Archivo diplomático y consular de España (1891-09-24 00:00:00), página 7

calbo, en oficio de 28 de Marzo de 1795, al Excmo. Sr. D. Eugenio Laguno, del Consejo de Estado de S. M. y su Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia; el cual testimonio y oficio existen originales en este Archivo general de Indias, bajo la rotulación de: Audiencia de Caracas.—Duplicados de Gobernadores de Maracaibo.—Años de 1791 a 1801.—Legajo tercero.—P. El Archivero Jefe, Carlos Jiménez Placer.
»Certifico que el sello y firma que anteceden son auténticas; el primero de este Archivo general de Indias y la última de D. Carlos Jiménez Placer, empleado en el mismo.—Sevilla 22 de Noviembre de 1882.—El Cónsul de Venezuela, Manuel Tobía.

SAN FAUSTINO

Real orden expedida en San Ildefonso 6 de Julio de 1765.

Habiendo el Rey por Cédula de 12 de Marzo de 1760 resuelto que se agregasen á la mitra de Mérida la ciudad de Pamplona y la villa de San José de Cúcuta, y temiendo el Virrey Espeleta «que se pretendiese sujetar en lo temporal al Gobierno de Caracas la parte del Virreinato agregada al nuevo Obispado de Mérida de Maracaibo», dice á este respecto en su Memoria ó Relación de mando escrita en 1796, pág. 288 de la Colección García, lo siguiente:

«Con efecto, el tiempo ha hecho ver que no eran vanos estos recelos, pues en el año pasado de 1793 se me previno de Real orden que informase acerca de las ventajas ó inconvenientes que resultarían de agregar á la provincia de Maracaibo las mismas jurisdicciones de Pamplona, San José y el Rosario de Cúcuta, la ciudad de San Faustino, la de Salazar de las Palmas, y acaso también Ocaña, que se había propuesto á S.M. por aquel Gobierno, sobre que, formado expediente, se reconoció que los mismos vecindarios á cuyo favor y utilidad parecen dirigidas las miras del Gobernador de Maracaibo, se consideraron perjudicados con ellas, y habiéndolo fundado con documentos y razones que no dejaban duda en contrario, satisface el informe pedido en términos que obraron todo su efecto, mandando S. M. no se hiciese novedad en el particular.»

La Real orden aludida dice así:

«Excmo. Sr.: En vista de lo que V. E. expone en carta de 19 de Febrero de este año, núm. 660, manifestando no ser útil ni conveniente se agreguen á la provincia de Maracaibo las cuatro jurisdicciones pertenecientes á ese Virreinato, de que trata el testimonio del expediente obrado para acreditar las desventajas de dicha agregación que repugnan las mismas jurisdicciones, ha resuelto el Rey que por ahora no se haga novedad. Y de su Real orden lo prevengo á V. E. para su inteligente y feliz cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. San Ildefonso 29 de Julio de 1795.—Cardoqui.—Sr. Virrey de Santa Fe.»

(Reconocida en la pág. 59 de la edición venezolana de los Protocolos de 1874 y 1875.)

LÍMITE EN EL META Y EL ARAUCA

Real Cédula de 15 de Febrero de 1786, que rigió en provincia y Comandancia separadas el territorio del Bajo Orinoco, comprendido del de la provincia de Maracaibo, y circunscribiéndolo ó demarcándolo por todos sus costados entre las provincias venezolanas de Maracaibo, Caracas ó Venezuela, y Guayana, y la granadina de los Llanos de Casanare.

Este documento, que fué presentado por el Ministro de Venezuela, Sr. Toro, desde las célebres conferencias de 1844, y que se halla fielmente reproducido en la página xxxiv del Apéndice á la edición oficial venezolana de los Protocolos de 1874 y 1875, dice así en la parte en que señala los límites de la nueva provincia.

«He resuelto separar del Gobierno de Caracas la ciudad de Trujillo y su jurisdicción, agregándola al de Maracaibo, y segregar de ésta la ciudad y jurisdicción de Barinas, erigiendo por ahora y hasta nueva providencia en Comandancia separada todo su distrito, señalándose por términos las aguas corrientes del río Bobono, hasta donde se mezclan con las del Orinoco, incorporadas con las de los ríos Guanare, Portuguesa y Apure, y desde la boca de este último pasará á otro por el lado del citado Orinoco hasta la orilla del Meta, y por la ribera de éste hasta donde llegó la línea tirada por los Diputados del Gobierno de Caracas; y desde allí tirada otra línea hasta las Barrancas del río Sarare por encima del Paso Real que llaman de los Casanares en el río de Arauca, cuatro jornadas distante de dicha ciudad de Barinas, y de las nominadas de Barrancas, siguiendo por la serranía la demarcación que se dio á la ciudad de Barinas en su primitiva erección, hasta encontrar con el mencionado río Bobono, dentro de cuyos términos ha de ejercer el Comandante que ahora elija y los que en adelante le sucedieren, mientras no disponga otra cosa, las jurisdicciones política y militar, etc.»

LÍMITE EN EL ORINOCO, CASQUIARE Y RIONEGRO

Este título es la Real Cédula de 5 de Mayo de 1768, que, presentada y dada en traslado por el Plenipotenciario grancanadino en las conferencias de 1844, admitió, confesó y reprodujo en su réplica de 10 de Septiembre de 1844 el Plenipotenciario de Venezuela, Sr. Fermín Toro: la misma que se encuentra reproducida en la pág. lviii del «Apéndice á la edición oficial venezolana de los Protocolos de 1874 y 1875», y la misma que, cuidadosamente conservada por el Gobierno neogranadino, se presentó original á S. M., dice así el documento:

«El Rey. Mi Virrey Governador y Capitán general de el Nuevo Reyno de Granada, y Presidente de mi Real Audiencia de la Ciudad de Santa Fe. D. Joseph Yturriaga, Gefe de Escuadra de mi Real marina, después que la Comandancia general de las Nuevas Provincias del bajo y alto Orinoco y Río Negro que excediese, como lo está por su fallecimiento, á cargo del Gobernador y Comandante de Guayana. Hé conformadamente esta disposición, y hallando conveniente á mi Real servicio que subsista invariable hasta nueba resolución mia, la expresión de agregación al propio Gobernador y Comandante de Guayana, como más inmediato á los citados Parages, y que por lo mismo hasta ahora ha estado encargado de la Escuela de Misiones destinada á ellos; de suerte que quede reunido en aquel mando (siempre con subordinación á esa Capitanía general) el todo de la referida Provincia, cuyos términos son: por el Septentrion el bajo Orinoco lindero meridional de las Provincias de Cumana y Venezuela; por el Occidente el alto Orinoco, el Casiquiare, y el Río negro; por el medio el Río Amazonas; y por el Oriente el litoral atlántico; y he venido en declararlo así, y para que la presente mi Real Cédula, en virtud de la cual os mando comuniquéis las ordenes convenientes á su cumplimiento á los Tribunales, Gobernadores y oficiales á quienes corresponda su observancia y noticia, que así es mi voluntad, y que de esta mi Real Cédula se pase al mi Consejo de las Yndias para los efectos á que pueda ser conducente en él, copia rubricada del Ynfrescoptio mi Secretario de Estado y del Despacho de Yndias. Dada en Aranjuez á cinco de Mayo de mil setecientos sesenta y ocho.—Yo El Rey.—Don Juán de Aragón.»

Actitud de los poderes públicos de Colombia respecto al fallo.

El Abogado de Colombia tuvo orden expresa del Presidente de la República de consignar en el Alzado la más perentoria e incondicional protesta de sumisión al fallo que se dictara, y en cumplimiento de esa orden, la consignó en los siguientes términos que copiamos de la página 8 del Alzado:

«Bien es cierto que el fallo de este litigio casi correspondía de derecho al Rey de España. Son actos regios del antiguo Soberano los que conforme al art. 1.º de la convención de arbitramento deben decidir de las pretensiones de Venezuela y Colombia á los territorios disputados; en otros términos: son leyes españolas las que deben aplicarse en esta causa; y por tanto, nadie con más medios á su disposición para esclarecer la verdad, nadie en mayor capacidad de interpretar y aplicar esas leyes, y nadie con más autoridad moral para dictar la sentencia, que el representante y sucesor de los Soberanos que dictaron aquellas leyes y gobernaron por tanto tiempo estos dilatados dominios.

»Por esto, y por la confianza que en las luces y en el elevado carácter de V. M. tiene la Europa entera, he recibido instrucciones especiales del Presidente de la República para expresar á V. M., sin reservas ni lisonjas de ninguna clase, que el Gobierno de Colombia, al rogar á V. M. se dignara aceptar este encargo, acepto de antemano, por su parte, como el más justo, el fallo que V. M. se digna proferir; que cualquiera que el sea, favorable ó adverso á nuestros intereses, será tenido en Colombia como expresión de la justicia, respetada y cumplida en términos de lo pactado en el art. 3.º de la Convención y sincero el agradecimiento que por el servicio de haber puesto término á este envejecido litigio, se conservará al Gobierno de España en la amistad del pueblo colombiano.»