El Consultor de los párrocos (1874-06-11 00:00:00), página 3

en 1851, suprimió el texto, que todavía se atreve á citar el Sr. Couto Monteiro. Pero ¿puede echarse un texto ó un pasaje que su mismo autor suprime ó reprenda? (1)

Objecion 6.a. «Ahrens asegura que la dirección de los cementerios, sean ó no católicos, corresponde toda á la potestad civil.»

¿Qué argumento! Para que resalte toda su absurdidad, debe indicarse:

1.º Que Ahrens, lejos de ser escritor católico, es racionalista ó krausista, y, por lo tanto, de todo punto incompetente para tratar esta clase de cuestiones. ¿Cómo había de defender la autoridad eclesiástica, en la cual no creía?

2.º Que, esto no obstante, Ahrens, en la sexta edición de su obra, titulada Curso de Derecho natural, suprimió las palabras que, tomándolas de ediciones anteriores, cita el escritor regalista al cual impugnamos. Y, ¿qué valor pueden tener unas palabras que se citan después de haber sido borradas por su mismo autor?

Objecion 7.a. «Según el dictámen suscrito por el Fiscal de Cámara del Real Patronato, Sr. Gomez de la Serna, en España se aprobó la conducta de las autoridades administrativas que mandaron enterrar en un cementerio católico un cadáver al cual se había negado la sepultura eclesiástica.»

El Sr. Sousa Monteiro, al refutar esta objeción del Sr. Couto Monteiro, se limita á decir: «Esto en España nada tiene de extraordinario, ni nosotros nos atrevemos á calificar de extraordinaria la predilección que muestra el Sr. Couto Monteiro hacia semejantes ejemplos. Con todo, á este ejemplo oponéndose siempre otro, ocurrido en Francia, según refiere André, Cours de Legislation civile ecclesiastique, tomo II, pág. 169» (2).

A esta respuesta debemos nosotros añadir algo más. En efecto, como españoles, tenemos necesidad de demostrar que nuestra legislación no es lo que acaso pudiera figurarse quien únicamente la juzgare por lo que dice el escritor regalista portugués.

Es indudable que el Sr. Gomez de la Serna, siendo Fiscal de la Cámara del Real Patronato, con fecha 3 de Marzo de 1855, emitió un dictámen sobre caso de denegación de sepultura eclesiástica (3). Pero, ¿qué se dice en este dictámen? En cuanto á la cuestión de principios, lo que se dice es lo siguiente: «El gobernador reconoce de buen grado que corresponde á la autoridad eclesiástica decidir si un cadáver debe ó no recibir sepultura en lugar sagrado. Esto, en el terreno del derecho constituido, no puede ponerse en duda; y sólo en el terreno del derecho constituido es como el Fiscal considerará la cuestión» (4).

¿Es esto negar el derecho que tiene la autoridad eclesiástica para rehusar ó conceder la sepultura sagrada? Verdad es que, sentada esta doctrina, el Sr. Gomez de la Serna, como abogado del cadáver al cual se había negado la sepultura sagrada, se esforzara por demostrar que no había motivos para asegurar que se encontraba en el caso previsto por las leyes eclesiásticas. En efecto, el Sr. Gomez de la Serna, sin negar en principio el derecho de la Iglesia, fijándose solo en la cuestión de hecho, examina y comenta las principales circunstancias del caso para hacer creer que se trataba de un hombre de quien no podía afirmarse con seguridad que había muerto fuera de la Iglesia católica.

Añádase á esto:

1.º Que el dictámen citado no es una ley ni está si-

(1) Las palabras que el Sr. Couto cita se encontraban en la obra mencionada, tomo IV, núm. 71.
(2) A Servidora Ecclesiastica, opúsculo 2.º, pág. 63.
(3) Véanse estos dictámenes en Alcubilla, Diccionario de la Administración Española, tomo 3.º, artículo Cementerios, número 4.ª, edición de 1868, desde la pág. 121 hasta la 125.
(4) Alcubilla, lugar citado, pág. 123, columna 1.ª

quiera confirmado por un decreto ó una real orden. ¡Ni aun tiene la fuerza de una sentencia dictada por un tribunal de justicia!

2.º Que lleva la fecha de 3 de Marzo de 1855, y, por lo tanto, es anterior á la ley de 25 de Abril del propio año, en la cual se dice lo que á continuación y textualmente copiamos: «Art. 1.º En todas las poblaciones donde la necesidad lo exija á juicio del Gobierno, se permitirá construir cementerios, á donde sean conducidos, depositados y sepultados, con el respecto debido á los restos humanos, los cadáveres de los que mueren fuera de la comunión católica. Art. 2.º En aquellas poblaciones que no tengan los cementerios especiales á que se refiere el artículo anterior, los alcaldes y ayuntamientos cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de que los cadáveres de los que mueran fuera de la comunión católica sean enterrados con el decoro debido á los restos humanos, tomando las precauciones convenientes para evitar toda profanación» (1).

Aquí, como se ve, se dispone que se dé sepultura decorosa á los cadáveres de los que mueren fuera de la Iglesia católica; pero no se dice que esta sepultura sea sagrada. Por el contrario, se autoriza la construcción de cementerios especiales, no benditos, ó meramente civiles, para inhumar en ellos, sin intervención ninguna de las autoridades eclesiásticas, los cadáveres de los que tengan la desgracia de morir fuera de la comunión católica.

3.º Que esto es lo dispuesto por la antigua legislación española. El rey Carlos III, para no citar otros monarcas, dispuso lo siguiente: «He tenido á bien resolver y mandar que se observen las disposiciones canónicas, de que soy protector, para el establecimiento de la disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cementerios» (2).

4.º Que esto es lo que dispone igualmente la nueva legislación. En efecto, en una real orden, fecha 6 de Octubre de 1859, fundada en un dictámen del Consejo de Estado, se dice lo siguiente: «La privación de sepultura como segregación de la comunión y grex cristiana, corresponde á la pena de excomunión menor, y no puede, por lo tanto, imponerse sino por el Prelado bajo las prescripciones señaladas por las decretales. Así, pues, el Prelado debe ser el único juez que imponga esta pena, no gubernativa, sino canónicamente.» En la misma real orden, poco después, se añade: «Pero si los medios de conciliación no fuesen bastantes y un Párroco negase la sepultura eclesiástica á un cadáver, se hayan de dirigir los interesados al Prelado de la diócesis, á fin de que, instruyendo el opportuno expediente, tome la resolución que estime justa; que, entretanto, se proceda en el término acostumbrado á dar sepultura al cadáver en un lugar que revenga las condiciones aportecibles al efecto, sin perjuicio de que, si instruido el expediente mencionado, recayese sentencia favorable, se proceda á la exhumación y traslación á sagrado con las precauciones que marcan las disposiciones vigentes, dejando en estos casos libre y expedita la acción de la autoridad eclesiástica» (3).

En otra real orden, fecha 18 de Marzo de 1861, fundada también en un dictámen del Consejo de Estado, se dice lo que sigue: «Desde los primeros tiempos del Cristianismo han sido considerados los cementerios como lugares sagrados, y, por consiguiente, han tenido los privilegios y prerrogativas de tales.» Y poco después: «Y no podrá suceder otra cosa, porque los fieles, mientras vivan, pertenecen á la sociedad civil; desde que mueren, sus restos pertenecen á la Iglesia, que les recibe y con-