Crónica eclesiástica (1856-11-08 00:00:00), página 2

poral, usurpando los derechos y prerrogativas que a esta pertenecían; pero todos sabemos los motivos poderosos que tuvo la Iglesia para colocarse en aquella época al frente del gobierno de los pueblos: el estado moral e intelectual del mundo iba perdiéndose poco á poco, y la Iglesia tuvo que luchar con obstáculos casi invencibles para su restablecimiento. El grandioso desenvolvimiento de la sociedad religiosa en aquel tiempo favoreció mucho el desarrollo y progreso de su legislación. El goce supremo de la Iglesia ejerció su jurisdicción y gobierno en todas las naciones católicas por medio de sus legítimos representantes, que se llamaron legados apostólicos. Las facultades de estos legados eran tan amplias que se consideraban casi papales; además de las amplias facultades de que estaban revestidos, gozaban de grandes privilegios y prerrogativas, concedidos unos por los Sumos Pontífices y otros por la gratitud de la autoridad real; ellos convocaban concilios, y decidían, de plano en los negocios eclesiásticos, siendo al mismo tiempo fidelísimos correspondentes del primado de Roma. Entonces fue cuando la legislación canónica principió á variar por efecto de los altos funcionarios que se habían ido creando. El derecho romano, última expresión y emporio de la jurisprudencia en muchas materias, fue uno de los elementos mas atendibles de la legislación canónica. El estudio de la jurisprudencia del pueblo legislador del mundo fue protegido muy especialmente por los romanos Pontífices, y coincidió con su renacimiento con los periodos más fecundos en mejoras de la legislación canónica. El estado floreciente de la Iglesia en aquella época, su engrandecimiento en materias temporales y el beneficioso poder que esta- ba llamada á ejercer en aquellos agitados tiempos, hicieron indispensable que su legislación se ampliase y enriqueciese con las leyes y doctrinas romanas que mejor se adaptasen á las necesidades y exigencias de la época.

Así lo hicieron los romanos Pontífices del siglo XII, adoptando los buenos principios y sanas doctrinas que empezaban á resplandecer en la ciencia jurídica, ayudando y protegiendo el progreso intelectual, y modificando y perfeccionando algunos ramos de la legislación romana, bien atrasadas por cierto, por causa de la diferente constitución civil y política de los estados de Europa. La Iglesia, sabia por su institución y prevision por su naturaleza, vio muy cerca- cados los defectos de que el derecho civil adolecía en algunas materias, y se aplicó con todo ánimo á re- formarlos. Los tiempos habían variado, y no pudiendo tener ya aplicación muchas formas y súbditos de aquel derecho, la legislación eclesiástica dictó reglas convenientes á adecuar de aquéllos puntos, que poco después formaron tratados nuevos, y fueron ávida y provechosamente estudiados.

Un monje benedictino, llamado Graciano, recopiló hacia el año 1150 un código, que es el fundamento y la base del derecho canónico nuevo; todos los juristas consultos han reconocido su extraordinario mérito, aunque no está exento de los defectos consignantes á la época en que se redactó. La utilidad y necesidad de su estudio y su primordial paso en las mejoras del estado social se deduce á primera vista de las materias que abraza: autoridades de la Escritura, cánones de concilios, decretales de los romanos Pontífices, leyes de los emperadores, sentencias de los Santos Padres y de algunos historiadores eclesiásticos son objeto del código de Graciano.

El jurisconsulto de Barcelona, san Raimundo de Peñafort, recopiló en el siglo XIII un código, que dividió en cinco libros, cuya obra será siempre mirada como un monumento inmortal de la grande utilidad y mejoras con que el derecho romano se transmitió á la legislación canónica, por el compilador de las decretales de Gregorio IX.

El libro sexto de las decretales, las constituciones llamadas Clementinas, las extravagantes de Juan XXII y las extravagantes comunes forman también parte del derecho canónico nuevo, y su estudio es tan necesario como el de las decretales de Gregorio IX y decreto de Graciano. Los autores de las citadas compilaciones corrigieron el derecho romano en sus prescripciones, siempre que concurre justa causa para ve- rificarlo; así lo testifican varios autores, y principalmente Bautista de San Blas, en un tratado de contra- dicciones del derecho canónico con el civil.

Ultimamente los cánones del concilio de Trento, las decretales de los romanos Pontífices y los concor- datos forman hoy el derecho canónico novísimo, y merecen estudiarle profundamente, por la grande influencia que ejercen en la legislación patria de los pueblos.

Sin detenernos mas en este importante objeto, por no exceder los estrechos límites de un discurso, ha- remos observar en comprobación de la influencia de la legislación canónica en la legislación de los pue- blos, que por espacio de mucho tiempo, como es sabido, el estudio de la jurisprudencia en las universi- dades mas notables del mundo se cimentaba y hacía por el decreto de Graciano, decretales y demás par- tes del derecho canónico en unión del derecho roma- no, cuyo renacimiento se debía en gran parte á la Iglesia.

La jurisprudencia eclesiástica no pudo menos de ejercer su acción sobre la secular, no solo por lo bien acogida y entendida que se hallaba en las escue- las, sino por la transmisión de muchos de sus princi- pios á los codigos civiles. A nuestro intento no cum- ple el esclarecer en consideraciones generales, so- bre este punto: nuestras observaciones se limitarán á