El Consultor de los párrocos (1874-05-09 00:00:00), página 5

Compostela, la honra señalada de hacer terminar con su eloquente y persuasiva palabra el más empeñado e importante de los debates conciliares, y contribuir con su ciencia al triunfo más completo de la doctrina que respecto á la infalibilidad pontificia había sostenido y enseñado siempre esa Iglesia particular de España.

Mucho más pudiera añadir en refutación de las aserciones erróneas que se hacen en el mencionado preámbulo; pero para no abusar de la benévola atención de V. E., y habiendo rebatido ya algunas de ellas, y con especialidad las que se refieren al pase en mis comunicaciones al Sr. Ministro de Gracia y Justicia, me constataré á manifestar que el decreto de 14 de Abril ha restablecido de un modo notoriamente anticonómico el llamado Tribunal especial de las Ordenes militares, Tribunal que, en lo religioso, no tiene ni jurisdicción, ni territorio donde pudiera ejercerla, y, por consiguiente, ni negocios de que conocer, ni subditos á que mandar. Es un Tribunal que se ha establecido con notoria infracción de las leyes eclesiásticas y contra la expresa voluntad del Papa, ora se atienda á lo dispuesto en la Bula Dum intra, ora á lo que, al derogarla, se ha prevenido en la Quo gravissim. Si se atiende á la primera, los ministros que lo componen han sido nombrados por quien no tiene facultad para hacerlo, pues solo la tenían, según dicha Bula, como acabo de demostrar, los Reyes Católicos en concepto de grandes Maestres de las referidas Ordenes, dignidad en la que en manera alguna ha sucedido, ni puede suceder, como no sea por medio de concesión apostólica, el actual Gobierno. Y si se atiende á la segunda, ni aun esta concesión podrá obtener mientras no llegue el caso de erigirse canónicamente el nuevo Priorato de las Ordenes militares, ó sea el territorio especial ó coto redondo determinado en el Concordato. Entre tanto, el estado canónico y legal de este asunto, es el de hallarse extinguida de hecho y de derecho la jurisdicción eclesiástica especial que anteriormente correspondía al Gran Maestre de las citadas Ordenes, y el de encontrarse todos sus territorios legítimamente incorporados á las diócesis respectivas y dependientes de la jurisdicción ordinaria de sus Obispos, puesto que, digase lo que se quiera en el preámbulo tantas veces citado, no solo está ejecutada la Bula Quo gravissim en España, sino además remitidas á Su Santidad las copias autorizadas de los autos de ejecución dictados por mí en los expedientes canónicos que el efecto se han instruido en cada una de las diócesis en que existían, ó á las que, según las disposiciones de esta Bula, había que arreglar los territorios de las mencionadas Ordenes.

Ese Tribunal, por consecuencia, no es canónico. Carece de toda autoridad. Las disposiciones que adopte en asuntos eclesiásticos ó religiosos, serán nulas, de ningún valor ni efecto; y tanto los que las dicten como los que las obedezcan, incurrirán irremisiblemente en las graves penas canónicas señaladas por derecho y en los términos que el mismo previene. Privado de la comunión con la Santa Sede ese Tribunal acaso lo, no puede ser tenido por católico, habrá que considerarlo como intruso; y los Obispos, á quienes no es lícito desprenderse de la jurisdicción ordinaria que tienen en los nuevos territorios que se han agregado á sus respectivas diócesis, se verán precisados á cada paso á levantar su voz y hacer uso de su autoridad divina en defensa de estas nuevas porciones de su rebaño, porque, cualquiera que sea la aflictiva situación en que los coloque el citado decreto y las medidas que se adopten para llevarlo á efecto, todos cumplirán con su deber, todos se opondrán á los mandatos de ese Tribunal, arrastrando sin temor toda clase de responsabilidad, menos la terrible que contraerían por no defender á sus ovejas en el trance supremo de querer ser arrebatadas por una autoridad ilegítima rebelada contra el Papa.

No serán tampoco los nobles e ilustres Caballeros y respetables Freires que componen las cuatro Ordenes militares, los que presten obediencia y sumisión á dicho Tribunal. Enthusiastas todos de sus pasadas glorias, adquiridas en defensa de la fe católica, ni como cruzados, ni como españoles, han de querer perderlas en un solo momento por ponerse en una situación de verdadera rebeldía contra la Santa Sede. Ellos saben que en asuntos religiosos, cuando se trata de cosas espirituales, no hay medio para los católicos, ó con el Papa, ó contra el Papa, y que, en esta alternativa, no les queda más recurso que el de continuar á lado de la Iglesia Católica, obedeciendo la Bula Quo gravissim, ó pasarle al opuesto, en que se ha colocado el referido Tribunal por solo el hecho de haberse instalado para lo religioso sin otra autorización que la del decreto de 14 del corriente, que lo reduce á la triste condición de jefe y cabeza de cismáticos.

Cortísimo es hasta ahora el número de los que, al ejecutarse la Bula Quo gravissim, se han resistido á cumplimentar sus disposiciones. Desgraciadamente, la mayor parte de este corto número la componen Eclesiásticos que, separándose en mal hora y por motivos que ellos sabrán, de los dignísimos que forman casi la totalidad del respetable Clero de las Ordenes, y no imitando el noble ejemplo que les han dado muchos de los más distinguidos dignatarios del mismo con su exponéndose obediencia y sumisión á lo mandado por el Pontífice, han sido en algún punto á causa de su hostilidad manifiesta ó de sus insidiosas maquinaciones, la piedra de escándalo para los buenos.

Los pueblos, no obstante, han aceptado con júbilo y obedecido con respeto el mandato apostólico, sin que haya sido suficiente para desviarlos de este camino la presión que en sus ánimos han procurado ejercer los funcionarios públicos en ciertas localidades por cumplir lo que en obsequio de los expresados Eclesiásticos rebeldes les había previsto el Gobierno.

Lo propio ha de suceder en lo sucesivo. El Catolicismo se encuentra muy arraigado en el pueblo español; y si por medios violentos se quisiera obligar á los fieles á separarse de los preceptos y enseñanzas del mismo, y se intentara competirles á que, en un asunto tan grave y delicado como el de la jurisdicción eclesiástica, que afecta hasta la validez de los sacramentos de la penitencia y del matrimonio, desobedecieran al Papa, se verían con frecuencia en los pueblos escenas parecidas á la que no ha muchos días tuvo lugar en un Convento de Monjas que habían estado sujetas á la extinguida jurisdicción especial de las Ordenes.

Llamadas al locutorio y reconvidadas bruscamente las ejemplares Religiosas por una autoridad local á consecuencia de haber reconocido como legítimo Prelado el R. Obispo de la diócesis en virtud de lo dispuesto en la Bula Quo gravissim, y habiéndolas amenazado de una manera muy poco delicada con privarles de la Misa, de su dotación y hasta con expulsarlas del Convento si inmediatamente no volvían á someterse á la indicada jurisdicción suprimida, le dieron á una voz esta hermosa respuesta: que hiciera lo que quisiese, que estaban disueltas todas á todo; que si era preciso, irían con mucho gusto al suplicio á recibir la corona del martirio antes que desobedecer á Su Santidad.

La reproducción de escenas de esta clase podrá ser causa de males sin cuanto que V. E., en su justificación y patriotismo, se complacirá en evitar. A esos elevados sentimientos apelo yo, por conclusión de este escrito, seguro de que mi reclamación ha de obtener el éxito favorable que deseé. Dios guarde á V. E. muchos años. Valladolid 30 de Abril de 1874.—Juan Ignacio, Cardenal Moreno, Arzobispo de Valladolid.—Excmo. Sr. Presidente del Poder Ejecutivo de la república.