El Consultor de los párrocos (1872-07-04 00:00:00), página 6

con sus larguezas y beneficios la buena voluntad de los pueblos.

Esta es, como ahora se diría, la filosofía de la mencionada ley. Por esto tememos, que no solo se crea vigente, sino que hasta se quiera sostener que no hay ni aun posibilidad de pensar en su derogación.

SEGUNDO CASO.

Se nos dirige la siguiente consulta:

«Un Vicario capitular, que conoce lo resuelto por la Sagrada Congregación del Concilio acerca de la inversión de los productos del sello en la Sede vacante, entrega á los señores Capitulares todo cuanto se recauda por dicho concepto, para que lo distribuyan entre sí, según costumbre de la diócesis y de otras diócesis vecinas. ¿Es esto lícito?»

Para responder debidamente, evitando todo género de confusión, necesitamos sentir:
1.º Que las Catedrales han perdido mucho y aun muchísimo.
2.º Que los antiguos reglamentos, Constituciones sinodales, de Cabildos, etc., etc., se redactaron en circunstancias muy distintas, ó sea cuando la Iglesia tenía bienes y además contaba con la protección del Gobierno.
3.º Que hoy, que las Catedrales han perdido sus bienes y no pueden contar con el apoyo de la autoridad civil, habiendo variado por completo las circunstancias, por fuerza ha de variar también lo que llamaremos parte accidental ó muy secundaria de la disciplina.
4.º Que lo que hoy reciben los Cabildos, sea ó no en Sede vacante, no es porque se lo dé la ley civil, sino porque se lo da la piedad de los fieles, para que los mismos Cabildos lo destinen á los usos que les parezcan más convenientes.
5.º Que además, no siendo el producto del sello ni renta de capellanías ni de nada que sea beneficial, no teniendo, por otra parte, destino señalado por el derecho común, debe suponerse que su reglamentación, hija sólo de la necesidad y la costumbre, puede modificarse cuando así lo exijan la costumbre y la necesidad.

Añádase á todo esto que los productos, en cuestión, son muy poco considerables y que no se distribuyen por el capricho de un individuo, que pudiera abusar, sino por toda una corporación ilustre, que en este caso es autoridad competente y no se extrañará.

El Cabildo Catedral, presidido por el Vicario capitular, en Sede vacante, tiene, sin duda ninguna, atribuciones para variar sus propios reglamentos ó para decidir que la costumbre los ha variado.

Para que no quede ninguna duda acerca de este punto, haremos todavía algunas observaciones.

¿Cuál es el origen de estos productos del sello? ¿Es uno mismo en todas partes? ¿Ha sido autorizado por la costumbre? ¿Lo ha sido por la ley simodial ó por los reglamentos particulares de los Cabildos?

Sea como sea, lo cierto es:
1.º Que la ley civil no tiene parte ninguna en esto.
2.º Que el derecho canónico, ó sea la disciplina general de la Iglesia, no decide nada acerca de este punto.
3.º Que las disposiciones que puede haber, no iguales en todas partes, son de disciplina particular y aun particularísima, y no llevan consigo ninguna sanción, que obligue bajo pena de culpa grave ni aun leve.
4.º y último. Que no habiendo ley verdadera, cierta, ni derogada por la costumbre, que imponga, además, obligación grave, no debe pensarse en la existencia de tal obligación.

Para terminar añadiremos que, cuando se hacen consultas á las Sagradas Congregaciones, tratándose de preceptos puramente disciplinarios que pueden, como dicen San Alfonso Ligorio y los Salmantecenses, ser modificados ó derogados por la costumbre, pueden seguirse dos sistemas, á saber:
1.º El de exponer el caso y la obligación, que llevaba consigo, cuando la Iglesia se encontraba en mejor situación y la costumbre y las circunstancias eran muy distintas.
2.º Manifestar la duda, pero señalando al propio tiempo el origen, clase y fuerza de la ley preceptiva ó permisiva, de la cual nace la obligación, y la causa, origen, extensión y fuerza de la costumbre contraria, que debe prevalecer.

Consultando del primer modo, como lo que se pide es que se vea lo que dice, se repite lo que la ley dice, porque las Congregaciones, en sus contestaciones, se limitan por costumbre á respuestas secas, y no hacen ni deben hacer más.

Consultando del segundo modo, la cuestión varía de aspecto, porque ya no se pregunta acerca de la aplicación, sino acerca de la validez de la ley, y la respuesta por fuerza ha de ser diversa.

Las Congregaciones no responden más que á lo que se les pregunta. Sirva esto de regla, y, si se quiere, también de advertencia.

TERCER CASO.

¿Qué conducta debe observarse con los criados y dependientes que no tienen Bula para comer carne?

Estos dependientes pueden estar bien acomodados, y disfrutar de regulares sueldos ó ser pobres, ó considerarse como sometidos á la patria potestad.

Si están bien, claro es que se les debe aconsejar que tomen el sumario. Se trata de una limosna, para ellos insignificante, y no parece que puedan excusarse de hacerla.

Si son pobres, no tienen obligación de tomar la Bula, porque, como dice el mismo Papa Pío VII en su Breve de 7 de Agosto de 1801, «no he tenido de ningún modo intención de imponer esta carga á los pobres, y entiendo por pobres, no solo los que no tienen absolutamente nada y necesitan mendigar de puerta en puerta, sino también aquellos que no pueden vivir ni aun estrechamente con lo que poseen, necesitándose alimentarse, trabajando corporalmente para ello.»

En el tercer caso, si se trata de sirvientes que se hallan bajo la patria potestad, según lo declarado por la Sagrada Penitenciaria, con fecha 16 de Enero de 1834, si el padre de familias no quiere ó no puede preparar dos comidas, una de carne y otra de pescado, los sirvientes pueden comer la carne, que pone en su mesa el padre de familias, dispensado para comérla.

Por hoy, no creemos que sea necesario añadir nada acerca de esta cuestión. Lo dicho es más que suficiente, para que se vea lo que puede aconsejarse en cada uno de los tres casos que se pueden presentar.

CUARTO CASO.

¿Pueden los alcaldes mandar tocar las campanas de las Iglesias, contra la voluntad de los Curas párrocos? Y si las tocan, ¿en qué responsabilidad incurren?

Es evidente, que las campanas pertenecen á la Iglesia, como ya hemos demostrado, y que los alcaldes no tienen facultad ninguna para hacerlas resonar, cuando á ellos les parezca. Falta á esto escometer un atentado contra el principio, hoy fundamental, de la libertad de cultos.

Cuando sea necesario el que se toquen las campanas para celebrar alguna alegría verdaderamente nacional, señalar algún incendio, dar la alarma, etc., etc., los Curas párrocos, que conocen bien sus deberes, y que no se niegan á nada que está prescrito por la ley ó autorizado por la costumbre, serán