El Consultor de los párrocos (1873-01-23 00:00:00), página 2

Tenemos, pues, que el proyecto de ley obliga á los fieles alemanes ó á dejar de obedecer lo prescrito por el Concilio Vaticano ó á infringir abiertamente la ley civil. Este conflicto es de todo punto inevitable. El Gobierno prusiano lo provoca con el exclusivo objeto de dar un carácter legal á su tan infeliz como sistemática persecución.

En el art. 2.º se dice que las penas disciplinarias que impongan los Obispos y que puedan perjudicar á la libertad ó á los bienes de los Eclesiásticos rebeldes, no podrán ser aplicadas sin que éstos hayan sido oídos.

De modo que si los Clérigos rebeldes rehusan el ser oídos ó no quieren comparecer cuando se les cite ante el Tribunal canónico, podrán continuar al frente de las Iglesias sin que nadie les inquiete.

Ningún Eclesiástico, según se dispone en el mismo artículo 2.º, podrá ser destituido, trasladado ó suspendido sin formación de causa.

Esto se encamina á poner á los Obispos en el conflicto ó de arrostrar las iras de la potestad civil, ó de dejar en la impunidad á los Eclesiásticos apóstatas, que, por el hecho mismo de ser apóstatas, pueden contar con la protección del Gobierno. En efecto, los Eclesiásticos rebeldes que se encuentren en este caso, para poder violar impunemente las leyes de la Iglesia, no necesitarán más que hacer lo que hoy están haciendo, ó sea dar un colorido político á su impiedad. Así es que cuando la autoridad eclesiástica intente procesarlos, eludirán la acción de los Tribunales pretextando que se les persigue por su fidelidad al imperio ó por observar las leyes del país.

Los arts. 3.º, 4.º y 5.º, se refieren á las penas que pueden imponer los Obispos y á la forma en que las han de imponer. Con el fin, pues, de que se vea á lo que se reduce en virtud de este proyecto de ley la autoridad episcopal, nos limitaremos á indicar:

1.º Que en el art. 3.º se le prohibe imponer corrección corporal como pena disciplinaria eclesiástica.

2.º Que en el art. 4.º se dice que el Obispo no podrá imponer á los Clérigos rebeldes ninguna pena pecuniaria que exceda de sesenta ó setenta pesetas.

3.º Que el Obispo sólo podrá privar de la libertad ó poner en reclusión á un Eclesiástico por el espacio de tres meses, y que en todo caso, la reclusión no puede tener lugar fuera del territorio alemán. (Art. 5.º).

4.º Y último. Que los establecimientos ó casas de penitencia ó cárceles eclesiásticas, han de ponerse bajo la inspección y vigilancia del Estado, el cual examinará y aprobará ó no sus reglamentos y además estará autorizado para visitar dichas cárceles e intervenir en ellas del modo que crea conveniente. Por añadidura, no podrá ponerse en reclusión ningún Eclesiástico sin dar inmediatamente cuenta al Gobierno. (Art. 6.º)

En estos artículos hay tanta hipocresía como perversidad. Al hablar de penas corporales se intenta hacer creer á las gentes que los Obispos son monstruos de crueldad. ¿Qué iniquidad! ¿Pueden hoy los Obispos imponer penas corporales? ¿Tienen quizá facultades para imponer penas de muerte, presidio, destierro, confiscación de bienes, etc., etc.? No. ¿Pueden aplicar el Código penal? No. ¿Sabe esto el Gobierno de Berlín? ¿Cómo no ha de saberlo? Y si lo sabe, ¿por qué prohibe á los Obispos el imponer penas corporales que no imponen? ¿Se propone quizá dar á entender que los Obispos son muy crueles y que es forzoso adoptar precauciones contra su crueldad? Lo cierto es que el proyecto de ley en cuestión es hasta un insulto y una calumnia.

Lo de las multas exige también un ligero comentario. Los Obispos no imponen multas, lo que hacen es:

1.º Obligar á restituir á los Beneficiados que abandonan sus Iglesias y no cumplen con sus deberes canónicos.

2.º Suspender de oficio y beneficio á los Beneficiados indignos que, al apostatar, dejan de ser pastores para convertirse, como dice la Sagrada Escritura, en lobos rapaces.

En estos casos, los Obispos no imponen multas, lo que hacen es cumplir con lo que les prescriben las leyes de Dios y de la Iglesia. Fijándose bien en esto, se comprenderá fácilmente que lo que hace el Gobierno de Berlín al prohibir lo que llama las multas, es proteger á los Clérigos apóstatas para que puedan continuar percibiendo las rentas de sus beneficios, aunque no recen el Oficio Divino, no residan en sus Iglesias, y aunque escandalicen á los fieles con sus impías doctrinas.

Por lo que se refiere á las cárceles eclesiásticas, también debemos decir alguna cosa. Estas cárceles, ó no existen ya ó se reducen á la casa misma de uno de los notarios de la curia, al colegio-seminario, ó á un convento. En cualquiera de estos casos, la reclusión no tiene nada de cruel ni ofrece ningún peligro. El Clérigo rebelde que entra en la cárcel, lo cual sucede muy rara vez, vive con decencia y hasta con comodidad. No obstante la facilidad que hay hoy para dar escándalos, no se tiene noticia de un solo caso en el cual los Clérigos rebeldes y escandalosos hayan podido declarar quejándose en público contra el rigor de su prisión. Anádase á todo esto, que las cárceles eclesiásticas son en todo muchísimo mejores que las cárceles civiles.

¿A qué, pues, habla el Gobierno de Berlín de la necesidad de vigilar lo que llama las cárceles episcopales? ¿Quiere quizás hacer creer que hoy son las cárceles episcopales lo que antes se suponía que eran las cárceles de la Inquisición?

Por otra parte, ¿á cuánto asciende el número de los Eclesiásticos presos? El Gobierno de Berlín no habla ni siquiera de un Eclesiástico rebelde que se halle en reclusión. Y si los Obispos no abusan, ni aun usan del derecho de imponer pena de reclusión, ¿qué hacer una ley sobre las prisiones ordenadas por los Obispos? Está visto que en todo esto el Gobierno de Berlín no lleva otra idea que la de desprestigiar á los Prelados.

III.

El párrafo ó título II comprende catorce artículos, desde el 10 hasta el 23, ambos inclusive. Examinaremos los más notables.

Por el art. 10 se autoriza á todo Clérigo rebelde para que apele al Gobierno contra su propio Prelado, siempre que le imponga una pena que considere como injusta.

Los casos en que según él mismo artículo se autoriza la apelación al Gobierno son los siguientes:

1.º Cuando la pena haya sido impuesta por autoridades eclesiásticas, no reconocidas por el Estado. Esto quiere decir que los Obispos nombrados por el Papa, que no serán reconocidos por el Gobierno, no podrán imponer ninguna pena canónica.

2.º Cuando la pena impuesta sea ilegal, esto es, cuando, aunque esté conforme con las leyes de la Iglesia, se halle en oposición con las leyes perseguidoras del Estado. De modo, que el Eclesiástico que apostate en cumplimiento de una ley civil que lo autorice para apostatar, aunque abandone la fe y se convierta en enemigo y perseguidor de la Iglesia, no podrá ser excomulgado ni suspendo.

3.º Cuando la pena se imponga contra una acción obligatoria; es decir, contra una acción que ejecute el Clérigo apóstatas faltando al Evangelio, ó sea obedeciendo á los hombres antes que á Dios.

4.º Cuando la pena se imponga con motivo del ejercicio ó no ejercicio del derecho electoral. Esto es gravísimo. Supóngase que el Gobierno niega al Papa el derecho de nombrar Obispos y exige que los nombre los pueblos ó los Cabildos. Esto no lo admiten ni pueden admitirlo los católicos; pero, si hubiese algún desgraciado Sacerdote que lo admitiese, no podría ser castigado según los cánones, porque la pena se le impondría con motivo del ejercicio del derecho electoral.