El Consultor de los párrocos (1873-01-16 00:00:00), página 2

tiene la justicia ó como si las leyes no tuviesen valor ninguno.

Y aun así y todo, ¿señala el Gobierno las rentas que debe señalar ó que corresponden á los bienes que se apropiá? Tampoco. Por el contrario, formando cálculos algo más que caprichosos, suprime cantidades muy considerables y perjudica al Clero en materia bastante grave.

Por último, la ley dice que las inscripciones intransferibles, para que puedan surtir su efecto, necesitan ir acompañadas de requisitos legales de los cuales carecen las inscripciones que hoy se dan al Clero de Zaragoza. Y si, como hemos visto, no se enumeran todas las fincas ni se señalan las rentas debidas ni se ofrecen títulos legales, ¿cómo hay valor para asegurar que la permuta se hace con arreglo á la ley? ¿Se observa quizá la ley faltando á todo lo que prescribe?

Hé aquí reducidas á muy pocas palabras las poderosas reflexiones que el Sr. Arzobispo de Zaragoza aduce en la exposición indicada.

Y no es esto solo.

El Sr. Barta, Gobernador eclesiástico de la diócesis de Zaragoza, con fecha 14 de Noviembre de 1872, dirigió al jefe económico de hacienda de aquella provincia una nueva exposición en la cual repite las razones anteriores alegadas por su Prelado y añade algunas más que no dejan duda ninguna acerca de la justicia con que reclama la Iglesia y la iniquidad con que procede el Gobierno.

Pero, ¿qué resultado han tenido estas exposiciones? ¡Ah! ¿Qué vale la justicia para los Gobiernos materialistas, que sólo tienen fe en la fuerza? ¿Qué vale la ley cuando se trata de Gobiernos descreídos, enemigos sistemáticos del Catolicismo, que se figuran que las leyes son solo letra muerta en todo lo que favorecen á la Iglesia?

El Gobierno, pues, saltando por encima de toda lama-je de consideraciones, se decidió á llevar á cabo el despojo que tenía proyectado y lo llevó. Un día se presentó la fuerza pública ante la autoridad eclesiástica, y la autoridad eclesiástica, cediendo á la violencia material, tuvo el sentimiento de ver violar las leyes de Dios y de la Iglesia, ó sea de contemplar un nuevo despojo de los sagrados bienes del Clero.

Repetimos lo dicho antes. Esta es la hora y la potestad de las tinieblas. No emplazemos siquiera ante el Tribunal de Dios á los que así escarnecen la justicia. Por el contrario, pidamos á Dios por ellos, que harta necesidad de oraciones tienen los que viven en guerra contra Jesucristo.

Pero si perdonamos á los sacrificios expoliadores de la Iglesia, no podemos menos de recordarles lo que las leyes dicen para que sepan cuál es la responsabilidad en que incurren. De esta manera, los que temen á Dios, podrán quizás alejarse del crimen por miedo á la justicia del mundo.

Y cuenta que no vamos á recordar el Concordato ni reales decretos, ni siquiera leyes orgánicas. Vamos á citar la misma Constitución del Estado, la ley fundamental, que hasta por instituto de conservación deberían observar los que hoy, con tanta frecuencia y de una manera tan escandalosa, la infringen.

La Constitución, pues, en el art. 13, dice terminantemente: «Nadie podrá ser privado temporal ó perpetuamente de sus bienes y derechos, ni turbado en la posesión de ellos, sino en virtud de sentencia judicial.»

Y hay en el caso presente sentencia judicial que prive á los Cabildos parroquiales de Zaragoza de los bienes que legítimamente les pertenecen? Todo lo contrario. Es, pues, evidente que al privarlos de sus bienes ó al turbarlos en la posesión de ellos, se comete un atentado contra los derechos individuales, ó sea contra el tít. I de la Constitución.

En el artículo citado, párrafo 2.º, se añade: «Los funcionarios públicos que bajo cualquier pretexto infrinjan esta prescripción, serán personalmente responsables del daño causado.»

Bueno es que sepan esto los empleados que se olijdan de su deber y pisotean las leyes obedeciendo á insinuaciones telegráficas por no perder sus destinos.

El art. 30 de la Constitución añade: «No será necesaria la previa autorización para procesar ante los Tribunales ordinarios á los funcionarios públicos, cualquiera que sea el delito que cometieren.»

Antes, para procesar á los empleados era preciso recurrir al mismo Gobierno pidiéndole una autorización que podía conceder ó negar, según le pareciese. Ahora no se necesita nada de esto. Como hemos visto, según el art. 30 de la Constitución, para castigar á un empleado prevaricador no se necesita más que presentar la queja oportuna ante un Juez de primera instancia.

Ya sabemos que el Gobierno tiene recursos sobrados para suscitar obstáculos á la recta administración de justicia; pero, si sabemos esto, también sabemos que ahora los ministros no son inmortales, y que por lo mismo, la indignidad que hoy se premia como meritoria, mañana podrá ser castigada como execrable.

Y cuidado que los agentes del Gobierno no pueden excusarse alegando que obran por obediencia. La Constitución, en el art. 30 citado, párrafo 2.º, dice al pie de la letra: «El mandato del superior no eximirá de responsabilidad en los casos de infracción manifiesta, clara y terminante de una prescripción constitucional. En los demás, sólo eximirá á los agentes que no ejercen autoridad.»

En el caso presente, hay infracción manifiesta de una prescripción constitucional, y, por lo mismo, responsabilidad para toda clase de empleados. Pero, aun suponiendo que se tratase sólo de la infracción de una ley, no se eximirían de responsabilidad el gobernador civil, el juez, el alcalde, y en una palabra, todos los agentes que, ejerciendo autoridad, hubiesen contribuido á cumplimentar la orden de despojo.

La misma Constitución en el art. 92 dice: «Los tribunales no aplicarán los reglamentos generales, provinciales y locales sino en cuanto estén conformes con las leyes.»

Recordamos este precepto constitucional para que los empleados sepan que cuando las leyes dicen una cosa y los reglamentos otra, deben prescindir de los reglamentos y atenerse á lo que las leyes dicen.

El art. 102 de la Constitución dice lo que sigue: «Ningún pago podrá hacerse, sino con arreglo á la ley de presupuestos ó otro especial.»

En el caso presente, el dignísimo Prelado de Zaragoza, teniendo á la vista este precepto constitucional, se niega á aceptar un pago ó una compensación que se haga de una manera caprichosa y no con arreglo á las leyes.

Por si la permuta de los bienes del Clero se considerase como un empréstito, bueno sería también el recordar que el art. 104 de la Constitución dice: «No se hará ningún empréstito sin que se voten al mismo tiempo los recursos necesarios para pagar los intereses.»

En el caso presente hay verdadero empréstito. El Gobierno toma unos bienes y da en pago unas inscripciones que son títulos de la Deuda pública, y que tienen un interés que es preciso satisfacer. Y ¿en qué capítulo de la ley de presupuestos ó de cualquiera otra ley especial se autoriza el pago de los intereses del papel que se quiere entregar á los Cabildos parroquiales de Zaragoza? Estos Cabildos, pues, han tenido razón sobradísima para negarse á admitir estas inscripciones considerándolas como nulas ante la ley.

Como ven nuestros lectores, toda la razon y toda la justicia han estado de parte del Sr. Arzobispo de Zaragoza. Y esto no podía ser de otra manera. Prescindecido de otras muchas razones, ya se sabe que cuando hay persecución, la víctima no es la que invade, sino el