El Consultor de los párrocos (1873-08-07 00:00:00), página 2

Habrá quizá quien crea que esto no es más que una cavilidad o un exceso de suspicacia por nuestra parte. ¡Quiere Dios que así sea! ¡Plegue al Cielo que nos equivoquemos! Sin embargo, no se olvide que hemos comenzado por asegurar que en el art. 2.º se tiende a lazo hipócrita a la Iglesia. Conocemos muy bien a ciertas gentes, y sabemos que, aun en la hipótesis de que deseen hacer el bien, no podrían hacerlo por no ser libres para ello.

Todas estas disposiciones, antes de presentarse en público, se examinan en secreto y en otros sánctos que no necesitamos nombrar. Además, los enemigos del Catolicismo tienen compromisos con asociaciones extranjeras, que no les permiten obrar ni aun pensar con libertad.

Esto supuesto, medítense en lo que puede significar el adjetivo español añadido á las palabras Iglesia católica, sin perder nunca de vista que lo que tememos es que se haga mañana en España lo que hoy mismo se está haciendo en Prusia y donde quiera que el gobierno protestante y perseguidor de Prusia puede ejercer su mafélica influencia.

Dice también el art. 2.º: «La Iglesia católica española y demás corporaciones religiosas.»

¿Qué es esto? ¿Qué diferencia existe entre la Iglesia católica española y las demás corporaciones religiosas que haya en España? ¿Se desconoce acaso que las corporaciones religiosas pertenecen á la Iglesia? ¿Por qué se habla así? ¿Hay aquí ignorancia ó mala fe?

Como ya hemos visto, en el art. 1.º se asegura que la Iglesia tiene derecho de poseer. En el segundo, sin embargo, se niega ó se reduce á nada esta derecho, sometiéndole la propiedad de la Iglesia á dos condiciones que son por lo menos bastante extrañas.

La primera condición es hasta un atentado contra los derechos individuales. En efecto, consiste en suponer que «la Iglesia posseará en la forma que las leyes determinen.»

Y se dice que esto es dar libertad á la Iglesia ó separar la Iglesia del Estado. Esto, por el contrario, es excluir la Iglesia de los beneficios del derecho común, y someterla á una legislación absurda, que en nada se diferencia del antiguo regalismo.

Ya, pues, lo ven nuestros lectores. Por más que se hable de separación, siempre se piensa en la persecución.

La segunda condición, á que se sejta la propiedad de la Iglesia, es un crimen y además una vejación insultante. Un crimen, porque se niega á la Iglesia el derecho de poseer, que es natural y divino, que nadie puede negar ni impedir, y una vejación insultante, porque, sin razón ninguna, se presenta á todo el Clero como sospechoso, ó como capaz de cometer abusos repugnantes, que jamás ha cometido.

En efecto, en el nuevo proyecto de ley se resueltina una real cédula, incluida en la Novísima Recopilación, en la cual se intenta hacer creer que los Confesores arriñan á las familias de los moribundos y que por lo mismo se necesita ejercer continua vigilancia sobre ellos.

¿No es esto una nota de infamia para el Clero? Sí. Y ¿tiene el Gobierno derecho para arrojar esta nota infamante sobre todo el Clero? Claro es que no. ¿Por qué, pues, se procede así? ¿Por qué se resueltina una ley perseguidora de Carlos III, en los momentos mismos en que se habla de la separación de la Iglesia y el Estado?

Además, en la Constitución de 1869, y en el nuevo proyecto de Constitución, se establece que ni aun por las leyes se adoptarán medidas preventivas. Y ¿qué se hace al desenterrar la absurda e inútil ley de la Novísima, sino adoptar una medida y hasta imponer una pena pura y exclusivamente preventiva? ¡Hasta la Constitución se infringe para tener el placer de vejar al Clero católico!

Por último, ¿se separa ó no se separa la Iglesia del Estado? Si no se separa, ¿por qué se nos habla todos los días de completa y absoluta separación? Y si se separa, ¿por qué se desenterraran antiguas leyes regalistas y perseguidoras? Si existe en realidad la separación, ¿cómo habla todavía la ley de la intervención del Gobierno hasta en la administración de sacramentos?

Si se proclamase de buena fe la separación, diría el Gobierno: «Yo no sé si los moribundos se confiesan ó no, ó si testan ó no en favor de sus Confesores. Yo no puedo adoptar ninguna medida preventiva acerca de este punto. Si algún Confesor delinque, previa la queja de la parte agravada, se le juzgará según la ley común.»

Si el Gobierno fuera lógico, si hablase sinceramente de la separación, esto es lo único que podía y debía decir. Pero, ¿es esto lo que dice? No. Por el contrario, en el mismo instante en que habla de establecer la separación, legisma como legislaba Carlos III. ¿No es esto reirse del mundo? ¿No equivale esto á confesar que la separación en la realidad no es más que persecución?

Según el art. 3.º, el Estado renuncia «al ejercicio del derecho de presentación de todos los cargos eclesiásticos vacantes ó que en lo sucesivo vacaren, sean los que fueren su clase y categoría, pero sin perjuicio de los derechos de patronato laical.»

Aquí se renuncia á todo y no se renuncia á nada. ¿Qué anomalía! ¡Proclamar la separación y empeñarse en mantener el patronato laical!

Pero, ¿qué se entiende por patronato laical? El patronato se refiere á la Iglesia, y da alguna jurisdicción ó concede algunas atribuciones en lo relativo á la disciplina de la Iglesia. Y siendo esto así, podrá haber algún patronato, que sea puramente laical, ó que nazca de la autoridad civil? Claro es que no. Además, si se sienta que la autoridad civil puede por sí sostener un patronato, se niega hasta la posibilidad de la separación ó se proclama la absorción de la Iglesia por el Estado. ¿Es esto acaso lo que se desea?

Pero, si el patronato laical no es esto, ¿qué es? ¿Es el antiguo patronato real? Entonces no es más que una concesión, hecha por la Iglesia, que la misma Iglesia puede revocar. Además, esta concesión suponía como condición indispensable, el mantenimiento de la unidad católica.

Rota, pues, la unidad católica ó proclamada la libertad de cultos, el patronato real dejó de existir por sí mismo. Y si ha dejado de existir, ¿cómo lo invoca todavía el Gobierno?

Y aún hay más. Separación y patronato son cosas que mutuamente se excluyen. La separación significa que el Estado no interviene para nada en lo relativo al Gobierno de la Iglesia, y patronato quiere decir que el Estado aspira á tomar parte en lo que se refiere al Gobierno de la Iglesia. ¿Cómo, pues, se proclaman el propio tiempo la separación y el patronato? ¿Se quiere que Europa entera se ría de nosotros?

Por el mismo art. 3.º el Estado renuncia también «la jurisdicción y derecho de toda clase relativos á todas las jurisdicciones exentas señaladas y reconocidas en el art. 11 del Concordato sancionado en 17 de Octubre de 1851.»

Esto es hasta curioso. El Gobierno, que acaba de suprimir las órdenes militares y los Capellanes castrenses, hace ahora la grosería de renunciar á lo que ha suprimido. ¿Qué leyes! ¿Qué legisladores! Y ¡hay todavía quien cree que se piensa en legislar con formalidad!

El Estado renuncia igualmente «al pase ó Regium exequatur de todas las Bulas, Breves, Rescriptos pontificios, dispensas y demás documentos que proceden de las autoridades eclesiásticas, correspondiendo al fuero y legislación común la persecución y castigo de los delitos que por éstos pudieran cometerse.»

En este párrafo se encuentran tres cosas, todas muy notables, á saber:

1.º Que se renuncia al pase régio, ó sea al examen