El Consultor de los párrocos (1872-07-11 00:00:00), página 2

Iglesia? ¿No está mandado así por un real decreto publicado después de la revolución y con la firma del señor Sagasta? ¿Por qué no se cumple este real decreto? ¿Por qué se aprueba la conducta de las autoridades subalternas que tan escandalosamente lo infringen?

Además, proclama la libertad de cultos, no es una ley y ley fundamental nada menos el respeto á las creencias católicas?

¿Por qué, pues, se falta á lo que exige este respeto?

Tenemos, pues:

1.º Que el Curapárroco y el Obispo, no sólo cumplen con su deber, cumpliendo con lo que les prescriben los Sagrados Cánones, sino que además se conforman en todo con las disposiciones de las leyes civiles vigentes.

2.º Que las autoridades civiles, subalternas y no subalternas, no sólo atentan contra la libertad de la Iglesia, sino que además infringen y aun pisotean con cínico descaro los reales decretos vigentes y aun la ley fundamental que hoy rige.

3.º y último. Que esto no obstante, el ministro de la Gobernación reprocha la conducta de las autoridades eclesiásticas que observan las leyes y aprueba la de las autoridades civiles, que por capricho, por fanatismo, ó por odio al Catolicismo las infringen.

Esta y solo esta es la cuestión. Por esta causa creemos que en el Consejo de Estado, donde suele examinarse estas cuestiones con rectitud e imparcialidad, no se podrá menos de desaprobárlas en todas sus partes la ilegal y atentatoria real orden que impugnamos.

Pero para que se vea que la cuestión no es particular, sino general, para demostrar que ha habido el propósito deliberado de atentar contra la libertad de la Iglesia, examinemos los considerandos en que, para fallar contra el dignísimo Prelado de Zamora, se fundaba el Sr. Candau:

«Considerando, dice, que la declaración del entredicho de aquella localidad; acordada por el Reverendo Obispo de Zamora, pudiera ocasionar un conflicto entre sus habitantes.»

¿Qué significa esto? ¿Tiene el ministro de la Gobernación atribuciones para examinar las penas eclesiásticas, que pueda imponer la autoridad eclesiástica? ¿Es el ministro de la Gobernación el llamado á resolver en última instancia, acerca de si el Obispo tiene ó no razón para considerar como no católico al que muere fuera del Catolicismo? ¿Puede el ministro de la Gobernación atentar contra la libertad de cultos, obligando á los Obispos á que admitan en sus Iglesias á los que no son católicos o entierren en sus cementerios á los que no quieren vivir ni morir como hijos de la Iglesia?

¿Se dirá quizá que el cementerio es propiedad del pueblo y no del Curapárroco? Pero si no es propiedad del Curapárroco, ¿por qué se da por supuesto que es propiedad de un segundo alcalde? Si el pueblo es el legítimo dueño, ¿por qué no se consulta al pueblo mismo? ¿Por qué hasta se apela á la fuerza para impedir al pueblo el que habilite otro cementerio para no inhumar cadáveres en el cementerio profano?

El cementerio es del pueblo y se hizo por el pueblo. ¿Quién lo niega? Pero ¿qué pueblo lo hizo? ¿Cómo pensaba el pueblo cuando lo hizo? ¿Eran herejes ó libre-cul-tistas los vecinos que lo hicieron? No. ¿Eran por el contrario católicos? Sí. ¿Por qué, pues, no se respeta como debe respetarse su voluntad?

El cementerio se hizo con el fin de que sirviese, como lugar sagrado, para dar en sepultura eclesiástica á los que muriesen en el seno de la Iglesia. Esto es lo que significa la bendición que recibió, el agua bendita con que se roció y la cruz que sobre él se clavó.

¿Tiene derecho una autoridad subalterna para prescindir de todo esto y declarar que un cementerio católico, hecho para católicos, debe cambiar por completo de carácter?

Si pues aquí hay conflicto, ¿á quién alcanza la responsabilidad? ¿Es quizá responsable el Obispo, que siendo provocado defiende su legítimo derecho? ¿Dejará de ser responsable la autoridad subalterna que, por odio ó fanatismo, provoca y hace indispensable la defensa? La verdad es, que si aquí hay conflicto, su causa estará, no donde la ve, sino donde según parece, no quiere verlo el ex-ministro de la Gobernación.

Pero continuemos examinando el real decreto.

El ministro de la Gobernación previene al gobernador civil que desprecie el entredicho, que viole la libertad de cultos, ó lo que es lo mismo, que «no consienta que deje de inhunarse en el cementerio puesto en entredicho por el Prelado.»

¿Puede decir esto el ministro de la Gobernación? Si los vecinos son católicos y respetan al Obispo y quieren inhumar los cadáveres de sus familias en otro cementerio, ¿podrá impedírselo el gobernador? Según la legislación vigente, ¿no tienen derecho para construir cementerios los protestantes, los musulmanes, los judíos y todos los sectarios habidos y por haber? Y si se reconoce este derecho en los herejes ó incrédulos, ¿por qué no ha de reconocerse también en los católicos?

Además, considerando la cuestión bajo el punto de vista religioso, ¿puede la autoridad civil violentar las conciencias de los fieles, obligándolos á despreciar una censura eclesiástica? Si los católicos creen que los cadáveres de sus familias no deben inhunarse en un cementerio profano, ¿con qué derecho se atenta contra esta creencia?

Está, pues, visto que el real decreto que refutamos, es en todo y por toda una infracción premeditada del art. 21 de la ley fundamental.

Y añade el decreto: «Elése conocimiento de este asunto al ministerio de Gracia y Justicia para que por el se dicten las disposiciones oportunas, á fin de que la autoridad eclesiástica procure tranquilizar el ánimo de los vecinos de dicha población, que hayan podido conmover las órdenes que con este motivo ha expedido.»

Aquí se cometen dos grandes usurpaciones de jurisdicción y otros dos atentados contra la Constitución vigente.

En primer lugar se da por supuesto que, tratándose de una cuestión puramente eclesiástica, el ministerio de Gracia y Justicia puede dictar disposiciones contra lo resuelto por un Obispo. Para que salte más y más la sacrilegia absurdidad de esta atentatoria aservación, vamos á exponer un ejemplo que hoy puede ocurrir con suma frecuencia.

Supóngase que el Consistorio protestante rechaza á uno de sus miembros declarándolo indigno de pertenecer á su secta. ¿Qué medidas podrá tomar el ministerio de Gracia y Justicia contra el Consistorio protestante? ¿Se puede hacer quizes para vejar á la Iglesia Católica lo que ni siquiera se intentaría tratándose del protestantismo?

El segundo error, que vemos en el párrafo copiado, es el de reconocer en el ministerio de Gracia y Justicia atribuciones para obligar al Obispo á que levante, de grado ó por fuerza, un entredicho justísimamente impuesto, ó sea para que dicte disposiciones á fin de que la autoridad eclesiástica procure tranquilizar el ánimo de los vecinos, que hayan podido conmover las órdenes que ha expedido.

¿Si habrá meditado en lo que esto significa el Sr. Candau? ¿Si no sabrá este señor, aunque ha sido dos veces ministro, que ya hay libertad de cultos en España? ¿si se figurará que todavía puede hablarse como en tiempos de Carlos III y Felipe V, copiando el lenguaje de los Squilace y los Campomanes, los Macanaz y los Orty?

Lo cierto es que ó el Sr. Candau no entiende ó no ha leído siquiera lo que firma, ó se figura que el ministerio de la Gobernación es una especie de Consistorio ó Sinagoga, un centro de poder cismático, del cual pueden salir cuantas disposiciones se crean necesarias para humi-