El Consultor de los párrocos (1874-07-03 00:00:00), página 7

cer ante este Provisorato el dia 15 del corriente, y hora de las 10 de su mañana, en el local de la Secretaría de la Iglesia parroquial de Santa María de ésta; y para que los Coadjutores y Clero de ese punto comparezcan también en el indicado el dia señalado, se les citará por V. con la debida anticiplación, á fin de que no falte ninguno, pues para llevar este servicio, me hallo dispuesto á adoptar todo género de medidas, y aunque alguna de ellas sea la de reclamar EL AUXILIO COMPETENTE (1); y para los efectos que haya lugar, tan pronto como reciba el presente, me acusará su recibo. Dios guarde á usted muchos años. Mérida 5 de Junio de 1874.—Miguel Martínez.—Sr. Cura parroco de...»

Esta circular, de cuya autenticidad quisieramos poder dudar, exigiría algunos comentarios que hoy no podemos hacer. Por esto, prescindiendo de la cuestión canónica, vamos á examinarla muy brevemente y sólo bajo el punto de vista constitucional. Así se verá que solo pedimos que no se violen las leyes.

Ante todo, sabido es que el art. 21 de la Constitución vigente sanciona y garantiza la libertad de cultos en España. Según esta artículo, que se considera como fundamental, cada español es libre para profesarse la religión que quiera, entendiéndola como quiera, sin más límites que los prescritos por la moral universal. Según este artículo, pues, el titulado Provisor de Mérida no puede adoptar todo género de medidas, ni siquiera la de reclamar el auxilio competente contra los protestantes, los judíos, los musulmanes, etc., etc. Y si este señor no puede proceder civilmente contra herejes, islamitas, etcétera, por prohibirsele la ley fundamental, que sanciona la libertad de cultos, ¿cómo es que, saltando por encima de esta ley, amenaza á los Sacerdotes católicos con la adopción de todo género de medidas, sin exceptuar la de reclamar el auxilio competente? Si un Eclesiástico apostata de la fe, negando, v.g., la divinidad de Jesucristo, ¿podría hacer algo contra el el titulado Provisor de Mérida? No. Y si no puede proceder contra los Sacerdotes que apostaten de la fe ó que nieguen la divinidad de Jesucristo, ¿cómo es que se cree autorizado para proceder contra los Sacerdotes católicos que, por seguir al Sumo Pontífice, Jefe visible de la Iglesia, no siguen á un hombre cuya autoridad eclesiástica conocíamente no puede defenderse? ¡Ah, Sr. Provisor de Mérida! ¡V. no puede amenazar á los enemigos de la Iglesia, que niegan á Dios, y puede V. amenazar á los Sacerdotes católicos que creen que usted no es el Jefe visible de la Iglesia! ¿No dice á V. nada esto? ¡Que no se conceda á V. protección para que amenace á los judíos, v.g., y que se le conceda para que amenace á los Sacerdotes, que obedecen al Papa! ¿No dice á V. nada esto?

Además, V. debe saber que, según la Constitución vigente, ningún español puede ser castigado sin previa sentencia, ni sentenciado sin previo proceso, ni procesado sino en virtud de leyes civiles anteriores á la perpetración del delito. Y ahora bien, ¿qué delito han cometido los Sacerdotes á quienes V. amenaza? ¿Les señala alguna pena el Código? No. Y si el Código no les señala pena, ¿cómo se atreve V. á amenazarlos con la adopción de todo género de medidas, sin exceptuar la de reclamar el auxilio competente? ¿No recuerda V. que la misma Constitución sanciona el principio de la responsabilidad personal, sin exceptuar el caso del abuso por obediencia á órdenes superiores? ¿No ve V. que las mismas leyes vigentes facultan á los Sacerdotes amenazados por V. para llevar á V. ante los tribunales y obligarle á que ante ellos de cuenta de sus amenazas, mucho más si se llevan á efecto?

Los Sacerdotes amenazados, para ganar el pleito, no necesitan más que decir: «Invocamos la Constitución, que nos garantiza la libertad de cultos. El Sr. Provisor de Mérida no entiende la Religión como nosotros y apela á la fuerza para obligarnos á que la entendamos como él. ¿No es esto violentar nuestras conciencias? ¿No es esto atentar contra la libertad de cultos? La Constitución garantiza la libertad de cultos, sin más límites que los de la moral universal. Y, ¿es quizá contrario á la moral universal el decir que el Provisor de Mérida no es legislador infalible de la Iglesia? Si se puede rechazar la autoridad del Papa, como lo hace el Provisor de Mérida, ¿por qué no ha de poder desconocerse la autoridad del Provisor de Mérida, que no alenga en su favor ninguna promesa del Espíritu Santo? Pedimos, pues, el amparo y protección de las leyes para que el Sr. Provisor de Mérida no violente nuestras conciencias, intentando obligarnos á entender la Religión como él la entiende.»

Y, ¿qué dirán los tribunales en este caso? ¿Podrían sentenciar contra los Sacerdotes que así se expresaren? No. Por el contrario, lo único que podrían hacer sería proceder contra el que, contra toda razón y contra las leyes fundamentales, quisiese violentar las conciencias.

Más aún. El Sr. Provisor de Mérida, al reclamar el auxilio competente, tiene necesidad de citar la ley en virtud de la cual lo reclama. Y, ¿hay alguna ley que autorice al Sr. Provisor de Mérida para reclamar el auxilio competente contra Eclesiásticos que no piensen como él piensa? No. ¿Qué ley, pues, se invocará al formar el proceso? Ninguna. Por el contrario, ¿cuántas leyes pudieran invocarse para procesar á los que ilegalmente procesan?

Por hoy no decimos más acerca de este punto.

Cien veces hemos dicho que el protestantismo es la mentira y la inconsecuencia. Hoy vamos á presentar otra prueba, y prueba evidentísima de esta verdad.

El periódico protestante, titulado La Luz, en el número 150, correspondiente al 1.º de Junio de 1874, plana segunda, columna primera, dice lo siguiente: «No satisfecha la demanda de obediencia, la ley exige pena contra el trasgresor. La pena es una CONSECUENCIA NECESARIA de la trasgresión de la ley, cuando la ley se ha dado para que se cumpla, y el legislador tiene derecho y voluntad para exigir su cumplimiento. Pero la pena de la trasgresión de la ley de Dios es muerte eterna.»

De lo cual resulta que el citado periódico protestante admite:

1.º Que la pena es una consecuencia necesaria de la trasgresión de la ley.

2.º Que el infierno ó la muerte eterna es la consecuencia necesaria, la pena de la trasgresión de la ley divina, ósea del pecado.

3.º Que, por lo tanto, el que pecha ó infringe la ley divina, tiene por consecuencia necesaria la pena, la muerte eterna ó la condenación.

Esto no obstante, en el mismo número, y en la misma plana, poco después, el mismísimo periódico añade: «¿Puede el hombre ser justificado por las obras de la ley? (1) De ninguna manera.»

De modo que, según lo que ahora (2) dice La Luz, el que pecha ó infringe la ley divina, tiene por consecuencia necesaria

(1) Del brazo secular, como ya antes se ha hecho.

(2) Decimos ahora, porque como nadie ignora, en el protestantismo nada hay lógico sino la variación.