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Monarquía, tal como floreció en nuestra patria, monarquía templada por las leyes y sobre todo por la Religion, y el despotismo bosquejado en ese informe documento medie la inmensidad de un abismo. Pero lo que principalmente debe llamar aquí la atención de todo pensador juicioso, es que al describir los consejeros de Castilla con tan vivos colores la famosa potestad económico-tuitiva que atribuían á los Monarcas, no hicieron otra cosa sino bosquejar la pintura del más odioso despotismo; prueba evidente, á juzgar al mémos por la luminosa consulta del Consejo, invocada por el Sr. Ferrer del Río en pró de su tesis — que la legalidad de la expulsion de los Jesuitas no parece sujeta á dudas — prueba evidente, decimos, que despotismo y potestad económica de la Corona son dos términos diferentes de una misma cosa.

Por lo demas, el origen que en dicha consulta se da á la potestad civil apenas difiere del que se lee en los jurisconsultos protestantes. «La causa principal y verdadera, dice Heinneccio, porque las cabezas de familia, renunciando su natural libertad, hubieron de formar ciudades, fué para que así pudieran defenderse contra los males que á los hombres amenazan de parte de sus mismos semejantes¹.» En cuyo lugar, concordando con otros muchos autores de su laya, insinuó Heinneccio el dogma fundamental de las escuelas liberales, que consiste en reputar natural el estado del hombre fuera de la sociedad civil, y en tener á esta institucion por creacion puramente humana, engendrada del libre arbitrio de los hombres, sin respeto alguno á su naturaleza ni á los designios de la Providencia. Y como la autoridad resulta necesariamente del hecho de unirse los hombres en sociedad, si este hecho fuera del todo arbitrario, así habría de ser puramente convencional y humana la potestad civil que de él procede. Estas ideas son en puridad las que ocupaban la mente del filósofo de Ginebra cuando concibió y dió á luz en su Contrato social el Código del Estado moderno. De todos modos, es cosa

¹ Genuina igitur et princeps causa, quare patresfamilias, deserta naturali libertate, ad civitates constituedas descenderint, fuit, ut praesidia sibi circumponerent contra mala, quae homini ab homine imminent. (Praelect. Academ., lib. ii, cap. v, pár. vii.)
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muy para maravillar que tan extrañas y perniciosas ideas hubieran hallado cabida en nuestros jurisconsultos y magistrados del tiempo á que nos referimos. Bien claras se ven las huellas de los publicistas protestantes en las primeras líneas de la consulta del Consejo de Castilla que arriba hemos copiado; pero todavía se las puede reconocer mejor, por hallarse enunciadas en términos aún más explícitos y categóricos, en otros jurisconsultos hispanos inficionados con esa lepra, tales, por ejemplo, como el Presidente del Consejo en tiempo de Carlos III, señor conde de la Cañada, mantenedor acérrimo, como ya hemos visto, de la dichosa potestad tuitiva. Este docto escritor, exponiendo la misma doctrina en el cap. 1 de su famosa obra Sobre los recursos de fuerza y proteccion, cita por sus mismos nombres, no sólo á Heineccio, sino también á Grocio y Puffendorf, como á verdaderas autoridades en la materia; y por su parte no vaciló en reproducir la doctrina que hubo de beber en tales fuentes. «Hallábase, dice, el hombre en el estado natural cercado de peligros; padecía frecuentes insultos de parte de sus semejantes, quienes atentaban continua y recíprocamente contra la seguridad de sus bienes y aun de sus mismas vidas. Por consiguiente, era indispensable que tratase el hombre de su propia defensa; pero como en ésta rara vez podría contenerse dentro de los justos límites, y á veces también no llegaría á ellos, causaría y sufriría opresiones y violencias alternativamente, según se hubiese habido en el exceso ó abandono de sus derechos. — La experiencia de tantos males puso á los hombres en la precision de consultar los medios de su seguridad y tranquilidad, y les hizo conocer la necesidad que tenían de unirse y auxiliarse en sociedad, formando ciudades y poblaciones. — Esta misma experiencia les hizo conocer á poco tiempo que no llenaba este auxilio todos los deseos de los hombres; pues aunque lograban verse defendidos de enemigos extraños, no estaban todavía seguros de sus mismos conciudadanos y compañeros; y así, para corregirlos y contenerlos, tomaron el partido de elegir y nombrar uno de ellos, que, mirando con imparcialidad los excesos ajenos, los precaviese con el temor de la pena en el establecimiento de las leyes, y castigase sus contravenciones en beneficio de la tranquilidad pública... Por estos sencillos principios se manifiesta con toda evidencia que la
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autoridad que trasladaron los hombres á la cabeza que eligieron para su gobierno, ya sea Monárquico, Aristocrático ó Democrático, ó cualquiera otra especie que se inventase, es aquella facultad y primitivo poder que concedió Dios á los hombres para defenderse y conservarse, como dice la Ley II, Tít. VIII, part. VII: «Ca natural cosa es, é muy guisada, que todo home haya poder de amparar su persona de muerte, queriéndolo alguno matar á él:» Ley II, Título I, part. I: Heinnec., Praelect. Academ., lib. I, cap. II, párrafo 1, núm. 2, ibi: Quis utique neget velle deum, ut quisque se conservet, ac defendat adversus omnem vim... instruxit natura, vel Deus potius; y así no puede dudarse que el poder que reside en los Reyes nace y se autoriza por las mismas causas del derecho natural y divino, para usar de él oportunamente en preservar á sus ciudadanos de toda opresion y violencia, y alzar las que otros les hubiesen irrogado.» Bien será añadir que el conde de la Cañada, así como todos los regalistas, incluían en el número de estas fuerzas los supuestos agravios inferidos á los particulares por los jueces eclesiásticos ¹.

Cuán falsa y mezquina sea esta teoría del origen de la sociedad y del poder civil, no es cosa difícil de entender. Porque lo primero, supone que la conjuncion de los hombres, para constituir el estado social, está ordenada únicamente á defenderse los unos de los otros, y no á prestarse ademas aquellos mútuos auxilios que les prescribe la ley del amor como miembros de un mismo cuerpo, cuyos actos se ordenan al bien comun bajo la direccion de la suprema cabeza. Y en segundo lugar, esa teoría confunde el derecho que tienen todos los hombres á defenderse contra injustas agresiones con la obligacion de los que han recibido de Dios la autoridad para protegerlos en todo lo que toca á la vida, al honor y á la hacienda de cada uno. El derecho á la propia defensa es sin duda alguna natural, y por consiguiente permitido por Dios, en cuyo sentido únicamente puede llamarse divino; mas ¿qué comparacion cabe entre ese derecho hipotético, accidental y renunciable del individuo, el cual, por otra parte, no

¹ «La fuerza que hacen los Jueces (suple eclesiásticos) abusando de su autoridad, toca en el extremo de ser fuerza pública, y pide más pronto y efectivo remedio.» Obra citada, p. 1, cap. 1, pág. 3.
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deja de pertenecer al hombre áun en el estado social, con la mision confiada en el órden de la providencia á los Príncipes y demas gobernantes como Ministros de Dios para el bien externo de los hombres, subordinado al interno y dirigido al último supremo fin? No es, pues, el derecho de los Soberanos el mismo derecho del individuo á defenderse de injustos agresores. Este último no implica superioridad de un hombre sobre los demas, con facultad de juzgarlos como á súbditos, ni de dar leyes que obliguen en conciencia para el régimen de la sociedad; y así, aunque todos los hombres trasladasen su propio derecho personal en una ó más personas que eligiesen, esta eleccion no podría conferirles los atributos verdaderos de la soberanía, que es una participacion y cómo un destello de la que Dios tiene sobre todas las obras de sus manos, y singularmente sobre el hombre. Por esta razon no deben inducirnos en miserable engaño los nombres de natural y divino, que en la exposicion de su teoría usan tales autores; porque mal puede ser conforme á la ley eterna de Dios aquel concepto que cifra la autoridad en el ejercicio de la propia defensa; ó más claro, mal puede ser divina una autoridad que no tiene de tal sino el nombre, pues se reduce á una como suma de derechos individuales, que así pueden formar el principio que informa la sociedad civil rigiéndola y gobernándola, como las partes de que consta un poco de barro producir el soplo vital que las anima y vivifica en cada uno de nosotros.

A nuestros regalistas, sin embargo, les vino muy bien, para su intento de explicar por razones filosóficas la falsa potestad tuitiva de los Reyes, la doctrina de los publicistas protestantes: y hé aquí que sin encomendarse á Dios ni al diablo, acogiéronla con júbilo, como quien contemplaba en ella el fundamento de tan funesta invencion. Los Reyes, decían, tienen poder de los mismos súbditos para defenderlos contra las fuerzas que puedan inferirseles; y pues tales fuerzas proceden á veces de los jueces y Prelados de la Iglesia, contra ellos les es lícito proceder, no á la verdad juzgándolos, que no se extiende á tanto el derecho á la propia defensa, sino alzando sus fuerzas, y en caso necesario privándolos de temporalidades y lanzándolos á extrañas tierras, como á enemigos irreconciliables del público sosiego. Pero aquí
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cometían además otro error gravísimo, confundiendo torpemente el derecho del individuo á defenderse contra agresiones de hecho, puramente materiales é injustas, con el derecho de reclamar la reparación de cualquier agravio que le pueda ser inferido por el respectivo superior, apelando en caso necesario al superior inmediato. En otros términos, al súbdito que sufre ó imagina sufrir alguna injusticia de parte de sus respectivos jueces, no le es lícito valerse de la fuerza tomándose la justicia por la mano; y es cosa llana que, careciendo de semejante derecho, mal pudo trasladarlo «al constituirse la sociedad» á ninguna otra persona; ni hay ni puede haber siquiera en el orden civil persona alguna que so color de esa fabulosa traslación, especie precursora del contrato social de Rousseau, se considere racionalmente investida de la facultad de hacer en nombre del súbdito, con relación al superior legítimo de éste, puesto por Dios, lo que el mismo súbdito no podría hacer sin gravísima irreverencia, suadamente diabolo.

Pero no fueron únicamente los publicistas protestantes la sola fuente de donde sacó el regalismo español, en la época á que nos referimos, la doctrina filosófica que puso por principio y raíz de la potestad económica de la Corona: también le surtieron copiosamente los jansenistas de máximas contrarias á la libertad e independencia de la Iglesia, y muy favorables al sistema pseudo-monárquico que entonces privaba, según el cual, quod principi placet, legis habet vigorem, con tal que parezca adornado con el falso color de bien público que llaman razon de Estado. El jansenismo, á falta de doctrinas propias tocantes á la constitución de la Iglesia y de sus relaciones con el Estado, adoptó sin vacilar las de Marsilio de Padua, Edmundo Richer, Justino Febronio y otros canonistas ejusdem furfuris, sin duda porque no las encontró peores, ni tan acomodadas á su hipócrita proceder, ni tan eficaces para destruir, si fuera posible, á la Iglesia de Jesucristo, que era su único pensamiento. Las máximas de estos autores se las aprendieron de memoria por aquel entonces los ministros y consejeros de los Reyes, reduciéndolas con el príncipe de Kaunitz á estos dos fundamentos, únicos de que había menester la política cesarista: 1.º Al Romano Pontífice sólo le pertenece en grado supremo el conocimiento de las cosas puramente
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espirituales; y 2.º, todo lo que no es de institucion divina, sino humana, toca á la potestad absoluta del Príncipe, el cual no puede enajenarla. Muy poco diferentes fueron en España las máximas de nuestros hombres de Estado y juristas del Consejo de Castilla, segun vamos á ver; lo cual á la verdad no es maravilla, pues así Kaunitz, como Tannucci, como Campomanes, y como los mismos soberanos José II, Leopoldo de Toscana y Carlos III, hubieron de beber próxima ó remotamente en las mismas fuentes. Contrayéndonos á España, recordaremos dos solos hechos para justificar esta observacion: uno de ellos las palabras que el historiador de Carlos III, nada sospechoso por cierto, puso en sus mismos labios, haciéndole decir: que ahora son otros tiempos, pues hay quien sabe lo que es del Papa y lo que es del Rey ¹; y el otro, la solemne simplicidad con que entregó la carta un célebre Fiscal del Consejo de Castilla, reconociendo en el herético autor De Statu Ecclesiae la autoridad doctrinal de un Santo Padre. Veamos ahora las máximas principales en que vertieron nuestros jurisconsultos regalistas la ponzoñosa doctrina del jansenismo.

Ya en otra ocasion citamos el famoso dictámen del Colegio de Abogados de Madrid sobre las conclusiones de Valladolid, documento de gran importancia y autoridad, no sólo por haber expresado la opinion de los jurisconsultos de la corte, formulada por el consejero de Castilla Sr. Jarava, sino más principalmente por hallarse inserto en la real provision de 6 de Setiembre de 1770. Oigamos, pues, algunas de sus sentencias: «Dentro de la Igle-

¹ Reinado de Carlos III, lib. 1, cap. iv, pág. 396. — Al fin de la página inmediata léase por nota el pasaje siguiente de una carta escrita por el marqués de Tanucci á D. Ricardo Wall, á 6 de Noviembre de 1759, cuando aún no había llegado Carlos III á la corte de España viniendo de Nápoles, en la cual, hablándole de este Príncipe, le hablaba en los términos siguientes: «Va el Rey convencido por experiencia de cómo debe pensar un soberano católico de Roma en las materias jurisdiccionales; sabe venerar al Papa como jefe y cabeza de la religion, y sabe tambien moderar el exceso en las cosas que no son más que dinero y pretensiones de autoridad sobre lo que no atane al rito ni al dogma.» Es decir, que fuera de los artículos de la fe y de la liturgia, «todo era del Rey.» ¡Infortunado Rey, alumno ciego allá en Nápoles de un Tanucci, y acá en España de otros adversarios no menores de la autoridad de la Iglesia!
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sia, y de un Reino católico, reside la potestad suprema independiente de los Príncipes para resistir el uso de la disciplina (de la Iglesia) cuando perjudica verdaderamente al Estado; pero en el imperio temporal no hay poder independiente que resista á las leyes del Soberano. — Prelados puso el Legislador supremo en la Iglesia, revestidos de autoridad grande, aunque hoy muy reducida; pueden éstos representar al supremo Jefe el perjuicio de sus providencias, y suspenderlas, como ordenan los mismos Papas. Y qué, ¿se contentó con este medio el Legislador que nada ignoraba? Nada méños; porque sabía que la autoridad episcopal, aunque derivada inmediatamente de su mano, era esencialmente subordinada á la cabeza de la Iglesia, y que la representacion de los súbditos sería cuando más lenitivo, pero no remedio absoluto: este sólo podrá hallarse en un poder independiente y soberano que resiste al abuso y al perjuicio inflexiblemente: luego el Gobierno eclesiástico tiene dentro de su cuerpo unos canceles puestos por el Legislador divino... Estos canceles no ha puesto Dios á la soberanía temporal. — En el imperio ó gobierno temporal no es necesario tal remedio... (El Príncipe) tiene dentro de su casa quien le instruya, quien le advierta, pero no quien le resista con independencia. — En la disciplina de la Iglesia pueden los Príncipes resistir. — ..... es notoria la diferencia entre las leyes eclesiásticas y temporales: aquéllas, sin la aceptacion expresa ó virtual del Príncipe, no exigen nuestro cumplimiento; éstas ..... no reconocen potestad que las resista, ni otro juicio de reconvencion que el de Dios. Cuya diferencia entre potestad y potestad, entre ley y ley, entre gobierno y gobierno, no destruye, sino que maravillosamente afianza las partes esenciales de la República cristiana. »

Todavía es más explícito, si cabe, en negar la independencia de la Iglesia otro jurisconsulto famoso de aquella época, docto á la verdad, pero infatulado con las regalías hasta un punto en que los lectores católicos no podrían méños de sentir náuseas: nos referimos al autor de las Máximas sobre recursos de fuerza y proteccion, el Licenciado D. José de Covarrubias, abogado en el Real y Supremo Consejo de Castilla. Á cuyas Máximas precede un prolijo discurso, plagado todo él de conceptos jansenísticos, que el mismo autor confiesa haber tomado de Floridablanca,
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Campomanes y el ilustre Colegio de Abogados en el dictámen donde hemos visto las mismas sentencias en que está compendiado el Josefismo 1. Si hubiéramos de copiar los lugares de este Licenciado, donde pone de manifiesto el espíritu de rebelion que le movía á escribir contra la autoridad soberana de la Iglesia, tendríamos necesidad de reproducir gran parte de su obra: á ella remitimos, pues, al curioso lector, contentándonos con reproducir aquí las siguientes líneas del título xxxii, donde con la mayor franqueza y desenfado excluye del gobierno supremo de la sociedad cristiana á la suprema cabeza de la Iglesia: «No hay tribunal alguno eclesiástico de cuyos excesos, opresiones é injusticias notorias no pueda introducirse recurso de fuerza, ó proteccion; porque esta regalía es tan inherente á la Majestad, que no puede desprenderse de ella sin negar la justicia al vasallo oprimido, y autorizar la independencia dentro de sus reinos.»

Estas últimas palabras lo dicen todo: en ellas se deja ver la cabeza de la hidra velada en tantas otras como empleaban los autores de la rebelion contra la Iglesia para protestar hipócritamente del respeto que les merecía esta divina institucion, precisamente cuando maquinaban su destruccion y ruina. No podían soportar que dentro del Estado hubiese autoridad alguna independiente cuyas leyes obligasen sin su consentimiento, y cuyos juicios fuesen definitivos; ninguna autoridad capaz de resistir á los Príncipes en momentos solemnes á las puertas del santuario, prohibiéndoles que lo entrasen á saco y concluyeran la profanacion y el despojo revistándose de las sacras vestiduras, y tomando en sus manos el báculo y hasta la misma tiara.

No hay duda sino que atribuyendo á los Príncipes semejante poder, absolutamente independiente, que no reconozca límites, ni sufra tener canceles, y derribando á sus pies la divinidad de la Iglesia, y encerrándola dentro de «los canceles» que quieren

1 «He colocado,» dice el autor en el prólogo, «un discurso preliminar sobre la real jurisdiccion, en que se fundamentan las máximas de los recursos con las autoridades de los jurisconsultos (regalistas y aun jansenistas) más respetables (!!!) de la Nacion. El Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, el Ilmo. Sr. Conde de Campomanes, y el ilustre Colegio de Abogados me han suministrado...» Basta, basta.
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los áulicos ponerle en nombre del bien público definido por ellos, ó de la defensa de los vasallos, ó so color de proteger los sagrados cánones, procede naturalmente concederles tambien el uso de la potestad económico-tuitiva con la facultad de quitar las fuerzas y reparar los excesos de los sacerdotes, y desterrar-los del reino y quitarles las temporalidades. Si á la carne se la declara independiente del espíritu, y al espíritu se le sujeta á la carne como esclavo, ¿quién sino los apetitos carnales habrán de juzgar de lo que conviene al bien y felicidad de los hombres? ¿quién sino las pasiones han de dar la norma á los actos humanos, y resolver los conflictos que á cada paso surgen entre la ley de los miembros y la del alma racional? La lógica es inflexible; y así, en estableciéndose en nuestro caso por premisas la supremacía del Estado sobre la Iglesia, síguese como rigurosa consecuencia que á él le corresponde en resolución juzgar sobre las leyes y providencias del Sacerdocio, si son convenientes ó contrarias al cuerpo social, ó á alguno de sus miembros, y en este supuesto negar el placet á las primeras, y dejar sin efecto las segundas, reputándolas por excesos y violencias, y quitándolas con el saludable y caritativo remedio consabido. ¿No fué ésta, por ventura, la conclusión deducida por el regalismo de sus mismos principios? En prueba de que esa fué su última palabra, volvamos al famoso dictámen del Colegio de Abogados. Después de haber establecido el autor de este insigne monumento de la hipocresía jansenística los principios heterodoxos arriba expuestos, no vaciló en añadir con aire de triunfo, como quien procede con rigor de lógica: «De todo esto RESULTA que la real potestad tiene facultades para resistir y preservar al Estado de los insultos y novedades que pueden perturbar la paz y tranquilidad pública. En esto se funda el exámen de Bulas y leyes de disciplina: los recursos de fuerza en el conocer absolutamente, en el modo y de no otorgar: los de nuevos diezmos: los de protección especial sobre las Religiones y cuerpos considerables eclesiásticos del Reino: la regalía de citar á los Prelados en ciertos casos: excitarlos y compelerlos honestamente (!) á la reforma de los abusos: el extrañamiento de los eclesiásticos: y otros del género de que tratan nuestros escritores (regalistas). Todo esto hace el constitutivo más esencial de un Soberano.»
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despropósito? ¿Dónde ha enseñado jamás que Dios hace los milagros de una manera arbitraria, ó que ella puede obtener de la divina omnipotencia, en todo instante y á cualquiera peticion suya, cuantos milagros se le antojen? ¿No es esto calumniar á la Iglesia de la manera más descarada?

Pero no crean nuestros lectores que exageramos al proferir estas quejas, ó que nosotros somos los que verdaderamente calumniamos á Draper poniendo en su pluma una acusacion de esta especie. Ahí está lo que este autor se ha atrevido á publicar en su Historia de los conflictos. En el cap. x, donde trata «del Cristianismo latino en sus relaciones con la civilizacion moderna,» despues de lanzar mil imprecaciones contra la Iglesia por no haber conducido las cosas humanas en los siglos medios por el camino materialístico que ahora se le antoja á este escritor positivista, se objeta él mismo en esta forma: «Pero tal vez alguno puede decir que hay límites para nuestros esfuerzos, cosas que ningun sistema político, ningun poder humano, por buenas que sean sus intenciones, puede realizar; ¡no es posible sacar al hombre de la barbárie, ni civilizar un continente en un día!» A esta objencion responde con las siguientes palabras: «El poder católico no puede, sin embargo, juzgarse por tal norma, puesto que rechazaba con desprecio, y rechaza hoy día, un origen humano y pretende ser sobrenatural. El Soberano Pontífice es el Vicario de Dios en la tierra: infalible en sus juicios, tiene el poder de ejecutarlo todo milagrosamente si lo necesita ¹.»

Algo más reprensible por cierto que la Iglesia católica es el autor citado cuando, para ponderar las ventajas del fatalismo, se atreve á encomiar la doctrina del suicidio practicado por los estoicos ². ¡Cómo! ¿Con que la doctrina de estos filósofos, ene-

¹ Draper, l. cit., cap. x, págs. 294-295.
² Puede verse la carta l.xx de Séneca (Lipsiae, 1770, pág. 578 y siguientes), donde este estoico aboga por el suicidio. Entre otras lindezas, dice lo siguiente: «Itaque sapiens vivit, quantum debet, non quantum potest. Videbit ubi victurus sit, cum quibus, quid acturus: cogitat semper qualis vita, non quanta sit. Si multa occurruunt molesta et tranquillitatem turbantia, emittit se: nec hoc tantum in necessitate ultima facit, sed cum primum illi caeperit suspic ta esse fortuna, diligentem circumspicit numquid illo die desinendum sit..... In nulla re magis, quam in morte, morem animo gerere debemus exeat qua im-