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apelaciones que sean procedentes, y cuantos otros se cometen en el ejercicio de la jurisdiccion eclesiástica, se reprimirán por medio de los respectivos recursos de fuerza en los tribunales superiores nacionales del distrito en que resida el prelado que los cometiere, ó en el supremo respecto de los de la corte, los cuales, ademas de la facultad de alzar las fuerzas, la tendrán para corregir los excesos por medio de apercibimientos, condenacion de costas, multas y hasta extrañamiento del reino y ocupacion de temporalidades según la gravedad del asunto.

Art. 19. Los abusos en el ejercicio de la potestad espiritual que sean públicos y salgan de la esfera de reservados, en que no quepa recurso de fuerza, se reprimirán por el de protección.

Art. 20. Los diocesanos ó sus provisores no podrán proceder á formacion de causa por obras, escritos ó papeles que se supongan contener errores acerca del dogma, sin que primero sean calificados por el sínodo diocesano y oído el autor, á quien para la defensa de su obra, escrito ó papel se le entregará la censura, y después de amonestado para que deponga su error, si no hubiere contestado satisfactoriamente, persista en aquel.

Art. 21. La degradacion, consignacion y libre entrega de los eclesiásticos condenados por delitos comunes en los tribunales seculares, la acordarán y ejecutarán los respectivos diocesanos á simple requerimiento de aquellos por medio de oficio acompañado de testimonio de la sentencia ejecutoriada, sin entrometerse á examinar la causa ni á formarla sobre este particular.

Art. 22. La jurisdiccion eclesiástica, reducida según queda á sus términos propios, se ejercerá en España con arreglo á los cánones en primera instancia por los obispos ó sus provisores, y en segunda por los metropolitanos ó los suyos.

Art. 23. Las apelaciones de las causas de que conocieren en primera instancia los metropolitanos en su diócesis propia, se admitirán para el metropolitano de la provincia eclesiástica mas inmediata.
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Art. 24. Contra la sentencia dada en segunda instancia por el metropolitano solo cabe:
1.º La revision en el concilio provincial de aquellos juicios que según los cánones puedan tratarse en él.
2.º El recurso de protección en los tribunales Reales.

Art. 25. Los tribunales eclesiásticos se arreglarán en los trámites de las causas á los prescritos por las leyes, y á su tiempo por los códigos; y en la exacción de derechos á los aranceles de los tribunales seculares; y se usará en aquellos también el papel sellado, exceptuándose únicamente los que estén situados en provincias que por las leyes tengan exención expresa de usarlo.

Art. 26. Los pleitos pendientes en los tribunales que por esta ley quedan suprimidos, y que versen sobre materias que por la misma no queden atribuidas á los tribunales eclesiásticos, se pasarán para su continuación, si pendieren en primera instancia, á los jueces seculares de esta que sean competentes, y los que en segunda á los tribunales superiores de la misma clase.

Art. 27. Las causas pendientes en la Rota al tiempo en que fue cerrado este tribunal de orden de la regencia provisional, pertenecientes según esta ley al conocimiento de los tribunales eclesiásticos, si pendieren en instancia de apelación de sentencia pronunciada por los diocesanos hasta aquí exentos de Oviedo y de León, se remitirán al metropolitano de Santiago.

Si en grado de segunda ó de tercera ó ulterior apelación, ya sean de aquellas diócesis, ya de otras, pasará al metropolitano más vecino ó próximo al de la diócesis en que respectivamente se hubieron principiado las causas; y con la sentencia de aquel quedarán ejecutoriadas, salvo los recursos preservados en el artículo 24.

Art. 28. Quedan derogadas todas las leyes que sean contrarias á esta. Madrid 30 de diciembre de 1841.—José Alonso.»
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DOCUMENTO PARLAMENTARIO.

Proyecto de ley sobre separacion de Roma leido por el señor ministro de Gracia y Justicia en la sesion de 20 de enero de 1842.

«Á las Córtes.—La potestad de atar y desatar concedida á los apóstoles, lo fue igualmente á los sucesores de estos, los obispos. Enviados aquellos por el mundo á predicar el Evangelio, ejercitaron plenamente sin reservas ni restricciones aquella misma potestad. Sin contar con el primado de Roma, no solo los apóstoles, sino tambien sus discípulos elevados al obispado decidian en materias de fe, dispensaban en lo que se presentaba necesario, y creaban obispos que para ejercer su potestad no necesitaron obtener de Roma ni la confirmacion ni las bulas que la acreditasen, ni pagar por esto cantidad alguna de dinero. Las falsas decretales, proponiéndose elevar aquel primado á un poder que desde la fundacion de la Iglesia jamás habia sido reconocido, principiaron por menguar la potestad de los obispos, reservando á aquel lo que era propio de estos.

Roma, halagada con estas doctrinas, después de ampliar sus facultades en lo espiritual, trató de extenderlas á lo terreno, aspirando á la monarquía universal. Nada tenia de extraño que quien extralimitándose del reino de Jesucristo, que el mismo proclamó no ser de este mundo, invadia la autoridad temporal, se arrogase las facultades espirituales concedidas como á él á sus coepiscopos.

Los príncipes seculares, algun tiempo vejados y humillados por esa supremacía universal sostenida por el fanatismo y propagada con el abuso que se hacia de la ignorancia y preocupaciones de los pueblos, rechazaron mas pronto ó mas tarde, con mas ó menos energía y fortaleza aquella supre-
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macía, y por último, trazaron la línea que separa el sacerdocio del imperio, contentos con haber restablecido su independencia. No todos se cuidaron de la disciplina de la Iglesia de sus dominios, y ó no conocieron ó creyeron no ser perjudicial á su política esa omnipotencia eclesiástica que podía cooperar eficazmente á sostener el imperio de su voluntad absoluta sobre los pueblos. Y de aquí es que mas de una vez los rayos del Vaticano, la autoridad y tribunales eclesiásticos vinieron á ser nuevos instrumentos de una política opresora y altamente despótica, así como también en alguna ocasión á turbar la quietud de los pueblos y á relajar la obediencia de estos á sus príncipes.

Libre estuvo la España de esta influencia antes de la invasión de los árabes. Constante en la fe, según la profesion del célebre concilio de Nicea, la Iglesia española arregló por sí, de acuerdo con intervencion y aprobacion de los reyes, todos los puntos de disciplina interior y exterior: sus decisiones se acordaban en aquellas célebres asambleas convocadas y presididas por el Rey, compuestas de prelados y de grandes del reino, y en que indistintamente se trataban los negocios espirituales y terrenos. De aquí es que las resoluciones de estas asambleas, llamadas concilios, participaban del doble concepto de leyes y de cánones. Para nada se acudía á Roma; para nada se salía del reino; con nada se contribuía á aquella corte, y la Religion católica florecia entonces en España con mas gloria que nunca.

La desastrosa jornada del Guadalete en que vino al suelo hecho pedazos el trono hasta entonces glorioso de los godos, dejó el reino á merced de los vencedores, que lo inundaron con sus ejércitos, sembrando por todas partes el terror, la desolacion y el asombro. Desde entonces huyeron de nuestro suelo las ciencias, y el manto nebuloso de la ignorancia cubrió nuestro desgraciado hemisferio. Ya no hubo ley ni otra ocupacion que la de la guerra en los primeros siglos de la restauracion; y cuando se echaron los fundamentos de la nueva monarquía entre el estrépito de las armas, no había
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otra idea que la del triunfo, ni otro estudio que el de los medios de adquirirle. Pocas ó ninguna ley se acordaron en aquellos tiempos de inquietud y desasosiego: los consejos del poder se dirigian exclusivamente á la guerra y á las conquistas como era natural. Así, no solo se olvidaron las leyes y los cánones, sino que ni medios habia para restablecerlas ni para dictar otras nuevas.

Ya mas adelantada la restauracion, aunque no la ilustracion, apareció en el trono de España un príncipe, justamente apellidado Sabio, que con una sublimidad de conocimientos singular y prodigiosa en aquellos tiempos, escribió un cuerpo de leyes sistemático, que si bien se resiente en alguna de sus partes de los usos y hasta de las preocupaciones de los tiempos en que se redactó, ha llegado en lo demas hasta nuestros dias sin envejecer á pesar del trascurso de tantos siglos, con menos de los cuales han caducado otros códigos, y naturalmente deben caducar los mas.

Por desgracia para la pura y antiquísima disciplina de la Iglesia de España, pocos años antes que D. Alonso el Sabio escribiese sus partidas se habia principiado á enseñar en Bolonia el derecho canónico, reducido entonces principalmente á la compilacion del monje Graciano que sin crítica ni conocimiento, y acaso con designio, habia incorporado en ella las falsas decretales de Isidoro. Tambien en legislacion ha habido modas, y en aquellos tiempos se generalizó demasiado la del derecho canónico, desgraciadamente tomado de fuentes tan impuras como cenagosas.

Así es que en las Partidas, al paso que se notan reminiscencias de la disciplina purísima de la Iglesia de España, se ven con preferencia adoptadas las doctrinas de la escuela de Bolonia contrarias á las de nuestros concilios nacionales y depresivas de su pura y santa disciplina.

Nada tiene de extraño que de esta suerte se propagasen en nuestra patria: que se reconociesen y extendiesen las reservas, ni que en consecuencia se recurriese desde entonces para todo á Roma. Mas adelante, y sin pasar muchos siglos,
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Se le levantan dos acusaciones gravísimas, se le acusa de dos crímenes atroces, cuales son el haber facultado á sus diocesanos para que pudiesen usar de los privilegios de la bula dando una limosna á los pobres, y haber introducido el rezo y fiesta de santa Filomena en su diócesis. Estos crímenes le merecieron los acostumbrados extrañamiento del reino y ocupacion de temporalidades. El dia 13 de febrero se embarcaba en Cadiz para ser trasportado á Marsella este ilustre, sabio y virtuoso prelado, este venerable septuageenario, ciego y enfermizo, precisado á valerse de un lazari llo, é implorar la caridad pública en país extranjero para prolongar algunos dias mas una miserable y penosa existencia.

El Excmo. é Ilmo. señor Dr. D. Pablo García Abella, obispo de Calahorra y la Calzada, desterrado á Segovia ya hacia muchos años, sin formacion de causa, y solo por un firman de un gobierno que se dice liberal, este respetable obispo creyendo sencillamente que la Constitucion era una ley que garantia á todos los españoles, y siado en su art. 3.º que dice: Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito á las Cortes y al Rey, como determinen las leyes, creyéndose él tambien español, quiso dirigir con fecha de 19 de julio de 1841 una exposicion al Regente del reino: y he aquí todo su delito, el delito de lesa-nacion. Esta exposicion, digna obra de un obispo católico y español, fue inserta en los números 364, 65 y 66 del Católico, el cual sin embargo de haberla sacado de otro periódico que la había insertado antes que él, fue denunciado al jurado, y condenado á exorbitantes gastos. Ya se ve, el director del Católico tenia amistad particular con el señor obispo de Calahorra, y esto no podia quedar impune. Mas no quedaba con esto satisfecha la venganza del sañudo perseguidor de los obispos: el autor de la exposicion debia pagar su atrevimiento. Á este fin el señor Alonso manda venir arrestado á Madrid al ilustre prelado, y le pone á disposicion del Supremo Tribunal de Justicia. El tribunal pasa el negocio al fiscal, y este responde que no encuentra causa para proceder contra el prelado,
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cuando ya el estado de la restauracion dió algunas treguas para el estudio, cuando pudieron hacerse recuerdos sobre los pasados tiempos y sucesos de gloria y de explendor, cuando fueron saliendo de los sitios en que habian estado ocultos los códigos y concilios de la antigua Iglesia, y cuando la crítica severa é ilustrada pudo hacer sus investigaciones, se descubrieron la impostura de Isidoro, la ignorancia ó la malicia del monje Graciano, y principiaron á hacerse restricciones á las facultades que con ese apoyo se había abrogado la corte de Roma, y aun resistencia á las disposiciones que en su virtud emanaban de aquella.

Dignos de prez y de eterna y agradecida memoria deben ser sin duda los príncipes españoles, que reconociendo sus facultades y mirando por el bien de sus pueblos, se opusieron á esas invasiones omnímodas que descansaban en fundamentos tan deleznables, y con que se chupaba la sustancia de los pueblos de España para sostener el lujo de la curia romana, dominada de una avaricia condenada por el Evangelio. Desgracia es sin embargo que no haya habido perseverancia en aquellas sabias y saludables disposiciones; y tanto mas deplorable es esta desgracia, cuanto que de creer es que ella fuese causada por una política provechosa á los imperantes, puesto que no puede dudarse cuan perjudicial fuera á los pueblos, á quienes empobrecía.

Á esta política, y no á otra causa, debe atribuirse que las importantes reclamaciones encargadas á los célebres é ilustrados Pimentel y Chumacero, que conducidas con tanta sabiduría dejaron sin contestacion al ministerio de Roma, viniesen á parar en un concordato, que como todos los celebrados con aquella corte, solo han tenido el triste resultado de dejar en pié los abusos y regalar crecidas cantidades de dinero á la insaciable curia, que no por esto abdicó la astuta maña con que desde el momento que por un concordato sacaba algun partido principiaba á minarlo para ponerse en el caso de venir á otro que llevarse á su poder nuevas sumas de dinero, arrancadas á los pueblos en medio de la miseria.
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A esta misma política perjudicial á los pueblos es debido tambien que los esfuerzos constantes del ilustre Campomanes por el restablecimiento de la pura disciplina de la Iglesia, no fuesen coronados con el éxito brillante que merecian y les era debido, y que continuasen los abusos, y que para todo se acudiese y se contribuyese á Roma. Escandaliza el leer las sumas que se han remitido á esa curia por las bulas de confirmacion de los obispos, y como se distribuian: escandaliza lo que cuesta cada dispensa hasta la mas insignificante, el número anual de estas, y las gruesas sumas de dinero que con este motivo se extraen de esta, por tantos títulos, desangrada nacion; y por último, escandaliza como un poder, que se recibió gratuitamente, solo ejerza mediante el pago, contraviniendo al expreso mandato de dar gratuitamente lo que gratuitamente se habia recibido.

De temer es que todos estos abusos y escándalos se hubieran perpetuado por el excesivo respeto de los españoles á los pactos y tambien á la santidad del Pontífice romano, si él mismo no hubiese puesto á la España, no en ocasion, sino en necesidad absoluta de cortar aquellos abusos y escándalos, y si con la falta de cumplimiento de los concordatos por su parte no hubiese eximido á esta nacion piadosa de su cumplimiento por la suya, sin faltar en esto á los respetos que siempre le conserva.

Confundiendo indebidamente la corte de Roma los conceptos diversos que Su Santidad reune de Príncipe temporal y pastor de la Iglesia, ha desatendido y desatiende la de España por espacio de nueve años, valiéndose del segundo concepto para llevar á cabo las hostilidades que solo en el primero pudo decretar, y que en tal concepto siempre serían bien indiferentes y poco importantes para la España. En este sentido se ha negado en los términos expuestos en el manifiesto del gobierno de 30 de julio del año último, á todo cuanto el estado de la Iglesia de España exigía según la disciplina existente, aunque fundada en los viciosos principios que van indicados. Y no se han contentado con esto,
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sino que en su impolítica y menos evangélica alocucion de 1.º de marzo último manifiesta haber levantado un muro delante de Israel, que es lo mismo que cortar toda comunicación con España: negarse abiertamente á todo lo que es de su obligacion, y dejar la Iglesia española imposibilitada de seguir una disciplina, que aunque contraria á sus cánones y á su bienestar, observaba sin embargo religiosamente con gravedad é insoportables perjuicios de los españoles.

En tal situacion, á la España no le queda otro arbitrio que, ó doblar la rodilla ante un poder temporal, que es el que exclusivamente rige al espiritual, renunciando á su soberanía y á los actos emanados de esta, ó buscar el alivio de sus necesidades y la expedicion de sus negocios eclesiásticos en otra disciplina, emanada de sus concilios católicos y nacionales, y observada por espacio de muchos siglos con general aprobacion y sin ninguna resistencia.

Lo primero seria mengua del honor y de la independencia de la nacion; y no seria nunca el gobierno actual el que lo propusiera y aconsejara, celoso como es de que nunca se menoscaben la soberanía, el decoro, la independencia ni las facultades del pueblo español legítimamente representado. Lo segundo, en tal situacion, en la necesidad en que á este mismo pueblo, á su Iglesia, á sus Cortes y al Gobierno ha puesto la de Roma, es no solo procedente y lícito, sino de absoluta necesidad.

Fundado pues en todas estas consideraciones, autorizado expresamente por S. A. el Regente del reino, y de acuerdo con el parecer del consejo de ministros, tengo el honor de someter á la deliberacion de las Cortes las disposiciones que para salir de la necesidad en que la corte de Roma ha puesto voluntaria é indebidamente á la España, se comprenden en el siguiente

PROYECTO DE LEY.

Artículo 1.º La nacion española no reconoce y en su
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consecuencia resiste las reservas que se han atribuido á la silla apostólica con mengua de la potestad de los obispos, bajo cuyo título se ha tenido y tiene hostilmente desatendida la Iglesia de España en sus mas importantes necesidades.

Art. 2.º Se prohibe toda correspondencia que se dirija á obtener de la curia romana gracias, indultos, dispensas y concesiones eclesiásticas de cualquiera clase que sean, y los contraventores serán irremisiblemente castigados con las penas señaladas en la ley 1.,º tít. 13, libro 1.º de la Novísima Recopilacion.

Art. 3.º Los breves, rescriptos, bulas y cualesquiera otras letras ó despachos de la curia romana, que sin haber sido solicitadas directamente desde España vinieren á personas residentes en este reino, no solo no podrán ser cumplidas, ejecutadas ni usadas, pero ni aun retenidas en poder de las personas á quienes viniesen, por mas tiempo que el de 24 horas, que se señalan de término para entregarlas á la autoridad superior política, á fin de que las remita al gobierno. Toda infraccion á lo dispuesto en este artículo será asimismo castigada con las penas establecidas en el anterior.

Art. 4.º Se prohibe acudir á Roma en solicitud de dispensas de impedimentos, y no se dará curso á ninguna solicitud de esta clase.

Art. 5.º Por ahora, y mientras que en el código civil se hace la debida distincion entre el contrato y el sacramento del matrimonio, se regularizan los impedimentos y determina la autoridad que ha de dispensarlos y el modo: los M. R.R. arzobispos y R.R. obispos de España usarán por sí ó sus vicarios de las facultades que les competen para dispensar, siguiendo la conducta en este punto observada por prelados predecesores suyos, y arreglándose en ello á lo ordenado en el concilio de Trento, que dispone que rara vez y siempre gratuitamente se dispense.

Art. 6.º Por ningun título ni bajo ningun concepto volverá á enviarse de España ni por cuenta de españoles, dinero alguno á Roma directa ni indirectamente con destino á aque-
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lla corte y su curia por motivos religiosos, bajo la pena de perder con otro tanto lo que se envie, si fuere aprehendido, ó de pagar una multa del doble de lo enviado, y de sufrir ademas el castigo que corresponda con arreglo á la citada ley 1.ª, tit. 13, libro 1.º de la Novísima Recopilacion.

Art. 7.º En ningun tiempo se admitirá en España nuncio ó legado de S. S. con facultades para conceder dispensas ni gracias, aunque sean gratúitas: las facultades que se les concedieren á este fin serán retenidas cuando presentaren sus bulas al pase.

Art. 8.º La nacion no consiente la reserva introducida de confirmar en Roma y expedir bulas á los prelados presentados para las iglesias de España y sus dominios, debiendo arreglarse este punto á lo dispuesto en el cánon 6 del Concilio 12 de Toledo, y á la mas pura disciplina de la Iglesia de España.

Art. 9.º El eclesiástico presentado para alguna de dichas iglesias que intentare su confirmacion en Roma, ó la expedicion de bulas, tanto para esta cuanto los metropolitanos para obtener el palio, y los que las obtuvieren subrepticiamente, serán extrañados del reino y sus temporalidades ocupadas.

Art. 10. Las mismas penas expresadas en el artículo anterior serán aplicadas á los prelados que se negaren al cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

Art. 11. Respetando en el Sumo Pontífice la calidad de centro de unidad de la Iglesia, tendrán curso todas las comunicaciones que terminen á puntos de esta naturaleza; pero deberán dirigirse todas por conducto del gobierno, el cual las examinará para calificar las que sean de esta clase; las que no pertenezcan á ellas serán retenidas.

Art. 12. Quedan suprimidas las agencias de Preces á Roma, establecidas en aquella corte y en la de Madrid.

Art. 13. Se derogan todas las leyes, renuncia la nacion todas las concesiones hechas á su favor por la Silla Apostó-
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lica, y no consiente las reservas contrarias á lo que en esta ley se establece y determina.

Art. 14. Se expedirán las oportunas circulares á los M. RR. arzobispos y RR. obispos del reino para que cumplan con lo dispuesto en esta ley, y cooperen con la mayor eficacia á que se conserve la tranquilidad de las conciencias entre sus respectivos diocesanos, y les hagan conocer la justicia y necesidad con que las Cortes y el Gobierno han tenido que tomar estas disposiciones.

Madrid 20 de enero de 1842.—José Alonso.

SENTENCIA CONTRA EL CABILDO DE ZARAGOZA.

VISTOS etc. —FALLAMOS: Que debemos revocar y revocamos el definitivo acordado en esta causa por el señor juez segundo de 1.ª instancia de esta capital en 23 de octubre próximo pasado, y el auto de sobreseimiento acordado por el mismo en 23 de setiembre anterior, en su consecuencia condenamos á los canónigos D. Joaquín Francisco Nuñez, D. Manuel Castejon, D. Lucas José Perez, D. Carlos Duarte, Don Florencio Subias, D. Valero Tomás, D. Ramon Ezquerra, D. Valentín Morales de Rada, D. Juan Perez, D. Segundo Sierra y D. Juan Lopez Arruego, en ocho años de confinamiento á cada uno en las Islas Baleares bajo la inmediata vigilancia de las autoridades y en aquellos puntos que la superior política de la de Mallorca designe; en la ocupacion de sus temporalidades y sin que puedan salir de dichas islas aun después de cumplir los ocho años de confinamiento no precediendo para ello permiso expreso de S. M.; á D. Jacobo Rodrigo Vallabriga y D. Mariano Lafuente en dos años de confinamiento á cada uno en el punto que elijan distante diez leguas de esta capital y veinte de la corte y Sitios Reales. Condenamos además á cada uno de los trece canónigos nombrados, en las costas por sí y para sí causadas, en las