El Consultor de los párrocos (1872-05-23 00:00:00), página 4

toma la molestia de enviarme el papel y los escribientes que se necesitan para poder extenderlas, dentro del plazo de 24 horas, que la ley señala y V. en todos sus oficios me recuerda.

Confío, pues, señor juez, en que V., comprendiendo la justicia y necesidad de estas observaciones, no insistirá en su empeño de exigirme sacrificios, que la razón no justifica, ni las leyes me imponen.

Dios guarde á V., etc.»

El tercer documento es un oficio de un Juez municipal, que mal entendedo sin duda de sus deberes, se expresa así:

«He oído decir, Sr. Cura, que V., afirma que ante Dios, no están casadas las personas que yo, en uso de mis facultades, civilmente caso, y, como esto es un abuso intolerable, me dirijo desde luego en queja á V., esperando que no me pondrá en el caso de evitar este mal, empleando para ello el rigor de las leyes.

También se me asegura que V. no da la absolución ni admite para padrinos á los casados solo por lo civil. Tampoco puedo tolerar este abuso. Lo que la ley autoriza es santo, y yo tengo la misión de hacer que nadie profane las leyes.»

Contestación á este tan peregrino documento:
«Desploro, señor juez municipal, con toda mi alma, el no poder complacer á V., como desearía, si me pidiese cosa que no fuese contraria á mi conciencia.

Las leyes canónicas, que la libertad de cultos prohíbe violar, me imponen el imperioso deber de anunciar uno y otro día y con voz muy alta á mis feligreses, que pecan contra el sexto precepto del Decalogo todo hombre y toda mujer que se unan sin que antes santifiquen su unión la bendición de la Iglesia. Querer que yo desconozca esto, es atentar contra la libertad de mi conciencia, empeñándose en obligarme á que niegue un artículo de la fe católica, ó diga que el matrimonio no es un Sacramento.

He leído, además, con sumo cuidado, la ley relativa al matrimonio civil, y he visto que hasta en su preámbulo hace resaltar la diferencia que existe entre el matrimonio civil y el matrimonio canónico, y su empeño en que no se confunda nunca el primero con el segundo.

En efecto, según la expresada ley, el matrimonio civil tiene efectos civiles, de los cuales debe cuidar el juez municipal, así como el matrimonio católico tiene efectos eclesiásticos, que caen bajo la única y exclusiva jurisdicción de las autoridades eclesiásticas.

El matrimonio católico, según la ley vigente, no da derecho á las herencias, viudedad, hermandad, etc., que son los efectos civiles; y, por el contrario, el matrimonio civil no da derecho ninguno á la absolución, la comunión, el ser padrino de confirmación ó bautismo, etcétera, que son los efectos eclesiásticos.

Como esto, es hasta fundamental en la legislación misma que V. invoca, abriga la esperanza de que V. comprenderá que hay jurisdicción civil y jurisdicción eclesiástica, y convendrá, por lo tanto, conmigo en que, así como el Cura se abstiene de mezclarse en la parte civil, el juez municipal debe abstenerse de pensar en la parte eclesiástica del matrimonio.

Dios guarde á V., etc.»

La cuarta y última comunicación, no desdice en nada de las anteriores. Dice así:

«No puedo permitir que se cometa el atentado de enterrar un cadáver, como en silencio y sin que doblen las campanas. Como juez municipal, ordeno á V., que sin pérdida de tiempo mande tocar las campanas ó me entregue las llaves para que las toque yo mismo. No olvide V. que vivimos en el siglo XIX y no en los tiempos de fanatismo y oscuridad.»

Contestación á este oficio:
«No puede V. calentar, señor juez municipal, cuanto siento el verme en disidencia con V. Usted que sabe cuán- to amo la buena armonía entre una y otra potestad, no dejara de conocer que debe serme imposible lo que me exige, cuando me niego á concedérselo.

Las leyes canónicas me mandan á mí que proceda como procedo, y las civiles vigentes, lejos de autorizar á V. para que haga lo que dice, le prescriben que respete y aun garantice mi derecho.

Yo no puedo, como Parroco, fomentar el indiferentismo, dando sepultura católica al cadáver de una persona que no ha querido vivir ni morir dentro del catolicismo. Sin faltar á la libertad de cultos, no puedo enterar al disidente, como no puedo tampoco ni bautizar al judío, ni dar la bendición nupcial al protestante.

La ley exige respeto para la conciencia y libertad é independencia para los cultos, y como ni V. ni yo tenemos atribuciones superiores á las leyes, creo que así como yo no expiro á V. que violenta la capilla literaria, V. no me exigirá á mí que profane la casa del Señor.

Por lo que atañe al siglo, el fanatismo y la oscuridad, sólo debo manifestar ahora á V. que, según las máximas político-sociales que hoy preponderan, nada es tan fanático ni nada condena tanto el siglo, como el que las autoridades civiles quieran mezclarse hasta en sí doblan ó no las campanas en los entierros.

Dios guarde á V., etc.»

Repetimos lo indicado antes. Respondiendo en estos términos, no hay ni puede haber peligro de que, los Curas parrocos, salgan condenados en los absurdos procesos que contra ellos se están formando.

LOS ARCHIVOS PARROQUIALES.

Se ofrece en la práctica la dificultad, de cuándo los Parrocos deben expedir gratis las certificaciones de las partidas sacramentales, en papel de oficio á instancia de los juzgados, y cuándo deben cobrar derechos.

El art. 280 de la ley de Enjuiciamiento civil, bajo la denominación de documentos públicos y solemnes, comprende las partidas de bautismo, de matrimonio, y defunciones, dadas con arreglo á los libros por los Parrocos. Establecido después el Registro civil, se dispuso en el art. 25 del reglamento, que las certificaciones de las partidas de los libros parroquiales, que se necesiten para los actos del estado civil y para los asuntos del Registro, se expedían por los Parrocos respectivos ó por quienes legalmente les sustituyan, siempre que los interesados las pidan ó las reclamen al juez municipal; y por ellas devengaran los Parrocos los derechos que correspondan, según el arancel ó la costumbre de cada localidad, cuando los interesados no estén declarados pobres ó no debieran librarse de oficio.

Ahora bien; en todas las diligencias criminales, bien que preventivamente las formen los jueces municipales ó conozcan en ellas los jueces de primera instancia, pueden estos y aquellos pedir de oficio las certificaciones de las partidas sacramentales, y deben los Parrocos facilitarlas en papel de oficio y gratuitamente, pero fijando en ellas los derechos por si en la causa hubiera sentencia condenando al delincuente y éste tuviera bienes para responder de los gastos y costas del procedimiento. Pero en los negocios civiles, el juez no dicta providencia sino á instancia de parte, y ésta es la que debe satisfacer el papel y derechos de las certificaciones, excepto cuando por el juzgado de primera instancia, está declarado pobre conforme á lo dispuesto en los artículos 179 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil. Pero cuando las certificaciones se necesiten para la celebración del matrimonio civil, no procede tampoco que los jueces municipales las pidan de oficio, porque en las diligencias preliminares para la celebración de aquel, los jueces sólo providencian á instancia de parte, y conforme á esto el art. 31 de la ley del matrimonio, dispone entre otras cosas que no se autorizará la celebración de ningún matrimonio, antes que se entreguen en la