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cion española; » desafiando á sus contrarios á que citasen una sola de nuestras leyes en que esté «consignado el derecho que tiene la potestad civil para apoderarse de los bienes de la Iglesia, y en que ese derecho se haya puesto en práctica.» Terrible estuvo el Sr. Mon anatematizando á los legisladores del año 41, y las demasías que se permitieron contra la Iglesia: hemos trascrito literalmente sus palabras para que no se nos diga que exageramos. Mas tampoco pudo olvidarse de su política que es amparar unos derechos adquiridos y unos intereses creados á la sombra de una ley de despojo y de violencia. «Estos derechos, decía, son sagrados, están legitimados, y no dependen de las medidas que sobre lo demás puede tomar el gobierno en lo sucesivo.» A esto se llama legislar, á esto filosofar, á esto ser hombres de Estado. No queremos insistir mas: bástanos consignar los hechos y las palabras, y la posteridad fallará de un modo justo é imparcial.

El resultado de esta discusion que ocupó cinco largas sesiones del Congreso, fue quedar desechado el voto de la minoría, y definitivamente aprobado el de la mayoría. Un incidente notable ocurrió en esta discusion que merece ser consignado. Preguntaba el Sr. Seijas al gobierno, que cómo y cuándo había de hacerse esta devolucion; porque en el proyecto del gobierno y voto de la mayoría nada se insinuaba sobre este punto, mientras que en el de la minoría se autorizaba al menos al gobierno para ello. Encargóse el ministro de la Gobernacion de responder á nombre del gobierno, y su respuesta fue por cierto inesperada. Declaró que por este año no había necesidad de resolver esa cuestion: que por este año no produciría la declaracion sus efectos: que para el año que viene, el gobierno, porque en las facultades del poder público está, veria el modo de aplicar ó distribuir estos bienes. Ciertamente no vemos en que pueda fundarse la justicia de semejante proceder. Si el Estado reconoce y confiesa que los bienes eran de la Iglesia en propiedad, y que no podian quitársele en justicia contra su voluntad, reconoce tambien y
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confiesa que en justicia no puede retenerlos ni un momento contra la voluntad de la Iglesia á quien fueron quitados injustamente. Este punto, pues, no es cuestionable, una vez reconocidos y confesados el despojo y la violencia. Tampoco entendemos en qué artículo de la jurisprudencia constitucional está prescrito, que esté en las facultades del poder público, ó del gobierno, aplazar indefinidamente el tiempo de ejecutar una ley aprobada por las Cortes, y sancionada por la Corona. Si esta doctrina prevaleciese, poco ó nada le importaria al gobierno que las Cortes aprobasen estas ó aquellas leyes, por mas que estuviesen opuestas á sus miras, porque no teniendo que ponerlas en ejecucion sino cuando le diese la gana, quedarian inutilizadas todas las leyes y todos los trabajos de las Cortes.

Así ha sucedido sin embargo con la ley de devolucion. El Congreso la aprobó tal como la habia presentado el gobierno, en la sesion del 17 de marzo por una mayoria de 126 votos contra 16: aprobóla tambien el Senado casi sin oposicion por 76 votos contra 4, sin ninguna observacion y sin la mas leve variacion, como es de ver en el dictámen de la Comision, que insertarémos (n.º 9): sancionóla la Corona en 3 de abril: publicóla la Gaceta del 8 del mismo mes (n.º 10): ¿qué le falta, pues, para tener todos los requisitos de ley? Y si es ley, ¿qué facultades tiene un gobierno constitucional para retenerla en el bolsillo? Si á lo menos estuviera autorizado por las Cortes, como le autorizaba el voto de la minoría del Congreso, estaria en las atribuciones del gobierno determinar el tiempo de la ejecucion, prescindiendo de los fueros de la justicia: mas ahora ni la justicia ni las facultades de un gobierno constitucional están en su favor.

Una variacion, aunque al parecer ligera, queremos hacer notar en la promulgacion de esta ley. El proyecto del gobierno decia: «Los bienes del clero secular que quedan por vender, etc.» el dictámen de la mayoría del Congreso que es el que se aprobó, decia: «Los bienes del clero secular no enagenados, etc.:» el del Senado era como el proyecto:
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«los bienes del clero secular que quedan por vender, etc.:» y la ley promulgada dice como lo aprobado por el Congreso: «Los bienes del clero secular no enagenados, etc. ¿Por qué en la ley que se promulgó, usó el gobierno de la expresion del Congreso mas bien que de la del Senado? ¿Se dirá que es de ninguna importancia la diferencia que existe entre la expresion no enagenados y la otra que quedan por vender? A esto responderémos que se lean los debates que así en el Congreso como en el Senado se motivaron por esta variacion.

Apenas los compradores de bienes de la Iglesia habian podido reponerse del susto y alarma que les infundiera la ley de devolucion, no obstante las grandes y repetidas seguridades dadas por el gobierno, otro decreto inesperado vino á sembrar la zozobra y el escándalo entre esos pobres patriotas, sin cuyo apoyo acaso no pudiese subsistir el trono de Isabel II, como dijo en el Congreso en la sesion del 25 de enero el señor diputado García Hidalgo. Hablamos del decreto de 11 de abril del presente año, por el que se manda suspender hasta nueva resolucion la venta de los edificios-conventos de las comunidades religiosas suprimidas (n.º 11). Esta medida no podia menos de alarmar á los que no creyéndose nunca bastante seguros en sus fortunas improvisadas, están siempre soñando en reacciones, y siempre en exigencias de Roma. Así es que si á exigencias y ambicion de Roma atribuyeron la devolucion de los bienes no vendidos, á la misma ambicion y exigencias atribuian ahora la suspension de la venta de los edificios-conventos como un preliminar de la suspension de la venta de los demás bienes, á la que deberia seguir el restablecimiento de las comunidades religiosas, que suponian uno de los puntos en que mas insistia Roma para el arreglo del Concordato. ¡Son muy suspicaces y previsores los patriotas y compradores de bienes nacionales!

Esta suspicacia motivó la interpelacion del Sr. Moyano en la sesion del 14 de abril, hablando de la grande alarma que habia en Madrid, y pidiendo explicaciones. El señor ministro de Hacienda ofreció darlas al siguiente dia, pero
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desmintió entre tanto lo de la supuesta alarma del Sr. Moyano, asegurando haberla habido verdadera cuando se destrozaban los conventos. El Sr. Mon no faltó á la cita, y respondiendo á la interpelacion anunciada manifestó que la suspension de las ventas en cuestion era una medida puramente económica, sin ningun roce con la política. Adujo datos sumamente curiosos que deberian hacer ruborizar á los insaciables tiburones de los bienes llamados nacionales, si capaces de rubor fuesen estos dilapidadores del patrimonio de los pobres. 2120 conventos dijo el Sr. Mon que existian al tiempo de la supresion, de los cuales se habian vendido 633, que solo habian producido al Estado 21 millones, resultando á 33,175 rs. por convento por un término medio. Seria curioso, si no llenase de indignacion y de escándalo á pechos hondadamente españoles, oír la relacion que hacia el Sr. Mon en la sesion indicada. «El convento solar de la Victoria, de cia, uno de los mejores sitios de la corte, se ha vendido «en 433,000 rs. en papel; San Felipe Neri en 73,000 á «papel que son en metálico 31,000; San Cayetano, en «125,000 á papel, que son 62,000 en metálico; San Basi-«lio que se ha calculado en 500,000 como censo, se ha ven-«dido en 296,000. El Caballero de Gracia en 536,000 en «papel, que son 238,000 en metálico. La Magdalena, solar «que todo el mundo conoce, y que solo los pies cúbicos va-«len á 40 rs., se ha vendido en 325,000 rs. En la provincia «de Cuenca ha habido convento que ha valido 2,958 rs. en «deuda sin interés, que equivale á 177 rs. En Castellon de «la Plana se ha vendido convento en 450 rs. á papel, que «equivale á 270 en metálico. En Marbella se ha vendido so-«lar en 297 rs. en deuda sin interés, que equivale á 70 rs. «en dinero. En Medina del Campo se ha vendido solar en «500 rs. á papel, equivalente á 30 en metálico.»

Todo comentario que hiciéramos, toda invectiva que lanzáramos, todo anatema que dirigiéramos contra las funestas medidas que todos los gobiernos y las Cortes anteriores tomaron con respecto á los conventos, seria desvirtuar la tris-
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te estadística que nos presenta el Sr. Mon. Y si añadiéramos los gloriosos monumentos que se han destruido, los recuerdos históricos que se han borrado, las bellezas artísticas que ó han desaparecido al fatídico golpe del pico revolucionario, ó han volado al extranjero á impulsos de la vil codicia, bellezas y recuerdos y monumentos que ni se recobran por millones de reales, ni se restauran con decretos ni con todo el oro del Perú; ¡ah! el dolor y la indignacion nos ahogan: sangre española hiere en nuestro pecho; y se presentan á nuestra imaginacion como un fantasma desconsolador, los gloriosos dias de nuestros padres que no volverán jamás. No, jamás volverán á estar en pié ni el lindo y bellísimo Sagrario de la Cartuja de Scala Dei, ni los ricos panteones y atrevidas cúpulas de Poblet, ni el magnífico y admirable claustro de santa Catalina en Barcelona, ni el grandioso y hermosísimo convento de Santo Domingo en Palma de Mallorca, ni tantas glorias artísticas, ni tantas exquisitas pinturas, ni tantos prodigios del genio español, que los extranjeros venian á contemplar y admirar, y á cuya vista exclamaban con un aire de satisfaccion: «No, no estaban los españoles tan atrasados como se nos decia.» Rogamos la indulgencia de nuestros lectores si por un momento hemos dejado la fria calma de la narracion histórica para dar este pequeño desahogo á nuestro corazon. ¡Y todavía se sientan en los escaños del Congreso y entre los padres de la patria sujetos que censuran á un ministro de la Corona, si, aunque tarde, desea poner coto á tanto vandalismo!

Tiempo era ya que el gobierno mirase con algun interés la conservacion de estos edificios que habian sido antes asilo de la virtud y de las letras, y no quedasen por mas tiempo abandonados ó á la inmoralidad de codiciosos especuladores, ó al capricho de las municipalidades sin ninguna utilidad ni para la religion ni para el Estado. Por esto no podemos menos de aplaudir la real orden que con fecha de 17 de marzo se expidió por el ministerio de Hacienda, poniendo coto á la arbitrariedad y abusos que se cometian en los conventos que
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habían sido cedidos á los ayuntamientos ó empresas particulares por motivo de utilidad pública (n.º 12); así como la otra real órden expedida por el mismo ministerio en 13 de abril como consecuencia del decreto de 11 del mismo mes, por cuya real órden se manda á los intendententes formar una lista nominal ó expediente general de todos los edificios-conventos que estén enclavados en sus respectivas provincias, y no se hallen habitados por religiosas, ni adjudicados definitivamente para objetos de utilidad pública á algun ramo ó corporacion (n.º 13). Ya que estas casas que con tanto respeto miraron nuestros padres, y en las que tenian entrada todos los hijos de familia, no puedan servir mas para su primitivo objeto, sálvense á lo menos de su ruina, y aplíquense á otro objeto del que puedan reportar alguna utilidad las poblaciones ó el Estado.

Por lo demás, no teman los hombres de la revolucion, los hombres que han engordado, y que esperan todavía engordar con el despojo de la Iglesia, que tales sean las miras del gobierno en haber suspendido la venta de los edificios-conventos, que quiera valerse de esta medida como de un paso preparatorio para llegar hasta el restablecimiento de los Órdenes regulares. Cabalmente por aquellos dias era cuando mas se activaba la venta de los bienes que aun quedaban por vender de los antiguos conventos y monasterios. «En el dia, decia el Castellano del 12 de abril, hay mas afan que nunca por adquirir bienes nacionales, los cuales suben en los remates extraordinariamente, á pesar del mayor valor que tiene actualmente el papel del Estado en que se pagan.» Y no era una asercion gratuitá el dicho del Castellano: léanse las columnas del Diario de avisos de la corte de aquellos dias, y se verán atestadas de nombres de fincas del clero regular puestas á pública subasta unas, y rematadas otras. Y lo mas notable es las extraordinarias pujas que tenian estas fincas. Dos ejemplos citarémos solamente. El dia 11 de abril se remató en favor de D. Bartolomé Santamaría en 8.401,000 rs. la dehesa de Lama la mayor, provincia de Cáceres, que había
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sido tasada en 1.047,130 rs. y capitalizada en 1.238,400 rs. El 17 del mismo mes se remató á favor de D. José Zaragoza, diputado y uno de los redactores del Heraldo, en 4.500,000 rs. una de las encomiendas vacantes de la provincia de Cáceres, que solo había sido tasada en 826,000 rs. Esta notabilísima diferencia entre las tasaciones y los remates de los bienes de los regulares da lugar á muy serias y tristes reflexiones no solo en la parte económica, sino en la moral y religiosa.

Y ya que tanta actividad tienen nuestros gobernantes y los hombres de la revolucion en disipar y devorar hasta los últimos restos de los bienes de los regulares, ¿la tienen igual en cumplir con los infelices exclaustrados lo que se les prometió cuando fueron desposeídos de estos bienes? Pena nos da tener que renovar la memoria del criminal abandono en que se tiene á esta clase digna por cierto de mas consideracion y de mas humanos tratamientos. No queremos descender á casos particulares ni á reclamaciones de ancianos beneméritos, sumidos en la miseria después de haber consumido una larga carrera en eminentes servicios prestados á la religion y á las letras: estas reclamaciones parten el corazón, y su multitud llenaría numerosos volúmenes. Dirémos solamente que ahora hace DIEZ AÑOS, ahora hace CIENTO VEINTE meses, que estos hombres fueron lanzados brutalmente de sus asilos en donde entraran bajo la garantía de las leyes. Y en tan largo período ¿cuántos son los regulares que hayan percibido la asignacion de mas de VEINTE meses? ¿Cuántas son las provincias en que no se adeude mas de CIEN mensualidades á la clase de exclaustrados? Pero si el gobierno hubiese hecho al menos algun recuerdo para atender á la miseria de esta clase digna de commiseracion y de justicia...! Pero se hizo alarde de proponer un proyecto para dotar al clero secular: hízose tambien alarde de querer dotar á las religiosas; y para los exclaustrados ni una palabra siquiera, ni un recuerdo, ni una memoria. Esto es sumamente desconsolador; y sobre desconsolador, insultante al desvalimiento y al infortunio.
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Y ya que hemos hecho mención de las comunidades de religiosas, no podemos menos de ocuparnos del pensamiento del gobierno para sacarlas del estado de miseria en que yacían, y lavar en algún modo la sea mancha que sobre sí echó la revolución atentando con sacrílega mano á los bienes de las vírgenes del Señor. Entre todos los sacrilegios, entre todas las iniquidades, entre todas las infamias de que se ha hecho responsable la revolución, esta es sin duda la que resalta entre todas. Se han conculcado las leyes divinas y humanas, se han atropellado los derechos de la justicia, se han ahogado los sentimientos de la humanidad, se ha cebado la saña revolucionaria en el sexo débil é inofensivo, se ha dado un grande escándalo al mundo civilizado. Tiempo era ya que un gobierno que se engalana con el título de justo y reparador, pensase en ejercer su reparación y su justicia con la clase más desvalida y más gratuitamente atropellada. A esto se encaminaba el proyecto leído por el señor ministro de Hacienda en la sesión del 5 de diciembre sobre dotación de comunidades de religiosas.

En él confiesa el señor ministro de Hacienda que la confiscación de los bienes de las religiosas, constituidos en casi su totalidad con las dotes particulares que estas traían al profesarse en los respectivos conventos, verificada en esta ó aquella forma, se aviene mal con el régimen constitucional: y que si las revoluciones acostumbraran á ser justas en sus obras, la que hemos presenciado habría respetado seguramente unos bienes que ningún derecho tenía para tomar. Confiesa además, y esto conviene notarse bien, que los tales bienes eran una verdadera propiedad privada, de cuyo carácter no podía despojárseles, bajo concepto alguno, para convertirlos en propiedad nacional. De tales principios y de tales doctrinas parece que legítimamente se infiere que si la revolución fue injusta en no respetar unos bienes que ningún derecho tenía para tomar; que si bajo concepto alguno podía despojarse á estos bienes del carácter de propiedad privada para convertirlos en propiedad nacional, estos bienes no son ni han sido nunca propiedad de
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la nacion: estos bienes son y han sido siempre verdadera propiedad privada de las monjas. La justicia exige, pues, que á estas se las devuelvan inmediatamente sus bienes, y no solamente los que restan por vender, sino todos los que de antes poseian, porque si fueron vendidos, lo fueron en virtud de una ley que el mismo gobierno reconoce injusta, no pudiendo ser convertidos, bajo concepto alguno, en propiedad nacional. Y si en esta devolucion, que altamente reclaman las leyes divinas y humanas, saliesen perjudicados los compradores, á quienes por un favor queremos suponerles de buena fe, medios tenia el gobierno para indemnizarles, aun cuando fuera dándoles una cantidad igual de los bienes de las comunidades religiosas de varones, que aun restan por vender, y de que el gobierno se cree autorizado para disponer.

Mas nada de esto dispuso el Sr. Mon en su proyecto. Ni los bienes vendidos ni los que restan por vender deben volver á ser propiedad de sus antiguas y legítimas posesoras: solo el producto de estos últimos debe aplicarse, según el artículo 1.º, al pago de las pensiones de las religiosas y dotacion del culto que se celebra en sus templos: aplicándose tambien al mismo objeto, según el artículo 2.º, el producto en renta de los foros y censos que aun existen por vender, y pertenecieron á las comunidades religiosas de varones. Ya que tan sagrados reputa el gobierno unos derechos adquiridos de ayer, y á la sombra de una ley injusta, y bajo una fe muy dudosa, presiríendolos á los antiquísimos é indisputablemente legítimos de las monjas, ¿por qué no podia destinar, para indemnizar á estas, las fincas no vendidas de las comunidades religiosas de varones, así como destina los productos de los foros y censos? ¿Será por no destruir una ley anterior, y no perjudicar á los acreedores del Estado? Pero tambien la destruye en este último caso; y además lo hacia por un medio legal, con la cooperacion de las Cortes. Y si habia elementos suficientes para hacer una reparacion completa, para hacer entera justicia á la propiedad privada atrozmente atropellada,
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sin necesidad de reacciones, sin perjudicar á intereses creados ni á derechos legítima ó ilegítimamente adquiridos, ¿por qué no se aprovecharon los tales elementos? ¿por qué se hizo una reparacion mezquina, raquítica, que puede llamarse mas bien la sancion de la injusticia por aquel que la reconoce y la confiesa? Porque injusticia es, y muy inexcusable, que á aquel cuyos bienes le producian por ejemplo una renta de seis ó ocho reales diarios, para indemnizarle de sus bienes injustamente quitados se le señale una pension de cuatro reales, expuestos en su cobro á mil eventualidades. Existiendo todavía los mismos bienes ó otros equivalentes, estos, y no otra cosa, debian constituir la reparacion al injustamente despojado.

Tales son las reflexiones que saltan á la vista á la simple lectura del proyecto que nos ocupa y del preámbulo que lo precede. Nuestros lectores podrán verlo en la página 71 de este tomo. Sin embargo esta medida, y no otra alguna, era la que debia adoptarse por no alarmar á los intereses creados, por no defraudar, ni aun levemente, de sus esperanzas, á los agiotistas y á los especuladores en la dilapidacion de las cosas de la Iglesia. En vano se presentó por una fraccion de la comision del Congreso un voto particular firmado por los señores marqués de Montevirgen, Navia Osorio y Cela Andrade, en que después de hacer una pintura bien triste por cierto, pero exacta, del estado sobradamente lastimoso en que se hallaban las religiosas, se probaba hasta la evidencia, lo justo, lo necesario, lo urgente que era 1.º el amparar á las religiosas que aun poseian bienes, y que hasta la revolucion habia respetado, en la quieta y pacífica posesion de estos bienes de que son propietarias: 2.º devolver los bienes aun no vendidos á los conventos á que correspondian: y 3.º indemnizar por lo vendido á las que por esa venta habian sido despojadas é injustamente perjudicadas.

A pesar de lo excesivamente moderado que estuvo el gobierno en su proyecto, que ni llegó á pedir á favor de las monjas lo que según su propia confesion se les debia de jus-
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habríamos cumplido bastante con el oficio de historiador, á quien incumbe no solo narrar los hechos, sino presentarlos con todos los perfiles que forman su verdadera fisonomía. Por esto nos hemos creído obligados á seguir el curso de aquellas importantes discusiones, y presentar la cosa del modo que lo hemos hecho.

El mismo rumbo nos creemos obligados á seguir en la relación de otras cuestiones, sobre las que vamos á llamar la atención de nuestros lectores. Muy expedito nos fuera decir: el gobierno sometió á la deliberación de las Cortes la devolución de los bienes del clero secular no vendidos; las Cortes estuvieron de acuerdo con el gobierno: agregóse la sanción de la Corona: la devolución de estos bienes es una ley. ¿Explicaríamos con esto la contradicción en que incurrían hombres que poco há resistian esta medida, el peso de la opinión pública que la reclamaba, los beneficios que de ella han venido ó pueden venir á la Iglesia? Por esto rogamos nuevamente la indulgencia de nuestros lectores, si otra vez les internamos en el intrincado laberinto de los debates legislativos.

Se acordarán nuestros lectores de la espantosa polvareda que en la sesión del 22 de diciembre levantó la lectura de la enmienda firmada por el marqués de Viluma y veintidós diputados mas, cuyo art. 1.º y base principal era que se devolviesen á sus legítimos dueños los bienes del clero secular no vendidos. Sin embargo de haberse retirado del Congreso los diputados que firmaron aquella enmienda, la idea no dejó de tener defensores, resistiéndola siempre el gobierno, como se echa de ver en el curso de los debates. Sin que otra cosa precediese, á lo menos ostensiblemente, el gobierno se presenta el 8 de febrero en el seno del Senado, declarando por órgano del señor ministro de Hacienda, que está resuelto á presentar á su exámen y deliberación la ley de la devolución de los bienes no vendidos. Esta declaración solemne es recibida por el alto cuerpo colegislador con marcadas muestras de aprecio, y quita á los debates el brio con que venian á empeñarse. El gobierno, que en esta ocasión ha sido franco, es