El Consultor de los párrocos (1874-10-02 00:00:00), página 5

la salud ó como excesiva la penitencia, podría commutarse, recurriendo para ello al mismo Confesor ó á otro cualquiera, con tal que esta commutación se solicite y se obtenga por medio del tribunal de la penitencia.

Si el Confesor, al señalar la penitencia, no dijó más que impone á V. por ejemplo, tres días de ayuno, debe suponerse que se refería á ayunos comunes, como los prescritos por la Iglesia, acerca de los cuales puede admitirse la dispensa de la Bula. La penitencia, como ya hemos indicado, es ley penal, que restringiendo, non quidem ampliando videtur.

En el cuarto caso, esto es, si se ayuna con el fin de ganar alguna indulgencia, hay que fijar bien la atención en lo que dice el decreto de concesión. Si el Papa, al conceder la indulgencia, no dije más que exige un día de ayuno, claro es que se refiere á un ayuno eclesiástico, dispensable por la Bula ó en cuanto al uso de carnes. Un ayuno con vigilia obligatoria no se supone sino cuando hay ley expresa que obligue á su ponerlo. Esta interpretación se confirma con la práctica de los fieles y el consentimiento de los Obispos y áun de los Su- mos Pontífices, que saben que en los ayunos, para ganar las indulgencias, se hace uso del privilegio de la Bula y no pro- testan jamás contra tan general costumbre. Por lo mismo, no puede dudarse que gana la indulgencia ó el jubileo el que al ayunar hace uso del privilegio del indulto unadragesimal.

En el quinto y último caso, el que ayuna sólo por devoción, ó no estando obligado por precepto, por voto ó penitencia, aunque tendrá tanto más mérito cuanto mayor sea su mortificación, no infringirá el ayuno si hace uso del privilegio de la Bula, ni pasará aunque en estos ayunos voluntarios como carne sin Bula. La razón es, porque donde no hay ley preceptiva, no hay ni puede haber pecado, y en el caso pre- sente no hay otra ley que la libre voluntad del que ayuna, que á raíz se ha querido obligar.

Creemos que basta con lo dicho para desvanecer los escrú- pulos de la persona piadosa que nos ha dirigido esta consulta.

TERCER CASO.

Cuando la autoridad eclesiástica implora el auxilio de la civil, y ésta lo niega, ¿en qué responsabilidad incurrir?

Aquí pueden suceder tres cosas distintas, á saber:

1.º Que el auxilio que se pida no se pueda conceder, seg- gun la ley vigente.

2.º Que, aunque la ley no lo prohiba, haya obstáculos materiales ó morales que impidan darlo.

3.º Que se pueda y no se quiera dar.

En el primer caso, las autoridades subalternas, que no ha- cen la ley ni pueden derogarla, no incurren en responsabilid- dad ninguna. No hacen lo que no pueden hacer, y nadie está obligado á lo imposible.

En el segundo caso, si aunque la ley permita dar el auxi- lio, hay obstáculos graves, materiales ó morales, que impa- dan darlo, tampoco se incurre en responsabilidad, con tal que los obstáculos no sean imaginarios, ó solo existan en la mala voluntad del que se niegue á prestar á la autoridad eclesiás- tica el auxilio que solicita.

En el tercer caso, esto es, cuando se puede y no se quiere dar el auxilio que se solicita, la autoridad en cuestión no in- currirá en excomunión, porque la Bula Apostolica Sedis no impone censura por esta omisión; pero peorará más ó menos gravemente, según que sea mayor ó menor el daño que con su culpable abandono cause á la Iglesia. En esta hipótesis se alcanza la responsabilidad de los casos mutus, non obstans y non manifestans, por dejar de hacer cosas que tiene obligación de hacer.

La autoridad civil, aun prescindiendo del derecho eclesiás- tico, por derecho natural, está obligada á proteger á toda corporación justa y legítimamente establecida. La autoridad civil es y sólo puede ser protección para todo el que obra bien, y opres- sion y represión para todo el que obra mal. Esto es lo que dice y exige la misma noción de la autoridad. Así es, que si la autoridad civil, sin razón ni causa suficiente, niega á la au- toridad eclesiástica el auxilio que con justicia le pide, peca:

1.º Por abandonar á una corporación legal y pacífica, que vive en el Estado, que contribuye al sostenimiento del Esta- do, y que ante Dios y ante el mundo tiene derecho á no ser abandonada ó dejada sin protección.

2.º Porque, al negar este auxilio, deja á un injusto agresor impune, lo cual equivale á oprimir al justo y proteger al criminal, ó sea á trastornar por completo los fines de la au- toridad y de la sociedad.

Además, este culpable abandono puede ser efecto de compi- lacidad ó de odio á la fe. En esta última suposición habrá circunstancias que agraven el pecado y aun que muden su especie.

Por estas razones, las personas que ejercen la autoridad y nieguen sin causa legítima la protección debida á la Iglesia, cometen tantas infracciones graves de la ley divina como veces nieguen esta protección. Sentado este principio, que es inconcusmo, fácil es comprender que los penitentes que se hallen en este caso, deben ser tratados como se trata á todo pecador que falte á sus deberes en materia grave. Si no se enmienda ó no se arrepiente, no tendrá verdadero dolor, y sa- bido es que cuando no hay dolor, no puede darse la absolu- ción, y si se da, es nula.

CUARTO CASO.

Los católicos que ejercen autoridad civil, ¿pueden licita- mente prestar su apoyo á leyes opuestas al Catolicismo?

Para resolver este caso se necesita recordar todo lo dicho al examinar el primer caso de conciencia en este mismo número. En efecto, la cuestión que envuelve este caso es enteramente igual á la que suscita el primero. Por esto aquí no añadiremos sino una sencilla reflexión, que hace necesaria la índole especial de esta consulta.

Aquí puede haber dos cosas muy distintas que no deben confundirse jamás. La primera es la tolerancia de la ley ma- la, y lo segundo el defender, como si fuese cosa justa, una cosa que no puede serlo. Hecha esta distinción, se necesita saber si las personas mencionadas se limitan á tolerar lo que no pueden evitar ó cometen el crimen de llamar bien al mal, sosteniendo que es bueno lo que es contrario á la revelación divina ó á las leyes de Dios. Lo primero, la tolerancia, puede ser licita como mal inevitable; lo segundo, el llamar bien al mal y mal al bien, será siempre ilícito y de una responsabi- lidad tremenda ante Dios.

Además, hay que tener en cuenta que las leyes contrarias al Catolicismo pueden defendirse por razones políticas ó por razones dogmáticas. Alegando razones políticas, se puede decir, vg.: «Defendiendo la libertad de cultos, no porque la crea buena, sino porque la considero como un mal inevitable ó necesario para evitar mayores males.» En esto hay error sin duda; pero puede decirlo de buena fe un católico, sin que por ello incurra en responsabilidad moral, con tal que este dis- puesto á aceptar la decisión definitiva que dé la Iglesia. Ale- gando razones dogmáticas, puede, por ejemplo, decirse: «Da- fiendo la libertad de cultos, porque creo que todas las religio- nes son iguales, ó porque en mi opinión, el error y la verdad tienen idénticos derechos, ó porque el Estado debe ser ateo y no pensar para nada en la revelación divina.» Quien así se ex- pressa, como no le excuse su ignorancia, no podrá tener ex- cusa delante de Dios.