El Consultor de los párrocos (1874-07-10 00:00:00), página 3

yen corporación legal ó canónica. La jurisdicción eclesiástica de que han estado investidos, como ya hemos demostrado otras veces, nadie niega, se concedió por la Santa Sede, no á ellos, sino á las Órdenes mismas primero, y al Gran Maestre después. El sujeto, pues, de esta jurisdicción eclesiástica, eran los Caballeros ó el Gran Maestre, no los Eclesiásticos que en nombre y sólo en nombre del Gran Maestre la ejercían.

Y siendo esto así, como lo es, ¿cuál es la personalidad jurídica ó canónica de estos Eclesiásticos? ¿Con qué derecho se atreven á considerarse como los poseedores de una jurisdicción que ni ahora tienen ni nunca han tenido?

Añádase á esto que, entre los mismos Eclesiásticos de las Órdenes no hay unidad ni muchísimo menos. Por el contrario, se hallan divididos en tres fracciones enteramente diversas. Pertenecen á la primera los poquísimo, acaso no llegan á tres, que parecen dispuestos á llevar la rebeldía hasta el cisma, ó sea hasta sus últimas consecuencias. Pertenecen á la segunda los que desean que la Bula Quo gravissim se eje- cutase, pero sin intentar llegar hasta el cisma, sino retroceder, por el contrario, en el momento en que se vean cerca del borde del abismo. Pertenecen, en fin, á la tercera los muchos que, buscando la paz de sus conciencias, se han sometido desde luego á los Obispos exclamando con San Agustín: Roma loqueta est; causa falsa est.

Es, pues, evidente que no hay unidad en el Clero de las Órdenes. Y si no la hay, ¿con qué derecho se presenta en nombre de este mismo Clero la fracción que se opone á la Bula Quo gravissim, por más que parezca unida con la que únicamente pide su suspensión?

Añádase á esto que, hasta en opinión de los más exagerados regalistas, la retención de Bulas ha de fundarse siempre en alguna causa grave. Y, ¿hay alguna causa grave que autorice á los pocos disidentes del Clero de las Órdenes para adoptar la peligrosísima resolución que al parecer han adoptado? Pero, ¿cuál podrá ser esta causa?

¿Sería la imposibilidad de recurrir pronto á Roma por impedir la distancia y la dificultad de las comunicaciones? No, porque ahora se puede ir á Roma en cuatro días, y empleando el telégrafo, se puede obtener respuesta de la Santa Sede en muy pocas horas. Además, en este punto no ha debido haber prisa de ningún género, si se ha de juzgar por el mucho tiempo que se ha perdido. El decreto en virtud del cual se suprimieron las Órdenes militares, se publicó el 9 de Marzo de 1873. La Bula Quo gravissim se expidió cerca de cinco meses después, el 14 de Julio del mismo año. Y, cuando se presentó la protesta ó súplica de los disidentes? ¡En Marzo de 1873, cuando se vio en la Gaceta el decreto del Gobierno! No. Los disidentes no se atrevieron á formular ni aun la más timida protesta contra este decreto. ¡Solo han mostrado energía para protestar contra el Sumo Pontífice, y esto cuando se han creído apoyados por la potestad civil! ¡Qué hecho tan eloquente! Pero si no protestaron contra el decreto de Marzo, que era lo que más les perjudicaba, ¿se apresurarían al menos á presentar sus observaciones contra la ejecución de la Bula de Julio? No. Por el contrario, dejaron pasar los seis últimos meses del año 73 y los tres primeros del 74, sin caer en la cuenta de que podían súplicar desencerrando las antiguas máximas del regalismo. Y, ¿podrá decirse que urgía la... súplica, cuando se había dejado trascurrir tanto tiempo sin presentarla?

Pero si no había urgencia, ¿podrá asegurarse que había necesidad de suspender la ejecución de la Bula? ¿Necesidad! Y, ¿qué necesidad es ésta? ¿En qué razón se funda? Las Órdenes militares, en otros tiempos muy útiles, hoy no son más que un glorioso recuerdo, que podrá conservarse muy bien por medio del coto redondo, y que no se conservaría sino muy mal si las cosas permaneciesen en el estado anárquico en que antes de la Bula Quo gravissim se encontraban. Léjese, pues, de haber necesidad de que la jurisdicción exenta de las Órdenes continúe siendo lo que era, lo que importa es que todo lo anto- posible sea lo que debe ser. El Clero de las Órdenes percibía por consumación ó se extinguía por sí mismo. Los Fraires eran ya muy pocos, y los pocos que aún existían, eran casi todos ancianos. Además, ya no había colegios ni casas de profesos. ¿Qué situación tan lamentable! Y, ¿que haya quien se obstine en conservar este estado de cosas? Es, pues, evidente que no había ninguna necesidad que exigiese la retención de la Bula Quo gravissim ó hiciese indispensable el mantenimiento de la jurisdicción exenta.

Y si no exigía esto la necesidad, ¿podrá decirse al menos que lo aconsejaba la conveniencia? ¿La conveniencia! Pero, ¿qué conveniencia? ¿La pública? No, porque lo que exige, por el contrario, la conveniencia pública, es la armonía, que lleva consigo la unidad de la disciplina. La conveniencia pública, el interés de la Religión, no puede pedir que haya Iglesias dispersas, sin lazo gerárquico que las une, y que, por lo anó- malo de su situación, sean como un germen constante de in- disciplina. ¿Podrá suponerse que, si no la conveniencia públi- ca, lo exigía al menos la conveniencia particular? Pero, ¿qué es la conveniencia particular cuando se trata de leyes que solo han de tener á la vista la utilidad general ó el bien común? Por otra parte, ¿de qué utilidad particular se trata? ¿De la utilidad particular de las Órdenes militares? No, por que estas Órdenes, que podrán ganar mucho con el coto redondo que les concede la Santa Sede, no podrán ganar nada, absolutamente nada con que su Clero continúe como se ha- laba, ó sea caminando á paso muy acelerado hacia su muer- te por consumación. ¿Será la utilidad particular del mismo Clero de las Órdenes? Más aún. El Clero de las Órdenes, por carecer de colegios, no podía ya renovarse, y cada día veía con dolor que la muerte hacía claros en sus filas que de ningún modo podía llenar. Y, ¿que haya quien sostenga que era útil para el Clero de las Órdenes y glorioso para España este estado de cosas! Vivir así no es vivir; es postergarse para ver llegar la muerte.

No es, pues, posible alegar la conveniencia para fundar en ella la retención de la Bula Quo gravissim.

Pero, ¿podrá decirse que esta retención era necesaria á cau- sa de los grandes intereses que dicha Bula perjudicaba? ¡Grandes intereses! ¿Y, cuáles son? ¿En qué consisten? Las Órdenes militares han perdido todos sus bienes, toda su in- fluencia militar y política, toda su autoridad en el orden civil, y hasta su espíritu, como corporación religiosa. Ya no existe el Gran Maestre, el Tribunal canónico de las Órdenes se ha extinguido, y los Caballeros que, como personas particulares, brillan en el ejército, en la diplomacia y en la política; como miembros de las Órdenes, como parte de una corporación re- ligioso-militar, no se dejan ver en ninguna parte. Ni aun se les invita para que, como tales Caballeros, en representación de las Órdenes, ocupen un puesto distinguido en las fiestas populares ó del Estado. Más aún. Los Caballeros, que han sido despojados de todos sus antiguos privilegios, se han someti- do en todo al derecho común. No van á la guerra, como antes iban; pagan contribución y entran en quintas como todos los demás españoles, sin conservar fuero especial de ningún gé- nero. ¿Qué grandes intereses representan, pues, ya las Orde- nes militares? Y aun en el supuesto de que los representa- ren, ¿qué tiene que ver con estos intereses el Clero de las Or- denes? El Clero de las Órdenes era ántes lo que es hoy la ju- risdicción castrense. Los Fraires no eran otra cosa que Cape- llanes de ejército. Y, ¿puede ni aun concebirse la existencia de Capellanes de un ejército, que ya no existe?