El Consultor de los párrocos (1877-03-23 00:00:00), página 2

como asesino en Burgos, se reputará asesino en Sevilla, en Granada y en todas partes.

Y si se dice esto de una audiencia, ¿cómo no se ha de decir con muchísima más razón de un Obispo, ó de la sentencia, dada en forma canónica por un Obispo? Si, pues, un escrito se aprueba ó se condena en una diócesis, ¿quién que no sea superior, ó, por lo menos, igual al Obispo que ha aprobado ó condenado, osará asegurar que se ha aprobado debiendo reprobar, ó se ha reprobado debiendo aprobar?

La sentencia del Obispo debe suponerse justa mientras no conste que no lo es. Para que conste que no lo es se requiere que un tribunal canónico superior la revogue, ó que canónicamente se demuestre que es contraria á la Bulas Solicita ac provida; que no se funda en las Reglas del Indice; ó que, por último, olvida, ó, por lo menos, no interpreta bien proposiciones aprobadas ó reprobadas por la Iglesia. Y adviértase que la doctrina de la Iglesia es la doctrina de la Iglesia, no la que suponga ú oso suponer un laxista ó un rigorista cualquiera. Los laxistas, que lo excusan todo, no quieren que se condené nada. En cambio, los rigoristas, que no excusan nada, quisieran que se condenase todo. Cuálquiera de estas dos plagas es más funesta que todas las de Egipto juntas.

En este caso la sentencia puede ser justa, evidentemente injusta ó de justicia dudosa. Si es justa, claro es que debe respetarse y aceptarse. Si es evidentemente injusta, ó se apela, ó el episcopado no protesta, bien puede suponerse que la evidente injusticia no está en la sentencia, sino en el laicitalismo, que suele ver vías en ojos en que ni siquiera hay motas. En fin, si la sentencia es de dudosa justicia y consiste de veras que así lo es, se necesita averiguar todavía si se trata de condenar, porque, como es sabido, el Derecho canónico, la legislación eclesiástica, exige que en casos de duda se acepte la interpretación más benigna (1), ó se favorezca al acusado más bien que al acusador (2). Más vale dejar de castigar á un culpable que exponerse á castigar á un inocente. Esta es la doctrina canónica, aprobada, admitida y sancionada por la Iglesia. Véase cuánto se alejan de ella los que se obstinan en que contra la doctrina tan sólidamente establecida por San Alfonso de Ligorio, por un delito dudoso se imponga una pena cierta, y por añadidura muy grave. Agreguéselo á esto que los rigoristas suelen guardar toda su rigidez, no para el error evidente, sino para lo que sólo es error dudoso, ó lo que ellos miran como error.

Por otra parte, la costumbre legítima, general y constante exige que los escritos se examinen y censuren en la diócesis en que se publican, y una vez hecho así, se consideren como consumados en todas las demás diócesis. De aquí el que, mientras no haya revocación ó protesta canónica, el decreto episcopal se acepte en todas partes. Si no fuese así, todos los Obispos tendrían que examinar todos los escritos, lo cual sería materialmente imposible, y además ofensivo e injurioso para el episcopado. Equivaldría á suponer que los Prelados no conocen las proposiciones condenadas, ó no saben aplicar las Reglas del Indice, lo cual sería impío y hasta absurdo.

De lo expuesto se infiere que el decreto de un Obispo, condenando ó aprobando un escrito, por sí, como tal decreto, no obliga sino en la diócesis; pero como sentencia canónica, aceptada ó consentida por el episcopado, tiene fuerza de obligar donde quiera que sea conocida. Un católico de Oporto, vg., no puede leer sin pecar un libro condenado en Barcelona, por ejemplo. El Obispo de Barcelona no es Obispo de Oporto; pero la sentencia canónica, dada por el Obispo de Barcelona, es sentencia canónica en todas partes. Oponerse á esta doctrina sería hasta una temeridad.

Y hé aquí otra prueba de que el laxismo y el rigorismo se dan la mano. El rigorista, que tan rígido es para pedir que se condone lo que es contrario á su opinión, no puede mostrarse más laxo al proclamar que la sentencia canónica de un Obispo, en pro ó en contra de un escrito, no es obligatoria fuera de su obispado. Esto es ya bastante antiguo. Los rigoristas del siglo xvii eran casi todos galicianos y regalistas ó contrarios á la doctrina que se acaba de sanctionar en el último Concilio Ecuménico. Por una parte mucho rigor para que en los días de ayuno no se tome materia parva, ó no llegase á dos onzas la colación de la noche, y por otra no vacilaban en espaciar todo género de calumnias contra la Compañía de Jesús, ó en negar la infaibilidad del Vicario de Jesucristo, ó en subordinar la potestad eclesiástica á la potestad civil. Los fariseos, que también eran rigoristas, tenían escrúpulo de comer sin lavarse antes las manos, y no lo tuvieron para crucificar al mismo Jesucristo. ¡Sumo rigor para otros! ¡Sumo laxismo para sí! ¡Mucha humildad teórica y mucha soberbia práctica! ¡Hé aquí todo el programa del rigorismo y del laicitalismo!

Respetemos, pues, las sentencias de los Obispos y desconfiemos de ciertos legos, que, por estar alucinados ó hallarse subyugados por la soberbia, osan ergirse por lo menos, en metropolitanos. La falta de respeto al episcopado es la señal más evidente de masonismo ó laicitalismo. Y no se pierda de vista que, como ya hemos dicho muchas veces, la pasión puede cegar, y, como acaba de recordar el propio Vicario de Jesucristo, Satanás sabe transformarse en ángel de luz ó incitar al mal, aparentando que incita al bien. Decimos esto para que conste que puede haber quien se incline al laicitalismo ó sirva de instrumento á la francemasonería sin su voluntad y á una contra su voluntad. La soberbia y el engreimiento oscurecen mucho las cosas. La adhesión verdadera al episcopado es lo único que puede librarnos de este tan inmenso peligro.

Expuestas ya estas sencillas consideraciones, veamos ahora qué argumentos presentan los mantenedores de la doctrina contraria:

Argumento 1.º «La autoridad de un Obispo no se extiende más allá de su diócesis.»

Es verdad; pero un Obispo tiene potestad de orden, potestad judicial y lo que llamaremos potestad administrativa, de gobierno ó de jurisdicción. La potestad administrativa no traspasa los límites de su diócesis; pero, ¿puede decirse lo propio de la potestad de orden ó de la potestad judicial? Un Obispo confiere el sacramento del orden en su diócesis. Y, ¿se dirá que los ordenados por él no son Presbíteros, Diáconos, Subdiáconos, etc., fuera de su diócesis? Un Obispo impone la pena de excomunión mayor á un subdito contumaz. Si esta subditó excomulgado se traslada á otra diócesis, ¿dejará por esto de estar excomulgado? Un Obispo, previo el competente juicio, condena á un subdito suyo á que restituya. ¿Se librará este subdito de la obligación de restituir con solo trasladarse á otra diócesis? En fin, un Obispo examina un libro, ve que contiene proposiciones condenadas y lo condena. ¿Se podrá decir que esta declaración no pasa más allá de los límites de la diócesis en que se hace? ¿Puede concebirse un laxismo mayor

(1) In pensis benignior est interpretatio facienda.
(2) In dubiis favendum est reo potius quam actori.