El Consultor de los párrocos (1874-05-21 00:00:00), página 4

dar al rey en sus tributos y que no obligan en consecuencia las leyes de prohibición de contrabandos, nos ha dirigido, etc.»

A continuación inserta el Sr. Arzobispo la real orden de la cual ya hemos hablado, y después, comentándola y sancionándola, añade: «No se dude de que hay leyes preceptivas, penales y mezcladas de preceptivas y penales, y que la naturaleza de cada una se debe discernir por las palabras del superior legítimo que la impone. Y siendo la paga de tributos y derechos debidos á la majestad una ley que, no solo obliga por el precepto del soberano que le impone, sino que también consta haber sido promulgada por la misma boca de nuestro legislador Jesucristo, mandando dar al César lo que es del César, no se puede disputar si las leyes reales de nuestra España son puramente penales, pues según explica sabiamente el esclarecido Alfonso de Castro, obligan, no sólo á la pena, sino también á la culpas (1).

De los dos documentos que dejamos extractados, se deduce con toda evidencia que, cuando escribían los antiguos teólogos, la política no excluía á Dios, y, léjese de ser materialista, quería que las leyes hablasen á la conciencia y hasta se encariñaba por conseguir que así lo declarase la Iglesia. Así aprecian las leyes, no sólo con la sanción material, que obliga á sufrir la pena, sino también con la sanción moral, que liga ante Dios la conciencia. ¡Qué doctrina tan útil! ¡Qué prestigio para la autoridad! ¡Qué fuerza para las leyes! Y, ¿qué sean los legisladores los que más empeño muestran hoy en rechazar esta tan saludable doctrina? Pero prescindamos de este límite de consideración es. Basten las indicaciones hechas para que se pueda ver cuál es la diferencia esencial que, en cuanto á la sanción, existe entre las leyes antiguas y las modernas.

Manifestado ya lo que acerca de la sanción de las leyes deaban los antiguos legisladores, expliquemos brevemente lo que acerca de este punto decían los antiguos teólogos.

No estaban enteramente de acuerdo los autores acerca de si las leyes civiles penales obligaban ó no en consecuencia. Acerca de este punto había tres diversas opiniones. Según la primera, el legislador civil tenía potestad para imponer penas temporales; pero no para obligar á cumplir la ley penal, bajo pecado mortal. La segunda opinión sostenía, por el contrario, que, siendo toda ley justa una derivación de la ley eterna, y reinando los reyes por Dios, las leyes civiles penales no podían menos de obligar también en el fuero de la conciencia. La tercera y última opinión afirmaba que, emanando toda potestad de Dios, el soberano podía hacer que sus leyes penales obligasen en consecuencia, no siempre, sino cuando expresamente declarase que quería imponer, no sólo la pena material, sino también la pena moral. Los teólogos, que seguían esta última opinión, sin duda la más segura y más probable, añadian que, prescindiendo de si las potestades civiles podían por sí solas hacer leyes que obligasen en consecuencia, era indudable que estas leyes obligaban en consecuencia y gravemente, cuando, además de la sanción de la autoridad civil, tenían en su favor la sanción de la autoridad eclesiástica.

Esta fue la doctrina que, al condenar el contrabando, se siguió en España á fines del siglo pasado. En efecto, como hemos visto, el rey declaró que desaba que sus leyes obligasen en consecuencia, y además quiso que los Obispos manifestasen que aprobaran, aceptaban y confirmaban esta doctrina. Las leyes, pues, que antes existían acerca del contrabando, obligaban en consecuencia:

1.º Porque, según una opinión bastante probable y muy segura, los reyes que reinaban por Dios (1) podían obligar en consecuencia.

2.º Porque, según otra opinión, aún más probable y más segura, los reyes, cuya potestad viene del Cielo, pueden obligar en consecuencia, al menos cuando expresamente declaran que tal es su intención.

3.º Porque, además, es indudable que las leyes civiles penales obligan en consecuencia cuando tienen en su apoyo la sanción eclesiástica, y en el caso al cual ahora nos referimos, tenían sin duda alguna esta sanción.

Esto es ciertísimo. Por esta causa, los antiguos teólogos, que escribían teniendo á la vista estas leyes, enseñaban que los contrabandistas pecaban muy gravemente y quedaban con la obligación de restituir al real Erario. Les servía de norma una ley cristiana, basada en la injusticia, la conveniencia general y hasta en el buen sentido, y juzgaban con arreglo á ella. ¿Puede juzgarse hoy de la propia manera? No lo sabemos. La verdad es, que en nuestro siglo suelen hacerse leyes en las cuales se prescinde por sistema de la justicia, en la cual no se cree; del buen sentido, que se descarta, y de la conveniencia general, en la cual no se fija la atención. Este es un mal, y mal muy grave; pero mal que existe y que no puede, por desgracia, evitarse. Por esto nos vemos obligados á preguntar: ¿Obligan en consecuencia las leyes civiles penales de nuestros tiempos?

Hé aquí una cuestión que nosotros no nos atrevemos á resolver. Sin embargo, como exponer doctrinas no es resolver problemas, vamos á exponer la doctrina que ahora se sigue para que nuestros lectores vean cuál es la opinión ó resolución que han de adoptar.

Ante todo, sabido es que hoy los legisladores civiles, proclamando el principio de la política laical ó de la separación entre la Iglesia y el Estado, legislan por sí solos, prescin- diendo por completo de la teología ó la revelación, y fijando únicamente la vista en lo que suele llamarse el derecho humano. Esto hace que las leyes sean atea y materialistas ó que no quieran ni á un acordarse del orden moral, ó sea del fuero de la conciencia.

Y ahora bien: cuando las leyes sean atea y conste que el legislador quiere que se consideren como tales, ¿podrá decirse que obligan en consecuencia?

Además, nadie ignora que hay muchos, muchísimos legisladores que no creen en la ley eterna, que la impugnan, que la rechazan y que hasta se moñan sacrilégamente de ella. Y, ¿podrá decirse que obligan en consecuencia las leyes cuando los legisladores comienzan por sentar que no se acuerdan para nada de la ley eterna? Según San Agustín, tratándose de leyes temporales, no es justo sino lo que se conforme con la ley eterna (2). Luego no es justo lo que no se conforma con la ley eterna ó no se deriva de ella. Y, ¿puede ser obligatorio en el orden moral, ó sea en el fuero de la conciencia, lo que no es justo?

Por otra parte, la sanción no se extiende sino á lo que expresamente dice. El legislador, aunque puede imponer muchas penas, no impone sino las que señala. Así es que, aun suponiendo que un legislador ateo ó materialista pueda imponer penas morales, en las cuales no cree, es, no obstante, cierto, que no las impone cuando en la ley no dice que las impone. Y, sentada esta doctrina, que es evidente, ¿podrá afirmarse que el legislador obliga en consecuencia cuando no manifiesta intención de obligar en ese sentido?

(1) Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt.
(2) In hac temporali lege, nihil esse justum quod non ex hac lege eterna sibi homines dirivaverint.