Archivo diplomático y consular de España (1891-08-24 00:00:00), página 4

la discusión de los puntos controvertidos por los límites de la península Goajira, y continuarlos de Norte á Sur, hasta los límites con el Brasil en la región amazónica, he creído más conveniente á la comprensibilidad de la frontera que demandamos principiar por la base austral de esta delimitación, tanto por ser, en mi concepto, la de mayor importancia, como porque ella arranca de pactos solemnes, cuales son los dos Tratados de 13 de Enero de 1750 y 1.º de Octubre de 1777, entre las Coronas de España y de Portugal, para el deslinde de sus posesiones en la América meridional.

Decía el art. 9.º del Tratado de 1750, en la parte que aquí nos incumbe: «Continuará la frontera por el medio del río Yapura, por los mismos ríos que se le juntan y se acercan más al camino del Norte, hasta encontrar lo alto de la cordillera de montes que median entre el río Orinoco y el Marañón ó de las Amazonas, y seguirá por la cumbre de estos montes al Oriente, hasta donde se extiende el dominio de una y otra Monarquía.» Sirve después el artículo previendo que la línea de demarcación cubra los establecimientos de una y otra Nación, especialmente los que tenían los portugueses á las orillas del Yapura y Rionegro, como también la comunicación ó canal de que se servían entre estos ríos, y que se enderezase después la línea cuanto se pudiere hacia el Norte.

«Pero habiéndose hecho presente por parte del Plenipotenciario español al portugués» (dice D. Andrés Muriel en su obra Gobierno de Carlos III, página 214, edición de París de 1838), «al tiempo de celebrarse el último Tratado de 1777, que era el primero hasta ó no aquella cordillera, porque no constaba que alguno la hubiese reconocido, ni resultaba de los mapas; que también era incierta la distancia que había hasta ella, aun cuando existiese; y que el seguir un punto tan ignorado podría traer perjuicios á una ó otra Nación, ó á extranjeros, se convino en redactar el art. 12 del Tratado de 1777 en estos términos:

«Continuará la frontera subiendo aguas arriba de dicha boca más occidental del Yapura, y por en medio de este río hasta aquél punto (ya no hay cordillera, ni se trata de encontrarla) en que puedan quedar cubiertos los establecimientos portugueses de las orillas de dicho río Yapura y del Negro, como también la comunicación de que se servían los mismos portugueses entre estos dos ríos al tiempo de celebrarse el Tratado de 13 de Enero de 1750, conforme al sentido literal de él y de su art. 9.º

La estipulación sustancial, cardinal, esencial, de este pacto, la que contiene su espíritu y su letra, es, pues, ésta: que de la boca más occidental del gran Delta del Yapura en el Amazonas, se suba al Norte, hasta un punto desde el cual las líneas que se tiren al Oriente cubran los establecimientos portugueses que existían en las orillas del Yapura y del Rionegro en 1750, y el canal de comunicación que los mismos portugueses tenían entre los dos ríos, con prescindencia de la cordillera de montes que median entre el Orinoco y el Amazonas; y el Brasil, como después lo veremos, mantiene al pie de la letra esta palabra.

Pero Venezuela, arrogándose el derecho de reclamar para sí sola toda la herencia española de esta parte de la frontera, celebró con el Brasil su Tratado de límites de 5 de Mayo de 1859, cuyo artículo 2.º dice: «Comenzará la línea divisoria en las cabeceras del río Menachi, y siguiendo por lo más alto del terreno, pasará por las cabeceras del Aquío y del Tomo y del Guaiací e Iquari ó Issana, de modo que todas las aguas que van al Aquío y al Tomo queden pertenecientes á Venezuela, y las que van al Guaiací, Jíe é Issana, al Brasil, y atravesará el Rionegro frente á la isla de San José, que está próxima á la piedra del Cocuy.»

Sin embargo, el Gobierno del Brasil no se prestó á firmar este Tratado sin hacer la siguiente honrosa reserva de nuestros derechos, que dice: «S. M. el Emperador del Brasil declara que, al tratar con la República de Venezuela relativamente al territorio situado al Poniente del Rionegro, y bañado por las aguas del Tomo y del Aquío, del cual alega posesión la República de Venezuela, pero que ya ha sido reclamado por la Nueva Granada, no es su intención perjudicar cualesquiera derechos que esta última República pueda probar á dicho territorio.»

Bien podemos, pues, construir, mediante esta reserva, sobre la línea austral de demarcación entre las posesiones españolas y portuguesas estipulada por Venezuela en el Tratado de 1859, la base ó punto de partida de esta demanda.

En el art. 2.º del Tratado de límites entre Venezuela y el Brasil se incurrió en el error geográfico, error de facto, de creer que el nacimiento del Issana estaba al Oriente del primer punto de partida de la línea divisoria, lo cual no constan las cabeceras del Menachi, cuando las cabeceras del Issana quedan á muchas leguas al Occidente del Menachi; error de facto que ha dado lugar á disputas en la Comisión demarcadora y entre los Gobiernos de Venezuela y del Brasil; pero como los dos puntos cardinales de la demarcación son—el nacimiento del Memachi al Occidente y la isla de San José del Rionegro al Oriente—los errores de facto cometidos en la designación de los puntos intermedios no pueden en derecho afectar la dirección de la línea; ésta debe ir del Memachi al Rionegro, encuéntrese ó no las cabeceras del Issana en su camino. Y como Colombia es parte legítima en la controversia de aquella delimitación, tanto por los derechos que ha reclamado y reclama á gran parte de los territorios situados al Occidente y al Sur de aquella línea, como por la reserva hecha en el art. 6.º del Tratado, ni Vuestra Majestad ni Venezuela creerán que al sentar estos preliminares entre Colombia en discusiones extranas á este litigio.

(Se continuará)

CAPTURA Y MUERTE DEL GENERAL BARRUNDIA

Informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores á la Asamblea Legislativa, acerca de la captura y muerte del general J. Martín Barrundia.

(Continuación.)

En España, ya desde 17 de Mayo de 1783, por Real orden de esa fecha comunicada por el Conde de Florida Blanca, se declaró que su bandera real en las embarcaciones mercantes no serviría de asilo á los que cometiesen delitos en los puertos de dominios extranjeros, aunque fuesen marinos de la misma embarcación; y que antes bien quedaban sujetos á la jurisdicción territorial. Y en el artículo 2.º del Convenio consular ajustado con Portugal en Lisboa á 26 de Junio de 1845, se estableció que las Autoridades locales de los puertos deben intervenir en todos los casos en que el proceder de los Capitanes ó de las tripulaciones perturbe el orden y la tranquilidad, ó se quebranten las leyes del país.

Pero ¿a qué citar más Autoridades y ejemplos, si los hay de casos muy recientes ocurridos en Centro-América respecto de buques de guerra y de la misma Compañía de vapores del Pacífico á que preneció el Acapulco? Uno de ellos es el de Gómez, en Nicaragua, en el año de 1885. Gómez, perseguido por hechos políticos, tomó pasaje en un puerto de Guatemala para otro de Costa Rica en el vapor Honduras, de la Mala del Pacífico, sabiendo que el buque, en tránsito, entraría en el puerto de San Juan del Sur de Nicaragua. Mr. Hall, Ministro entonces de los Estados Unidos en Centro-América, antes de saber de una petición hecha por el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua al Cónsul de los Estados Unidos en San Juan del Sur, pero con informes de que se daría ese paso, telegrafió al Cónsul como sigue:

«Diga Ud. respetuosamente al Ministro de Negocios Extranjeros que nuestro Gobierno nunca ha consentido en que se aprehenda en un buque norteamericano y se saque de él en un puerto extranjero á un pasajero que va de paso, y mucho menos si el delito es político.»

El Cónsul respondió en esos términos al Ministro de Negocios Extranjeros de Nicaragua. Al llegar el Honduras á San Juan del Sur, las Autoridades pidieron al Capitán la entrega de Gómez. Se negó á hacerlo, y zarpo sin la licencia respectiva. Por esta violación de las leyes físicas de Nicaragua se entabló una acción en los Tribunales, y el Capitán fue declarado culpado en rebeldía. Al dar cuenta del caso al Departamento de Estado, Mr. Hall, Ministro de los Estados Unidos, en cuyo cargo se conducía en esa ocasión, decía que muchos casos de carácter semejante habían ocurrido en la Habana durante la insurrección de Cuba en tiempo que él, como Cónsul en aquella plaza, servía al Gobierno de los Estados Unidos; y que en todos los casos, con una excepción sola, en que se consultó al Departamento respecto de la entrega de la persona, la respuesta fué negativa.

Mr. Bayard, á la sazón Secretario de Estado, en su instrucción á Mr. Hall, número 226, del 12 de Marzo de 1885, desaprobó clara y terminantemente la conducta del Ministro, y dijo:

«En estas circunstancias, era claramente el deber del Capitán del Honduras entregarlo á Gómez á las Autoridades locales á petición de ellas.» Y dando inmediatamente el fundamento de esta aseveración, agregó:

«Puede afirmarse con seguridad que cuando un buque mercante de algún país