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La Ciencia cristiana (1885-01-01 00:00:00), página 383

LA MORAL INDEPENDIENTE Ó UNIVERSAL
Á LA LUZ DE LA SANA FILOSOFÍA

CAPÍTULO XXII
LA ASIMILACION DE LOS DERECHOS PRIVADOS AL DERECHO DEL ESTADO ENTRAÑA LA SUPREMACÍA ABSOLUTA DE LA LEY CIVIL

ARTÍCULO I
EL ESTADO FUENTE DE LA MORAL Y DEL DERECHO

El ateísmo del derecho moderno. — Según liberales y católicos, el epígrafe de este artículo forma parte del credo liberal. — Autoridades. — La Civiltà Cattolica, Tejado, el P. Ramière. — Fórmulas axiomáticas del derecho público á la moderna, para expresar la supremacía de la ley civil. — La opinión pública, oráculo del Estado liberal, no reconoce ley superior, divina ó eclesiástica, positiva ó natural. — Nulidad de la influencia del clero en los Parlamentos modernos. — Es contra la prudencia política y la ciencia legislativa. — Ejemplo de las sociedades paganas y de las de la Edad media. — Taparelli. — Magín Ferrer. — La Encíclica Humanum genus.

Injusto é impío sería imputar al Estado moderno crimen tan grave y tan deshonroso como el de ateísmo, á no haber alguna prueba convincente; pero desgraciadamente, léjos de no haber ninguna, abundan las pruebas, las cuales, corroborándose las unas á las otras, llegan á producir en el ánimo el convencimiento de la justicia de tan tremenda acusacion.

Desde que el Estado se creyó á sí mismo revestido de atribuciones para poner la mano en todos los derechos, sin excluir los mas íntimos y sagrados, atentando así, al mismo tiempo que contra la independencia de la Iglesia, contra la de la de la familia y la del individuo, dió á entender claramente, que en su con-
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cepto aquella entidad jurídica y moral que llamamos derecho, la cual circula, por decirlo así, por todo el cuerpo de la sociedad, comunicándole los espíritus vitales, está desligada de toda sujecion á la ley divina, y que depende únicamente del Estado, último complemento y perfección del hombre emancipado.

Mas si todavía nos quedase alguna duda, vendría á disiparla del todo aquel otro principio consagrado por el derecho nuevo, según el cual el Estado es la fuente del derecho y de la moral, principio en el cual se refunde el de la supremacía absoluta de la ley civil. Este es uno de los principios, que ya por la confesión de sus partidarios, ya por la de sus más ilustres impugnadores, forma parte de los errores del liberalismo.

Dice La Civiltà Cattolica¹: "El error más pestilencial de nuestra época, y que acarrea tan grandes estragos al órden público de la humana sociedad, es el liberalismo. Insinuándose al principio como pura forma política, se manifestó muy pronto como principio moral indiferente á cualquiera forma política. El liberalismo quiere la independencia del hombre de cualquiera autoridad que no proceda del hombre mismo. Y como el hombre social encuentra su complemento en el Estado, el Estado es por él considerado como el poder supremo; fuente única de moralidad y de justicia, y no definido por límites ni obligado por ley superior." Dicen, además, los mismos respetables escritores —que por estar avezados á medir sus fuerzas con las del liberalismo, tienen obligacion de conocerle— que el punto capital de la lucha entre el liberalismo y el catolicismo es: "que el liberalismo establece como principio regulador del humano obrar, la llamada opinion pública, interpretada por el Estado; y que el catolicismo

¹ Esta Revista se fundó el año 1850, accediendo á los deseos de Pio IX, quien para perpetuar su existencia, fundó además el año 1866 un colegio para sus escritores. En el Breve de fundacion, después de recordar los méritos contraídos por la Revista, dice el Papa: "De aquí ha nacido que los escritores de la citada Revista, con razon se hayan granjeado de día en día cada vez más Nuestra benevolencia y estima y las alabanzas de nuestros Venerables Hermanos los Obispos, y las de los Varones más esclarecidos, y que su Revista haya sido y sea tenida en sumo aprecio por todos los hombres buenos y de buenas ideas." Muerto Pio IX, La Civiltà Cattolica ha seguido mereciendo las recomendaciones y el favor de Leon XIII.
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establece, por el contrario, que el tal principio es la verdad divina, manifestada por la Iglesia, "Veritas prima per Ecclesiam manifestata. (Sum. de Santo Tom. p. 2. 2. q. 5. a. 3.)" Tenemos, pues, que según la Revista romana, el liberalismo profesa juntamente con el ateísmo de la ley, es decir, con su independencia de la ley divina, la absoluta supremacía de la ley civil.

Ni es tampoco de otro parecer el esclarecido publicista español Sr. Tejado, escritor muy experimentado en las lides contra el liberalismo, cuando hablando del error del catolicismo liberal, dice: "El catolicismo liberal es ni más ni menos que una de tantas formas de esta universal herejía del siglo décimonono, llamada liberalismo, cuya esencia consiste en negar más ó menos radicalmente la soberanía social de Dios, y por consiguiente de Jesucristo, y por consiguiente de la Iglesia de Jesucristo, para ver de sustituirla más ó menos radicalmente con la autonomía humana." Esta negación de la soberanía social de Dios se manifiesta principalmente por la supremacía absoluta é independiente de la ley civil, por la cual viene á constituirse el Estado en regla universal de justicia y honestidad.

En perfecta conformidad con estas ideas, dice también otro acreditado publicista francés, soldado también veterano en la guerra contra los errores del liberalismo, el conocido P. Ramière: "De todos los artículos del credo liberal, la independencia del poder civil con respecto á la autoridad religiosa, es el que todas las fracciones de la secta profesan con más unánime acuerdo."

Esta misma independencia y supremacía de la ley política, que no conoce, en orden al derecho y á la moral, norma alguna superior al Estado, es la que en suma expresan las fórmulas hoy tan recibidas en el derecho público moderno: Separación de la Iglesia y del Estado — Iglesia libre en el Estado libre — Separación de la religión y de la política — Ateísmo político — Libertad de cultos; las cuales todas, si bien se mira, vienen á significar, con corta diferencia, una misma cosa.

1 El catolicismo liberal, cap. I, § XV.
2 Etudes religieuses..., Abril 1875. No há mucho tiempo todavía tuvieron que llorar los católicos la muerte de este apóstol infatigable y valiente defensor de la verdad.
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Mas ¿quién, por otra parte, á méños de querer cerrar los ojos á la luz del medio dia, podrá negar ser ésta la supremacía que el Estado moderno atribuye á sus leyes al exigir de los súbditos un absoluto y ciego acatamiento á los decretos de lo que se llama la opinión pública y la representación de la voluntad nacional? Los poderes del Estado dan una ley, no hay que mirar á más; es menester someterse á ella sin ningun género de condiciones: no hay que considerar si es ó no contraria á las leyes de Dios y de la Iglesia; si se opone ó no á los preceptos de la ley cristiana, ni áun á la misma ley natural: es ley del Estado, y basta.

O si no, ¿qué caso hace aquella reina del mundo refundido en el crisol de las modernas ideas; la opinión pública, decimos, de la cual se reconoce esclavo el Estado liberal: qué caso hace, no digamos ya, de las leyes eclesiásticas y pontificias, sino de los preceptos emanados inmediatamente de la divina boca del Hijo de Dios, y áun de los dictámenes de la misma ley natural? ¿Qué cuenta tienen los Parlamentos modernos, en sus deliberaciones, con las eternas e inmutables prescripciones del mismo Decálogo, cuando alguna de ellas se pone de por medio para atajar cualquiera de sus exorbitantes e inicuas pretensiones? ¿Qué fuerza tienen en el criterio de la política liberal, qué presión ejercen en la balanza de sus consejos las observaciones y peticiones de los Obispos y del mismo Sumo Pontífice; sus calificaciones en orden á las doctrinas, á pesar de no referirse éstas muchas veces sino á materias pertenecientes al dogma ó á la moral? ¿Qué sacerdotes, qué teólogos consulta el Estado moderno, sobre todo en los casos arduos, que no pueden méños de ocurrir en el Gobierno de los pueblos, cuando se trata, no ya de la mayor ó menor oportunidad política ó del interés militar, administrativo ó económico de ciertas determinaciones, sino de su conformidad ó oposición con la rectitud de la regla de la moralidad? Y sin embargo, es una regla cierta áun de humana prudencia aquello de tractant fabrilia fabri, y aquello otro sutor ne ultra crepidam; y que por lo mismo, para resolver acertadamente sobre este aspecto de las cuestiones legales, ha de ser mucho más competente, aunque no se le mire sino por el lado, digámoslo así, humano, ¡cuánto más si, como es justo, se le mira, por otro lado más subido! el
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criterio del sacerdocio católico, por estar dedicado por su profesion al estudio de las materias religiosas y morales; que no el de las personas de que se suelen componer ordinariamente las Cámaras legislativas, hombres, en su mayor parte, desprovistos de sólidos conocimientos en dichas materias ¹.

Por eso dice Taparelli que “áun en las sociedades paganas los augurios y los oráculos eran el elemento hierático y sagrado, al cual recurrían por confirmacion de sus disposiciones los legisladores (Licurgo á Delfos, Numa á Egeria, Roma en los comicios á los arúspices etc.)... En las sociedades de la Edad Media Comunes, Nobleza y Clero eran ordinariamente cuerpos distintos en la deliberacion como en los intereses ²..”

Y el R. P. Fr. Magin Ferrer, en su sólido y concierzudo tratado sobre Las leyes fundamentales de la Monarquía española, dice tambien al mismo propósito: “Aun cuando quiera suponerse toda la probidad y buena fe en las personas seglares, la mission de éstas nunca es el decidir sobre la moralidad de los actos humanos. Esto es propio y peculiar de los ministros de la religion, que son los maestros de la ciencia moral ³.”

Como la potestad legislativa es la funcion más augusta y el signo más característico de la soberanía, así la ley es el fruto más valioso y sazonado de la virtud política: por esto tambien el ateismo de la ley es la señal más inequívoca del ateismo del Estado. De esta enorme aberracion del Estado moderno se lamenta nuestro Santísimo Padre Leon XIII en la admirable Encíclica Humanum genus, importantísima sobre todo encarecimiento, en la cual juntando con la luz de su altísima sabiduría el peso de la suprema autoridad doctrinal, nos dice:

“Cuanto á la pretension (de los naturalistas) de hacer al Estado completamente extraño á la religion, y que pueda administrar los asuntos públicos sin tener cuenta con Dios, como si no existiese, es temeridad sin ejemplo, ni aun entre los paganos. Los cuales tenian tan profundamente grabado en lo más íntimo

1 Labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore ejus (Malaec. c. II, v. 7.
2 Corso elementare di natural diritto, l. 5, c. 3.
3 Parte 2.a, cap. X, art. I.
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de sus almas, no solamente la idea de los dioses, sino la necesidad social de la religión, que, en su modo de ver, más fácilmente podría encontrarse una ciudad fundada en el aire, que no privada de Dios. De hecho, la sociedad del género humano, para la cual nos ha criado la naturaleza, fué constituida por Dios, autor de la naturaleza. De Él, como de principio y fuente, se derivan en su fuerza y en su perennidad los innumerables beneficios con que la sociedad nos enriquece. Así, á la manera que la voz de la naturaleza recuerda á cada hombre en particular la religiosa obligacion de ofrecer á Dios piadoso culto, porque á Él somos deudores de la vida y de los bienes que la acompañan, de esa manera hay un deber semejante para los pueblos y las sociedades.

ARTÍCULO II

EL ESTADO ATEO Y LOS ORÍGENES DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

La Iglesia, cuna de nuestra monarquía. — El Concilio III de Toledo. — La unidad católica, base fundamental de nuestra constitucion política hasta nuestros dias. — La sangre de nuestros padres clama contra nosotros. — Los Obispos organizando la política. — Los Obispos defensores no menos de la libertad que de la autoridad. — Notable decreto del Concilio IV Toledano, presidido por San Isidoro. — Libertad evangélica de los Obispos hablando á los Reyes. — Influencia del clero godo en la unidad legislativa. — No por esto ejerció el poder legislativo.— Intervencion de los Obispos en la formacion del derecho procesal civil y en los juicios seculares. — La intervencion del clero en los asuntos civiles fué sumamente beneficiosa y sin sombra de usurpacion. — Apasionamiento é ingratitude de algunos españoles, contrastando con la imparcialidad de protestantes y extranjeros.

Entre nosotros no solamente se dió lugar en otros mejores tiempos de nuestra historia á la legítima influencia del clero en el gobierno, no sólo produjo la participacion del clero los benéficos resultados que se debían esperar, sino que puede decirse en cierta manera, que al clero de la España gótica debemos la independencia nacional, la existencia de nuestra monarquía, ó como hoy se dice, nuestra nacionalidad. Cuando el coloso del Imperio romano, que extendía sus poderosos brazos por todo el Occidente hasta llegar á nuestra España, vino abajo desmoronado al impulso vigoroso de los bárbaros llamados de los bosques del Norte por la voz de la divina Justicia, ¿quién iluminó el espantoso caos y confusion que sucedió al desquiciamiento general de
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nuestra patria? El clero. Cuando vencedores y vencidos, los godos y los españoles ó romanos, como entonces se les llamaba, se dividían entre sí, como por un muro impenetrable, por el antagonismo de razas, ¿cuál fué el elemento que contribuyó principalmente á la obra de la fusion, que produjo la unidad nacional? El clero. El clero, y sobre todos San Leandro, estrella brillantísima en el firmamento del sacerdocio godo, trabajó en primer lugar con feliz éxito en la conversion de Recaredo y de los godos del arrianismo á la religion verdadera, que era la religion de los españoles; y luégo, como gloriosa corona de sus laudables esfuerzos, recibieron los Obispos en el Concilio III de Toledo la humilde y sincera abjuracion de sus errores.

Aquel día, así como fué el más glorioso, pudo llamarse con razon el día primero de la historia de la nacion española; porque entonces se asentó la base fundamental de nuestra unidad é independencia en la piedra angular de la unidad católica; entonces vió la primera luz la monarquía española, en concepto de sociedad bien formada y compacta; entonces se allanó el obstáculo principal que se oponía para la fusion de las razas gótica y española; entonces, en una palabra, fuimos nacion.

La unidad católica, proclamada en el Concilio III, y confirmada en los Concilios posteriores, especialmente en el VI de Toledo, fué siempre desde entonces en todas las etapas de nuestra gloriosa historia, la piedra fundamental de nuestra constitucion política, hasta tanto que nosotros, malos hijos, con el pretexto de no aislarlos de eso que se ha dado en llamar el concierto europeo, mejor dicho, para dar placer y contentamiento á judíos, protestantes é impíos, hemos malvendido el más precioso tesoro que nos legaron nuestros padres, despues de haberlo regado con la sangre preciosa de sus venas, derramada por muchas generaciones.

Despues de echado el primero y solidísimo fundamento de la unidad religiosa, los Reyes acudieron á los Obispos, como á su más valedero y aun necesario apoyo, para el afianzamiento del orden político, hondamente conmovido por las agitaciones y disturbios anejos al sistema electivo de la corona; y los Obispos, fieles á Dios y al César, ordenaron la forma de elegir á los Reyes, mirando á evitar los tumultos populares, lanzaron anatemas y
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campo y seguimiento de la caza, „ no léjos del lugar donde “el muy prudente señor abuelo de V. M., que en eterna memoria creo yo vive, porque entre los innumerables cuidados de la corona halló su espíritu desahogo y desembarazo para edificarse sepulcro,” no había cosa que de algun modo tocase al bien temporal de la Monarquía, que nuestra religiosa no pesara y enseñase al Monarca á pesar en la balanza de la sabiduría, que á todo atiende y da el lugar que le corresponde. La guerra y la paz, la hacienda y la administracion de la justicia, todo desperta el interés y la solicitud de esta santa mujer, procurando en todo el acierto mediante la feliz combinacion del rigor y la misericordia dentro de los términos de la justicia. A propósito de esta virtud, es verdaderamente admirable el concepto y descripción que hace de ella, diciendo en una sola página lo que no sabrían decir todos los sabios modernos en incommensurables tratados (pág. 286 de la colección). Muéstrase toda corazon con los pobres y desvalidos, por los cuales aboga delante del Rey. No hay derecho que no sea sagrado á sus ojos. En el negocio de los fueros de Aragon, su consejo fué que no se tocase en ellos. No se puede, por tanto, dudar que, á haber sido cumplidas absolutamente las máximas é indicaciones de esta Venerable, el reinado de Felipe IV hubiera igualado, ya que no superado en sucesos felices y gloriosos, á los de sus más ilustres predecesores, incluso su augusta abuelo, segundo en el nombre de Felipe, aunque primero que ninguno en el arte de reinar para gloria de Dios y felicidad de los súbditos.

No le igualó, ciertamente, su nieto, antes decayó mucho, y con él decayó la Monarquía de su antigua majestad y grandeza; las costumbres de él no fueron puras, y su ánimo, por consiguiente, sin la fuerza y virilidad inseparables de los príncipes que guardan con fidelidad la ley de Dios, singularmente en lo que toca á la austeridad de las costumbres é integridad y limpieza del corazon. Justo es, sin embargo, reconocer que desde el punto que se inclinó humildemente para oir á la Venerable, en quien creía sin duda oir la voz de Dios, y con cuyas palabras, proferidas con libertad no méños santa que agradable al Monarca, y aun exigida de él, se sentía siempre consolado y alentado para servir á Dios en su oficio de Rey; desde ese punto empezó la segunda faz de su reinado, mejor incomparablemente que la prime-
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sancionaron otros rigores contra aquellos que atentasen contra la vida de los Reyes, ó que conspirasen de alguna manera para sucederles ¹.

Mas al mismo tiempo que con estas medidas atendieron á la defensa de la autoridad real, poniendo freno á la insubordinacion, no se olvidaron, por otra parte, de mirar por los intereses de la legítima libertad de los vasallos, para lo cual pusieron coto á la codicia, raíz de todos los males y temible de un modo particular en los Reyes en el régimen electivo, exhortáronlos á usar de su soberana autoridad con justicia, mansedumbre y piedad ². No contentos con las exhortaciones, los Obispos del Concilio IV de Toledo, bajo la presidencia de aquel gran luminar de la Iglesia española, y áun de toda la Iglesia universal, S. Isidoro, Arzobispo de Sevilla, revistiéndose de la autoridad de ministros sagrados del Rey de los Reyes, é impulsados por la necesidad de cumplir un deber sagrado, sancionaron el siguiente decreto:

"Penetrados, dijeron, del temor de Dios, promulgamos esta sentencia, lo mismo para el Rey presente que para los futuros: si alguno de ellos, abusando con soberbia de su autoridad, faltase á la reverencia debida á los cánones ó á las leyes, y llevado de su maldad, ó estimulado del aguijon de la codicia y avaricia, gobernase al pueblo con tiranía y crueldad, sea condenado con sentencia de anatema por Cristo Nuestro Señor, é incurra en la separacion de Dios y en la reprobacion del pueblo, por haber presumido obrar la iniquidad y llevar el reino á la perdicion. " Así hablaban aquellos ilustres Prelados, conciliando con libertad evangélica y con discrecion cristiana el fiel cumplimiento de su deber, en calidad de ministros del Altísimo, con el respeto y la declaracion sincera de la verdad, debidos al Soberano. En estos nuestros tiempos, en que con tanta profusion y con tantos alardes de generosidad se otorgan á los pueblos libertades públicas, ¿cuándo se ha visto que los llamados defensores del pueblo y redentores de su libertad, hagan llegar á los oidos de los soberanos populares un lenguaje tan franco y tan enérgico, al mismo tiempo que tan digno y respetuoso, hablándoles, no á nombre de la libertad

¹ Concilios Toledanos IV, V, VI, VII, XIII, XVII.
² Concil. Toled. IV, VI, VIII.
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humana, que por sí sola no tiene títulos para el respeto y veneracion, sino invocando el santo temor de la autoridad y de la justicia divina? ¡Ah! La palabra franca y respetuosa en favor de la justicia oprimida, para recordar á los poderosos de la tierra el cumplimiento del deber, solamente se puede esperar de los labios sagrados de los ministros de Dios y fieles pastores de su pueblo, ó á lo méños de pechos poseídos de fe viva y de entereza cristiana.

Aquellos mismos Obispos, con las luces de su sabiduría y prudencia, fueron, junto con la Nobleza, el consejo de los Reyes para legislar y para dar cima á la gran obra de la unidad de código 1. No por eso puede decirse, sin embargo, á no querer faltar á la verdad histórica, que ejerciesen el poder legislativo, el cual, en todas las épocas de nuestro Derecho político comun 2, hasta el planteamiento en nuestro siglo del sistema representativo, fué siempre propio y exclusivo de los Monarcas.

Los Obispos tomaron tambien á su cargo, por la voluntad de los Monarcas, ilustrar la ignorancia de los jueces seculares en aquellos tiempos, enseñándoles la forma de los juicios y la práctica de los procedimientos, de manera que, según es sabido, el derecho procesal canónico fué la norma del civil, y los concilios la escuela de los tribunales seculares. Más: los mismos Reyes gozos recomendaron con todo encarecimiento á los Prelados, que vigilasen, según era su deber, la administracion de la justicia en el fuero seglar, que amonestasen á los jueces para que obrasen con rectitud, y que revisasen sus sentencias, especialmente en favor de los pobres y de los oprimidos, reservando, no obstante, siempre el último recurso al Soberano 3.

Así los Príncipes soberanos, convencidos de la superioridad de las virtudes, de la sabiduría y prudencia de aquel clero, en que brillaban Obispos de la talla de los Leandros, de los Isidoros, de los Braulios, de los Ildefonsos y de los Eugenios, bien conven-

1 Concil. Toled. VII, VIII, XII, XVI.
2 Decimos en el texto: "Derecho político comun", ó sea, de la corona de Castilla y Leon; porque los Estados de la corona de Aragon, según la opinión más recibida, de la cual, no obstante se aparta la respetable del P. Magin Ferrer, participaban del poder legislativo.
3 Lib. II, tít. I, ley. 22.a y 28.a; lib. XII, tít. I, ley 2.a del Fuero Juzgo.