El Consultor de los párrocos (1876-03-10 00:00:00), página 6

doctrina la encontrarán resumida en la obra publicada poco há por el doctor D. Miguel Sánchez, titulada: Expositio Bulle Sancte Crucis, que ya hemos recomendado á nuestro Clero y que volvemos á recomendar.

Queremos también que, sin perjuicio de las pláticas, exhortaciones y demás que los encargados de nuestras Iglesias hagan á sus feligreses acerca de esta materia, les lean en un dia festivo, si les pareciere el mismo de la publicación de la Bula, esta nuestra exhortación pastoral que dirigimos á todos, llenos de celo por la salvación de sus almas, y de amor y caridad, con la que, de lo intimo de nuestro corazón, les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Dada en Calahorra á 4 de Febrero de 1876.—Gabino, Obispo de Calahorra y la Calzada.

Exposición que en defensa de la unidad católica dirige á las Cortes generales del reino el Cardenal Arzobispo de Toledo en unión de los demás Prelados de esta provincia eclesiástica.

Al Congreso: El Cardenal Arzobispo de Toledo y los demás Prelados de esta provincia eclesiástica, acuden respetuosamente al Congreso con la petición de que se consigne en la ley fundamental del Estado, que la Religión católica, apostólica, romana, única verdadera, es la que profesa la nación española, y que se prohibe en su territorio el ejercicio de cualquiera otro culto.

Nada á la verdad más distante del ánimo de los exponentes, que el intentar mezclarse en ninguna de las cuestiones puramente políticas que van á decidir las Cortes. Como Prelados y como españoles deseamos que á todas ellas se les den soluciones sabias y justas, y asimismo tienen el mayor interés en que cuantas leyes dicte la representación nacional sean dignas de los renombrados legisladores de Castilla, y tan acertadas, vigorosas y estables, como lo requiere la situación del país y el bienestar de esta nación magnánima, por cuya felicidad y engrandecimiento dirigen sin cesar oraciones al Cielo.

El fial desempeño de su sagrado ministerio les obliga sin embargo á presentar al Congreso la anterior petición, que en sus términos es idéntica á la que los Prelados de esta provincia eclesiástica formularon ante las últimas Cortes Constituyentes, cuando en ellas se trató de la gravísima cuestión religiosa. Entonces pidieron, como piden hoy, que se conserve y mantenga legalmente en España la unidad católica, y esta petición fué fundada en razones que nadie ha podido contestar y menos rebatir hasta ahora. ¡Tan poderosas y convincentes son! En cambio, todos los argumentos en favor de la libertad ó tolerancia de los falsos cultos han sido pulverizados con razonamientos tales, que bien puede afirmarse con verdad que el salvador principio de nuestra unidad religiosa está ya, como ha debido estar siempre, fuera de toda controversia.

Solo falta que se consigne en la Constitución de que van á ocuparse las Cortes generales del reino; y esto es lo que viene á pedir los exponentes al Congreso, confiados en que no podrá menos de acceder á tan justa petición, si es que quiere que la nueva Constitución tenga fuerza y eficacia legal, y no corra igual suerte que la de 1869, que por haber sido formada en el hervor de las pasiones revolucionarias que no pudieron calmar expertos y eminentes hombres de Estado de opuestas convicciones; haber herido en lo más vivo los sentimientos del país al resolver la cuestión religiosa, y vulnerado los principios de eterna justicia que rigen en la materia, fué abolida de hecho, según se asegura en un augusta y memorable documento; siendo sin duda la causa de esta abolición, que es el modo más humillante de anular una ley fundamental, el haber sido considerada desde que se promulgó nula de derecho, como lo es toda ley contraria al bien público y á esos invariables y sacrosantos principios, no meras entidades en el nombre de ley jurídicamente hablando, porque ley tanto puede decirse como ley, como mandamiento, como castigo escrito que liga á premiar la vida del hombre que no faga mal, e instruir, e enseña el bien que el hombre debe hacer y no hacer. Y la ley de Parliada, de donde son estas admirables palabras, como sabe el Congreso, añade: E otrost es dicha ley, porque todos los mandamientos della deben ser leales, e derechos, e cumplidos según Dios, e según justicia.

Tales son los caracteres de la ley para que sea verdadera ley; y claro es que le faltarían todos á la nueva Constitución si, lo que no es creible, llegara á sanctionar la llamada libertad o tolerancia religiosa, porque en vez de mostrar, enseñar el bien que el hombre debe hacer, e usar, le tigaria, e apremiaría que practice el mal, como es el obligarle á que respeta, ó mire con indiferencia, lo que puede reducir en detrimento de su fe y la de sus hijos y ocasionar la perdición de sus almas; el faltaría á la parte de uno puramente de apostatar de esa misma fe, e hacerse hereje, judío, ateo, ó lo que mejor le parezca; y el precisarse á que admita como honesto y lícito, y aun á que apruebe como beneficioso y bueno, lo que la Religión prohíbe y la moral condena.

Sus mandamientos tampoco serían leales, e derechos, e cumplidos según Dios, e según justicia, sino todo lo contrario, porque perjudicarían en alto grado á los más caros y vitales intereses de la nación, y pugnarían además con la ley de Dios y con las sublimes enseñanzas y doctrina de la Iglesia católica. No obligarian en conciencia, pues antes hay que obedecer á Dios que á los hombres; ni el poder público podría encontrar razón, ni manera de justificarlos ante el país y ante el mundo, porque la verdad es, que la historia no registra ni un solo caso de que se haya impuesto, ó se quiera imponer, la libertad ó tolerancia religiosa á un pueblo como el nuestro, que las rechaza, y que en el trazado de los siglos ha conservado á costa de innumerables sacrificios su unidad católica. Y en vano sería que ese poder contase con la suficiente fuerza para llevar á cabo y hacer ejecutar los expresados mandamientos de los votos, porque por eso quedarían estos purgados del vicio que les invalida y anula legalmente, ni se borraría el sello de la arbitrariedad y de la injusticia á que debieron su origen.

No: no serían ley, sino un abuso de poder, un acto de opresión y de violencia, contra el cual clamarian á una voz la religión, la moral, la justicia, el derecho y la honrada sociedad española. Contra él clamarían también los exponentes; y en su doble cualidad de Prelados de la Iglesia católica y de españoles, protestarían además énergicamente, como desde ahora protestan ante Dios y ante los hombres, si es que se trata de sanctionar otra vez en la nueva Constitución, en una u otra forma, la libertad ó tolerancia de los falsos cultos, destruyendo de un golpe la obra secular y magnífica de nuestra unidad religiosa.

No es posible que las Cortes generales del reino acuerden tan infame y demostrada medida, ni que se presten á hacer lo que está vedado á todo católico; lo que ha de desagradar y ofender altamente á la mayoría inmensa de los españoles; y lo que madre puede aprobar y menos aplaudir como son cuatro extranjeros y unos cuantos incrédulos y racionalistas, enemigos encarnizados, lo mismo los unos que los otros, de la religión de nuestros padres, y que sólo aspiran á arruinarnos por completo.

En su penetración habrá adivinado ya el Congreso, que lo que las Cortes no pueden hacer sin faltar á gravísimos deberes, es el dar su autorización para levantar altar contra altar donde se adora al verdadero Dios del modo que quiere y manda se le adore; para que en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y hasta en nuestras aldeas, se establezcan en daño de sus habitantes cátedras de pestilencia y sinagogas de Satanas; y para que cualquier aventurero ó mal español, cubierto con el repugnante y asqueroso disfraz del sacerdote, pueda penetrar en el con el mayor descaro y de la manera más osada, atacar todos los dogmas del Catolicismo, ridiculizar los misterios más augustos, transformar las ceremonias más sagradas, y desprezar los puntos más capitales de la disciplina, como está sucediendo en la actualidad. Tamaños excesos, escándalos tan inauditos, no pueden ser autorizados por las Cortes, ni por nadie que no haya perdido todo sentimiento de religión, toda idea de honor y de justicia. Sería una afrenta para el país, una vergonzosa ignominia que el Congreso no puede consentir, así como los señores diputados tampoco han de querer que por culpa suya haya quien pierda á sus hijos, seduzca á sus hijas, ponga asechanzas á la fe de sus esposas, introduzca la perturbación en las familias, y lleve la discordia y la desmoralización á los pueblos.

Esto y mucho más hay que temer desde el momento que desgraciadamente de nuestra patria la unidad católica; porque con tantos elementos de perversión y de inmoralidad como se irían haciendo en ella, se verían amenazadas de parecer, no sólo la pureza y la santidad de las costumbres, sino la vida misma de la sociedad. Y lo que alarma y alligo también es