El Consultor de los párrocos (1874-07-31 00:00:00), página 7

ña y aún en el mundo entero, se cree que el matrimonio es cosa religiosa y no civil; de aquí el que el mundo entero esté en la firmeísima persuasión de que el casado religiosamente está verdaderamente casado. Y siendo esto así, será justo, será prudente el castigar al que ha contraído matrimonio religioso, diciéndole que ante la ley, y ante la ley de una nación católica, se lo mira como no casado? No ignoramos que ciertos ideólogos fanáticos, de imaginación completamente desconcertada, excitarán al Gobierno á que no modifique la ley, ó sea á que continúe castigando á los casados canónicamente, como si su unión fuese legítima ó concubinaria. Repetimos que no ignoramos esto; pero al propio tiempo no podemos menos de recordar al Gobierno que los ideólogos ó soñadores han sido, son y serán siempre causa del desprestigio de los Gobiernos, y de las ruinas de las naciones. A los ideólogos es preciso tratarlos como Platón quería tratar á los poetas. En efecto, unos y otros son gentes que viven siempre muy lejos del mundo real.

A esta consideración debemos añadir otra que también es de suma importancia. Hay instituciones que no dependen ni pueden depender de la ley civil. Estas instituciones son todas las que no pueden cambiar por constituir la base del orden social. La propiedad, por ejemplo, será siempre propiedad, aunque la niegue la ley civil, porque se funda en la misma ley natural. Del propio modo el matrimonio, digan lo que quieran los legisladores civiles, será siempre verdadero matrimonio, con tal que se celebre según las leyes de Dios y las prescripciones de la naturaleza. Así es, que la ley civil, que no puede destruir lo que constituye la esencia del orden social, no hace ni podrá hacer nunca que el matrimonio religioso deje de ser verdadero matrimonio.

Y esto supuesto, ¿qué es lo que ha intentado el Gobierno al eximir del servicio de las armas á los que han contraído matrimonio? ¿No es dispensar una eficaz protección ó conceder un justísimo privilegio á los ciudadanos honrados que han constituido familia? Si. Y, ¿no han constituido honorablemente familia los ciudadanos que han celebrado matrimonio canónico? ¿Habrá quien diga que, ó no son verdaderas familias, ó no son familias honradas las que se fundan en el matrimonio religioso? ¿Habrá quien esa castigar como á familias ilegítimas y sin honor á las que tienen por base el matrimonio canónico? Piense, por Dios, en esto el Gobierno, y medite en el abismo al cual intentan acercarlo los funestos ideólogos que tanto mal han hecho á nuestra desventurada patria.

Todavía conviene exponer otra observación que, bajo el punto de vista práctico, acaso sea de suma trascendencia. Nadie ignora que, á causa de la situación anormal en que hace años se encuentra el país, hay no pocas provincias en las cuales es por lo menos muy difícil la ejecución de ciertas leyes. A consecuencia de esto, pudiera muy bien ocurrir que los casados canónicamente fuesen obligados al servicio militar en unas provincias y eximidos en otras. Y, ¿en qué provincias serán obligados al servicio de las armas? ¿En las que obedecen y apoyan al Gobierno! Esto quiere decir que si el Gobierno se obstina en no modificar la ley, lo que en realidad haría sería castigar á las provincias que le son fieles.

Este argumento, como se ve, se funda en la utilidad ó en interés mismo del Gobierno. No podemos ni aún comprender cómo sus propios amigos no son los que más se esfuerzan por hacerlo valer.

Por último, presentaremos un argumento que, por pertenecer al orden moral, no podrá recaer quien no deseé el desquiciamiento del orden social.

Cualesquiera que sean las ideas ó creencias de los hombres que hoy se hallan al frente del poder, teniendo como tienen ojos en la cura, no pueden menos de ver que la inmensa mayoría de los españoles considera como verdaderamente casados á los casados canónicamente, y mira de un modo muy diverso á los que solo han contraído matrimonio civil. Estos últimos, que en todas partes son señalados con el dedo, en muchos puntos son hasta objeto de escándalo. Y siendo esto así, ¿podrá calificarse de prudente la política que castigue al casado canónicamente condenándolo al servicio de las armas y premio ó conceda un gran privilegio eximiéndolo de este servicio al casado solo por lo civil? ¿Qué dirán los pueblos al contemplar esto? Y cuenta que en esta materia las ideas de los pueblos se diferencian mucho, muchísimo de las ideas de ciertos insensatos ideólogos que se figuran que gobernar es ir contra la corriente ó hacer la guerra á los gobernados. No opinaban así los antiguos hombres de Estado, que consagraban su vida entera al estudio de la ciencia del gobierno.

Según dice un periódico, se ha llevado al Consejo de Estado la cuestión relativa á la ejecución de la Bul. Quo graviss. en Estremadura. Parece que se preguntará el Consejo de Estado si está ó no dentro de la ley la conducta observada por el señor Obispo de Badajoz. Nosotros, que nada decimos que se refiera al Gobierno, no podemos ocultar que nos extraña y mucho la insistencia con que ciertos periódicos recuerdan estos días varias leyes de la Novísima Recopilación. Por lo visto, estos periódicos han vivido en China y no saben que en España se ha abolido la unidad católica, se ha proclamado la libertad de cultos y se han borrado del Código penal los artículos relativos al Pase régio. Para citar las leyes de la Novísima, se necesita distinguir las que están de las que no están en vigor. De lo contrario, se arrostra el peligro de pedir la aplicación de leyes que, como suceda ahora, no pueden aplicarse por haber sido expresamente derogadas.

Por el ministerio de Gracia y Justicia se ha expedido un decreto de fecha 24 de Julio de 1874, en virtud del cual se deroga el decreto de 8 de Octubre de 1873 que suspendió en todas las diócesis de España la ejecución de la ley de 24 de Junio de 1867 y de la instrucción del 25 del mismo mes y año, relativas á la liberación y permutación de cargas eclesiásticas. Este decreto, en su parte dispositiva, dice lo siguiente:

«De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Gracia y Justicia, he tenido á bien decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Se declara sin ningún valor ni efecto el decreto de 8 de Octubre de 1873, por el cual se suspendió en todas las diócesis de España la ejecución de la ley de 24 de Junio de 1867 y de la instrucción á ella relativa del 25 del mismo mes y año, restableciéndose, por tanto, en todas sus partes la ley é instrucción mencionadas.
Art. 2.º Todos los negocios gubernativos y contenciosos que se hallen en suspensión por efecto del citado decreto, continuarán su curso ordinario con arreglo á lo prescrito en las antedichas leyes ó instrucciones, imputándose igualmente los que procedieren de conformidad con las mismas.
Art. 3.º Las autoridades, de cualquier clase y grado que fueren, así como las comisiones diocesanas, se ajustarán estrictamente sobre esta materia á lo dispuesto en el presente decreto.
Dado en Madrid á 24 de Julio de 1874.—Francisco Serrano.—El ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez.»

Llamamos la atención de nuestros lectores hacia los dos importantes documentos que á continuación publicamos. El primero, que es de D. Manuel Pérez Santamarina, alcalde de Santiago de Galicia, es el siguiente:

«Apóstol Santo: Honrado con la presidencia del ayunta-