Archivo diplomático y consular de España (1892-11-24 00:00:00), página 5

ponente del primer tema, compuesta de los Sres. Riva Palacio, Portondo, Gil Becerril y Maluquer y Salvador.

El Sr. Moreno Barcia encareció la fraternidad de los pueblos ibero-americanos, antponiendo este principio á todas las soluciones prácticas, porque antes de hablar de negocios hay que cimentar sólidamente las relaciones entre los que han de negociar.

Los Sres. Duque de Almodóvar del Río y Becerro de Bengoa apoyaron en dos brillantes discursos las conclusiones de la ponencia en punto al establecimiento de relaciones mercantiles, eficaz en el servicio consular, organización de Exposiciones permanentes y otros extremos, aduciendo datos y noticias por extremo interesantes.

El Sr. Marcoartú, que habló luego, indicó la idea de que debía ser España un gran depósito de productos americanos destinados al comercio europeo.

Llevando la voz de la ponencia, pronunció un notable discurso-contestación á las observaciones expuestas el Sr. Maluquer y Salvador.

Presentáronse después algunas adiciones al texto de las conclusiones que serán objeto de estudio por parte de la Comisión, y se citó por suficientemente discutido el primer tema.

Segunda sesión.

La segunda sesión se celebró y estuvo tan concurrencia como la primera.

El Sr. Moret ocupó á las nueve y media el sillón presidencial, y aprobada el acta de la anterior, el Sr. González Revilla dió lectura á las conclusiones formuladas por la ponencia al tema segundo, que trata de la conveniencia de que España y Portugal se adhiriesen al Tratado de derecho internacional privado, respecto de obligaciones mercantiles y aun civiles, pruebas, exhortos y ejecución de sentencias que desde 1890 une á las Repúblicas de la Plata, Chile, Bolivia y Venezuela.

El Sr. Lozano impugnó las conclusiones en términos generales.

El Sr. Torres Campos presentó y apoyó una proposición encaminada á demostrar la conveniencia de que se solicite del Gobierno español la iniciativa para una conferencia diplomática circunscrita á Portugal, España y los Estados ibero-americanos, con el objeto de proceder, mediante las oportunas transacciones, que no se opongan á la soberanía de cada nación, á la adopción de principios uniformes en materia de derecho internacional privado, principalmente de derecho mercantil internacional.

El Sr. Torres Navarro se declaró partidario de la unidad del derecho internacional privado.

Y finalmente, el Sr. González Revilla, después de considerar el tema que se discutía como el más transcendental de los sometidos á la deliberación del Congreso, encareció la conveniencia de que los comerciantes se fijen mucho en la legislación del país con el que estén en relaciones mercantiles, porque en ello va la defensa de sus intereses, por más que los Códigos civiles americanos sean hijos de nuestra legislación, y luego hizo una aplicación, con visible interés escuchada, de las diferentes maneras de librar y aceptar letras de cambio con arreglo á la legislación del país con que se comercia.

Díose por conclusa la discusión del tema segundo, y se pasó á la del tercero: «Conveniencia de unificar en lo posible los sistemas monetarios y las tarifas postales entre los Estados americanos, Portugal y España.»

Leídas las conclusiones por el Sr. Pierinas y después de breves frases del señor Lozano, el Sr. Moret, que había abandonado la presidencia, se levantó á hablar como individuo de la ponencia.

El elemento práctico es un privilegio de hacer trato á la aridez del guarnizo y de promover el entusiasmo y el deleite del oyente, discurriendo sobre Hacienda ó cálculos mercantiles. Y habló, como suele, de la necesidad de aumentar las líneas de comunicación, de la universalidad del billete, de lo que podrían ser España, Portugal y América si entre ellas hubiera la debida cohesión en el orden económico, de cuestiones monetarias y postales, de cuanto se relaciona, en fin, con el tema puesto á discusión.

La nota saliente de su grandilocuente discurso fué una rectificación que hizo, sin citar nombre, á pronunciado por el Sr. Cánovas del Castillo en la sesión inaugural del Congreso, en lo que se refería á la unidad monetaria.

Según el Sr. Moret, son los Estados los responsables de lo que en este asunto sucede, como monopolizadores del derecho de acuñación, y en tal concepto mal puede hacer la iniciativa individual, cuyas excelencias cantó el Sr. Cánovas, la unidad monetaria.

Sin más, se dió el tema por suficientemente discutido y se levantó la sesión.

EL ARTÍCULO 5.º DEL CONVENIO CONSULAR DE 7 DE ENERO DE 1862 ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

Por el Ministerio de la Gobernación se ha expedido la siguiente

REAL ORDEN-CIRCULAR

En vista de las dudas que en la práctica suelen ofrecerse al interpretar la declaración firmada en Madrid el día 2 de Mayo del año próximo pasado, modificando el art. 5.º del Convenio consular celebrado entre España y Francia en 7 de Enero de 1862,

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se publique nuevamente en la Gaceta de Madrid la declaración arriba mencionada, á fin de que tanto las Autoridades provinciales como las municipales cumplan en un todo lo que en la misma se preceptúa para evitar reclamaciones que por uno u otro Gobierno puedan entabarse al hacer aplicación de sus disposiciones á los casos que en lo sucesivo ocurran.

De Real orden lo digo á V. S. para su cumplimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Noviembre de 1892.—Villaverde.—Sr. Gobernador civil de.....

DECLARACIÓN QUE SE CITA

«MINISTERIO DE ESTADO.—Cancillería.—Exposición.—Señora: En el art. 5.º del Convenio consular hispano-francés de 7 de Enero de 1862 se estipuló por las Altas Partes contratantes que los hijos de españoles nacidos en Francia, y los hijos de franceses nacidos en España, estaban obligados, después de cumplir los veinte años, á presentar á las autoridades competentes cuando se verificase el segundo sorteo para el servicio militar, es decir, al año siguiente, un certificado acreditando haber cumplido en su país de origen con la ley de Recrutamiento, á fin de no ser incluidos en el alistamiento de sus respectivas residencias; pero como posteriormente la ley y reglamento para el reemplazo y reserva del Ejército español de 11 de Julio de 1883, hoy vigente en España, ha fijado en su artículo 26 la edad de diez y nueve años para el alistamiento, adecuando así un año el correspondiente sorteo, es sumamente difícil el cumplimiento de lo convenido por parte de los hijos de franceses nacidos en España, porque como no son llamados al servicio de las armas en su país de origen hasta un año después, no tienen tiempo material para justificar que han cumplido con la ley militar en Francia, dentro del plazo que se marca en el artículo 5.º del referido Convenio; y para evitar las dificultades á que daba lugar esta modificación de la ley española, el infrascrito ha procedido á firmar, en unión del Sr. Embajador de la República francesa en esta Corte, debidamente autorizados ambos, una declaración estipulando el plazo de dos años, en vez del de uno que señalaba el art. 5.º de dicho Convenio, para probar que los hijos de españoles nacidos en Francia, y recíprocamente los hijos de franceses nacidos en España, han cumplido con la ley relativa al servicio militar de sus respectivos países de origen; y á fin de que se ponga en vigor lo más pronto posible, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto, para que la referida declaración tenga debida fuerza y cumplimiento.

Palacio á 9 de Mayo de 1892.—Señora:
Á L. R. P. de V. M., El Duque de Tetuán.
REAL DECRETO.—Por cuanto el día 2 del corriente se firmó en esta Corte por mi Ministro de Estado y el Embajador de la República francesa una declaración estipulando el plazo de dos años, en vez del de uno que señalaba el art. 5.º del Convenio consular entre España y Francia de 7 de Enero de 1862, para acreditar que los hijos de españoles nacidos en Francia, y recíprocamente los hijos de franceses nacidos en España, han cumplido con la ley de Recrutamiento de sus respectivos países de origen, cuyo texto literal es el siguiente:

Declaración.—El Gobierno de S. M. Católica y el de la República francesa, habiendo reconocido la necesidad de estipular un plazo de dos años, en vez del de uno que concede á los franceses nacidos en España el art. 5.º del Convenio consular concertado entre ambos