El Consultor de los párrocos (1872-10-24 00:00:00), página 2

¿No veis que pronunciáis la sentencia de muerte contra la propiedad cada vez que os remontáis á su origen? ¿Qué podéis decir contra la propiedad eclesiástica, que no se pueda decir contra la propiedad de la aristocracia? Y ¿qué podéis decir contra la propiedad de la aristocracia que no se pueda repetir por lo menos con igual derecho contra la propiedad del Estado llano ó la clase media?

Aquel Gobierno, á quien las malas pasiones no permitían oír la verdad, se mofaba de los tristes pronósticos de Maury, y bien pronto, en la noche del 4 de Agosto de 1789, decretando la desamortización, dió el golpe de gracia á la propiedad corporativa.

Entonces se dijo: «La noche del 4 de Agosto ha sido el San Bartolomé á la muerte de la propiedad.»

Y en efecto, aquella noche empezó á temblar, y desde entonces continúa temblando la propiedad en todo el mundo. Tras los desamortizadores de 1789, vino el Babeuf, de 1793, y tras el Babeuf, de 1793, vinieron los sansimonianos, los fourieristas, los caballistas, los comuneros y los internacionalistas de nuestro siglo.

El golpe desencadenado sobre la propiedad de la Iglesia fue la brecha practicada en la fortaleza de la propiedad general, y mientras no se cierre esta brecha, dando reparación á la Iglesia, jamás se podrá impedir el paso al socialismo y al comunismo.

Y para que se vea cuánta razón tenemos para expresarnos así, fijémonos en lo que dice el Gobierno contra la Iglesia para compararlo con lo que dicen los internacionalistas contra toda clase de propiedad.

Dice el Gobierno: «La riqueza pública había llegado a concentrarse en su mayor y mejor parte en las manos de la Iglesia.»

Y dice la Internacional: «La riqueza pública se ha concentrado en su totalidad en las manos de los explotadores del pueblo.»

Esto es inicuo y horrible. Es cierto; pero, ¿qué diferencia hay entre lo que dice la Internacional, declarando contra toda clase de propietarios, y lo que dice el Gobierno declarando contra la Iglesia?

Ponderando, exagerando el Gobierno la riqueza de la Iglesia, dice: «El equilibrio económico se había roto, y no era ya posible restablecerlo con los recursos que ofrece el derecho positivo de los pueblos.»

Esto es lo mismo que decir que la Iglesia era muy rica y que para empobrecerla era preciso infringir las leyes ó despojarla violentamente de su legítima propiedad.

Pues bien, la Internacional, parodiando ó copiando esto, dice: «No asegura el Gobierno que es un mal el que la propiedad se concentre en una clase? Sí. Pues ahora la propiedad está concentrada en dos ó tres clases, que no son el pueblo. ¡Que venga la liquidación social!»

¿No afirma el Gobierno que cuando una clase es más rica que otra es preciso que haya nivelación ó que se restablezca el equilibrio? Sí. Pues que se nivele ó se equilibre toda propiedad. Si el Gobierno sólo sólo á los propietarios eclesiásticos, nosotros odiamos á todos, absolutamente á todos los propietarios.

¿No asegura el Gobierno que cuando esta nivelación no puede hacerse con los recursos que ofrece el derecho positivo, ó sea con arreglo á las leyes, se hace con desprecio de las leyes ó apelando á la violencia? Sí. Pues nivelemos las fortunas ó hagamos el reparto general, prescindiendo de los recursos del derecho positivo que, como dice el Gobierno, son insuficientes ó ineficaces.

¿No conviene el Gobierno en que para restablecer el equilibrio, en perjuicio de la Iglesia, sobrevenga en casi toda Europa una gran reacción, la desamortización? Sí. Pues, ¿cómo ha de negar que ahora, para restablecer el equilibrio en perjuicio de los demás propietarios, ha sobrevenido en casi todo el mundo una gran reacción, la Internacional, contra la propiedad entera?

¿No sienta el Gobierno que «si el derecho secular, (la ley) no puede legitimar plenamente» el despojo de la Iglesia, ello explica en cambio suficientemente la historia? Sí. Pues bien, si se admite este principio, ¿cómo se ha de rehazar la máxima fundamental de los internacionalistas? ¿No convienen los internacionalistas en que el derecho secular no puede legitimar plenamente sus proyectos acerca de la liquidación social? ¿No confiesan que para realizar sus deseos necesitan prensidir de las leyes, confiando en que la historia explicará suficientemente su conducta?

¿Cuál es, pues, la diferencia que existe entre lo que propone el Gobierno y lo que exige la Internacional? Ninguna, absolutamente ninguna.

El Gobierno sienta principios contrarios á la propiedad y los aplica á la propiedad de la Iglesia, arrastrado por su espíritu de secta ó de odio al Catolicismo.

La Internacional, encontrando ya pobre á la Iglesia, acepta los mismos principios que proclama el Gobierno y los aplica á otros propietarios.

¿Quién es aquí el maestro? ¿Quién da el fatal ejemplo? ¿Quién es el responsable?

Y cuenta que al señalar este peligro, que tan grande y tan inminente es, pensamos en los propietarios actuales y nada más que en los propietarios actuales. La Iglesia, que ha sido despojada de todas sus legítimas riquezas, no tiene ya propiedad ninguna que defender. Si, pues, clama contra los antisociales principios proclamados por el Gobierno, es porque desea el bien general de la sociedad ó porque, como siempre, procura oponerse al desbordamiento del torrente, que tan funesto ha de ser para la humanidad y para la civilización.

La Iglesia, dirigiéndose á los actuales propietarios, les dice: «Hijos del siglo XIX, no libréis por la pérdida de mi propiedad, que se perdió ya hace mucho tiempo; llo- rad por la pérdida de vuestra propiedad y de la vue- stros hijos. Mi propiedad resucitará, y yo volveré á ser rica; pero vuestra propiedad morirá y quedará muerta, y vosotros tendréis el inmenso pesar de bajar al sepulcro dejando á vuestras mujeres y á vuestros hijos en la miseria.»

La Iglesia sabe lo que ha de hacer; ya lo ha dicho de una manera tan pública como solemne. Los Prelados reunidos en Zaragoza, en su exposición á las Cortes, han manifestado que las leyes que el Gobierno pide «no producirán otro resultado que el de promover nuevos y gravísimos conflictos introduciendo una gran alarma y perturbación en las conciencias. Los Prelados, en cumplimiento de sus deberes y en uso de la divina autoridad de que están revestidos, viendo percibir el clero y que el culto no puede sostenerse, se encuentran precisados á señalar en sus respectivas diócesis las cuotas en fruto ó en dinero con que los fieles debían atender á tan urgentes e imperiosas necesidades. Acatando sus dioce- sanos las prescripciones de la ley de Dios natural y positiva, no podrían menos de obedecer si fueren buenos católicos, y los compradores de bienes eclesiásticos, ade- más del dato que recibirían en el precio y estimación de estos, experimentarían las pasadas ansiedades que se habían calmado con el Concordato (1).

¿Se ha meditado bien en lo que significan éstas palabras? No se pierda de vista que esta es la primera vez que los Obispos españoles, que tan amantes son de la paz y la justicia, emplean este lenguaje.

Los Obispos tienen autoridad, que les ha concedido el mismo Dios, para imponer tributos á los fieles, y los fie-

(1) Esta exposición, escrita en Zaragoza con fecha 12 de Octubre de 1872, día de la Virgen del Pilar, lleva al pie las firmas de los Cardenales de Santiago y Valladolid; los Arzo- bispos de Zaragoza, Valencia y Burgos, y los Obispos de Za- mora, Sigüenza, Ávila, Badajoz, Santander, de Archie, Gero- na, Calahorra, Palencia, y Vicario capitular de Huesca. Por el Obispo de Tarazona y los Vicarios capitulares de Barbastro, Jaca, Teruel y Albaracin, sus sufragáneos, firma el Arzobis- po de Zaragoza.