El Consultor de los párrocos (1874-07-24 00:00:00), página 4

SEGUNDO CASO.

¿Pueden los católicos aceptar el cargo de juez municipal? Aunque ya hemos examinado esta misma cuestión en otras ocasiones, como se nos propone ahora con no escasa frecuencia y acompañada de circunstancias que suelen ser diversas, vamos á examinarla y resolverla de nuevo con el fin de que no quede ni una duda que no se disipe, ni un argumento que no se destruya.

La principal dificultad que encuentran muchos católicos para aceptar el cargo de juez municipal, consiste en el temor de verse obligados á asistir á la celebración del matrimonio civil, pronunciando una fórmula que los llena de inquietud y escrúpulos.

Esto, sin embargo, carece de fundamento. La fórmula empleada para la celebración del matrimonio civil pudiera ser mucho menos vaga y bastante más concreta. Los mismos apologistas de esta institución convienen en que, para evitar siniestras interpretaciones, convendría que se escogiesen palabras que claramente manifestasen lo que se hacía no traspasaba en nada ni para nada los límites de la esfera puramente civil. El matrimonio civil es sólo un acto civil con efectos meramente civiles. En esto está de acuerdo todo el mundo. ¿Por qué, pues, no se ha de hacer constar que así es en las mismas palabras que se emplean para su celebración?

La ley civil no da ni quiere dar carácter religioso al matrimonio civil. Por el contrario, muestra sumo empeño en separarlo de toda fe religiosa ó en considerarlo cual una institución extraña á todo culto. Esto lo ha querido y lo ha dicho así la misma ley del matrimonio civil. ¿Por qué, pues, no se dice así igualmente en el acto solemne de su celebración?

Añádase á esto que la misma ley dice que el legislador no da al matrimonio civil sino la sanción externa, propia de la autoridad civil, prescindiendo por completo de la sanción interna ó de la conciencia, que sólo pertenece á Dios, ó la autoridad religiosa. La ley no ve en el matrimonio civil más que el hecho material, regulado por la potestad civil para los efectos puramente civiles.

Más aún. La propia ley distingue entre el matrimonio civil y el sacramento del matrimonio. No examinamos ahora esta distinción; sólo la exponemos como un hecho para que se vea que el legislador, al prescribir el matrimonio civil, no ha tenido intención de hacer que se considere como un sacramento ó como un acto de carácter religioso. Siendo esto así, y así lo es, el juez municipal, al pronunciar las palabras señaladas por el reglamento, sólo quiere y sólo puede decir que solemniza un acto civil, con consecuencias puramente civiles. En esto, pues, no hay nada que pueda inquietar las conciencias.

Más aún. La Sagrada Penitenciaria ha autorizado á los católicos para que, una vez celebrado el matrimonio religioso, se presenten ante los delegados del Gobierno para cumplir con lo que les exige la ley civil. Y, ¿habría permitido esto la Sagrada Penitenciaria si el hecho en sí fuese intrínsecamente malo? Claro es que no. Luego si no es intrínsecamente malo para los fieles que, una vez celebrado el matrimonio canónico, celebran el civil, ¿cómo ha de serlo respecto del juez municipal, que se limita á dar testimonio de un hecho en el cual no tiene parte activa de ningún género?

El mal y el error del matrimonio civil no consiste en que se celebre ante la potestad civil, sino en que haya quien crea ó haga creer que el acto civil puede tener los efectos morales y religiosos del matrimonio canónico. La ley civil no facilita para proceder contra los preceptos del Decálogo. Quien esté persuadido de esto, no dará al matrimonio civil más valor que el que según la ley civil puede tener, y, por lo tanto, no lo considerará más que como debe considerarlo.

Por otra parte, cuando las palabras son vagas, no tienen más significación que la que les da la persona que las pronuncia. Así es que, un juez municipal católico, al verse obligado á decir: «Yo os declaro casados,» sólo intenta decir y solo dice: «Yo os declaro casados civilmente y únicamente para los efectos civiles.» El juez municipal no dice ni puede decir más, porque esto es lo único que la ley quiere y le exige que diga. Si digiese más, se separaría de la ley, lo cual no puede, para proceder cual un sectario, lo cual estaría en oposición con el principio fundamental de la libertad de cultos.

A todo esto puede agregarse que el juez municipal es juez y además ciudadano. Como juez, se limita á aplicar la ley, entendiéndola como únicamente la puede entender. Como ciudadano, sin violentar á nadie, puede hacer cuantos esfuerzos legales quiera con el fin de persuadir á las gentes de la necesidad de no prescindir del matrimonio canónico. Su influencia, que tan natural y tan grande es, puede ser muy útil si la ejerce en este sentido.

Por último, cuando se teme que si los católicos se niegan á aceptar los cargos municipales vayan éstos á parar á manos de sectarios ó propagandistas, será hasta un deber el dejar de rehusarlos para evitar los muchos y grandes males que todo el mundo prevé.

Más, mucho más convendría decir; pero ya comprenderán nuestros lectores cuán útil y cuán necesario es contenerse con las indicaciones hechas y abstenerse por el momento de otra clase de explicaciones. Además, como tratamos la cuestión sólo bajo el punto de vista de sus relaciones con el Derecho canónico, nos parece suficiente lo expuesto para hacer resaltar la diferencia esencial que existe entre el matrimonio religioso, que habla á la conciencia y dá derechos ante Dios, y el matrimonio civil, que, según expresa la misma ley, sólo mira á la sanción externa y no da derechos más que ante la justicia de los hombres. La ley no liga para nada el matrimonio civil con la justicia divina.

Pero contra esto se dirá: «El juez municipal, al autorizar el matrimonio civil, contribuye directamente al mal, lo cual no es lícito.»

Esto no es exacto. El juez municipal, como no sea un sectario, no contribuye ni puede contribuir directa ni indirectamente mal. El juez municipal, al autorizar el matrimonio civil, no autoriza por sí nada. Lo único que hace es dar fe de un hecho que no ha podido evitar y que ha tenido lugar en su presencia. Su papel es en este caso muy parecido al del notario público que extiende un testamento ilícito, una escritura de un contrato usurario ó una declaración calumniosa. El notario no quiere ni intenta esto; por el contrario, lo reprende en el fondo de su corazón; pero como tal notario, se ve en la necesidad de repetir lo que oye ó lo que se le obliga á repetir.

Añádase á esto que el juez municipal puede explicar su conducta ó manifestar su intención diciendo á todo el mundo cuáles son sus ideas acerca de la necesidad del matrimonio canónico. Procediendo así, podrá evitar muchos males y hacer muchísimo bien.

TERCER CASO.

Los particulares que pagaban memorias ó censos á la Iglesia, ¿tendrán obligación de continuar pagándolos como antaño?

Esta es cuestión acerca de la cual deseáramos decir mucho y nos vemos en la necesidad de decir muy poco. Lo primero, porque es cuestión grave, de actualidad y que se nos propone con bastante frecuencia. Lo segundo, porque omnis tempus habent, y nadie ignora que hay tempus temporum y tempus tenebrarum. Esta es cuestión para tratada en estos tiempos, ni en público ni en carta particular. Supone una calma general en los