El Consultor de los párrocos (1876-04-15 00:00:00), página 7

6 los Estados Unidos. El que estas naciones sean poderosas y puedan abusar de su fuerza, no es razón suficiente para humillar al Sumo Pontífice, que ni tiene ejércitos, ni puede ni quiere conquistar provincias ni usurpar derechos.

El tercer punto, esto es, el relativo á la apelación por abuso, como se llama en Francia, ó el recurso de fuerza, como se diría en España, se encuentra en igual caso. Esta apelación es siempre ilícita por parte del que la prescribe y del que la interpone; pero no lo es por parte del que la sufre ó la tolera por no poder evitarla. La apelación por abuso ó el recurso de fuerza, supone que los tribunales eclesiásticos, en su esfera eclesiástica, son inferiores á los tribunales civiles. Esto equivale á negar que la Iglesia sea sociedad independiente. Planteada así la cuestión, se resuelve por sí misma.

Ya ven nuestros lectores qué es lo que dice la proposición del Syllabus que estamos comentando. ¿Qué hay en todo esto que sea perjudicial al Estado ó al poder civil? ¡Que se niega al Estado autoridad indirecta negativa sobre las cosas sagradas! Pero, ¿qué derecho tiene el Estado para reclamar esta autoridad? Además, ¿para qué podría servirse? ¡Que se niega el Estado el derecho del pase! Pero, ¿cuál es el origen y el fundamento de este derecho? ¿Puede admitirse una práctica absurda, fundada en una desconfianza tan gratuita como humillante? Por otra parte, ¿para qué sirve el exequatur? ¿Ha impedido alguna vez que los fieles creyesen lo que debían creer? ¿Cuánto y cuánto hicieron los Gobiernos civiles por impedir que circulase la Bula In Causa Dominii? Sin embargo, esta Bula se expuso en todos los tratados de Teología moral y Derecho canónico, llegó á conocimiento de todos los fieles y fue ley en toda la Iglesia. ¡Que el Syllabus se opone á las apelaciones por abuso y á los recursos de fuerza! Pero, ¿es posible que haya quien no comprenda esto? Estas apelaciones y estos recursos, ó carecen de razón de ser, ó suponen que las leyes, los tribunales y los magistrados de la Iglesia, no ofrecen suficientes garantías de acierto. Y, ¿se quiere que la Iglesia declare que sus leyes, sus tribunales y sus magistrados no ofrecen las garantías que se requieren para la recta administración de justicia? ¿Se puede exigir á nadie su condenación y su deshonra? Y, ¿por qué se ha de exigir á la Iglesia lo que no se exige á nadie?

Además, ¿qué necesidad hay de estas apelaciones y estos recursos? ¿Se fundarán en la imperfección de la legislación eclesiástica? Todo el mundo conviene en que esta legislación es mucho más perfecta que la moderna legislación civil. ¿Se fundarán en la mala organización de los tribunales eclesiásticos? Tampoco, porque los tribunales civiles, aunque existen muchísimo más, no están mejor organizados. ¿Se fundarán en la manera de proceder? Menos aún, porque la manera de proceder de los tribunales eclesiásticos hace imposible las sorpresas y jamás imposibilita ni á un ático la defensa. ¿Se fundarán, por último, en la injusticia ó malas pasiones de los magistrados eclesiásticos? ¿Quién podrá ni á un suponerlo? No hemos dicho ni diremos jamás que los magistrados eclesiásticos son todos santos, porque son hombres, y, como tales, pueden delinquir. Pero comparen los magistrados eclesiásticos con los civiles; examínense los fallos de unos y otros y juzguense luego. Por lo menos no podrá menos de convenirse en que no hay nada que autorice para suponer que cuando se equivocan los eclesiásticos, los civiles no pueden equivocarse. Y sin embargo, es necesario suponer esto para admitir las apelaciones por abuso ó los recursos de fuerza.

Por otra parte, estas apelaciones y estos recursos, como nadie ignora, consisten en interrumpir, por decirlo así, la jerarquía en la administración de justicia. En virtud del recurso de fuerza, una causa que se estaba siguiendo ante el tribunal eclesiástico, se saca de él con violencia y se traslada al tribunal civil. ¿Se hace esto con arreglo á derecho? ¡Ah! ¡Aquí no hay más derecho que la fuerza! Los tribunales eclesiásticos tienen jerarquía, y, por lo tanto, si parece mal la justicia del inferior, puede buscarse una nueva sentencia, apelando al superior. ¿Se dirá que el superior puede ser injusto? Pero, ¿qué objeción se presentará contra el tribunal superior eclesiástico que no pueda igualmente presentarse contra el tribunal superior civil?

La recta administración de justicia exige que los tribunales se mantengan en sus respectivas líneas. Podrá haber cuestiones de competencia; pero una vez resueltas, el pleito ha de continuar en el tribunal, al cual, según derecho, corresponda. Si pertenece á la justicia militar, que llegue hasta el Tribunal Supremo de Guerra y Marina; si pertenece á la justicia civil, que llegue hasta el Tribunal Supremo de Justicia; en fin, si pertenece á la justicia eclesiástica, que llegue hasta el Tribunal Supremo de la Rota. De esta manera se respetan la esfera de cada tribunal y se evitan invasiones funestas, que dan origen á muchos y muy peligrosos conflictos.

¿Se va ya viendo lo que es el Syllabus?

Argumento 9.º «El Syllabus, en la proposición 42, niega al Estado su supremacía natural y legítima.»

Para que se vea cuán falso es esto, basta y áun sobra con recordar que en dicha proposición no se hace otra cosa que condicionar el error de los que, suponiendo falsabilidad en la Iglesia é infalibilidad en el Estado, afirman que, en caso de conflicto entre las leyes de la Iglesia y las del Estado, prevalece el derecho civil (1). Nada tan absurdo como esto. Aquí se supone que la razón ha de darse por sistema al Estado. Esto sería inicuo y hasta degradante. La razón no se da á nadie por sistema; se da solo al que la tiene. La Iglesia, en este punto, dice: «Cuando mis tribunales tengan razón, dése la razón á mis tribunales. Cuando, por el contrario, la tengan los tribunales civiles, dése á los tribunales civiles.» ¿No es esto lo racional y lo justo? ¿Puede esto ser censurado por nadie? En cambio, los impugnadores del Syllabus, exclaman: «No sabemos ni necesitamos saber quién tiene razón. Lo único que nos importa es ponermos de parte de la fuerza material y declarar que, bengala ó no, se ha de dar la razón al Estado.» Esto es hasta repugnante. Así es que, únicamente lo aceptan los jurados enemigos de la verdad y la justicia, que sólo piensan en hacer guerra incesante al Catolicismo.

Argumento 10. «El Syllabus, en la proposición 43, liga las manos de la potestad civil en todo lo que se refiere á los Concordatos.»

Veamos lo que hay de verdad en esto. En la proposición citada el Sumo Pontífice no hace más que reprobar el parnicioso y trascendental error de los que creen ó dicen que la potestad civil, por sí sola, puede rescindir ó anular los Concordatos, sin el previo consentimiento y áun contra las reclamaciones de la Santa Sede (2).

Para que resalte la absurdidad de esta suposición, vamos á repetirla en otro terreno. Supongamos, pues, que un Gobierno se declara autorizado para anular por sí solo los tratados que celebre con otro Gobierno. ¿Qué le ocurrirá? ¿Habrá Gobierno que se atreva á tratar con él? Y, si ya ha tratado alguno, ¿no presentará las reclamaciones oportunas ó no hará las amenazas que crea convenientes para su propia seguridad? Pero, esto no ha sucedido ni puede suceder. No hay Gobiernos que se atrevan á degradarse, llevando su egoísmo hasta el extremo de asegurar que no se crean obligados á mantener sus compromisos de honor.

(1) In conflitu legum utrinque potestatis, jus civile prevaleat.
(2) Laica potestas auctoritatem habet rescindiendi, ac faciendi irritas solemnes conventiones (volgo Concordata) super usum iurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentium cum Sede Apostolica imitas, sine hujus consensu immo ea reclamanti.