El Consultor de los párrocos (1873-06-17 00:00:00), página 8

punto fijo el nombre del Pontífice, indica que no la han visto los que hablan de ella.

Solorzano tampoco cita la cita, ni aún da por corriente esa disciplina. Refiere que á fines del siglo XVI, un Arzobispo de Lima se quejó al Papa de ese abuso, y que se le reconviño por real cédula de 1583. (Solorzano, tomo II, pág. 658). Si había ese privilegio, ¿cómo lo ignoraba el Arzobispo? ¿Por qué no se publicó esa Bula?

Pero es más: en el siglo siguiente todavía no era derecho corriente y establecido. Los reyes solían dirigir cédulas de ruego y encargo á los Cabildos. Luego no lo exigían; luego no había tal privilegio.

Las palabras de Solorzano son contundentes:

«Solent litterae commendatitiae hoc est por ruego y encargo expediri ad codem Regis ad Capitulum Sede vacante ut inter- sum, dum Bulle expeditiuntur et remittuntur, talem electum sive presentatam ad gubernationem Ecclesiae admittant.» (Ibidem, tomo II, pág. 658 citada). No dice esto como cosa decidida y corriente, sino como cosa que se iba introduciendo, solent expediri.

El mismo Solorzano añade que la jurisdicción la daba el Cabildo, porque el rey no la podía dar, y refiere el caso ocurrido en Lima estando él allí, pues se dudó que el presentado ó electo pudiera tener provisión, puesto que siendo delegado no podía subdelegar. Con todo, se alzó la dificultad resolviendo que podía nombrar, como nombraban, los vicarios capitulares, puesto que éstos eran mirados como ordinarios. ¡Tan vaga era todavía esa práctica en el siglo XVII!

El mismo Solorzano trata de disculparla con una porción de razones sumamente débiles, y que no pueden convencer á ningun canonista, probando que no incurren en nulidad los nombrados, porque no lo hacen por avaricia, sino por el bien de la Iglesia y por evitar males y dilaciones. Si hubiese habido privilegio ó derecho consuetudinario legítimo y reconocido, no hubiera dejado de asegurarlo aquel jurisconsulto.

El Obispo Villarcel venía poniendo la cuestión en ese terreno durante el siglo XVII. El mismo Sr. Picon tiene que confesar, como queda dicho, que la Sagrada Congregación del Concilio, consultada, respondió en 1657 reprochando la posesión dada al Sr. Cárdenas, Obispo del Paraguay, y eso que era presentado y estaba ya confirmado cuando la tomó. Luego la Santa Sede, á mediados del siglo XVII, ni reconocía ese derecho ni aprobaba semejante corruptela más que costumbre.

Pero los regalistas del siglo XVIII pasaron ya más adelante en sus invasiones.

El jesuita Murillo, en su obra de Derecho canónico de España e Indias, dió noticias que desagradaron mucho al Consejo, y su obra fué perseguida á principios del siglo XVIII hizose después otra edición corregida de real orden y á gusto del Consejo. Pues bien; en esa misma obra, impresa en 1763, el Padre Murillo consignaba la disciplina canónica general, citando el cap. 5º del título de Elect. in sextum, al tenor de una decretal de Gregorio X:

«Ut nullus de cetero in administrationem dignitatis ad quem electus est, primumquam celebrata de ipso electo confirmetur... se immiscere presumat jure si quod eis per electionem quaestium fuerit decernentes eo ipso privatos, ut sic savaritie et ambitioni plurium occurruat.»

Mas luego pone la excepción de Indias y consigna la siguiente doctrina:

«Sed in his regnis aliquid speciale inventur. Num presen- status vel nominatus a rege ad aliquem Episcopatum in his provinciis ante Pontificis confirmationem administrat et gu- bernat suam Ecclesiam val diocesim quam a rege expe- xdiuntur litterae commendatitiae. (Hispane RUBGO y ENCARGO) sed Capitulum Sede vacante... sed tunc gubernat non jure proprio, sed ex delegatione, quia solum capitulum non vero rex potest ei jurisdictionem spiritualiun communicare.s (Murillo, tomo I, pág. 52 de la edición espurgada de 1753.)

Muy bien dicho: nadie da lo que no tiene: el rey no tiene un átomo de jurisdicción espiritual propia; luego ta mpoce puede darla.

Mas ya para entonces, y al escribir estas palabras el Padre Murillo, iba el regalismo ganando más terreno. El mismo cita un hecho que lo acredita. Los Obispos colindantes se encarga- ban de la administración de las Iglesias vacantes en Filipinas. Puede conjeturarse que los Obispos no llevaban muy á bien los nombramientos de los presentados, y creían esta disciplina poco segura, pues para dar validez á sus actos solían ellos delegarlas facultades. El Consejo á su vez llevaba esto á mal, y por una real cédula de 2 de Agosto de 1736, se le dijo al Arzobispo de Manila que no hace falta que los Obispos administradores les deleguen, por suponerse transferida toda la jurisdicción que necesitan con el acto mismo de la presenta- ción por la autoridad de Su Santidad y de la nta.»

Aquí ya no se habla de delegación. Murillo acaba de decir que el rey no tiene autoridad espiritual; y con todo, aquí se lo hace decir al rey un desatino absurdo, y poner su autoridad al lado de la del Papa. [La autoridad de Su Santidad y la nta VI. La proposición 50 del Syllabus anula esas corruptelas de exigir los Gobiernos esas intrusiones á título de adminis- tración.]

Dice el Sr. Picon al principio de sus reflexiones:

«En el Syllabus, proposición 50, se condena la doctrina que dice: «La autoridad según por sí misma (per se) puede exi- gir de ellos (los Obispos presentados) que tomen la adminis- tración de las diócesis antes que reciban de la Santa Sede la institución canónica y las Letras Apostólicas.» Pero nosotros no pretendemos que el Monarca español tenga por sí mismo (per se) tal derecho, sino en virtud de un privilegio apostóli- co; Inego nuestra proposición no está condenada en el Sylla- bus. Además, la referida proposición 50 es una ley general, y sabido es que ésta no deroga los privilegios y costumbres particulares á no ser que los exprese; y recordar haber leído que esto mismo contestó la Santa Sede á una consulta del Emperador de los franceses.»

Hasta aquí el Sr. Picon. Vamos á examinar las inexactitu- des de este párrafo que son: 1.º Exigir per se; 2.º Supuesto privilegio; 3.º Derogación de la ley particular por la general.

Si los reyes y sus Gobiernos no tienen ese derecho per se, ¿por qué lo exigen? ¿Por qué apuran y apremian á los que no acceden? Los reyes solo enviaban cédulas de ruego y exorcio, no cédulas de apremio; y aun así, al principio sólo pedían la delegación. Luego ya Felipe V y su consejo hablaron de su au- toridad, como queda dicho. Lo que se ruego, no se exige. Aun la delegación resulta nula cuando se impone al ordinario á la fuerza.

El Sr. Picon, para cludir la reprobación del Syllabus, con- viene en que los reyes no pueden exigir ese derecho per se, y por eso dice que obran en virtud de un privilegio apostólico.

Es falso que haya ese privilegio apostólico. Si lo hay, ¿por qué no lo enseñan? Presenténtelo, y queda acabada la cuestión en gran parte. La Bula de Julio II solo concede el derecho de patronato y la consiguiente presentación, pero no el de que los presentados se entrometan á gobernar.

O. S. C. S. E. C. A. R.

Director-proprietario, D. PERMÍN ABELLA.

MADRID.—Imprenta de E. de la Riva, Alcalá, 7, bajo.