Archivo diplomático y consular de España (1891-04-24 00:00:00), página 3

di Rudini. Fué entregado al Departamento de Estado por el Barón de Fava, en persona, escrito de su puño y letra y redactado en lengua inglesa. El siguiente es el texto completo del telegrama de Roma, fechado el 24 de Marzo:

«Ministro italiano, Washington.—Nuestras peticiones al Gobierno federal son muy sencillas. Algunos subditos italianos, absueltos por Magistrados americanos, han sido asesinados en la prisión, mientras se encontraban bajo la protección inmediata de las autoridades. Nuestro derecho á pedir y obtener el castigo de los asesinos y una indemnización para las víctimas no está por ello menos legítimo. Desearíamos que la opinión pública en Italia siente legítima impaciencia, y si no se adoptan de una vez medidas concretas, me veré en la penosa necesidad de expresar abiertamente nuestro disgusto, llamando al Ministro de S. M. en un país donde no nos es dable obtener justicia.—Rudini.»

Las frases subrayadas desde nuestro derecho hasta invocable son precisamente las que yo trascribí en mi nota anterior, y por indicación del Presidente he de expresar la satisfacción de este Gobierno por la calificación harto clara de la demanda formulada por el Marqués de Rudini en nombre del Gobierno italiano. En vuestra nota citáis otra parte del telegrama del Marqués de Rudini, telegrama fechado el 2 de Abril y son las siguientes palabras:

«Mientras tanto el Gobierno de S. M. toma acta de la declaración, por la cual el Gobierno federal reconoce que tienen derecho á una indemnización las familias de las víctimas, en virtud del tratado entre ambas potencias, vigente en la actualidad.»

Si el Marqués de Rudini examinase cuidadosamente mi nota de 1º de Abril, vería que no reconoció por mi parte que sea debida una indemnización á las familias de las víctimas en virtud del tratado vigente entre ambas potencias. Lo que dije fué en contestación á la afirmación del Barón de Fava, según la cual el Gobierno de los Estados Unidos se había negado á tomar en consideración esa demanda de una indemnización. Citare la contestación mía:

«Los Estados Unidos, lejos de negarse, reconocen explícitamente el principio de la indemnización á los subditos italianos, si es que hay alguno, que hayan sido perjudicados por la violación de los derechos que se les garantizan por el tratado con los Estados Unidos que fué concluido el 26 de Febrero de 1871.»

El Marqués de Rudini puede abrigar la seguridad de que los Estados Unidos recompensarán á cualquier subidito italiano que haya podido ser perjudicado por la violación del tratado, en el cual está empeñado el honor de los Estados Unidos; mas esa seguridad deja intacta la importante cuestión de si ha sido violado ó no el tratado. Respecto de ese punto, el Presidente, teniendo presentes suficientes datos, se ha tomado tiempo sobrado para decidir. Ahora entiendo que deben ser sometidas ciertas consideraciones acerca del asunto en general á la consideración del Gobierno italiano.

Como precedente de gran valor para el caso que se discute, el Presidente recuerda la conclusión mantenida por M. Webster en 1851, cuando era Secretario de Estado á las órdenes del Presidente Fillmore. En Agosto de aquel año la turba de Nueva Orleans demolió el edificio en que se hallaban instaladas las oficinas del Cónsul español, y al mismo tiempo fueron asaltados los caños y las tiendas de cigarros que poseían los subditos españoles. Algunos ciudadanos americanos sufrieron también pérdidas que, entre paréntesis, fueron considerables. La causa del tumulto, según se presume, fué la noticia de haber sido ejecutados 50 jóvenes americanos en la Habana y la confiscación de unos 200 ciudadanos americanos á las minas españolas. Todas las víctimas eran miembros de la abordad expediición de López. A consecuencia de aquellas depredaciones cometidas por la multitud en la propiedad del Cónsul de España, así como en la de los subditos españoles, el Sr. Calderón de la Barca, Ministro de España, reclamó indemnización por todas las pérdidas, tanto oficiales como personales. M. Webster admitió que el Cónsul español tenía derecho á una indemnización, y aseguró al Ministro de España que si hubiera de volver el Cónsul ofendido, Laborda, á su puesto, ó hubiera de ser nombrado cualquier otro Cónsul para Nueva Orleans por el Gobierno de S. M. C., los empleados del Gobierno residentes en esa ciudad recibirían instrucciones para acoger y tratar al Cónsul con cortesía y para hacer un saludo nacional á la bandera del barco, si llegase en buque español, como en demostración de respeto tal, que pudiera patentizarle á él y á su Gobierno el juicio formado por el Gobierno de los Estados Unidos acerca de la gran injusticia hecha al predecesor del Cónsul por una turba sin freno, así como acerca de la ofensa ó insulto á los Estados extranjeros, con los cuales han deseado siempre los Estados Unidos mantenerse en el terreno de las relaciones más pacíficas y respetuosas.

Pero cuando se vio apremiado por el Ministro español para que se concediese una indemnización á los subditos españoles perjudicados por la turba de la misma manera que algunos ciudadanos americanos, mister Webster se negó á acceder á la demanda, y dijo para ello las siguientes razones: Este Gobierno supone que los derechos del Cónsul español, empleado público que reside aquí bajo la protección del Gobierno de los Estados Unidos, están en condiciones muy diferentes de los subditos españoles que vienen al país para mezclarse con nuestros propios conciudadanos, y se ocupan aquí en sus asuntos y pretensiones privados. El primero puede reclamar una indemnización especial; los últimos tienen derecho á una protección igual á la concedida á nuestros propios ciudadanos. Por lo tanto, siendo como son grandemente lamentables las pérdidas de los individuos que son subditos españoles, se ha de entender también que muchos ciudadanos americanos experimentaron pérdidas iguales por la misma causa, y esos individuos privados, subditos de S. M. C., que vienen voluntariamente á residir en los Estados Unidos, no tienen ciertamente derecho á quejarse, siempre que sean protegidos por las mismas leyes y la misma administración de justicia que los ciudadanos naturales de este país. En realidad tienen ciertas ventajas sobre los ciudadanos del Estado en que puedan hallarse, en cuanto que les es dable, hasta el momento en que ellos mismos se conviertan en ciudadanos, á perseguir por los daños que se les causen en sus personas ó bienes ante los Tribunales de los Estados ó los del Estado federal, á su elección. Sin embargo, ha de agregarse que dos años después de haber escrito Webster la precedente nota, como manifestación de gratitud por el magnánimo proceder de la Reina de España en el perdón concedido á los americanos que invadieron á Cuba sin justificación posible, el Congreso adoptó una resolución, aprobada por el Presidente Fillmore el 3 de Marzo de 1853, último día de su mandato, indemnizando al Cónsul español y á otros subditos españoles por las pérdidas que les causó la turba de Nueva Orleans en 1851. Las consideraciones en que tales resoluciones se basaron no se oponían, según se manifestó, á la actitud primitiva de mister Webster, mantenida también por el Presidente Fillmore.

El derecho á indemnización judicial garantizado por M. Webster á los subditos españoles es garantizado igualmente á los italianos. Ese derecho está especialmente garantizado en la segunda sección del art. 3º de la Constitución, y como indica M. Webster, un residente extranjero goza un privilegio que se niega al ciudadano. Las viudas e hijos de los ciudadanos que perdieron sus vidas por las violencias de la multitud pueden perseguir á los jefes y miembros de la turba solamente ante los Tribunales del Estado de Luisiana, en tanto que las viudas e hijos de los subditos italianos que han sufrido la muerte tienen el derecho de perseguir á cada uno de los individuos de la turba, no solamente ante los Tribunales del Estado, sino también ante los Tribunales federales correspondientes del distrito de Luisiana. En el Código civil revisado de Luisiana se han adoptado prescripciones para atender daños, tales como los que pueden formular las viudas y niños que fueron víctimas. Citare el art. 2.314: «Cualquier acto de un hombre que causa perjuicio á otro le obliga, por lo que pueda ocurrir á consecuencia de la falta, á reparar ese daño. El derecho de esa reclamación subsistirá, en caso de muerte, en favor de la viuda del muerto ó de los hijos menores, ó de todos ellos, y á falta de éstos en favor del padre ó de la madre supervivientes ó de ambos por el plazo de un año después de la defunción.» El art. 2.316 dice: «Toda persona es responsable por el daño que ocasione, no solamente á consecuencia de sus actos, sino también de su negligencia, imprudencia ó falta de habilidad.» El art. 2.324 establece que «quien impulsa á otra persona á ejecutar un acto ilegal ó conduye ó incita á su ejecución, es responsable sólidamente con aquella persona por el perjuicio que tal acto cause.»

El Gobierno de los Estados Unidos se cree autorizado para insistir en el argumento y conclusión de M. Webster, si la turba del 14 de Marzo de 1891 no se diferenció por incidentes característicos de la turba de 1851; mas en atención á la sinceridad debida á este Gobierno y al Gobierno de Italia, se han de