Guía del clero (1863-11-10 00:00:00), página 2

queremos consignar, pero que es el fruto inmediato de ciertas doctrinas que se dejan pasar sin correción.

Definamos los términos de esta cuestión para deducir sus consecuencias.

Domicilio no es otra cosa que la residencia en un punto por tiempo determinado y sin ánimo de permanecer constante mente en él. Es una condición de consecuencia habitual en un punto, con intención de no abandonarlo, y en el cual se contribuye a levantar las cargas del común y se disfrutan los derechos reconocidos y declarados por la ley.

—No cabe ser domiciliado y vecino a la vez; la vecindad envuelve en todos los casos el domicilio, pero en sus efectos no posee más igualdad, y así es en efecto.

El domiciliado simplemente no ejerce en el punto en que se halla los derechos electorales, no disfruta de la leña, pasos y aprovechamientos del común, en una palabra, no entra a percibir esos beneficios que las leyes civiles y administrativas le atribuyen al vecino, porque se siente obligado al cumplimiento de otros deberes exigibles y que tiene su razón de ser.—El vecino, en el mero hecho de serlo, participa ya de las ventajas de tal, y no son estas de tan escasa importancia que deban mirarse con tanta diferencia y detención.

Esperando estas doctrinas perfectamente legales, preguntaremos: ¿Los Parrocos como tales y por sólo esta circunstancia, son domiciliados o vecinos, en los pueblos de su feligresía? En nuestra opinión son vecinos, si el curato lo desempeñan en propiedad; pero lo que se concluye de lo anterior, es que el domicilio, cuando se trata del disfrute de los derechos de vecindad, y vecinos como se trata de las cargas que impone la condición de tal; esto es inconceivable, y sin embargo está sucediendo en algunos pueblos, sin que el silencio, la prudencia y el carácter conciliador de los eclesiásticos así tratados por las autoridades locales, sea una disculpa para que no se eviten abusos de tal índole, de tal naturaleza.

Hemos dicho que en nuestra opinión los Parrocos son vecinos de los pueblos en que ejercen en propiedad su ministerio, aunque no hayan sido designados al alcalde en derecho de permanecer temporalmente en el que están; y para sostener esta opinión nos fundamos en prácticas y decisiones administrativas vigentes, según las cuales a la declaración expresa de que se trata, “equivale la aceptación de un cargo, que se llama vecindad, y se remite al consejo del Estado, la protección o el pueblo.” Esta es nuestra opinión, que a nadie tratamos de imponer.

Sentado esto, resulta que lo que rechaza el sentido común, lo que no puede admitirse de modo alguno, es que un Parroco, sea un vecino, a voluntad de la autoridad local, en el pueblo donde se halla, para unas cosas y no lo sea para otras: El Parroco así tratado debe llevar una queja a su superior inmediato o a la autoridad civil de la provincia; su silencio, por más que parezca en armonía con su carácter, no es sino la renuncia de su derecho estatutario y de su inmunidad del que arbitrariamente le prive el de Él. Las columnas del Guía del Clero abiertas están para producir esas quejas, porque nos hemos propuesto defender al Clero en todos sentidos, y lo haremos siempre con mucha seriedad, con ninguna falta de respeto, con toda nuestra sentido.

Si, a los Curas Parrocos, con arreglo a la interpretación que nosotros hemos dado a las decisiones y declaraciones administrativas vigentes, no se les quiere conceder el derecho de vecindad, hasta que por la ley civil lo hayan ganado, tengan que ser domiciliados, como sucede a los curas de las parroquias que se hallan en el régimen de la antigua autoridad a ello les impone, entablan el recurso de queja que les compete.

Al Gobierno nos dirigimos antes de por término este artículo, esperando que pendrá coto al mal que la mentamos y que pende principalmente del poco prestigio que se da hace mucho tiempo a la clase parroquial, cuyos privilegios e inmunidades no quieren que se sostengan, si envenenan una injusticia, pero cuyas prerrogativas deben ser protegidas como católicos, pontificándolos a cubierto de la parcialidad o la ignorancia de una autoridad que les rehaje a los ojos de aquellos a quienes tienen que dirigir y enseñar.

Faltarianos a nuestra franqueza y lealtad nuncas desmentida, si dejásemos de poner en conocimiento de nuestros lectores, un hecho altamente significativo, cuya calificación damos a la conciencia de cuantos del ten- gán noticia, pero que esperamos sirva de lección, ejecutable para lo sucesivo, y de valiosa aviso para quien corresponda. Manuel Aydiello, Arquidiácono de Jerez, dio poder al señor Director del Guía del Clero, para realizar las oficinas de la Denda pública, las láminas correspondientes a los créditos del personal, reconocidos a favor del distrito del Ilustre Barrio, de la Diócesis de Bérgos, teniendo bien cuidado al conferirle de hacer esas revocaciones en una de sus cláusulas, del que hace mas de tres años, había otorgado con igual objeto a favor de D. Victor Zugasti. La redacción en vista de una autorización tan completamente legal, se presentó en las oficinas haciendo la reclamación oportuna de las láminas correspondientes al señor Barrio, pero habiendo pasado el estado el expediente a la Dirección con la autorización antecitada hecha a favor del señor Zugasti, se hizo constar la revocación de ésta, por hallarse unido este documento a la liquidación de Don Manuel Cámara, resulto que la entrega de las láminas se hizo por las oficinas al señor Zugasti, a quien el Director del Guía sabido esto, se dirigió amigablemente y como persona que obra siempre de buena fe y con toda legalidad

La reclamación de las láminas hecha en los términos indicados y con un poder de forma en mano, no tuvo efecto alguno, pues el señor Zugasti se escusó bajo el pretexto de que tenía que cobrarse ciertas cuentas, y, atendiendo también la advertencia que entonces se le hizo de hallarse autorizado la redacción para liquidar el 1 por 100 sobre el nominal tomado, que en tales comisiones se acostumbra a abonar y dio a entender que se le reclamase la entrega judiciadamente. Hasta aquí las gestiones hechas por esta redacción en obsequio de uno de sus suscri- tores, y hasta aquí lo que nos cumpla la verdad, toda vez, que según nuestras percepciones, jamás administraciones parroquiales de la índole de que ha venido á redactar el Sr. Ziga- gasti, contra el que existían varias demandas de ese orden, al final de este estado de negocios, dura la buena exito de nuestras gestiones, el señor Aydiello pudo si gustar entenderse para la recogida de este crédito, con la persona que en Bérgos recomendó al Zugas- ti, toda vez que por nuestra parte nos des- entendemos de él por completo desde que comprendimos las intenciones de dicho agen- te, de elevarlo á la vía judicial, lo cual cau- saba gastos y perjuicios á los interesados.

Próximo á terminar el año, son muchos los señores Curas Parrocos que nos escriben manifestándonos sus deseos de adquirir los libros parroquiales que el Guía del Clero ne- cesita, y que en el momento de organizar han sido uniforme, esta parte tan importante de la administración económica de las iglesias y el buen despacho del ministerio parroquial, efectuándoseles una unidad en todas las parroquias y desvaneciendo como quiera que no todos han podido ha- ber adquirido nuestros libros, por no ha- ber concluido los que tenían comenzados, se les presenta la dificultad de adquirir un gran número de hojas en blanco, en el supuesto de verse precisados á adquirir otros en 1864, los que esto tienen deben tener en cuenta:

manifesta haber levantado un mar de delante de Israel; que es lo mismo que cortar toda comunicación con España, negarse abiertamente á todo lo que es de su obligación, y dejar la Iglesia española impotente de seguir una disciplina, que aunque contraria á sus cánones y á su bienestar, observaba sin em- bargo religiosamente con graves e insuperables perjuicios de los españoles.

En tal situación, la España no le queda otro ávito que el de hacerse la ro- dilla ante un poder temporal, que, como lo ha hecho, sigue el espíritu, el sentido de los actos, y á las actas emanadas de ésta, á hacer el alivio de sus necesidades y á la seguridad de sus negocios eclesiásticos en otra dis- tinta y más sólida con general aprobación y sin ninguna resistencia ni oposición.

Lo primero sería asegurar el honor y de la independencia de la nación; y en serio nunca el Gobierno actual el que lo propugna y asegura, sino que como es de que nunca se mencionen la soberanía, el derecho de la independencia ni las facultades que la soberanía constitucionalmente representado. Lo segundo, en tal situación, en la necesidad en que á este mismo pueblo, á su Iglesia, á sus Cór- tez y al Gobierno ha puesto la Rama, en su solo proceder y lícito, sino de absoluta necesidad.

—Fundado, pues, en todas estas consideraciones, autorizado expresamente por S. A. el Regente del reino, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, tengo el honor de someter á la deliberación de V. E. las disposiciones que para salir de la necesidad en que á ésta parte de España parte voluntaria e inde- pendientemente á la España, se comprende en el siguiente:

—PROYECTO DE LEY.—Art. 1.° La nación español no reconoce y en su conse- cuencia reúne las reservas que se han atribuido á la Silla Apostólica con men- gua de la potestad de los obispos, bajo cuyo título se ha tenido y hasta heredado, manteniendo la Iglesia de España en los derechos importantes necesarios.

Art. 2.° La nación española, en consecuencia, que se diría á obtener de la cu- ria romana gracias, indulgencias, dispensas y exequencias eclesiásticas de cualquiera clase que sean, y los contraventores serán irremediablemente castigados con las penas señaladas en la ley 1.°, 15, lib. I de la Novísima Recopilación.

Art. 3.° Los breves, rescriptos, bulas y cualesquiera otras decretos y de- cisiones de la curia romana, que sin haber sido solturas directas de la misma Es- paña vinieren á personas residentes en el país, no podrán ser cumpli- dos, ejecutados, o reconocidos, pero ni aun retomadas en poder de las personas á que se resistan, por más tiempo que el de veinte y cuatro horas que se señalan de término para entregárselas á la autoridad superior política, á fin de que las