El Consultor de los párrocos (1876-04-06 00:00:00), página 3

extraordinarias porque atraviesa la nación pueden originar alguna dificultad que embarace al presente el arreglo definitivo de este delicado asunto. Podría con seguridad señalarlas, porque conozco cuáles son las antiguas y venerables tradiciones de la Santa Sede, cuando se trata de restablecer en el orden eclesiástico y espiritual sus relaciones con los Gobiernos que en las revueltas políticas de los pueblos, tan frecuentes en nuestros días, se suceden los unos á los otros.

Mas también sé que es práctica constante de la prudente y previsora política de los Papas prestar su apoyo moral, en cuanto aquellas altas consideraciones lo permitan, á los Gobiernos que, reconocidos como tales por la mayor parte de las potencias, se proponen, luchando con la revolución, asegurar el orden público, devolver al país la paz y tranquilidad de que se encuentra privado, y, en una palabra, salvar la sociedad, haciendo respetar los principios fundamentales de la misma, y que para conseguirlo llaman en su auxilio á la Religión, desean el apoyo de la Iglesia católica, á la que en justo desagravio ofrecen la puntual observancia del Concordato, y guardarse las demás consideraciones que le son debidas, sobre todo, en una nación tan eminentemente católica como España. Me lisonjeo de que el tiempo que naturalmente ha de trascorrir desde que, aprobando Su Santidad las indicadas bases, se digne autorizar á la persona que, con sujeción á ellas, haga el arreglo del expresado territorio, hasta que una vez aprobado se expida la correspondiente Bula para la erección canónica del indicado Obispado prorrate, ha de ser suficiente para que desaparezca del todo, ó disminuya, cualquiera dificultad que en él día exista, puesto que, en el tránscurso de ese tiempo, el Gobierno ha de demostrar con actos de justicia y con medidas reparadoras que no en vano aspira á que se le guarden las consideraciones que la Iglesia tiene reservadas solo para los poderes verdaderamente católicos que, por convicción, y hasta por motivos de alta conveniencia pública, se complacen en prestarle su protección y apoyo.

Existen además otros documentos en que el Sr. Alonso Colmenares hace protestas de respeto al Concordato, tan explícitas como las que se acaban de indicar, y claro es que al hacerlas tenía el propósito, lo mismo que el Gobierno, en cuyo nombre inició y siguió la negociación, de cumplir sobre punto tan capital su palabra, repetidas veces empeñada, poniendo en ejecución el Concordato terminado á que fuese aquella, desde el primer artículo hasta el último, pues solo así quedaba éste cumplido, y no de otra manera, mucho más cuando no excluyó en sus reiteradas protestas de respeto ninguno de sus artículos.

El cumplimiento del Concordato fué cabalmente lo que exigió el Cardenal Moreno, porque no necesitaba exigir más ni pedir expresamente la derogación del art. 21 de la Constitución de 1869, para sacar de los principios católicos y los sagrados derechos de la Iglesia; y el respeto y cumplimiento de lo convenido en pacto tan solemne fué también lo que reiteradamente le ofreció el Gobierno de entonces por conducto del Sr. Alonso Colmenares. Y como la unidad católica está garantida y estipulada en el repetido pacto, es forzoso concluir que lejos de haber consentido el Cardenal Moreno la continuación del citado art. 21, como equivocadamente da á entender El Diario Español, consignó que el Gobierno se comprometiera á anular dicho artículo, por más que no lo mencionase, puesto que contraíó implícitamente ese compromiso desde el momento en que ofreció de la manera más terminante respetar y cumplir el Concordato, cosa imposible sin la anulación del expresado artículo, como que pugna abier-

tamente con el referido Concordato, que fué la base de la indicada negociación.

Con lo dicho quedan rectificadas las inexactitudes en que, sin duda por hallarse mal enterado, ha incurrido El Diario Español. (De La España.)

SUPREMO TRIBUNAL DE LA ROTA DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA.

La venida del Emno. Sr. Pronuncio de Su Santidad ha sido fecunda en resultados favorables á la Iglesia católica en España. La provision de más de la mitad de sillas episcopales vacantes en la Península, islas adyacentes y posesiones de Ultramar, la de deánatos, dignidades, canonías y beneficios catedralicios, y la de todas las plazas de ilustrísimos señores auditores, numerarios y supernumerarios de la Rota, son, entre otras que pudieran citarse, pruebas de hecho de aquella verdad. El residir este Tribunal en Madrid, muy distante, por consiguiente, de la mayor parte de las diócesis eclesiásticas; el ser una excepción privilegiada de España respecto de las demás naciones católicas, y el poco estudio que generalmente se hace de su organización, hace que, según observamos por la práctica, sea poco conocido. Esto nos mueve á escribir el presente artículo.

El primado pontificio del Obispo de Roma, Vicario de nuestro Señor Jesucristo, como legítimo sucesor de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, es un dogma de fe católica, tan confirmado con terminantes textos de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, como realizado en su verdad práctica por hechos tangibles desde la sagrada muerte de nuestro divino Redentor. Compete á la más esencial prerrogativa del primado pontificio abarcar, por decirlo así, á toda la Iglesia católica, y atender particularmente á cada una de sus partes. Esta prerrogativa le impone la obligación, al propio tiempo que le da el derecho de convocar, presidir y confirmar los Concilios generales, defender la fe, hacer guardar la moral y disciplina y dar leyes urbis et orbis. Suplir los defectos de los inferiores, corregir sus excesos, y castigar á los delincuentes, son también natural y necesaria consecuencia de aquel principio. Pero, á nuestro modo de ver, el más señalado derecho del primado, y sin el cual no lo concebimos, es el recibir las últimas apelaciones de toda autoridad jerárquica de la Iglesia católica; derecho inherente al primado que siempre ejercerá, no probando nada en contrario alguna que otra excepción de la regla general que se cita, y que sólo tuvo lugar por imposibilidades materiales de hecho en los primeros siglos.

En los primeros siglos ejerció el romano Pontífice su derecho primacial de último grado de apelación en los negocios contenciosos, y de queja en los gubernativos, en la misma capital del orbe católico. A ella tenían que remitirse los autos con las dilaciones, gastos y exposiciones consiguientes. Este modo práctico de sustanciación no cesó en España con el establecimiento de los Nuncios apostólicos Missi; continuó como cuando eran Nati algunos Prelados españoles, porque aquéllos venían á España sin jurisdicción alguna para los asuntos contenciosos, y muy limitada para los administrativos. Las Cortes celebradas en Valladolid en 1537 hicieron presente al Emperador D. Carlos V de Alemania y I de España los perjuicios que sufría la nación con semejante procedimiento. El Sumo Pontífice León X acogió banalmente las presas del Monarca, concediendo á los Nuncios apostólicos amplias facultades en los asuntos de gracia, y perpetua en los contenciosos. Reorganizóse la Nunciatura, nombrándose un abreviador para los primeros y un auditor para los segun-