El Consultor de los párrocos (1874-04-20 00:00:00), página 2

mitar aquél, son puntos esenciales cuyo desconocimiento ó negación envuelven el menoscabo hacia los derechos superiores de la nación, y la intrusión más funesta y peligrosa á la independencia de la autoridad del Estado.

Por esto, sin duda, las reformas introducidas en 1836 no afectaban á la esencia de la institución, cuyo principio generador se mantuvo, y á ello se debe que las reglas á la sazón prescritas se conservaron y cumplieron sin reparo alguno. Por lo mismo también, las consecuencias inmediatas de los decretos de 2 de Noviembre de 1838 y 9 de Marzo de 1873, han sido de tanta importancia como gravedad en el orden civil y en el eclesiástico.

Arrancada fue por el primero de dichos decretos la jurisdicción de los Jueces propios, que Caballeros de las distintas Ordenes, ejercían conforme á Bulas, leyes, práctica y costumbres. Y si bien tan sagrado depósito se confió discretamente á la más alta jerarquía judicial del orden civil, no por ello la sección del tribunal que asumía la jurisdicción del de las Ordenes militares pudo convertirse en tribunal único y supremo para conocer de los negocios que en concepto de metropolitano desdicha aquél; ni se reformaron convenientemente los procedimientos á que debiera ajustarse; ni, por último, se organizó como verdadero tribunal colegiado en términos hábiles para facilitar los fallos de la justicia.

Por manera, que esta jurisdicción anómala vivió sin eficacia ante la imposibilidad de someterse á un tribunal de distinto fuero, á quien quedaba reservada la última instancia, y ante el conflicto de ejercer jurisdicción extraña sin procedimientos adecuados; llegándose por este camino al extremo doloroso, pero inevitable, de una verdadera denegación de justicia, y yaciendo entre el polvo y relegados al olvido gran copia de asuntos de índole benéfica y sacramental, de fuero eclesiástico y de fuero mixto.

Inerte y baldío mantuvo, no obstante, con perfecta claridad el principio de la jurisdicción especial hasta el decreto de 9 de Marzo de 1873, que, inspirado quizás por las preocupaciones del momento, y mirando en las Ordenes militares institutos privilegiados, extraños á la época y al parecer incompatibles con la nueva organización política en lo que tienen de nobiliarios, proclamó su extinción sin considerar que, no obstante las salvaguardas más ó menos explícitas en pro de la jurisdicción y de cuantos derechos correspondieran á la nación y al Estado, sería difícil colonetar la existencia de aquélla y el mantenimiento de éstos por falta de materia propia y de representación externa.

Verdad es que tan extrema consecuencia no debe deducirse del espíritu del decreto de 9 de Marzo, ni se contiene en la letra de sus disposiciones; y así lo han declarado con suma lucidez el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado. Porque admitirla, equivaldría á sostener y consentir que la soberanía es renunciable, no ya por un acto del poder soberano, sino por una decisión del Poder Ejecutivo. Y en el supuesto de considerarse éste investido de supremas atribuciones y de excepcionar competencia para decidirla, mercéd á anormales circunstancias, todavía la incompetencia absoluta del centro ministerial de donde procede el decreto sería inquestionable y la nulidad de semejante disposición evidente.

De lamentar es que la autoridad Pontificia, por no haber apreciado con la detención necesaria estas circunstancias, quizás sin cabal conocimiento de todas ellas, excitada acaso por el deseo hambriento de atender con celo y diligencia á intereses religiosos que juzgó en peligro ó abandonados, haya creído posible y hasta necesario á irremediable aplicar el principio de iure despolio que en materias disciplinares se reconoce, recogiendo, mediante la Bula Quo gratias, aquella jurisdicción que no ha sido renunciada, ni dejó de existir un solo momento. Con lo cual, y por haberse prescindido en la ejecución intentada de dicha Bula del pase, que como supremo derecho de garantía es inherente al poder soberano y objeto de expresa sanción penal contra los que lo desconocen ó vulneran, el conflicto reviste mayores proporciones con agravio de los intereses temporales y en daño manifiesto de los religiosos.

Unos y otros son igualmente dignos de consideración y respeto. Por ello, el Poder Ejecutivo de la república, firmemente resuelto á conservar íntegro y sin menoscabo el principio de la soberanía, tampoco olvida que un Gobierno prudente y discreto ha de ser la ejidá de todos los derechos y la salva guardia de todos los intereses. Desconocer que los intereses religiosos, que los intereses católicos son elementos muy principales de la vida en España, sería vano empeño; abandonarlos, insensato proceder; prestarles de ellos, improvisión funesta; contrariarlos sin causa, injusticia notoria. Nada más opuesto á la política que el Gobierno simboliza; nada más provechoso á los enemigos de la paz pública; nada más contrario á la necesidad de reposo que el país siente.

En el presente caso, el remedio es justo y fácilmente se aplica. Puesto que una concordia secular ha mantenido la jurisdicción especial de las Ordenes militares reintegrando el poder soberano en la posesión de derechos que le son inherentes, y amparando valiosos intereses tocantes á la religión; y la experiencia ha demostrado que medidas extremas en asuntos de esta índole no alcanzan jamás la eficacia necesaria, ni el tiempo las convale, ni la conciencia pública las tolera, es de justicia y altas conveniencias demandar que las cosas se restituyan al ser y estado anterior hasta que, apagadas las discordias que nos consumen y sosiegados los ánimos, pueda resolverse con aquella tranquilidad y aquella calma que son siempre seguras prendas de acierto.

Obrando de esta suerte, el Gobierno mantiene en toda su integridad los derechos de la soberanía, que no pueden renunciarse sin caer en vergonzosa abdicación, y pone justo límite á cualquiera injerencia que, so pretexto de velar por los intereses religiosos, tienda á cercenar aquélla ó lastimarla.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación del Sr. Presidente del Poder Ejecutivo de la república el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 11 de Abril de 1874.—El Ministro de Gracia y Justicia, Cristino Martos.

DECRETO

Como Presidente del Poder Ejecutivo de la república, en vista de las razones expuestas por el Ministro de Gracia y Justicia, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Queda derogado el decreto-ley de 2 de Noviembre de 1868.

Art. 2.º Se restablece el tribunal especial de las Ordenes militares con las atribuciones y facultades consignadas en Bulas pontificias y leyes de España, y conforme á lo prescrito en el art. 1.º del R. D. de 30 de Julio de 1836 y el 2.º del decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868.

Art. 3.º El tribunal lo compondrán:

Un decano, con el haber anual de 12.500 pesetas.
Tres ministros, con 11.500 cada uno, y un fiscal, con 11.500.
El cargo de decano y la mayoría de los de ministros recaerán precisamente en Caballeros de cualesquiera de las Ordenes militares.
Si por efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior alguno de los ministros no fuese en la actualidad Caballero de cual-