El Consultor de los párrocos (1873-01-23 00:00:00), página 3

5.º Cuando la pena se imponga con motivo de la apelación al Gobierno.

Esto último envuelve la violación de leyes canónicas que son fundamentales en la Iglesia. Por brevedad citaremos solo la bulá Apostolicae Sedis, de 12 de Octubre de 1869, en la cual se impone la pena de excomunión lata y reservada de una manera especial á Su Santidad:

1.º Contra los que directa ó indirectamente impiden el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica del fuero interno ó del externo, y los que con este objeto recurren al fuero secular y procuran sus mandatos, y los que decretan éstos ó dan auxilio, consejo ó favor (1).

2.º Contra los que directa ó indirectamente obligan á los jueces civiles á llevar ante su Tribunal á las personas eclesiásticas, fuera de los casos en que lo permiten las disposiciones canónicas, y contra los que establecen leyes ó expiden decretos contrarios á la libertad ó á los derechos de la Iglesia (2).

3.º Contra los que recurren á la potestad civil para impedir las Letras ó cualesquiera actos que dimanan de la Santa Sede, ó de sus delegados, y contra los que directa ó indirectamente prohiban ó impidan su promulgación ó ejecución, y los que, por causa de las mismas Letras y actos ofenden, dañan, ó intimidan á las partes á quienes interesa, ó á otros (3).

De lo expuesto resulta lo que el proyecto de ley presentado por el Gobierno prusiano exige, es enteramente contrario á lo que el Derecho canónico prescribe. Por lo tanto, los Obispos se verán en la terrible alternativa de obedecer á Dios antes que á Dios, ó de obedecer á Dios antes que á los hombres. Ahora bien; ya se sabe que cuando esto sucede, los Obispos se acuerdan de que, como enseña el Evangelio, no hay de temerse á los que sólo pueden quitar la vida del cuerpo, sino á Dios, que es el que puede quitar la vida del alma y enviarla al Infierno para siempre.

Pero continuemos. En el art. 13 se dice que la apelación debe hacerse ante un tribunal civil creado al intento. En el art. 19 se dice que esta tribunal, formado á gusto del Gobierno, y que no ofrece garantías ninguna para la Iglesia, tiene el derecho de citar y hacer comparecer á los Obispos. Además, dando á estos juicios un carácter eminentemente político, el mismo art. 19 dispone que en los casos de apelación, el Ministro de los cultos pueda tomar parte ó hacerse representar por un empleado de su elección.

Esto prueba el interés que tiene el Gobierno en convertir este tribunal en instrumento de su política.

Y aún hay más. En el art. 21 se dice literalmente que este tribunal dictará sentencia «sin necesidad de atenerse á reglas positivas de convicción, según el tenor de los debates y con arreglo á sus convicciones personales.»

De modo que este tribunal es un verdadero jurado, en el cual los jueces no tienen que atenerse á las leyes, ni exigir siquiera pruebas, sino sólo proceder según sus convicciones personales.

Si, pues, el tribunal se compone, como se compondrá, de protestantes, judíos, ateos, francmasones, etc., fácil es el prever lo que sucederá. En un tribunal parecido, y con jueces de esta índole, fueron condenados todos los mártires de los primeros siglos.

Añádase á esto que, según el art. 35, este tribunal falla definitivamente y sin apelación.

Y aún falta lo más grave. Si el tribunal de apelación falla, como no puede menos de fallar, contra los Obispos, éstos tendrán obligación de conformarse con el fallo, y suspender inmediatamente la acción de sus sentencias. (Art. 23.)

Además, el presidente del tribunal queda autorizado para ejecutar la sentencia y castigar al Obispo que le parezca que muestra mala voluntad ó procede con alguna lentitud imponiéndole la multa de unas 2.000 pesetas.

IV.

El tit. III, que trata de la intervención que en estos juicios ha de tener el Estado, comprende ocho artículos, desde el 24 hasta el 31.

Según el art. 24, los Obispos y demás funcionarios eclesiásticos que faltaren á las leyes del Estado ó á las prescripciones del Gobierno, podrán ser destituidos por el Gobierno mismo cuando lo juzgue conveniente para la conservación del orden público.

Como se ve, el Gobierno, que es protestante, se considera con derecho hasta para destituir á los Obispos. Para esto no se necesita más que alegar que el Obispo no cumple con lo que prescribe una ley del Estado ó una orden del Gobierno que sea contraria á las leyes de Dios. ¿Qué manera de entender la justicia! ¡Qué comento- rario á la libertad de cultos!

En el art. 25 se dispone, que si la autoridad eclesiástica acusada no tiene superior en Alemania, el Gobierno la invitará á que renuncie su cargo.

De modo que para destituir á un Obispo, la autoridad civil no necesitará más que invitarlo á que abandone su diócesis y apelar á la fuerza para obligarlo á que acepte su invitación.

Según el art. 28, cuando un Obispo no se conforme inmediatamente con la invitación que se le haga para que abandone su diócesis, puede ser hasta reducido á prisión.

Por el art. 31, se establece que sea castigado con la multa de dos á 200 pesetas todo Eclesiástico que ejerza alguna función propia de su ministerio después de haber sido destituido con arreglo á esta ley.

Ya, pues, se ve lo que es la intervención del Estado. No se necesita gran perspicacia para comprender que el proyecto que examinamos se encamina á subordinar la potestad eclesiástica en todo y por todo á la autoridad civil.

El tit. IV comprende siete artículos, desde el 32 has- ta el 37. En este título se trata del origen, naturaleza y atribuciones del tribunal de apelación creado contra los Obispos.

Este tribunal se titula. Corte de Justicia para los asuntos eclesiásticos. (Art. 32.)

Se compondrá de once jueces. Entre éstos, el presidente, y por lo menos cinco más, serán magistrados del orden civil. Los demás no se dice quiénes han de ser, ni qué categoría han de tener. (Art. 33.)

Los jueces serán nombrados por el rey á propuesta del ministro de los cultos. (Art. 34.)

Por último comentarito debe indicarse aquí que el rey es un fanático protestante, enemigo personal del Catolicismo, y que su ministro de los cultos es un racionalista francmason, que sólo piensa en hacer la guerra á la Religión de Jesucristo. Estó basta para que se compren- dan cuáles serán sus candidatos.

(1) Impedientes directe vel indirecte exercitium, jurisdictionis ecclesiasticæ sive externi, sive interni fori, et ad hoc recurrentes ad forum saculare, ejusque mandata procurantes, edientes, aut auxilium, consilium vel favorem praestantes.

(2) Cogentes sive directe sive indirecte judices iudices ad trahendum ad sumum tribunal personas ecclesiasticas præter canonicas dispositiones: item edientes leges, vel decreta contra libertatem aut jura Ecclesiae.

(3) Recurrentes ad laicam potestatem ad impedientes Liberales vel acta qualibet á Sedè Apostolica vel ab ejusdem Legatis aut Delegatis quibusquæcumque profecta, cumque pro- mulgativè vel executione directe vel indirecte prohibent- es, aut coram causa sive ipsas partes, sive alios laedentes, vel perturbantes.

Véase la obra titulada Breve Exposición de la Constitucion Apostolicae Sedis, por el Doctor D. Santiago Francisco Vi- queira, pág. 44 y siguientes.