; desvaneciéronse las ilusiones; naufragaron las esperanzas; y lo que antes era justo dejó de serlo. Toda la justicia consistia en la conveniencia: así vinieron á explicarse los órganos del partido moderado. Si antes apoyaban la medida, era porque esperaban de ella una ventaja, una utilidad, aunque no resonasen en sus discursos y escritos mas que las palabras REPARACION, JUSTICIA. El lenguaje era noble, digno de almas virtuosas y españolas: el corazon era mezquino, egoista, profundamente hipócrita.

Pero dejando esto aparte, pasemos á ver cómo ha cumplido el Gobierno con el clero, pagándole sus asignaciones con la regularidad que correspondia. Segun la ley de 23 de febrero el Gobierno se comprometía á pagar al clero 159 millones para cubrir el presupuesto del año 45. Para pagar estos 159 millones se contaba con los productos de los bie-
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nes de la Iglesia no enajenados, con los productos en metálico de los enajenados que debían entrar en el tesoro durante todo el 45, y con los productos de la Bula. Lo que faltase para el completo de los 159 millones se obligaba el Gobierno á cubrirlo, ó bien haciendo un contrato con uno de los bancos públicos, ó bien tomándolo de las contribuciones públicas (véase tomo VII, pág. 228). El Gobierno en fecha de 31 de mayo abrió en efecto con el banco de san Fernando un crédito de 100 millones con destino á la dotación del culto y mantenimiento del clero en el presente año (45). El banco se obligaba á tener á disposición del tesoro 20 millones por todo el mes de junio. Para los 80 restantes debía ajustarse un nuevo convenio (véase tomo VII, pág. 230). Los 20 millones expresados se hicieron efectivos, y con ellos y con algunos otros fondos que se pusieron á disposición de la junta superior de dotación del culto y clero, se pagó inmediatamente un tercio, que fue el primero del año 45, dejándose en descubierto todas las mensualidades que se debían del año 44, que por regla general no bajaban de ocho, habiendo algunas corporaciones y muchos párrocos de ciertas provincias que nada absolutamente habían percibido de todo el 44.

El primer ensayo que se hizo en el pago de este tercio por conducto de la junta superior y de las comisiones diocesanas, probó perfectamente, porque libró al clero de las enormes vejaciones y estafas de que era víctima, cuando se le hacía dependiente de las oficinas de las intendencias. Teniendo que entenderse directamente con las comisiones diocesanas, compuestas de eclesiásticos, la operación era muy sencilla, y era fácil la percepción de lo que le pertenecía á cada uno. Pero este tercio que se cobró por el mes de julio no era más que un tercio: y pasaron meses, y estábase ya á fin de año, y no aparecía el segundo, ni mucho menos el tercero. Un clamor general levantábase por todas partes: infinitos párrocos y otros individuos del clero, agobiados por el peso de la miseria por no haber percibido mas que un
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tercio de sus escasas asignaciones en cada uno de los años 44 y 45, hacian sentir los quejidos de su infeliz situacion, ya en sentidas exposiciones, ya en multiplicados articulos de periodico. Muchas comisiones diocesanas por otra parte, como la de Lugo, la de Plasencia, la de Osma, y otras muchas, representaban á la junta superior, que ni aun para cubrir un tercio habian bastado los caudales enviados. Mas todos estos clamores, todos estos lamentos venian á estrellarse en la inflexible dureza de los oidos ministeriales. Por todo alivio venia la Posdata, periodico enteramente consagrado al ministerio, asegurando que el clero estaba perfectamente atendido. Verdad es que esta aseveracion del periodico ministerial no sacaba al clero de su miseria; pero en cambio arrancaba nuevos clamores, y nuevas reclamaciones por parte de los pacientes, cuya azarosa situacion iba agravándose de dia en dia. Grande fue el ruido que se levantó con motivo de tan gratuita suposicion; de modo que haciéndose cargo de ello el Castellano, periodico nada sospechoso á la Posdata, ni al Gobierno, decia estas notables palabras: «No ha debido ser muy exacto lo que decia la Posdata respecto á las cantidades satisfechas en lo que va de año para cubrir las sagradas atenciones del culto y clero, cuando con motivo de su artículo llueven reclamaciones de infinitos clérigos.» Por lo menos si es cierto que se han destinado aquellas cantidades para objeto tan preferente, no lo es menos que ese dinero no ha llegado á manos de los desatendidos clérigos.» Pero dejándonos ahora de disputas que se hacen interminables, cuando las dirige el espíritu de partido ó la mala fe, el hecho es que en 31 de diciembre de 1845 el clero de España no ha recibido mas que una tercera parte de lo asignado para su manutencion y entretenimiento del culto. De esto depondrán todas las comisiones diocesanas y las infinitas corporaciones é individuos que de ellas dependen. En esto han venido á parar las brillantes y solemnes promesas del Gobierno: este es el cumplimiento que dan á las leyes los mismos encargados de ejecutarlas.
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Interminables nos haríamos si hubiésemos de referir todas las estafas que con la desvalida clase del clero se han cometido sobre liquidacion de sus atrasos, percepcion de haberes, recaudacion de frutos, arriendos de las fincas últimamente devueltas. Provincia ha habido, la de Lérida, en donde después de haberse mandado por el Gobierno ejecutar la ley de 3 de abril, se entretenia á los comisionados del clero con varios pretextos, mientras se cobraban á toda prisa los atrasos, se recogian los frutos de la cosecha pendiente, se exigian los rendimientos de las fincas arrendadas, se hacian nuevos arriendos mucho antes de concluir los antiguos, se remataban con antelacion á lo que estaba anunciado, y se hacian á un precio tan ínfimo, que la sola cosecha pendiente del aceite, á juicio de peritos, bastaba á cubrir el arriendo de los tres años. Duro nos es creer tanta inmoralidad de parte de funcionarios y agentes del Gobierno; pero así lo propalaba la voz pública: así lo referian en sus columnas los periódicos, sin que nadie se haya curado de desmentirlo. Y ¿cuántos de estos agios y manejos fraudulentos se habrán cometido con los saqueados intereses del paciente clero que quedarán ocultos tal vez hasta el dia del juicio? La resolucion que en 13 de julio ha tomado la administracion general de bienes nacionales sobre falsificaciones cometidas por el arrendatario del priorato de Morayme en la Coruña, en el año 1840, revela cuánta estafa, cuánta inmoralidad habrán tenido lugar en los desgraciados años que hemos transcurrido.

Y ya que venimos hablando de bienes de la Iglesia y de intereses pertenecientes á sus ministros, no queremos pasar en silencio un notable incidente que por espacio de muchos dias vino ocupando la atencion pública. El Sr. Ortiz de Taranco, diputado por la provincia de Ávila, habia sido comprador de bienes llamados nacionales por una cantidad no escasa. Sin duda profesaria doctrinas segun las que ningun escrúpulo le haria adquirir y retener en virtud tan solo de una ley civil los bienes eclesiásticos sin el consentimiento de