Archivo diplomático y consular de España (1891-08-16 00:00:00), página 6

ranía territorial, y cuyas consecuencias inevitables son, en cuanto la noticia se riegue en el público, alarma, mal ejemplo y peligro social. Sería inconveniente y peligroso que la protección del pabellón á la nave se admitiera en el caso en que ésta atentase á la seguridad y tranquilidad del Estado adonde arribe, y no se podría modificar para ello el principio tan cierto de que las leyes de policía obligan á todos los individuos que se encuentran en el territorio. De aquí deducimos que, según el derecho común, es permitido efectuar á bordo de buques mercantes una cautura de reos que, aunque la justicia, siendo indiferente que se hayan embarcado en aguas territoriales del Estado que los busca ó fuera de ellas. Inevasorio es recordar que las reglas que acaban de exponerse no son aplicables á los buques de guerra. Según los principios de derecho internacional, jamás deben servir de asilo á delincuentes; pero si llegare el caso de que esto se verifique, se podrá reclamar al Estado cuya nacionalidad tiene el buque, por la injustificable protección otorgada á un reo por el Capitán, y pedir en seguida la entrega.

Seijas, Derecho Internacional, usa este lenguaje:

«Si no puede capturarse á un delincuente á bordo de los buques mercantes anclados en los puertos, entonces gozan ellos del derecho de asilo al igual de las naves extranjeras de guerra; entonces queda paralizado el ejercicio de la facultad de defendirse, fundamento de la de castigar; entonces la autoridad del Capitán de tales buques se sobrepondrá á la del Soberano en cuyo territorio se hallan; entonces viene abajo el principio de que al admitir á bordo á un subido prófugo es un hecho exterior, una relación con el Estado extranjero, y de consiguiente un hecho que entra en la jurisdicción del Soberano local, y autoriza la entrega de los culpados. Poco importa el lugar de la procedencia de la nave, así como el de su destino; ante todo debe dominar la consideración de que el delincuente ha entrado como á ocupar el poder del Estado á quien ofendió, poniéndose después fuera de su alcance. Que el Capitán admita un prófugo á sabiendas, sin duda agraviará el caso en daño de aquél; mas el supuesto de la ignorancia de tal antecedente no podrá dar al buque una exención nociva al soberano de las aguas.»

Blumthalli, Derecho Internacional, codificado, trae en el num. 319 la siguiente regla:

«Los buques que penetran en las aguas de un Estado extranjero, anclan en puerto extranjero, remontan un río, etc., están sometidos á la soberanía del Estado extranjero mientras permanecen en el territorio marítimo del último.»

Igual doctrina se encuentra consignada en el Tratado de derecho de gentes del Doctor D. Manuel María Madiedo, recientemente publicado en Bogotá.

Por si pudiera creerse que éstas son puramente teorías europeas ó hispano-americanas, y porque tratándose de un buque que llevaba la bandera de los Estados Unidos parece más propio citar autoridades de esa misma nación, voy á mencionar aquí algunas.

En el libro de Halleck sobre Derecho Internacional y leyes de la guerra (páginas 130 y 173), se encuentran estas palabras:

«El territorio nacional se compone de agua, así como de tierra. El territorio marítimo de cada Estado se extiende á las radas, puertos, bahías, embocaduras de los ríos y á las partes adyacentes del mar encerradas por cabos pertenecientes al mismo Estado. Dentro de estos límites, sus derechos de propiedad y de jurisdicción territorial son absolutos y excluyen las de cualquiera otro Estado. El uso general de las naciones aumenta esta extensión del territorio marítimo con una jurisdicción territorial anexoria sobre el mar comprendido dentro de la línea de costa, ó sea el alcance de un tiro de cañón, en toda la longitud de las costas ó riberas del Estado. La máxima de derecho en este punto es terrae dominium finitur ubi finitur armorum vis, y generalmente se reconoce que esto sucede á tres millas de la costa.»

Los buques privados de un Estado que entran en puertos de otro Estado no están por lo general exentos de la jurisdicción local, á menos que haya pacto expreso, y entonces en cuanto se haya expresado en ese pacto.

En el Derecho Público Internacional, de Warton, cap. IV, párrafo 186, se halla esta teoría:

«Durante algún tiempo después de la introducción de los canones en la guerra marítima se estableció que una extensión de tres millas, que era el supuesto alcance de una bala de cañón, era lo que pertenecía al territorio del Estado adyacente. Se ha establecido generalmente que las aguas comprendidas en ese límite estaban bajo parte de las aguas territoriales del Estado, para el efecto de dar jurisdicción á éste por ofensas cometidas dentro de esa extensión contra la persona ó propiedad de sus nacionales, ó por ofensas que amenacen la paz de dichas aguas territoriales.»

Weaton, Elementos de Derecho Internacional, párrafo 101, enseña:

«Conforme á la decisión de la Suprema Corte de los EE. UU., siempre que un Tratado se abren los puertos de una nación á los buques públicos y privados de otra nación amiga, cuyos nacionales también están habilitados para entrar en el país, por razón de negocios ó de placer, debe existir una distinción clara entre los derechos de que gozan los individuos privados ó buques particulares mercantes, y aquellos de que gozan los buques públicos armados que constituyen una parte de la fuerza militar de la nación.»

Después de citar las expresiones de la Corte Suprema de los EE. UU., acerca de que los buques mercantes están sujetos á «jurisdicción local, repite que «lo contrario sucede respecto de los buques de guerra, porque éstos, además de constituir parte de la fuerza militar de su nación, obran bajo el mando inmediato y directo de su Gobierno, se emplean por él para fines nacionales y no puede permitirse en ellos intervención extraña sin afectar soberanía y dignidad».

Lawrence y Dana, comentadores de Weaton, apoyan y sostienen esta teoría. Phillimore, tomo I, núm. 348, dice:

«Con respecto á los buques privados ó mercantes, la regla general de derecho de gentes es que á menos que se haya convenido otra cosa en estipulación expresa, tales buques no están exceptuados de la jurisdicción territorial del puerto, ó por decirlo así, de la de las aguas territoriales en que están anclados.»

Esta doctrina se halla claramente expuesta por el Presidente de la Corte de Justicia de los EE. UU., el Juez Marshall con estas palabras: «Cuando individuos particulares de una nación se esparcen por otra, impelidos por sus negocios ó su capricho, y se mezclan indistintamente con los moradores de esa otra, ó cuando buques mercantes entran con fines comerciales, sería manifestamente inconveniente y peligroso para la sociedad, y sujetería las leyes á continuas infracciones y al Gobierno á degradación, que tales individuos no debiesen sumisión temporal y local y no estuvieran sujetos á la jurisdicción del país. Ni puede el Soberano extranjero tener motivo alguno para querer que se establezca tal exención. Sus nacionales que en esa forma van á países extranjeros, no son empleados sino que están ocupados en asuntos de interés nacional. Hay, en consecuencia, poderosos motivos para no exonerar á individuos de esa especie de la jurisdicción del país en que se encuentran, y no hay motivo alguno que la requiera. Así, pues, el permiso implícito en virtud del cual entran, nunca puede interpretarse en el sentido de que se les conceda semejante excepción.»

Los ejemplos y antecedentes están en conformidad con las teorías que se acababan de exponer. En 1871 las Autoridades de Venezuela extrajeron del vapor alemán Bararia, á tiempo que estaba surto en el puerto de la Guaira tomando carga, á dos Generales ocupados en operaciones hostiles. Venían de Curazao con dirección á Trinidad á unirse á los suyos, y conducían planos, oficios y cartas revolucionarias. A pesar de la negativa del Capitán de la nave y del Consul de la plaza para la entrega de dichos individuos, las Autoridades de Venezuela los prendieron, apoyadas en que ellos y sus papeles constituían comprobado de guerra, y apoyadas sobre todo en su actitud hostil, que se estaba bajo la jurisdicción nacional. El hecho no tuvo consecuencia alguna desagradable, según lo asegura Seijas, y lejos de eso, estableció un antecedente imitado en otros casos.

Un sujeto que estaba bajo la vigilancia de la policía se embarcó en la Guaira á bordo de un vapor paquete de la Compañía Transatlántica. Lo supo el Gobernador del Distrito federal y se puso en comunicación sobre el caso con las Autoridades de Puerto Cabello, adonde se encaminaba el buque. A su llegada allí se reclamó la entrega; opusieronsé á ella el Consul de Francia y el Comandante del paquebote, y habiendo consultado al Marqués de Tallenay, Encargado de Negocios de su nación, éste respondió que debía hacerse la entrega, como en efecto se hizo. Según el mismo Seijas lo afirma, el asunto no tuvo otra consecuencia, lo