El Consultor de los párrocos (1873-10-01 00:00:00), página 6

desaparecido de nuestra legislación, y pretender ponerlo en práctica, sería una arbitrariedad no solo contraria á la libertad e independencia de la Iglesia, que yo debo á todo trance defender, sino á la dignidad y decoro del Gobierno, que sin faltar á lo que se debe á sí mismo, no puede invocar las leyes derogadas del Sr. D. Carlos III, con el fin de impedir ó entorpecer la ejecución de las Bulas sumamente beneficiosas para los católicos de nuestra patria, al propio tiempo que se encuadra el cumplimiento de sagradas obligaciones eclesiásticas, se apoya en el proyecto que tiene presentado á las Cortes con el objeto de separar la Iglesia del Estado. Y si á pesar de no estar todavía sancionado como ley dicho proyecto, sólo por haber solemnemente proclamado las Cortes y el Gobierno el principio revolucionario que en el mismo se desarrollaba, ya V. E. se considera libre de las obligaciones que el Estado tenía contraídas con la Iglesia, según ha sucedido en un caso muy reciente, la lógica de acuerdo con la justicia exigir, que considere también abolido de nuevo el pase en unión del Patronato Real, de los derechos y regalías legítimas que disfrutaban los reyes católicos de España, pues aun cuando todos estos privilegios y prerrogativas de la Corona dejaran de existir por consecuencia de disposiciones anteriores á la proclamación de dicho principio y por efecto de la revolución que los hizo desaparecer con el trono secular que derrumbó, el Gobierno, á mayor abundamiento, los ha renunciado expresamente en el referido proyecto.

¿Cómo después de todo esto, se intenta entorpecer por la falta del pase la ejecución de las mencionadas Bulas? Para continuar ejecutando sus disposiciones hasta conseguir su fiel y exacto cumplimiento, tengo un derecho indisputable que me garantizan las leyes y que no me es licito renunciar, y me halló ligado con una obligación muy estrecha de conciencia, de la que no puedo en manera alguna prescindir. Abrigo la esperanza de que reconocido así el Gobierno, desistirá de su propósito de que se cumpla por mí lo previsto en la orden que me ha comunicado ese ministerio, y que no me suscite nuevos obstáculos en el desempeño de mi comisión, que siendo de naturaleza puramente eclesiástica, se halla libre de su intervención oficial, entre otras razones, por ser ésta incompatible con el lamentable y funestísimo error que sostiene y de que hace alarde en sus discursos, actos y disposiciones, cual es, que el Estado y sus dependencias no tienen el deber de profesar ninguna religión, y que éste solo alcanza al particular y al individuo, con la libertad de escoger la que mejor les acomode ó de quedarse sin ninguna.

A un Gobierno que tiene adoptado ese absurdo e irreligioso principio como regla de su conducta, ¿qué le importa el encargo con que me ha honrado la Santa Sede? Su fiel y exacto cumplimiento, ¿puede acaso, con arreglo á dicho principio, afectar á los intereses públicos y generales del Estado? No; considérese desde el punto de vista que se quiera este asunto, habrá que convenir en que solo interesa á los católicos, por ser ellos los únicos que han de experimentar los provechosos efectos, que en lo concerniente al bien espiritual de sus almas y al mejor régimen de la Iglesia, producirá el cumplimiento de los citados documentos pontificios.

Es tan generalmente reconocida la necesidad de que se exijan, que creo poder afirmar que no habrá en la nación católica alguno que se oponga directa ó indirectamente, de un modo manifiesto ó oculto, á la ejecución de lo que en los mismos se ordena. Todos, eclesiásticos y laiculares de las jurisdicciones privilegiadas suprimidas, acatarán gustosos y sumisos las disposiciones que contienen, y con especialidad los nobles caballeros de las Ordenes Militares. Recibieron la fe de Jesucristo antes que el hábito religioso, que con tanto honor visten, y que les impone obligaciones muy sagradas de defender esa misma fe y de profesárla públicamente. Así lo han hecho en todos tiempos, y en el nuestro dieron un brillante testimonio de su puro y acendrado catolicismo, cuando de un modo ejemplar, antes que se concediera á la Bula dogmática Ineffabilis Deus el famoso pase, que después fue preciso anular, se congregaron los de las cuatro Ordenes Militares con su augusta Gran Maestre á la cabeza en la suntuosa Iglesia de San Isidro de Madrid, para tributar al Señor solen- nes acciones de gracias por haberse definido en esa Bula como dogma de fe la piadosa creencia, que respecto á la Inmaculada Concepción de la Virgen, había defendido siempre con santo entusiasmo la nación española.

No serán, por consiguiente, esos ilustres caballeros, ni el instruido y respetable Clero de las mencionadas Órdenes, así como tampoco los beneméritos Sacerdotes y demás subditos de las otras jurisdicciones suprimidas, los que echarán de menos el pase para el cumplimiento de las Bulas, cuya ejecución me está cometida, sabiendo, como saben, que es un error condenado por el Sacrosanto Concilio Vaticano, en la Constitución dogmática Pastor eternus, sostener que se puede fácilmente impedir la libre comunicación de la Cabeza suprema con los pastores y los fieles, ó que sin el beneplácito de la potestad secular no tiene fuerza ni valor alguno nada de cuanto por la Sede Apostólica ó por autoridad de la misma se establezca para el gobierno de la Iglesia.

Esté seguro V. E. de que si llegara el caso, que espero no ha de llegar, de que el Gobierno insistiera en su propósito de suprimir el pase las indicadas Bulas, todos se adherirían expontáneamente á esta reclamación, y antes de exponerse á faltar á sus deberes de cristianos e incurrir en los anatemas de la Iglesia, se unirán conmigo para decirle con mucho respeto al mismo tiempo que con la firmeza de valerosos católicos: Se debe obedecer á Dios antes que á los hombres.

Dios guarde á V. E. muchos años. Valladolid 6 de Setiembre de 1873.—Juan Ignacio Cardenal Moreno, Arzobispo de Valladolid.—Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

DOS ATROPELLOS MÁS.

El alcalde de Peñafiel va teniendo no solamente imitadores, sino quien lo excede en arbitrariedad e injusticia contra el Clero. No nos extraña. La revolución profesa á la Iglesia un odio instintivo; pues el espíritu de propia conservación la dice que con la legitimidad inflexible de su autoridad, su imperio no ha de ser muy duradero; y por esto no puede mantener con el Clero más relaciones que las del odio y la persecución, ya so- lapada, ya franca y resuelta. Inspirado, quizá sin saberlo, de este espíritu, el alcalde de Baltanás ha dirigido al Económico de la parroquia, como presidente de la junta colectora de li- mosnas para el culto y Clero, la siguiente comunicación:

«En vista del decreto de 20 del actual del Gobierno de la república, por el que se suspenden las garantías constitucionales en todo el territorio de la nación, y se pone vigente la ley de orden público de 23 de Abril de 1870, de conformidad con las atribuciones que me concede el art. 2.º de esta ley, he acordado ordenar á V. se sirva suspender la petición que, en pretexto de entrar necesidades del Clero, se están permitiendo hacer á los vecinos de esta villa, para considerar dicho acto causa ó motivo de temor del orden público. De declarar enterados y estar dispuestos á cumplir lo que les quede ordenado, me acusarán recibo, pues de no hacerlo así, me veré en el preciso caso de tomar las medidas que crea procedentes. Dios guarde á V. muchos años. Baltanás 22 de Setiembre de 1873.—Ca- milo Ruiz.»

Esta disposición del alcalde de Baltanás es tan injusta como injuriiosa al Clero. Es injusta, porque si bien el artículo 3.º (no el 2.º que cita el alcalde) de la ley de orden público fá- culta á la autoridad civil para adoptar cuantas medidas pre- ventivas y de vigilancia concepciones convenientes á fin de as- garar el orden público, esta facultad, para proceder en justi- cia, ha de ejercerse siempre fundándose en motivos racional- mente verdaderos que aconsejen la conveniencia ó necesidad