El Consultor de los párrocos (1874-02-26 00:00:00), página 5

cios y molestias consiguientes á la reunion del consejo de familia ante el Juez de primera instancia, según lo prescrito en los artículos 3.º y 4.º de la ley de 20 de Junio de 1872, prescinde de este requisito y convoca él mismo una junta compuesta de los cuatro parientes más próximos.

Ante todo importa dejar sentado una vez más, que la ley de 20 de Junio de 1862, que solo tenía efectos civiles, no impone ya ni puede imponer obligación ninguna á los Curas párrocos. Dicha ley, que no era de carácter canónico, no constituía impedimento dirimente ni aun impediente, y solo era un requisito civil para los efectos civiles del contrato matrimonial. Es cierto que la aceptaron los señores Obispos, porque no se oponía á las leyes de la Iglesia, y porque además convenía que se aceptase, á causa de la armonía existente entonces entre la Iglesia y el Estado. Pero aunque los Prelados aceptaron esta ley, jamás intentaron convertirla en ley canónica ó durle sanción eclesiástica incluyéndola en el cuerpo del derecho. Por esta razón nunca perdió su carácter pura y exclusivamente civil. De aquí el que, una vez publicada la ley del matrimonio civil, la ley de 20 de Junio de 1862 perdió toda su fuerza obligatoria por lo que atañe á los Curas párrocos.

Antes de la inculpable ley del matrimonio civil, el matrimonio celebrado in facie Ecclesiae, único que entonces se reconocía, tenía carácter canónico y carácter civil. Para lo primero, se tenían en cuenta las prescripciones canónicas, y para lo segundo, era conveniente no prescindir de las leyes justas del Estado. Por esto se aceptó y convino que se aceptase la citada ley de 1862. Pero se rompe la unidad católica, desaparece la armonía entre las dos potestades, y el Estado, proclamando la libertad de cultos e instituyendo el matrimonio civil, dijo: «Prescinde por completo del matrimonio canónico y de las leyes eclesiásticas. Para mí ya no existe más matrimonio que el civil, celebrado según las leyes civiles. Que la Iglesia aplique como quiera las leyes canónicas, yo me reservo el aplicar como juicio oportuno las leyes civiles.» Desde el momento en que el Estado hizo esta declaración, las leyes civiles relativas á la forma de la celebración del matrimonio, dejaron de ser obligatorias para los Curas párrocos. Y tan cierto es esto, que desde entonces, el mismo Gobierno, renunció á toda intervención en los libros parroquiales, dejó de exigir el uso del papel sellado, y no volvió á pensar en si la Iglesia tenía ó no tenía en cuenta la ley de 20 de Junio de 1862. Esta ley, pues, no es ya obligatoria para los Curas párrocos.

Sin embargo, como los teólogos moralistas enseñan, el Cura párroco tiene el deber de esforzarse porque nadie contraiga matrimonio de una manera irreflexiva ó insconsiderada. Además, sabido es que la moral católica prescribe el respeto y la obediencia á los padres, y exige que los hijos no tomen ninguna determinación grave, como lo es la de contraer matrimonio, sin obtener antes, á ser posible, su consentimiento. Esta regla puede tener y tiene en realidad algunas excepciones, porque la experiencia enseña que hay casos en los cuales los hijos pueden verse hasta obligados á contraer matrimonio sin el consentimiento y aun contra la voluntad de sus padres. A pesar de esto, por lo común los Párrocos no deben proceder á la celebración del matrimonio, sin que los hijos, principalmente si son menores, obtengan antes el permiso de sus padres. Esta es la doctrina de los teólogos, admitida por la Iglesia.

Pero, ¿cómo ha de aplicarse esta doctrina? ¿Será necesario atenerse á la citada ley de 20 de Junio de 1862? No; porque esta ley no es ya obligatoria para los Curas párrocos. ¿Será preciso que el consentimiento paterno se otorgue ante un juez de primera instancia ó un notario público?

No, porque canónicamente hablando, ó para los efectos canónicos, el Cura párroco es juez y es notario con fe pública. Así como tiene fe pública para oír á los testigos y extender sus declaraciones, de la misma manera la tiene para dar testimonio de que conoce á los padres y de que les ha oído conceder la autorización que se les pide. No es, pues, obligatorio el continuar recurriendo al juez de primera instancia para celebrar el consejo de familia.

Mas aún. El consejo de familia no es institución canónica, sino civil. Podrá ser en muchos casos una garantía de acierto; pero no puede negarse que hay también ocasiones en las cuales podrá llegar á ser hasta peligroso. Supóngase, por ejemplo, que una joven, hija de padres judíos ó protestantes, se convierte al Catolicismo y desea contraer matrimonio canónico. Si sus padres ó parientes se han opuesto tenazmente á su conversión, será conveniente la reunión del consejo de familia? Los legisladores de 1862 no pudieron tener á la vista esta dificultad, que tan grave es y tan imperiosamente exige la reforma de su ley.

De las consideraciones expuestas se deduce que los Curas párrocos sólo tienen hoy obligación de aplicar la doctrina de los teólogos, que puede considerarse en este caso como la ley comun. Ahora bien; los teólogos enseñan:

1.º Que el consentimiento paterno es necesario y debe obtenerse cuando no conste que los padres lo niegan irracionalmente ó contra la justicia y la conveniencia. Los Curas párrocos son los jueces que han de decidir acerca de si éso no irracional el disenso paterno. En caso de duda los Obispos son los únicos que pueden resolver la cuestión.

2.º Que los tutores tienen el mismo derecho que los padres; pero no puede ser aplicado con el mismo rigor. En efecto, los tutores pueden ser personas extrañas y juzgar más bien según sus propios intereses que según los intereses de sus pupilos. El tutor no es padre, y esta circunstancia disminuye el valor de su veto ó disenso. No queremos decir con esto que deba desprestigiarse la autoridad del tutor, sino que conviene recibir con cierta cautela sus decisiones. De todos modos, tanto en este caso como en el anterior, el Cura párroco y el Obispo son los únicos jueces, tratándose de los efectos canónicos.

3.º Que á falta de los padres y tutores deben ser oídos los abuelos; pero nunca puede darse al disenso de estos el valor que se da al de aquéllos. La razón de esto se concibe muy fácilmente.

4.º Que á falta de abuelos, deben consultarse los parientes en segundo ó cuando más en tercer grado de consanguinidad. En este caso á los parientes se les pedirá consejo; pero no se reconocerá en ellos una autoridad que no tienen ni pueden tener para oponerse á la celebración del matrimonio.

5.º Que á los padrastros, madrastras, cuñados y demás afines, no deberá recurirse sino cuando sean tutores ó cuando conste que el verdadero amor á la justicia suple el defecto de la sangre.

6.º y último. Que cuando no haya padres ni tutores, ni abuelos, ni parientes próximos, el Cura párroco es quien tiene el deber de averiguar si conviene proceder á la celebración del matrimonio, ó si por el contrario se necesita aconsejar prudencia ó exigir más meditación.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL.

El P. Tarquini, jesuita, uno de los Cardenales nombrados por Su Santidad en Diciembre último, ha muerto en Roma á consecuencia de una pulmonía, el día 15 de Febrero, á las 8 y 45 minutos de la noche.