El Consultor de los párrocos (1876-12-04 00:00:00), página 2

mutación y cesión de que aquí se trata, serán objeto de un convenio particular celebrado entre la Santa Sede y S. M. católica.

Art. 11. El Gobierno de S. M., confirmando lo estipulado en el art. 39 del Concordato, se obliga de nuevo á satisfacer á la Iglesia, en la forma que de común acuerdo se convenga por razón de las cargas impuestas, ya sobre los bienes vendidos como libres por el Estado, ya sobre los que ahora se le ceden, una cantidad alzada que guarde la posible proporción con las mismas cargas. También se compromete á cumplir por su parte, en términos hábiles, las obligaciones que contrae el Estado por los pars. 1.º y 2.º de dicho artículo.

Se instituirá una comisión mixta con el carácter de consultiva que, en el término de un año, reconozca las cargas que pesan sobre los bienes mencionados en el par. 1.º de este artículo, y proponga la cantidad alzada que en razón de ellas ha de satisfacer el Estado.

Art. 12. Los Obispos, en conformidad de lo dispuesto en el art. 35 del Concordato, distribuirán entre los Conventos de Monjas existentes en sus respectivas diócesis las inscripciones intrasferibles correspondientes, ya á los bienes de su propiedad que ahora se ceden al Estado, ya á los de la misma procedencia que se hubieran vendido en virtud de dicho Concordato, ó de la ley de 1.º de Mayo de 1855. La renta de estas inscripciones se imputará á dichos Conventos como parte de su dotación.

Art. 13. Queda en su fuerza y vigor lo dispuesto en el Concordato acerca del suplemento que ha de dar el Estado para el pago de las pensiones de los Religiosos de ambos sexos, como también cuanto se prescribe en los arts. 35 y 36 del mismo acerca del mantenimiento de las casas y congregaciones religiosas que se establezcan en la Península, y acerca de la reparación de los Templos y otros edificios destinados al culto. El Estado se obliga además á construir á sus expensas las Iglesias que se consideren necesarias, á conceder pensiones á los pozos Religiosos existentes legos exclaustrados, y á proveer á la dotación de las Monjas de oficio, capellanes, sacristanes y culto de las Iglesias de las Religiosas en cada diócesis.

Art. 14. La renta de la Santa Cruzada que hace parte de la actual dotación, se destinará exclusivamente en adelante á los gastos del culto, salvas las obligaciones que pesen sobre aquéllo por convenios celebrados con la Santa Sede.

El importe anual de la misma renta se computará por el año común del último quinquenio en una cantidad fija, que se determinará de acuerdo entre la Iglesia y el Estado.

El Estado suplirá, como hasta aquí, la cantidad que falle para cubrir la asignación concedida al culto por el art. 34 del Concordato.

Art. 15. Se declara propiedad de la Iglesia la imposición anual que para completar su dotación se estableció en el párrafo cuarto del art. 3.º del Concordato, y se repartirá y cobrará dicha imposición en los términos allí definidos; sin embargo, el Gobierno de S. M. se obliga á acceder á toda instancia que por motivos locales ó por cualquier otra causa le hagan los Obispos, para convertir las cuotas de imposición correspondientes á las respectivas diócesis en inscripciones intrasferibles de la referida deuda consolidada, bajo las condiciones y en los términos definidos en los arts. 7.º, 8.º y 9.º de este convenio.

Art. 16. A fin de conocer exactamente la cantidad á que deba ascender la mencionada imposición, cada Obispo, de acuerdo con su Cabildo, hará á la mayor brevedad un presupuesto definitivo de la dotación de su diócesis, ateniéndose al formulario á las prescripciones del Concordato. Y para determinar fijamente en cada caso las asignaciones respecto de las cuales se ha establecido en aquél un \( \text{maximum} \) y un \( \text{minimum} \), podrán los Obispos, de acuerdo con el Gobierno, optar por un término medio, cuando así lo exijan las necesidades de las Iglesias y todas las demás circunstancias atendibles.

Art. 17. Se procederá inmediatamente á la nueva circunscripción de parroquias, al tenor de lo conferenciado y concertado ya entre ambas potestades.

Art. 18. El Gobierno de S. M., conformándose á lo prescrito en el art. 36 del Concordato, acogerá las razonables propuestas que para aumento de asignaciones le hagan los Obispos en los casos previstos en dicho artículo, y señaladamente las relativas á Seminarios.

Art. 19. El Gobierno de S. M., correspondiendo á los deseos de la Santa Sede y queriendo dar un nuevo testimonio de su firme disposición á promover, no sólo á los intereses materiales, sino también los espirituales de la Iglesia, declara que no pondrá obúsica á la celebración de Sinodos diocesanos, cuando los respectivos Prelados estimen conveniente convocarlos. Asimismo declara que sobre la celebración de Sinodos provinciales y sobre otros varios puntos árduos ó importantes, se propone ponerse de acuerdo con la Santa Sede, consultando al mayor bien y esplendor de la Iglesia.

Por último, declara que cooperará por su parte con toda eficacia á fin de que se lleven á efecto sin demora las disposiciones del Concordato que aún se hallan pendientes de ejecución.

Art. 20. En vista de las ventajas que de este nuevo Convenio resultan á la Iglesia, Su Santidad, acogiendo las repetidas instancias de S. M. C. ha acordado extender, como de hecho extiende, el benéfico saneamiento contenido en el art. 42 del Concordato, á los bienes eclesiásticos enajenados á consecuencia de la referida ley de 1.º de Mayo de 1855.

Art. 21. El presente convenio, adicional al solemne y vigente Concordato celebrado en 16 de Marzo de 1851, se garantizará en España perpetuamente como ley del Estado, del mismo modo que dicho Concordato.

Art. 22. El canje de las ratificaciones del presente convenio se verificará en el término de tres meses, ó antes si fuese posible.

En fe de lo cual los infrascritos plenipotenciarios han firmado y sellado el presente convenio con sus respectivos sellos. Dado en Roma en dos ejemplares á 25 de Agosto de 1859.

Firmados.—G. C. Antonelli.—(L. S.)
Firmado.—Antonio de los Ríos y Rosas.—(L. S.)

Por tanto, mandamos á los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar la presente ley en todas sus partes. Dado en Palacio 4 de Abril de 1860.—Yo la Reina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernández Negrete.

LEGISLACION CIVIL RELATIVA AL MATRIMONIO.

D. Boletín Eclesiástico de Almería tomamos la siguiente importantísima colección de disposiciones civiles vigentes que se refieren al matrimonio.

A nuestros muy amados y venerables Párrocos y encargados de la cura de almas en las Iglesias de esta nuestra diócesis, salud y bendición.

Habiéndonos hecho, en las tres largas temporadas que en el año actual hemos empleado en la santa visita del mayor número de las parroquias sujetas á nuestra jurisdicción, varias y frecuentes consultas referentes al matrimonio canó-