Archivo diplomático y consular de España (1891-08-08 00:00:00), página 6

que en el acto lo soliciten para emitir opiniones aisladas sobre el tema discutido en el mismo espacio de tiempo.

7.a Las Memorias y comunicaciones que se remitan al Congreso sobre algunas de las materias que figurarán en el programa, se dejarán en la mesa para que puedan leerse individualmente los socios, y se imprimirán con las actas, si sus autores no se opusieran terminantemente á la Mesa no juzgase conveniente reservarlas.

8.a Una Comisión, compuesta de tres socios designados por la Mesa al abrirse la sesión, formulará y propondrá las conclusiones sobre cada tema. Se unirá á ella el ponente ó ponentes del tema de que se haya tratado. Estas Comisiones se reunirán en los días que median entre cada sesión del Congreso, invitarán á sus sesiones á los socios que hayan discutido el tema respectivo para oír su opinión, y presentarán las conclusiones en la sesión del Congreso inmediata á la en que el tema hubiera sido discutido.

9.a Los socios del Congreso abonarán la cuota individual de 12 pesetas, y tendrán derecho á recibir el tomo á tomos que formen las actas de los debates y las Memorias presentadas, que han de imprimirse inmediatamente después de terminadas las tareas del Congreso.

Temas.

1.o Los pueblos ibero-americanos: sus condiciones étnicas y su aptitud para la colonización.—Porvenir del idioma español.

2.o Estado actual geográfico de México, América central y América meridional: exploraciones y estudios geográficos realizados en el interior desde la independencia de los hispano y lusitano-americanos hasta nuestros días: Alto Orinoco, Alto Amazonas, Chaco, Patagonia, etc.

3.o Emigración general al Brasil y Estados hispano-americanos: manera de conducir la española y portuguesa.—Los negros africanos y los chinos en América.

4.o Relaciones comerciales entre los Estados americanos de lengua española y portuguesa.—Comercio de España y Portugal con los mismos; medios para fomentarlo y para mejorar la explotación de las riquezas naturales de estos países.—Tratados comerciales.—Ligas aduaneras, subvenciones, etc.

5.o Líneas férreas en América.—Líneas de navegación internacionales.—Vía interoceánica por el Amazonas y los Andes.—Canales de Panamá y de Nicaragua.

6.o Política internacional hispano-lusitano-americana.—El arbitraje para resolver las diferencias entre naciones de esta raza.—Unión profesional, literaria, monetaria y telegráfico postal.—Elementos militares de los pueblos hispano-lusitano-americanos: líneas y puntos estratégicos marítimo-terrestres: condiciones bélicas y marítimas de raza.

7.o Antillas españolas.—Reformas administrativas del Reino Franco en San Juan de Puerto Rico.—Relaciones con la Metrópoli: cómo deben fomentarse.

Intereses geográficos, coloniales y comerciales que España, Portugal y los Estados ibero-americanos tienen ó pueden tener en Asia, África y Oceanía.

8.o Necesidad de la unión de toda la raza latina del globo para mantener, mediante el equilibrio, la paz general, y ventaja de reunir otro Congreso en el con que tengan representantes todos los pueblos de aquella raza y sus afines.

CAPTURA Y MUERTE DEL GENERAL BARRUNDIA

Informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores á la Asamblea Legislativa, acerca de la captura y muerte del general J. Martín Barrundia.

(Continuación.)

III

Puede irse mucho más lejos todavía. Puede prescindirse de que Barrundia constituyera contrabandista de guerra; puede prescindirse de las responsabilidades que tenía por delitos del orden común; puede, si se quiere, dejar completamente de lado la circunstancia de que iba á unirse á los enemigos de Guatemala y á iniciar una revolución que lo llevará al poder que ambicionaba; puede igualmente desconocer que las revoluciones que antes había iniciado y sus invasiones al territorio nacional constituyen un delito del orden común. Aun así, aun considerando á Barrundia como reo puramente político, no puede ser contestado el derecho de esta República para prenderlo en un buque mercante de cualquiera nacionalidad, con tal que estuviera, como el Acapulco, fondeado en sus aguas territoriales.

Es principio elemental del derecho de gentes que la jurisdicción de todo Estado bañado por el mar se extiende á una legua marina de sus costas, esto es, á aquella parte del mar en que puede hacer efectivos sus derechos, porque están dentro del alcance de un tiro de cañón, y porque á esa distancia puede hacerse mucho en contra de la seguridad del mismo Estado. Principios elementales de la misma ciencia son que los buques de guerra se consideran como parte del territorio de la nación cuya bandera llevan, de suerte que en cualquiera parte que encuentren, ya en alta mar, ya dentro de una legua marina de una costa extranjera, no están sujetos á otra jurisdicción que á la del Estado á que pertenecen. No es el mismo el principio respecto de los buques mercantes. Estos no quedan sujetos á jurisdicción extraña cuando se encuentran en alta mar; pero están sometidos, en todo lo que no se refiera á orden y disciplina interior, á la jurisdicción del país en cuyas aguas territoriales se encuentren. Haciendo aplicación de estas nociones, que nadie deja hoy de admitir, es claro que si Barrundia hubiera venido al puerto de San José en el Ranger ó en el Thetis, buques de guerra de los Estados Unidos, nadie habría podido extraerlo de ellos, ni lo habría intentado, porque hubiera sido un insulto á la bandera norteamericana. Del mismo modo, si Autoridades de Guatemala hubiesen tratado de prender á Barrundia estando el vapor Acapulco á mayor distancia de una legua marina de nuestra costa, habrían procedido sin sustanciación y sin derecho, y habrían cometido un atentado contra los fueros de una nación amiga. Pero el Acapulco, ni era buque de guerra, sino mercante, ni se hablaba tampoco en alta mar, sino en las aguas territoriales de Guatemala, cuando Barrundia, á quien nadie deja de conocer como reo y asilado político por lo menos, iba á ser capturado por sus Autoridades.

Calvo, en el libro XIV de su obra de Derecho internacional, párrafo 1.110, enseña:

«Acerca de los buques que entran en aguas de un Estado extranjero, remontan un río ó quedan anclados en un puerto, hay que distinguir entre los navíos mercantes y los navíos de guerra. Estos últimos hacen parte de la fuerza pública y puede considerarse que representan en cierto modo al Estado cuya bandera llevan, y así gozan del privilegio de extraterritorialidad; de modo que aunque deban someterse á las Ordenanzas locales de puertos y á las disposiciones de la Autoridad acerca de remolques, pilotes, señales de aproximación, policía de salud, cuarentenas, etc., están exentos de la jurisdicción territorial. Pero por regla general, salvo el caso de situaciones contrarias, excepcionalmente consagradas en un Tratado, esta exención concedida á los buques de guerra no se aplica jamás á las naves mercantes, las cuales en realidad no representan más que una propiedad privada ó intereses particulares y tienen un objeto esencialmente pacífico; las personas que están á bordo de ellas no pueden, por consiguiente, sustraerse á la acción jurisdiccional del país en que se encuentran.»

El mismo autor, en el párrafo 1.129, asienta estos principios:

«Las mismas consideraciones de interes y orden público hacen que en todas partes se niegue á los buques mercantes extranjeros el derecho de servir de refugio á personas sujetas, como criminales ó como simples delincuentes, á la acción de la soberanía territorial. Se concibe que un buque de guerra que hace parte de la fuerza pública de un Estado independiente, al cual representa bajo cierto concepto en cualquiera parte en que despliegue la bandera de los colores nacionales, no comete á su favor parte del territorio extranjero á que pertenece. Por eso todas las naciones admiten sin dificultad y sin restricción de ninguna especie el principio de la extraterritorialidad en favor de la Marina militar, y renuncian cuando se trata de ello el derecho de buscar, perseguir y reclamar á las personas que, después de haber infringido las leyes civiles ó políticas del país, logran asilarse bajo un pabellón de guerra extranjero. Mas ninguna de las razones de conveniencia ó de miramiento internacional que han hecho sancionar universalmente esta derogación de derecho común en materia de jurisdicción, es clarísimo que no existe para buques mercantes, que en todo lo que no se refiere á su disciplina interior no gozan de privilegio alguno y quedan sometidos de una manera absoluta á las leyes de policía y seguridad del Estado en cuyas aguas están anclados.»

D. Antonio Rivelino, en el cap. IX, tft. II, libro I de los Elementos de Derecho público internacional, profesa la siguiente doctrina:

«Los buques mercantes no pueden ser