El Consultor de los párrocos (1872-05-23 00:00:00), página 3

jamás las leyes civiles, encaminadas á castigar á los que hacen resonar las campanas en días de asonada ó sedición (1).

Que se limiten á esto las autoridades civiles, y nunca encontrarán la menor oposición. Ahora, si es que quieren proteger la incredulidad, sí es que se suponen llamadas á arrancar la fe del corazón del pueblo, sí es, en fin, que intentan labrar la felicidad pública, arraigando y extendiendo más y más cada día el indiferentismo religioso, que tantos estragos está haciendo en la sociedad, entonces, para proceder como verdaderos solidarios, para alentar los llamados entierros civiles, procura- ren adquirir campanas propias, colóquelas en las casas de ayuntamiento y solíciten con ellas las exequias de los que mueran como inmundos materialistas ó blas- femando contra Dios.

La ley exige que haya distintos cementerios para los que pertenecen á diversos cultos. ¿Por qué no ha de haber también distintas campanas para no tener que obli- gar al Cura católico á que solemne los funerales del protestante ó moréudo? ¿No es hasta absurdo el que se diga al Cura párroco: «V. no tiene obligación de enter- rar al ateo; pero por fuerza ha de contribuir á dar ex- plendor á su entierro»?

Llamamos, pues, y muy formalmente la atención del Gobierno acerca de este punto. Es preciso que sus agen- tes subalternos se persuadan de que la libertad de cul- tos no los convierte en perseguidores de la Iglesia cató- lica ni siquiera en propagandistas del protestantismo y materialismo. Los delegados del Gobierno están soste- nidos por la nación para que desempeñen sus cargos civiles, no para que se porten en todo cual fanáticos sec- tarios.

RESPUESTAS Á LAS AUTORIDADES QUE ABUSAN.

Como ciertas autoridades comprenden tan mal la li- bertad de cultos, los Curas párrocos se encuentran mu- chas veces en conflictos que no han provocado ni pue- den siquiera evitar. Por desgracia, no es raro el que re- ciban comunicaciones, tan injustas como inadmisibles, á las cuales necesitan contestar.

Para hacer esto de una manera cumplida y sin arro- trar ningún peligro, pudieran tenerse en cuenta las bases siguientes:

1.ª Por más que sea injusta, absurda y hasta insultan- tante la comunicación que se reciba, comprendiendo que lo que se busca es tender un lazo para poder for- mar procesos por desacato, en la respuesta convendría no mostrar exasperación, hablar con suma templanza y hasta á ser posible, emplear en ella términos que, sin que puedan parecer irónicos, indiquen respeto y consi- deración.

2.ª Hacer constar que no se resiste por capricho ó mala voluntad, sino por deber, por exigirlo así el dere- cho canónico ó sea la legislación de la Iglesia.

3.ª Demostrar que la Constitución vigente, al san- cionar y garantizar la libertad de cultos, deja en comple- ta libertad á la potestad eclesiástica y prohibe toda medida que se encamine á impedir ó coartar el libre ejercicio del culto católico.

4.ª y última. Que no hay ninguna ley civil que autorice á los agentes del Gobierno para penetrar en el templo, inspeccionar los libros parroquiales, ver á quién se concede ó se niega la absolución, saber quién contrae matrimonio católico ó tomar parte en los entierros.

A esto debe añadirse que si alguna autoridad des- enterrase disposiciones de otros tiempos, pudiera con- testárselle en términos genéricos, indicándole que todas las disposiciones regalistas suponen la unidad católica y que, una vez destruida esta unidad, ya son hasta un incomprensible anacronismo.

Teniendo á la vista estas máximas, se puede rechazar toda agresión del poder civil, manifestándole que no está en su mano el hacer lo que la ley no autoriza, y que lo que él exige no es lo autorizado por la ley.

Colocándose en este terreno los Curas párrocos, y ar- mandose de paciencia y fortaleza, pueden estar firmí- simamente persuadidos de que por fuerza ha de con- cluirse por darles siempre la razón.

Como para aplicar estos principios, vamos ahora á copiar cuatro comunicaciones que se han recibido, y ex- poner las respuestas que, en nuestro concepto, se les po- dría dar.

La primera es de un visitador del papel sellado que, dirigiéndose á un Cura párroco, de oficio, le dice lo si- guiente:
«He sabido con sorpresa que V., Sr. Cura, al exten- der las diligencias matrimoniales, no se vale del papel del sello, como la ley, tan sagrada para todos, lo man- da, y descando yo evitar conflictos, antes de proceder, como corresponde, le prevengo, que será inflexible como la justicia, si no toma V. papel de dos reales y aun de seis, según su caso, para el consentimiento paterno, las declaraciones de testigos, etc., etc.»

A este tan extraño oficio, pudiera contestarse del modo siguiente:
«En contestación á su oficio de..., que acabó de reci- bir, debo manifestar á V., señor visitador, que estableci- do por la ley el registro civil, los archivos parroquiales han perdido su carácter civil y se han sustraído enteramente á la ley del papel sellado.

Como esta ley, señor visitador, es una contribución, que ya pagan los contrayentes al celebrar el matrimonio civil, si yo les obligase á hacer más gastos en papel del sello, les impondría por mí mismo otra contribución, lo cual ni puedo hacer yo, ni puede hacer nadie, sin estar para ello expresamente autorizado por las cortes.

Espero, pues, que V., convencido de que yo no tengo derecho para imponer contribuciones á los pueblos y recordando que las leyes del matrimonio y del registro civil, no hablan para nada de los libros parroquiales, respetará mi independencia religiosa, como respeta la de los judíos y musulmanes, y consentirá en retirar su oficio ó darlo por no enviado.

Dios guarde á V., etc.»

Veamos otra comunicación, que tampoco deja de ser original. Es de un juez de primera instancia que, con bastante frecuencia, oficia á los Curas párrocos para que le remitan gratis todas las partidas que se le ocurre pedir.

A este, pues, se le pudiera contestar en los términos que siguen:
«Siento, señor juez, verme en la necesidad de recordar á V. que ni los archivos parroquiales de mi cargo son una oficina del Estado, ni yo cuento con los recursos ne- cesarios para sostener los empleados que me serían indis- pensables si hubiese de facilitar á V. todas las parti- das y certificaciones que me pide ó exija. La nación no me suministra fondos para esto, y yo no puedo impo- nerme un sacrificio, hoy enteramente superior á mis fuerzas.

Si, pues, V. me pide certificaciones ó partidas que por referirse á lo criminal, deba dar de oficio, ó en fa- vor de personas que tengan hecha declaración legal de pobreza, yo las expediré gratis y con el mayor gusto, si no son muy numerosas. En el caso de serlo, no tendrá tampoco inconveniente ninguno en expedirlas, si V. se

(1) Véase La Nueva Recopilación, ley 2, tít. 6, lib. I; ley 4, tít. 13, lib. 9; y leyes 2 y 5 del tít. II, lib. 12. El Código penal vigente antes de 1888, arts. 169 y 177 tenía también gravísimas penas contra los que se valían de las campanas para atentar contra el orden público. ¿Protestó alguna vez la Iglesia contra esto?