El Consultor de los párrocos (1873-05-01 00:00:00), página 3

pues, la cuestión electoral los conflictos que ocasiona? De ningún modo.

Pero, mirando la cuestión bajo otro aspecto, ¿para qué se disgusta á las autoridades locales? ¡Para complacer á un personaje que es ó se dice más católico! Y ¿qué resulta? Que la autoridad deseada, se indigna y persigue, y el personaje favorecido se retira y ni aún vuelve á acordarse de que ha dejado en un verdadero martirio al Cura.

Estos y no otros son los frutos de las luchas electorales.

Respecto á lo cuarto, ó sea á los vecinos católicos, que tan indiferentes se muestran, conviene hablarles al oído y muy al alma, demostrándoles que ante Dios y ante el mundo han de responder de su falta de caridad y celo por el culto.

Esto es lo que puede decirse, resolviendo la cuestión bajo el punto de vista moral. Bajo su aspecto legal, no sabemos si sería conveniente tratarla. De todos modos, no se divide que la ley, ahora, lejos de favorecer, sólo puede perjudicar. Las leyes que están redactadas con intención hostil al Catolicismo, se interpretan y se aplican en el propio sentido. Por esto conviene callar y sufrir, como si se viviese en una época de verdadera persecución.

En realidad, los alborotadores, que tanto y tan sacrílegamente han gritado contra el Párroco, han cometido crímenes horribles, de los cuales darán cuenta muy estrecha á Dios; pero ¿qué es su responsabilidad ante la ley actual?

La ley reconoce el derecho de manifestación y asociación, y por lo mismo autoriza para que los malos católicos se reúnan para gritar contra su Párroco, como los malos judíos se reunieron para gritar contra Jesucristo. En las actuales circunstancias, se desconoce por completo el delito moral y religioso, y se supone que el hombre tiene derecho para protestar contra el Párroco, contra el Obispo, contra el Papa y aun contra el mismo Dios. Esta impiedad horrenda es la base de todas, absolutamente de todas las legislaciones que existen en el mundo. La apostasía general de los Gobiernos, ha llevado en pos de sí, como consecuencia natural y necesaria, el ateísmo absoluto de las leyes. Lo que antes se llamaba la cristianidad, necesita ser convertida de nuevo.

Por estas y muchas otras razones, aconsejamos que en todo se piensa menos en llevar la cuestión ante los Tribunales. En ellos no se conseguirá nada.

En efecto: ¿en qué podrá fundarse la queja? ¿En que se ha blasfemado? ¡Para el Estado ya no son culpables las blasfemias! ¡El Estado autoriza hasta para que se niegue implícitamente á Dios! ¿En los ultrajes hechos al Párroco? ¡Y las llamadas manifestaciones públicas no se consideran como ultrajes, ó al menos como delitos, que la ley castigue!

Por otra parte, no se pierda de vista que el jurado sería el encargado de declarar si había ó no culpabilidad.

Y ¿quién compondría el jurado? ¡Los mismos que han formado los grupos! Serían juez y parte acusada á la vez, lo cual es hasta monstruoso; pero la ley no se deja en estas monstruosidades.

Conviene, pues, desistir de toda idea de solicitar la protección de los tribunales.

La Iglesia puede hallarse en tres estados, á saber:

1.º Como preponderante, cuando el Estado pertenece á ella y las leyes la protegen.

2.º Como tolerada, cuando el Estado y los partidos sean ó no católicos, proceden de buena fe y no piensen en originarse en perseguidores.

3.º Como perseguida, cuando el Estado y los partidos, ó no hacen más que leyes de persecución ó solo piensan en aplicar las leyes en sentido perseguidor.

Hoy no nos encontramos en el primer caso, porque la unidad católica ha desaparecido. Tampoco nos hallamos en el segundo, porque la libertad de cultos ni se ha proclamado ni se aplica por nadie de buena fe. Por el contrario, sólo se ha considerado y sólo se considera como un medio de perturbar la Iglesia y perjudicar al Catolicismo. En la realidad, nos vemos en el caso tercero, esto es, en una situación en la cual todo, todo, hasta el espíritu, es hostil á la Religión santa que profesamos.

Y siendo así, ¿qué protección puede esperarse, si no la de Dios? ¿A qué tribunales apeló Jesús cuando se vió tan sacrílegamente insultado por las turbas? ¿A cuál había de apelar? ¿Al de Herodes? ¡Se mofaba de él! ¿Al de Pilatos? ¡Se lavaba las manos y firmaba la sentencia de azotes y cruz! ¿A los escribas y fariseos? ¡Eran cabalmente los autores del motín! ¿Al pueblo? ¡Se hallaba seducido á alucinado! No había, pues, otro recurso que el de levantar los ojos al Cielo y exclamation: «Padre, perdónanos, que no saben lo que se hacen.»

Respecto á los gastos que, en casos parecidos al que motiva la consulta, puedan originarse, ¿qué hemos de decir? Es una cuenta que no puede pasarse á nadie, absolutamente á nadie.

No se puede pasar á la familia del enfermo, porque el Derecho canónico no autoriza para que se exijan derechos á las familias de los enfermos. Tampoco á las autoridades, porque la ley no reconoce para nada los derechos del Clero en este punto. Tampoco al pueblo, porque nada hay dispuesto ó decidido acerca de este punto.

¿A quién, pues, se han de cargar los gastos que sean indispensables para llevar los sacramentos á los enfermos que moran en el campo?

No hay más medio que el de apelar á la caridad pública.

SEGUNDO CASO.

Copiamos literalmente la siguiente consulta: «Sabido es que, según el Concilio de Trento, la profesión de fe debe hacerse por todos los que obtienen un beneficio con cura de almas, dentro del término de dos meses, contados desde el dia de la toma de posesión del beneficio. Ahora bien, ¿podrá ignorarse sin culpa este precepto? Y el que por no conocer este precepto no haya cumplido con él, ¿estará obligado á cumplirlo después? Y cuando lo conozca, ¿estará obligado á restituir los frutos del beneficio, percibidos en todo el tiempo que ha tardado en hacer la debida profesión de fe?

Aquí hay dos cuestiones muy diversas, á saber, la moral ó la relativa á la culpa cometida por la omisión, y la canónica ó sea la que se refiere á la pena que ha de imponearse por la omisión.

Respecto á la primera, diremos muy poco, porque en realidad pocas palabras bastan para resolverla.

El precepto de hacer la profesión de fe, ante el Prelado, es grave, y por lo tanto, su infracción no puede menos de llevar consigo una culpa grave también. Aquí no puede haber ignorancia que excusa. La razón es porque la ignorancia que excusa es la invencible, y en el caso propuesto no es ni puede ser invencible la ignorancia. El que acepta un cargo, tiene el deber de enterarse bien de las obligaciones que le impone, y si no lo hace, procederá con ignorancia crasa, supina ó afectada; pero no con ignorancia invencible.

Sentimos mucho el expresarnos así; pero no podríamos hacerlo de otra manera, sin faltar á la obligación que hemos contraído. Tenemos el imperioso deber de decir la verdad, y la verdad es, que, en el caso en cuestión, se ha cometido un pecado de omisión, y grave. Debemos añadir que su gravedad es tanto mayor, cuanto mayor haya sido el espacio de tiempo transcurrido desde que se tomó posesión del beneficio.

Respecto á la cuestión canónica, expondremos lo resuelto