Archivo diplomático-político de España (1883-08-07 00:00:00), página 14

res, toda la deuda conservará su calidad de mexicana, sin que pueda dársele carácter internacional, ni asignársele renta especial para el pago de sus réditos.

Ignoro en qué términos hará uso el Gobierno mexicano de la autorización que le ha concedido la representación nacional; pero sean ellos cuales fueren, en la previsión de que estarán más ó menos explícitamente conformes, pero siempre ajustados al espíritu de la expresada base III, cumplo con las instrucciones de mi Gobierno, sometiendo en tiempo oportuno á la consideración de V. E. las siguientes observaciones.

La convención para el pago de las reclamaciones españolas firmada en México el 12 de Noviembre de 1853 por el Sr. Marqués de la Rivera, enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de S. M. C., y el señor don Manuel Díez de Bonilla, Ministro de Relaciones Exteriores, autorizado al efecto por el Excmo. Sr. Presidente de la República, establece en su artículo 14: «El presente convenio no podrá alterarse en ninguna circunstancia, ni bajo pretexto alguno, sin expreso y formal acuerdo de las dos partes contratantes.» Y esta explícita declaración, consignada en un pacto internacional, no ha sido invalidada después por ninguna otra, hecha en la forma que taxativamente se prescribe, ni podrá invocarse para su anulación acto ó testimonio alguno que pruebe en este concepto la aquiescencia del Gobierno español. Ciento es que el Excmo. Sr. D. Benito Juárez proclamó, al restablecerse la República en 1867, que no consideraba subsistentes los antiguos tratados con las naciones europeas que se pusieron en estado de guerra con la República; pero ni esta declaración puede admitirse en absoluto como conforme á los principios incontrovertibles del derecho internacional, ni parece justo confundir en un mismo caso á los que sostuvieron la guerra y á los que, retirándose antes de romper las hostilidades, prestaron fuerza moral, más bien que combatieron á la nación mexicana.

De todos modos, el Gobierno de España nunca ha asentido á esa declaración unilateral del Presidente señor D. Benito Juárez. Cuando se trató de reanudar las relaciones oficiales entre España y México, el encargado de los archivos de España en esta capital pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores copia oficial de una circular del Ministerio de Estado, fechada en 21 de julio de 1869, en que se decía: «Por lo que hace á las relaciones interrumpidas con algunos Estados de América, el Gobierno de España está dispuesto á reanudarlas, si ellos por su parte lo desearon, sin exigir nada contrario á los intereses ó al decoro de España.» Y cuando después, en 31 de julio de 1871, se firmó por los Sres. Mariscal y Herreros de Tejada el acta de restablecimiento de relaciones entre los dos países, se consignó en ella: «que la grave y delicada cuestión de reclamaciones podría ser causa, cuando menos, para retardar la consolidación de esas fraternales relaciones, y convinieron en que el estudio de semejante cuestión no sirviera de embrollo á la celebración de tratados por cuyo medio se aseguren de preferencia los intereses generales y comunes de cada uno de los dos pueblos respecto del otro.»

Quedó, pues, en estudio la cuestión de reclamaciones; y bien sabe V. E. que el Gobierno de España, aunque su opinión en el asunto estaba resueltamente formada, y no necesitaba, por tanto, consagrar mucho tiempo al examen de la materia, se ha abstenido durante doce años de hacer, respecto de ella, gestión alguna oficial, deseoso de no provocar discusiones enojosas y de no suscitar el menor obstáculo al Gobierno mexicano, con quien le unen las relaciones más cordiales y amistosas. En la misma disposición de ánimo se encuentra hoy, y me complazco en reconocer la debida correspondencia á estos sentimientos por parte del Gobierno de la República: nada, pues, más ajeno á mi propósito que crear el dificultades entre los dos Gobiernos. Pero cuando el de la República, sosteniendo sus anteriores apreciaciones, obtiene del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos una autorización para el arreglo general de la deuda,