El Consultor de los párrocos (1873-09-03 00:00:00), página 5

memoria y utilidad de los venideros, á la Cancillería de los Prelados á quienes los mismos territorios quedan sujetos.

Además expresamente declaramos que lo establecido y decretado en estas nuestras Letras no ha de perjudicar en manera alguna á la nueva circunscripción de diócesis cuando quiera que haya de realizarse.

Mas para que todo lo dispuesto por Nos, como arriba va dicho, sea llevado bien, fiel y prontamente al deseado efecto, nombramos, constitutimos y deputamos por ejecutor de nuestras presentes Letras á nuestro amado Hijo Juan Ignacio, de la S. R. I., Presbítero Cardenal Moreno Arzobispo de Valladolid, de cuya prudencia, doctrina e integridad tenemos gran confianza en el Señor, y le concedemos todas y cada una de las facultades necesarias y oportunas á este efecto, para que con la autoridad apostólica á él delegada pueda licita y libremente llevar á cabo y establecer, cuanto antes pueda hacerse, todo lo arriba ordenado; é igualmente le damos facultad de subdelegar en una ó más personas constituidas en dignidad para la plena ejecución de todo con especialidad en lugares lejanos de su residencia; y tanto de cómo la persona ó personas en quienes así subdelegare puedan también libre y licitamente conocer y faltar definitivamente sobre cualquiera oposición que tal vez haya de suscitarse en el acto de ponerlo por obra.

Queremos asimismo que el ejecutor de las presentes Letras quede obligado á enviar, dentro de cuatro meses, si es posible, después de haberlas recibido, copia en forma auténtica de todas y cada una de las actas que han de formarse en cumplimiento de las mismas Letras, á la Sagrada Congregación encargada de los asuntos Consistoriales, para que se guarde en el archivo de la misma Congregación.

Esto queremos, establecemos, ordenamos y mandamos, decretando que las presentes Letras y todo lo en ellas contenido y decretado, en ningún tiempo por causa alguna, áun privilegiadísima, ó por costumbre aunque sea inmemorial, ó por cualquier otro capítulo áún incluido en el cuerpo del derecho, puedan ser notadas de vicio de obrepción, subreplicación ó nulidad, ni impugnadas ó infringidas, suspendidas, limitadas ó controvertidas por nadie de cualquiera condición ó dignidad áun la real e imperial, sino que son y serán siempre firmes, válidas y eficaces, sin que obsten en contra ello cualesquiera constituciones y ordenaciones apostólicas, generales ó especiales, ni nuestras reglas y las de la Cancillería Apostólica principalmente de jure quassit non tollendo, ni las demás aun dignas de especial mención. Todas y cada una de las cuales, teniendo por expresado e inscrito á la letra el tenor de ellas, que han de permanecer por otra parte en su vigor, las derogamos especial y expresamente al efecto de lo antes enunciado. (Queremos además que á los trasuntos de las presentes Letras, áun impresos, pero firmados de mano de algún notario público y sellados con el sello de persona constituida en dignidad eclesiástica, se les dé en todas partes enteramente la misma fe que se daría á las presentes, si fueren exhibidas ó mostradas.

A nadie, pues, absolutamente sea lícito infringir ó contradecir con temerario atrevimiento estas Nuestras Letras de extinción, abolición, rescisión, casación, anulación, revocación, abrogación, mandato, interdicción, declaración y voluntad. Y si alguno osare intentarlo, sépa que incurrirá en la indignación de Dios Omnipotente y de los Bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo.

Dado en Roma, en San Pedro á 14 de Julio del año de la Encarnación del Señor 1873, vigésimo octavo de Nuestro Pontificado.—PIO OBISPO.

OTRA DECLAMACION SOBRE LA VENTA DE LOS TEMPLOS CATÓLICOS.

Con sumo pesar y honda pena hemos leído en El Foro del Pueblo, (periódico que se publica en Cáceres), núm. 221, correspondiente al 14 de Junio próximo pasado, un remitido suscrito por el ciudadano Gonzalo Cabello, en el cual se dicen cosas tan peregrinas como absurdas, y se pretende probar de una manera inconveniente y poco sólida, el derecho que el Estado tiene á incartarse de todos los edificios consagrados al culto de la Religión católica y los demás que pertenecen á la Iglesia.

No es nuestro ánimo refutar aquí palabra por palabra el mencionado remitido, porque aparte de haber llegado tarde á nuestras manos, es tarea que requiere algunos días; así que nos concretaremos á contestar á los puntos más culminantes que son, por decirlo así, los que constituyen la base de su proposición fundamental.

Mucho, muchísimo hubo que preguntar al ciudadano autor del remitido sobre todo cuanto afirma en la parte que sirve de exordio á su escrito, porque habla de una manera tan vaga, que no llegamos á comprender á quién se refieren sus palabras. Quisieramos, si, saber, quiénes han sido «los que se han comido (son sus palabras) el producto de los bienes de la Iglesia, valor de 4.500 millones de rs. y á raya 15.000 millones de los pueblos.» Quisieramos saber quiénes han sido los que con mano sacrilega «despojaron (1) á las Virgenes y á los Santos de palo (2) de sus coronas de oro, plata y piedra, y de sus riquísimas vestimentas.» Todo esto deseáramos saber para contestar categoricamente al Sr. Cabello.

Entendido después en la cuestión, dice este señor: «Pero que la opinión pública, y alguna autoridad si lo proyecta, sepan, que las parroquias, los conventos, las catedrales y demás santuarios de España son de la nación; esto es, de los españoles todos; así como lo que falta que vender y está por desamortizar, detentado ó no detentado, procedente de la Iglesia. Lo que voy á demostrar.»

¿Quién ha pagado y áún paga el culto y al Clero, hace más de 80 años en España? Los españoles. Pues de ellos es todo lo que la Iglesia oficial tiene hasta su separación del Estado.

Y yo digo al Sr. Gonzalo Cabello, que está en un error muy lamentable. Yo digo á este señor que, los conventos y parroquias, catedrales y santuarios todos de España, no son de la nación, no son del Estado, sino de la Iglesia.

El que cumple con una obligación, no tiene derecho á que se le indemnice de las incomodidades que lleve anexas este cumplimiento. Es así que los españoles han cumplido con una obligación, pagando el culto y al Clero católico, porque eran católicos, luego no tienen derecho á que se les indemnice de esta incomodidad, ó sea, del pago que han hecho á la Iglesia y sus Ministros. Que los españoles todos, como católicos, por la unidad católica, tienen obligación de contribuir al sostenimiento del culto y del Clero, se prueba con lo que dice J. C. en su Evangelio: Reddite que sunt Caesaris, Caesar; que sunt Dei, Deo. De aquí es, que, no es una obra de supererogación, sino obligatoria á todos los católicos, contribuir con su obolo al sostenimiento de su Religión y de sus Ministros; así como es obligatorio también contribuir al sostenimiento del Estado, dando al César lo que es del César. Y ¿no sería ridículo decir, que los españoles, por contribuir al sostenimiento del Estado, tienen derecho á exigir de éste la venta de todos los edificios destinados á los asuntos civiles y á otros que por su naturaleza sean sostenidos por la nación? (3) Pues lo mismo se debe

(1) Remitido, 2.º apartado.
(2) ¡Alto, ciudadano! que aunque sean de palo, tienen una significación muy grande, un destino sublime y celestial.
(3) Aquí aludimos á todos los edificios públicos excepto los santuarios, etc.