El Consultor de los párrocos (1874-04-23 00:00:00), página 2

násticos ó bajo su punto de vista religioso, no tienen más autoridad que la que les concedió la Santa Sede.

2.º Que las mismas Ordenes militares, como cuerpos políticos, ó bajo su punto de vista civil, no tienen más autoridad civil que la que obtuvieron de nuestros antiguos monarcas.

Conviene no olvidar estas dos grandes verdades para poder aplicarlas después.

En el párrafo cuarto dice el preámbulo: «No era, pues, de extrañar que, siendo los cargos de Grandes Maestres vitalicios y asumiendo tales facultades y gozando de tantas preeminencias, el afán de obtenerlos fuese en aquella época tan ocasional a desasosiego y turbulencias (1) motivo de grandes trastornos y repetidas colisiones, que ponían en peligro el apenas asentado édificio de la nacionalidad española.»

Parece en verdad extraño que esto se diga en el preámbulo de un decreto encaminado a justificar el restablecimiento de las Ordenes militares. La verdad es, que no se comprende cómo se restablecen las Ordenes, si, como se dice, es cierto que fueron motivo de grandes trastornos y repetidas colisiones que ponían en peligro el apenas asentado edificio de la nacionalidad española. Comprendíamos que esto se hubiese dicho con el fin de justificar la supresión; pero nos parece hasta extraño que se diga con el intento de justificar el restablecimiento de las Ordenes. La verdad es, que los Caballeros no pueden mirar estas palabras como un elogio, y que los pueblos, al oírlas, no habrán podido menos de llenarse de desconfianza hacia una institución que, según se dice, tantas malas cosas ha hecho.

Pero sea de esto lo que quiera, si el Sr. Ministro de Gracia y Justicia conviene en que las preeminencias políticas de las Ordenes militares fueron peligrosas en el orden político, ¿podrá dejar de convenir en que las preeminencias religiosas de las mismas Ordenes ofrecen igualmente peligro en el orden religioso? Y si se suprimen las preeminencias políticas para evitar males políticos, ¿por qué no han de suprimirse también las preeminencias religiosas para evitar males religiosos? Si en lo civil se busca la unidad de fuerzas para evitar la anarquía civil, ¿cómo se intenta impedir que en lo eclesiástico se llegue a la unidad, de disciplina ó de legislación para evitar de igual modo los inconvenientes de la confusión? Lo cierto es, que no hay un párrafo en todo el preámbulo que no sea contraproducente, ó del cual no se desprenda un inductible argumento en favor de la Bulá Quo gravissim y en contra del restablecimiento de la autoridad eclesiástica de las Ordenes militares, intentado por la potestad civil.

En el mismo párrafo cuarto del preámbulo se dice: «Como era por demás frecuente (2) que en la lucha del poder real contra los señores y en las contiendas civiles y en las minoridades, todo lo cual afligía sobre manera al país, los Maestres echaban el peso de su influencia, algunas veces en pro de la justa causa, las más para auxilio de sediciosos, si es que no tomaban a su cargo la dirección de la empresa alcanzando los primeros el estandarte de la revuelta (3).»

¡Qué elogio para las Ordenes militares! ¡Que era por demás frecuente que se encontrasen en lucha con el poder real! ¿Que las más veces echaban el peso de su influencia para auxilio de sediciosos! Y, ¡que se diga esto en un documento en el cual se quiere demostrar la conveniencia del restablecimiento de las Ordenes! ¿No es esto deprimirlas más bien que ensalzarlas?

(1) No creemos que en nuestros días reine una perfecta paz octaviana.
(2) Fíjese bien la atención en esto.
(3) Como habrán advertido nuestros lectores, aquí queda incompleto el sentido. Se conoce que el autor del párrafo, distraído con tantas oraciones incidentales, se olvidó de la oración principal y no pudo concluirlo.

En el párrafo quinto se dice: «Padecía el cuerpo social con tamaños males, hasta que la política sabia, previsora y discreta de los Reyes Católicos, halló propicia ocasión de realizar la majestad de la corona, con la reivindicación de las facultades de que se desposeyeron sus antecesores, y la adquisición de aquellas otras que, en el orden espiritual y para asuntos de eclesiástica jurisdicción, habían otorgado diversos Pontífices á los Maestres de las Ordenes militares.»

Aquí se conviene, pues:

1.º En que las preeminencias civiles de las Ordenes militares eran un mal para la potestad civil, de la cual las habían recibido.

2.º En que fué sabia, previsora y discreta la política de los Reyes Católicos, que, cuando hallaron ocasión propicia, reivindicaron ó recogieron las facultades que sus predecesores habían concedido á las Ordenes militares.

Esto es exactísimo. Pero si se conviene en que las preeminencias políticas de las Ordenes militares eran un mal para la potestad civil, ¿cómo no se conviene en que las preeminencias religiosas de las propias Ordenes son un mal, y mal muy grave, para la potestad eclesiástica? Si se aplaudía como sabia, previsora y discreta la política de los Reyes Católicos porque cuando hallaron ocasión propicia privaron á las Ordenes militares de sus tan funestas preeminencias políticas, ¿cómo no ha de aplaudirse también como sabia, previsora y discreta la política del Sumo Pontífice Pío IX que, al hallar ocasión propicia óportuna, ha privado á las mismas Ordenes, que ya ni aun existían, de la autoridad eclesiástica, que diversos Pontífices, sus predecesores, les habían concedido y que en nuestros tiempos no podían ni debían conservar? Pío IX ha hecho en el orden eclesiástico lo que en el orden civil hicieron los Reyes Católicos. Y siendo esto así, ¿cómo se admite y se aplaude lo hecho por los Reyes Católicos, al propio tiempo que se rechaza y se impugna lo hecho por Pío IX? ¿Se cree acaso que hay dos derechos y dos justicias?

En el párrafo sexto se dice: «Bien es verdad que en lo tocante á los elementos y funciones de la soberanía, fuente de toda jurisdicción (1), llegó á consolidarse por el emperador Carlos V, alcanzando del Sumo Pontífice Adriano VI la Bulá Dum intra, que ratificó y confirmó las de sus antecesores, adjudicando á la corona de España (2) la administración de los Maestrazgos con todas las preeminencias á ellos anexas y con el ejercicio latísimo de la jurisdicción eclesiástica de que venían disfrutando.»

De estas palabras, que son textuales del preámbulo, se deduce:

1.º Que los Grandes Maestres de las Ordenes militares no tenían otra autoridad eclesiástica, que la que les habían concedido, como una gracia ó privilegio, los Sumos Pontífices.

2.º Que los Grandes Maestres fueron privados de esta autoridad eclesiástica cuando los Sumos Pontífices, por motivos graves, juzgaron que no era ya conveniente que continuasen ejerciéndola.

3.º Que el propio Ministro de Gracia y Justicia, autor del preám bulo que analizamos, reconoce que los Sumos Pontífices pueden derogar ó trasladar los privilegios que conceden, puesto que no repreba el que el Papa Adriano VI trasladase al emperador Carlos V la jurisdicción eclesiástica que por gracia revocable de la

(1) Esto es bastante vago. La soberanía civil sólo es fuente de la jurisdicción civil. La fuente de la jurisdicción eclesiástica es la soberanía eclesiástica.
(2) En esto hay una equivocación. La concesión se hizo, no á la corona de España, sino á los Reyes Católicos de España y á sus legítimos sucesores. Los jurisconsultos saben bien que los privilegios son únicamente para las personas á quienes se conceden.