El Consultor de los párrocos (1876-11-11 00:00:00), página 3

bra Vacante, y acreditando para el levantamiento de cargas la mitad de la dotación si se trata de una prebenda de oficio, y no acreditando nada si es de gracia. En los curatos vacantes se acreditará al Económico la dotación que según su categoría le haya fijado el Ordinario. En las mitras vacantes se acreditará solamente la mitad de la renta, que se entregará al nuevo Prelado, después de deducir de ella los gastos del Económico y de conservación del Palacio episcopal.

7.a La formación de estas relaciones generales destinadas á justificar las cantidades que se adhieran á los partícipes del Clero, y se les ha de satisfacer en papel del Estado, no releva á los Administradores diocesanos de la ineludible obligación de rendir cuentas anuales de gastos públicos de la época á que correspondan, ó sea desde 1869-70 en adelante y no hayan remitido todavía. Por el contrario, son indispensables para las debidas comprobaciones y para responder á los mandatos del Tribunal de Cuentas del Reino. Dichas cuentas de gastos públicos se redactarán en la forma prevista por la circular de 29 de Agosto de 1875 y la de 6 de Marzo de 1876, no acreditando más haberes ni más partidas que las consignadas en los presupuestos á que pertenecían las cuentas, según los modelos que acompañaban á la primera circular.

8.a Conforme se indica en las Advertencias estampadas en el adjunto Modelo de las relaciones, se expresará la fecha de la posesión y cesantía de todo partícipe que haya cesado ó ingresado en su cargo desde 1.º de Julio de 1869 hasta 1.º de Enero de 1875. Después de la relación se unirá un certificado en papel de oficio, expedido por la Secretaría de cámara, con el V.º B.º del Prelado y sello respectivo, expresando ser ciertas las fechas de posesión ó cese de que haga mérito la relación y haber desempeñado canónicamente sus cargos los interesados en el tiempo que se les acredita sus dotaciones.

9.a Se remitirán las relaciones por duplicado, como se hace con las cuentas anuales ordinarias, conservando además en la administración diocesana la correspondiente copia ó borrador. Al final de la relación se unirá el resumen general de la diócesis, expresando, según se indica en el modelo, los débitos totales de los partícipes por clases y provincias. Al pie del resumen y antes de la firma se estará en letra el importe de dichos débitos, en la siguiente forma:

La presente relación importa, por el concepto de atrasos personales del Clero, abonables en títulos de la Deuda pública, la cantidad de ..., y esta conforme con los documentos á que se refiere y asientos de los libros de esta administración de mi cargo.

Esta ordenación excita á los Administradores diocesanos á que, ajustándose á las anteriores reglas, procuren desempeñar este servicio con exactitud y la brevedad posible, á fin de comprobar pronto las relaciones de débitos y poder reclamar los títulos de la Deuda que por diócesis y provincias han de entregarse á los partícipes con las debidas formalidades y la conveniente intervención de los Ríos Prelados. A este fin, se adoptarán por el ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Gracia y Justicia, las medidas necesarias, y se comunicarán con tiempo á todas las diócesis del reino por esta ordenación de pagos para su exacto cumplimiento é inteligencia de los interesados.

Del recibo de la presente se servirá V. S. dar aviso. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1876.—El ordenador, Faustino Hernando.—Sr. Administrador diocesano de...

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

CIRCULAR.

Las naturales dificultades que para la aplicación del art. 11 de la ley fundamental del Estado, como para la de todo nuevo texto legal, han surgido; los cargos dirigidos contra un funcionario público, objeto de un expediente gubernativo, resuelto por real orden de esta misma fecha, y las varias reclamaciones que en distinto sentido y sobre sucesos que ocurren al practicar los derechos consignados en aquel artículo, se elvan desde puntos y localidades diferentes al Gobierno de S.M., imponen á éste el imperioso deber de dictar algunas reglas conformes con la legislación vigente en el reino.

El Gobierno de S. M. está resuelto á que la letra y espíritu del art. 11 del Código fundamental sean portados acatados y obedecidos; entiende que los párrafos primero y segundo de dicho artículo á nadie pueden ofrecer justificadas dudas, y que proclamándose en el uno la Religión católica, apostólica y romana como oficial, se respetan en el otro las opiniones religiosas de todos los que viven fuera del gremio de aquella Iglesia, y se permite el ejercicio de cualquiera culto que no se oponga ni contradiga á la moral cristiana. Bien claro está, por consiguiente, que el Estado proteje la Religión católica, que es la suya; pero que al mismo tiempo admite y establece la tolerancia de cultos, garantizando el ejercicio de ese derecho contra toda clase de agresiones.

No desconoce el Gobierno, sin embargo, que el párrafo tercero del art. 11 constitucional ha dado motivo en la práctica á dudas y vacilaciones que no se refieren á la palabra ceremonias, cuyo genuino sentido no puede oscurecerse, sino á la frase manifestaciones públicas. Debe recordar, no obstante, que al discutirse los preceptos constitucionales ante las Cortes, se declaró la inteligencia que había de darse á la referida frase, ya espontáneamente, ya contestando á preguntas concretas, en uso de su derecho formuladas por los representantes de la nación. Esta recuerda puede servir para desvanecer toda censura infundada que por inconsecuencia ó arbitrariedad se dirija contra las medidas gubernativas que ahora se adopten, si ellas resultan en armonía con lo declarado en la referida discusión constitucional.

No es esta la vez primera que las autoridades gubernativas y los tribunales de justicia están obligados á interpretar recientemente la frase manifestaciones públicas. El Código penal vigente reformado en 18 de Junio de 1870 usa de ella con frecuencia, y al castigar en su art. 168 cierta clase de manifestaciones públicas, considera como promovedores y directores de las mismas á los que con discursos, impresos, lemas, banderas ó otros signos que ostentaren, ó por cualesquiera otros hechos, las inspiren. No puede negarse, por lo tanto, que la ley penal, sin confundir la reunión con la manifestación, interpreta ésta en sentido lato, y busca su esencia en las palabras impresos, lemas, banderas y otros signos que para realizarla se empleen. Por virtud de esta interpretación se han prohibido en España, desde que rige esa legislación penal, lemas y letreros públicos alusivos á formas de gobierno distintas de la vigente, y partidos políticos hay fuera de la legalidad común sólo por el título que quieran aplicarse.

Y aun prescindiendo del Código penal, basta asistir al Diccionario de la Lengua, formado por la docta academia que cuida en España de la pureza y precisión de nuestro idioma, para saber que manifestación pública religiosa, es todo acto que, saliendo del recinto cerrado del hogar, del templo ó del cementerio, declara, descubre ó da á conocer lo que en ellos está guardado ó oculto.

De aquí parte el Gobierno para creer, con tanta buena fe como firmeza, que todo aquello que manifieste en á sobre la