El Consultor de los párrocos (1872-11-14 00:00:00), página 8

den á Cristo por 30 dineros ó imitan por lo menos á Esau en lo de trocar su primogenitura por un plato de lentejas lo cierto es que al verlos, no puedo menos de creerse que son agentes asalariados de la francmasonería ó que han aceptado la satánica misión de perturbar la Iglesia, desestimigar á sus Ministros y suscitar obstáculos á la propagación de la Religión católica.

Se comprende que un Gobierno que se ha atrevido á degrada- dar y corromper la familia estableciendo el matrimonio civil, busque Eclesiásticos de esta índole con el fin de que le sirvan de instrumentos contra el Catolicismo; pero, ¡cien triste es el verse obligado á confesar que, para mal y oprobio de España, existen entre nosotros algunos Sacerdotes, capaces de ponerse al servicio de los enemigos jurados del Cielo!

Hoy la política excluye por sistema á los católicos y la ley no cierra ninguna puerta ni aun á los más cismáticos enemigos del Catolicismo. Así es que puede hallarse el Ministerio de Gracia y Justicia en poder de un hereje, un judío, un musulmán, un materialista, un aloe y hasta de un patronato del matrimonio civil. ¿Y puede quedará el patronato en manos y á merced de un ministro de esta índole? ¿Puede tolerarse que continúe siendo árbitro de las Canónigos, un Gobierno que, por sistema, es adversario de la Iglesia? Hasta el sentido común dice que esto no debe ser.

Si, pues, el Gobierno continúa nombrando Canónigos, comete un abuso y atenta contra todas las leyes divinas y humanas. Su conducta en este caso es contraria, no solo al Derecho canónico, sino á la misma libertad de cultos que se acaba de proclamar.

El consejo del Derecho canónico, porque supone atribuciones que la Santa Sede no reconoce, y es opuesta á la libertad de cultos, porque esta libertad es hasta inconcebible en el caso de que la potestad civil no se desprenda de todo género de regalias.

No sabemos si los Canónigos nombrados por el Gobierno son ó no admitidos en las Catedrales. Si lo son, será por pura condescendencia, no porque para ello haya obligación ninguna. En este punto, los nombramientos que el Gobierno hace son completamente nulos.

Análoga á esto que los nombrados por el Gobierno pueden además ser rechazados por sus Ideas y por su conducta. Salvo raras excepciones, los Canónigos que, según se dice, va á nombrar el Gobierno, son hombres materialmente dejados de la mano de Dios. No hacen nada en defensa de la fe, y sólo se preocupan con la idea de dar escándalo, rebelándose sacrifica- gamente contra sus legítimos superiores. Tienen sobre sí por lo común excomuniones, sus-pensiones e irregularidades, y quizá también la nota de cismáticos y liberales. Así es que, si el Gobierno, tratando de utilizar su silencio y su persecución, nombra Canónigos á Clerigos de esta índole, la Iglesia, sin pensar para nada en la política, ni recordar siquiera la legislación vigente, tan- tido sólo en cuenta lo dispuesto por el Derecho canónico, puede rechazar como nulos tan sacrílegos nombramientos.

En el Congreso se está disintiendo en la actualidad la cuestión relativa á la propiedad de los cementerios. Unos cuantos Diputados que por lo visto, piensan poco en que se han de morir y han de dar cuenta á Dios, han pedido que se secularicen los cementerios. Secularizar los cementerios equivale á arrancar de ellos la cruz y convertirlos en cosa genérica ó pagana. ¡Hasta sobre los sepulcros estorba á ciertas gentes la oración! Diganlo ó no, el objeto que se proponen los que muestran este deseo, es sólo conseguir que una nación católica como España, no obstante su catolicismo, presente un aspecto puramente pagano.

Esta cuestión tiene grandísima importancia y es de suma trascendencia. Donde quiera que se ha agitado, sólo ha servido para profanar los sepulcros y afrontar á los católicos.

Si Dios no lo remedia, España, que tiene ya el matrimonio civil, tendrá también bien pronto cementerios civiles. La ley que los sancione será una ley tan violenta como sangrienta, y se aplicará sin piedad ninguna. ¡Aunque en un poblado no haya un solo incrédulo, el motivo el objeto es vengar al Catolicismo, se despojará á los católicos de su legítima propiedad, y se prolanarán los cementerios.

Ya ha dado dictámen la comisión del Congreso encargada de informar acerca del proyecto de ley de obligaciones eclesiásticas.

¡Qué dictámen! Sus autores dicen que son y que se precian de ser católicos. Será así; pero el caso es que si ellos no lo digieran, al leer su dictámen, nadie lo sospecharía siquiera.

¡Tanto disimulan su fe!

Los miembros de la comisión aceptan y aprueban las razones del ministro y rechazan y refutan las observaciones de los Prelados. Dada su actitud, nada más lógico. Como defienden el error, naturalmente se apartan de los Obispos que procla- man la verdad.

La comisión propone que se conserve la colegiata de Granada, no por un motivo religioso, sino solo en interés de la historia. ¡Cómo grave es esto! ¡Que para conservar una Iglesia no baste el decir que es Iglesia y sea preciso añadir que es una gloria humana! Y aun es más grave que esto el que se diga, y que el pueblo español no se escandalice al oírlo.

La comisión muestra grande interés en que no disminuya el producto de la Cruzada y apela á los sentimientos del reli- gioso pueblo español, para que no deje de tomar un sumario. ¿Qué religiosidad la de estas gentes? Parece no conocermos.

La comisión, enumeradamente, elogia del Gobierno en un punto importante, reconoce en la Iglesia el derecho ilimi- tado de poseer, pero con la condición de que en realidad no posea. En efecto, la Iglesia podrá adquirir cuanto quiera; pero con tal que en un plazo muy corto lo venda y entregue su producto al Gobierno para recibir en cambio inscripciones in- transferibles. Esto equivale á una desamortización permanen- te ó seis á tener siempre en manos del Gobierno la propiedad de la Iglesia.

Esto no puede aceptarse de ninguna manera. La Santa Sede admitió en un caso dado las inscripciones intransferibles; pero el que se hiciese el sacrificio de admitirlas una vez, no prueba que deba prolongarse indefinidamente este sacrificio.

Además, ya se ha visto lo que son estas inscripciones. No se puedan negociar, porque son intransféribles, y no produ- cen nada, porque el Estado se niega á pagar sus intereses.

De modo que si la Iglesia tuviese sus bienes por estas ins- cripciones, militaría al que se entretuviese en arrojar su fortu- na á un abismo sin fondo.

Esto es lo que en sustancia propone la comisión. En cuanto á su lenguaje, sólo diremos que es más hipócrita y más jan- senístico que el del Gobierno.

El Obispo de Menorca ha dirigido una exposición al Con- greso, en la cual, después de adherirse á lo expuesto por los demás Prelados, llama muy oportunamente la atención acer- ca de las grandes y trascendentales variaciones que el pro- yecto de ley sobre obligaciones eclesiásticas introduce en la actual organización de las diócesis y del personal del clero destinado á su servicio; en las dotaciones personales concor- dadas en subrogación de los antiguos bienes eclesiásticos que pasaron á poder del Estado; en las asignaciones para el culto ó material de las Iglesias y Seminarios; en la inversión de los fondos de la Cruzada, y hasta en la aplicación de los pertene- cientes á la obra pía de los Santos Lugares.

Aquí, como se ve, se señalan todos los vicios del tan ilegal como anti-católico proyecto presentado en mal hora por el Gobierno.

El Obispo de Murcia ha representado también contra tan pernicioso como sacrílego proyecto de ley.

Lo mismo han hecho los Vicarios capitulares de Barcelona, Huesca y León.

El episcopado, que por sí ya nada tiene que defender, hace el último esfuerzo por detener al Gobierno en su niega y pre- cipitada marcha hacia el abismo. ¿Lo conseguirá? ¡Ah! El mal está en que ciertas gentes imitan mucho á Faraon en lo de no ver que obstinarse en hacer guerra al Cielo, es lo mismo que arrojarse neciamente al mar.

O. S. C. S. E. C. A. R.

Director-propietario, D. Fermín Arellá.

MADRID.—Imprenta de E. de la Riva, Alcalá, 7, bajo.