El Consultor de los párrocos (1874-09-11 00:00:00), página 2

tistite canonice seu juxta canonicas regulas praescribatur. Missae ceremonia non pendent à voluntate Sacerdotis celebrantis; sed ab Ecclesia lege à legitimi Presulibus tempore opportuno applicata.

Praeterea, si hoc ad arbitrium celebrantis relinquetur, uniformistas, hae in re adeo necessaria, nullatenus existent. Nam cum Deus mundum hominum disputationibus tradidisset, et Sacerdotes homines sint, et de rebus hujus mundi agatur, poterit facilem accidere ut ex celebrantibus in una eademque Ecclesia unum sic, alius vero sic politicis questiones, impressionarii agitatas, resolvat. Hinc quod in uno exdemque altari unum pro Rege, alter pro Republica, alter autem pro Gubernio oraret. Et quis non videt, hoc scandali occasionem esse posse?

Porro, his nostris in adeo calamitosis temporibus, ad res politicas, quod atimet, misera, quod lugendum, inter se divisae ac separati populi apparent. Magnae civitates vera sunt babalice turres, et difficile admodum esset vel unum parvum oppidum designare, in quo diverse et etiam oppositae fractiones politicae non repertientur.

Et haec cum tis sint, quid dicendum de Parochio vel sacerdote, qui per se, abusus necessitate, et in locis in quibus hoc periculosum esse possit, tanquam minister publicus et publice pro una fractione, et contra alias oraret?

Sacerdos est homo privatus et est minister publicus. Tanquam homo privatus, potest privatim, prout velit et quando velit, orare, modo non oret nisi pro re, que vere sit justa, et Deo placens. Velut minister publicus contra, Sacerdotes non potest facere, nisi quod vel a Rubricis vel a Sacris Canonibus praescribatur. Hac si non fit distinctio, haud facile erit magna innumerique pericula vitare.

Oret ergo unumquisque, velut homo privatus, sicut credit se licite posse orare; ast, tanquam minister publicus, sui Episcopi decisionem expectet, et quod ejus Episcopus non facit, nullatenus faciat. Hac justitia prudentiaeque regula ad mala scandalique gravi impedienda omnino necessaria est.

Sed his reliquit, ad alta, non adeo salebrosa, properemus.

SEGUNDO CASO.

En la ley del matrimonio civil se afirma que el Gobierno puede dispensar en los impedimentos dirimentes ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué valor canónico tiene esta dispensa? Si dispuesa el Gobierno, ¿habrá necesidad de recurrir á Roma para obtener dispensa canónica?

Aunque parezca increíble, es, no obstante, cierto que hay todavía gentes que sosiegan estas dudas y que no se atreven á decidir en la práctica. Están acostumbradas á la unidad católica ó á ver que la potestad civil procede de acuerdo con la Santa Sede, y no acaban de comprender la diferencia que existe entre la unidad católica, que exige la armonía entre las dos potestades, y la libertad de cultos, que supone el ateísmo, ó, por lo menos, el indiferentismo del Estado. Desgraciadamente hay ya necesidad, y necesidad muy grande y muy imperiosa, de hacerse cargo de esta tan esencial diferencia.

Antes, el Estado, que era católico, no reconocía más que un matrimonio, que era el canónico, ó sea el celebrado según las leyes de la Iglesia. Hoy, por el contrario, reconoce dos, á saber: el religioso, al cual no concede valor civil, y el civil, único al cual atribuyen efectos civiles. Para el Estado, el matrimonio canónico es como si no existiese, ó, cuando más, es solo un impedimento para la celebración del matrimonio civil.

El Estado, cuando habla de matrimonio, no se refiere para nada al sacramento, del cual prescinde, sino á una unión pura y exclusivamente civil, desprovista de todo, absolutamente de todo carácter religioso.

El Estado, cuando habla de impedimentos, alude, no á los canónicos, ó fundados en las leyes natural, divina y de la Iglesia, sino á los creados por sola la potestad civil. La política moderna, hoy preponderante en toda Europa, no reconoce impedimentos de derecho natural, de derecho divino ó de derecho eclesiástico, porque no cree en la ley natural, no se acuerda ninguna de la ley divina, y se separa por sistema de las leyes eclesiásticas. Así es que, cuando el Estado habla de impedimentos, aunque conserva el mismo nombre canónico, intenta significar una cosa que es esencialmente diversa de lo que la Iglesia quiere que este nombre signifique.

Los impedimentos, pues, que admite la Iglesia se distinguen de los que admite el Estado:

1.º Por su origen.
2.º Por su naturaleza.
3.º Por sus fines.
4.º Por su sanción.

Se distinguen por su origen, porque los impedimentos que admite la Iglesia se fundan en la ley natural, acerca de la cual no puede dispensar nadie; en la ley divina, acerca de la cual, en casos muy rudos y en circunstancias muy extraordinarias, para evitar males gravísimos, puede haber interpretación por parte del Papa, y, por último, en la ley eclesiástica, acerca de la cual el Papa, como autor de la ley, puede dispensar. Los impedimentos que admite el Estado no se encuentran en ninguno de estos casos. El Estado no conoce más impedimentos que los que él mismo, no por fines religiosos, sino solo por fines sociales y políticos, establece. Para el Estado los impedimentos nacen de una ley que él promulga y que él mismo, cuando quiere, puede derogar. Para el Estado los impedimentos no tienen más vida que la que tenga la ley civil, que los establece. Así es que, si se deroga la ley, lo cual tan posible es, los impedimentos concluyen, por no fundarse en nada que sea anterior ó superior á la ley.

Más aún. Para el Estado no hay ni puede haber impedimento que tenga el carácter de perpetuo ó absolutamente indispensable, porque partiendo el Estado del principio materialista de que no hay ley que le sea superior, no puede admitir que haya ley, que no pueda derogar, ó impedimento en el cual no pueda dispensar. La ley admite, por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio; pero lo hace porque se figura que así le conviene, no porque crea que es y debe ser indisoluble por ley natural y divina. El Estado afirma que el matrimonio es indisoluble porque así lo ha acordado una mayoría parlamentaria; pero sin negar que podrá afirmarse lo contrario el día que otra mayoría acuerde otra cosa que sea diametralmente opuesta. El Estado, tal cual hoy se comprende, no se niega á sí mismo el derecho de disolver el matrimonio y aun de sancionar la poligamia. El Estado moderno se considera como una especie de divinidad, con facultades para todo y sin temor á ningún poder superior del orden religioso, al cual necesite subordinar su conducta.

Por estas razones, el Estado, cuando habla de dispensas de impedimentos, se refiere á dispensas que tengan carácter y efectos, no religiosos, sino pura y exclusivamente civiles ó dadas por una potestad mundana y solo para fines mundanos.

Fíjese bien la atención en esto y se comprenderá la diferencia que existe en el origen de los impedimentos eclesiásticos, que suponen necesariamente la fe en el orden sobrenatural, y el origen de los impedimentos civiles, que excluyen sistemáticamente la fe en el orden sobrenatural ó que se fundan en la negación de toda revelación ó sea en el más glacial naturalismo.

Digamos en segundo lugar que los impedimentos canónicos se diferencian por su naturaleza de los impedimentos civiles. Esto parecerá extraño á los que solo fijen su atención en los