El Consultor de los párrocos (1874-01-30 00:00:00), página 2

promover la observancia de los estatutos de las mismas, y de impedir todo cuanto se oponga al logro de su objeto.

Es, por demás, sabido que la Iglesia católica, si bien no prohibe que sus hijos, estando ya casados canónicamente, se presenten ante el magistrado civil para cumplir las formalidades de la ley civil y procurar á su unión los efectos civiles, sin embargo, no tiene como matrimonio verdadero más que el que instituyó Nuestro Señor Jesucristo como sacramento, y es contraído en la forma prescrita por el Santo Concilio de Trento. En su virtud, la Iglesia tiene por concubinaria toda otra unión, aun cuando se haya verificado conforme á la ley civil, y á los que sin haber celebrado el matrimonio religioso vivan maritalmente, los considera como herejes, si lo hacen porque no creen en el sacramento, ó, en otro caso, como pecadores públicos, indignos, por tanto, de los sacramentos, de la sepultura religiosa y de otras gracias espirituales.

Como consecuencia de estos principios, el Párroco católico tiene la obligación de impedir que sus feligreses vivan como casados antes de recibir el sacramento del matrimonio, y si, contra las leyes de la Iglesia, así vivieran, debe instruirles, amonestarles, manifestarles las consecuencias de semejante conducta, y cuando, á pesar de todo, persisten en su proceder, debe considerarles como pecadores públicos, y excluirlos de todos los actos de la comunión religiosa. Otro tanto, mutatis mutandis, debe decirse de los que no cumplen con la Iglesia.

Pues esto, y nada más, es lo que ha verificado el Párroco de N. Después de haber empleado sin fruto toda clase de avisos y amonestaciones confidenciales y particulares, ha propuesto, en cumplimiento de su ministerio, la exclusión de la cofradía de Nuestra Señora de Valderrobles de aquellos hermanos que, por obstinarse en no cumplir sus deberes cristiano, no pueden, con arreglo á la naturaleza de la misma, pertenecer por más tiempo á ella; y la ha propuesto como Abad ó Jefe espiritual de la misma que es en su calidad de Párroco. En este mismo concepto ha expuesto á los cofrades sus feligreses, la naturaleza y efectos de ciertas penas impuestas por la Iglesia á determinados actos. Por consiguiente, en los hechos que sirven de base al procedimiento de que es objeto el Párroco de N., éste obró como tal Párroco; y en tal concepto, si alguna falta ó delito pudiera haber existido, será en todo caso una falta ó delito eclesiástico, cuyo conocimiento, según el art. 2.º del decreto del Gobierno provisional (al que dieron carácter de ley las Cortes constituyentes) de 6 de Diciembre de 1868, corresponde exclusivamente á la jurisdicción eclesiástica.

Esta doctrina no solamente está conforme con los textos legales y los principios del derecho, sino que ha sido también proclamada por la audiencia del territorio (1). Habiendo sido denunciado por el juez de primera instancia de Sequeros, provincia de Salamanca, D. Manuel Payán Mailló, Párroco de Santibáñez de la Sierra, por motivos enteramente iguales á los que han dado lugar á la causa instruida contra el Párroco de N., la sala de lo criminal de la audiencia de Valladolid, en sentencia de 1.º de Setiembre de 1871, sentó en el único considerando de aquélla la doctrina que los tribunales de justicia no pueden entrar á juzgar de las advertencias que con el carácter sacerdotal, y dentro de sus atribuciones, haga el Párroco á los que no cumplen con las prescripciones de la Iglesia, en cuanto á sus deberes religiosos. Con el carácter sacerdotal, y dentro de sus atribuciones, obró el Párroco de N. en los actos que motivan la causa que se le sigue; por consiguiente, según la doctrina sentada por el tribunal superior, no puede conocer de ellos el juzgado de Astudillo.

(1) Véase La Propaganda Católica, año III, pág. 482.

IV.

Conformándose con las consideraciones expuestas por el Fiscal del Obispado, el Provisor requirió de inhibición en 17 de Junio al juzgado de Astudillo, para que dejara de conocer en la causa instruida contra el Párroco de N. sobre las exhortaciones dirigidas á los cofrades de Nuestra Sra. de Valderrobles, y le remitiera lo actuado para su prosecución con arreglo á derecho. El juzgado, previo traslado al promotor y al acusado, declaró, por auto de 7 de Agosto, que «no había lugar á la inhibición propuesta por el Tribunal eclesiástico de la diócesis de Palencia, mandando que se diera conocimiento de dicho auto al Sr. Provisor Vicario general del Obispado, para los efectos que prescribe el artículo 391 de la ley provisional sobre organización del poder judicial», como así se verificó con atento oficio del 8 del mismo mes.

Los fundamentos legales de esta decisión del juzgado están comprendidos en el único considerando del auto, que dice así: «Considerando: que el hecho de que se trata, y cual resulta justificado en autos, constituye un delito público, previsto y definido en el artículo 238 del Código penal, toda vez que los actos del Presbitero D. N., que presidió la cofradía, se ejecutaron hasta cierto punto con amenazas á las personas contra quienes se dirigía, cuyo conocimiento corresponde á la jurisdicción ordinaria, según expresamente se determina en los artículos 269, 321 y 322 de la ley sobre organización del poder judicial.»

A expresarse con propiedad, el Párroco acusado no amenazó á ninguno de los cofrades en el caso de que no hicieran lo que él pretendía; se limitó solamente á proponer la expulsión de aquellos hermanos, que por su conducta religiosa no podían pertenecer por más tiempo á la cofradía. Pero demos por supuesto, que el Párroco de N. amenazara con la expulsión de la cofradía y la separación de la comunión de la Iglesia, á los hermanos que sólo estaban casados civilmente y á los que no habían cumplido el precepto pascual; ya hemos demostrado anteriormente, que estas amenazas, siendo como son de penas exclusivamente religiosas, no están comprendidas en el art. 238 del Código penal. Este castiga únicamente las amenazas, coacciones, violencias y apremios ilegítimos, y sería el mayor absurdo considerar en España,—donde, según la Constitución, existe en derecho la más amplia libertad religiosa,—como actos ilegítimos la exposición de la doctrina de la Iglesia católica en un punto determinado. En este caso, sería también ilegítima la predicación del Evangelio, pues Nuestro Señor Jesucristo manda en el que sea tenido como gentil y publicano—esto es, excluido de la Iglesia—el que no oiga á ésta. No conminó con otra pena el Párroco de N. á sus feligreses.

La ley civil, como temporal y externa, solamente puede ocuparse de amenazas, violencias, coacciones y apremios temporales y externos; de ningún modo, dada la libertad religiosa, puede la ley civil penar aquellos actos que solamente influyen en la conciencia, y cuyo valor e influencia dependen enteramente de las creencias de cada individuo. Si la expulsión de la cofradía y la excomunión podían ser temibles á los feligreses de N., es porque son católicos y desean permanecer en el seno de la Iglesia; en otro caso, ninguna influencia podían ejercer sobre ellos las amonestaciones del Párroco, ni éstas podían tener ninguna el carácter de amenazas. ¿Qué influencia podrá tener sobre un católico la amenaza de ser expulsado de una sinagoga, ó de verse privado del edén maromotano? Los actos atribuidos al Párroco de N. no pueden, por tanto, constituir, como supone el juzgado de Astudillo, el delito común penado en el art. 238 del Código penal, y están, por consiguiente, fuera de la competencia de la jurisdicción ordinaria; pues los artículos 269, 321 y 322 de la ley