El Consultor de los párrocos (1872-08-29 00:00:00), página 7

punto, las leyes civiles solo tienen valor cuando se conforman con la sana moral, y las sentencias de los juriconsultos únicamente pueden adoptarse cuando se hallan en armonía con la doctrina de los teólogos.

Prescindeamos, pues, de eso que para el efecto moral de la restitución, el municipio es un menor de edad.

También parece infundada la opinión de los que sostienen que, para el efecto de la restitución prescrita en el tribunal de la penitencia, el municipio es el legítimo representante del pueblo.

¿Puede quizá demostrarse que en lo moral, en las obligaciones de conciencia, ó sea en las restituciones que han de hacerse para bien de las almas, la Iglesia no representa al pueblo? ¿Quién ha privado á la Iglesia de esta representación? ¿Quién ha dicho que, en lo moral y en lo piadoso puedo el municipio representar al pueblo mejor que la Iglesia?

No confundamos las especies. Demos al César lo que es del César, pero sin negar á Dios lo que es de Dios.

En los pueblos hay intereses civiles y intereses morales. Son intereses civiles los que se refieren únicamente al bienestar material, y son intereses morales los que se ordenan á la justificación y eterna salvación de las almas.

Cuando se trata, por ejemplo, de reunir fondos para construir un camino, el mejor representante del pueblo es el municipio; pero cuando se trata de hacer una restitución de conciencia, ó sea de distribuir algunos fondos con el doble fin de hacer un bien á los vivos y ofrecer sufragios á los que ya han muerto, no hay ni puede haber representante más legítimo que la Iglesia.

Demos, pues, al municipio lo que es del municipio; pero no neguemos á la Iglesia lo que es de la Iglesia.

En otros tiempos, cuando la autoridad civil se creía llamada á trabajar para propagar la fe, podía mostrarse indulgencia en este punto; pero ahora que el poder civil procura por sistema algunos más y más cada día de la fe, se necesita recordar que cuando las leyes no son católicas, no pueden ser aptas para arreglar según ellas la conducta moral de los católicos.

Añádase á esto que la restitución, cuando no hay duelo cierto y determinado, es una obligación moral ó de conciencia, que no se debe hacer por conducto de autoridades que puedan invertir los fondos que reciben en objetos que sean contrarios á la moral, ó que perjudiquen en vez de favorecer á la Religión.

En este punto han de cometerse todavía en España grandísimos errores. Estamos acostumbrados á la armonía entre la Iglesia y el Estado, y ha de trascurrir mucho tiempo antes de que nos convenzamos de que la autoridad no es ya católica, y de que las leyes son ya libre-cultistas, ó atea, ó por lo menos indiferentistas.

Nos parece muy oportuno el exponer aquí una observación que, por cierto, no carece de importancia.

Antes de que hubiese en España libertad de cultos, no era raro el leer en los periódicos que los Obispos habían puesto notables cantidades de dinero en manos de los gobernadores civiles, con el fin de que las invirtiesen en obras de beneficencia. Desde que se proclamó la libertad de cultos hasta la fecha, no tenemos noticia de un sólo caso de esta índole.

Y ¿qué significa esto? ¿Podrá quizá suponerse que, durante este tiempo, no ha habido personas piadosas que hayan entregado por motivos de conciencia algunas cantidades de dinero á los Obispos? No es verosímil. Lo que hay es que, como las autoridades civiles, por ser libre-cultistas, prescindan sistemáticamente del Catolicismo, es muy natural el que la Iglesia se abstenga, por su parte, de suministrar voluntariamente fondos á Gobiernos que, por necesidad, han de emplearlos en objetos poco conformes con el Catolicismo.

Los que lean antiguos teólogos necesitan recordar que, para interpretar el derecho, es preciso tener muy en cuenta la diversa índole de los tiempos (1).

Los antiguos teólogos escribían cuando en España era una ley la unidad católica, cuando existía la Inquisición, cuando las universidades eran regias y pontificias, cuando los hospitales y los hospicios eran instituciones eclesiásticas, cuando la enseñanza no era oficialmente ateá, y cuando, en fin, la apostasía se castigaba hasta como un gran delito político. Siendo esto la ley civil, nada tan natural como el que los teólogos aconsejaren que las restituciones se hiciesen por medio de las autoridades civiles; pero, ¿se expresarían de igual modo los antiguos teólogos si escribiesen viendo lo que hoy sucede?

Añádase á esto otra circunstancia que es bastante notable. Como en España hay la costumbre de no fijar bien la atención en ciertas cosas, no se ha advertido todavía que, como las leyes han variado por completo, los municipios, los gobernadores civiles y los ministros de la gobernación de ahora no se parecen en nada, en cuanto á sus atribuciones, á los alcaldes, los corregidores y los secretarios del despacho de otros tiempos.

Por no fijarse bien en esto se hacen cabalmente las restituciones en manos de las autoridades más especialmente dedicadas á la política y que más inmediatamente están llamadas á sostener la política de separación ó anulación del Catolicismo.

Como esta es materia de tantísima importancia, tendremos por necesidad que volver á hablar de ella en muchas ocasiones. Por esto hoy ponemos punto, limitándonos á dejar señalado:

1.º Que la restitución aconsejada ó prescrita en el tribunal de la penitencia nace, no de una obligación civil, sino de la infracción de una ley moral.

2.º Que las infracciones de la ley moral son pecados cuyo castigo, hoy, sólo se halla al cuidado de la Iglesia, porque la ley, que es materialista, no piensa para nada en los delitos morales ó religiosos.

3.º Que lo que se hace por la Religión no debe redundar en daño de la Religión.

4.º Y último. Que la restitución impuesta para bien de las almas, no debe darse por resultado el suministrar recursos para facilitar el in libertinismo ó la perversión de los fieles.

QUINTO CASO.

Con verdadera sorpresa hemos leído la siguiente consulta: «Publicada la ley relativa al registro civil, y dado el completo abandono en que el Gobierno tiene al clero, ¿podrá decirse que los Curas párrocos se hallan en la obligación de servir al mismo Gobierno, que tan despiadadamente los abandona, dando las partidas de bautismo, de defunción ó matrimonio y cuantas noticias ó datos les pida, ya directamente, ó ya por medio de sus subalternos?»

Y decimos que hemos leído esto con sorpresa, no porque dudemos ni podamos dudar acerca de su exactitud, sino porque parece materialmente imposible que haya autoridades que lleven tan lejos el desprecio á la desgracia, el abuso de la fuerza y la falta de consideración á las víctimas.

¿No se ha establecido el registro civil? ¿No se ha despojado de todo carácter civil á los libros parroquiales? ¿No se ha convenido en que las gloriosas conquistas de la revolución no permiten el que los Curas párrocos sean los que únicamente conozcan el movimiento del personal? Ahora bien, si el registro civil no está ya confiado á la Iglesia, ¿por qué se continúan exigiendo partidas de bautismo, defunción, etc., lo

(1) Distingue tempora, et concordabilis jura.