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gativas y excelencias maravillosas, y á la supremacía que le corresponde sobre todas las cosas de este mundo. Opinaba, por ejemplo, el licenciado Bobadilla que en la Iglesia residen ambas jurisdicciones, la espiritual en acto, y la temporal en hábito y potencia¹, y añadía que «la opinión que el imperio y potestad temporal resida también en la Iglesia, y de ella se transfiera y proceda, mediante la orden y disposición divina, á los Emperadores, Reyes y Príncipes, y en otras potestades seglares, es más segura y seguida².» «Después que Cristo nuestro Dios, dice en la siguiente página, entregó á San Pedro las llaves del terrenal y del celestial imperio, que según San Mateo á él le fué dado, expresamente está decidido que tuvo San Pedro, y sus sucesores en el Pontificado tuvieron, tienen y tendrán, dos imperios y cuchillos: el espiritual y el temporal; pero el temporal en hábito y potencia, y no en acto, porque el uso y ejercicio de él pasóle y concedióle la Iglesia á los Emperadores y Reyes, para que, á beneplácito y en utilidad de ella, usasen de él.» Viendo luego al punto de la inmunidad eclesiástica, después de protestar el autor de su entera sumisión al juicio y determinación de la Iglesia³, establece estas dos reglas: «La primera regla es que en las cosas y negocios propia y verdaderamente espirituales son los clérigos por derecho divino exentos del poder y jurisdicción de los Príncipes seglares... La segunda regla y conclusión es que los clérigos y sus bienes en las cosas temporales y en los delitos, aunque no toquen ni conciernan á lo espiritual, de que acabamos de decir, y en las causas civiles son también exentos de la jurisdicción seglar por leyes canónicas y constituciones pontificiales: las cuales pudieron establecer los Pontífices,

¹ Tomo I, lib. II, cap. XVII, pág. 67.
² L. cit., pág. 666.
³ Y para introducción de esta vidriosa materia es bien presuponer y examinar si la exclusión de los clérigos y eclesiásticas personas de la jurisdicción seglar es de derecho divino ó humano. Y ante todas cosas, porque mi ingenio es corto, aunque la intención es sana, y por ninguna vía ó manera es de mi ánimo detractar ó derogar en algo á la jurisdicción, costumbres, privilegios ó libertades eclesiásticas, me sujeto siempre, en lo que en este capítulo y libros de estas políticas dijere, á la corrección de la Santa Madre Iglesia; la cual, si determina y siente otra cosa, eso mismo siento y determino yo, como dijo Bartulo.» Pág. 774.
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y fué, y es muy conveniente, útil y necesario á la república cristiana, porque los ministros de la Iglesia no se embaracen ni mezclen en los negocios seglares... En la dicha exencion de los eclesiásticos, demas de la autoridad de los Sumos Pontífices, ha condescendido y convenido (por la mucha y pública utilidad) casi el universal pueblo christian: y de esto hay muchos derechos civiles, canónicos y reales, y es comun opinion de todos los doctores... Y porque los privilegios de exencion de los clérigos y de sus bienes de la jurisdiccion real son muy firmes y recibidos, y es conclusion asentada que la jurisdiccion eclesiástica es la madre de la jurisdiccion temporal; á la cual (como en el capítulo pasado dijimos) se ha de respetar con gran reverencia, obedecer y temer. »

He referido los anteriores testimonios porque sea confirmado por tan insigne autor, como lo fué el Sr. Bobadilla, lo que ya hemos dicho: que los jurisconsultos y políticos del primer período de los tres en que puede considerarse la falsa potestad económica de la Corona, así como los Reyes que admitieron con extremada y vituperable docilidad sus avisos, jamás pensaron detraer ni derogar las sagradas franquicias de los eclesiásticos; ántes por el contrario, esa misma potestad económica inventada por los primeros, y ejercitada por los Príncipes, presuponía la inmunidad ó exencion de dichas personas respecto de la jurisdiccion secular, exencion reconocida por todos los doctores que florecieron en tiempos anteriores al regalismo jansenístico del período subsiguiente de nuestra historia. Claramente lo vamos á ver en los siguientes lugares del mismo Sr. Bobadilla, donde se encuentran compendiadas todas las razones que ya indicamos en el artículo anterior, escogitadas por los jurisconsultos regalistas para dar color de legitimidad á dicha soñada potestad económico-tuitiva de los Reyes. Oigamos, pues, al licenciado Bobadilla, y en él á los autores á que se refiere, que eran favorables á su opinión:

«Caso viii es, siendo los Obispos y personas eclesiásticas rebeldes á los mandatos reales; ofendiendo al Rey ó á la república, ó á la real jurisdiccion, como dicho es, ó siendo perniciosos á sus súbditos, pueden los Reyes mandarlos salir de sus reinos y tierras, y condenarles á las temporalidades, aunque no tengan contra ellos jurisdiccion, según que esto está dispuesto por Derecho y muchos
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autores, porque están obligados á guardar la fidelidad, obediencia y reverencia de su Rey y señor, y la quietud y paz pública, según los doctores y Guillermo Durando, y porque, según dice Gregorio Lopez, son súbditos suyos por razon del domicilio. Pero en esto se debe proceder con mucho tiento y consideración; porque, como dice Cárlos de Graçalis, esta potestad seglar, en éste y otros casos semejantes contra eclesiásticos, no es contenciosa, por ser ellos exentos, como lo son de ella por derecho divino, sino es potestad política ó económica; bien así como la del padre de familia, que puede echar de su casa al clérigo ó á la persona inobediente y perniciosa por la paz y buen gobierno de ella, así el Rey puede echar de su reino (cuya cabeza mística es) al clérigo si fuese miembro podrido y desobediente, conforme á lo de San Jerónimo referido en un decreto, que las carnes podridas se han de cortar, y la oveja roñosa echar del rebaño, porque con su contagio no inficie á las demas 1.» Hasta aquí el docto y piadoso consejero del no méños piadoso Sr. Don Felipe III. Veamos ahora la falsedad de su sentencia.

Desde luégo se echa de ver en ella la contradiccion que dice con el principio asentado acerca de la inmunidad eclesiástica concedida á los ministros de Dios por la autoridad de los Pontífices sobre el fundamento de las Sagradas Escrituras y de la utilidad de la Iglesia y de la misma república. Y á la verdad, ¿qué género de inmunidad y privilegio sería ese que dejase á las personas exentas bajo la potestad coercitiva de los Príncipes? No sería ésa exencion, sino sujecion, ó mejor dicho, exencion y sujecion á la vez; porque si por una parte sustraía á los privilegiados del poder jurisdiccional de los seglares, sujetábales por otra al poder económico de los mismos, que vendría á ser como quitárselos de una mano para entregárselos á la otra, viniendo á quedar debajo del mismo señor, y áun debajo de una misma potestad seglar; porque es de advertir que la potestad temporal es una é indivisible, ahora se ejerza en forma contenciosa ó voluntaria. Y áun es de notar que la condicion de los clérigos sería en cierto modo peor bajo el imperio de esta última; porque no ejercitándose, como la contenciosa, con sujecion á las rituali-

1 Tomo I, lib. II, cap. xviii, pág. 761.
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dades del juicio criminal, sino por un modo discrecional y sin otros límites que el bien del Estado, en cuyo nombre se han cometido tantos y tan grandes desafueros, fácilmente degeneraría en arbitraria y despótica, no habiendo en tal caso dique ni defensa ninguna que pudiera amparar á los sacerdotes contra los excesos de la política. No pudo ser esa, ni lo fué en realidad, la mente de los Papas que establecieron la inmunidad eclesiástica, ni de los pueblos y Príncipes cristianos que la aceptaron como útil y aún necesaria á la república; no es esa verdadera inmunidad ó exención de la potestad civil en orden á las personas y bienes de los eclesiásticos, sino una nueva forma de dependencia del poder civil y cierta manera de servidumbre. Sea ésta, pues, la primera razon que oponemos á las conclusiones del licenciado Bobadilla: razon general y absoluta, y por consiguiente firmísima, pues consiste en los principios mismos que constituyen el privilegio, y en la autoridad superior que lo otorgó sin hacer distincion, al querer libres á los clérigos del poder coactivo de los Príncipes, entre este poder, segun que se ejerce judicial ó políticamente, cerrando de esta suerte la puerta á los doctores particulares para que sin autoridad alguna la hicieran. Y decimos del poder coactivo, porque al simplemente directivo ya hemos visto que están sujetos los sacerdotes, y que pueden y deben ser juzgados en caso de inobediencia por sus respectivos superiores, segun el grado correspondiente en cada caso.

Muy bien impugna esa distincion y la sentencia de Bobadilla, fundada en ella, el Rdo. P. D. Antonino Diana en el tratado segundo de sus resoluciones morales, resolucion xxiv: «Esta sentencia, dice, la reprobó con razon, entre los jurisconsultos españoles, el docto y piadoso Valenzuela (in Defens. monitor. Pauli V, part. 4.º, núm. 101), y á mí siempre me desagrado sobremana (semper mihi summopere dislicuit).» — «Y no vale decir con Olivan (añade Diana) (De jure fisci, cap. ix, núm. 28), BOBADILLA, Ceballos, Cenedo y otros, que esto es verdad (la doctrina expuesta por Diana y confirmada por Molina sobre la potestad mere directiva del legislador civil sobre las personas sagradas y exentas de su jurisdiccion) si los Príncipes expulsáran á los eclesiásticos de sus reinos por via de jurisdiccion contenciosa y judicial; pero que lo hacen por via de jurisdiccion económica, al modo
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ralidad y magnificencia, de toda virtud cristiana. Y aquí oiga el lector al severo cronista que se viene citando; quien con elegancia inimitable escribe: «Durmió en el Señor el gran Felipe II, hijo del Emperador Carlos V, en la misma casa y templo de San Lorenzo que avia edificado, y casi encima de su misma sepultura, á las cinco de la mañana quando el alva rompia por el Oriente, trayendo el sol la luz del domingo, dia de luz y del Señor de la luz: y estando cantando la Misa del alva los niños del Seminario, la postrera que se dixo por su vida, y la primera de su muerte, á treze de Setiembre, en las octavas de la Natividad de Nuestra Señora, vigilia de la Exaltacion de la Cruz, el año 1598. En el mismo dia que catorce años antes se avia puesto la postrera piedra de todo el quadro y fábrica desta casa, circunstancias de consideracion. El año de su edad de setenta y dos, porque nació á veinte y uno de Mayo el año mil quinientos veinte y siete. Recibió el gobierno destos reynos el año 1559. Comenzó á edificar este Monasterio el de 1563 á 23 de Abril. Gozóle despues de aver puesto la postrera piedra el año 1584 en el mes de Setiembre, catorce años justos, que es otra particular merced del cielo. Quantos nos hallamos allí presentes, celebramos su tránsito con grande copia de lágrimas, todas pocas para tan grande pérdida, y aún á muchos no se les han enjugado, ni le acabarán de llorar hasta que se acabe la vida¹.»

Queda, pues, á grandes rasgos trazada y concluida en el discurso de este humilde escrito, la historia particular del Rey Prudente; y no hay que añadir ahora sino

¹ Libro III de la Historia de la Orden de San Jerónimo: Discurso 24, páginas 684 y 685.
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como el padre de familias puede expulsar y de hecho lanza de su casa al clérigo inobediente que tiene en ella, ó que por algun modo la perturba. A esto respondo, que semejante distincion es quimérica en nuestro caso, y el ejemplo que ponen no hace al propósito. Porque el mismo padre de familias es quien constituye al clérigo en calidad de doméstico suyo, para que sirva á la conveniencia de su casa, y, por consiguiente, puede muy bien echarlo de ella cuando quiera, no sólo en caso de ser inobediente y perturbar su casa, sino aunque sea obediente y pacífico; en lo cual no le hace ciertamente injuria, porque tal clérigo no tiene derecho á vivir en su casa. No así los clérigos, los Prelados y Obispos, constituidos por el Sumo Pontífice en los reinos para el servicio y régimen de las iglesias, por cuya razon, si en algo delinquieren, no pueden ser echados por los Príncipes seculares, pues el derecho que tienen de residir en sus reinos, no le tienen sólo como ciudadanos, sino como personas constituidas por el Sumo Pontífice para servicio y gobierno de dichas iglesias, á quien pertenece castigarlos si delinquieren; y por esta causa, dice Belleto (in Disquis. cler., tit. De favore clericorum), que el Príncipe no puede echar de sus dominios al clérigo que hubiese obtenido en ellos del Papa alguna iglesia, si no es con permiso del mismo Papa. Y esta opinion ha sido ya determinada en la bula de la Cena ¹.

¹ Nec valet dicere cum Olibano De jure fisci, cap. ix, núm. 28, Bobadilla, Cevallo, Cenedo, et aliis, hoc esse verum, si Principes expellerent ecclesiasticos a suis regnis per viam jurisdictionis contentiosae et judicialis; sed ipsi hoc faciunt per viam jurisdictionis oeconomicae, et politicae, sicut pater familias potest expellere, et de facto expellit famulum clericum inobedientem, seu domum perturbantem. Respondeo, hanc distinctionem esse chimericam in casu nostro, exemplum, quod adducunt, non facit ad rem. Nam pater familias ipse constituit famulum clericum ad serviendum domu sua: ideo potest ad placitum suum, illum non solum inobedientem, et domum perturbantem, sed etiam obedientem et pacificum expellere: neque illi facit injuriam, cum falsis clericius non habeat ullum jus commorandi in domo sua. Sed clerici, Praelati, et Episcopi a Summo Pontifice constituantur in Regnis ad servitium, et regimen ecclesiarum: unde, si aliqua re delinquunt, non possunt illos Príncipes seculares expellere; quia habent jus commorandi in eorum Regnis, non solum ut cives, sed ut personae constitutae a Summo Pontifice ad servitium, et gubernationem dictarum ecclesiarum, ad quem spectat de omni jure illos, si in aliquo delinquernit, punire: et hac de causa dixit.
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En apoyo de esta doctrina, cita Diana al escritor Estéban Baunio, de nacion francés, cuyas palabras son como siguen:
«No es licito al Príncipe seglar condenar á destierro ó á ser echa dos del Reino á los clérigos delincuentes. La razon es, porque la pena de destierro se ha de imponer al delincuente por su respectivo superior, y no por ningun otro; y como al Príncipe que la impone debe obedecerle el reo, y el obsequio ó obediencia sólo hay obligacion de prestarlos al superior, es consiguiente que el echar á alguno de la ciudad y mandarlo al destierro por faltas que haya cometido, supone jurisdiccion y potestad en quien esta pena impone. Es así que los seglares no tienen potestad sobre clérigos: luego...»

«Ademas, prosigue Diana, ¡cuán indecoroso y torpe no es que aquellos que deben juzgar á los hombres sean juzgados y castigados por éstos, que es como si los padres fueran juzgados por los hijos! ¿por ventura hay cosa más ajena que ésta de la recta razon? Y, sin embargo, tamaños desórden se vería si al Príncipe laico ó á sus consejos les fuese dado castigar á los clérigos con penas de muerte ó destierro. Quede pues como conclusion, confirmada con la autoridad de los mejores autores, que los clérigos son cosa sagrada; que ni en lo que toca á la vida, ni á la hacienda, ni al hogar y suelo patrio, se les puede molestar sin crimen, ni por consiguiente lanzar de él, forzándoles á tomar el camino del destierro. Opondráse que los clérigos, como ciudadanos que son, deben obedecer al Príncipe en las cosas justas que pertenecen al bien comun, y, por consiguiente, que pueden ser castigados con las penas ordenadas por el mismo Príncipe contra los

Belletus in Disquis. cler., tit. De favore clericorum personali, § III, núm. 3, p. I, non posse Principem expellere clericum, si aliquam ecclesiam obtinuit a Papa in ipsius dominio, nisi de licentia ipsius Papae. Et haec opinio jam est determinata in bulla Coenae. Loc. cit., núm. 3.

1 Dico laico Principi permissum non esse delinquentes clericos exilio plectere, aut emissione a Regno. Ratio est, quod poena exilii imponenda sit a superiori delinquenti, non ab alio, cum enim Principi discessione et Regno imperanti, reum obsequi oporteat, nec obsequia nostra alteri sint, quam superiori debita, consequens est in eo potestatem, ac jurisdictionem exigi, qui ejectum civem ex urbe, ob peccata, ablegat in exilium. Sed ea carent in clericos laici, ergo, etc. Theol. mor., part. 1, tract. II, quaest. 37, dub. II.
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transgresores si hicieren ó dejaren de hacer alguna cosa en detrimento del bien y utilidad general; mas esta consecuencia es viciosa, porque aunque el Príncipe esté dotado de potestad suficiente é idónea para ordenar bajo penas lo que es bueno, pero carece de potestad coercitiva respecto de los clérigos, eximidos de ella por los privilegios de los pontífices, Alejandro III (in cap. et si clerici 4) et Luc. (in cap. clerici. 8 de judiciis.) Tambien se opondrá quizá que si bien no pueden ser desterrados los clérigos por via de jurisdiccion contenciosa y judicial (como dicen), pueden, sin embargo (los Príncipes), obrar con ellos como el padre obra con los hijos y el señor con el siervo; y pues al derecho de los señores y de los padres pertenece echar de su casa á los hijos y domésticos, aunque sean clérigos, si turban la paz y la tranquilidad de sus casas, ó pecan por otro modo semejante, mereciendo de esta suerte ser expulsados por la respectiva cabeza de la familia, así será lícito á los Príncipes echar de sus reinos á los clérigos de costumbres desconcertadas, ó convictos de pecados, conduciéndolos por fuerza al destierro. Pero á este argumento se contesta negándose la mayor: porque los clérigos que se ocupan por alguna merced ó honorario en bien de otro, pueden ser despedidos por éste, y los hijos pueden ser echados de la casa paterna; y la razon, entre muchas que pudieran darse, no es ciertamente la menor que ni el clérigo tiene derecho á permanecer en la casa del señor que le llamó para que tuviera cuidado de sus cosas, ni el hijo lo tiene tampoco sino durante el tiempo que les agradare; lo cual no pasa con los Obispos y los clérigos respecto de los Príncipes, cuyo derecho á conservar sus beneficios y residir mientras viven, si quieren, en los lugares donde ejercen su ministerio, no le tienen del Príncipe, ni para servir al Príncipe están ordenadas sus obras, sino del Papa le tienen, que les ha dado aquel oficio para bien de las almas; y por esta razon no pueden los Príncipes despojarlos de ellos, ni expulsarlos del lugar en que ejercitan su ministerio, pues han sido puestos por el Papa para esos cargos, á cuya voluntad no pueden ni deben los Príncipes oponerse'.

1 Deinde quam indecorum est, ac turpe, ut qui homines judicium dare debent in secularis, ii ab istis, hoc est parentes, a filiis judicentur, ac puniantur? quo quid potest esse a recta ratione disjunctius? accideret id vero, si Principi laico,
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¿Qué podría replicar á estas concluyentes razones el licenciado Bobadilla? Bien es cierto que no es sólo este autor quien sostiene la quimérica distincion ideada por el francés Carlos Graçalis (que francés había de ser), sino otros autores la sostienen con él, asegurando ser práctica en España la expulsion de los clérigos y Obispos acusados de turbar la real jurisdiccion, aunque con la restriccion pilatesca, que esto se hace, no por modo judicial y contencioso, sino político y económico, como si variando los nombres de las cosas pudieran éstas tornarse lícitas de ilícitas que sean y criminales; pero sobre no haber práctica ni costumbre alguna que valga contra aquel optimum jus por el que fué establecida la inmunidad é independencia eclesiástica respecto de los poderes civiles, y sobre haber otros autores que impugnan á

aut ejus Magistratui fas esset capitis poena, aut exilii animadverttere in clericos. Maneat, ergo, quod est in conclusione positum, ac auctoritate praestantissimorum hominum firmatum, clericos sacros esse; ut in vita, et fortunis sic in domo, solo-que patrio, laedi non posse sine crimen, quare nec ad illud commutandum exilio cogi posse. Objicies, debent clerici, ut cives, parere Principi in re justa, quaeque ad commune bonum pertinent: ergo, et puniri poena ab eo contra delinquentes posita, si quid eos admittere contigerit, quod ejus bono, commodisque adversetur. Neganda est consequentia, causa est, quod ad primum, Princeps potestate sit praeditus sufficienti et idonea, non ad alterum, eo quod sint clerici ab ejus potes- tate coercitiva, exempti per Pontificium privilegia Alexandri III in cap. et si ele- rici 4 et Luc. III in cap. clerici 8 de judicis. Objicies secundo. Si expelli Regno clerici nequeunt a Principe, per viam jurisdictionis contentiosae et judicialis (ut ajunt) quid impedit hunc in eos animadvertere, ut solent patres in filios, domini in servos, at in jure Dominorum est, ac patrum, filios ac servos, quamlibet cle- ricos exturbare domo, si pacem ejus, ac tranquillitatem violant, aut quidpiam aliud simile peccent, quo eorum in se justam offensionem subeant: ergo et Prin- cipi similiter licebit; clericos immorigeros, aut peccati convictos, Regno extrudere, ad exulandum cogere. Major est neganda, quod enim clerici, qui operas suas locant alteri, ab eo possint manumitti, filii a patre paterna domo extrudi, causa est haec, inter plurimas non ultima, quod jus non habeant commorandi clerici apud Dominum, qui sibi eum ad rerum suarum curam delegit, filius apud patrem, nisi quamdiu, et quanto tempore erit eis placitum, quod in Episcopis, et clericis locum non habet, respectu Principum, cum enim ab eis, eorumque opera, non adhibeantur in ecclesia ad ejus ministeria, sed a Papa, qui eos Beneficiis, ac animarum curae præficit, jus habent ea retinendi, ac in iis commorandi, si volent, dum vivent; quare a Principibus iis exui, aut ab iis expelli non possunt, utpote constituti a Papa ad eorum regimen, cujus voluntati adversari illi, nec possunt, nec debent. Parte 7, tratado 1 De immunit. ecles., resol. ix.