El Consultor de los párrocos (1874-05-09 00:00:00), página 2

Fuese ó no inspirado éste por las preocupaciones del momento, lo cierto es que se expidió; y si es una verdad también que extinguidas aquellas era difícil conocer la existencia de la jurisdicción que disfrutaban por falta de materia propia y de representación exterior, y si nun antes de dicho decreto ya no podía funcionar ni canónica ni legalmente el tribunal con que se había pretendido reemplazar al especial de las Ordenes y ni siquiera existía el Gran Maestre á quien se pudiera rendir para el nombramiento de ministros que compusieran otro con los requisitos y condiciones previstos en las Bulas y privilegios apostólicos, ¿por qué se extraña y se censura entonces que la Santa Sede haya abolido y extinguido esa jurisdicción y mandado que revierta los Obispos para que la ejerzan como la ejercían antes de que la hubiera concedido á los Grandes Maestres de las expresadas Ordenes?

No: Su Santidad no ha procedido de ligero, sino con el mayor determinimiento y con suma sabiduría, como procede siempre. Creyó que el Gobierno que había dictado el decreto de 9 de Marzo era un Gobierno reflexivo y serio, y no pudo imaginar qué á los pocos meses había de venir otro Gobierno que desbaratase la obra de su antecesor, y que, por asiduidad, dirigiese á la autoridad pontificia tan injusto cargo. En el orden político, aunque con descrito y daño de la nación, podrá pasar que hoy se deshaga lo que se hizo ayer, mas en el orden religioso, no; y por eso es que, la Bula Quo gravissim, mucho más estando ejecutada ya, se encuentre en todo su vigor lo mismo antes que después del decreto de 14 de Abril que, por razón de la causa y fin, de la forma y fondo de sus disposiciones, perjudica á las distinguidas Ordenes militares mucho más que el que ordenó la extinción de tan Ilustres instituciones, y al propio tiempo es una prueba evidente de la conveniencia y necesidad de que expidiese la referida Bula.

En vano en el preámbulo del decreto que estoy examinando se acude al principio de la soberanía civil y á las modernas teorías que sobre la misma ha admitido y proclamado la revolución para deducir consecuencias que en manera alguna pueden aceptarse, porque pugnan con otros principios inconcisos de que no es lícito prescindir y de los que se deducen muy distintas y contrarias conclusiones. Con arreglo á estos últimos, debe forzosamente reconocerse que la potestad civil no es la única soberana, sino que lo es igualmente la potestad espiritual, y que, por virtud de esta cualidad peculiar á las dos, puede cada cual funcionar en su respectiva esfera de acción libremente y con mutua independencia, porque si independiente es la una, la otra lo es también.

Supuesta esta verdad, no sé á qué conduce decir que el principio de la jurisdicción, que la competencia á favor del poder que sea el símbolo de la soberanía civil y que la necesidad de impedir toda ingénuicia que tienda á limitar aquel, son puntos esenciales cuyo desconocimiento ó negación eximece el menoscabo hacia los derechos superiores de la nación y la intrusión más funesta y peligrosa á la independencia de la autoridad del Estado.

No puedo ni quiero persuadirme de que en este párrafo se haya pretendido aludir al Papa ó á mí como delegado suyo en el concepto de ejecutor de la Bula Quo gravissim, ni que con tal propósito se diga al final del mismo preámbulo que el Gobierno, obrando de la manera que allí se indica, mantiene en toda integridad los derechos de la soberanía, que no pueden renunciarse sin caer en vergonzosa abdicación, y que posee justo límite á cualquier ingénuicia que, su pretexto de celar por los intereses religiosos, tienda á cercenar aquella ó lastimarla. Pero si, lo que no es creíble, se hubiera escrito todo esto con motivo de haber expedido Su Santidad dicha Bula y habrá yo ejecutado, y si al redactar ambos párrafos presidí el mismo pensamiento que al dictar la orden comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia á algunos Obispos, en la que, además de encargarles suspendan la ejecución de mis autos, se habla también de intrusiones, dichos párrafos entrañarían entonces un error cometido en la constitución dogmática Pastor eternus del Sacrosanto Concilio del Vaticano.

El Papa, cuando en materias religiosas dicta alguna disposición que considera conveniente ó necesaria para el bien espiritual de los fieles, no se intrusa ni se ingiere en cosas que no le conciernen. El, según enseña esa Constitución dogmática, tiene plena y suprema jurisdicción en toda la Iglesia, no solo en las cosas que tocan á la fe y á las costumbres, sino en las que pertenezcan á la disciplina y al régimen de la Iglesia separada por todo el mundo; y así, al expedir la Bula Quo gravissim, lejos de intrusarse e ingravirse en lo que no era de su incumbencia, y lejos también de limitar el poder que sea el símbolo de la soberanía, de menospreciar los derechos superiores de la nación y poner en peligro la independencia de la autoridad del Estado, no hizo otra cosa sino ejercer esa suprema potestad que Dios le ha dado en toda la Iglesia.

Siendo esto inegable, no ha habido esa intrusión ni esa ingénuica por parte del Papa. La hay, atendida la materia del decreto de 14 de Abril, por parte de la potestad civil, que ha restablecido un tribunal cuya jurisdicción eclesiástica había sido suprimida por la Bula Quo gravissim, resolviendo de este modo por sí y en sentido opuesto á lo que canónicamente estaba resuelto y sin meditar tampoco las consecuencias, en asunto espiritual y de índole puramente religiosa, y, como tal, de la exclusiva competencia de la Santa Sede.

Para afirmar lo contrario, es preciso suponer, como equivadamente se supone en el preámbulo, que los derechos abolidos por la citada Bula constituyen una parte integrante de la soberanía civil y son inherentes á la misma, suposición que rechazan de consumo la ciencia y la Religión. Basta conocer el origen que en el referido preámbulo se atribuye con acierto á esos derechos, para determinar su verdadera naturaleza y sostener que no son ni más ni menos que gracias y privilegios apostólicos, y, como tales, sujetos al conocido principio legal ejus est tollere, ejus est condere; el que da los privilegios, lo mismo que el que da las leyes, puede derogarlos. Derechos que reconocen ese origen y tienen esa naturaleza, ¿pueden ser reputados como derechos magistralis? Creo que no habrá ningún publicista digno de este nombre que se atreva á asegurarlo.

No faltan algunos, sobre todo entre los protestantes, que atribuyen á la soberanía civil derechos y facultades en lo religioso que por la divina constitución de la Iglesia no puede tener sino en virtud de concesiones de ésta; pero no ha habido ninguno, que yo recuerde, que eleve los derechos adquiridos por este medio á la categoría de aquellos que forman parte integrante de la soberanía civil y los repute como inherentes á la misma, y, en tales términos, que no puedan renunciarse sin caer en vergonzosa abdicación; porque esto equivaldría á reconocer á la autoridad pontificia como fuente de la soberanía civil, ó de la que al mismos nacen ó se derivan algunas de sus integrantes atribuciones.

Ni en este último error del más exagerado y hasta hoy desconocido ultramontanismo que se advierte en el preámbulo, ni en el anterior de los protestantes, incurrió el emperador Carlos V. Conocedor profundo de los fueros y derechos que le correspondían como soberano, no tuvo la arrogante pretensión de crear que se hallaban comprendidos entre esos derechos de la magestad los espirituales que sobre las cosas y personas religiosas de las Ordenes militares disfrutaban sus Maestres por indultos apostólicos. Así es que, para conseguirlo, acudió al Papa en solicitud de que uniera á perpetuidad esos Maestrazgos á la corona de España; y como su