El Consultor de los párrocos (1873-07-31 00:00:00), página 2

Art. 2.º Sin embargo, se exige que jamás se aparte de ella la mecha.

Por estas y otras muchas razones, creemos que no ha de ser muy larga la vida de la nueva Constitución. Aun suponiendo que no hubiese otros enemigos, ya se encargarán de anularla los mismos que la acaban de redactar.

Bajo el punto de vista religioso, el proyecto de Constitución no es ni más ni menos que la persecución de la Iglesia erigida en sistema de gobierno. Nada tan fácil como el demostrar esto.

Los nuevos legisladores no pronuncian siquiera el santo nombre de Dios. ¡Hasta les estorba el nombre de Dios! ¡Desdichados! Pero, al mismo tiempo, ¡qué desgracia para una nación la de verse en manos de ideólogos y ateos!

Como la sociedad no es posible sin Dios, el ateísmo comienza siempre por la confusión de lenguas, como en Babel, y acaba por el reinado del terror, como en Francia. ¡Es esto quizá lo que se desea para España?

En 1793 hubo en Francia unos cuantos ideólogos y ateos que, aprovechándose de la confusión general, se apoderaron del mando y se empeñaron en constituir una sociedad a su imagen y semejanza. Al intento, declararon abolida toda religión y hasta negaron oficialmente a Dios. Para asegurar la libertad, cumplir la justicia y realizar el fin humano,» que también hablaban así aquellas gentes, se prohibió toda virtud verdadera y se adoró como a Dios, y se propuso como modelo de virtud a una mujer inmunda, a la cual se dio el nombre de Diosa de la razón.

La consecuencia de esto fué:

1.º Una espantosa anarquía, en lo cual los mismos partidos demagógicos se hacían una guerra á muerte. Los constitucionales (1) hicieron la revolución y destruyeron la monarquía; los girondinos (2) enviaron á la emigración ó al cadalso á los constitucionales; los terroristas (3) degollaron á los girondinos, y por último, los terroristas, no hallando quien los despazara, se despazaron unos á otros.

2.º Una guerra civil en la Vendée contra los católicos, que defendían su fe, y peleaban por sus altares.

3.º Una guerra intestina y general contra toda Francia, porque toda fué comprendida en la horrorosa ley de sospechosos.

4.º La guillotina se erigió en institución permanente, se asesinaron centenares y centenares de presos en las mismas carceles, se empleó el cañón para asesinar prisioneros, por creer que el fusil y la cuchilla procedían con sobradá lentitud, y por último se apeló al recurso de barreñar buques llenos de presos para que las víctimas recibiesen el atroz tormento de verse sepultar vivas entre las ondas del mar (4).

5.º Una guerra extranjera, que los ideólogos ateos declararon á todos los Gobiernos y que comenzó por ensangrentar á Europa y acabó por dos terribles invasiones, que asolaron á Francia.

Y tal y no otra es la política del ateísmo. ¡Ay de España si Dios permite que se obcecque para no ver esto!

Dicho esto acerca del espíritu general de la Constitución, veamos cuáles son las principales disposiciones, que en orden á la Religión contiene.

En el art. 6.º (dice: «Toda persona encuentra asegurado en la república, sin que ningún poder tenga facultades para cohibirla, ni ley ninguna autoridad para mer-

marlo, el derecho de propiedad, sin facultad de vinculación ni amortización.»

Pero, ¿no es esto cohibir y mermar el derecho de propiedad? Si ningún poder tiene facultades para cohibir, ni ninguna ley tiene autoridad para mermar el derecho de propiedad, ¿cómo se cohibe y se merma el derecho del propietario, negándole la facultad de vincular ó amortizar? ¿Lo que pude el odio á la Iglesia?

Esto es lo que dice el socialismo ateo, que solo piensa en perjudicar á la Iglesia. Después vendrán los ateos que se encuentran en la miseria, y exclamarán: «¡Cómo! Si se prohíbe el vincular ó amortizar en favor de la Iglesia, ¿por qué no se ha de prohibir también la vinculación ó amortización en favor de las sociedades de crédito, industriales ó mercantiles, y aun de la sociedad dominical? ¿Por qué se ha de permitir el ejercicio del derecho de testar? ¿Qué es testar, sino vincular ó amortizar? ¡Nada, pues, de testamentos! ¡La propiedad es un robo!»

Y ¿qué dirán contra esto los autores de la nueva Constitución? No olviden que para ellos no hay ni más justicia que la fuerza, ni más verdad que el número. ¿Qué dirán, pues, cuando se presenten contra ellos el número y la fuerza?

El art. 19 dice: «Tampoco podrá ser privado ningún español del derecho de reunirse y asociarse pacíficamente para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios á la moral pública.»

De aquí se infiere que no hay poder en el mundo que pueda privar á los españoles del derecho de edificar una casa, que se llame convento, y reunirse para tributar culto á Dios dentro de ella.

¿Podrá limitarse este derecho? Parece que no, porque, según el primer párrafo del título preliminar, no hay poder que tenga facultades para cohibirlo, ni ley que tenga autoridad para merarlo. Sin embargo, en el artículo 25 se dice: «Nadie impedirá, suspenderá ni disolverá ninguna asociación, cuyos estatutos sean conocidos oficialmente, y cuyos individuos no contraigan obligaciones clandestinas.»

¿Qué significa esto? Si se admite el derecho de asociación, como anterior y superior á toda ley, como derecho que no da la ley, sino la naturaleza, ¿con qué derecho se reclaman? ¿Con qué derecho se exige á los fundadores de un convento que manifiesten sus estatutos al Gobierno? ¿No es esta una disposición preventiva? Y ¿no se dice en el art. 21 que no se establecerá ni por las leyes ni por las autoridades disposición alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en este título? Y si esto es así, ¿por qué ese empeño en conocer oficialmente los estatutos de las sociedades? ¿Por qué no se permite la existencia de sociedades, cuyos estatutos no se conozcan oficialmente? ¿No indica esto que bajo el pretexto hipócrita de examinar los estatutos, se desea suscitar obstáculos á las asociaciones religiosas?

Por otra parte, ¿qué se entiende por conocer oficialmente? ¿Bastará que el fundador ó el superior de un convento dirija un oficio al Gobierno, dándole cuenta de que él y otros ciudadanos, católicos como él, se reúnen en la calle tal, casa número tantos, para uno de los fines de la vida humana, no contrarios á la moral pública? ¿Será preciso, por el contrario, que el Gobierno examine los estatutos deteniéndolos así en su poder, todo el tiempo que quiera?

Lo cierto es que, para los católicos al menos, el artículo 25 será la negación del art. 19.

Lo de las obligaciones clandestinas es cosa que también necesita comentarios.

En efecto, ¿cómo se prueba la existencia de las obligaciones clandestinas? ¿Bastará que el Gobierno suponga que existen, para que se crea que existen? ¿Quedará el Gobierno autorizado para fundar una inquisición, que esté á todas horas penetrando en los conventos para ver