El Consultor de los párrocos (1873-01-09 00:00:00), página 16

católicos. Aun en la izquierda se cuentan no pocos que, no obstante sus ideas avanzadas, representan distritos católicos y han adquirido ellos mismos grandes y solemnes compromisos en favor del Catolicismo. No se duda que en la cuestión presente se unirán a los diputados de la derecha para exigir al Gobierno la promesa formal de proteger eficazmente al Vicario de Jesucristo.

Se dice que va á ser nombrado embajador de Francia por el Sumo Pontífice, el antiguo y conocido diplomático Mr. Coreelle. Mr. Coreelle es católico verdadero, y además es enviado del actual Ministro de Estado, Mr. Doufautre. Hay quien teme que el efecto á su hermano político y amigo interesado de esta política lo obligue á conformarse y á transigir con su conciencia. No faltan también quienes afirman, por el contrario, que Mr. Coreelle es católico ante todo y sobre todo, y que, por lo tanto, en 1873, como en 1849, será sacrificarlo todo á su convicción de que Francia debe tomar la iniciativa en lo que se refiera á la defensa de la Santa Sede.

El último mes ha sido, por desgracia, bastante fecundo en suicidios. Hoy está como de moda el decir que el suicidio no es voluntario, sino una enfermedad ó una locura. Será así; pero el hecho es que es una enfermedad y una locura que solo se conoce en los tiempos en que se ataca la fe y predomina el sensualismo. El suicidio es la consecuencia natural de la falta de espíritu de sacrificio. El espíritu de sacrificio no existe, y aún es hasta inconcebible cuando no existe ó no se concibe la resignación cristiana.

El Sr. Arzobispo de Zaragoza, en su Boletín Eclesiástico oficial, número correspondiente al 20 de Diciembre de 1876, dice lo siguiente: «La Administración económica de Hacienda de esta provincia se ha incumplido á mano real de los bienes que todavía conservaban algunos Capítulos parroquiales de Zaragoza, sin que bastasen á impedir esta expropiación violenta las tan fundadas como oportunas reclamaciones de la autoridad eclesiástica, ni sus formales protestas. Y como la incantación verificada á nombre del Estado debe naturalmente tener consecuencias que serán legales ó atentatorias, justas ó injustas, licitas ó ilícitas, según lo haya sido el acto capital de que emanen; cumple al decoro de mi autoridad y á la vindicación de los derechos de la Iglesia justificar á los ojos de todas la resistencia á aceptar las inscripciones que se me ofrecían en compensación de los bienes de los Capítulos y demostrar con documentos oficiales los vicios ó ilegalidades de que adolece el expediente de permuto de dichos bienes en la forma que se hallaba en vigor en la época general del ramo.

Como en primer lugar que, como Prelado diocesano, me he opuesto firmemente á la permuto.

Fue acordada por Su Santidad en un solemne convenio con la nación española, y esto me basta.

Pero lo fué con ciertas condiciones, que no puedo dejar de cumplir, ni de exigir que se cumplan por las dependencias del Estado.

Si de estas condiciones se ha preseindiendo para apoderarse de los bienes, no puedo ni debo admitir la legitimidad del acto, y la responsabilidad del conflicto recaerá en quien infringe la ley ó se desentiende de lo que en ella le perjudica para fijarse sólo en la que le es favorable.

Varias fueron las observaciones que en nombre de la Iglesia hicimos durante el curso del expediente, llamando la atención acerca de las infracciones que se cometían. Continuaron éstas, sin embargo, hasta el extremo de llegar al caso de tomar violentamente los bienes propios de los bienes que estaban en poder de los Capítulos, omitiendo el darles por los que, de procedencia de las mismas corporaciones, había enajenado ó administraba el Estado.

Aunque en otro número, probablemente en el próximo, trataremos con más detenimiento esta cuestión, como es tan grave, hoy no podemos menos de hacer algunas indicaciones acerca de ella para que resalte á los ojos de todo el mundo lo ilegal y aun lo atentatorio del acto llevado á cabo en Zaragoza por los agentes del Gobierno.

La Hacienda no podía iniciarse ó apoderarse de los bienes en cuestión:

1.º Porque estaban en litigio, es decir, porque se trataba de una verdadera permuto, en la cual el Estado no cumplía por su parte como debía cumplir. Faltaba á condición

necesariales exigidas por la ley, y, por lo tanto, la permuto no podía considerarse como realizada.

2.º Porque la permuto sólo puede hacerse en virtud del Concordato y el Concordato no existe hoy por haberlo violado voluntariamente y sin necesidad ninguna el Gobierno.

3.º Porque además, estaba ya aprobada en ambas cámaras la ley relativa á la dotación del Clero, en la cual se reconoce en la Iglesia el derecho de poseer.

4.º y último. Porque en todo país civilizado, cuando existe un conflicto entre dos autoridades, para dirimirlo en la forma debida se recurre á un tribunal superior que se encargue de aplicar las leyes dando la razón á quien en la realidad la tenga.

En el caso presente había:
1.ª La Hacienda que exigía los bienes de los Capítulos parroquiales de Zaragoza en virtud del Concordato, mirando como nulo por el Gobierno.
2.ª El Estado que se oponía á la permuto, decía que no consentía en terminarla mientras la Hacienda por su parte no cumpliese con lo que la ley le exige.

Aquí había, pues, por lo menos una duda muy fundada. ¿A quién tocaba resolverla? Lo natural era que si es que se procede de buena fe, se aplazase por ahora su resolución. Cuando el Gobierno falta en tanto y tanto al Clero, no tiene ni á un nombre la conducta de las autoridades que se muestran tan rigoristas ó tan exigentes con la Iglesia. Pero, sea de esto lo que sea, si tanto urgía el resolver la cuestión, lo que debía haberse hecho, cumpliendo con lo que prescribe el mismo Concordato, era acudir á la Santa Sede pidiéndole que aclare la duda.

Porque, ¡en virtud de qué autorización se exige la llamada permuto de los bienes de los Capítulos parroquiales? ¿Es en virtud del Concordato? Pues entonces hay que cumplir con lo que el Concordato mismo exige. ¿No es en virtud del Concordato? Pues entonces los agentes del Gobierno no han cometido un verdadero atentado expropiando sin arreglo á la ley, á aun contra lo prescrito por la ley, á los Capítulos parroquiales de Zaragoza.

La Hacienda está autorizada para hacer la expropiación según lo determinado en el Concordato. Si no lo hace así, la expropiación será tan ilegal como violenta, y sólo merecerá el nombre de atentado contra la propiedad, de usurpación ó despojo. Planteada así la cuestión, las oficinas de Hacienda no podrían menos de ser condenadas ante todo tribunal de justicia.

La Hacienda pública no puede por sí hacer nada sino citando el artículo terminante de la ley en el cual se apoya. ¿Y existe alguna ley que la autorice para proceder como ha procedido? De ninguna manera.

El Sr. Arzobispo de Zaragoza, después de dar cuenta de documentos que nos demuestran hasta la evidencia la iniquidad e ilegalidad de la expropiación de los Capítulos parroquiales de Zaragoza, dando un nuevo testimonio de su actitud y deseo de conciliación, dice: «Quiero terminar ya una tarea que he tomado sobre mí casi con repugnancia; porque me es muy ingrato y doloroso tener que acusar á nadie. Sin embargo, debía demostrar que en todos los procedimientos de este encioso asunto me he atenido constantemente á lo dispuesto de común acuerdo entre las dos superiores potestades, la Iglesia y el Estado, y que solo cuando las dependencias de este, desatendiendo mis justas reclamaciones, se resolvieron á incumplirse á mano real de los bienes de los Capítulos, me decidí á protestar de una manera solamente contra tan patente arbitrariedad.»

Y añade este tan digno Prelado: «Yo necesitaba proceder así para que imprimiera por mí misma en las censuras de la Iglesia, que comprendan, no sólo á los que usurpan sus bienes, sino también á los que consienten en la usurpación.»

Por falta de espacio no podemos hoy hacer comentarios acerca de esta tan significativa como oportuna indicación.

O. S. C. S. E. C. A. R.

ADVERTENCIA.

La importancia y extensión de las materias nos han obligado á publicar en un solo número, el primero y segundo de este año.

Director-propietario, D. Fermín Abella.

MADRID.—Imprenta de E. de la Riva, Alcalá, 7, bajo.