El Consultor de los párrocos (1874-05-30 00:00:00), página 2

toridad del príncipe, de quien es delegado ó á quien representa? ¿Si no sabrá que cuando hay regencia, el Gran Maestre no es el regente, sino el verdadero soberano, ó sea el-príncipe, en cuya minoridad ó por cuya ausencia goberna? El regente no es rey, ni reina por sí; es solo un delegado, que nunca reina y solo gobierna á nombre ajeno ó como un procurador. ¿Qué prueba, pues, el hecho de que los regentes hayan administrado los Maestrazgos en nombre de los soberanos á quienes representaban? ¿Prueba quizá que el privilegio en cuestión, concedido solo á los Reyes Católicos, puede disfrutarse por todo el que gobierna, aunque sea un protestante ó un ateo? Jamás.

Añade el articulista: «Si por haber los poderes públicos obrado contra los intereses de la Iglesia (1), ésto facto deben considerarse privados del derecho de administrar los Maestrazgos, teníamos que empezar por el mismo emperador Carlos I, á favor del cual se instituyó esta gracia, que hizo guerra á Su Santidad, etc.»

No puede ni aun concebirse cómo se proponen argumentos tan fútiles y que tan fácilmente se pulverizan. ¡Cómo que se fundan en la mera omisión de hechos oficiales, que todo el mundo conoce, y que, por lo mismo, no puede menos de ser instantáneamente advertida! Carlos I, al hacer la guerra al Papa Clemente VII, por este sólo hecho perdió el derecho á conservar el privilegio de la administración de las Órdenes. Pero, ¿es lo mismo perder el derecho á la conservación de un privilegio que ser de hecho privado de este privilegio? No. Para perder el derecho á la conservación del privilegio basta el crimen de la institución privilegiada. Para que el privilegio se pierda de hecho, se requiere además que el autor del privilegio, la potestad misma que lo concedió, lo anule ó lo derogue por medio de una ley ó decreto. Ahora bien: ¿Se expidió en tiempo del emperador Carlos I alguna Bula en virtud de la cual se privase á este monarca del privilegio de administrar las Órdenes? No. Luego no puede citarse lo ocurrido entonces como una prueba en favor de lo que está sucediendo ahora.

En nuestros tiempos hay tres circunstancias especiales que no pueden menos de tenerse muy en cuenta. La primera es que ha desaparecido la institución privilegiada, la monarquía católica, y con ella el sujeto del privilegio, y, por lo tanto, el privilegio mismo. La segunda es que jamás suponiendo, solo por suponerlo, que haya tenido sucesor legítimo ó canónico la institución privilegiada, falta por completo la condición esencial del privilegio, que es la unidad católica, y por lo mismo el privilegio no puede conservarse. La tercera y última circunstancia es que el Sumo Pontífice, es decir, la potestad suprema que concedió y podía revocar ó anular el privilegio, ha revocado ó anulado por medio de una Bula ó una ley. Todo esto es evidenteísimo y se funda en hechos oficiales y públicos que nadie puede desconocer ni negar. ¿Podrá, pues, decirse que lo que se llama la república española conserva el privilegio de administrar los Maestrazgos, porque en el siglo XVI lo conservó el emperador Carlos I, á pesar de haber hecho la guerra al Papa Clemente VII? No, y mil veces no. Carlos I no pensó siquiera en proclamar la libertad de cultos, no dejó de proteger la Iglesia católica, y lo que es más, se reconcilió con la Santa Sede, antes que por medio de una Bula hubiese sido privado de este y otros muchos privilegios que los Sumos Pontífices le habían concedido.

Lo propio ha de decirse respecto á los períodos de 1808 á 1814, 1820 á 1823, y 1834 á 1851, que recuerda el articulista. En efecto; aunque en estos períodos se cometan muchos y grandes atentados contra las leyes de la Iglesia, nunca se llegó hasta el extremo de hacer que la Santa Sede juzgase necesario el revocar ó anular el privilegio concedido á los Reyes Católicos para la administración de las Órdenes militares.

Después de esto, el articulista, intentando quizá demostrar que la jurisdicción exenta de las Órdenes no puede ser suprimida, exclama: «¡Una jurisdicción confirmada por 88 Papas, y, lo que es más, por los Concilios de Basilea y de Trento!»

Confesamos ingenuamente que no comprendemos cuál es el valor de esta tan infundada como hueca exclamación. Ante todo, no nos más el que los Concilios de Basilea y de Trento confirman la jurisdicción de las Órdenes. Los Concilios, aunque sean ecuménicos, no son superiores al Papa. En segundo lugar, el Concilio de Basilea no es un Concilio, sino un Concilábulo, una Sinagoga de Satanás, como lo llama San Antonio de Florencia; y es, por lo menos, muy triste, el que se intente apoyar la jurisdicción de las Órdenes en un fundamento tan deleznable. En tercero y último lugar, el Concilio Tridentino, en la sesión XXIV, cap. 11, que cita, no sabemos por qué, el articulista. Lejos de confirmar el antiguo privilegio, concedido á las Órdenes militares, lo que hace es sentar que los privilegios y exenciones que por varios títulos se concedían entonces á muchas personas, perturbaban la jurisdicción de los Obispos, y que esto no podía permitirse, no obstante sus privilegios (1), ni aun á la religión de San Juan de Jerusalén y á las demás milicias (2). ¿A qué, pues, se citan el Concilio de Basilea, que nada le probaba, y el de Trento, que es un testimonio solemne y eloquentísimo de que la Iglesia conserva siempre la autoridad indispensable para restringir ó anular los privilegios que concede?

En cuanto á los 88 Papas que, según se asegura, han confirmado la jurisdicción de las Órdenes, basta con solo indicar que lo que todos estos Papas han hecho ha sido confirmar que la jurisdicción de las Órdenes sólo podía existir, mientras uno de ellos ó uno de sus sucesores no creyese conveniente extinguirla.

Dice también el articulista que la Bula Quo gravissim resulta inaudita por lo que dispone la de San Pío V. ¿Qué cosas se dicen y se oyen en el mundo! ¿Dónde declara San Pío V que Pío IX, su legítimo sucesor, y, como él, Vicario de Jesucristo, carece de potestad para anular un privilegio concedido por la Santa Sede? ¿Qué es el privilegio en cuestión? Una ley disciplinaria. Y, ¿a quién puede ni á un curirseñele que Pío IX, jefe visible y legislador de la Iglesia, carece de facultades para anular una ley relativa á la disciplina? ¿Dónde estudiarán derecho canónico los que se atrevan á negar estas facultades al Vicario de Jesucristo? ¡Cuan cierto es que el empeño en defender malas causas obliga á decir cosas muy malas!

Recuerda también el articulista que la Bula Quo gravissim no ha obtenido el exequatur. Esto no es ni puede ser un argumento; pero es otra cosa que no queremos calificar, porque como hay gentes que se atreven á entrar en el exámen de las más graves cuestiones canónicas sin tener á la vista, y quizás también sin haber leído siquiera el Concilio Vaticano, es muy posible que el error de que se trata sea puramente material. Por si así es, y así puede ser, pidamos á Dios que ilumine á los que yerran, porque de ser cierto no saben lo que hacen. Que lean, pues, la Bula Pastor eternus, promulgada en el Concilio Vaticano, y que vean luego si pueden ó no continuar hablando de la necesidad del exequatur.

Añade el articulista, que el decreto de 9 de Marzo de 1873, en virtud del cual, el Gobierno entonces existente

(1) Non obstantibus privilegiis quibuscumque.
(2) Etiam religionis Sancti Joannis Hierosolymitanae, et aliarum militarium.