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nisterio, detestado de los mismos que habian sido sus amigos, es ya un bien para la Iglesia española. Difícil, y muy difícil conceptuamos encontrar otro ministro de Gracia y Justicia tan intolerante, tan violento, tan furioso perseguidor de la Iglesia como el señor Alonso. No esperamos otro tanto de su sucesor el señor Zumalacarregui: sus antecedentes á lo menos no nos dan motivo de esperarlo. Ni se crea por esto que le alabamos: la alabanza ó la censura la daremos en vista de los actos. Sin embargo, si hemos de adelantar nuestro juicio, confesamos que no nos disgustó el modo con que se expresó el señor ministro de Hacienda respondiendo al señor Campuzano en la sesion del Senado del 20 de junio; y en las medidas que el mismo señor ministro presentó en la sesion del 28, medidas que el señor Calatrava ha mandado ya que se pongan en ejecucion, á fin de sacar al clero de ese angustioso estado de miseria en que gime, y quitar todos los pretextos con que los mandatarios del poder eludian arbitrariamente el cumplimiento de la ley de 14 de agosto. Algo de bueno nos ha dejado entrever tambien la proposicion presentada al Senado por el señor Gomez Ventura y otros señores senadores, y pasada ya á la comision. Nos reservamos formar juicio de ella para cuando la comision haya dado su dictamen: entrevemos en todo esto un deseo de reparar en algo los grandes males que ha sufrido la Iglesia. Desearíamos que esta reparacion no fuese á medias, porque así no haria justicia á la Iglesia que reclama como parte agravada, y además descontentaria al partido que quisiera ver á la Iglesia enteramente arruinada. Si el actual ministro desea tener paz y ahorrarse grandes sinsabores y compromisos, entre por la via recta y legal en este negocio, diríjase al Padre de toda la cristiandad, establezca las bases de un concordato. Pero si hemos de hablar con franqueza, vemos en el actual gabinete buenos deseos y buena voluntad; mas tememos que carezca del valor y energía necesarias para atravesar la grande crisis religiosa que al presente fatiga la España.
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En la reseña que meditamos hacer de los demás países de Europa procurarémos usar de la mayor brevedad posible, á fin de poner pronto á nuestros lectores al corriente de todos los asuntos eclesiásticos. —A. P.

DOCUMENTOS OFICIALES.

LEY SOBRE ENAGENACION DE LOS BIENES DEL CLERO SECULAR.

Ministerio de Hacienda.—Primera Seccion.—Circular.

Su Alteza Serenísima el Regente del reino se ha servido dirigirme con esta fecha el decreto siguiente:

«Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constitucion de la monarquía española, reina de las Españas, y durante su menor edad D. Baldomero Espartero, duque de la Victoria y de Morella, Regente del reino; á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed; Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Todas las propiedades del clero secular en cualesquiera clases de predios, derechos y acciones que consistan, de cualquier origen y nombre que sean, y con cualquiera aplicación ó destino con que hayan sido donadas, compradas ó adquiridas, son bienes nacionales.

Art. 2.º Son igualmente nacionales los bienes, derechos y acciones de cualquier modo correspondientes á las fábricas de las iglesias y á las cofradías.

Art. 3.º Se declaran en venta todas las fincas, derechos y acciones del clero catedral, colegial, parroquial, fábricas de las iglesias y cofradías de que tratan los artículos anteriores.
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Art. 4.º El gobierno se encargará desde 1.º de octubre próximo de la administracion y recaudacion de todas las rentas y productos de las propiedades de toda especie pertenecientes hasta aquí al clero catedral, colegial y parroquial, á las fábricas de las iglesias y á las cofradías, llevando cuenta separada de sus rendimientos, los que se aplicarán á la dotacion del culto y clero, conforme á la ley presentada por el gobierno á las Cortes en 23 de junio último.

Art. 5.º Pertenecerán á los actuales poseedores las rentas y productos que rindan los bienes del clero, fábricas y cofradías hasta 30 de setiembre de este año.

Art. 6.º Se exceptuan de lo dispuesto en los artículos anteriores.

Primero. Los bienes pertenecientes á prebendas, capellanías, beneficios y demas fundaciones de patronato de sangre activo ó pasivo.

Segundo. Los bienes de cofradías y obras pías procedentes de adquisiciones particulares para cementerios y otros usos privativos á sus individuos.

Tercero. Los bienes, rentas, derechos y acciones que se hallen especialmente dedicados á objetos de hospitalidad, beneficencia é instruccion pública.

Cuarto. Los edificios de las iglesias catedrales, parroquiales, anejos ó ayuda de parroquia.

Quinto. El palacio morada de cada prelado y la casa en que habiten los curas párrocos y tenientes, con sus huertos ó jardines adyacentes.

Art. 7.º La administracion y recaudacion de las rentas y derechos que hasta ahora han correspondido al clero, fábricas y cofradías, estarán en cada provincia á cargo del gese de la hacienda pública que nombre el gobierno, pero bajo la inspeccion é intervencion inmediata de una comision especial compuesta del intendente, que la presidirá, del contador de rentas, de dos individuos nombrados por la diputacion provincial, sean ó no de su seno, y de un individuo del ayuntamiento, elegido por este; y esta comision ejerce-
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rá sus funciones según el reglamento que formará y publicará el gobierno.

Art. 8.º La comisión de cada provincia formará un inventario exacto de las fincas, acciones y derechos de que trata esta ley, y en fin de cada trimestre presentará á la diputación provincial nota ó estado de la recaudación y salida de fondos, que se publicará en los Boletines oficiales y en la Gaceta de Madrid.

Art. 9.º Las fincas declaradas nacionales, y que han de ponerse en venta según esta ley, serán clasificadas en urbanas y rústicas, y estas en divisibles é indivisibles, por las comisiones de provincia, después de haber oído á los ayuntamientos en cuyo término jurisdiccional radiquen.

Las fincas rústicas que se cultiven separadamente por diferentes arrendatarios, se entienden desde luego divisibles en tantas porciones, cuando menos, cuantos sean los colonos.

Art. 10. La venta de los predios urbanos y de los rústicos indivisibles, y también la de los censos en favor, se ejecutarán en la forma prevenida para la de los demás bienes nacionales, pero con la condición precisa de que el pago del importe en remate se realice en cinco plazos.

El primero en el acto del otorgamiento de la escritura de venta, y los otros cuatro á uno, dos, tres y cuatro años de la fecha de este documento.

Art. 11. Los predios rústicos divisibles que se pongan en subasta pública por partes, porciones ó trozos, no excediendo de cuarenta mil reales el valor de cada uno de estos en tasación, estarán sujetos á dos subastas simultáneas: en el mismo día y á la misma hora, una en la capital del partido en que radiquen, y otra en la de provincia, y el pago del remate se hará á dinero metálico en veinte plazos de año cada uno.

En igual forma se subastarán y pagarán todos los predios rústicos que no excedan del mismo valor, aun cuando no sean de los que se dividan, y los predios urbanos cuyo valor
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en tasacion no exceda de diez mil reales en los pueblos de menos de mil vecinos; de veinte mil, en los de mil hasta cinco mil; de treinta mil, en los de cinco mil hasta veinte mil; y de cuarenta mil en todos los de mas vecindario.

Art. 12. El pago total del precio del remate de los bienes, exceptuados los de que trata el artículo anterior, se ejecutará en la forma siguiente:

Diez por ciento en dinero metálico.
Treinta por ciento en deuda consolidada con interés del cinco por ciento, ó del cuatro, entregando en este ciento veinte por cada ciento.
Treinta por ciento en cupones de intereses vencidos de la misma deuda, ó de la capitalización del tres por ciento.
Treinta por ciento de la deuda sin interés, vales no consolidados ó deuda negociable con interés á papel bajo los tipos establecidos.
En cada uno de los cinco plazos señalados para el pago se entregará la quinta parte de los tantos por ciento que quedan expresados.

Art. 13. Hasta que se realice el pago total del precio de la venta, estará hipotecada á la seguridad la finca vendida.

Art. 14. Se autoriza al gobierno para que pueda negociar libremente las obligaciones á dinero efectivo que por los cuatro plazos últimos de los cinco de que trata el artículo 10, han de constituir los compradores en las escrituras de venta, y que ascenderán al ocho por ciento del diez que deberán pagar en dinero según el artículo 12.

Art. 15. Las ventas y reventas de todos los bienes del clero secular, fábricas y cofradías en los cinco años siguientes, contados desde el dia del primer remate, serán libres de todo derecho de alcabala establecida ó que se estableciere en adelante.

Art. 16. Los productos en metálico de las enagenaciones de que trata esta ley, podrán ser aplicados por el gobierno para cubrir el déficit que resulte:
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Primero. Entre los gastos presupuestos del culto y clero, y lo que se realice de lo que está aplicado á cubrir aquellos.

Segundo. Entre los ingresos de los productos públicos y los gastos del estado por obligaciones civiles y militares.

Art. 17. Se procederá á la liquidacion de lo que legítimamente corresponda á los legos por participacion en diezmo, y del importe que resulte á su favor se les expedirán títulos de la deuda pública de tres por ciento, los cuales se admitirán en el treinta por ciento que previene el párrafo tercero del artículo 12, y diez por ciento que se admitirá como dinero de estos mismos títulos en la compra de los bienes del clero secular, fábricas y cofradías. Para realizar la liquidacion se regulará el término medio de los últimos diez años de la participacion á razon de cuatro por ciento.

Art. 18. Queda facultado el gobierno para resolver cualesquiera dudas que ocurran en la ejecucion de esta ley, por la que se derogan todas cuantas se opongan al contenido de la misma.

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, ge- fes, gobernadores y demas autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento y dispondreis se imprima, publique y circule.—El duque de la Victoria.»

De órden de S. A. lo traslado á V. S. para su inteligencia y cumplimiento, acompañando con igual objeto la instruccion y modelos aprobados para llevar á efecto la ley inserta, quedando en comunicar á V. S. á la mayor brevedad las reglas que han de observarse para la enagenacion de los bienes de que se trata, y para la liquidacion de lo que cor- respondá á legos por participacion en diezmo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de setiembre de 4841.—Pedro Surrá y Rull.—Sr…..

NOTA. Dejamos de insertar por su mucha extension la ins-
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dre: ofreciase este á expresar oficialmente en declaracion separada que no por este silencio se dejaba de reconocer el patronato que pertenecia á la Corona. De modo que la duda versaba solamente sobre á cual de los príncipes beligerantes pertenecia la corona y el derecho de presentar. ¿Podia resolver esta duda el Santo Padre? ¿podia llegar á mas su descendencia, que á hacer obispos á los que queria y designaba el gobierno de Isabel? De modo que segun esto los Vallejos, los Martinez de Velasco, los Necoecheas, los Ortigosas habrian legítimamente ocupado las sillas para las que fueron presentados, como hubiesen reunido las demas calidades que exigen los santos cánones de la Iglesia. ¿Qué se habria dicho del Papa, si se hubiese brindado con semejantes concesiones á favor de los presentados por D. Carlos? ¿Y es esto terquedad, es esto espíritu hostil, merece esta conducta todas aquellas lindezas con que el catolicísimo señor Alonso regala al Padre comun de todos los fieles y de todas las Iglesias? Nosotros nada suponemos gratuitamente en este negocio: nos referimos á los hechos que el mismo señor Alonso nos revela en su funestamente célebre manifiesto.

Después de tan ilustres y virtuosos prelados que gemian en los destierros ó en país extranjero, víctimas del furor fanático ó del señor Alonso ó de otros antecesores suyos, tres son los que en 1842 han probado nuevamente el cáliz de la tribulacion propinado por el segundo Tiberio de la época, á saber los señores obispos de Menorca, de Calahorra, y de Canarias. El primero estaba ya confinado en Cadiz tiempo habia, porque sin duda no le gustaria al señor Alonso que un fraile ignorante y fanático como el P. Fr. Juan Antonio Diaz Merino apacentase á los sencillos y católicos isleños de Menorca. Mas no placia que este obispo, cuyo crimen imperdonable de haber sido en otro tiempo uno de los mas activos colaboradores en la publicacion de la Biblioteca de la Religion no podia caer en saco roto, no era justo, decimos, que comiese el pan ociosa y holgadamente en territorio español.
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trucción dada por el señor ministro de Hacienda para la ejecución de esta ley. Los que gusten enterarse de ella podrán acudir al tomo vi del Católico número 556, página 546.

DOCUMENTO PARLAMENTARIO.

Proyecto de ley sobre jurisdicción eclesiástica, leído por el señor ministro de Gracia y Justicia en la sesión de 31 de diciembre de 1841.

«Al Congreso de los diputados.—La plenitud del sacerdocio cristiano reside esencialmente en los obispos. Sucesores de los apóstoles, tienen la misma potestad que á los últimos comunicó el divino fundador de la Iglesia cuando les trasmitió el Espíritu Santo; los envió del modo mismo que había sido enviado por su padre, les concedió la facultad de atar y desatar, y los constituyó vicarios suyos, pastores y rectores de su Iglesia. Así es como se estableció en esta un solo obispado, en el que cada uno solidariamente tiene una parte.

Siglos pasaron antes que la Iglesia introdujera otra gerarquía diferente, que sin embargo no menguaba la potestad de los obispos; y algunos pasaron también antes que la Iglesia, ó sean sus obispos, ejerciesen su potestad con el aparato exterior de un foro contencioso.

La piedad de los príncipes seculares, después de dada la paz á la Iglesia, no se contentó con permitir aquel aparato, sino que dió á los obispos jurisdicción para conocer de negocios temporales sobre las personas y cosas eclesiásticas, aunque con algunas restricciones.

Así se estableció en la Iglesia una jurisdicción mixta de espiritual y temporal; la primera correspondiente á la potestad propia de la Iglesia; la segunda derivada de la de los príncipes seculares.
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Al conceder esta última tuvieron los príncipes sin duda la consideración de que cuando no fuese conveniente, por lo menos no ofendía en aquellas circunstancias esta concesión al bien público; y esta consideración es claro que comprendió una reserva manifiesta de retirar esta concesión cuando el mismo interés público lo exigiese ó recibiese algún perjuicio.

La nación en uso de su soberanía ha creído llegado este caso, y así vino á declararlo el artículo 4.º de la Constitución de 1837.

De esta suerte la jurisdicción eclesiástica debe quedar reducida á las causas ó negocios espirituales ó puramente eclesiásticos, para los cuales únicamente, y no para otros, recibió la Iglesia la potestad que le compete.

Aun esta misma potestad se ejercitó en España por muchos siglos en los juicios eclesiásticos por solo sus prelados, que ni traspasaron los límites de sus facultades, ni permitieron que las ejerciese autoridad alguna fuera de España, no reconociendo los juicios peregrinos en conformidad á concilios nacionales y á otros de la iglesia de África.

Así la de España estuvo por muchos siglos exenta del desorden que necesariamente debían producir los muchos tribunales eclesiásticos privilegiados que por circunstancias especiales se establecieron sucesivamente después, ora bajo el pretexto de exenciones, ora con el de concesiones hechas á los Reyes, y ya finalmente con el de sostener los pretendidos derechos de la silla apostólica, consignados ó mas bien creados en las falsas decretales de Isidoro.

De estos tribunales, unos son inútiles, y otros atendidas las circunstancias actuales, están inutilizados. La nación puede renunciar á unos por haberse establecido á su instancia, y por un privilegio concedido en su favor; y respecto de los otros puede en uso de la soberanía, en la imposibilidad en que aquellos se hallen de ejercer sus funciones, y en la necesidad de que tengan curso negocios de interés público y privado, no reconocerlos, rechazarlos y consentir úni-
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camente los que con arreglo á los concilios nacionales ejercieron la jurisdiccion eclesiástica en España con grande y notoria utilidad de la Iglesia y del Estado, siguiendo la máxima del derecho público eclesiástico, de que cuando la disciplina existente no puede observarse no solo es lícito, sino procedente el regreso á otra disciplina anterior reconocida y observada por la Iglesia.

Tales son los principios y las bases en que descansan las disposiciones que con la competente autorización del Regente del reino y del consejo de ministros tengo el honor de someter á la deliberacion del Congreso en el siguiente proyecto de ley.

Artículo 1.º No habrá en España para los juicios eclesiásticos otra jurisdiccion que la ordinaria de los diocesanos, con las apelaciones á los superiores inmediatos, según los cánones de la Iglesia española.

Art. 2.º La nacion no consiente por lo mismo los juicios eclesiásticos peregrinos, y en su consecuencia se terminarán estos en las provincias metropolitanas de España.

Art. 3.º La nacion renuncia al privilegio y gracia que á instancia del señor rey D. Carlos III se le dispensaron por el Breve de 26 de marzo de 1774; y por consecuencia queda abolido el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica de estos reinos.

Art. 4.º Renuncia igualmente la nacion el privilegio obtenido por el señor rey D. Carlos I de que los Nuncios de Su Santidad en estos reinos ejerciesen jurisdiccion; y por consiguiente queda abolida esta en la Nunciatura española.

Art. 5.º La nacion no permite que continúe la jurisdiccion eclesiástica privilegiada de las órdenes militares; y en su consecuencia quedan abolidas el tribunal especial de las Órdenes, el de la real junta apostólica, el de las asambleas de san Juan de Jerusalen y las vicariás subalternas de este y de aquel, así como las de los prioratos de las mismas órdenes.

Art. 6.º La administracion de las iglesias del territorio de
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las órdenes militares, y la jurisdiccion eclesiástica en el mismo, quedan agregadas á los diocesanos en que aquel territorio está respectivamente enclavado.

Art. 7.º No reconoce la nacion las reservas de Espolios y Vacantes de las prelacies del reino, ni por consiguiente la Colecturía general de aquellos ramos, ni las abusivas comisiones de la reverenda Cámara Apostólica, que para la recaudacion de los Espolios y Vacantes se conferian antes del establecimiento de dicha Colecturía, que por lo tanto queda suprimida.

Art. 8.º Tampoco consiente la nacion la exencion de los obispados de Oviedo y Leon, ni su pretendida inmediata dependencia de la Silla Apostólica: en su consecuencia tendrán la misma dependencia de los metropolitanos en cuyas provincias están enclavados que los demás sufragáneos con arreglo á los cánones.

Art. 9.º Del mismo modo no puede consentir la nacion que continuen los tribunales contenciosos de los conservadores eclesiásticos, ni los llamados de la Visita eclesiástica; y en su consecuencia cesarán todos los de esta clase que hoy existan en cualquiera diócesis.

Art. 10. Los prelados desempeñarán gubernativamente el cargo pastoral de la visita de las iglesias de sus diócesis respectivas, bien por sí, bien por visitadores delegados suyos, circunscribiéndose los unos y los otros á lo que sea puramente espiritual y eclesiástico.

Art. 11. En su consecuencia ni los obispos ni los visitadores podrán exigir la presentacion de testamentos ni de otras cualesquiera disposiciones de esta clase, como abusivamente se ha ejecutado hasta aquí; pero podrán tomar noticias privadas acerca de las cargas de misas ú otras puramente eclesiásticas, y oficiar al juez secular competente para que lo haga efectivo si notaren omision en los herederos, legatarios ó cualesquiera otras personas á quienes correspondiere.

Art. 12. Se suprime el Vicariato general de los ejércitos nacionales: los capellanes de los regimientos serán los pár-
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rocos de esta feligresía: las causas eclesiásticas que ocurran corresponden al conocimiento del diocesano en cuyo territorio se halle el regimiento, con las apelaciones al superior inmediato.

Art. 13. Queda suprimido el tribunal contencioso de cruzada, pero ilesa al comisario general la autoridad gubernativa del ramo: de las causas tocantes á la hacienda de las bulas y composiciones particulares y cuentas de ellas conocerán los jueces de primera instancia de la Hacienda pública, con las apelaciones á los tribunales superiores respectivos.

Art. 14. Desde la publicacion de esta ley la Iglesia de España solo ejercerá jurisdiccion contenciosa en las causas espirituales ó puramente eclesiásticas.

Art. 15. Para evitar todo motivo de duda se declara que las causas de que trata el artículo anterior son las siguientes:

1.ª Las de herejía ó error en el dogma, con tal que haya pertinacia.
2.ª Las relativas á los sacramentos, sin entrometerse en la parte de contrato civil que tiene el de matrimonio.
3.ª Las de correccion y castigo de delitos puramente eclesiásticos cometidos por personas tambien eclesiásticas.

Art. 16. En las causas enumeradas en el artículo anterior solo podrán imponerse penas espirituales, que son las únicas propias de la potestad eclesiástica, de ningun modo las que sean temporales.

Art. 17. Se abstendrán los prelados de publicar censuras y excomuniones sin previa formacion de causa y audiencia del interesado por los trámites canónicos y legales, y solo en los casos sujetos á su jurisdiccion espiritual ó puramente eclesiástica; y mas particularmente se abstendrán de decretar entre dichos que perturban la tranquilidad y quietud de los pueblos.

Art. 18. Los abusos ó excesos en conocer y en la observancia de los concilios, los del modo, y de no otorgar las