El Consultor de los párrocos (1873-08-07 00:00:00), página 3

de los documentos pontificios, cuando hay libertad absoluta de imprenta, ó sea cuando lo que el Papa dice lo publican todos los periódicos, á veces, antes que los Obispos lo conozcan.

2.a Que se renuncia un derecho, el de impedir la publicación de documentos pontificios, ó sea de negar la libertad de imprenta y la libertad de cultos, lo cual es incompatible con la Constitución.

3.a Que se amenaza con la persecución y los tribunales, como sino fuese posible hablar de la Iglesia sin mostrar el odio absurdo y degradante que se le tiene.

A esto pudiera añadirse el cuidado, bastante ridículo en verdad, con que se procura no nombrar al Papa. En efecto, se habla de «Bulas, Breves, Rescriptos pontificios, dispensas y demás documentos, que proceden de las autoridades eclesiásticas.»

«Bulas, Breves, dispensas, etc., que proceden de... las autoridades eclesiásticas! ¿Cuántas autoridades eclesiásticas hay que expidan Bulas ó Breves ó que concedan dispensas matrimoniales, de las cuales aquí se trata? Al ver esto, cualquiera diría que el nombre del Papa abrasa los labios de ciertas gentes. ¡Qué ridículo se muestra en todo el fanatismo anticatólico!

El Gobierno renuncia del propio modo á las gracias de Cruzada é indulto cuadragésimal y sus productos (1).

A toda intervención en la impresión y publicidad de libros litúrgicos y otros de igual ó parecida índole (2).

A toda intervención en las dispensas que hasta hoy han debido (3) hacerse por la Agencia de Precios.

A todas las facultades, derechos, regalías, prerrogativas y concesiones pontificias, ya procedan del antiguo patronato real, ya de cualquier otro origen, mediante las cuales viene interveniendo en el régimen interior de la Iglesia, reservándose, sin embargo, el derecho adquirido por título oneroso á percibir los resultados de Explotos anteriores al Concordato de 1851.»

Esto último no tiene ni aun nombre. Se declara roto el Concordato, y sin embargo se invoca el mismo Concordato que se rompe, para continuar aprovechándose de algunas de sus concesiones.

Estas son las cosas que el Estado renuncia. Lo que reconoce (4), según el artículo 4.º, es:

1.º «El derecho de las religiosas en clausura á percibir las pensiones que hoy disfrutan según las disposiciones vigentes, cuya nómina pasará al presupuesto del ministerio de Hacienda, amortizándose las pensiones de las que fallezcan (5).»

2.º Los contratos legalmente terminados con particulares sobre reparaciones de Templos y demás que se hayan rectificado con arreglo á las disposiciones hasta hoy vigentes» (6).

El Estado no reconoce más cosas ó no contrae más que estas obligaciones.

Como en el proyecto que examinamos no hay orden ninguno, volviendo á las disposiciones generales, en el artículo 5.º se dice:

«Todos los miembros de la Iglesia católica, en su calidad de ciudadanos, quedarán sometidos al derecho común á todos los españoles.»

Esto significa que se niega á la Iglesia toda inmunidad y en todo, y para todo queda sometido el Clero á la ley común. Sin embargo, como ya hemos visto, esto se niega antes, resultando antiguas leyes regalistas con el fin de poder continuar oprimiendo y vejando á la Iglesia.

El art. 6.º dice: «Todo lo relativo á los bienes y derechos que posee hoy la Iglesia, así como los referentes á las asignaciones que hasta la actualidad ha venido percibiendo del Estado por varios conceptos, será objeto de una ley especial y definitiva, para cuya preparación procurará el Gobierno de la república proceder de acuerdo con las autoridades, corporaciones e individuos especialmente interesados.»

Una ley especial y definitiva! ¡Ley definitiva en estos tiempos. Pero, prescindiendo de lo de ley definitiva, que es simplemente ridículo, fijémonos en lo de la ley especial.

Una ley especial supone relaciones especiales, y, como la ley debe tener carácter de permanencia, resulta que estas relaciones especiales deben ser permanentes. El Gobierno, pues, mantendrá relaciones especiales y permanentes con la Iglesia. Y proclama no obstante la separación! ¡Separación dejando la cuerda al cuello, los grilletes en las manos y la cadena en los pies de la Iglesia!

Y falta lo más grave. Al redactar esta ley, el Gobierno procurará proceder de acuerdo con las autoridades, corporaciones e individuos especialmente interesados.» Esto equivale á decir que «en todo lo relativo á los bienes y derechos que posee hoy la Iglesia, al regularlo definitivamente y por medio de una ley especial, se prescindirá del Papa y aun de los Obispos, y se tratará desde luego con las autoridades, corporaciones y aun individuos.»

Esto es imposible, y además envuelve la negación de la divina jerarquía de la Iglesia. Quien ha redactado este artículo no conoce de seguro la doctrina canónica acerca de los bienes eclesiásticos. Si la conociera, no propondría una cosa que no acepta el Clero ni puede aceptar ningún católico.

El art. 7.º y último, en su primer párrafo, dice: «Todos los edificios actualmente destinados al culto á otro fin religioso, seguirán destinados al servicio de la Iglesia católica, salvo los derechos que sobre ellos competan á particulares ó corporaciones, interin se forma la ley prescrita en el artículo anterior.»

Aquí se reconoce en la Iglesia el derecho á continuar en la posesión de los edificios destinados al culto á otro fin religioso; pero esto sólo internamente y mientras se forma la ley especial prescrita en el artículo anterior.

De los cementerios nada se dice.

Por último, en el párrafo segundo de este artículo se dice: «Los edificios que puedan calificarse como monumentos artísticos por las corporaciones científicas á quien corresponda, se declaran desde luego bajo la protección é inspección inmediata del Estado.»

En este caso se encuentran todas la Catedrales y gran parte de los antiguos Templos de España. Ya se verá en qué viene á parar la protección é inspección que el Gobierno va á ejercer sobre los edificios destinados al culto que puedan calificarse de monumentos artísticos. El amor al arte será el pretexto para que, no obstante la tan ponderada como hipócrita separación, se pueda continuar oprimiendo al Catolicismo.

Méditen bien nuestros lectores en todas estas anoma-lias y vean cuánta razón tenemos para asegurar que la separación de la Iglesia y del Estado es imposible. Esta