Archivo diplomático y consular de España (1890-10-31 00:00:00), página 2

ción española se haga cómplice del abandono en que los poderes de la tierra han dejado al Vicario de Jesucristo, de que nunca será insensible vuestro noble y piadoso corazón á la situación intolerable del Sumo Pontífice, ni sordos vuestros oídos á los clamores del que reclama el libre ejercicio de su soberanía espiritual por medio de la temporal y territorial, indispensable para cumplir dignamente con su sagrada ministerio.

Antes, por el contrario, los Obispos españoles esperamos que V. M. C. ha de dar la más completa expansión á los generosos impulsos de su fe y de su caridad, para ponerlos á la glacial indiferencia de la incredulidad y á las diabólicas maquinaciones de las sectas. Y llenos de esta esperanza, y cumpliendo un sagrado deber de nuestra conciencia, alarmada con la opresión que sufre nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, A V. M. C.

Pedimos, que por todos aquellos medios que le dicte su acendrado catolicismo y su exquisita prudencia, haga cuanto pueda por lograr la liberación del Romano Pontífice.

Zaragoza 12 de Octubre de 1890, festividad de la Santísima Virgen del Pilar.

Señora: A los RR. PP. de V. M.—Francisco de Paula, Cardenal Benavides, Arzobispo de Zaragoza.—Benito, Arzobispo de Sevilla.—José, Arzobispo de Santiago de Compostela.—Manuel, Arzobispo de Burgos.—Fr. Bernardino, Arzobispo de Málaga.—Antonio María, Obispo de Osma.—Pero, Obispo de Plasencia.—Ciriaco, Obispo de Madrid.—Santiago, Obispo de Urgel.—Jaime, Obispo de Barcelona.—Antonio, Obispo de Sigüenza.—Francisco, Obispo de Tortosa.—Ramón, Obispo de Vitoria.—Marcelo, Obispo de Málaga.—Tomás, Obispo de Zamora.—Francisco, Obispo de Segorbe.—Antonio María, Obispo de Calahorra.—José, Obispo de Vich.—Fr. Tomás, Obispo de Salamanca.—Santiago, Obispo de Santander.—Fr. Ramón, Obispo de Oviedo.—José Tomás, Obispo de Ciudad Rodrigo.—Vicente, Obispo de Huesca.—Antonio, Obispo de Pamplona.—Juan, Obispo de Orihuela.—Luis, Obispo de Astorga.—Lope, Obispo de Cádiz.—Manuel, Obispo de la Habana.—Ramón, Obispo de Tenerife.—Mariano, Obispo de Europa.—Juan, Obispo de Tarazona y Administrador Apostólico de Tudela.—José, Obispo de Lérida.—Juan Antonio de Puigcerdá, Vicario Capitular de Barbastro.—Juan Morell, Vicario Capitular de Teruel, S. V.

Autorizado por los Emmos. Cardenales, Excmos. Sres. Arzobispos y Obispos, y muy Ilustres Sres. Vicarios Capitulares ausentes, Francisco de Paula, Cardenal Benavides, Arzobispo de Zaragoza.

Señora: Terminadas las tareas del segundo Congreso Católico español, los 32 Prelados que á él concurren sienten la necesidad de acudir al Trono de V. M. para exponerle en su propio nombre, y en nombre también de los restantes Obispos del Reino—que todos se han adherido á los acuerdos del Congreso,—las aspiraciones y los deseos manifestados al unísono por los miembros titulares y honorarios reunidos bajo las bóvedas de La Seo de Zaragoza, y ratificados por las casi infinitas adhesiones recibidas, bien podemos afirmar que son los deseos y las aspiraciones de la inmensa mayoría de los españoles. Persuadida V. M. de que nosotros, ni como Obispos ni como ciudadanos hemos de patrocinar ninguna causa que no contribuya al mayor esplendor del Trono que dignísimamente ocupa, y á la prosperidad de la Monarquía, éste es el régimen las súplicas del Congreso Católico para presentarle hoy, siempre eficaz, de su regia aprobación.

España necesita ante todo, Señora, de una ley de Instrucción pública que cumpla las promesas consignadas en la Constitución vigente y en el Concordato, y dé satisfacción cumplida á los derechos de la Iglesia y de los padres de familia. El actual organismo de los establecimientos de enseñanza es, no sólo deficiente, sino peligroso, y si V. M. nos permite la dureza de la frase, atentatorio de la libertad. Esa ley de instrucción pública habrá de tener por bases: 1.º La conformidad de toda instrucción pública ó privada con la ley de la Iglesia católica, según se promete en el art. 2º del Concordato, no derogado por la Constitución, la cual tolera solamente las opiniones religiosas y el ejercicio de su culto respectivo, salvo el respeto debido á la moral cristiana, con prohibición de otras manifestaciones públicas que las del culto católico, y sin ninguna concesión en materia de enseñanza. 2.º Hacer efectiva y eficaz la inspección de los Obispos y demás Prelados diocesanos en todas las escuelas públicas y privadas, como dispone el citado artículo, dando fuerza ejecutiva á las disposiciones que propien en la calidad de autoridades de la doctrina. 3.º Cumplir con el precepto del art. 12 de la Constitución otorgando amplia libertad académica de enseñanza y reservando para el Estado la expedición de títulos profesionales, y vigilancia sobre la observancia de las leyes comunes.

Deseando que se continúe y ultime el proyecto de establecer en Alcalá de Henares el Seminario general de Estudios eclesiásticos superiores, creemos de importancia suma, si se ha de levantar el espíritu de nuestras Universidades mediante una segunda educación que, a escala de las naciones en ambos puntos de Europa y América, se entregue á la Iglesia una de las Universidades actuales para que convertida por ella en Universidad libre y autonómica pueda implantar y desarrollar un plan completo de enseñanza con métodos, programas y procedimientos propios.

La santificación de los días festivos es otro de los puntos que excitan el interés del Congreso Católico, y sobre el cual llamamos respetuosamente la atención de V. M. No sólo la eterna salvación de las almas sino la pública tranquilidad del Estado exige que se modifique lo antes posible el Código penal vigente para que renazca en nuestra patria la antigua costumbre de santificar el día del Señor, observada hasta hace poco, si no con tanta materialidad, con más espíritu que el desplegado hoy en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos del Norte de América.

Deseamos asimismo, y encarecidamente rogamos, se digne V. M. fijar la atención de su Gobierno sobre la frecuencia con que algunos Ministerios legislan en materias concordadas, impidiendo el cumplimiento de solemnes pactos, e introduciendo la confusión en la Administración eclesiástica. Así por Real decreto no concordado de 12 de Agosto de 1871 se dificulta de tal manera el cumplimiento de la ley de Capellanías de 1867, que es una invención del decreto concordado de 18 de Abril de 1869 que casi equivale á su derogación. Por eso, pues á V. M. que se derogue cuanto antes el mencionado decreto de 1871, á fin de que los Obispos trabajen desembarradamente en la ejecución del convenio-ley de 1867.

El olvido en que al parecer se tienen algunas disposiciones del Concordato últimamente pactado entre S. M. C. y la Santa Sede, es causa de recelos y desconfianzas que deben desaparecer en interés común del Altar y del Trono. La administración de los bienes de la Iglesia corresponde á los Obispos, cuya autoridad plena garantiza el Concordato, art. 4º del mencionado pacto; no debe por lo mismo ingerrirse el Gobierno en el nombramiento de Administradores diocesanos, sino reconocer este carácter en los Obispos, únicos que pondrán el V. B. á las nóminas de los habilitados, y que transmitirán á su clero respectivo las disposiciones y los deseos de V. M. y de su Gobierno.

Es no menos urgente una disposición general para la ejecución del art. 23, que reserva de la desamortización las casas rectorales de cada parroquia y sus huertos, pues más para lloradas que para narradas son las escuelas que se prestan á la misma pura la codicia de los investigadores amparada por complicadas y hasta opuestas disposiciones, emanadas de los diferentes Centros que se creen autorizados para legislar en materias concordadas. Sanciónense y determinense detalladamente esas exenciones en interés del mismo Estado que aparece á las veces, no defensor, sino agresor de la propiedad de la Iglesia.

Tampoco se explica el no cumplimiento del art. 37, que establece el fondo de reserva, con el cual debe atender los Obispos de Cristo á las necesidades que se causen y á tantas necesidades no previstas en las atenciones generales. Es un acuerdo con la Santa Sede, un compromiso por parte del Estado, cuyo cumplimiento interesa igualmente á todos, ya por los auxilios que su fondo está llamado á socorrer, y ya por el ejemplo que se da de fidelidad en los contratos.

Es importansísimo para la sociedad y para la salvación de las almas cuanto tienda á facilitar ó impedir la celebración de matrimonios en la forma dispuesta por la Iglesia y reconocida por el Código civil.

Faltan, no obstante, en este cuerpo de leyes, disposiciones concretas que hagan imposible el abuso y el escándalo dado por algunos desgraciados, que, vencidos por la pasión del manifiesto, ingen apositar de la Religión sin otro móvil que el de contraer una unión vedada por las leyes eclesiásticas; y á las veces hasta por la ley natural. Mientras llega el momento de modificar ó corregir el Código civil, esperaremos que los reglamentos orgánicos satisfagan esta justa denuncia. Es-