El Consultor de los párrocos (1873-09-03 00:00:00), página 2

Por otra parte, las regalías no consisten en que un delegado pontificio dé cuenta de su delegación al Gobierno, sino en suponer que la delegación pontificia no surte sus efectos canónicos hasta que el Gobierno la apruebe.

El Sr. Arzobispo de Valladolid no ha dicho al Gobierno: «Te pido que confirmes mi delegación ó me autorices para aceptarla.» Nada menos; por el contrario, la ha aceptado y ha hecho todo cuanto era necesario para comenzar á ejecutar las Bulas.

Su paso cerca del Gobierno no significa más que lo siguiente: «Señores ministros, he recibido dos Bulas, de cuya autenticidad estoy completamente seguro. Las he aceptado y me preparo á ejecutarlas. Sin embargo, como Su Santidad parte del principio de la no derogación del Concordato, y como yo mismo acabo de protestar contra la separación de la Iglesia y el Estado, supongo que esta separación no existe, y deseo que proceda de acuerdo conmigo para realizar esta circunscripción parcial de algunas diócesis.»

Esto, lo repetimos, es querer la armonía, no aceptar el tan absurdo como funesto principio del regalismo.

Parece que el Gobierno ha llevado ó va á llevar la cuestión al Consejo de Estado. Esto puede ser, ó por espíritu de persecución, ó por temor al rompimiento ó separación de las dos potestades.

Si es lo primero, será un crimen, una inconsecuencia y hasta una ignominia. Un crimen porque se intenta usurpar la jurisdicción de la Iglesia. Una inconsecuencia, porque las regalías son incompatibles con los principios políticos que ahora se proclaman. Una ignominia, en fin, porque es hasta oprobioso y degradante el acabar de redactar un proyecto de constitución y además un proyecto de ley, en los cuales se propone la separación de la Iglesia y el Estado, y esto no obstante, obstinarse en que la Iglesia no se desligue del Estado ó en que las cadenas del Estado continúen siempre pesando sobre el cuello de la Iglesia.

Si la cuestión se lleva al Consejo de Estado con buena fe y por temor al rompimiento, lo cual no es de suponer, por desgracia, ¿qué Dios ilumine á los ministros y consejeros que se encarguen del examen y resolución de este asunto? Humanamente hay poco que esperar de ellos; pero Dios, que convirtió á San Pablo y San Agustín, puede hacer muchos, muchísimos y muy grandes milagros. ¡Que Dios, pues, tenga misericordia de nosotros!

De todos modos, haga lo que quiera el Gobierno, la obligación de los católicos se reduce á no pensar más que en lo que el Papa y los Obispos determinan. Todo lo que no sea esto, tratándose de la cuestión presente, será siempre cosa de ninguna, absolutamente de ninguna valla.

LETRAS APOSTÓLICAS

DE NUESTRO SANTÍSIMO PADRE PIÓ POR LA DIVINA PROVIDENCIA PAPA IX., EN VIRTUD DE LAS CUALES SE ABOLIDA EN ESPAÑA LA JURISDICCIÓN ECLESIASTICA ESPECIAL EN LOS TERRITORIOS PERTENECIENTES Á LAS CUATRO ORDENES MILITARES DE SANTIAGO, ALCÁNTARA, CALATRAVA Y MONTEZA; Y SON AGREGADOS LOS MISMOS TERRITORIOS Á LAS DIÓCESIS INMEDIATAS.

PIÓ, OBISPO,

siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria.

Cuando con mayor fuerza crecen y aprietan los males, sabida cosa es que exigen tanto más pronto remedio. Este en verdad reclaman al presente con instancia del Ministerio de nuestro supremo cargo las nuevas heridas causadas recientemente en España á los derechos de la Iglesia y las nuevas inquietudes y perturbaciones producidas en los fieles con semejante motivo. Ya en el Concordato que sobre los asuntos religiosos de España celebramos el 5 de Setiembre de 1851 con el Gobierno de esta nación, nos ocupamos entre otras cosas, de los inconvenientes que en detrimento del régimen eclesiástico proviene de hallarse diseminado el territorio perteneciente á las cuatro Ordenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa, á los cuales inconvenientes resolvimos poner remedio, en la manera entonces prescrita, con ocasión de la nueva circunscripción de diócesis, que en el mismo Concordato se determinó hacer. Mas como por causa de leyes dadas poco há, cesó entre tanto el régimen eclesiástico en los territorios de dichas Ordenes militares, nos vemos obligados á subvenir prontamente y sin alguna dilación á tanta necesidad á fin de que no falte aquí de todo punto.

Las mencionadas Ordenes militares, aunque distintas en origen, antigüedad y forma, como todas tenían por objeto la protección e inculcadidad de la fe, la propagación del nombre cristiano, la defensa del trono y el libertar á España del yugo de los infieles, fueron justamente contadas en el número de los más brillantes honores del reino; pues que á los ilustres guerreros de estas milicias, convertidas después en Ordenes regulares, debió España más de una vez la paz de la Religión, su tranquilidad y prosperidad, el firísimo apoyo de sus reyes, y el derrocamiento de la funesta y aborrecida dominación de los infieles.

Por eso los Romanos Pontífices, procurando el aumento de la Religión y el engrandecimiento de la nación católica, favorecieron de una manera especial á las referidas Ordenes y las honraron con numerosos privilegios; y los reyes de España las enriquecieron con muchos y vastos territorios que esta Santa Sede, á petición de los mismos reyes, eximió de la jurisdicción de los Ordinarios, encomendando ésta á los Grandes Maestres de cada una de las Ordenes, los cuales por esta causa ejercían allí por concesión de ambas potestades la jurisdicción eclesiástica á la par que la civil.

Empero más tarde, exigíéndolo así la utilidad pública, la misma Santa Sede le transfirió á los reyes de Castilla y Leon la administración temporal del Gran Maestrazgo de dichas Ordenes, hasta que Adriano VI, á instancia del emperador Carlos V, la concesión hecha por cierto tiempo la unió con perpetuo vínculo al sólio de Castilla y de Leon, en virtud de la Bula Dum intra Nostra mentis arcana del 5 de Mayo de 1521; de donde procede el que los reyes de España hayan ejercido hasta los últimos tiempos la jurisdicción eclesiástica en aquellos territorios por medio de un Tribunal especial compuesto de caballeros de cada una de las Ordenes y llamado de las Ordenes militares.

Sin embargo, cuando en 1851 se trató, como hemos dicho, de arreglar los asuntos religiosos, en consideración á la índole de la jurisdicción eclesiástica en los territorios pertenecientes aquí y allí por todo el reino de España á las susodichas Ordenes, pareció conveniente que, al efectuarse la nueva circunscripción de diócesis, se agregasen á las inmediatas aquellos territorios. Mas para que no se borrase por eso la memoria de una institución que tanto ha merecido de la Iglesia y del Estado, y se conservase para la nación un recuerdo de esta insigne gloria suya, se previno que «se designara un determinado número de pueblos que formen colo redondo, donde el Gran Maestre de las mismas Ordenes militares continuó ejerciendo la jurisdicción eclesiástica con entero arreglo» á lo prescrito en las Constituciones Pontificias.

Mas cuando se esperaba la oportunidad de llevarlo á cabo, el Gobierno de España ha suprimido, á su arbitrio, las mencionadas cuatro Ordenes, y con ellas por tanto necesariamente el tribunal especial que en sus territorios ejercía la administración eclesiástica; y así, al propio tiempo que ha hecho desaparecer la memoria de una de las más præclaras institu-