El Consultor de los párrocos (1876-06-26 00:00:00), página 6

que sexus conjuges, etiamsi prudenter timeantur, ne conjuges, sive vir sive uxor, abutantur matrimonio.»

His dubitis, die 21 Maii 1851 sic respondit Sacra Romana et Universalis Inquisitione: «In Congregatione Generali Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis, habita in Conventu Sanctae Mariae supra Minervam coram Eminentissimis et Reverendissimis D.D. Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus, contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus, propositis dubia, ut supra, eidem Eminentissimi ac Reverendissimi rescribi mandarunt.

Ad primum. Propositionem esse scandalosam, erroneam, et juri naturali matrimonii contrariam.

Ad secundum. Propositionem esse scandalosam, erroneam, et alias implicita dummabat ad Innocentio XI, prop. 49 (1).

Ad tertium. Propositionem, praetacet, esse falsam, nimis laxam, et in praxi periculosam.»

En vera Ecclesiae doctrina. Ea semel cognita, nihil facilius quam dubia in casu proposito resolvere. Onanismus intrinsecus seu essentialiter malus est. Nulla ratione, nulloque praetextu legitimiari valeat. Conjuges possunt mutuo consensu a matrimonii usu abstine; aut, si utuntur, unquam licite valentur extra vas effundere ad proles generationem impendiandam. Medicorum aut oeconomicistarum, que allegorici solent, rationeque contemnendae omni modo sunt. Quidquid materialiste in contrarium obterent aut sustinent, semper verum erit nullam esse humanam rationem, que adversas veteram Dei rationem praevalere quæat. Hoc quod maritum. Ad feminam, quod attinet, assentendum est, minime peccare, ac proinde non esse inquietandum, si absque consensu, contra ejus voluntatem, et non formaliter, sed dum taxat materialiter mariti sceleri cooperetur.

CUARTO CASO.

¿Incurren en excomunión, reservada de un modo especial al Papa, los ladrones que en poblado ó despoblado roban á los beneficiados los frutos de sus beneficios?

Para resolver esta duda se necesita fijar bien la atención en el texto literal de la Bula Apostolica Sedis y en la interpretación que á este texto ha dado la misma Santa Sede.

El texto literal de la excomunión á que se alude en la consulta, es el siguiente: «Contra los que usurpan ó sequestran la jurisdicción, bienes ó rentas que pertenezcan á personas eclesiásticas por razón de sus Iglesias ó beneficios» (2).

¿Qué extensión tiene aquí el verbo usurpar? Puede comprender:

1.º A los legisladores ó Gobiernos, que promulgan leyes ó expiden decretos de despojo.

2.º A los magistrados, que aplican ó ejecutan estas leyes ó decretos.

3.º A los ladrones, que, no por despojar de sus bienes á la Iglesia, sino sólo por robar, cometen el hurto.

Respecto á los primeros, no hay ni puede haber dudas. Al legislar contra la legislación canónica, no pueden menos de incurrir en las penas impuestas por las leyes eclesiásticas. Esto lo exige la justicia y lo dice hasta el sentido común. O no se reconoce la existencia de la Iglesia, ó hay que reconocerle el derecho de defender sus leyes y señalar penas contra los que las infringen.

Respecto á los segundos, hay que distinguir. Si se trata de magistrados de un orden superior, que ejecutan los decretos de despojo porque quieren, pudiendo no ejecutarlos, incurren sin duda en la pena canónica. Estos se encuentran en el mismo caso que los legisladores y los Gobiernos. La razón es, porque, aunque no sean autores de las leyes, cooperan, no sólo material, sino también formalmente, á su ejecución. Si, por el contrario, se hablase de magistrados subalternos que, contra su voluntad, y para evitar mayores males, contribuyesen á la ejecución de la ley, acaso pueda dudarse si incurren ó no en la censura. La razón es, porque su cooperación no es formal, sino sólo material. Además, nadie ignora que un magistrado que contra su voluntad, y para evitar males mayores, ejecuta una ley que reprobaba, acaso pueda suavizársele mucho al llevar á cabo su ejecución. Por estas y otras razones que omitimos, nosotros no exigiríamos en este caso la renuncia ó abandono del puesto sin consultar previamente con el Ordinario, para saber si el mal que puede evitarse es ó no mayor que el mal que involuntariamente se hace.

Esta opinión nuestra pudiera confirmarse con un argumento que llamaremos de analogía ó semejanza. En la misma Bula Apostolica Sedis, Excomm. 7, se impone excomunión mayor iata, reservada al Papa de una manera especial, contra los que directa ó indirectamente obligan á los jueces civiles á llevar á su tribunal á las personas eclesiásticas, fuera de los casos en que lo permiten las disposiciones canónicas (1).

Aquí, como se ve, se habla de los jueces legos en general, sin distinguir entre superiores y subalternos. Sin embargo, la Sagrada Inquisición Romana, en su Instrucción de 1º de Febrero de 1871, dice: Recommandamini eos non attingere qui subordinati sint, etiam si judices fuerint, sed in eos tantum esse latum, quia a nomine coacte, vel talia agunt vel alios ad agendum cogunt. Por cuya razón no incurren en la censura los jueces subalternos que obran contra su voluntad y por temor de perder su destino (2). Y si no incurre en la excomunión el juicio subalterno que contra su voluntad, y por no perder su destino, lleva á su tribunal á las personas eclesiásticas, ¿no pudiera decirse que de igual modo, y por idéntica razón, se eximen de la censura los jueces subalternos que contra su voluntad, y por impedir mayores males, cooperan materialmente á la ejecución de un decreto ó ley de despojo? No se pierde de vista que, según la tan conocida máxima del Derecho canónico, quod disponitur in uno duorum equivalentium intelligitur dispositionem in altero.

Sin embargo, nosotros, que no intentamos dogmatizar, nos limitamos á exponer una duda que nos parece fundada, para que, si se cree oportuno, se resuelva por quien pueda resolverse.

Respecto á los terceros y últimos, ó sea los ladrones, que en poblado ó despoblado roban á los Eclesiásticos, ha habido quien crea y sostenga que incurrían ciertamente en la excomunión. Se fundaban para ello en el texto literal de la Bula, que habla de los que usurpan bienes pertenecientes á personas eclesiásticas, sin distinción ó excepción de ningún género. Además, induce á pensar así el lenguaje de algunos canonistas, que, al tratar esta cuestión, no se han expresado con la precisión debida. Por ejemplo, el Sr. Viqueira, á quien leemos

(1) Cogentes, sive directa, sive indirecte judices laicos ad tradendum ad sumum tribunal personas ecclesiasticas, praeter canonicas dispositiones, etc.
(2) Quare excusantur qui ex metu incurrendi in processum denegate justitiae vel delinquantia in officio, ac proinde in amissionem officii, id egarent. Gury, edic. de 1875, t. 2, pág. 806.