El Consultor de los párrocos (1876-11-11 00:00:00), página 4

vía pública las opiniones, creencias ó ideas religiosas de las sectas disidentes, ó dé á conocer en la misma forma los actos relativos á su respectivo culto, debe prohibirse, y no puede ser autorizado ó tolerado por las autoridades encargadas de guardar la Constitución del Estado.

Al profesor esta doctrina no es ciertamente el Gobierno que hoy rige los destinos del reino una excepción en punto tan importante. En una de las naciones que más precio dan actualmente á la libertad religiosa, donde no ya se proclama la tolerancia, sino que se pretende consagrar la absoluta libertad de todos los cultos, y singularmente del católico, por altas razones nacionales e internacionales, se impiden, sin embargo, ciertas manifestaciones públicas bien antiguas y bien arraigadas en las costumbres, creyendo que si por una parte están obligados los Gobiernos á consentir el pleno ejercicio de la libertad religiosa, deben por otra proveer escrupulosamente, no tan solo el envidio de la moral y de la higiene, sino el mantenimiento del orden, evitando entre los ciudadanos las agitaciones á que pueden dar motivos ó pretextos todo acto religioso ejecutado fuera de los Templos.

Nación hay también, y de las más libres, que teniendo en cuenta las creencias de la mayoría de los ciudadanos y aun el interés de aquellos que profesan otras diversas, no consiente que los miembros de las iglesias disidentes, bien vayan solos ó acompañados, vistan fuera de ellas los trajes propios de su religión, practiquen sus ritos ó ceremonias, ni lleven banderas, objetos ni símbolos algunos en la vía pública, considerando como un acto punible el que tales hechos se realicen cerca de los templos dedicados al servicio de la religión oficial. Semanales actos, ejecutados fuera de las casas particulares, de los cementerios ó de los templos destinados especialmente al culto, se miran allí como ocasión de sumo escándalo y de molestia para la mayoría, como evidente peligro para la paz pública, y son reprimidos energíicamente.

No otra cosa se propone el Gobierno del Rey en la interpretación del citado artículo constitucional; reclama de las sectas disidentes, y á favor de la Religión oficial del Estado, el respeto y las consideraciones que el Código penal exige para la forma de gobierno, expresión también de la voluntad de la inmensa mayoría del país; de manera que todo aquello que directamente y en la exterioridad de la vía pública sea contrario á la Religión católica, apostólica romana, debe proscibirse, bien se ejecute por actos personales, ó por emblemas, letreros, anuncios y otros signos.

Mas para determinar exactamente el límite que separa lo lícito de lo ilícito; para que la inviolabilidad de los lugares destinados al culto de esas sectas, mientras no se ataque á la moral cristiana, pueda ser mantenida, y á su amparo dedicarse libremente los que los profesan el ejercicio del derecho que consigna el precepto constitucional, y para que, so pretexto de reuniones ó asociaciones religiosas, no se constituyan organismos políticos contrarios á la seguridad del Estado y al mantenimiento del orden social, es necesario que la administración pública conozca en dónde se encuentran los templos, y quiénes son los que los dirigen, regentan ó representan. Preciso es, pues, que todo español ó extranjero que haya de abrir un templo consagrado á una religión diversa de la católica, que esté comprendida en el art. 11 de la Constitución, dé conocimiento de ello á los gobernadores civiles en las capitales de provincia, á los subgobernadores en los pueblos donde esta clase de autoridades funcione, y á los alcaldes en los restantes del reino. Ni unos ni otros deben ni pueden olvidar que la inviolable constitucional del templo sólo garantiza los actos, ritos y ceremonias puramente religiosos, pues, por lo demás, así los ministros de cualquier culto, sea el que fuere, como los congregados en el recinto destinado á practicarlo, están sujetos á las reglas de policía e higiene que las ordenanzas y reglamentos establezcan, y han de ser responsables de las faltas y delitos que se cometan dentro de aquél, y muy señaladamente por su naturaleza política, de los comprendidos en los arts. 141, 145, 181, 182, 197, 198, 199, 201, 202, 203 y 271 del Código penal.

Hay además en esta materia tan importante un punto sobre el cual debe decir su opinión franca y resuelta el Gobierno de S. M. La lamentable confusión que en algunas partes se ha querido introducir entre el templo, dedicado al culto, y la escuela, destinada á la enseñanza, no puede consentirse en modo alguno. El templo es inviolable, según el art. 11 de la Constitución; la escuela está sometida á la inspección, vigilancia y corrección del Gobierno y de sus delegados, según el art. 7º del decreto de 29 de Julio de 1874 regulamentando la libertad de enseñanza; y esas facultades gubernativas serían inusitadas si el catedrático pudiera invocar la inviolabilidad del Sacerdocio, y convertir á su antojo en iglesia el aula donde reúne á sus discípulos para instruirles en las letras, las artes ó las ciencias. La Religión es objeto del art. 11 constitucional; la enseñanza lo es del art. 12; los efectos de ambos preceptos son diversos, como la índole de los derechos que consagran, y para cumplir aquéllos y para respetar éstos es indispensable establecer con claridad la línea divisoria del templo y de la escuela. Si hay quien pretende suscitar conflictos á la sombra de una inexplicable confusión, la prudencia del Gobierno ha de evitarlos.

Por otra parte, el libre ejercicio del culto está reconocido en España á todos sus habitantes, sin distinción de nacionales y extranjeros; pero no suele lo mismo con la libertad de enseñanza, cuya posesión tan solo se asegura á los españoles en el art. 12 de la Constitución. Razones del Estado que á nadie pueden ocultarse han obligado á los legisladores españoles de todos los tiempos, incluso á los de ideas más liberales, á exigir el carácter nacional para fundar ó crear establecimientos de enseñanza, porque era imposible consentir en manos de extranjeros el depósito sagrado de las futuras generaciones, que llevan en su conciencia y en su entendimiento el porvenir de nuestra patria. Así es que, no ya para fundar escuelas y establecimientos de enseñanza, sino sólo para ingresar en el profesorado español, ha sido necesario que las leyes de instrucción pública autoricen especialmente á los extranjeros, como sucedió en la de 1857, que los facultó únicamente para enseñar lenguas vivas y para dar lecciones de música vocal e instrumental. Deberán tener, por consiguiente, muy en cuenta las autoridades, que no pueden estar al frente de los establecimientos de enseñanza, tanto públicos como privados, los extranjeros, porque el Código fundamenta tal no lo consiente, en razón á graves consideraciones de alto interés político.

Después de esto, queda solo una última prevención que hacer para completar el pensamiento del Gobierno: entiende éste, y así se propone realizarlo, que fuera del templo, que es inviolable mientras en él no se delinea, y fuera de los demás establecimientos autorizados al efecto por disposición especial, todas las reuniones que se celebren, sean cualquiera su carácter y el fin que se propongan, queden sujetas á la regla 1.ª de la R. O. de 7 de Febrero de 1875, que dispone «que no podrá convocarse ni celebrarse ninguna reunión pública en calles, plazas y pasos u otro lugar de uso común, sin el permiso previo y por escrito del gobernador de la provincia en las capitales, y de la autoridad local en los demás pueblos.» Si acaso, pues, alguna de estas reuniones se celebra sin solicitar y obtener previamente el permiso de la autoridad, podrá ser disuelta en el acto como ilícita, y sus autores entregados á los tribunales de justicia. Nadie puede ta-