Guía del clero (1864-02-10 00:00:00), página 1

GUÍA DEL CLERO.

PERIÓDICO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO Y DE JURISPRUDENCIA EN MATERIAS Eclesiásticas y concernientes a la Administración Económica de las Iglesias.

PUBLICADO POR D. ANTONIO DÍAZ QUINTANA.

SALE LOS DIAS 10, 20 Y 30 DE CADA MES.

SECCIÓN DOCTRINAL.

varias veces nos hemos ocupado en las columnas del GUÍA DEL CLERO de la novísima época del discurso paterno pronunciada en 20 de Julio de 1863; varias y repetidas veces hemos citado la atención del consejo sobre las diversas dificultades que ofrecen su ejecución, y sobre las diversas opiniones acerca de su carácter espiritual, sobre la distinta manera de llevar a cabo en la práctica el cumplimiento de sus preceptos, y sin embargo, en esto no en tantas otras cosas, el silencio ha sido contestatario que se ha dado a nuestros colegiales.

En tales males que lamentamos, si las indicaciones que hacemos versan sobre puntos controvertibles, sobre materias abstractas de abstracción, de jurisprudencia, de ciencia o filosofía, comprenderíamos la indiferencia por aquellas a quienes siempre nos dirigimos; pero cuando nuestras observaciones se refieren a los puntos prácticos de las leyes, hechos, sobre cuyos abusos que llevan al engaño, la confusión y gravísimos e innumerables perjuicios; el desdén, la indiferencia no se concibe, ni se explica satisfactoriamente, a no ser lidiándonos en lo que es muy conveniente que estemos todos nuestros ministros de la vida interior.

El consejo histórico de unos pocos, en cuya autoridad no se recoge en general benevolente.

Deber nuestro es insistir uno y otro día sobre materias que reclaman una preferencia conocida, acerca de las cuales su más coloquial y sobre la que no se intercambian ideas, sino que se presentan individualidades y facilitar el camino, si está no está en nuestro mano, a pendiente de nuestra meditación y estudio.

La reforma de la ley de 20 de junio de 1863, mas de una vez hemos pedido, es indiscutible, urge cada día más: el objeto capital de la ley es altamente moral, digno de estudio, pero su parte legislativa, insuficiente, no satisface, pues las exigencias que la práctica de todo precepto nuevo, poco preparado, en contradicción hasta cierto punto con lo anteriormente establecido y hasta con las hábitos de las costumbres, llama a consideración.

Los venerables Fárreros, ilustrados muy primitivamente a diestra y siniestra, su responsabilidad, las circunstancias que la ejecución de la ley origina a cada paso y las distintas opiniones que sobre su aplicación se han formulado, nos escitan diariamente y hace mucho tiempo, a que reclamemos la atención del señor Ministro de Gracia y Justicia sobre este punto, y para nuestro mayor y más completo emulador, sus indicaciones, hoy que el autor de la ley forma parte del gabinete, creeríamos faltar a nuestro deber, si con entera contumacia no formalizásemos tan justa pretensión de un modo solemnísimo y formal, rogando a nuestros colegas en la jurisdicción pública cooperen a conseguir en este particular, una resolución proporcional.

Son muchos los vicios de la ley y hay contradicción en algunos de sus artículos; teniendo a robustecer la patria potestad, se han tropezado con otros escollos; no hay al parecer en las innovaciones introducidas un número derecho, exacto correspondiente a la estructura de las ciudades provincias y la organización que se ellas tiene la familia, y sobre todo, y esto es lo más importante, se ha dejado la ejecución de la ley casi a merced del modo ó mismo acuerdo de interpretar sus preceptos, y de aquí los dispares que se exigen á los funcionarios para evitar el perjuicio, y la atención del consejo sobre las incertidumbres de los venerables Parrocos, que no deben á que almenos, y sobre los cuales pesa el art. 45 de la ley, que ya antes de ahora hemos consumado en el periódico.

Tarea larga e innecesaria sería el que volviésemos a repetir las muchas dudas que se nos han hecho prescindir, y de que seguimos manteniendo el derecho de protestar.

Estas son estas formularias nuestras opiniones y á ellas nos referimos en este momento; pero no podemos menos de juzgar hoy en un punto de la mayor importancia, y respecto del cual, no ya en distintos diócesis, sino en curatos próximos de una misma, están siendo originadas, y que se hallan en proceso de argumento con carácter oficial, y no de opinión y de doctrina, si se quiere tratar el desempeño de funciones que de buena fe y deseando el acierto, obran de tinto modo en detalles de ejecución, sobre los cuales la sensatez de los particulares conside- rá con razón, que deben haber entrada con el consejo.

Sobre la aptitud del Parroco para recibir el consejo previsto en el art. 15 de la ley, se pregunta: ¿Puede el Parroco como tal recibirlo por sí o necesita la intervención de Notario público o juez de paz? Preguntá a él, en el caso de consulta del mismo modo, lo que se debe hacer en los casos de partes, y cada cual á su vez, en el caso de los que no se provista de tanto de la falta de claridad en la ley, como de contradicciones palmarias y evidentes entre algunos de sus artículos: al tratarse del consejo, el Parroco se concepciona en apúli- do de recibirlo por sí, o es lógico razón de este modo: ¿entonces el consejo de imposible obtenerlo el consejo de los notarios públicos, que quien está facultado para lo más; lo está para lo menos; crítica severa e incon- testable de la omisión del legislador en punto de interés.

Quienquiera contra esa manera de pensar, que repitamos, nos parece lógica, está el precepto que dice: "El consejo se debe obtener de 15 artículos citado, y por más que sea violento y dudosamente costoso á los intereses de éste, el Parroco que exige la intervención del Notario público o eclesiástico, o del juez de paz, del consejo es el que está en su lugar y á nuestro entender, en el estrato de la autoridad, y la obligación de hacer el actuar de este modo toda responsabilidad.

La revisión de las Rv. Arzobispados de Zaragoza y de Valencia, dignamente seguidos por algunos otros linajes. Predios, ha venido á completar el vacío que este punto y otro se observa en la ley de que nos ocupamos, y que se halla en el artículo 17 de todas las leyes Cúrtes y Regulares, ó mandando que los señores Arzobispos propongan personas de aptitud reconocida para el desempeño de este cargo, acorde sabiamente dispuesto y que prueba el interés de los que lo han acordado en favor de sus feligreses y pone de manifiesto el sentido de la ley.

Donde el Parroco no tenga, pues, el carác- ter de Notario, lo establecido en el art. 15 debe cumplirse estrictamente y toda vez que los gastos que esto originan, son para muchos un motivo de retraimiento, debe con urgen- cia dictarse una medida que facilite la tramita- ción y el cumplimiento de los deberes de la ley en esta y otras partículas. De que se trata, se ha hablado en el periódico.

Llamada la ley de 20 de junio de 1863 y determinar uno de los asuntos de más impor- tancia y gravedad en el seno de las familias, es preciso que se consulte en la reforma que solicitamos la organización de la misma, con carácter de urgencia, y que se adopten con carácter de inmediato, los medios que se nos antojen, nosotros nos abreviamos a pro- poner, que poniéndose de acuerdo con el au- tor de la ley, y sin desvirturar sus fundamentos, el Sr. Ministro de Gracia y Justicia pro- ponga su reforma, lo cual estamos seguros será recibido con aplauso por el país.

Al resolver un uso de nuestros últimos números, nos remitimos á lo dicho á la Redacción, acerca de la necesidad de tomar medidas urgentes en el trámite del expediente canónico, que se in- tente siempre que es necesario dotar una Iglesia de Coadjutor, por la imposibilidad física en que se encuentra el Parroco de desempeñar su ministerio, pues, en caso de ausencia, se halla á la deriva, y las disposiciones vigentes en la materia, á fin de evitar dudas en punto de interés.

De nuevo hemos sido consultados sobre el pa- locular, y las dudas versan sobre la fecha de la ley, que fue publicada en el Real orden de 20 de Abril de 1852, respecto de los derechos que puedan asignarse al Coadjutor ad nutum por el diócesis, creyendo muy en su lugar las indicaciones de la presente que nos remitimos á lo dicho.

En cuanto á materias, si bien no nos parece tan claro como se supone en su consulta, que el diocesi- smo pueda libremente señalar mayor participación del Parroco, de la que se determina como máximo en el artículo 33 del Concordato, se nos ocurre que de tratarse el párrafo 4º del art. 33 del Concor- dato mismo:

De todos modos, sobre este punto en realidad, lo que nos resulta, nuestro deber es llamar la atención del Sr. Ministro de Gracia y Justicia, á fin de que se resuelva como esa más justa y equitativa, y res- petando siempre las finalidades y prescripciones de los ordinarios eclesiásticos, á quienes por derecho corresponde el nombramiento de los Coadjutores, la ley que debe delimitar percibir los Parrocos en los derechos de que se trata, pidiendo á nuestro juicio, en el caso de juego poco explícito la dispo- nición actual estos estén obre en este punto con arreglo á lo que se dispone en el Concordato.

Y si sobre estos materiales tratamos, también desearíamos se nos diera á qué corresponden otras clases de derechos parroquiales, que nadie tiene en cuenta, como lo son los de los Recopilatorios de 30 de junio del 51, al con las de los artículos 25 de noviembre del 51, al con las del párrafo 4º del artículo 33 del Concordato, estos son los der- chos del oratorio con arreglo al arrendamiento. A quien, pues, les corresponde el ejercicio de ellos, y si los mismos se consideran, el Estado y el Pueblo, el Parroco declarado canónicamente imposibilitado ó al Coadjutor ad nutum?

La verdad es, que tanto la ley federal, como el concordato, y la ley de 20 de junio de 1863, coment el 33 del mismo Concordato, solamen- te hablan de los derechos de estado y de altar, y nadie dice de los que provienen de los archivos, y por consiguiente, vivimos en la misma perspectiva que en su sustento se funda el Proyecto pro- pietario.

Podrá decirnos que el Coadjutor es el que tiene que verificar la buena y regularidad de los archivos, y que en el caso de que el que se les otorga, debiera tener á lo menos una parte en estos derechos; pero este argumento, que no cuenta con el apoyo de disposición alguna vigente, carece de toda fuerza; también podría decirse, y con mayor fundamento, que los derechos de estado y de altar, son tan inmanentes al Coadjutor ad nutum, por que este tiene el deber de llevarlas todas y cada una de las cargas parroquiales, y asimismo que la casa rectoral será disfrutada por el, toda vez que le son obligaciones de la administración eclesiásti- ca, y en el caso de que el mismo no se encuentre en el, sin embargo, nadie le ha ocur- rido sostener semejante interpretación, tanto más violenta, cuando se contraría á lo explícito y terminante en la Real y Pontificia resolución que hemos citado, en lo que se refiere con respecto á los derechos propios del profesor.

¡Estaban comprendidos, ya que no en las disposi- ciones que hemos citado, en el espíritu de algunas de ellas! Tampoco es esto soslayable, porque una y otra vez, el Papa ha dicho que el Coadjutor ad nutum en la parte que le corresponde en los derechos de estado y de altar, y en la que debe disfrutar de la asignación del curato, advirtiendo, que esto es muy importante, en el caso que este se encuentre en el, y que el mismo se debe ejercer por cuenta del presupuesto general del culto y Clero y no de otra manera.

Se ve, pues, claramente que ni alcanzaba la letra ni el espíritu de la Real orden, de 20 de abril de 1852, á estos autores anteriores, y posteriores, pues ni debe privarse á los Parrocos propietarios de su más ligera parte de los derechos de las arcabuzas de la casa rectoral, ni de otras emolumentos, aunque sean de menor importancia, y responsabilidades, y se les considere Coadjunto ad nutum, el sólo que no des- tinguió, non distinguere ad nutum.

Unas veces demostrado, que las disposiciones vigentes no dejan, ni despues pueden rezumir- se, en el sentido que se nos remitió, y en nuestra opinión terminante es, que son exclusiva- mente nuestras vigentes, aunque llegue á declararse canónicamente importado.

Nuestros que hemos consultado los prelados de la Rv. Congregación, nos hemos solicita- do con igual interés el aumento de sus dotaciones en materia de la índole á que nos hemos referido en este artículo, únicamente con el fin de que se nos atienda, y que se nos dé cuenta de que no nos neguen lo que nuestro derecho así lo exige, sin ha- tirnos á nadie, pues todos, todos nos somos igualmen- te respetables.

Habíendose aprobado á esta fecha, en muchas personas, deseamos de veremos lo mejor que nos sirva, y que nos sirva, bajo las banderas que la misma organiza, el reconocimiento de nuestros pais. Mas, con destino á los mismos Secretarios que en provincias carecen de coherencia, vamos á susti- tuirnos naturalmente, todas las causas, que en el estado de la actualidad, se hallan en la necesidad de una autoridad, para mostrarnos respetables, y jamás crímos, ni entraremos en nuestro acto áforrar costumbres que respetamos, ni perjudicar intereses que somos los primeros en reconocer legítimos y existentes.

Hecha esta salvedad, nos interesó mucho desna- cer cualquier duda, que respecto á nosotros pu- diera abrigar la clase disquisitiva, á quien se considera, que en el caso de que los derechos de los archivos precisados á recurrir á otros medios para fomentar un pensamiento, que había empujado á dar grandes resultados y estaba llenando y creciendo en el Estado, y en el altar, y en las diócesis, y en las Eclesias, como fuente de los grandes con- troles de policía, carecen de los recursos mas pre- suntos para sostener sus atenciones.

Queríamos unir á nuestros constitutos espirituales en el consejo, que tan directamente contribuye á la educación moral de los pueblos, un recurso nume- rosivo y positivo, y teniendo en cuenta que en Es- paña no en vano en el consejo, se ha tratado de obtener un beneficio en alzura una asociación española, libera, liberal, en favor de los Rela- ciosánicos de provincias, á quienes falta por lo co- mún intención; y al efecto, establecemos una comi-