El Consultor de los párrocos (1877-08-24 00:00:00), página 6

Secretario hubiera procedido por acuerdo del mismo.» Y dispuesto al cumplimiento de lo que se previene en los párrafos insertos, lo comunico á V. S. I. para que se sirva dar el más exacto y pronto cumplimiento, dando al Presbitero don Eugenio Netter la institución canónica de la prebenda para que ha sido nombrado por el R. D. de 11 de Diciembre del año próximo pasado. Dios guarde á V. S. I. muchos años.

Habana 2 de Julio de 1877.—Jovellar.»

Resultando: que en la propia fecha del 2 del corriente el Presbitero D. Eugenio Netter, acompañando solo la real cédula de su presentación en calidad devolutiva y copia de la misma, solicita de nuestra autoridad en instancia le sea dada la institución y canónica colocación de la prebenda, y que por dicha real cédula S. M. el Rey (Q. D. G.) nos ruego y encarga demos á D. Eugenio Netter la ya dicha institución si consta que reúne la idoneidad y demás cualidades necesarias conforme á la erección, declarando que si se hiciese faltando algunas de las mencionadas circunstancias, la institución ha de ser nula, y como si fuese hecha sin la real presentación.

Resultando: que en 7 del corriente el Presbitero Sr. Netter, bajo juramento in verbo Sacerdotis declaró: Primero: que sabe por el documento que se le ha mostrado y dado de él copia, que el Sr. Nuncio se ocupa en el asunto de la Penitenciaria en orden á la cuestión de la institución pendiente. Segundo: que ignora, porque no ha estudiado Derecho canónico, si S. M. el Rey, el Consejo de Estado ó cualquiera otro de los Tribunales civiles tiene el derecho de dirimir las cuestiones que puedan suscitarse en materia de patronato y del derecho de presentación de los Patronos. Tercero: que no reconoce en S. M. el Rey absolutamente más potestad ni facultad en las cosas eclesiásticas que las que la Iglesia haya podido concederle, y que por los estudios que ha hecho durante su carrera ignora qué fundamento pueda tener la proposición de que Su Santidad haya concedido á los Reyes de España en punto á las iglesias de Ultramar la cualidad de delegado de la silla apostólica, con toda facultad, no sólo en cuanto á la parte económica, sino también jurisdiccional y espiritual, excepto la potestad de orden. Cuarto: que le consta por haberlo oído, aunque no de crédito á los rumores, que la autoridad eclesiástica de la Habana está amenazada de un acto de violencia y próxima á ser embarcada la persona del M. I. Sr. Vicario Capitular que aquélla representa si no da cumplimiento á la orden del Gobierno de Su Majestad el Rey (Q. D. G.) transcrita por el Vice-Patrono con fecha 2 del corriente; y en fin, que es cierto que el muy Ilmo. Sr. Vicario le ha dicho muchas veces que retirando su instancia, espere la resolución de la Nunciatura Apostólica en Madrid ó de la Sagrada Congregación del Concilio, si á ella quiere dirigirse en pedimento alegando sus derechos y razones, y el Vicario los fundamentos en que apoya los suyos, ó que renuncie absoluta ó condicionalmente en el sentido explicado por evitar conflictos; que le ha dicho asimismo que las buenas doctrinas, de acuerdo con los Sagrados Cánones, dan solo á la Iglesia la facultad de dirimir la cuestión pendiente y no á S. M. el Rey ni á los poderes civiles; que dichas doctrinas niegan así también á Su Majestad el Rey la cualidad de delegado de la Santa Sede, que ninguna Bula ni disposición pontificia les concede, reconociéndole solo el derecho de patronato en las iglesias de Ultramar en los términos de la Bula de la Santidad de Julio II, de 1508; y que le ha dicho también que no le dará la institución canónica interin la Nunciatura ó Roma no lo dispongan aun cuando el poder civil así se lo mande é intime con la violencia; pero que á pesar de todo, ni retira su instancia, ni renuncia absoluta ni condicionalmente, porque creyendo su título canónico, acudirá al efecto el Tribunal superior eclesiástico, caso de ser negada la institución por el M. I. Sr. Vicario Capitular, confiando que el Gobierno civil no usará nunca de la violencia que reprobaría el mismo llegado el caso, puesto que el asunto de que se trata puede arreglarse canónicamente y legalmente dándole la institución el Vicario Capitular.

Considerando: que si bien el Vicario Capitular reconoce en nuestros Reyes el patronato que ejercen en las iglesias de Indias por concesión de la Santidad de Julio II, en 28 de Julio de 1508 á los católicos D. Fernando y doña Juana y á sus descendientes legítimos á instancia de aquéllos, y por el cual nadie puede, sin su expreso consentimiento, construir, edificar ni erigir grandes iglesias, y tienen el derecho de presentar personas idóneas á Su Santidad ó á los Ordinarios para todas las dignidades y beneficios en el tiempo y forma que dicha Bula determina, no puede reconocerse la cualidad de delegados de la Sede Apostólica con la plenitud de poder, no sólo en lo económico, sino también en lo jurisdiccional y espiritual, exceptuando solo lo concerniente á la potestad de orden de que no son capaces los legos, pues ninguna disposición pontificia se la atribuye, y se apoya sólo en disposiciones civiles que no tienen fuerza en esta materia, y en comentarios hechos por los regulistas á la Bula de Alejandro VI, Inter Cetera de 1493, que concedió sólo á los Reyes Católicos el dominio, poder y jurisdicción temporal que pudo dar, como Vicario de Jesucristo, á quien ha sido dado todo poder según entonces era reconocido, atendido el derecho público vigente en la época del descubrimiento, y en doctrinas heréticas, productoras de escándalos y de cismas que trastornan y anulan la autoridad de jurisdicción de la Iglesia y del Romano Pontífice, su cabeza visible y fuente de toda jurisdicción, condenadas muchas veces por la misma Iglesia y muy recientemente en 1873 con ocasión del cisma de Santiago de Cuba.

Considerando: que el patronato que tienen nuestros Reyes es de la misma naturaleza que el patronato común que se conoce y regula en el derecho, siendo universal tan sólo en el sentido de ejercer el derecho de presentación para todas las iglesias y beneficios, y que en las cuestiones que se susciten en esta materia, sólo los Tribunales eclesiásticos pueden entender y dirimir, no S. M. el Rey ni el Consejo de Estado, ni ningún otro poder civil sin incurrir en las censuras que contra los que invaden la jurisdicción eclesiástica, aún como Patronos, lanzan el cán. 44 del Concilio 4.º de Letran, el Santo Concilio de Trento y la Constitución de Nuestro Santo Padre Pío IX, de 11 de Octubre de 1869, Apostolicae Sedis.

Considerando: que los beneficios eclesiásticos deben conferirse canónicamente, guardando la forma establecida por el derecho común ó por legítima costumbre ó por estatuto particular, según el aforismo jurídico: Forma non servata corrupt actus, y se desprende del capítulo quia propter 42 de Electione y Cum ditecto, 22 de Rescriptis.

Considerando: que la canonía penitenciaria ha de proverse por oposición ó concurso, según la Bula Pastoralis officii de la santidad de Benedicto XIII de 1725 y la Constitución de Gregorio XV de 5 de Noviembre de 1622, y el Breve de Benedicto XIV en orden al cumplimiento del Concordato celebrado con el Rey de España en 1753.

Considerando: que áún suponiendo que ninguna ley canónica general contradice la libre presentación del Patrono para la penitenciaria en las iglesias de Ultramar, por entenderse que no están en éstas vigentes las mencionadas disposiciones de Benedicto XIII, Benedicto XIV y Gregorio XV, la rechaza terminantemente la ley especial y el es-