El Consultor de los párrocos (1872-07-11 00:00:00), página 1

EL CONSULTOR DE LOS PARROCOS.

REVISTA DE CIENCIAS ECLESIÁSTICAS.

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SUMARIO.

JURISPRUDENCIA Y DERECHO CANONICO.

Nuevo atentado contra la libertad de cultos. Profanación de un cementerio—Violación de un enterradero.—Sangrientas invasiones de la potestad civil.—Edicto de un rey árabe.

SECCIÓN DE TEOLÓGIA DOGMÁTICA.

Otros temas antes de las órdenes religiosas. Cargos contra las conferencias de San Vicente. ¿Se admite el Evangelio? ¿Son simbólicas? ¿Ponen la sociedad en peligro? ¿Por qué se les persigue?

SECCIÓN DE TEOLÓGIA MORAL Y MÍSTICA.

Casos de conciencia. I. ¿Se puede celebrar el matrimonio en la hora de la muerte? ¿Puede el matrimonio ser nulo si el sujeto no lo desea con sentimiento? II. ¿Puede celebrarse el matrimonio con materia dudosa y forma omnímoda? III. ¿Puede el Obispo dispensar en los impedimentos divinamente por derecho eclesiástico, en la hora de la muerte, cuando el sujeto no lo desea? ¿Qué debe hacer el Sumo Pontífice? ¿Hay algún caso de necesidad extrema en el cual el Parroco y aun el consejo puedan declarar que no obliga la ley del impedimento?

Suelto. Romano, de Pío IX.—Mezquindad del municipio revolucionario de Roma.—Sentencia de un tribunal de justicia favorable a la Iglesia.

JURISPRUDENCIA Y DERECHO CANONICO.

NUEVO ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE CULTOS.

En el Boletín de la provincia de Zamora, hemos visto una real orden suscrita por el ex-ministro de la Gobernación, Sr. Candau, acerca de la cual no podemos menos de llamar toda la atención de nuestros lectores.

LEYENDO atentamente esta real orden, es imposible no ver en ella un verdadero atentado contra la libertad de cultos. En efecto, por lo que dispone y por los considerandos en que funda su disposición, hace ver que por libertad de cultos no se entiende más que el propósito de contrar en todo la libertad de la Iglesia.

Pero límetémonos por ahora á la simple exposición de los hechos.

En un pueblo de la provincia de Zamora, que no queremos ni aun nombrar, por no dar carácter local ó personal á lo que decimos, se han dado y se siguen dando escándalos, que pueden ser de muy graves consecuencias.

Un hombre que hacía años faltaba al cumplimiento de sus deberes religiosos, en un momento de desesperación, atentó contra su propia vida. El Parroco, con autorización del digno prelado de la Diócesis, en cumplimiento de lo que prescriben los Sagrados Canones, se negó á dar sepultura eclesiástica al suicida.

Nada más justo, ni más conveniente que esta medida. El castigo que en este caso se impone al suicida, no es de ningún modo en odio, ni por desprecio á su persona, sino solo para inculcar un saludable terror á todos los que puedan tener deseos de poner fin á su vida. Esta pena impuesta por la Iglesia contra el suicidio, es temor saludable para el individuo, garantía para las familias y seguridad para la sociedad. No exacerbar el suicidio, honrarlo, como hoy se quiere hacer, es por el contrario, fomentar un crimen que á todo trance debe extinguirse. Las autoridades civiles que, separándose de la conducta de la Iglesia, y aun oponiéndose á ella, se empeñan en no imponer castigo ninguno á la memoria del suicida, advirtiendo ó no, sólo se proponen despojar de una gran parte de su horror al suicidio.

De lo cual inferimos:

1.º Que nada es tan justo, ni tan útil para la sociedad como el imitar el proceder de la Iglesia, procurando por todos los medios posibles, disminuir el número de suicidios.

2.º Que la Iglesia mira por el bien temporal y eterno del individuo, tranquiliza á las familias y favorece á la sociedad, al imponer penas contra el suicidio.

3.º y último. Que las autoridades civiles que siguen opuesto rumbo, tienden, por el contrario, á popularizar el suicidio, dejando de considerarlo cual un crimen, y abandonando el individuo, la familia y aun la sociedad á las consecuencias de un crimen que, cuando llega á entrar en las costumbres de los pueblos, causa males incalculables.

En esto, como en muchas otras cosas, la autoridad civil, sea por su fanatismo, ó sea por su ridículo empeño en alejarse todo lo posible de la Iglesia, combate, en vez de defender, los intereses de la sociedad.

Como no podía menos de suceder, dada la índole de la política actual, en el caso atañente aludimos, las autoridades inferiores y superiores, no pensando en que fomentaban el suicidio, sino creyendo que únicamente atormentaban á la Iglesia, se declararon en abierta hostilidad contra el Cura parroco y aun el Obispo, se apoderaron á viva fuerza del cementerio católico y lo profanaron dando en él sepultura á un cadáver que, según la misma legislación vigente, debía haberse inhumado de otro modo y en otra parte.

El Gobierno pretende dar á esta cuestión el carácter de una simple cuestión de sanidad. Al intento cita tres reales órdenes de 19 de Mayo de 1848, 12 de Mayo de 1849 y 30 de Enero de 1851, que no dicen nada, absolutamente nada de lo que se supone que dicen. En estas reales órdenes, en efecto, se trata de la manera de inhumar para no perjudicar á la salud pública, pero no se indica siquiera que el Juez de primera instancia no tenga el derecho y aun el deber de desenterrar el cadáver que necesite ser exhumado, por exigirlo así alguna causa criminal que se siga, ni mucho menos que pueda permanecer en una sepultura católica el cadáver de un hombre, que ha muerto despreciando las leyes de la Iglesia.

¿A qué, pues, esta hipocresía? ¿A qué aparentar que sólo se trata de una cuestión de sanidad, cuando nadie ignora que lo que se quiere es mostrar desprecio y odio á la fe católica?

Si se tratara solo de una cuestión de sanidad, ¿por qué no se inhuma el cadáver del suicida fuera del cementerio católico, en un cementerio especial, destinado para los cadáveres de los que mueren fuera del gremio de la