El Consultor de los párrocos (1876-09-09 00:00:00), página 6

por lo mismo, nulas y canceladas las escrituras de imposición y reconocimiento, y debiendo también cancelarse las inscripciones del registro de la propiedad, para que en todo tiempo conste su invalidación:

Resultando que presentada esta escritura en el registro de la propiedad, el registrador, con fecha 8 de Marzo último, estampó al pie del documento la siguiente nota: «No admitida la inscripción del título que precede, por contener el defecto de no tener capacidad civil la persona jurídica que otorga la redención, y haber transcurrido treinta días hábiles desde su presentación sin haberse subsanado dicho defecto.»

Resultando que contra la calificación expresada del registrador de la propiedad, el muy Rdo. Arzobispo de Granada acudió al presidente de la audiencia de aquella capital para que se mandase practicar la inscripción solicitada, respetando las prescripciones de la ley vigente y los derechos peculiares á la jurisdicción eclesiástica, pues que, según los arts. 7.º del convenio de 24 de Junio de 1867 y 5.º de la instrucción del 25 del propio mes y año, y la real orden aclaratoria expedida en 18 de Abril de 1868, es justamente redimible toda imposición hecha sobre bienes de dominio privado y cuyos productos se hallen total ó parcialmente obligados al cumplimiento de cargas eclesiásticas, sin que quede tampoco duda alguna respecto á la exclusiva competencia de la autoridad eclesiástica para hacer la redención, tratándose, como se trata, de cargas eclesiásticas, de cosas espiritualizadas que nada absolutamente tienen de carácter civil, y existiendo el convenio citado, que atribuye á la autoridad de los Prelados diocesanos la facultad de verificar tales redenciones, mucho más cuando, como en el caso presente, la capellanía se halla vacante, y á cargo, por lo mismo, de la autoridad eclesiástica y bajo su inmediata inspección:

Resultando que el recurrente alega también en el mismo escrito que el registrador se ha desentendido del mérito de una certificación que en conformidad á lo prescrito en el artículo 8.º del R. D. de 11 de Noviembre de 1861 expidió la delegación de capellanías del arzobispado para que se inscribiera en el registro de la propiedad la posesión del censo correspondiente á la fundada por doña Melchora Bravo, en cuya certificación se dice que de las pensiones del indicado censo habían estado en posesión los Capellanes usufructuarios de la fundación hasta el Presbítero D. Laureano de Mora, que había sido el último, y además se citan la ley, instrucción y real orden en que la redención descansa, y el decreto de la autoridad eclesiástica que la concedió; teniendo, por tanto, el registrador de la propiedad suficientemente acreditada en este documento la capacidad civil de la persona jurídica que había otorgado la redención, toda vez que en ella se consigna la naturaleza del gravamen, el hecho de la posesión, el derecho de la redención y la competencia de la autoridad que la había concedido:

Resultando que evacuado informe por el registrador de la propiedad acerca de los motivos que tuvo para su negativa, éste expuso: que ni el convenio de 24 de Junio de 1867, ni la instrucción del 25, ni la R. O. de 18 de Abril de 1868, facultan á la autoridad eclesiástica para otorgar las redenciones, limitándose sólo á declarar redimibles los censos que la redención es un acto de enajenación que no reputa legítima sino en los casos en que expresamente la Iglesia está facultada para verificarla, como sucede con las memorias y obras pias: que el Estado es quien tiene capacidad civil para otorgar tales redenciones, habiendo inscrito muchas escrituras en que así se ha hecho sin oposición por parte de la Iglesia, y, por último, que no tuvo motivo alguno legal que le impidiera inscribir á favor de la capellanía la posesión del mismo censo, sino solo un sentimiento de délicadeza y desinterés, pues que no teniendo tal inscripción más objeto que el inscribir en seguida la redención, que no sería inscribible, le reprobaba devengar y cobrar honorarios sin ventaja alguna para los interesados:

Resultando que habiendo mandado el presidente de la audiencia para mejor proveer que se pidieran informes al administrador económico de la provincia, oyendo al oficial letrado acerca de las autoridades competentes para acordar tales redenciones, y á los registradores de Almería, Jaén y Málaga acerca de la práctica seguida en estos registros respecto á inscripción de redención de censos, acordada por los Obispos, informó el primero que las capellanías colativas de patronato familiares y de sangre, y las meramente laicales que no pertenecen á disfrutar individuos ni corporaciones eclesiásticas, están sujetas, en cuanto á la redención, á los preceptos del derecho común, ya se verifique por los particulares entre sí, ya por los mismos ante los tribunales; el registrador de Jaén dijo que, en tal caso, si la inscripción fuera procedente por tratarse de censos no comprendidos en las leyes desamortizadoras, seguiría el procedimiento que prescriben los artículos 414 y 415 de la ley hipotecaria; el de Almería expuso que la práctica en aquel registro era admitir la inscripción de redención acordada por los Obispos, siempre que los censos fueran de carácter puramente eclesiástico; y, por último, el de Málaga manifestó que en el registro de su cargo se habían denegado siempre tales redenciones, á no ser que se trate de comunidades de inmuebles ó derechos que pertenezcan á capellanías declaradas subsistentes, ó de redención de cargas puramente espirituales, de cualquiera fundación que procedieran:

Resultando que el presidente de la audiencia de Granada, con fecha 26 de Julio de 1875, declaró ser procedente la nota puesta por el registrador de la propiedad en la escritura de redención, si bien la certificación posee la del censo á favor de la capellanía debía inscribirse por no tener efecto legal, fundándose en razones análogas á las expuestas por el registrador en su informe; de cuya resolución apeló para ante esta Dirección el M. Rdo. Arzobispo de Granada por considerarla contraria á las leyes anteriormente citadas y lastimar los intereses de la Iglesia y derechos de su autoridad:

Vistos los arts. 7.º, 8.º, 16, 18 y 23 del convenio-ley de 24 de Junio de 1867; 5.º, 20, 28 y 40 de la instrucción concordada de 25 del propio mes y año:
Vista la R. O. de 18 de Abril de 1868, dictada con inteligencia del M. Rdo. Cardenal Pro-nuncio de Su Santidad, en que se dispuso:
«Enterrada la Reina (Q. D. G.) de las consultas elevadas por V. S. al ministerio de Gracia y Justicia respecto á la inteligencia de algunos puntos del convenio de 24 de Junio de 1867 sobre capellanías, con inteligencia del M. Rdo. Cardenal Pro-nuncio de Su Santidad, se ha servido resolver lo siguiente:
1.º Que los bienes que constituyen la dotación de los patronatos laicos ó reales de legos con destino á obras pias y á fundaciones piadosas familiares no están sujetas á la mutación.
2.º Que los censos ó pensiones conocidamente afectos á cargas eclesiásticas, como celebración de misas, de aniversarios y de otras funciones religiosas, están sujetos á la redención.
3.º Que no hay dificultad en conceder á los consistorios el derecho de redimir los censos que están destinados al pago de cargas eclesiásticas; y en el caso de que ellos no quieran usar de este derecho, podrá acudirse al medio de la venta judicial.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec-