El Consultor de los párrocos (1873-10-01 00:00:00), página 5

te, si lo que no es posible, me prestara á suspender la ejecución de las mencionadas Bulas interin no se les conceda el pase, según se me previene en la orden que motiva la presente reclamación.

Como el efectuarlas sin este requisito, es un acto lícito con arreglo á la ley, que no lo considera mi delito ni falta, y además estoy obligado á obedecer al Vicario de Jesucristo, me apresuré, no bien recibí las Bulas, á empezar á cumplimentarlas; dando conocimiento de ellas á V. E. como muestra de consideración al Gobierno, haciéndolas publicar en los periódicos de Madrid y de otras partes y comunicándolas á los Prelados para que me auxiliássen con su cooperación en el desempeño de mi encargo. De sus resultas, todos saben ya las justas disposiciones que por medio de dichas Bulas se ha visto precisado á dictar Su Santidad, como consecuencia necesaria del decreto del Poder Ejecutivo de 9 de Marzo próximo pasado, en el que se disuelven y extinguien las cuatro Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, juntamente con la de San Juan de Jerusalén.

Disueltas y extinguidas dichas Órdenes en los términos más absolutos, han quedado también disueltas y extinguidas la dignidad de Gran Maestre, el Tribunal especial de las mismas, sus Asambleas ó sean todas sus altas instituciones, á las que por indultos, privilegios y concesiones de la Santa Sede estaba anjada la jurisdicción eclesiástica, que supongo nadie enumerará entre los derechos que pueden competir á la nación y al Estado, acerca de cuya salvaguardia se reserva á ese ministerio disponer lo conveniente en el artículo 2º del expresado decreto. Sería preciso para incurrir en semejante equivocación, no haber siquiera leído el título 8º del libro 2º de la Novísima Recopilación, que trata del Consejo de las Órdenes y de su jurisdicción real y eclesiástica, relegar y maestral; ignorar la historia de las Órdenes Militares; no saber la forma canónica con que los Maestrazgos se incorporaron á la corona y desconocer la índole ó naturaleza de la jurisdicción eclesiástica y el origen de donde procede la que han venido ejerciendo las dignidades de las citadas Órdenes.

Según las Bulas Pontificias en que se concedió esta jurisdicción eclesiástica á los reyes católicos de España en su cualidad de Grandes Maestres, se les impone el deber de elegir personas religiosas ó regulares de dichas Órdenes para el ejercicio de esa misma jurisdicción, y de aquí el establecimiento del Tribunal de este nombre, que la revolución, después de haber expulsado al Gran Maestre, suprimió á su arbitrio, refundiéndolo en el Tribunal Supremo de Justicia, quien políticamente no canónicamente podía ejercerla; y por último, el decreto de 9 de Marzo de este año ha venido á quitar toda esperanza á los que creían posible su restablecimiento, puesto que desde esa fecha, como se dice en el preámbulo, oficialmente las Órdenes militares desaparecieron de nuestra patria.

En semejante situación, sin Gran Maestre, sin Tribunal canónico, sin caballeros reconocidos oficialmente por el Estado, no teniendo los actuales otra consideración que la de simples particulares con la facultad que la ley común concede á todos los españoles, de poder asociarse libremente para un fin honesto, ó como se dice en el citado preámbulo, para conservar los recuerdos históricos que les plazca; disueltas y extinguidas, en una palabra, las Órdenes Militares con todos sus fueros, distinciones y privilegios, ¿qué había de hacer la Santa Sede? ¿Podía consentir que limitadamente y con notorio daño espiritual de los fieles, subsistiera la jurisdicción eclesiástica que les era aneja, después de abolidas las instituciones á quienes la concedió y por cuyo medio debía ejercerse? ¿Había de tolerar por más tiempo que sin su consentimiento y expresa autorización, viniese á parar á un Tribunal, respetable en verdad, pero meramente laical, inhabíl para todo lo que no sea concerniente á la administración de justicia, según su propia institución, y compuesto de magistrados, que aunque muy dignos, carecen de las cualidades canónicas de que debían estar adornados los ministros que habían de formar y formaban el Tribunal suprimido? Además, ¿qué objeto podía tener ya esa jurisdicción? ¿Podría conservarse aunque fuera con el carácter de provisional que tienen desde que se celebró el Concordato de 1851, después que políticamente perdieron su existencia legal las cosas y personas á cuyo favor había sido concedida? ¿No implicaría esto una especie de contradicción entre disposiciones del orden religioso y del orden civil? ¿No sería también muy extraño que abolido lo principal, ó sea las Órdenes Militares, quedase subsistente lo accesorio, anejo ó agregado á las mismas?

Con suma sabiduría la Santa Sede, en vista de la situación anómala e irregular á qua por el decreto citado han quedado reducidos los territorios sujetos en lo espiritual á la jurisdicción eclesiástica de dichas Órdenes, y con el plausible fin de evitar los graves conflictos que diariamente podrían surgir en lo relativo al válido y legítimo ejercicio de la mencionada jurisdicción y de remediar otros males no menos graves, ha creído prudente adoptar en el orden religioso una resolución parecida á la tomada por el Gobierno en el orden político y civil respecto á los individuos de las suprimidas Órdenes Militares, ó sea la de igualar los caballeros y demás fieles de los territorios dependientes de las mismas con los otros católicos españoles, sometiéndolos á la jurisdicción de los Prelados ordinarios más inmediatos ó á la de aquellos en que dichos territorios se hallan enclavados. Para esto ha expedido la Bula Quo gravissim, en la que declara abolida de un modo absoluto y terminante la jurisdicción especial, que en otra época y por causas que ya no existen, les había concedido, resolución que debe ser acatada, y fielmente obedecida por todos los que se precian de buenos hijos de la Iglesia, ora se considere que es justa, conveniente, y aun necesaria en las actuales circunstancias, ora se atienda á que ha sido dictada por el Romano Pontífice, que ejerciendo la misma potestad apostólica con que en otros tiempos otorgó los mencionados privilegios á las Órdenes Militares, hoy ha tenido á bien derogarlos, casarlos y anularlos, aunque con la reserva de formar, cuando sea posible, el coto redondo á que se rafie el Concordato y que ha de servir de recuerdo imperceptible de las glorias de tan célebre e ilustre institución.

Lo propio debe decirse de la Bula Quo diversa. Su Santidad se ha visto obligado también á expedirla para atender á otra grave y urgente necesidad de la Iglesia de España. Las medidas que en esta disposición pontificia se establecen, las reclamaban imperiosamente, por una parte, el haber sido comprendida en el decreto de extinción de las Órdenes Militares la de San Juan de Jerusalén, cuya jurisdicción eclesiástica suprime el Concordato; y por otra, el no poderse conservar tampoco internamente las demás jurisdicciones eclesiásticas privilegiadas que se encuentran en este caso, habiéndose decretado la supresión de los territorios de las Órdenes Militares y su agregación á las diócesis inmediatas, pues no sería justo ni conforme á la razón, suprimir en unos lugares y mantener en otros lo que ha venido á ser en todos igualmente inopinato y peligroso.

Tales son, en resumen, las disposiciones de las dos Bulas, cuya ejecución se me previene suspenda interin se les conceda el pase. Y á esta prevención, ¿qué me corresponde contestar? Lo que he dicho ya en casos análogos al presente, aunque en circunstancias menós favorables para el asunto que las actuales. Cualquiera conoce que hoy es una verdad incontrovertible que no puede legalmente solicitarse, ni exigirse, así como tampoco concederse ni negarse el regium essequalit. Ha