El Consultor de los párrocos (1872-07-04 00:00:00), página 5

que es más, á los que están en el artículo de la muerte, á que les dejen sus herencias con títulos de fideicomisos, ó con el de distribuirlas en obras piás, ó aplicarlas á las iglesias y conventos de su instituto, fundar capellanías y obras disposiciones piás; de donde proviene que los legítimos herederos (1) quedan dañados, las conciencias de los que esto acusenecen y ejecutan encuestas (2) y sobre todo el daño es gravísimo y mayor el escándalo (3) y aunque para ocurrir á todo, convendría prohibir á los escribanos hacer escrituras en que directa ó indirectamente resulten interesados los confesores, ó les queda arbitrio para disponer de los bienes en su favor ó en el de sus comunidades ó parientes, no obstante, contrayendo la duda á la particular de algún género de mandas, comprende el Consejo que las que hacen los fieles á sus confesores, parientes, religiones y conventos, en la enfermedad de quemueren, la mayor parte no son libres (4) ni con las cualidades necesarias, antebien bien muy violentas y dispuestas con persuasiones y engaños, sin algún conseulo del enfermo (5), que las deja con perjuicio de otros parientes suyos y otras obras más piás (6), y así acordó que no valgan las mandas que incuran hechas en la enfermedad de que uno muerre, á su confesor, sea clérigo ó religioso, ni á dedo de ellos, ni á su Iglesia ó religión, pues con esta moderada providencia (7) no se limita la piedad, porque al que lo hacía de devoción, las podrá hacer en todo el curso de su vida, si si mejorase de la enfermedad; y se asegura el conseulo del dominante en aquel aprieto, evitándole las persuasiones, sugerencias y fraudes con que le turban y trucan la voluntad contra la afición dictada por la naturaleza en favor de la propia familia ».

Como si esto no fuese suficiente, por reales cédulas de 13 de Febrero de 1787 y 30 de Mayo de 1830, se extienden á todas las herencias las prohibiciones, que la real cédula de 1771 sólo había hecho caer sobre las mandas.

La Iglesia no protestó contra estas disposiciones, tan evidentemente injustas. Por el contrario, aconsejado por la abnegación y la prudencia, llevó su desprendimiento hasta el extremo de aceptarlas y aceptarlas.

Y tanto es esto así, que la obra de Teología Moral más consultada en España, en los últimos cien años, refiriéndose á este mismo asunto, dice lo siguiente: «Todo Parroco ó confesor de enfermos tendrá presente la real cédula del año de 1771, en la que S. M. Carlos III anula la disposición de herencia hecha por los enfermos en favor de sus confesores, ó sus comunidades ó Iglesias» (8).

¿Están hoy vigentes estas disposiciones? Imposible, porque son una medida preventiva, y las medidas preventivas están todas prohibidas por el art. 22 de la Constitución. Sin embargo, aunque dada la índole de la legislación vigente, la citada real cédula sea hasta incomprensible, es muy de temer el que se caiga en la inconsecuencia de suponerla en vigor y tratar de aplicarla al Sacerdocio, que prescindea de ella. Esto sería hasta monstruoso; pero tratándose de medidas vejatorias para la Iglesia, se puede estar seguro de que ciertas gentes lo pueden intentar todo, en la seguridad de que todos les ha de ser aprobado.

Es, sin embargo, máxima de eterna justicia, que ninguna corporación puede ser condenada ó declarada indigna, en masa, por faltas que han cometido ó que se supone que pueden cometer algunos de sus individuos. La real cédula en cuestión, como opuesta á esta máxima, no puede tener ningún valor moral ó filosófico. Su única fuerza será la de malevolencia y la inconsecuencia.

Nadie, además, puede ser condenado sino en juicio, oyéndole, permitiéndole defensa, ante los tribunales competentes, y con arreglo á leyes anteriores al delito.

Aquí se falta á todo esto. Los confesores, todos en masa, cual si todos fuesen prevaricadores, son condenados á no heredar, sin oírles ni permitirles defensa, sin juzgarlos ante tribunal competente y sin fundarse en leyes, hechas antes de la perpetuación del delito.

Más aun. A los confesores, buenos y no buenos, culpables e inocentes, á todos sin excepción, se les impone un gran castigo, que es á la vez pena infamante, sin que este castigo recaiga sobre delito cometido, sino sobre un delito imaginario ó posible, que se supone que acaso puedan cometer. ¡Y que se sostengan estas leyes en estos tiempos! Pero no se olvide que en los días que alcanzamos contra el clero, se puede intentar impunemente todo.

Por último, la libertad de cultos, suponiendo neutralidad absoluta en el Gobierno, debería excluir por sí sola disposiciones cual la que impugnamos, que no tienen mas objeto que el de dar á la autoridad civil medios de ingeniería en la administración de un Santo Sacramento.

Comprendemos que si hay algun Sacerdote que abuse, á petición de la parte interesada, se le lleve á los tribunales competentes, para que lo juzguen y lo castiguen. Pero ¿por qué castigarlos sin juzgarlos? ¿Por qué se impone la pena, sin demostrar la existencia del abuso?

El confesor no tiene ningun poder civil ni puede ejercer coacción de ningun género. Sus armas son puramente espirituales, y sólo hieren á quien tiene fe ó está herido por su propia conciencia.

Un hombre tiene una fortuna no bien adquirida. Esta fortuna, en su origen, era, por ejemplo, una gran cantidad de dinero, perteneciente á un hospital. Al acercarse á la muerte, el injusto poseedor de esta fortuna, recuerda que sin restitución no hay salvación, sabe que las impías baladronadas de ciertos hombres políticos no lo libran de la indignación de Dios, irritado contra sus crímenes, y para obtener el perdón, desea restituir.

Pero ¿cómo restituye? ¿Entrega este dinero al Gobierno? Podrá emplearlo en comprar fusiles para la milicia ó subvencionar periódicos de ideas algo más que peligrosas. Por lo pronto, puede estar seguro de que el dinero que por este concepto entregue al Gobierno, se invertirá en todo, menos en lo que debe invertirse.

No conviene, pues, restituir de esta manera.

¿Cómo se ha de hacer entonces la restitución para que sea provechosa á los pobres y enfermos, que son los únicos que tienen derecho á que se les haga?

El poseedor de la fortuna, en cuestión, necesita para esto contar con personas, que sean de absoluta confianza, y además, guarden perfecto sigilo. Y ¿por qué se les ha de prohibir el que se valgan de su confesor, si tienen en él confianza?

Para terminar, diremos que la real cédula de 1771, que sin duda se supondrá en vigor, no se propone más que dos cosas, á saber:

1.º Negar la justicia, dificultando el cumplimiento del deber de la restitución.

2.º Atacar y disminuir el prestigio é influencia del clero empobreciéndolo, para que no tenga medios de grangearse