El Consultor de los párrocos (1873-03-27 00:00:00), página 6

lo tanto, quedar incapacitado para recibir nuevos órdenes, o para ejercer los ya recibidos.

¿Y qué es en su esencia el jurado? Un tribunal destinado á fallar en causas criminales. Según la ley de enjuiciamiento criminal vigente, tit. IV, cap. II, art. 661, el tribunal del jurado conocerá:

1.º De las causas por delitos á que las leyes señalan penas superiores en cualquiera de sus grados á la de presidio mayor.

2.º De las causas por delitos contra la Constitución del Estado, contra el orden público, de rebelión y sedición.

3.º De las causas por delitos electorales.

4.º De las causas por delitos de imprenta.

Como se ve, el jurado no es un tribunal civil, sino criminal, destinado á conocer de causas graves, criminales, y, por añadidura, políticas. ¿Y qué es evidente que un Sacerdote no puede ser obligado á formar parte de un tribunal de esta índole? ¿Es siquiera conceible el que haya quien intente obligar á los Eclesiásticos á mezclarse en las luchas políticas, ó á condenar ó absolver á los roos políticos? ¿Se concibe siquiera que un Eclesiástico pueda declarar en un tribunal que un acusado ha cometido delito de sedición ó rebeldía, ó contra la Constitución del Estado, para que se le imponga la pena de presidio ó acaso se le envíe al cadalso? Esto no puede ser. El Eclesiástico no puede contribuir á que se imponga esta pena. Así es que, por no incurrir en la irregularidad, se verá siempre en la necesidad de absolver. ¿A qué, pues, esa obstinación en imponer á los Eclesiásticos un cargo que de ninguna manera pueden desempeñar?

Además, la ley de enjuiciamiento criminal vigente se ha hecho con el propósito de nivelar la legislación española con la legislación llamada filosófica de Europa. Y ¿qué es lo que ha sucedido y aún sucede en todas las naciones, en las cuales se ha admitido ó se admite el jurado? No hay ninguna en la cual los Eclesiásticos por derecho ó por costumbre, no se vean libres de formar parte de un tribunal, cuyas funciones son incompatibles con el sagrado ministerio. Y si esto es lo que se hace en toda Europa, ¿por qué no ha de hacerse también en España? ¿Hemos de ser singulares hasta en esto? ¿Hemos de creer que consiste la civilización en lo que la civilización excluye? ¿Hemos de suponer que la libertad de cultos consiste en obligar al clero á que se ponga en abierta contradicción con lo que le exige su culto? Esto es imposible. La nueva ley de enjuiciamiento criminal hasta caería en ridículo si se interpretaba de esta manera.

Por otra parte, la citada ley, en el art. 677, párrafo 4.º, declara que el cargo de jurado es incompatible con el de maestro de escuela y médico titular del municipio. ¿Y por qué se hace esta excepción? Porque no se quiere que el maestro, que debe enseñar á todos los niños, y el médico, que ha de asistir á todos los enfermos, se empeñen con las familias ó con los partidos á que pertenezcan los reos que el jurado condena. Y si se hace esta excepción en favor del maestro y del médico, ¿por qué no ha de hacerse también en favor del cura párroco? ¿No tiene el cura párroco que administrar los Sacramentos á todos sus feligreses ó á personas de todos los partidos? ¿Y no se le pondrá en un gran conflicto si se le obliga á declarar reo ó á contribuir á que arrastre una cadena ó á que perezca en un patibulo uno de sus feligreses? ¿No le acarrearía esto horribles enemistades con la familia y con el partido á que pertenece el reo? De seguro que el legislador no tuvo presente esto al redactar el párrafo 4.º del art. 677. De otra manera hubiese excluido á los Ministros del Señor, como ha excluido al médico y al maestro de escuela.

La ley, en el art. 670, dice que pueden excusarse de ser urados los mayores de 60 años, los que necesiten del trabajo manual diario para atender á su subsistencia, y los ministros de cualquier culto.

Estas tres exenciones pueden ser de grandísima utilidad en la práctica. Alegándolas oportunamente, según las circunstancias, no será difícil el librarse de un cargo que tanta responsabilidad lleva consigo y tan incompatible es con el ministerio sacerdotal.

Hay quien cree que el Eclesiástico solo puede eximirse cuando, según el art. 676, reclame en los primeros quince días de Junio para que se le excluya de las listas (1). No opinamos así nosotros. La ley no está explícita en este punto, y sabido es que no hay obligación cuando no hay ley clara y explícita que la imponga. La ley, en el art. 670, ya citado, hablando en general, y sin limitación ninguna, asegura que pueden excusarse los ministros de cualquier culto.

Si, pues, la ley no pone limitación, tampoco nosotros podemos considerarla como impuesta. Por lo tanto, al decir la ley que los ministros del culto puedan excusarse, debemos entender nosotros que se pueden excusar antes que se formen las listas, después de haberse formado, y en todo tiempo.

El derecho á ser jurado, como el derecho electoral, no es ni puede ser tal derecho en el instante mismo en que se considere como obligatorio. Los derechos políticos, ó no son tales derechos, ó han de poder ejercerse ó dejarse de ejercer con entera libertad. El jurado, ó es un empleado ó un ciudadano. Si es un empleado, no es un representante de su propia conciencia, y si es un ciudadano, debe quedar en libertad absoluta para condenar, para absolver, para abstenerse de votar y hasta para no asistir al tribunal. Entender de otra manera el jurado es atentar contra el título I de la Constitución, que reconoce y sanciona los derechos individuales. ¿Autoriza la Constitución para que se imponga á los ciudadanos la obligación de malquistarse con sus vecinos, ó de formar parte de un tribunal esencialmente criminal? De ninguna manera. Y ¿cómo se atenta contra la ley fundamental intentando imponer á los ciudadanos una obligación odiosa, que puede ser contraria á su estado, á su voluntad y hasta á su conciencia?

De lo expuesto se infiere que los Clérigos no pueden ser obligados á formar parte del jurado, y que quien piense de otra manera interpreta mal la ley de enjuiciamiento criminal, infringe la Constitución, y se olvida por completo de la civilización que tanto se pondera, y hasta de la libertad que tanto se exalta.

En vista, pues, de lo expuesto, el Eclesiástico, para librarse de tan panoso cargo, puede hacer lo siguiente:
1.º Reclamar de palabra ó por escrito ante el Juez municipal y en los primeros quince días de Junio para que, según los arts. 675 y 677, se le excluya de las listas.
2.º Si no ha hecho esta reclamación, excusarse según lo dispuesto en el par. 3.º del art. 670.
3.º Si ni aun esto bastase, citar el art. 21 de la Constitución que garantiza la libertad de cultos, y manifestar que el cargo de jurado es incompatible con el culto católico.
4.º y último. Si ni aun esto bastase, decir públicamente: «Yo no quiero ser jurado y se me obliga á serlo. Asistiré al tribunal; pero sépase que, trátese de lo que se trate, siempre he de absolver. Mi voto, sin embargo, no significa que apruebo lo malo, ni que condeno lo justo, sino que en la alternativa de absolver ó condenar, no pudiendo dejar de hacer las dos cosas, y no pudiendo condenar, porque me lo prohibe mi estado, absuelvo, que es lo que menos inconvenientes lleva consigo.»
De esta manera la parte que tenga interés en que haya sen-

(1) Este año ha sido del 25 al 31 de Enero.