Archivo diplomático y consular de España (1891-08-24 00:00:00), página 5

visita los puertos de otro para fines de tráfico, debe sumisión temporal y está sujeta á la jurisdicción de aquel país, y queda sometido á las leyes que rigen en el puerto que visita mientras permanece en él, á no ser que lo contrario se estipule en un Tratado.

Cualquiera exención ó inmunidad de la jurisdicción local debe de estar fundada en el consentimiento de aquel país. Ninguna exención de esta especie se hace en el Tratado de comercio y navegación concluida entre este país y Nicaragua.»

Hay más todavía. El Doctor D. Manuel Delgado, natural del Salvador, y que fue Ministro de Relaciones Exteriores de aquella República, bajo la administración del mandato Presidente Menéndez, que algunos días después de la muerte de este, corrió el 22 de Junio de 1890, salió del Salvador con motivo de las turbulencias políticas que entonces había. Con el consentimiento del agente de la Compañía de vapores de la Mala del Pacífico, en la Libertad, puerto de aquella República, fué á bordo del Acapulco, el mismo vapor que después trajo á Barrundia, y cuyo Capitán era el mismo Capitán Pitts.

Antes de que zarpará el vapor, algunos Oficiales del nuevo Gobierno del Salvador llegaron á bordo, arrestaron á Delgado y se lo llevaron á tierra contra su voluntad y consentimiento. El Capitán Pitts no hizo absolutamente resistencia alguna, como si la hizo en el caso de Barrundia; y se limitó á contestar á los Oficiales que él no sabía si el Sr. Delgado estaba á bordo ó no, pero que en caso que estuviera bi-patriarían extrañado. Así consta de la declaración jurada que dictó el Sr. Delgado, dió á firmar el 14 de Septiembre de 1890 ante el Sr. James R. Hosmer, Cónsul general de los Estados Unidos.

No ha llegado todavía á noticia de la Secretaría de Relaciones que haya doctrina alguna autorizada, ni que haya ocurrido tampoco caso alguno en que se hayan establecido y admitido principios contrarios. El caso de los buques americanos Newton y Sally se refiere á riñas ocurridas entre marinos; y, sin embargo, en el Consejo de Estado del primer Imperio el 20 de Noviembre de 1866, sí bien estableció en sus considerandos que no alcanza la jurisdicción territorial á los delitos que se cometan á bordo de un buque neutral de parte de un individuo de la tripulación neutral contra otro de la misma tripulación, también declaró que el buque neutral no puede ser considerado indefinidamente como lugar neutral y que la protección que en puertos franceses se le otorga no puede disminuir la jurisdicción territorial en todo aquello que interese al Estado; que por lo mismo, el vapor neutral admitido en un puerto del Estado queda también de pleno derecho sometido á las leyes de policía que rigen en el lugar en que se le recibe; y finalmente, que los individuos de la tripulación son igualmente justiciales ante los Tribunales del país por los delitos que cometan, aun cuando sea á bordo, contra personas que no pertenezcan á la tripulación.

En el caso del Creole se trataba únicamente de si las Autoridades inglesas, en cuyo puerto de Nassau había entrado el buque, no voluntaria ni intencionalmente, sino en virtud de amenazas de muerte que se hicieron al primer Oficial para llevarlo allí, tendrían competencia para juzgar el delito de los esclavos que se levantaron en alta mar y se apoderaron del barco, después de haber matado á un pasajero y herido gravemente al Capitán y á muchos marinos de la tripulación; y de si podía darse libertad á los esclavos por no estar consentida en Inglaterra la esclavitud. Lo que entonces escribió Mr. Webster, Secretario de Estado, á Lord Ashburton, Ministro de S. M. B. en Washington, fue que el Gobierno de los Estados Unidos no podía consentir en que los buques americanos, que á causa de mal tiempo de accidentes imprevistos entraran en los puertos ingleses, quedasen sometidos á la jurisdicción local, al extremo de que las Autoridades del país interviniesen en lo concerniente á las personas y cosas que se hallaban á bordo. Y por lo demás, todas las alegaciones de Webster se referían á sostener la jurisdicción de la nacionalidad del buque; por todo aquello que se refiere á su orden y disciplina interior ó á hechos de tripulantes contra individuos de la misma tripulación. A esto también se concretó la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Widenhush, en que se había cometido un asesinato en el puerto de Jersey City á bordo de un buque belga. El principio que rigió esa cuestión, dijo el Sr. Webster, es éste: «los buques de aquellos que están á bordo, quedan sometidos exclusivamente á la soberanía de la nacionalidad del buque»; en todos los demás, por consiguiente, cabe la jurisdicción local.

IV

Con estos antecedentes no es posible imaginar que pueda contradecirse el derecho del Gobierno de Guatemala para capturar á Barrundia en un buque mercante anclado en sus aguas jurisdiccionales. Si hay diferencia con alguno de los casos que se acaban de citar, esa diferencia es simplemente para favorecer á Guatemala, colocándola en una posición más favorable que la que ha existido en cualquiera de los que se han presentado como antecedentes.

Que desde luego, hay en el mayor razón que en el caso de Gómez, para aplicar la resolución de Mr. Bayard, le defendió el Sr. Mizner en la nota que dirigió á la Secretaría de Estado el 31 de Diciembre de 1890.

En primer lugar, Barrundia no fué obligado á salir de México, sino que él voluntariamente se embarcó. La orden del Gobierno de aquella República fué sólo para que se le retirase de la frontera de Guatemala y se le internase en el territorio mexicano. En ningún documento se ha alegado, que yo sepa, que Barrundia fuera expulsado de México; y si algún periódico norteamericano así lo afirmó, fué desmentido ese aserto por el Ministro de México en Washington. Barrundia venía voluntariamente; venía al Salvador, como se ha visto en otra parte, á unirse á los que estaban en guerra con Guatemala y á traer á ésta la revolución. Aun en el supuesto de que el Gobierno de México lo hubiera obligado á salir de su territorio, no tenía forzosa es inevitablemente que venir á San José de Guatemala, puesto que podía haberse embarcado con dirección á San Francisco de California. En tercer lugar, los vapores de la Compañía del Pacífico tienen un itinerario de todos conocido y que Barrundia sabía mejor que ninguno, de suerte que voluntariamente entró en el puerto de San José, lo mismo que voluntariamente entró Gómez al puerto de San Juan del Sur en Nicaragua. Si el Acapulco no hubiera estado destinado á entrar en el puerto de San José, sino que, por incendio á bordo, hubiera fallecido de temporal, por haber roto la cadena, por cualquier otro caso fortuito, hubiera tenido que refugiarse en él, podría caber alguna duda respecto de nuestra jurisdicción para prender á uno de sus pasajeros. Pero nada de esto hubo. El Sr. D. Guillermo Nanne, ciudadano norteamericano y Superintendente del ferrocarril central de Guatemala, en la declaración que dió bajo juramento ante el Sr. Cónsul general de los Estados Unidos el 22 de Septiembre de 1890, dijo: «Soy ciudadano de los Estados Unidos, de sesenta años de edad, y he residido en Guatemala doce años, y soy Sup.-runtendente general del ferrocarril Central de Guatemala, que une la ciudad de Guatemala con el puerto de San José. Conozco muy bien al Capitán William G. Pitts, Comandante del vapor Acapulco, y he visto en los vapores de la Mala del Pacífico, habiéndolo conocido como Oficial y Capitán al servicio de esa Compañía, haciendo la carrera en estas costas de Centro-América hace más de diez años, á hice un viaje con él en el año de 1884, cuando era Capitán del vapor Honduras, perteneciente á la misma Compañía; todos los vapores de escala y de viaje entero de esa línea tocan en el puerto de San José de Guatemala, y en el de la Libertad, en el Salvador.

«Conoci al General J. M. Barrundia durante catorce años. Era natural de Guatemala, viajaba á menudo en nuestro ferrocarril, y deben haberle sido conocidas las carreras de ida y vuelta de los vapores de la Mala, porque había viajado en ellos.»

La misma Secretaría de Estado de Washington ha reconocido que Barrundia entró voluntariamente bajo la jurisdicción de Guatemala. Al contestar misión Wharton, que desempeñaba la Secretaría de Estado el 2 de Septiembre de 1890, el cablegrama en que Mr. Mizner le comunicaba la muerte de Barrundia, le contestó por cable como sigue: «Puesto que el General Barrundia entró en jurisdicción de Guatemala por su propio riesgo, el ejercicio de jurisdicción por las Autoridades de Guatemala era también por su propio riesgo y responsabilidad, y por lo mismo es de sentir que Ud. haya aconsejado ó consentido la entrega.» Lo que si no es cierto es que no hubiera contra Barrundia cargo específico por violación de las leyes comunes de Guatemala, y que sólo se le trataría como enemigo por estar en vigor la ley Marcial.

No se trataba tampoco de diferencia de partidos, de discrepancia de opiniones