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iban siempre el duque de Saboya, conde de Egmont, conde de Horn, Navarrete y otros aguerridos capitanes atentos á los mandatos y plan general del Rey católico. En el primer encuentro de ambos ejércitos, que fué espantoso, delante de la ciudad quedaron seis mil franceses fuera de combate. Prisioneros dos mil de la nobleza; mil doscientos caballeros de armas; cuatro mil de todas suertes; capitanes, oficiales y cuatro de los príncipes llamados de sangre. Ganáronse cincuenta y dos banderas, diez y ocho estandartes, la artillería con trescientos carros de municiones, el bagaje y gran número de caballos y armas de toda clase¹. Tal fué el éxito de aquella victoria, tan sábiamente preparada muy de antemano por la sagacidad y cualidades bélicas del Rey Prudente².

De nada sirvió que la Francia consternada tomase nuevo aliento, reforzando sus escuadrones y presidios. Porque el ejército español estrechó el sitio de la ciudad: el Rey, espada en mano, enviaba sus órdenes y miradas por todas partes. Con prevision y sabiduría de verdadero capitán, al frente de su escuadron lucídísimo, se colocó en lugar apto para ver el arremetimiento y el asalto de la plaza, inspirando con su pre-

¹ Véase Cabrera, lib. IV, cap. VII de su Historia de Felipe II.
² El licenciado Porreño, escritor veraz, nos refiere que D. Felipe, lejos de ser timido y encogido como hoy se le retrata, estaba siempre diciendo «que el capitán ha de ser magnánimo y atrevido, refiriendo aquel hecho del valerosísimo García de Paredes, que después de la afamada rota de Rávena, haciendo escolta al bagaje de los suyos, dieron en una emboscada de dos mil franceses, por quien no solo fué desbaratado, sino herido de tres escopetazos; de manera que matándole el caballo quedó preso en poder de cuatro hombres de armas, que lo llevaron cautivo á pie y mal herido. Llegaron, pues, con él á una puente sin bordes, y viéndose en tan buena ocasión el valiente García, se abrazó con los cuatro que lo llevaban asído, y echándose la puente abajo en el río, los dejó ahogados, y se le refrescaron las heridas, y se vino nadando al Real de los españoles.» Dichos y Hechos de D. Felipe II, cap. 8., págs. 39 y 40.
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declara esta misma doctrina el insigne Padre Taparelli, cuyo voto en la presente materia es decisivo. Oigamos pues sus palabras: «Si la soberanía civil se halla en manos del usurpador, es claro que no está en las del pretendiente, el cual no puede, por consiguiente, ni poner leyes ni administrar justicia, ni ordenar actos contrarios al orden cívico; y es cosa llana, que no teniendo derecho á mandar en este orden, el pueblo no está obligado á obedecer. Pero el usurpador no ha podido entrar en posesion de aquella parte de soberanía, ó sea de aquellos derechos que dan al soberano el poder conforme á razon de mover con la propia voluntad la voluntad de los súbditos para sostener su persona en la posesion de la autoridad social. Estos derechos permanecen en manos del pretendiente: siendo esencialmente uno el poseedor legítimo de la autoridad, no puede haber en esto dificultad alguna, por más que la autoridad social esté de hecho en manos del usurpador; porque son derechos, no de la autoridad, sino á la autoridad; son derechos fundados, no en el hecho de la asociacion, sino en las circunstancias individuales (títulos), por los que en aquella asociacion la autoridad abstracta vino á fijarse en su persona 1.» Todavía expone con mayor claridad y precision esta doctrina el ilustre sacerdote y profesor Bensa en su Juris naturalis universi summa (I. VI, art. II), donde despues de definir la autoridad politica que posee el legítimo competidor (que así llama al pretendiente): «derecho á obtener la suprema dignidad ó principado, jus ad supremam dignitatem seu principatum obtinendum,» reproduce la sentencia de Taparelli, que el usurpador no

1 TAPARELLI, ibid.
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pudo adquirir aquella parte de la autoridad, ó sea aquellos derechos que confieren al príncipe la potestad racional de mover la voluntad de los súbditos para que le mantengan en la posesion de la autoridad suprema, porque nadie tiene derecho á mover á otros á sostener cosa ninguna injusta. Despues, decimos, de enunciar estos conceptos, añade Bensa, que tales derechos «no son de la autoridad, sino solo á la autoridad; no son los derechos de ejercer la autoridad, sino de alcanzarla: Haec autem non sunt jura auctoritatis, sed solum ad auctoritatem; non jura auctoritatis exercendae, sed ad auctoritatem obtinendam.» Antes que estos autores, y con mayor extension que ellos, expuso la misma doctrina el ilustre autor de la Restauration de la science politique, Sr. De Haller (vol. III, cap. XLIII, pág. 197), el cual llega en este punto hasta decir que pendant la domination décidée d’un usurpateur les droits et les devoirs reciproques du prince et des sujets, sont momentanement rompus, du moins de fait; un roi qui ne possède plus son royaume, qui ne peut ni exercer ses droits, ni remplir ses devoirs, qui est dans l’impuissance de defendre, de nourrir et de proteger son peuple, a de fait cessé d’etre roi, et conserve seulement le droit de le redevenir¹.

Mas demos aquí punto á la exposicion de estos

¹ Además de este autor han tratado la misma cuestion Grotio, De bello subditorum adv. invasorem alieni imperii, J. b. et. p. I. I, cap. IV, 55, 15, 20; Pufendorf, I. VII, cap. VIII, 55, 9; y De Real, Science du gouvernement, t. IV. Hé aquí algunas líneas del último: «... y si los súbditos por su parte no tienen bastante fuerza para resistir al usurpador sin exponerse á una ruina segura, debe presumirse que el príncipe desposeído descarga á sus vasallos, cuanto para la conservacion de estos es necesario, de la obligacion que tenian para con él, hasta que la Providencia le abra algunos caminos favorables para recobrar el trono. El deber de los súbditos para con el Príncipe queda por entonces como en suspeso.»
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principios de derecho público, que nos ha parecido bien recordar, porque importa mucho tenerlos presentes para resolver si en los Estados donde no impera el príncipe legítimo, al menos según el concepto de los que tienen por cierta su legitimidad, tiene el mismo príncipe el derecho de impulsar y dirigir la organización de los católicos con subordinación en todo caso á la Iglesia.

No extrañe el lector que hayamos elegido este punto de vista, ni que nos fijemos en él como principalísimo; porque así lo piden la índole del problema y la de los tiempos que corren. La esencia de la revolución consiste precisamente en violar y menospreciar el derecho que procede de Dios, creando en su lugar una legalidad externa, mecánica é inícua á que dá el nombre de derecho; con que nosotros católicos debemos por el contrario mirar en todas las cuestiones morales y políticas el derecho y la justicia; pues á los que verdaderamente la buscan juntamente con el reino de Dios, les están prometidos por añadidura todos los demás bienes.

Tenemos pues, que el pretendiente legítimo conserva en los Estados regidos por gobiernos de hecho el derecho á la autoridad, pero no los derechos de la autoridad, ni mucho menos el de dirigir la acción de los católicos á fines religioso-sociales, como son singularmente los tres fines principales á que hemos dicho que deben mirar los católicos rectamente organizados, conviene á saber, la difusión de las doctrinas por medio de la prensa y de la enseñanza, y los auxilios morales y materiales á los infelices obreros. Aun cuando los príncipes que se consideran legítimos, poseyeran realmente la suprema autoridad, sería bien que dejaran
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á sus súbditos plena libertad para proseguir estos y otros fines buenos y honestos, procurando antes favorecerla que dirigirla, que su direccion pertenece como todo el órden moral á la solicitud de los sagrados Pastores: ¿pues que será viéndose como se ven privados de aquellos derechos inherentes al deber que les correria de regir civilmente á los súbditos, si por ventura les fuera dado cumplirlo, restituidos á sus tronos por disposicion de la Providencia?

Otra cosa seria, si para procurar esos ú otros fines dignos de su piadoso celo, los súbditos católicos hubieran de ejercitar alguna parte de los derechos políticos que pertenecen á la autoridad soberana que reside por modo abstracto en el pretendiente legítimo. Porque en ese caso, los católicos persuadidos de su legitimidad, no pueden hacer uso de tales derechos, lo cual equivaldria á ponerse en su lugar haciendo el oficio de gobernantes, ó sea compartiendo con el poder de hecho la soberanía que en los Estados modernos se halla dividida, conforme al tenor literal de las constituciones, entre el Monarca y los cuerpos legislativos. Más claro: los diputados y senadores ejercen en tal hipótesis funciones propias de una soberanía que no han recibido de Dios, ni podido recibir de los hombres. Muy bueno y meritorio es obedecer á los poderes de la tierra, aunque sean de hecho; mas nunca será lícito ocupar el súbdito el lugar á que tiene derecho el pretendiente legítimo, detentando de esta suerte parte de los derechos que constituyen la soberanía.

¿Pero no podrá el mismo pretendiente legítimo quitar este impedimento de órden moral, permitiendo á los que le guardan en su pecho la fidelidad á que les obliga la conciencia, que tomen parte en las elecciones
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políticas, y que revestidos del manto de legisladores se sienten en los parlamentos? La respuesta no es dudosa: volenti nulla fit injuria. En tal caso el diputado va el parlamento, no tanto por la voluntad del pueblo como por la de la augusta persona que ha consentido en su eleccion, voluntad que puede ser significada expresamente, cualesquiera que sean los términos de su expresion, ahora generales y espontáneos, ahora particulares y rogados. Aun sin necesidad de semejante expresion es de presumir el beneplácito del pretendiente en mediando razones poderosas de bien social ó religioso. Pero supongamos por un momento que en semejante caso el príncipe desposeído considerase conveniente la abstencion, y la prescribiese á sus partidarios como un deber de fidelidad. Que tiene derecho á prescribirla, es indisputable; ¿pero su derecho es acaso tan vigoroso, que eclipse, por decirlo así, las razones que aconsejen acudir á las urnas y al parlamento en nombre de los sagrados intereses de la sociedad y de la religion? A los ojos del publicista católico la necesidad de proveer al bien comun, y el derecho de la Iglesia á ser defendida en el terreno de la política, donde es más combatida y lastimada, vence con mucho en caso de colision los derechos del pretendiente; y así no hay duda que procede en conciencia el uso de los derechos políticos invito principe. Porque despues de todo, la soberanía ha sido instituida para la defensa de la Iglesia y la salud de los pueblos. Ministros de Dios para el bien son llamados los príncipes en las sagradas letras: esa es la razon final de su poder y majestad; y así, cuando ese bien les exige el sacrificio de alguno de sus derechos, la moral divina, expresion de la sabiduría y voluntad de Aquel que ha dispuesto las cosas todas de este
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mundo para bien de los hombres y gloria de su nombre, les impone ese sacrificio. Véase ahora en qué términos tan explícitos confirman esta doctrina los sábios escritores de la Civiltá Cattolica. «Como el cargo de diputado contenga implícitamente el ejercicio de la autoridad soberana, no es posible en los Estados usurpados aceptarlo lícitamente sin el consentimiento del soberano legítimo, salvo cuando lo exija la necesidad del bien público¹.»

Queda todavía por resolver la cuestion siguiente: ¿á quién compete la facultad de juzgar sobre semejante necesidad? Antes de responder categóricamente á esta pregunta, conviene recordar, que el fin á que deben aspirar los católicos en la especie de Estado artificial que forman según nuestra teoría, es suplir en lo posible la indiferencia del Estado moderno en órden á los intereses morales y religiosos, y reparar los estragos que bajo su proteccion, hábilmente combinada con la opresion que sufre la Iglesia por parte de los gobiernos liberales, causan en las costumbres y en las creencias, los enemigos de la fé. Ese fin es de órden moral y religioso, pues toca directamente á lo que hay de más íntimo y más precioso en la vida humana, aunque por ventura trascienda al órden social, contenido virtualmente en la religion, y necesite á veces de medios políticos, ordenados principalmente á defender en toda su integridad los derechos de la Iglesia, y servir de escudo á la libertad de los católicos. Pues según esto, ¿quién puede dudar que el juzgar sobre la necesidad de tales medios para acudir á la defensa de bienes

¹ Série X, vol. X, cuad. 693.
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tan altos, corresponde únicamente á la Iglesia de Dios?: Aunque se tratara de intereses puramente temporales, para cuya defensa fuera necesaria la intervencion de los católicos en el parlamento, el pretendiente legitimo careceria asímismo de derecho para juzgar, absolutamente al menos, de tal necesidad. Porque no le están encomendadas á él por la divina Providencia las cosas del órden cívico, ni tiene que responder de ellas, ni puede dirigirlas mientras la autoridad no brille sobre su frente con el esplendor de un hecho concreto. Fuera de que si el mismo pretendiente hubiera de resolver tales cuestiones, habria quizá peligro de que en caso de colision entre el interés de sus pretensiones y lo que reclamase necesariamente la salud pública, la balanza se corriera de parte del interés privado. En los conflictos que pueden surgir entre dos derechos, la parte no debe hacer el oficio de juez. ¿Pues qué deberá decirse cuando no ya los intereses temporales, sino los espirituales de los pueblos, y los fueros mismos de la verdad y de la religion católica claman al cielo contra la tiranía liberal? ¿Quién si no la Iglesia podrá legítimamente decir, si en tales angustias deberán de acudir los católicos á los parlamentos para protestar en nombre de la justicia, y mostrar con la fuerza de la elocuencia la majestad de los derechos conculcados, y deshacer las falacias que los oscurecen y oprimen?

Hay sin embargo un hecho en la historia contemporánea que naturalmente ocurre á todo el que medita sobre esta cuestion, y que alguno quizá oponga como precedente y argumento contra la anterior conclusion. Sabido es, que en Roma, desposeido el Pontífice Rey de su legítimo sagrado patrimonio, á los católicos les prohibió la Santidad de Pio IX que acu-
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diesen á las urnas: ni electores ni elegidos, dijo el invicto Pontífice; y sus buenos hijos, renunciando noblemente á todo juicio privado y á toda aspiracion natural, guardaron y guardan todavia la abstencion á que les obliga la conciencia católica. El nuevo glorio-sísimo Pontífice no ha levantado la prohibicion de su antecesor; y el non licet aplicado á las elecciones politicas, es allí ley inviolable para todo aquel en cuyo pecho no se ha extinguido la fidelidad debida al augusta prisionero del Vaticano. Ahora, este insigne ejemplo de fidelidad y obediencia, este deber inviolable de obedecer al Príncipe desposeido, ¿no es tambien aplicable al caso en que oponga semejante veto el representante legítimo de las dinastías meramente seculares, á quien compete la autoridad política separada materialmente del uso de los derechos cívicos, de cuya posesion está privado? Creemos sinceramente que no; y la razon de nuestro juicio la vemos claramente consignada en la autorizada revista pontificia antes citada: «El non licet, dicen sus ilustres redactores refiriéndose á los Estados Pontificios, brilla con evidencia incontrastable; pues la moral prohibe usurpar la autoridad del príncipe, mayormente cuando el príncipe mismo contradice. Sin que valga invocar el ejemplo de los Estados seglares, donde podrian los ciudadanos ir á los parlamentos siempre que lo reclamase el bien público. El caso es diverso. Porque en tales Estados el derecho de los ciudadanos pugnaria con el derecho de una dinastía, el cual en circunstancias determinadas sufriria el efecto de la colision; mas aqui el conflicto seria con el derecho de la Iglesia, que es derecho supremo, y como tal no puede sufrir ningun género de colision. ¿Por ventura puede sufrirla en ningun caso
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el derecho de Dios? Porque el derecho de Dios es el derecho de la Iglesia, que es reino de Dios'.

Parécenos pues haber probado que el derecho del pretendiente legítimo á la autoridad, no implica la facultad de dirigir la organización de los católicos, ni aun considerada con relacion al uso de los medios políticos que por ventura reclamen los elevados fines á que debe consagrarse su actividad. En el terreno jurídico-moral la cuestion está resuelta. Pero todavía puede ventilarse en el de la pública conveniencia, y aun bajo el punto de vista de los intereses legítimos de las dinastías desposeídas.

¿Acaso no convendría, aun para los mismos fines religioso-sociales, que el pretendiente legítimo, bien por sí, ó por algun representante suyo, dirigiese la accion de los católicos, presidiendo en particular el centro político que hemos ideado á semejanza del que dirige en Alemania el ilustre Winthorst? Esta direccion ofreceria cuando méños la inmunidad de la asociacion de todo elemento liberal, que por mínimo que sea, como su veneno es tan activo, fácilmente puede corromperla y trocarla en máquina funesta; porque es cosa sabida, que solo aquellos que conservan en su corazon los sentimientos de fidelidad á la persona que simboliza el derecho antiguo, la tradicion y las ideas de la política cristiana, profesan estas mismas ideas en toda su integridad y pureza. Acaso haya excepciones y excepciones ilustres; pero tambien es sabido que las excepciones, caso de existir, no destruyen, sino antes confirman la regla. Aquí debemos advertir, que si este argumento fuera decisivo, todavía seria bien dis-

1 La Civiltà Catolica, ser. X, vol. X, q. 691.
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tinguir la razon de conveniencia de la meramente jurídica; ó en otros términos, el bien que resultará á la organización católica de ser dirigida por el pretendiente legítimo, no le conferiría á éste el derecho, sino la obligación de dirigirla en el caso de ser reconocida la utilidad de su intervención, é invocada esta última por los que la considerasen como un medio conveniente para los fines religioso-sociales que se pretenden. El pretendiente legítimo no ejercitaría en este caso el derecho á la autoridad social que le corresponde como á pretendiente, sino las funciones de superior por elección y á instancias de los asociados, fundados en la cualidad extrínseca y accidental de haberse mantenido fiel á su programa de política cristiana. Mas dejada aparte esta distinción, parécenos claro que la razon de conveniencia no milita en nuestra hipótesis, antes nos parece cierto, que con la intervención del príncipe desposeído la acción de los católicos asociados sería imposible, ó implicaría al menos graves inconvenientes y peligros.

La razon es evidente: basta indicarla para que resalte ante los ojos de toda persona desapasionada. La acción de los católicos reunidos en los Estados modernos para los fines indicados, debe estar contenida por la fuerza misma de las cosas dentro de los límites de la legalidad establecida. Así lo pide por otra parte su misma índole y naturaleza. Porque se trata de un hecho público, cuyos autores tienen necesidad de invocar el sistema mismo que odian; de un hecho que tienen necesidad legal de proteger sus mismos enemigos; se trata del ejercicio de los derechos que las leyes de los Estados liberales conceden á todos los ciudadanos, aunque sean católicos; se trata en fin de
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LA RELIGION CATÓLICA
VINDICADA DE LAS IMPOSTURAS RACIONALISTAS.

CAPITULO III.
EL CATOLICISMO Y LA CIENCIA TOCANTE Á LA IDEA DE DIOS.

Si echamos una rápida ojeada por los filósofos de la antigüedad, hallaremos que muchos de ellos tuvieron ideas muy pobres y miserables sobre la naturaleza de Dios. Anaximandro, el primero quizás de los filósofos ateos, no admitió más que una materia eterna é infinita, incorruptible por una parte y dotada por otra de un cierto movimiento natural, de donde hacía tomar origen á ciertas cualidades ó formas sustanciales, que luego, merced á los movimientos casuales de la misma materia, perecen como habian nacido. Leucippo y Demócrito, conservaron en el fondo la doctrina materialística de Anaximandro; empero juzgaron modificarla por aquella parte en que se enseñaba el nacimiento y destrucción de las formas sustanciales apoyándolo en aquel su tan grato principio: Ex nihilo nihil fit, et in nihilum nihil potest reverti. Así que quitada toda forma de la especie dicha, no consintieron sino la desnuda y escueta materia, diseminada por el espacio infinito en diferentes especies de átomos armados de ganchos y puestos en continuo movimiento para formar al entrechocarse, las diferentes agrupaciones de moléculas y con ellas la multitud innumerable de mundos que ahora pueblan los espacios. A estos siguió Straton, al cual no satisfacía completa-
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sencia alientos y vigor á los caballeros y soldados, todos valentísimos debeladores de aquellas fortalezas. Aunque se mostraron muy grandes los esfuerzos de las compañías francesas que defendian á San Quintin, fueron inútiles contra el empuje del ejército de España. El cual, por fin, abriendo brecha por todos lados en la muralla, se apoderó á viva fuerza de la ciudad, entrando en ella victorioso á los veinte y seis días del mes de Agosto, año de 1554. Hallóse dentro mucho despojo: el almirante que la defendía y otros muchos caballeros y nobles de Francia quedaron prisioneros, y como tales fueron conducidos á la Exclusa villa de Flandes. «De suerte que en el término de quince días tuvo el Rey de España (á quien se suele mirar como inepto para la guerra) dos muy claras y señaladas victorias del Rey Enrique de Francia; una en batalla campal y otra en el combate y expugnacion de una tan importante fuerza; presa y cautiva la más ilustre sangre de Francia, y entre ellos dos tan grandes príncipes como el condestable y el almirante»¹.

Andan á tientas, desnudos de todo criterio histórico, aquellos que muestran á D. Felipe huyendo de San Quintin, espantado por la sangre y por el estruendo del cañon desde los primeros momentos del ataque. Nada hay más apartado de la verdad del suceso. El Rey

¹ Libro III de la Historia de la Orden de San Jerónimo por el clarísimo Sigüenza: Discurso I., pág. 531 de la edición del año 1605.
A la presencia del Rey vencedor fueron traídos con la cabeza descubierta á rendir vasallaje y entregar sus aceros, además del condestable y del almirante, los señores franceses San Remy, Jornae, Hames, Lagarda, Cocieux, Molins, Rambollet, Brulet, Moanu, tres hijos del condestable y los capitanes Bretaña, Signeres, San Roman, San Andres, Sobiel y otros muchos, varios de los cuales se ofrecen pintados en la escalera principal del monasterio del Escorial por el fecundo pincel de Lucas Jordan. (Cabrera: en el lib. IV, pag. 490 de su Historia de Felipe II: edición madrileña de 1876.