El Consultor de los párrocos (1874-01-22 00:00:00), página 2

se vea que la fundación del Coto redondo ni es cosa tan sencilla como algunos creen, ni deja de presentar peligros, de los cuales hay que prevasearse. Sería muy posible que se desease que el Obispo del Coto redondo estuviese bajo la dependencia del Tribunal de las Órdenes. Esto no puede ser. Entre los Obispos y el Papa no hay autoridad ó grado jerárquico civil de ningún género.

Esto bastará para que se comprenda, por qué habiéndose promulgado el Concordato en 1851, en 1868, todavía no se habían podido vencer las dificultades que se oponían á la formación del Coto redondo. El Papa no podía sancionar nada que fuese contrario á la unidad de la disciplina, y el Gobierno por una parte, y el Tribunal por otra, mostraban exigencias, ó por lo menos, deseos que, por envolver todos los males del regalismo, no podían menos de ser rechazados ó eludidos por la Santa Sede.

Méditen en esto los que hoy intentan negociar. En el Vaticano no se concede lo que no puede concederse. No se pierda, pues, el tiempo proponiendo cuestiones que, ó no han de ser nada, ó sólo han de ser ocasión de dilaciones y gérmenes de conflictos.

Examínense ya las aspiraciones primera y segunda, fijemos ahora la atención en la tercera, que es la que mayores males lleva consigo, ó más peligros entraña.

Entre los defensores de las Órdenes militares hay algunos, no poco apagados al regalismo, que, aunque se hallan en gran minoría, no dejan por esto de ser temibles. Son activos e influentes, se agitan bastante, visitan las redacciones de los periódicos, y, como tienen fácil entrada en los ministerios, hasta asedian á los ministros. Si no se llama la atención acerca de sus gestiones, poco a poco irán ganando terreno y llegarán hasta lograr que se adopten medidas, que pueden ocasionar conflictos. Los ministros suelen no entender mucho de estas cosas, y nunca faltan empleados nuevos que se dejen alucinar, ó antiguos, que estén dominados hasta por una verdadera monomanía regalista.

En este punto, las tradiciones de los ministerios, desde Felipe V hasta nuestros días, son en verdad fu- nestas. A causa de estas tan detestables tradiciones, nada tan fácil como el tropezar con empleados, en todo lo demás excelentes, pero que al tratarse de conflictos entre las dos potestades, orden que solo se puede pensar en sentenciar contra la eclesiástica ó en favor de la ci- vil. Estos residuos del antiguo caciquismo han sido, son y serán siempre la causa de esos decretos contra- diétorios y absurdos, en los cuales se supone que son compatibles la libertad de cultos y el regalismo, ó la li- bertad de imprenta y el pase régio.

Este mal existe hoy, como existía hace 170 años. Nosotros lo señalamos con el fin de que, á ser posible, se evite al menos la sorpresa.

Será posible que se restablezcan las Órdenes militares; pero es muy de temer que se restablezcan con alguna cláusula que, bajo el pretexto de abrir negociaciones, permita eludir las últimas Bulas, aplazando por tiempo indefinido su ejecución.

En prueba de esto, podemos citar un escrito en el cual se exalta al Gobierno á que medite en este asunto, se fije en los dictámenes del Tribunal Supremo y el Consejo de Estado, expida un decreto restableciendo las Órdenes, cree ó restablezca el Tribunal de las Órdenes, y comience á proceder, como se procedía antes que se publicasen las Bulas, que suprimen la jurisdicción exenta. Si llega á expedirse este decreto, el Gobierno intervendrá en la cuestión, la trasladará al ministerio de Estado, y hará que allí pase meses y más meses, sin poder adelantar un solo paso.

El restablecimiento del Tribunal de las Órdenes equi- valdría hoy á una protesta contra las Bulas pontificias. Restablecer este Tribunal y autorizarlo para que ejerza sus antiguas funciones es lo mismo que suponer que las Bulas no existen ó no tienen valor, ó organizar la resistencia legal y sistemática á estas Bulas.

En el escrito que hemos podido ver se dice que el de- creto expedido para la supresión de las Órdenes milita- res no es legal ó es nulo. Esto no es de extrañar. Entre los revolucionarios hay una escuela liberal-regalista, que, como liberal, reconoce toda autoridad revolucionaria, y, como regalista, niega todo lo que directa ó indi- rectamente redunde en favor de la libertad de la Iglesia. El dogma fundamental de esta escuela consiste en no privar nunca á la potestad civil de las cadenas con las cuales puede oprimir á los católicos.

Los afiliados á esta escuela reconocen la autoridad que dio el decreto suprimiendo las Órdenes; pero niegan que este decreto sea válido sólo porque los priva de un pretexto para suscitarse obstáculos á las Bulas pontificias.

Para demostrar que este decreto, en la práctica al menos, no tiene valor, alegan que, aun que el decreto se publicó en la Gaceta y se ejecutó por otros ministerios, nada se hizo por el ministerio de Gracia y Justicia.

¿Qué argumento tan absurdo! ¿No apareció el decreto en la Gaceta? Sí. ¿No se comunicó á las Órdenes militares? Sí. ¿No se les privó en virtud de este decreto de toda vida legal ó toda representación civil? Sí. ¿No se designó hasta en qué archivos habían de depositarse los objetos pertenecientes á las órdenes suprimidas? Sí. Por último, ¿no se declaró que las Órdenes militares queda- ban reducidas á la simple condición de asociaciones particulares, que solo podían perseverar, como otra asociación cualquiera, en virtud del derecho de asociación concedido á todo el mundo? Sí. Y si todo esto es cierto y puede demostrarse con documentos oficiales, ¿cómo se dice que no se ejecutó este decreto?

Los que aconsejan indirectamente la resistencia á las Bulas pontificias dicen que el decreto en cuestión es nulo, porque no basta un decreto para hacer ver que la nación renuncia á sus privilegios y derechos.

¿Qué significa esto? ¿Cómo se considera la jurisdicción exenta? ¿Se mira como un derecho, ó como un privilegio? Si se mira como un derecho, ¿de dónde viene á la nación este derecho? ¿Lo tenía antes que existiese la Iglesia? No. ¿Lo tuvo desde el origen mismo de la Iglesia? No. ¿Lo tuvo antes que se lo concediesen los Sumos Pontífices? No. Luego si la nación no tuvo este derecho de sí misma, claro es que no es un derecho nacional. Y si no lo tuvo, sino cuando los Papas se lo concedieron, es evidente y hasta evidentísimo que emana, no de la na- ción, que es la que lo recibe, sino de los Papas, que son los que lo conceden.

Luego es hasta absurdo el hablar en este caso de los derechos de la nación.

Y si no se considera la jurisdicción exenta como dere- cho, sino como privilegio, ¿de quién proviene este pri- vilegio? ¿No es evidente que proviene de la Santa Sede? Y si proviene de la Santa Sede, ¿por qué no ha de poder revocarse por la misma Santa Sede? ¿Qué es la concesión de un privilegio sino una ley? Y, á qué legislador se le niega la potestad de anular las leyes que promulga?

La jurisdicción exenta es un privilegio que puede des- aparecer de dos maneras, á saber: ó porque la nación diga que no quiere el privilegio y lo renuncie, ó porque el Sumo Pontífice vea que este privilegio ha dejado de ser conveniente y lo derogue. En el caso presente han concordado estas dos cosas. La primera, porque el Go- bierno que se hallaba á la frente de la nación, en un de- creto, contra el cual no protestó nadie, suprimió las Ór- denes militares, y la segunda, porque el Sumo Pontífice, al ver la anarquía que reinaba en este punto, declaró suprimida la jurisdicción exenta y sometió las iglesias de sus territorios al derecho común.

¿Puede negarse esto? No, porque es evidentísimo. Luego ya no existe la jurisdicción exenta ni como dere- cho nacional, porque jamás ha sido un derecho de esta índole, ni como privilegio, porque ha sido renunciado