El Consultor de los párrocos (1874-12-18 00:00:00), página 2

en desempeño de cargos públicos violan las leyes de Dios Nuestro Señor y de su Santa Iglesia, á fin de que en la aplicación de los principios de moral se eviten divergencias que produzcan funestos resultados á los fieles en general, y en particular á los penitentes arriba aludidos, ya sea causando escándalo con la diversidad de procedimientos, ya imponiendo cargas excesivas á las conciencias ó ya dejándolos con pecados ó censuras que pueden ser causa de la perdición de las almas. Para cumplir nuestro deseo, desde hágase advertimos que conviene desvanecer ciertos errores que han llegado á contaminar inteligencias no vulgares de algunos católicos.

La máxima de que, colocado alguno en altos puestos, se emancipa de la ley de Dios ó de la Iglesia, es falsa, y hasta podría decirse impía si advirtiese el menoscabo que envuelve de la ley divina. Repetidas veces se nos dice en las Santas Escrituras que ante Dios no hay distinción de personas; que el pobre y el rico, el siervo y el amo, el monarca y el súbdito todos igualmente están sometidos á la ley del Señor, y nadie puede excusarse de observarla por elevado que sea el poder que le hayan conferido los hombres. Y por esto el Apóstol San Pedro, en su epístola I.º, cap. 1.º, v. 17, declara: «Y pues que invocais como padre á aquel que sin excepción de personas juzga según el mérito de cada cual, habéis de proceder con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación.» No puede, pues, nadie pretender que, á título de legislador, magistrado ó potentado, aun soberano, le sea lícito sancionar leyes ó imponer preceptos ó decretos que se opongan á las leyes de Dios ó de la Iglesia, ó compelán á los católicos á infringirlas, cualesquiera que sean los motivos con que pretendan justificarse tales disposiciones.

Ahora, pues, es fuera de duda que se ha tratado y se trata de sancionar leyes de la naturaleza arriba expresadas, y todos los Prelados lo manifestamos así al Senado, respecto de algunas disposiciones del Código penal; y como fueron tan públicos los debates y la discusión de este asunto, no debe creerse que hay católico que pueda alegar ignorancia sobre esto. Respecto de dicho Código penal, hay cosas que saltan á la vista menos perspicaz. El Papa, según el Concilio de Florencia, es el maestro universal de los cristianos, y ese magisterio ha sido definido por el Concilio Vaticano, que es infalible tocante al dogma y á la moral. Todos, pues, están obligados, bajo pena de condenación eterna, á obedecer sus decisiones y mandatos en esas materias. Y el último de los citados Concilios ha declarado también que las prohibiciones de los Gobiernos no dispensan de aquella obediencia. No es raro ahora que se dicten leyes contra Dios y su Iglesia hasta por Gobiernos que se dicen católicos.

Es notorio que ha sucedido así en Austria, España, Italia y algunos países de la América católica. Naturalmente, el Papa de ordinario advierte que se hace reo de condenación eterna el que ejecuta tales leyes. Aun sin declaración del Papa, los Obispos y Sacerdotes han de enseñar, en el ejercicio de su ministerio, que pierden su alma los que no evitan la ejecución de semejantes leyes, mandamientos ó decretos de los magistrados del Estado. Así, pues, las penas que pretende el Gobierno, en su proyecto de Código penal, imponer á los católicos que cumplan disposiciones pontificias que exciten á la inobservancia de la ley, y á los Ministros de la Religión católica que enseñen á los fieles que no deben dar cumplimiento á tales leyes, decretos ó mandatos, so pena de hacerse reos de condenación eterna, con otras de este género, sólo pueden tener lugar en los casos de una alter- ta perseución de nuestra Santa Religión. Es de fe, que cuando el mandato de los hombres se opone al de Dios, aquél debe ser desobedecido y este último religiosamente cumplido. Mas el código que impone penas al que no desobedece á Dios para obedecer á los hombres, coloca á los católicos en la inevitable disyuntiva, ó de ofender á Dios, cumpliendo tal ley humana, ó de ser tratados como criminales y sufrir castigos solo por ser fieles á Dios y á su Religión. No les queda más medio que elegir entre la condenación de sus almas ó el destierro ó la prisión. ¿Habrá católico medianamente instruido en su Religión, ó por lo menos que no carezca de sentido común, que juzgue puede serle por algún motivo lícito aprobar tales leyes? Nos parece, pues, que es hacerse ilusión suponer que el que coopera con su voto á la sanción de semejantes leyes haya podido hacerlo con segura conciencia.

Además, con respecto á los legisladores y magistrados principales de los estados, debe tenerse muy presente la excomunión reservada á la Santa Sede en que incurren los que dictan leyes ó decretos contra la libertad ó derechos de la Iglesia por el hecho mismo de ejecutar tales actos. Bien conocida es la constitución Apostólica Sedis de 4 de Octubre de 1869, en que Su Santidad redujo la multitud de censuras fulminadas por los Sagrados Cánones vigentes en la Iglesia universal á un corto número. En dicha constitución bajo el epígrafe: Excommunicationes latè sententia speciali modo Romano Pontifici reservato el número VII termina por estas palabras: «Item eidem leyes vel Decreta contra libertatem seu jura Ecclesiae.» Así, pues, si algún católico que hubiere contribuido con su voto á dictar las leyes á que arriba nos hemos referido, que indisputablemente son contra los derechos y libertad de la Iglesia, se acercase al sacramento de la penitencia, conviene facilitarle el remedio de su necesidad espiritual acudiendo por la facultad de absolver de la censura á los que Su Santidad nos ha delegado el poder de concederla, ya que la distancia haría muy difícil acudir al Papa mismo. Mas los confesores deben puntualmente observar lo que ordena el Ritual Romano sobre la administración del sacramento de la penitencia, cuando expresamente prohíbe dar la absolución á los que causaron escándalo público sin que públicamente satisfagan y reparen el escándalo.

No solamente las faltas que llevan consigo la excomunión son por su naturaleza de la más grande publicidad, sino que el escándalo que causan es muy trascendental, cuando los católicos ven seguir practicando actos religiosos y recibir sacramentos á los que, á despecho de las censuras de la Iglesia, concurren á dictar leyes opuestas á los mandamientos del Señor, á la libertad y derechos de la Iglesia. Los fieles que carecen de sólida instrucción en la materia, al observar el menoscabo de las enseñanzas y leyes de la Iglesia que ostentan personas de tan elevada jerarquía social siguiendo exteriormente sus prácticas religiosas, llegan á figurarse que, ó las censuras y prohibiciones sólo tienen por objeto infundir terror, ó no alcanzan á los que dicen que ellos sólo tratan de política.

Os recomendamos encarecidamente que conforme á vuestra conducta con las instrucciones que contiene esta nuestra carta pastoral, porque ellas son la regla que establece la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia. Cuidad al mismo tiempo de enseñar tan saludable doctrina á todos aquellos entre quienes ejerzáis vuestro santo ministerio.

Dada en esta ciudad de Santiago á cinco días del mes de Octubre de 1874.—Rafael Valentín, Arzobispo de Santiago.—José Hipólito, Obispo de la Concepción.—José Manuel, Obispo de la Serena.»

Tal es el sistema de polémica religiosa, adoptado por El Católico Argentino. Se nos figura que ha de serle muy útil para poder defender la doctrina de la Iglesia, sin arrostrar el peligro de que se le acuse de sedicioso, ni aun por los que sientifiquen el principio de sedición. Sea lo que quiera de los periódicos diarios, que por su especial índole no pueden perder de vista lo que se llama la política militante, las revistas científicas, para poder defender la doctrina, necesitan prescindir, por más que