El Consultor de los párrocos (1872-07-18 00:00:00), página 6

después se hace inútil, pierde su fuerza de obligar (1).

Ahora bien; si un Concordato, por cambiar enteramente las circunstancias, ó sea por perder la fe y convertirse en perseguidor el Gobierno al cual se le concedió, dejase de ser justo y útil, ¿tendría el Papa obligación de mantenerlo? ¿Necesitaría dirigirse al Gobierno perseguidor para rogarle que se dignase entrar en negociaciones, con el fin de anular el Concordato ó la ley disciplinaria, que había dejado de ser justa y útil? Pues no se pierda de vista, que en el fondo, esta es la única cuestión.

Los efectos de todo Concordato, como de toda ley, son ordenar, prohibir, permitir y castigar (2).

Ahora bien: supóngase que la política cambie por completo en un país, y su Gobierno, por más que conserve el título de católico, en la realidad, pase a ser enemigo y perseguidor del Catolicismo. ¿Se podrán en este caso considerar como subsistentes los privilegios concedidos á este Gobierno? ¿Podrá el Sumo Pontífice ordenar que se conserven y se obedezcan las leyes que sancionan estos privilegios? ¿Podrá prohibir el que se hable ó se escriba, ó se haga cualquier clase de manifestación contra estos privilegios? En fin, ¿podrá permitir el que el Gobierno perseguidor siga usando el privilegio de hacer la elección de los Obispos, por ejemplo, ó castigar al católico y defensor del Catolicismo que crea y sostenga que el Gobierno perseguidor no puede presentar á los Obispos que han de regir y gobernar á la Iglesia que persigue?

Es, pues, evidente que en esta hipótesis, el Concordato no puede tener efectos de ley, y por lo mismo pierde su carácter legal.

El Concordato, como toda ley, tiene una razón de ser ó una causa, y el día en que esta causa desaparece, el Concordato deja de ser ley (3).

Y ¿quién duda que el Concordato, como toda ley, puede perder su razón de ser? Si, según el mismo señor La Fuente, el Concordato es una concesión hecha por la Santa Sede, ¿por qué no ha de poder anularse cuando desaparezcan las causas que autorizaron la concesión? ¿Han de poder desaparecer todas las leyes cuando desaparece su causa, y sólo ha de negarse esta facultad á los Concordatos? ¿Qué razón puede haber para negar al Sumo Pontífice un poder que en todo legislador reconoce el derecho común?

No ignoramos que los Papas en los Concordatos suelen manifestar su propósito de que las concesiones que hacen á la potestad civil, tengan el carácter de perpetuas (4). Pero ¿qué es lo que esto significa? ¿No es condición de toda ley el tener el carácter de perpetuidad? (5) Pero ¿quiere decir esto que una vez hecha una ley no pueda derogarse de ninguna manera? Nada menos. Las leyes, dicen los Salmanticenses, como miran á la comunidad ó sociedad, que por sí es perpetua, por su parte no deben fijarse ningún período de tiempo, sino que deben tener una duración indefinida, sin que esto impida el que el legislador, cuando lo crea oportuno, pueda anularla (1).

La perpetuidad sólo puede significar en este caso que la ley debe durar todo lo que dure la causa que la hace necesaria. Y, en efecto, así como el legislador tiene el deber de mirar por el bien común, haciendo las leyes que crea útiles y necesarias, del mismo modo tiene el imperioso deber de no perder de vista el bien común, aboliendo leyes, que no hayan dejado de ser útiles ó continúen siendo necesarias. Derogar estas leyes no es dirigir la sociedad ni encaminarla á su dicha, sino perturbarla y ocasionarle un gran daño. Este carácter de perpetuidad que deben tener los Concordatos, como todas las leyes, se funda en la ley eterna que, según la tan conocida definición de San Agustín, es la razón divina ó la misma voluntad de Dios, que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo (2).

Este carácter de perpetuidad, que no nace del contrato celebrado con un príncipe, sino de la misma ley eterna, es la verdadera garantía de los Concordatos. En efecto, por respeto á esta garantía, mientras sean necesarios ó útiles, el Papa no los ha derogado antes, no los deroga ahora, ni los derogará nunca.

El Sr. La Fuente y nosotros estamos de acuerdo en que los Concordatos no deben derogarse sin razón, ó por capricho; pero ¿cómo se impide que así se derogen? Para ésto pueden adoptarse dos medios, á saber:

1.º El que adoptó el Sr. La Fuente, ó sea el de suponer que, siendo los Concordatos convenios celebrados entre dos partes, no pueden derogarse por la potestad eclesiástica, sin previo acuerdo de la potestad civil.

Esta es una garantía meramente humana, muy sujeta á dudas e interpretaciones, y por lo mismo, de muy poca ó ninguna eficacia.

2.º El que adoptamos nosotros, esto es, el que, recordando que la ley eterna, ó que la moral de Dios, es ley obligatoria para todos los legisladores, impone al Papa, como á todo legislador, el sagrado deber de no anular ningún Concordato ó ley, sin causa legítima, que justifique su anulación.

Se dirá quizá que admitiendo esta doctrina, la cuestión se entrega toda entera á la Santa Sede, poniéndolo todo al arbitrio del Sumo Pontífice y no reservando nada á la autoridad civil.

Es cierto; pero esto sólo prueba que, como decía Osio en el siglo IV, el encargado debe ser para el Papa, así como el cetro es para el emperador. Nosotros no queremos que el emperador usurpe las atribuciones de la Iglesia, intentando erigirse en Papa, para que los pueblos, siguiendo el mal ejemplo que se les da, no usurpen las atribuciones del imperio, intentando convertirse en emperadores. La materia de los Concordatos es la disciplina eclesiástica, y acerca de la disciplina eclesiástica sólo debe legislar el Jefe visible de la Iglesia.

Por último, podrá decirse y ya se ha dicho, que admitiendo la teoría de que los Concordatos son indultos ó privilegios, se da ocasión á que ministros como los de Víctor Manuel, tomen esta teoría por pretexto, y fundándose en que los privilegios son renunciables, renuncien ó declaren derogados privilegios ó Concordatos como el de Nápoles (3).

Pero ¿qué fuerza tiene esta objeción? ¿No han tomado los ministros de Víctor Manuel el Evangelio mismo por pretexto para decir que el Papa no debe ser Soberano temporal? Y ¿se dirá por esto que debe prescindirse del Evangelio? ¿De qué no abusan ministros como los de Víctor Manuel, cuando intentan oprimir á la Iglesia?

(1) Salmanticenses, I. c., cap. 5, punto 6, núms. 63, 64 y 65, y Soto, De Just. et Juro, lib. I, Q. 6, art. 1, conclusión 2.
(2) Ratio divina, vel voluntas Dei, ordinem naturalem conservari jubens, et perturbari vetans.—Lib. 22, Contra Faustum.
(3) Los Concordatos, pág. 32, parf. 2.

(1) Si lex, quae utilis erat in sui foundatione, postea inutilis in totum videatur, vim obligandi amittet.—Salmanticenses, lugar citado.
(2) Imperare, vetare, permettere et punire.—Santo Tomás, lugar citado, art. 2.
(3) Cessante in totum causa, ob quam lata est lex, cessat judicium legislators de convenientia legis: ergo cessat ipsa lex.—Salmanticenses, lugar citado, cap. 4, punto 1, número 3.
(4) Lo mismo dicen Santo Tomás I. 2.º, Q. 103, art. 4, ad 3.º, Suarez, De Legibus, lib. 6, cap. 9, núm. 5, y Soto, De Justitia et Jure, lib. 1, Q. 6, art. 8.
(5) Los Concordatos, por el Sr. La Fuente, págs. 26 y 27.
(6) Tertia conditio legis est, quod sit perpetua, nullum determinatum tempore imposita.—Salmanticenses, lugar citado, cap. 1, punto 2, núm. 8.