Archivo diplomático y consular de España (1891-05-25 00:00:00), página 5

porción de la línea divisoria fundamento legal en que apoyar su decisión, resolvieron ampliarle las facultades, dándole derecho á que resolviese, en ese solo caso, del modo que creyere más aproximado á los documentos existentes.

No olvidemos que toda nación, al convenir en un arbitramento, no puede exigir que la sentencia haya de dictarse á su gusto, ó según sus creencias, por respetables que sean, y que si el fallo no la favorece, su propio honor le veda ofender al juzgador, con sospechas ilícitas y recriminaciones de desecho.

Venezuela propuso en la conferencia internacional de Washington que se adoptase el principio de arbitramento como regla de derecho público americano, y que se recomendase á los Gobiernos de Europa. En su litigio con Inglaterra trata de someterse á un fallo arbitral; y en la reclamación Fabiani, de acuerdo con el Gobierno francés, ha deferido la decisión al Presidente de la República Helvética.

Es obvio, por tanto, que la adhesión de Venezuela á ese principio no ha de ser simple entusiasmo platónico por la teoría; sabido es que cuando se admite una tesis se admiten también todas sus consecuencias.

Si por otra parte han de menospreciarse los respetos á que quedan obligadas para con un árbitro las naciones que le someten un litigio, difícil será que se generalice el principio por que abogan muchos países, entre ellos Venezuela; además de que no habrá potencia que acepte tan delicado encargo, si teme que su resolución ha de ser objeto de acerbas acriminaciones de la parte que no quede complacida en un todo.

Nadie puede siquiera sospechar, sin temeraria ofuscación, que á sabiendas la sentencia de S. M. la Reina Regente de España haya conculado los fueros de la justicia. S. M. la Reina Regente falló como árbitro juris en primer término; y quien lea el laudo notará cuán claramente están especificados los documentos existentes en que se funda la decisión en esta parte. El laudo, como ya he dicho y era de suponerse, tiene tal precisión, que revela el detenido estudio de Archivos, mapas y alegatos que antes hiciera una ilustradísima Comisión técnica y Corporaciones oficiales respetabilísimas, como el Consejo de Estado y el de Ministros de la Corona.

En la parte en que el árbitro se separó de la estricta aplicación del derecho usando de las facultades que le concedió el acta declaración de París, entiendo que ha sido favoreciendo á Venezuela, como más tarde trataré de probar.

Los territorios en litigio, según dice el laudo, forman una ancha zona que para los efectos de la demarcación se pueden dividir en seis secciones, á saber: primera, La Goagira; segunda, líneas de las Tierras de Perijá y de Motilones; tercera, San Faustino; cuarta, línea de la Serranía de Tama; quinta, línea de Sarare, Arauca y Meta; y sexta, línea del Orinoco y Rio Negro.

En lo referente á la primera y tercera secciones, los documentos existentes, como lo expresa el primer considerando, fijan de una manera clara y precisa los límites que ha determinado el árbitro, ateniéndose á las facultades juris de que estaba investido por el Tratado de 1881. Los títulos que se tuvieron á la vista por lo que respecta á la Geografía son: la Real cédula de 8 de Septiembre de 1777, la Real orden de 13 de Agosto de 1790 y las actas de entrega y demarcación de Sianamaica en 1792; y por lo que respecta á San Faustino, la Real cédula de 13 de Junio de 1786, la Real orden de 29 de Julio de 1785 y la ley general 1º, tít. Iº, libro 5º de la Recopilación de leyes.

En lo relativo á las secciones segunda y cuarta, el árbitro falló como ya lo tenían decidido de común acuerdo las Altas Partes interesadas; en esa porción de territorio, la posesión, el statu quo y el derecho, son una misma cosa.

Respecto á la quinta sección, la base legal para la demarcación se encuentra en la Real cédula de 15 de Febrero de 1786, que creó la Comandancia de Barinas. Pero suscitando dudas dicho documento, por citarse allí lugares desconocidos al presente, como las Barrancas del Sarare y el Paso Real de los Casares, el árbitro, hallándose en uno de los casos previstos por la Declaración de París de 1886, fijó la línea de frontera del modo más aproximado á los títulos existentes. Es de notarse que para esta demarcación, según lo expreso el laudo, sirvió principalmente el alegato de los Estados Unidos de Venezuela.

Para mayor claridad se dividió la sexta sección en dos trozos: del Meta á Maipures, y de Maipures á la Piedra del Cocuy. Respecto del primer trozo, el laudo se apoya en inmensa cantidad de documentos oficiales, los cuales cita con escrupulosa minuciosidad, para declarar el derecho de Colombia á poseer una parte del Orinoco, desde la desembocadura del Meta hasta el raudal de Maipures.

No es mala prueba del interés con que España ha visto lo que pueda convenir á Venezuela, el que haya consignado á favor de ésta que, á pesar de haber tenido que declarar como propiedad de Colombia el camino por el cual se salvan ciertos obstáculos de la navegación del Orinoco, desde Atures á Maipures, los venezolanos tienen derecho á servirse de ese camino colombiano, durante veinticinco años, desde la publicación del laudo, ó hasta que se construya otra vía por territorio de Venezuela. Que el camino pueda ó no construirse fácilmente por territorio de Venezuela para salvar esos obstáculos, es cosa que no le incumbe al árbitro; aunque no es de suponerse que los adelantos modernos, las dificultades que el terreno presente en la actualidad sean insuperables, ó que por el mismo río ha de ser imposible la comunicación si lo exigen los intereses de ambos pueblos.

En cuanto al segundo trozo de la sección sexta, el fallo no merece que en Venezuela se le censure. Todo lo contrario. El árbitro afirma que la Real cédula de 1768 daba por límites occidentales de la provincia de Guyana el Orinoco, Casiquiare y Rio Negro; y sin embargo, considerando que Venezuela posee buena fe territorios al Occidente de estos ríos, y que en estos territorios existen cuantiosos intereses venezolanos, fomentados en la leal creencia de hallarse establecidos en los dominios de los Estados Unidos de Venezuela, el árbitro cedió á esto lo que Colombia pretendía con fundamento.

Al terminar estas reflexiones, me voy á permitir observar que la decepción que á primera vista han experimentado muchos venezolanos tiene por causa el haber estudiado el laudo en mapas que de todos son conocidos, y los cuales, respecto á límites con Colombia, adolecen de grandes inexactitudes.

¡Ojalá que estas reflexiones puedan contribuir en algo á dar término á las apreciaciones y conceptos que tan lejos está de merecer el respetable árbitro, que sólo se ha inspirado en la justicia al dictar su fallo!

Caracas 19 de Abril de 1891.—El Ministro de España, Melchor Ordóñez.

DOCUMENTOS DIPLOMÁTICOS

Negociaciones seguidas por el Gobierno español con el de Marruecos á consecuencia del ataque dirigido por los moros fronterizos contra una sección de caballería en la plaza de Mellila, y satisfacción de las reclamaciones pendientes cerca del Gobierno del Sultan.

(Continuación.)

Núm. 7.

El Ministro plenipotenciario de S. M. en Tánger al Ministro de Estado.

Tánger 29 de Julio de 1890.

Excmo. Sr.:

Muy señor mío: Esta mañana he dirigido á V. E. el siguiente telegrama:

(Copia del documento núm. 5.)

En efecto, penetrado de la importancia de éstas y de la necesidad absoluta de proceder con la mayor energía y con toda urgencia, á fin de poner remedio á la situación creada á nuestra plaza de guerra por la injustificable acometida de los rifenos y la falta de enterza del nuevo gobernador moro, enviado allí recientemente por el Sultan, así como para evitar la reacción que se producirá en esta nación, cuyas consecuencias, como V. E. dice con toda razón, podrían ser de gran transcendencia, acabó de dirigir al Visir Garnit, que se halla en Rabat al lado de Muley Hassan, la nota cuya traducción acompaña, que me pareció resumir todos los puntos indicados en su telegrama de ayer.

Esta nota la envío por un correo extraordinario, á quien he dado orden de no regresar sin traer una contestación de Garnit manifestándome las medidas adoptadas por S. M. Sherifiana para poner término al estado de cosas objeto de mi reclamación.

De todo ello he dado conocimiento á este Ministro de Negocios Extranjeros, con quien acabé de celebrar una larga conferencia, y á quién he pedido escriba otra carta al Sultan, que acompañará á la mía, dádome cuenta de nuestra intervención y del discurso que había pronunciado en el ánimo del Gobierno de S. M. la conducta de los rifenos, y de su resolución decidida de exigir á quien corresponda la responsabilidad por una agresión tan injustificada.

En el curso de nuestra conversación