El Consultor de los párrocos (1874-09-11 00:00:00), página 3

nombres que llevan las cosas; pero parecerá, por el contrario, muy fundado y muy exacto á todo el que, prescindiendo de las apariencias, que tantas veces engañan, examine las cosas mismas y vea por sí lo que realmente hay en ellas y detrás y al lado de ellas.

La potestad civil, en cuanto á la parte nominal, conserva casi todos los impedimentos canónicos; pero, ¿los conserva en cuanto á su esencia? La naturaleza de un impedimento consiste, no en el nombre que se le da, sino en la fuerza que recibe de la ley en la cual se funda. Así es, que la naturaleza de un impedimento de derecho natural, vg., como el ligamen, consiste en tener una fuerza superior á todas las potestades humanas, é no poder ser dispensado por nadie. Y, ¿reconoce la ley civil esta fuerza en algún impedimento? No. Luego los impedimentos civiles se distinguen por su naturaleza de los impedimentos canónicos.

Digamos en tercer lugar que los impedimentos canónicos se distinguen por sus fines de los impedimentos civiles. Nada más fácil que demostrar esto.

Los impedimentos canónicos se encaminan á preservar el matrimonio, ó á librar á la familia de todo lo que pudiera ponerla en contradicción con la ley natural, con la ley divina, con la conveniencia religiosa, con los principios fundamentales del orden social, y hasta con las máximas permanentes de la buena política. Los impedimentos civiles, por el contrario, no tienen ninguno de estos fines. No tienen el natural ni el divino, porque presiden de toda ley que no sea meramente humana. No tienen el eclesiástico, porque se fundan en leyes sistemáticamente separadas de las de la Iglesia. No tienen el social, porque la política moderna, que no reconoce la ley natural, no puede reconocer bases sociales que no puedan ser alteradas por la potestad civil. En fin, no tienen ni aun el fin civil, porque la política moderna, que se funda en el flujo y refljo de las mayorías, de suyo tan inconstantes, excluye todo lo que no sea inconstante y variable, como el principio que le sirve de base y le da la vida. La política moderna no ve en lo civil nada, absolutamente nada, que por su propia naturaleza tenga carácter de permanencia.

Aunque muchos no vean ó no quieran ver esto, porque son muy pocos los que, aceptado un falso principio, se atrevan á llegar hasta sus últimas consecuencias, es, no obstante, ciertísimo que la política moderna, que rechaza la ley natural ó no admite nada superior al Estado, no ve, ni lógicamente puede ver en la propiedad y en la familia, sino cosas que existen, porque aún no ha habido una ley que venga á negar su existencia. En el sistema moderno la propiedad no es más que una cosa que existe, porque la ley quiere que exista, y que pudiera no existir si la ley quisiera que no existiese. De la misma manera, dado el sistema materialista, hoy tan preponderante, la familia ó la sociedad conjugal es sólo una unión civil, que puede disolverse d’afrentarse, según el capricho de las potestades civiles. De aquí que, lógicamente hablando, en el sistema moderno no pueda haber, ni propiedad ni familia. Admitida la lógica del error, que es la que hoy se admite, la propiedad y el matrimonio no son cosas permanentes, sino interinas, porque sólo viven lo que las fracciones políticas triunfantes quieran que vivan.

Sentados estos principios, nada tan fácil como el comprender la diferencia esencialísima que existe entre los fines de los impedimentos canónicos, que se encaminan á salvar el matrimonio, como institución natural, divina, religiosa, social y necesariamente permanente, y los impedimentos civiles que únicamente se proponen rodear de ciertas formalidades el matrimonio, considerado como institución exclusivamente mundana y sujeta á todas las mudanzas de la política.

Digimos en cuarto y último lugar que los impedimentos canónicos se diferencian por su sanción de los impedimentos civiles. Y en efecto, los impedimentos canónicos, si son de derecho natural, tienen su sanción en la ley eterna; si son de derecho divino, se sancionan por la divina revelación, y si son, en fin, de derecho eclesiástico, están sancionados por la potestad eclesiástica, encerrada siempre dentro de los límites que le señala la tradición apostólica ó que fijan los sagrados Cánones. Los impedimentos civiles, por el contrario, no tienen otra sanción que la de la potestad civil, que, por carecer de base permanente, hoy puede estar en manos de hombres que crean en la indisolubilidad del matrimonio, y mañana en poder de personas que crean que la familia es solo una asociación que puede disolverse con la misma facilidad que se constituye. De lo cual resulta que los impedimentos civiles, ó no tienen sanción ninguna, ó, por lo menos, carecen de una sanción que tenga carácter de permanencia.

De lo expuesto se infiere con toda evidencia que no pueden confundirse de ningún modo los impedimentos canónicos y los impedimentos civiles. Se infiere también con toda evidencia que la dispensa que da la potestad civil con fines y efectos puramente civiles, no exime de ningún modo de la obligación eclesiástica e indispensable de obtener la dispensa canónica ó de la Santa Sede, que es la única que puede surtir efectos morales y religiosos. Mientras no se obtenga esta dispensa, el sacramento será nulo.

Según aparece de varias consultas que de diversos puntos se nos han dirigido, hay quien está en la persuasión de que la potestad civil puede establecer impedimentos canónicos ó arrojarse el derecho de dispensar en los ya existentes. Nada más falso ni más absurdo. El matrimonio, como institución natural y religiosa, no pertenece ni puede pertenecer de ninguna manera á la potestad civil. Esta potestad tiene una esfera propia, que es enteramente distinta de la esfera de la potestad eclesiástica. Cada potestad, pues, tiene su esfera propia, y en ella ejerce sus propias atribuciones. El sacramento pertenece á la esfera de la potestad eclesiástica, y, por lo mismo, acerca de él no puede legislar la potestad civil.

Contra esto podrá decirse: «Si la dispensa civil no exime de la dispensa canónica, los contrayentes se verán obligados á obtener dos dispensas, lo cual podrá serles molesto en muchos casos.»

No lo negamos; pero el mal está, no en la Iglesia, que no puede abandonar la defensa del matrimonio, como institución divina, sino en la potestad civil que, por fines que ahora no calificamos, se ha obstinado en complicar esta cuestión. Las reclamaciones ó suplicas se han de dirigir, no á la Iglesia perseguída, sino á la política moderna que, ciega por su espíritu de odio y su amor á la persecución, con tal de suscitar obstáculos á la Iglesia, no vacila en imponer gravísimos terribles á los pueblos. Lo que hay que hacer, pues, es suplicar y representar una y cien y mil veces, hasta conseguir que la potestad civil comprenda su error y emprenda distinto camino.

Otros dicen: «Si la dispensa concedida por la potestad civil fuese nula, el Papa y los Obispos hubiesen protestado contra ella.»

Esta objeción es completamente absurda. En primer lugar, porque el Papa y los Obispos han protestado cien veces contra el matrimonio civil, declarando pública y solennemente que los casados únicamente por lo civil no pueden considerarse como casados ante la ley moral ó ante Dios. Y en segundo lugar, porque el mismo autor de la ley del matrimonio civil tuvo cuidado de manifestar que sus dispensas eran de carácter puramente civil y no eximían de la obligación de obtener las dispensas católicas. El error, pues, sólo está en