El Consultor de los párrocos (1876-04-15 00:00:00), página 6

por lo tanto, tampoco tiene lo que llaman derecho de exequatur y de apelación por abuso (1).

Como se ve, el Syllabus, en el lugar citado, afirma tres cosas, á saber:

1.º Que la potestad civil no tiene autoridad indirecta negativa sobre las cosas sagradas.

2.º Que la misma potestad civil no tiene lo que llaman derecho de exequatur.

3.º Que tampoco tiene lo que se conoce con el nombre de apelación por abuso.

Expliquemos cada uno de estos tres puntos.

En el primero se establece que la potestad civil no tiene autoridad indirecta negativa sobre las cosas sagradas, ó, lo que es igual, que no pueda oponerse á que se defina ó se declare dogma una verdad de fe, á que se condene una máxima inmoral, á que se prescriba cómo y cuándo han de recibirse los santos sacramentos ó se promulguen leyes disciplinarias para la Iglesia. La razón de esto es obvia. En efecto, si la potestad civil pudiera oponerse á que la potestad eclesiástica legislace, la Iglesia no sería Iglesia, ó en vez de ser, como es, una sociedad independiente, sería una asociación esclava. Además, si el Estado puede impedir que la Iglesia legisle, la libertad de conciencia, en nuestros tiempos tan pozoñada, no es sino un horrible sarcasmo. ¿Qué sería de la libertad de conciencia si los católicos no pudieran creer sino lo que les permitiese crear el Estado? La Iglesia tiene dogmas, tiene ley moral y tiene leyes disciplinarias. En todo esto está independiente y libre de la intervención del Estado. Con esto á nadie perjudica, porque el dogma, la moral y la disciplina eclesiástica no restringen en nada el legítimo poder del Estado. Como el Estado no osa invadir la órbita de la Iglesia, jamás tropezará en su camino con obstáculos suscitados por la infalibilidad del Sumo Pontífice. La Santa Sede no se mezcla nunca en las cuestiones meramente políticas. Lo que hay es que el Estado suele empeñarse en negar á Dios lo que es de Dios y hasta en negar á Dios, y esto no puede dejar de reprobarlo la Iglesia. Y, ¿cómo se extraña que la Iglesia, que es la misma revelación, rechace toda doctrina contraria á la revelación? Si, pues, el Estado se obstina en ser ateo ó perseguidor de la Iglesia, por fuerza ha de encontrar en el funesto camino que recorre los obstáculos que no puede menos de suscitarle la Iglesia. La Iglesia, como toda sociedad, tiene, y no puede dejar de tener, el derecho de defenderse.

Añádase á esto que la doctrina de la Iglesia es la verdad revelada ó la verdad de Dios. ¿Qué autoridad, pues, ha de tener sobre ella el Estado ó el Gobierno civil? Por más que el Estado quiera extralimitarse, ¿podrá oponerse á que los fieles crean lo que la fe les manda creer, hagan ó eviten lo que los preceptos del Decálogo y eclesiásticos les mandan hacer ó evitar, reciben los santos sacramentos cuando deben recibírlos, oren cuando estén obligados á orar y obedezcan á los superiores legítimos, á quienes están en la obligación de obedecer?

No puede, por lo tanto, decirse que el Estado tiene potestad indirecta negativa sobre las cosas sagradas. Esta potestad, que no tiene su origen en la revelación divina ni se funda en la razón, no podría ser sino la fuerza brutal ó la más sacrilega violencia. O se admite ó no se admite la Iglesia. Si no se admite, no se habla de libertad de conciencia. Si se admite, no se le niegue su potestad legislativa, sometiéndola á la intervención del Estado, que en esto es absolutamente incompetente.

En el segundo punto se niega á la potestad civil el llamado derecho de exequatur. Esto no es más ni menos que la consecuencia natural y legítima de lo que acabamos de establecer. El exequatur ó el pase, no es sino la aplicación de la potestad indirecta negativa que sobre las cosas sagradas pretende tener el Estado. Si, pues, esta potestad no existe, como ya hemos visto, el exequatur no puede tampoco existir, por carecer de razón de ser ó de su única base.

Esto no obstante, el pase ó el exequatur puede entenderse de dos maneras, á saber:

1.º Como condición indispensable para el valor de la ley ó la gracia pontificia.

2.º Como fórmula que emplea el Estado para asegurarse de que las disposiciones de la Santa Sede no están en oposición con los Concordatos.

Lo primero es falso y herético, y de ningún modo se puede tolerar. Las leyes eclesiásticas y las gracias pontificias son tales leyes y tales gracias desde el momento que se promulgan ó se conceden, sin que haya necesidad de esperar para darles el valor que tienen á que el Estado las apruebe ó sancione. En esto no hay ni cabe la menor duda.

Lo segundo, es decir, el hacer uso del exequatur para asegurarse de que la Iglesia no falta á lo pactado, es absurdo y además ilícito; pero, cuando la Santa Sede lo toleré, podrá, sin embargo, tolerarse como un mal para evitar mayores males. Habrá falta; y grave, en el que muestra esta tan infundada desconfianza hacia el Vaticano; pero el autor del mal no puede confundirse con el que se ve obligado á soportarlo. En este caso, el que tolera el pase, como el que tolera las casas de prostitución, la usura, la herejía, la idolatría, etc., etc., como por sí se limita á no impedir lo que no puede impedir, no contrae responsabilidad moral de ningún género. Más claro aún. En la teoría del exequatur, entendida de este segundo modo, figuran dos clases de personas, á saber: las que lo exigen y las que por necesidad, y para evitar mayores males, lo toleran. Las primeras contraen responsabilidad; las segundas no. La razón es, porque ni niegan que las leyes y gracias pontificias son válidas, aunque no tengan el pase, ni ejecutan acción alguna que sea contraria á las leyes de Dios ó de la Iglesia.

Los regalistas suelen decir contra esto que el Estado necesita examinar previamente los documentos que emanan de la Santa Sede para ver si con ellos se infringe ó no lo convenido en los Concordatos. Para que se vea cuán absurdo es esto, no se necesita más que recordar lo que sucede todos los días y á todos los Gobiernos. Con suma frecuencia celebran tratados unos Gobiernos con otros. Es evidente que hay Gobiernos que pueden olvidarse de sus deberes e infringir lo pactado. Esto no obstante, ¿hay algún Gobierno que diga que necesita examinar previamente todas las leyes y todos los decretos y todas las resoluciones de los Gobiernos amigos, para ver si respetan ó no los tratados? ¿Habría algún Gobierno que sufrisse tan terrible humillación? Y si no se hace esto con ningún Gobierno civil, ¿cómo se hace con la Santa Sede?

Para las infracciones de los tratados, no hay ni puede haber leyes preventivas, ni mucho menos leyes de desconfianza general y sistemática, como lo son todas las que suponen el exequatur. Las infracciones de los tratados se observan y se señalan después que han tenido lugar, no antes. La vigilancia, si se ejerce, ha de ser diplomática y secreta ó disimulada, de modo que no lleve consigo humillación ni dé motivo á quejas.

Como se ve, lo que aquí pedimos es bien poca cosa. No solicitamos ningún privilegio; lo único que exigimos es que se miren los tratados celebrados con la Santa Sede, como se miran, por ejemplo, los tratados que se celebran con Inglaterra