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tivar la imaginacion y la fantasía cuando se halla el mundo en pleno estado de salud, no son las más á propósito cuando se tiene delante la triste realidad con sus frescos y naturales horrores¹.

Pero al fin y al cabo S. S. dirigió ayer, y yo se lo agradezco, como se lo agradecerá todo el país, un verdadero himno de gratitud, un verdadero cántico á las hermanas de la Caridad que van á sacrificarse, movidas por el amor de Dios y dirigidas por la Iglesia á la cabecera de los enfermos; pero S. S., al hacerlo, sin duda contra su voluntad, les debió amargar un poco su sacrificio, porque les dió motivo para que creyeran que su sacrificio había dado ocasion á una blasfemia. Yo ruego á S. S. que cuando dirija elogios á seres que cumplen con su deber llevando tan adelante la abnegacion y el sacrificio, lo haga de modo que no lastime aquellos móviles altos y cristianos, que son los que impulsan y determinan tan sublimes abnegaciones. (Bien, muy bien en varios lados de la Camara.)

Pero el Sr. Castelar iba más lejos. S. S. en el apóstrofe que nos dirigió hablando del cólera, y con el que encabezó su discurso, llegó á hacernos una acusacion que, ó no contiene más que palabras vanas destinadas á perderse en el vacío, lo cual no creo nunca cuando se trata de oradores tan elocuentes como S. S., ó fué la negacion más terminante del dogma de la Providencia divina y de la gran ley de la solidaridad humana.

Su señoría, que tan alto ensalza aquí la república griega ó romana; S. S., que tan bien conoce aquella legislacion, puede estar seguro de que semejantes dogmas no hubieran podido ser negados de una manera tan terminante por S. S. en el seno de aquellas repúblicas, porque hubiera sido por sus leyes condenado á muerte. Y si S. S. no quiso negar el gran principio metafísico de que las causas segundas no obstan para las causas primeras²; si no quiso negar aquel principio moral en que descansa la Providencia³ y la solidaridad que reconocieron todos los filósofos,

¹ La imaginacion y la fantasía son unum et idem, y así funcionan en tiempos de salud como en tiempos de epidemia. Estos retóricos...
² Las causas primeras, ¡las causas primeras... ¿pues cuántas causas primeras cree el Sr. Pidal que hay? Nosotros no creemos sino en una. Estos filósofos...
³ La Providencia no decansa en principios morales, pues es de orden teológico.
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desde Platon á Leibnitz, y todos los poetas, desde Homero hasta Klopstock, y todos los moralistas, desde Epicteto hasta Pascal, y todos los hombres que han dedicado su inteligencia á desentrañar los complicados problemas sociológicos en su parte metafísica; si no ha querido negar esas grandes verdades, recoja su señoría el anatema que nos dirigió en aquella primera parte de su discurso, porque tanto S. S. como nosotros, excepto S. S. en esa parte de su discurso, reconocemos que las causas segundas obran libremente 2, pero obran impulsadas y dirigidas en superior esfera por aquella causa eterna, inmutable y absoluta que les preside; obran dentro del círculo de la Providencia divina, y todas ellas marcan la gran ley de la solidaridad humana y todas tienen su explicación en los altos decretos de la justicia y de la misericordia divina, las cuales al caer sobre los humanos, sólo en los santos puede decirse que caen para prueba y para premio, y en todos los demás caen para castigo de nuestras comunes faltas y pecados 3.

También censuró S. S. ciertas palabras que el ministerio responsable había puesto en boca de S. M. al tratar de la contestación dada á ciertas corporaciones que acudían en queja á tan elevada persona.

Si lo que S. S. censura es el procedimiento en general, quiere decir que S. S. quiere condenar á todos los monarcas constitucionales en absoluto á perpetuo silencio, y que la primera medida que habrá que tomar en lo sucesivo es en toda Constitución poner un artículo en la parte que trata de las prerrogativas de la Corona, que diga: S. M. el Rey no podrá recibir visitas.

Estas palabras de S. M. el Rey, tanto de España como de cualquier otra parte, tienen que obedecer á la natural cortesía y benevolencia para todo aquel que acude en solicitud de este ó el

1 Pura conversación de palabras.
2 Distingo: las causas segundas dotadas de libertad obran libremente; las otras no. Estos metafísicos...
3 Ni el Sr. Pidal da señales de entender qué sea solidaridad humana, ni acierta en decir que la justicia y la misericordia caen como prueba y premio en los santos solamente, ni la misericordia fué nunca pena. Todo es hablar de lo que no se sabe, porque no se ha estudiado. Los hombres grandes de ahora... ¡Y pensar que ha sido comparado con Donoso Cortés!
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otro favor, con esta ó la otra queja; y si á sus palabras ha de darse una interpretacion torcida, vale mucho más escribir ese artículo entre los de las prerrogativas de la Corona en la Constitucion, ó añadir otro artículo en los que tratan de la imprenta, que diga: se prohíbe á los periódicos reproducir en manera alguna las palabras de S. M. (Rumores.) Es lo que pasa aquí; y vamos á poner un ejemplo que no ofrezca duda alguna. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando se condena á muerte á un criminal? Pues sucede que todo el mundo que no está llamado á juzgarle, como no tiene la responsabilidad del juicio ni la defensa de los intereses sociales lesionados, deja ancha y franca corriente á la caridad y se interesa por el reo, y absolutamente todo el mundo se convierte en abogado del reo y apela á todas las personas llamadas á juzgar y determinar en este asunto, pidiendo misericordia; sin que esto quite luégo la censura de que se deja indefensa á la sociedad, y entónces entre las muchas personas á que acuden, como es natural, acuden á la que ocupa la cima del órden social y político, á S. M. el Rey.

¿Qué quereis entónces que diga S. M. el Rey á la madre, á la hija, á la esposa del desventurado reo? ¿Quiere el Sr. Castelar que se les niegue en absoluto, que se les cierren las puertas de su palacio y que lo procure suavizar las llagas de sus corazones con su caridad? Pues tiene que decirles que hará todo la posible para conseguir su indulto; pero que como no es llamado á resolver porque tiene sus trámites marcados en la ley que trata de los indultos, se limitará, como rey constitucional, á consultarlo con su Gobierno y ver si hay forma de poderlo conseguir. Pues esto es, según el Sr. Castelar, una manifestacion de sentimiento por no ser rey absoluto el monarca en aquel momento; y como el Sr. Castelar pasó con tanta facilidad de la libertad á la dictadura, incurre en esta sospecha; y para no incurrir en la sospecha del Sr. Castelar es necesario que el Rey cierre las puertas á la esposa, á la madre ó á los hijos desolados, y diga: yo no puedo recibir, porque no quiero que las palabras que os pueda dar sean interpretadas por los enemigos de la monarquía como palabras atentatorias á la libertad y provocadoras á la reaccion.

Y contestados, me parece, todos los cargos de la primera parte del discurso del Sr. Castelar que he podido encontrar, ó sea
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en la parte que llamé tesis, dados los tres momentos dialécticos hegelianos en que S. S. fundó su discurso, como he dicho, y puesto que la antítesis ó segunda parte, ó argumentos en favor del partido liberal, no soy el llamado á contestarlos porque les toca hacerlo á los Sres. Sagasta, Alonso Martínez y Martínez Campos, voy á hacerme cargo, y con esto pongo término á mi discurso, de la síntesis de S. S.

La síntesis, señores diputados, se compone de las consecuencias que se desprenden de las premisas de la tesis y de la antítesis; y así el Sr. Castelar, en sus argumentos en favor de los liberales y de los argumentos en contra del Gobierno venía S. S. á sacar como síntesis de su discurso, que palpita en todo él y majestuosamente lo corona, la tesis de la proclamación de sus ideales, la eterna invocación á esa adorable república.

(Se continuará.)
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LA MORAL INDEPENDIENTE Ó UNIVERSAL
Á LA LUZ DE LA SANA FILOSOFÍA

ARTÍCULO IV

LA EMANCIPACION DEL DERECHO, CAUSA DE LA RECONCENTRACION DE LOS DERECHOS RELIGIOSOS EN EL ESTADO

Estrechos vínculos entre el derecho humano y el Estado. — El concepto de la soberanía de Monsieur Cousin es el del Estado moderno.—La Constitución española de 1869,—Definirse el Estado á sí mismo es matarse.—Basta lo que dicen los modernos libertinos, bastan los hechos. — Es un hecho la invasión sistemática de los derechos religiosos.—Trabas á la libertad del ministerio pastoral. — La persecución de los Institutos religiosos, doble agravio de los derechos de los súbditos.—La libertad de imprenta, la libertad de cultos, etc., concullan la verdadera libertad de conciencia.—La tesis y la hipótesis en materia de libertad religiosa; la hipótesis general y la particular.—¿A quién toca decidir sobre la existencia de la hipótesis?

La emancipación de los derechos del hombre ha traído consigo, en primer lugar, la reconcentración de todos los derechos en el Estado. Era natural que así sucediese. En la necesidad de tener que buscar una fuerza que de una ó de otra manera supliese la fuerza que el derecho recibía de la sanción de la autoridad divina, para dar una base al derecho puramente humano había que recurrir, por natural tendencia, al apoyo de la autoridad humana; y entre las humanas, ¿á cuál se había de recurrir sino á aquella, sobre la cual el derecho moderno reclama los títulos de paternidad; sobre aquella que además, por ser el complemento de ser social, es entre ellas la más fuerte y la más poderosa; en una palabra, á quién sino al Estado?

Así es que el Estado moderno pretende tener autoridad para regular todos los derechos, sin excluir los más sagrados; de todos ellos se considera fuente y origen; para él no hay más de-
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ceso es grande prudencia y de consuelo que se hizo lo posible."

Bien se echa de ver por estas máximas,—de donde luégo descendía la Venerable á particulares advertencias y consejos, sobremanera prácticos y acertados á los ojos, ó para decirlo mejor, conforme al espíritu de la sabiduría que los iluminaba—que la política digna de este nombre debe contar con esos dos principios para dirigir á los hombres constituidos en sociedad: de una parte con la protección de Dios, con los auxilios que proceden de lo alto; y de otra con las causas segundas llamadas por el mismo Dios á cooperar en la ejecución de sus planes adorables. Tratándose de estas causas, la humilde religiosa de Ágreda hacía la debida distinción entre las causas meramente naturales y las causas libres, que, en orden al régimen social, son los príncipes, á quienes reputaba obligados rigurosamente á hacer todo lo posible áun á costa de grandes sacrificios, como si de ellos dependiese solamente la salud de los pueblos. Doctrina enteramente contraria á la de todos los publicistas modernos que han bebido en fuentes protestantes y racionalistas, los cuales excluyen por una parte de sus teorías la acción divina y sobrenatural, y el orden de la sociedad al fin último del hombre; y de otra anulan las causas segundas, ora en la persona del Príncipe, á quien nada dejan hacer sin sus ministros, ora en las personas físicas y morales, cuya actividad concentran en el ídolo que con el nombre de Estado —el Dios Estado— ponen en lugar del verdadero Dios. No así la venerable Ágreda. Persuadida á que la potestad de los reyes es una participación y como un destello del poder y majestad de Dios, según la doctrina del Apóstol, enseñada por los antiguos Padres y por la misma Iglesia,—punto, á la verdad, que no ha advertido el Sr. Silvela al decir que la Venerable sentía acerca de él con los teólogos de su tiempo, como si se tratase de una simple opinión y no de una verdad católica, cual es que por el mismo Dios está ordenada la potestad para bien y edificación de los súbditos—todo su empeño se cifraba en inculcar al Rey las sagradas obligaciones de su Estado, y cierto con tanto valor y libertad, y en términos tan austeros, "que áun tratándose de monarquías parlamentarias (en las cuales no son los reyes sino una sombra de lo que fueron y deben ser), se tacharían por algunos de irrespetuosos," como imparcialmente confiesa el Sr. Sil-
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recho que el de la autoridad política, ó el que de ella sea dependiente. El Estado moderno parece tener el mismo concepto de la soberanía que tenía Mr. Cousin, cuando decía, que la soberanía es el derecho, es decir, no un derecho de los derechos, sino el derecho.

Esta concentración de todos los derechos en la soberanía nacional es la que expresa el artículo de la Constitución española del año 1869, que dice: "Todos los poderes emanan de la nación." Pues aunque el alcance de estas palabras pudiera limitarse por una benigna interpretación á los poderes meramente políticos, dejando ahora á un lado si aún entonces serían ó no exactas, se prestan, sin embargo, á una interpretación más lata, hallándose contenidas en una Constitución que encierra el concepto revolucionario de la soberanía, y que prescinde completamente de Dios. El Sumo Pontífice Pío IX la llamó por esta razón atea.

Pero no tenemos necesidad de palabras y de fórmulas; ni hemos de esperar á que el Estado moderno nos diga de una manera explícita todo lo que piensa, ni debemos tampoco nosotros limitar los capítulos de acusación al delito que exista en un sistema de principios netamente formulado. Porque si es cierto que el error en general suele esquivar el definirse á sí mismo, sin duda porque, como dice el P. Félix, para el error el definirse es lo mismo que suicidarse; esto sucede de un modo particular con el error del liberalismo, de que está informado el Estado moderno. Pero harto tenemos ya con lo que nos han dicho sus secuaces; y por otra parte, también los hechos hablan; y cuando éstos son constantes y universales, combinados en su misma variedad, y conformes con las otras condiciones del agente de donde proceden, bien dejan entender que no son efecto de una mera aberración práctica, ó de un suceso puramente casual ó accidental, sino que provienen de un plan premeditado y de antemano preparado, y de una perversión mayor ó menor de las inteligencias y de los principios.

Según este criterio, podemos juzgar los hechos que vamos ahora á enumerar; hechos patentes, palpables y que por su
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blica notoriedad se ofrecen abjuicio yá la consideracion de todo el mundo.

Es un hecho que por sí solo equivale á muchos, que el Estado moderno pone la mano en todos los derechos del hombre, así en los religiosos como en los civiles, así en los individuales como en los sociales. Esta invasión general de los derechos, no excluye ni áun al más sagrado entre ellos, cual es el derecho religioso que tienen los fieles de honrar, de servir y reverenciar á Dios, y de verle tambien honrado, servido y reverenciado de los demás, sin trabas interiores ni exteriores.

Huelga el Estado moderno esta santa libertad, que el Divino Fundador de la Iglesia otorgó á todos los hombres, cuando opone multitud de obstáculos al libre desempeño del ministerio pastoral, impidiendo bajo vanos pretextos, ordinariamente tomados de una falsa política, ya á los sacerdotes encargados de la cura de almas, ya á los prelados revestidos de la dignidad episcopal, y hasta al Obispo de los Obispos, que es el Pastor supremo de toda la Iglesia, el apacentar con plena libertad sus ovejas, procurándoles saludables pastos, y apartándolas de los que juzgan ser nocivos, según las reglas de su sagrado ministerio, que á ellos, y no al Estado, es dado conocer y determinar. Segun ellas, tienen derecho para impedir que se siembre la mala doctrina de palabra ó por escrito en la cátedra y en los textos de la enseñanza, en el libro y en el folleto, en la revista y en el periódico, en la tribuna y en el teatro, en una palabra, donde quiera y como quiera que con el veneno de la mala doctrina ó del pernicioso ejemplo puedan extraviarse los entendimientos y corromperse los corazones de los fieles.

Conculca tambien el Estado los derechos religiosos cuando, según lo hemos ya insinuado, se opone al que los cristianos recibieron del Hijo de Dios para profesar la perfeccion de la vida religiosa, ya suprimiendo los Institutos religiosos, ya negándoles, aun cuando los tolere, toda aquella libertad á que, para el acrecentamiento y fecundo desarrollo de su vida espiritual, tienen pleno derecho según la constitucion divina de la Iglesia, y los sagrados Cánones. Con esto se priva juntamente á los fieles del derecho que tienen para servirse, en su provecho, de los ejemplos y de los ministerios de instituciones tan saludables,
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que brotan espontáneamente de la vida interna de la Iglesia, ó sea de la gracia y de la caridad.

Por fin ofende gravísimamente el Estado moderno el derecho obligatorio que el hombre, como criatura de Dios hecha para la verdad, tiene de glorificar libremente el santo nombre de su Criador, cuando dando los mismos derechos al error que á la verdad, establece por principio la libertad de la impiedad y de la blasfemia, ya por medio de la palabra hablada ó escrita, ya por medio del falso culto. De esta manera, haciéndolo él el primero, da derecho para que los demás igualen á Dios con los que se llaman dioses y no lo son, y á la religión con las que se llaman religiones y no son sino sectas, es decir, ramas cortadas del frondoso árbol del cristianismo, y destinadas á secarse y arder en el fuego, arroyos separados de la fuente, y convertidos en charcos pantanosos y pestilentes.

Ni deja tampoco de conculcar el derecho sagrado de la verdadera libertad de conciencia, que tiene el hombre de honrar y servir al Dios verdadero, cuando sin consultar en materia tan grave y que tan de cerca atañe al bien espiritual de los fieles, á aquellos á quienes puso el Espíritu Santo en su Iglesia, para que apacentasen el rebaño de Jesucristo, ¿qué digo sin consultar? cuando pasando por encima de sus gravísimas representaciones y reclamaciones, por especiosos motivos sugeridos por una política terrena y carnal, y siempre más ó menos impía, pretende legalizar en la práctica el absurdo y blasfemo principio de la indiferencia religiosa, ó á lo menos la tolerancia civil de los falsos cultos, en naciones en que, como en España, se gozaba del inapreciable bien de la unidad de la verdadera religión.

Esto es levantar altar contra altar, es fomentar la peste de la indiferencia religiosa, es suscitar trabas á los verdaderos adoradores de Dios, es ponerles piedras de escándalo en el camino que los conduce á los templos del verdadero Dios; eso es lastimar su legítimo y sagrado derecho de impedir que las voces puras de la verdad y las célicas armonías del culto único del verdadero Dios se mezclen y confundan torpemente con los abominables ecos del error, que resuenan en las sinagogas de Satanás.

1 V. cap. XIII, art. II.
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Demos que no se la apellide libertad de cultos, sino simplemente tolerancia; que no se la introduzca ó no se la conserve en una nación que goza de la unidad católica, á nombre de la tolerancia dogmática, ó sea de aquella monstruosa indiferencia religiosa, que tiene por igualmente verdaderos todos los cultos; sino que sea la tolerancia civil. Demos más: demos que esta misma tolerancia civil de cultos no sea considerada como un bien absoluto, que no se crea que la libertad de profesar cualquiera religión, ó aquella que á cada uno mejor le parezca, sea un derecho de la conciencia inherente á la naturaleza humana, y que lejos de ser un daño para una nación, se la considere como si fuese una perfección de la sociedad civil, un progreso, una conquista de la libertad, un gran paso en la carrera de la civilización. Esto es lo que afirma la tesis radical y libre-pensadora¹.

Pero no queremos suponer nada de esto. Queremos suponer, por el contrario, que la unidad católica sea tenida de suyo como un gran bien, y como un mal muy grave, por consiguiente, la tolerancia de cultos considerada en tesis absoluta, ó sea en sí misma; mas que al mismo tiempo se juzgue que, dadas las circunstancias de nuestra época, mirando á la condición de los tiempos modernos, al empuje irresistible que han tomado las ideas sobre la libertad, es hoy la tolerancia una necesidad, bien que dolorosa, de nuestros tiempos, una exigencia imprescindible de la época, siempre un mal grande, pero al cabo un mal menor que los males que se seguirían de empeñarse en nuestros días en mantener á toda costa la unidad católica. Esta es la doctrina católico-liberal; esta es su tesis, que encierra la hipótesis general de que en nuestros tiempos ya no es conveniente la unidad religiosa en los Estados. Nadie dirá que hemos recargado el cuadro, ni que ha perdido en nuestro retrato el original.

El cual, así como es, está condenado en el Syllabus, en aquella proposición, en la cual condenó el Papa el afirmar que "no conviene ya en nuestra época que la religión católica sea tenida por la única Religion del Estado con exclusion de cualquiera otro

¹ Está condenada en la propos. XV. del Syllabus bajo el nombre de indiferentismo, latitudinarismo.
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culto". Esto así, decimos que la abolición legal de la unidad católica llevada á cabo ó conservada en una nación, partiendo del supuesto de este error condenado, es juntamente un desacato á la autoridad doctrinal del Romano Pontífice, y una herida profundaísima abierta por la autoridad temporal en los derechos más sagrados de los súbditos católicos, que son á la vez súbditos e hijos del Padre y Pastor universal.

Es más: demos que se trate de una hipótesis particular, la cual suele también llamarse simplemente hipótesis, ó sea, supongamos que se delibere sobre si en una nación determinada, que disfruta del derecho jurídico importantísimo y capital de la unidad católica, ha llegado ó no el caso de haber de autorizarse legalmente la tolerancia civil de religión, teniendo en cuenta el temor de otros perjuicios mayores del bien público, que podrían seguirse de la unidad religiosa.

En este caso, el juicio y la resolución definitiva no pertenece solamente á la autoridad civil, sino también y principalmente á la autoridad eclesiástica. Se trata de un asunto que, si bien está relacionado con la prosperidad pública y temporal, es un asunto que se roza estrechamente con las conciencias de los católicos, es un caso gravísimo de conciencia; la libertad religiosa está prohibida de suyo por las leyes generales de la Iglesia, la supresión de la unidad católica y la sustitución de la tolerancia civil afecta al estado de la misma Iglesia, varía su modo de ser en un miembro tan importante como es una nación; es claro, es innegable que un asunto de esta índole no puede zanjarse definitivamente sin la intervención y sin la anuencia de la autoridad eclesiástica.

Pero cuando en una nación existe además un Concordato celebrado con la Santa Sede, en el cual se sanciona la unidad católica; cuando, como sucede en nuestra nación, esta preciosa unidad social en la profesión de la religión verdadera, es la base fundamental que encabeza el Concordato; entonces es evidente que, aún por esta parte nace un deber en el Estado de no romper la unidad católica sin la anuencia y autorización del Jefe supremo de la Iglesia. Obrando de otra manera, decimos, y con esto terminamos, cuando la autoridad política, ó establece por

1 Es la propos. 77. V. Cap. XXV, art. II, en la nota.