El Consultor de los párrocos (1872-11-14 00:00:00), página 2

mo está dicho todo con saber que quien lo defiende es hereje formal y cismático.

Asegúrase que en tiempos pasados, los Sacerdotes electos para Obispos en los continentes occidentales del globo y sus islas adyacentes, eran enviados por el poder secular á gobernar sus diócesis, para las cuales habían sido presentados, lo que no disputamos. Dícese, además, que hacían esto los Gobiernos en virtud de concesión apostólica; y como hemos registrado atentamente el Bula Romana, y no hemos encontrado ni Bula ni Breve apostólico qué lo diga, ni una sola palabra, de la cual hayan podido inferir, aunque falsa e ilógicamente, los comentadores filosofados, que los Gobiernos tenían semejante privilegio, afirmamos resueltamente que no existe tal concesión, y desafiamos á quien quiera á que nos diga lo contrario, y hasta le invitamos á que nos diga qué Pontífice escribió la Bula ó el Breve, en qué fecha y cómo empieza el escrito, pues de seguro se lo agradeceremos; y también afirmamos que no existe en los escritos de los Sumos Pontífices frase alguna, por la cual se pueda deducir que hayan dado á los Gobiernos civiles el privilegio de enviar á los Sacerdotes electos á tomar la administración de sus diócesis, antes de haber recibido el Rescripto de su preconización y las Bulas.

Muy aventurado es el afirmar que existe esa concesión apostólica; pues atendido que no existe en el Bulaario, deberá guardarse en los archivos de nuestros antiguos reyes; y está esto bien lejos de ser así, pues para justificación de sus providencias gubernativas, lo que miraban los monarcas católicos con tanta escrupulosidad, hubieran guardado con el mayor esmero ese documento pontificio, y, llegada la ocasión, lo hubieran publicado, ó se habrían referido á él para afianzarse su autoridad. Sin embargo, nada de esto ha sucedido. Ahí está la legislación de Indias, y por cierto, ni en el tit. 6 sobre el real patronato, ni en el siguiente de los Arzobispos y Obispos, se encuentra una sola ley que lo diga, ni una disposición que haga referencia á ello.

Al contrario, hay una ley y es la segunda, tit. 6, libro I de la Novísima Recopilación, cuyo espíritu demuestra todo lo contrario, pues supone que el Sacerdote presentado para una Silla episcopal, nada puede hacer en su diócesis hasta el día de la aceptación por el Romano Pontífice y su solemne preconización. Habla la ley de las rentas del electo, y dice así: «Conforme á lo dispuesto por Derecho canónico y Bulas apostólicas, pertenecen á los Arzobispos y Obispos de nuestras Indias los frutos decimales de sus obispados desde el día del fiat de Su Santidad.» ¡Gosa rara! Los reyes católicos poseían desde el Papa Alejandro VI los frutos decimales de todas las Indias, dados á ellos expresamente por la Santa sede, con la condición de que habían de fundar Iglesias y dotarias convenientemente para el culto, así como á los Prelados, Dignidades, Canónigos y Curas párrocos. Y no parece natural, si tenían el privilegio en cuestión, que asignasen á los presentados para Obispos sus rentas respectivas, puesto que podían enviarlos á gobernar sus diócesis antes que Su Santidad expidiese las Bulas, como afirman los comentadores intrusos de aquellas? Los Reyes no daban lo que vale poco, como son las rentas, lo que no tiene ni aun valor moral, comparado con lo que vale más que todo el mundo material, que es la jurisdicción espiritual; y ¿habían de dar esta?

En materia de comentarios de privilegios sobre jurisdicción, es necesario tener presente que nadie puede darles una interpretación legal, sino el que ha dado el privilegio. El solo expositor cuál ha sido su mente, que cláse de jurisdicción ha dado y hasta dónde se extiende; el privilegiado no puede comentar el privilegio dandole mayor amplitud que la que este declara y contiene; los jurisconsultos interpretarán, como les plazca, el privilegio; pero su comentario será puramente doctrinal, no legal; y tendrá uno ó dos, ó ningún grado de probabilidad extrínseco, pero nunca poseerá fuerza de ley; esta fuerza solo existe en el privilegiante, es decir, en el legislador, en quien tiene su origen la ley que contiene el privilegio.

Concretándonos, pues, á la materia de los presentados y de la jurisdicción que algunos jurisconsultos han atribuido á los Gobiernos, justo es advertir que, la ley que hemos citado como argumento para probar que nuestros antiguos Reyes Católicos, quizás ni aun soñaban que tuviesen tal derecho y tal jurisdicción espiritual, fué expedida por el gran Felipe II, habiendo sido ratificada por sus dos sucesores. Pero como el tiempo es un agente, corrosivo de unas cosas y abultador de otras, sucedió más tarde, que por efecto de sugerencias, si no jansenistas, filosóficas, salió de los labios de un privilegiado un comentario de sus privilegios, después de cuya publicación han pasado y están pasando cosas muy raras y singulares. Tienen éstas su origen en una real cédula, y vamos á referir en dos palabras su historia.

En 1764, hubo una cuestión de competencia canónica entre el Arzobispo de Santo Domingo y su Cabildo; para su resolución apeló el primero al Juez apostólico, que era el Obispo de Puerto-Rico, quien condenó al Cabildo; éste á su vez, entabló recurso en la Audiencia de Santo Domingo, donde salió condenado el Arzobispo; pero éste acudió al monarca, quien aprobó la sentencia del Juez apostólico, y al remitir su decisión al Regente de la Audiencia, le dijo las notabilísimas palabras cuyo sentido copiamos: «Debían saber que el Arzobispo obraba en virtud de potestad delegada por mí, por ser muy extensa la potestad que me han delegado los Papas en fuerza del Patronato, como á su Delegado y Vicario apostólico, con la más amplia jurisdicción espiritual, no faltándose sino lo concerniente al derecho de orden.» Esta es la historia.

Gravísimos males han resultado de esta interpretación abusiva que los ministros filosóficos pusieron en los labios de un gran rey; no es posible ni oportuno el referirlos; pero tendremos el placer de copiar las palabras del dignísimo y célebreísimo Cardenal Antonelli, en las cuales se encierra la historia de algunos siglos con relación á ciertos procederes. Contestaba este eminente sacerdote, purpurado en 8 de Julio de 1865 á la exigencia del emperador de México, que pretendía ser sujeto de los privilegios que tuvieron allí los monarcas españoles, y le respondía que se comprendían en ese artículo, cuanto los privilegios extraordinarios concedidos por los Romanos Pontífices á los soberanos de España sobre la presentación de beneficios eclesiásticos, cuanto los pretendidos derechos abusivamente ejercidos por aquellos monarcas á la sombra de un mal entendido patronato, etc.; y de ahí concluía el ilustre secretario del Sumo Pontífice, que si eso se conci daba en el sentido en que se p-día, quedarían confirmados no sólo los privilegios concedidos á los monarcas de Castilla y León por sus servicios hechos á la Religión, sino los abusos introducidos «con perjuicio de la autoridad de los Obispos y de la disciplina eclesiástica.» (Arrangoiz, México, desde 1808 hasta 1867, tomo 3º, pág. 351.)

El haber aducido este testimonio, es para presentar una prueba irrefragable de que en efecto han existido y existen comentadores intrusos, falsos y erróneos de los privilegios concedidos por los Soberanos Pontífices á los monarcas católicos; y ahora añadimos, que han echado raíces tan profundas esas doctrinas, que son como la pala nace á que se agarren todos los invasores del derecho de la Iglesia. Antes y ahora, si un defensor valiente de esos derechos iba ó ya á la presencia de persona competente y autorizada á quejarse de desmanes gravísimos cometidos por hombres representantes del poder real contra personas eclesiásticas ó de intrusiones violentas en negocios de pura competencia de los Obispos, no oye más respuesta que la de siempre: ¡Oh! es tan extensa la jurisdicción del Patrono, que tiene todo poder temporal y espiritual y sólo le falta el de orden. Ya puede uno