El Consultor de los párrocos (1874-03-26 00:00:00), página 2

que únicamente tenemos á la vista las prescripciones del Derecho canónico, creemos que podemos llamar la atención del Gobierno hacia una circunstancia cuya gravedad nadie podrá desconocer. Nadie ignora que desde 1858 la Iglesia, que siempre ha sido perjudicada en todo, nunca ha sido favorecida en nada. Se le han exigido muchos sacrificios y no se le ha hecho concesión alguna. ¿No es esto evidente? Si, Y, es posible llegar á un acuerdo de esta manera? Claro es que no. Por esto creemos que el actual Gobierno que, como asegura, desea contribuir á que se restablezcan y fortifiquen las relaciones de la Iglesia y el Estado, no sería censurado ni aún por sus mismos amigos si conviniese en que la Iglesia tiene necesidad de garantías que no se le han dado y que se le deberían dar. Así y solo así es como puede conseguirse que se restablezca la tan necesaria armonía entre las dos potestades.

Hasta ahora la potestad civil ha seguido el sistema de exigir todas las prerrogativas que tenían los Reyes Católicos, y no ofrecer ninguna de las garantías que los Reyes Católicos ofrecían. Cuando se procede así, podrá decirse que se negocia; pero no se muestra verdadera voluntad de negociar.

Añade el Gobierno, que tiene imperiosos deberes que le exigen hoy que proceda á la provisión de piezas eclesiásticas vacantes. No se dice cuáles serán estos deberes; pero podemos suponer que se tratará de los deberes que las leyes de Dios y de la Iglesia, y aun el interés público, imponen á todos los Gobiernos. Si es esto lo que en realidad se quiere decir, lo aplaudimos muy de veras. Si, por el contrario, se intenta dar á entender que el Gobierno se cree obligado á restaurar ó desenterrar el antiguo regalismo, lejos de poder aplaudirlo, no podríamos dejar de deplorarlo con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. El viejo regalismo no es popular ni da fuerza á los Gobiernos. Por el contrario; nada ha perjudicado tanto á los antiguos Monarcas como su empeño en aumentar la potestad civil á expensas de la autoridad eclesiástica. Díse al César lo que es del César; pero no se niegue á Dios lo que es de Dios. Cuando los Césares niegan á Dios lo que es de Dios, los pueblos, continuando por la misma pendiente, se persuaden de que pueden negar á los Césares lo que á los Césares corresponde.

Nada tan útil para los Gobiernos como el respeto á la Iglesia. En efecto, para los Gobiernos respetar es enseñar á respetar. Así es que, cuando los Gobiernos respetan al Sumo Pontífice, no por ser fuerte, sino por ser representante del mismo Dios, los pueblos, que no pueden menos de aprender en esta gran escuela de respeto, se sienten inclinados á obedecer las leyes y no negar las legítimas prerrogativas del poder civil.

El materialismo envuelve la negación de todo poder moral y sólo reconoce el poder de la fuerza material. El poder moral liga la conciencia y convierte al hombre en juez de sí mismo. El poder puramente material, por el contrario, no habla á la conciencia y sólo llega hasta donde llega la fuerza, que siempre tiene muy corto alcance. Los monarcas de los últimos cien años, por regla general, se olvidaron completamente de esta tan trascendental doctrina. Este olvido los arrastró al peligrosísimo extremo de suicidarse ó sea de adoptar una política que por sistema tendía á la supresión del poder moral para sustituirlo con sola la fuerza material. Y, ¿cuáles han sido las consecuencias de este tan funesto sistema? Nosotros no necesitamos decirlo. Solo indicaremos que, como de idénticos principios se deducen consecuencias idénticas, así como antes se decía: Et nunc Reges intelligite, ahora podrá no sin razón decirse: Carant Consules.

Los pueblos hacen lo que ven hacer á sus Gobiernos. Si sus Gobiernos, pues, desprecian el poder moral de la Santa Sede, ellos, los pueblos, no se creerán muy obligados á respetar el poder moral de sus Gobiernos.

Estas consideraciones prueban hasta la evidencia que en realidad los Gobiernos tienen el imperioso deber de contribuir con verdad, ó sea no exigiendo lo que no debe exigirse, á que se restablezcan y fortifiquen las relaciones de la Iglesia y el Estado.

En las palabras copiadas, el Gobierno se cree con facultad para proveer las piezas eclesiásticas vacantes. Estamos seguros de que aquí la palabra facultad es sinónima de privilegio, porque el actual Ministerio de Gracia y Justicia, Sr. Martos, que tan profundo jurisconsulto es, y que no es de los que pecan por ignorancia, sabe muy bien que una cosa es la potestad civil y otra muy distinta la potestad eclesiástica. La potestad civil tiene por derecho propio facultades ó atribuciones eclesiásticas; pero no tiene ni puede tener facultades ó atribuciones eclesiásticas sino por privilegio ó concesión de la potestad eclesiástica. El patronato no es una facultad ó atribución propia del poder civil; es solo una gracia concedida por la Santa Sede, que la misma Santa Sede puede revocar.

El Gobierno dice igualmente que respecto á la provisión de piezas eclesiásticas vacantes, por el decreto de 1º de Octubre de 1874, limitó expontánea y temporalmente su facultad, sin renuncia o menoscabo de sus derechos.

Repetimos lo dicho antes. Aquí la palabra derechos es y no puede menos de ser sinónima de privilegios. El nombramiento de Canónigos es una cosa eclesiástica, que por sí, nada tiene que ver con el poder civil. Los poderes civiles pueden separarse de la Iglesia, y la Iglesia por esto no pierde ni puede perder su derecho á nombrar Canónigos, Curas parroquiales, etc. El poder civil tiene una esfera propia, de la cual no emana ninguna derecho que pueda limitar la esfera propia de la autoridad eclesiástica.

En otros tiempos el poder civil solía conceder á la Iglesia privilegios ó atribuciones civiles. Podía, vg., en casos determinados, conceder al Obispo el privilegio de nombrar alcaldes ó jueces civiles. ¿Y, ¿será por esto que esta facultad, era propia ó era un derecho inherente al poder eclesiástico? No, porque como enseña el Evangelio, al César lo que es del César. Del mismo modo la Iglesia ha podido conceder á la potestad civil atribuciones eclesiásticas, como la de nombrar Canónigos, elegir Obispos, etc. Pero, ¿puede considerarse este privilegio, como un derecho propio de la potestad civil? De ninguna manera, porque como dice el mismo Evangelio, á Dios lo que es de Dios.

Por otra parte, el poder civil no puede mirar como una facultad suya, el derecho que la Iglesia adquirió sin el poder civil y aun contra el mismo poder civil. Cuando se fundó la Iglesia todas las potestades civiles eran enemigas de Cristo, su fundador, y durante los cuatro primeros siglos, la Iglesia vivió constantemente en las catacumbas, ó se vio siempre perseguida por los Emperadores. Esto no obstante, tuvo y ejerció siempre su poder, que no es humano, sino divino. ¿De quién lo recibió? De su fundador Jesucristo. ¿Y, ¿de quién lo recibió Jesucristo? ¿De la potestad civil? ¡Ah! La potestad civil no conocía á Cristo sino para escarnecerlo, como Herodes; acusarlo como los fariseos, y condenarlo á muerte de Cruz, como Pilatos. Cristo recibió su potestad de su Padre que está en los Cielos, y en nombre de su Eterno Padre la transmitió á sus discípulos, á quienes envió para que predicasen el Evangelio y rigiesen ó gobernasen la Iglesia en el mundo entero. La Iglesia tiene doctrina, que recibió de Cristo; sacramentos, que recibió de Cristo, y potestad eclesiástica, que recibió de Cristo y siempre ha ejercido y siempre ejercerá en nombre de Cristo. Luego la autoridad de la Iglesia no es ni puede ser un derecho propio de la potestad civil.

Además, las autoridades civiles pueden considerarse como divididas en gentilicas y cristianas. Las primeras, ó gentilicas, no tuvieron ni pudieron tener ninguna potestad, facultad ó regalia, relativa á las cosas eclesiásti-