El Consultor de los párrocos (1874-06-03 00:00:00), página 7

más, no tenga licencias de su Prelado en el estado mismo de ex- pédirse su nombramiento. Por supuesto que lo más prudente sería que los Canónigos se nombrasen por el Gobierno; pero con la precisa condición de elegir entre los propuestos en terna por los Sres. Obispos. Así se evitaría el gravísimo inconve- niente de que en circunstancias dadas se pusiera en llenar las catedrales de Eclesiásticos que, ó son de poco mérito, ó no tienen más méritos que los escándalos que han dado ó los ser- vicios que han prestado á los enemigos de la Iglesia. El ecle- siástico debe saber que, si desea ascender, sólo puede conse- guirlo prestando servicios á la Iglesia y dentro de la Iglesia.

Si el Gobierno conviene en esto, podrá perder algo en la apariencia; pero ganará mucho en la realidad, porque la fuerza y estabilidad de los Gobiernos dependen en gran parte, por no decir en todo, de la paz que disfruta la Iglesia. Si la Iglesi- a está perturbada, los Gobiernos no vivirán tranquilos. La política moderna suele no ver esto; pero ¡jamás cara ouesta á los pueblos su seguridad!

6.a Se reformará la ley del matrimonio civil, dando valor legal al matrimonio canónico. Esto es de absoluta y urgen- tísima necesidad. Es hasta un escándalo lo que en este punto está sucediendo. ¿Ni en la misma protestante Inglaterra se ve lo que está ocurriendo en la católica España? Es, pues, indis- pensable que todo lo antes posible se declare que el Estado reconoce valor legal en los matrimonios legítimos, ó que se celebren ó se hayan celebrado según los Sagrados Cánones.

Si después el Gobierno desea conservar el registro civil, que lo conserve honorablemente. Para esto será necesario y sólo debe pedir que por semanas, por meses ó por años, se le en- vié por los Curas párrocos un estado exacto, extenso y en debida forma, de todos los matrimonios canónicos que se ha- yan celebrado. Esto, que tan justo y tan necesario es, lejos de presentar dificultades, evita gastos y molestias á las familias y libra de muchas y gravísimas complicaciones al Gobierno.

7.a Se derogarán todas las leyes y decretos que se han publicado en los últimos años contra las Órdenes religiosas. Según nuestras noticias, este punto acaso se conceda hasta sin discusión. En efecto, parece que hasta los más obcecados se ruborizan ya de la oposición que han hecho y el incompa- ble miedo que han mostrado á las Órdenes religiosas. Tene- mos motivos para creer que esto es así; pero, si no lo fuese, hasta por honor de España, debería serlo.

8.a El Gobierno cambió de las concesiones que se muestra dispuesto á hacer, parece que exige un reconocimien- to explícito por parte de la Santa Sede. Acerca de este punto diremos algo, fundándonos para ello, no en noticias particu- lares que tengamos, que no las tenemos, sino en lo que ense- ña el derecho público y prescribe la legislación canónica.

Un Gobierno, para que pueda ser reconocido, necesita fun- darse en un principio admitido por el derecho público en su tiempo. Hoy, por ejemplo, el derecho público admite que otros Gobiernos que los que se fundan en la herencia ó la elección. Si no hay elección ó herencia, habrá dictadura, habrá poder pasajero, ó habrá lo que se quiera; pero no Gobierno con ca- rácter legal y de permanencia.

Así es que, cuando se forma un Gobierno, como sucede hoy al español, que no tiene en su favor la elección ó la herencia, el mismo se considera como cosa interina; y hasta en sus cir- culares diplomáticas protesta que espera que, variando las circunstancias, le será fácil el conseguir y solicitará sin duda la sanción legal ó el sello de legitimidad que necesita. Y aho- ra bien; si los Gobiernos que se encuentran en este caso no se reconocen á sí mismos, sino cual Gobiernos de hecho, ¿cómo podrán aspirar á ser reconocidos por la Santa Sede cual Gobiernos de derecho? ¿Puede ni aun suponerse que la Santa Sede les reconozca una legitimidad que ellos mismos no se atribuyen?

Por otra parte, la Santa Sede, bajo el punto de vista diplo- mático, no está sola en el mundo. Bajo éste punto de vista sig- nifico y no puede menos de seguir el acuerdo que prevalece entre las grandes potencias. Si, pues, las grandes potencias reconocen á un Gobierno, la Santa Sede, aunque haciendo sus protestas explícitas ó implícitas en favor del derecho legiti- mo, lo reconoce también, como reconoció, por ejemplo, á Luis Felipe á la caída de Carlos X. Y, supuesto esto, que es innega- ble, ¿será necesario exigir á la Santa Sede un reconocimiento que no se exige á Austria ni á Rusia, á Prusia ni á Inglaterra, á Francia ni aun á la misma Italia? El Papa es un soberano que carece de grandes ejércitos; pero esto no es ni puede ser razón suficiente para que se le exija lo que no se exige á soberanos que, bajo el punto de vista material, son muy poderosos.

El Gobierno actual, si desea proceder con lógica y cordu- ra, no debe pedir más que lo que ha pedido el Gobierno francés. Y aún para esto, necesita esperar á obtener la sanción le- gal que la asamblea constituyente ha dado al actual Gobier- no de Francia. Nosotros no creamos que este es el medio apropiado para fundar Gobiernos sólidos; pero aquí no se trata de lo que con razón creamos nosotros, sino de lo que, aunque sea sin razón, crea la actual diplomacia europea. Y, ¿se en- cuentra el Gobierno que hoy tenemos en España en actitud de poder decir que llena los requisitos que exige el derecho público? ¿Quiere la moderna diplomacia? La verdad es que ni uno solo lo quiere asegurar. Y siendo esto así, ¿cómo se pide á la Santa Sede lo que el derecho público no permite que se pida á la diplomacia?

Para terminar este punto, necesitamos advertir que, el día en que el Gobierno llena los requisitos que le exige el derecho público, no tropiezará con obstáculos que le exijan de la Santa Sede. Al expresarnos así, no revolviendo barreras que no exis- ten; lo único que hacemos es recordar lo dispuesto por una Bula especial destinada á resolver esta gran cuestión expre- sada por el predicador de Pío IX, Gregorio XVI y la ley de la Iglesia desde 1832. Esta Bula, que es la Solicitudo om- nium ecclesiarum, determina los casos y las condiciones con que el Sumo Pontífice reconoce y acepta á los Gobiernos que nuevamente se fundan, sin que esta aceptación y este recono- cimiento perjudiquen ni aun en lo más mínimo á los Gobier- nos legítimos. Esta Bula es la que hace que pueda asegurar- se que, cuando el Papa reconoce ó acepta á un nuevo Gobier- no, siempre salva el derecho legítimo, si es que hay algún derecho legítimo perjudicado, por medio de una protesta perma- nente e implícita.

Por hoy no creamos conveniente decir ni una palabra más acerca de las negociaciones entabladas entre el actual Gobier- no español y Mr. Bianchi, dignísimo representante de la San- ta Sede. Sin embargo, estos seguros nuestros lectores de que no perderemos de vista esta tan grave cuestión y procurare- mos decírselo siempre todo lo que les convenga saber, si obs- táculos materiales, superiores á nuestras fuerzas, no se opon- nen á ello.

El Sr. Obispo de Badajoz ha dirigido al Gobierno una elo- cuentísima exposición, en la cual, después de dar cuenta de la incalificable protección que algunas autoridades están con- cediendo á los pocos Clerigos rebeldes que tantos escándalos están dando y tantos y tan sacrificios atentados están com- tiendo en su diócesis, dice:

«Añáitarla á mi propósito, Excelentísimo Señor, si al tejer la historia de estos hechos, así reprobados por los católicos como por todo hombre de buena voluntad y recto espíritu, no me sienta encarecidamente á V. E., en nombre de la Religión y de la sociedad, que en recta administración de justicia se sir- va suspender los efectos de las órdenes circuladas por ese Ministerio; acordar la inmediata devolución á los católicos, hoy tan mal tratados, de sus Templos, donde libremente les sea dado el ejercicio de sus deberes religiosos, y dejarme á mí, en fin, en libertad de ejercer mi legítima jurisdicción en todo el ter- ritorio incorporado á mi diócesis. Así lo exigen de consumo la Libertad de conciencia, hasta aquí no respetada, y la conside- ración que se merecen las disposiciones del Supremo Gober- nador de la Iglesia, cuyo solo proceder en el asunto de las Ordes- nes militares y cuáles dorelas para obras, acaba de ser bri- llante y victoriosamente expresado por el Emn. Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid, en comunicación dirigida al Presi- dente del Poder Ejecutivo, cuyo documento hago mío y me adhiero á su contenido sin restricción de ningún género.»

En la misma exposición dice el Sr. Obispo de Badajoz:

«Prescindiendo por completo, Señor Excelentísimo, de mi humilde persona, contra la cual se instruyen diligencias criminales no sé en cuantos juzgados. Obispo católico por la misericor- dia de Dios, no temo tales procedimientos, porque, aparte de ser infundados, estoy dispuesto á sufrir sus consecuencias, si llegasen á tenerlas, antes que faltar á mi deber de Obispo ca- tólico y manchar mis canas, cuando quizá no se dilate mucho el día en que deba dar cuenta á Dios del trabajo confiado á mi custodia.»

Esto prueba á qué extremo habían llegado las cosas, al menos en Extremadura. Bien se hecha de ver que allí se ha- bian encontrado tres ó cuatro desdichados Sacerdotes que se atreviesen á convertirse en viejos instrumentos de los ene- migos de la Iglesia.

Añade el Sr. Obispo de Badajoz: «Al denunciar tan tristes