El Consultor de los párrocos (1872-08-29 00:00:00), página 1

EL CONSULTOR DE LOS PARROCOS.

REVISTA DE CIENCIAS ECLESIÁSTICAS.

SUMARIO.

JURISPRUDENCIA Y DERECHO CANÓNICO.
La cuestión entre el Gobierno y el Obispo de Tarazona. Respuesta del Prelado.—Exigencias del Gobierno.—Inconsistencia e injusticia del Gobierno.—Resumen de los argumentos que en su defensa emplea.

SECCIÓN DE TEOLÓGIA DOGMÁTICA.
Diputados para recibir los últimos sacramentos.—Plática acérrima.—Las ideas políticas.—Los muchos pecados.—Doctrina católica.—Miedo á los amigos.—Temor á las sonrisas de los adversarios.—Exhortación.

SECCIÓN DE TEOLÓGIA MORAL Y MÍSTICA.
Casos de conciencia. I. Nuevo comisión general de la Santa Cruzada. II. ¿Pueden los Curas parrocos dispensar en los impedimentos atribuidos á viúvas? III. ¿Qué se debe hacer con los curas que han fallecido en la diócesis de Badajoz.—Resolución de la Pontificia Sede. IV. ¿Puede resultar alguna obligación moral del matrimonio civil? V. ¿Tiene el matrimonio civil fuerza de espiritual? VI. Para el efecto de la resolución de los casos de conciencia, ¿es conveniente lo mejor que la eclesiástica?—Se examinan dos argumentos.—Recuerdos y consideraciones suplementares. ¿Por qué sigue el Gobierno en su actitud de prohibir por parte de su administración y de función á los Curas parrocos?—Se repite esta cuestión.

Noticias de interés general.—Resultados de la expulsión de los jesuitas en Alemania.—Nombra el Papa nuevos Cardenales.—El Cardinal Hohenlohe va á Roma.—Advertencia de interés sobre su publicación.

JURISPRUDENCIA Y DERECHO CANÓNICO.

LA CUESTION ENTRE EL GOBIERNO Y EL SEÑOR OBISPO DE TARAZONA.

El Obispo de Tarazona ha dirigido una comunicación al Gobierno, en la cual le dice:

1.º Que le contesta, no por deber, sino por mera cortesía.
2.º Que conoce bien sus obligaciones y no necesita que el Gobierno se las recuerde.
3.º y último. Que de los tres Eclesiásticos de su diócesis que el Gobierno supone delincuentes, uno se halla fuera de su parroquia contra su voluntad; otro ha estado ausente durante los dos meses que le permite el Concilio Tridentino, y el último no ha faltado nunca de su feligresía.

Esta es en sustancia la contestación del Prelado.

Lo que el Gobierno, sin que se sepa por qué, ni con qué derecho, le pedía ó exigía, era:
1.º Que formase causa á los tres indicados Curas parrocos.
2.º Que diese después cuenta al Ministerio de Gracia y Justicia del resultado de estas causas.

Hé aquí una cosa que nosotros no podemos ni aun comprender.

Cuando se pide justicia, se invoca siempre algún principio ó algún derecho; y ¿qué principio ó qué derecho invoca en este caso el Gobierno para exigir lo que tan imprudentemente exige?

Nosotros no pensamos para nada, absolutamente para nada, en la política. Ni siquiera nos acordamos de cómo se llaman, ó á qué partido pertenecen los hombres que se encuentran en el poder. Nos colocamos en la esfera de lo que hoy se llama el derecho constituido, y, según el derecho constituido, obra en todo del actual Gobierno, examinamos y resolvemos la cuestión.

Ahora bien: dentro del actual derecho constituido, según las leyes que hoy rigen, ¿puede el Gobierno exigir lo que tan arbitrariamente ha exigido el Episcopado?
El Gobierno hoy no protege á la Iglesia.
El Gobierno hoy no es amigo de la Iglesia.
El Gobierno hoy es, en fin, sistemático enemigo de la Iglesia.

Y, siendo así, ¿cómo quiere que la Iglesia lo considere como consideraba á otros Gobiernos que, lejos de ser sus sistemáticos enemigos, eran, por sistema, sus amigos y sus protectores? Si el Gobierno, al adoptar una política antieclesíatica, ha declarado voluntariamente la guerra á la Iglesia, ¿cómo se obstina en que la Iglesia lo trate como si no fuese víctima de una tan absurda como inicua persecución?

Además, ¿qué es lo que pide el Gobierno? ¿Qué ha de pedir? ¿Que cuiden los Obispos de la observancia de los Sagrados Canones? ¿Que vigilen para que los Curas parrocos no falten al precepto del Concilio Tridentino que les prescribe la residencia? ¡Que vean si hay Eclesiásticos que violan las consignas ó que, por olvidarse del espíritu de lenidad, tan recomendado por la Iglesia, incurran en irregularidades!

Pero, por Dios Santo, ¿qué importa todo esto al Gobierno? ¿No es el Gobierno libre-cultista? ¿No es, por lo tanto, ateo, ó por lo menos indiferente en materias de Religión? Y si el Gobierno prescinde por completo de la Religión, ¿a qué pensar en si se observan ó no se observan los Sagrados Canones? Si para el Gobierno el Catolicismo es solo un culto más, ¿qué interés puede tener en que ese culto se conforme ó no se conforme con los Canones ó con sus propias leyes? ¿Hace algo el Gobierno por averiguar si los protestantes observan ó no lo prescrito en sus antiguas Confesiones? ¿Se preocupa ni poco ni mucho con la idea de investigar si los judíos se atienen ó no á las leyes de la Shragora, ó si los musulmanes se olvidan en algún punto del Korán? Y si el Gobierno no vela ó deja en libertad á los demás cultos, ¿por qué ese empeño en vigilar ó privar de su libertad al culto católico?

Es, pues, evidente que la circular dirigida al Episcopado es, por lo menos, una inconsistencia. Y decimos por lo menos, porque acaso no fuera difícil el demostrar que en la conducta del Gobierno se envuelven un ataque premeditado á la libertad de conciencia de los católicos y una conciliación sistemática del art. 21 de la Constitución vigente, que sanciona la libertad de cultos.

Y esto es tanto más grave, cuanto que el Gobierno no tenía necesidad, ninguna, absolutamente ninguna, de proceder como ha procedido.

En efecto, antes el Gobierno podía decir que el clero disfrutaba de inmunidad, y que, por lo tanto, era preciso que sus jueces naturales lo procesasen y castigasen. Esto sería ó no fundado; pero ¿nos encontramos hoy en