El Consultor de los párrocos (1874-06-11 00:00:00), página 4

duce al cementerio con las plegarias y oraciones de los difuntos y les da sepultura bendecida como parte de la comunión de la Iglesia en que vivieron. De aquí ha procedido la parte tan principal que la autoridad eclesiástica ha tenido siempre en todo cuanto se ha referido á cementerios, que se han considerado como una parte integrante de las Iglesias parroquiales. Ambos derechos, el canónico y el civil, están conformes en esto. Y añade: «Es consecuencia natural y lógica de esto que la custodia de los cementerios esté cometida á las autoridades eclesiásticas, cuya primera intervención siempre ha sido reconocida por las leyes, y no debe ser obstáculo para ello que un cementerio haya sido construido con fondos municipales, porque no por eso se había cambiado la esencia del lugar, puesto que, desde el momento en que haya sido consagrado, pertenece á los bienes de la Iglesia inalienables» (1).

En otra real orden de fecha 29 de Octubre de 1861, se dice lo que sigue: «Considerando que la censurable conducta observada por dicho alcalde ha sido causa de un conflicto con las autoridades eclesiásticas á que nunca debió darse lugar: considerando asimismo que el Concordato vigente, en su art. 4º, refiriéndose á asuntos eclesiásticos, dice que en todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica, los Obispos y el Clero dependiente de ellos, gozarán de la plena libertad que establecen los Sagrados Cánones, ha tenido por conveniente resolver, después de haber oído al Consejo de Estado, que se deje expedida la jurisdicción del diocesano en el caso de que se trata (2) y en todos los demás que ocurran de igual naturaleza» (3).

En otra real orden de 2 de Julio de 1867, fundada también en un dictamen del Consejo de Estado, se dice lo que á continuación copiamos: «Es indudable que á la primera (á la potestad civil) toca reglamentar respecto de la materia sobre que versa la actual controversia cuanto sea procedente, ya para la conservación del orden público, ya para la salubridad y bienestar de los pueblos; á la vez que compete á la segunda (á la autoridad eclesiástica) velar por la observancia de los ritos y ceremonias de la Religión, establecidos en sufragio de los difuntos y para edificación y consuelo de los vivos» (4).

Por último, en un decreto fecha 28 de Febrero de 1872 (5), se dice: «Art. 1.º De conformidad con el espíritu y disposiciones consignadas en la ley de 29 de Abril de 1855, en todas las poblaciones donde no hubiese cementerio destinado á inhumar los restos de los que mueren perteneciendo á religión distinta de la católica, se ampliarán los existentes, tomando la parte del terreno contiguo que se considere necesario para el objeto. La parte ampliada se rodeará de un muro ó cerca como lo demás del cementerio, y el acceso á la misma se verificará por una puerta especial independiente de éste, por la cual entrarán los cadáveres que allí deban inhuma- rse y las personas que los acompañen. Art. 2.º Los ayunta- mientos y asociaciones religiosas distintas de la católica que, contando con recursos suficientes, deseen cons- truir cementerios especiales para el objeto indicado, podrán verificarlo desde luego, sujetándose á lo que relativamente á higiene pública y policía sanitaria pre- vienen las disposiciones vigentes e instruyéndose los expedientes oportunos en la forma que éstas determi- nan» (6).

Si el escritor regalista portugués, Sr. Couto Monteiro, hubiese tenido á la vista estas piezas legales, no hubiera incurrido en el error de suponer lo que la legislación española no permite que se suponga. Véase ahora, y la evidencia le obligará á convenir con nosotros en que las leyes españolas, ni exigen que se dé sepultura eclesiástica á los cadáveres que, según los Sagrados Cánones, no deben recibirla, ni establecen que la autoridad civil es la que debe decidir acerca de esta tan tras- cendental cuestión (1).

SECCION DE TEOLGIA MORAL Y MÍSTICA.

CASOS DE CONCIENCIA.

PRIMER CASO.

Supuesta la grande e imperiosa necesidad de enseñar la doctrina cristiana á los fieles, ¿qué ha de hacerse cuando el Párroco no la enseña ó no quiere enseñarla? ¿Será licito en este caso el fundar escuelas dominicales contra la voluntad de los Curas párrocos?

Antes de resolver esta cuestión, se necesita tener muy presente:

1.º Que en este caso, como en todos los de igual índole, la sentencia ha de darse por el superior legítimo, y no por los inferiores, procediendo tumultuariamente á dirigidos por un cabeza de motín. Cabalmente, uno de los primeros y principales objetos de la jerarquía eclesiástica, consiste en evitar estos desórdenes por medio de la apelación al superior, presentada ó entablada por medios legítimos y en debida forma.

2.º Que, como enseñan todos los teólogos, lo que se hace por caridad, no debe ejercerse contra la caridad. De aquí el que, puesto que se quiere y se debe enseñar la doctrina por caridad ó por amor á Dios y al prójimo, no debe de ningún modo enseñarse contra caridad, ó buscando el desprestigio de los Curas párrocos, ó sea dando á las ovejas ejemplos de rebeldía contra su propio pastor. En este caso, se destruiría con la mano derecha lo que se edificase con la izquierda. No se enseña la doctrina cuando no se enseña á obedecer, y mucho menos, cuando se enseña á odiar y despreciar á las au- toridades legítimas.

3.º Que esta es materia en la cual no debe procederse nunca con precipitación. Más vale esperar por algún tiempo, que exponerse á cometer faltas que pueden ser de trascendencia irreparables. No hay que forzarse ilusiones. Enseñar la doc- trina contra la voluntad del Párroco, es condicionar al Párroco, y las sentencias condenatorias deben pronunciarse siempre con mucha meditación y toda la posible calma. Además, como esta cuestión es tan compleja, no debe resolverse sin que se examine antes bajo todos sus aspectos. Como las apa- riencias engañan tantas veces, no es raro el que la astucia haga resaltar mucho el lado único bueno, ocultando ó dis- simulando con sumo cuidado los 29 lados malos que puede tener la misma acción. El Párroco, que no gana nada y pierde mucho con que no se enseñe la doctrina cristiana, si en algún caso particular se opone á que se enseñe, algunas ra- zones tendrá para oponerse. Esta consideración puede evitar muchos y grandes errores.

(1) Quien desee poseer más datos acerca de esta cuestión, puede consultar Abella, Administración municipal, Libro de los Alcaldes, Ayuntamientos y Secretarios, tomo I, cap. 9.º, núm. 10, edición de 1867, desde la pág. 208; Abella, Manual del Secretario de Ayuntamiento, cap. 4.º, edición de 1872, desde la pág. 333, y El Consultor de los Ayuntamientos, año de 1872, número 40, desde la pág. 364.