El Consultor de los párrocos (1872-10-10 00:00:00), página 3

de celebrar concordatos con la Santa Sede, el rey católico es alto poder contratante en un concepto muy diferente del que tiene el Romano Pontífice: aquel lo es, en cuanto tiene en su reino poder temporal, pero no espiritual; este lo es, al tratarse de asuntos eclesiásticos, en cuanto es el Sumo Gerarca de toda jurisdicción espiritual y el Jefe visible de la Iglesia: la diferencia es inmensa: el Papa es esencialmente alta parte contratante, por la razón indes- tructible de ser único y no reconocer igual: el principio no puede ser en el terreno de cosas eclesiásticas alta parte contratante, por no tener ninguna jurisdicción espiritual.

Para que dos altas potencias sean contratantes con perfecta igualdad, es necesario que sean soberanas con perfecta igualdad, y mutuamente sean independientes. Y para esto no se mira á la mayor extensión y mayores riquezas de una de las altas partes; porque la soberanía no se mide por la materia, sino por el espíritu; es decir, por el derecho. Tan soberano es el príncipe de Mónaco en su casi imperceptible dominio, como el emperador de Rusia en su vastísimo imperio. Cuando dos reyes celebran un tratado obligatorio para ellos y para sus subditos respectivos, son según todo derecho y conforme á toda regla de lógica, dos altas potencias contra- tantes, ya por tener ambos el mismo derecho y la misma independencia, ya por tratarse de cosas temporales: entonces se cumple literalmente el axioma de derecho que dice, per in parem non habet imperium. Pero cuando un príncipe celebra concordato con la Santa Sede, no sucede así: el Papa y el rey son dos soberanos independientes en el orden temporal, pero el rey es subido del Papa, cuando aquel trata con este sobre disciplina y cosas eclesiásticas.

Dedúcese de esto que los concordatos son contratos bilaterales; pero no equilaterales. Resulta de su celebración una obligación, pero no puede comprenderse en la definición que da el derecho de contrato equilateral, que dice: Ulteriorem obigationem pares. Nos resulta inmediatamente, y en fuerza del conocido, obligación alguna al Papa, y si al rey -que, en razón tan sólo de ser soberano temporal, es alta parte contratante-, lo que se demuestra indudablemente.

Pongamos un caso, y sea este el de los concordatos sobre las rentas de las Iglesias y la dotación de sus Prelados y de los Ministros. Han sobrevenido revoluciones que han trasformado la disciplina de la Iglesia, la cual, siendo posee lora de bienes temporales, tenía una dis- ciplina, suya propia, para la administración de sus rentas. Despojada violentamente de esos bienes por la revolución, los bienes han desaparecido de hecho, pero no de derecho: ha sido un despojo violento, ejecutado por fuerza mayor; y de donde quiera que esos bienes estén, se cumple en ellos el otro axioma de derecho que dice: Res ubi cumque sit domina suo clamat. Pero la disciplina no ha desaparecido, pues conserva su naturaleza y sus propiedades, que no pueden destruir la violencia y la de- predación. ¿Quién es el que ha de dar un nuevo modo de ser á esta disciplina? ¿Quién la ha de modificar? El que la instituyó, el que tiene derecho para mudarla, para derogarla: el que tiene el deber de defenderla, el Papa.

Destruyese el objeto sobre que versaba, y entretanto, concluya la revolución, y sube al trono un rey que reconoce la injusticia cometida contra la Iglesia, y acude á la Santa Sede, para arreglar el modo de que vuelvan las rentas á las Iglesias, y perciban los Obispos y los Sacer- dotes lo que es suyo. Fórmense los protocolos: el Gobier- no anterior al rey se ha apoderado de los bienes de Cristo, y los ha empleado en adquirir naves, en hacer puen- tes, en pagar deudas nacionales, en cosas enteramente profanas. El Papa, haciendo uso del poder que Cristo le ha dado para atar y desatar, y consultando la salvación de las almas, absuelve de censuras, y dispone que que- den las cosas como están. Comprométese el soberano á pagar á la Iglesia de su erario público las rentas que se le deben, pues ély su nación están aprovechándose de las empresas que se han ejecutado: el Sumo Pontífice lo cons- tituye y accede á ello, ratificándolo todo con su respectiva firma, tanto el encargado del Papa, como el represen- tante del rey, para el más exacto cumplimiento.

Hé ahí un concordato. ¿A quién de los altos poderes contratantes le ha resultado una nueva obligación? Al Sumo Pontífice, ninguna. El es el legislador en materia de disciplina, el custodio y de censor de ella, y no ha he- cho mas que disponer que la misma disciplina siga, mo- dificada según las nuevas necesidades que se han presen- tado; es el defensor del derecho natural, divino y de gen- tes, ultrajado y hollado en el despojo de la Iglesia, y no ha hecho más que consentir en que se resarzan los ul- trajes y se aplique remedio á la depredación. La obliga- ción ha resultado al monarca, y le ha resultado por mil títulos: él y su pueblo son los que reportan utilidad de bienes que no eran suyos, y por consiguiente, étes quien queda obligado de nuevo á cumplir lo que ha prometido solemnemente.

El Sumo Pontífice estaba obligado á defender la dis- ciplina, y no ha contraído esa obligación en virtud del concordato, sino en virtud del mandato que Cristo im- puso á los sucesores de San Pedro, á quien mandó por tres veces, que apacentase su Iglesia: no le liga, pues, con el principio contratante otra obligación, sino la que le impuso Jesucristo, de enseñarle y de apacentarlo, co- mo á cordero del rebaño del Señor. El rey estaba obli- gado á defender en su reino la justicia y el derecho: fal- tase á esto con el despojo de la Iglesia: él es, por tanto, quien contrae una obligación sacratísima y estrictísima en el concordato, la de reparar los daños hechos, y la de pagar á la Iglesia lo que le debe, por retener sus bienes, licitamente ya por gracia del Papa.

Resulta, pues, de lo dicho, que los concordatos no pue- den mirarse como todo rigor legal como contrato, sino como promesas solemnísimas, que hace el inferior al superior, de cumplir con un deber, al cual, el mismo á otro que ha sido su predecesor, ha faltado. Y si en sentido lato quie- re dársele el nombre de contrato, hay que confesar que podrá serlo bilateral en el sentido ya dicho, pero jamás lo será equilateral por las razones indicadas. Esto es lo que hay en la materia, y no temo desafiar á quien quie- ra, á que pruebe lo contrario. Lo intentará hacer, pero será aduciendo los mismos sofismas que han presentado algunos regalistas exagerados, que no han hecho más que perturbar las conciencias de los reyes, y conducirlos á pasos que han roto la armonía del sacerdocio con el imperio.

Así hemos visto, que algunos monarcas han dado le- yes para el gobierno de las Iglesias, no consiguiendo si- no desgovernarlas y perturbarlas, siempre que han publi- cado leyes que no estaban basadas en los Cánones. Conocemos una legislación, en la cual existen leyes cal- cuadas en las que publicó el Sa to Concilio de Trento, y son por su naturaleza justas y racionales. Pero otras hay, que no solo son extra ius, sino contra ius; y estas, confeccionadas por regalistas, que no distingüian entre el derecho del Papa, de los Obispos y de la Iglesia, y el de los reyes, son por su natural za perturbadoras, y tienden á introducir el cisná; el cisná, que es la mayor calamidad que puede caer sobre un pueblo ó sobre una diócesis.

Tal es la ley que dispone que si un Obispo no da colo- cación canónica de un beneficio en el término de ocho días, después de pre-entarsele el agraviado, acusa este al Obispo más inmediato: tales es la que ordena que el Obis- po no provea una vacante ad Curam animarum en el término de cuatro meses, no se pague dotación alguna al que la desempeña interinamente: tal es la que encar- ga á los Obispos, que levanten las censuras y entredi- chos, que las audiencias les digan que lo hagan: tal es por fin, entre otras muchas que pudieran citarse, la re- probadísima atribución que algunos regalistas han con-