Archivo diplomático y consular de España (1890-08-31 00:00:00), página 2

María Plácido Caamaño, ex Presidente y Delegado del Ecuador, que tenemos una verdadera complacencia en reproducir á continuación:

«Antes de dar mi voto á favor de las indi-
caciones de la Comisión de Bienestar gene-
ral, y para recomendar á mi Gobierno la
adopción de los principios que establece como
bases para Tratados de extradición, quiero
expresar los motivos de las reservas con que
hare dicha recomendación. Si la parte resul-
tiva del informe son que se debe modificar
más los artículos que presenta en la expo-
sitiva, yo propondría la reforma del 23, de-
jándolo reducido á estos términos: «Tampoco
dan mérito á la extradición los delitos políti-
cos y todos aquellos que atenten á la seguri-
dad exterior del Estado.» ¿Qué derecho se
festejar por qué limitará á esta forma ese ar-
tículo, pues repugna á mí conciencia aceptar
el compromiso de recomendarlo tal como está
redactado y aun aprobado por el Congreso de
Montevideo, que será siempre memorable en
la historia de la República?

Apenas he tenido tiempo para estudiar el
erudito informe de la Comisión, presentado
hace veinte horas; así, sin extenderme cuan-
to deseo y el asunto requiere, haré algunas
observaciones públicas, al mismo como derecho
la práctica de publicarlas, afirmo que en la
Conferencia, pido que ellas consten en el acta
de la presente sesión.

Todo delito, por el mero hecho de serlo,
queda sujeto á una responsabilidad que debe
lacerse efectiva, sea ésta de la pena, los fun-
damentos que carabilen las agraviaciones
humanas. La aplicación de este principio, tan
firme como la necesidad de garantizar el bienes-
tar de los asociados, ha sido moderada por la
tolerancia, que se deriva de la cultura de la
época y de la educación que, generalmente,
enseña á los jóvenes derechos, hace un parte
del camino de las disposiciones correctivas.

Pero esa tolerancia, llevada al extremo, es
la peor de las tiranías; porque aplicada á las
prácticas que afectan en lo social la tranquil-
lidad de los individuos, impide á la sociedad
dejar de lado los derechos de la época primitiva,
impone á la sociedad el deber de tolerar crimi-
nes que deben expiarse; y lo impone en be-
neficio del culpable, á quien se coloca en con-
diciones de carácter preferente. Esto invierte
el orden establecido en la estructura de nuestra
sociedad, que, como sabemos, es una transfor-
mación por la que renunciamos parte de nues-
tros derechos á truque de conservar el resto.
¿Por qué esta transacción? Porque las leyes y
las instituciones, procediendo con la serenidad
de los hombres, que no son ájenos á la idea
de crimen, toman á su cargo pesquisarlo y cas-
tigarlo para evitar su impunidad y prevenir su
repetición. La filantropía, como palabra, es
filosofía y dulce, como sentimiento, delicado,
y como aplicación, noble. ¡Ay del co-
razón que no la abrigue! ¡Ay de la sociedad
que no la tome como factor de sus delibera-
ciones!

Pero la filantropía, como todo acto bueno
tiene su medida y su oportunidad, pues ni la
bondad humana se coloca en los hombres,
ni las disposiciones beneficentes son cuando
engendran un fin contraproducente. Entre
las consideraciones que limitan, ó que deben
limitar la aplicación de un principio de con-
miseración, tiene que ser una de ellas la de
medir su alcance, medir su medida, teniendo
en cuenta el número y calidad de los agraciados,
así como la alidá y número de los que que-
dan privados de la garantía, directa ó indi-
recta, que encierra la punición de un acto su-
jeto á castigo.

Rebatiendo estos antecedentes con el ar-
tículo 23, resulta que se excluyen de la extra-
ción los delitos de los que atentan contra
la seguridad exterior del Estado y los delitos
comunes que tienen conexión con éstos y
también con los que se cometan atacando su
seguridad interior.

¿Cuál es el efecto de la extradición? Es po-
ner al delincuente en manos de la justicia del
país en que se perpetra el crimen, para que
la acción de la ley no quede escarnecida; es
un acto deficiente, una muestra de respeto que
las naciones se otorgan, protegiéndose mutuamente
en el caso de un percance, permitiendo
al culpable fuere del amparo del pueblo que
busca como refugio. Ahora bien: ¿es justo
que este amparo sea más benévolemente pro-
digado al que comete crímenes atroces, que
a los que el proyecto á que aludo sujeta á la
condición de que el delincuente se someta á
poner ó trata de poner en riesgo la seguridad
exterior de un Estado, y en definitiva, atenta
contra su soberanía? ¿Cuál?

Es el crimen de alta traición; es el mayor
que puede concebir la perversidad humana;
es el crimen de la infamia y que marca
con un signo que no borran ni los siglos. ¿Y
a ese crimen protege nuestro proyecto? La
traición que mata, que quiere matar la se-
gunda religión, que es el amor á la patria; ese
crimen que nunca se olvida, que nunca, ¡nunca!
no deja de ser gravemente un crimen. ¡Qué
tierra propicia para semejante monstruo?
¿Cuál es la filosofía de este principio? ¿En
qué se funda? ¿A qué tiende? ¿Se espera
la sanción moral? ¿Esto es así, que somos
tan débiles que pensamos que hay algo
que no vaya seguido de lo correcto, en muchas
veces de poco alcance. ¿El más abomi-
nable de los crímenes merece la mayor de las
consideraciones?

Ahora bien: los delitos propiamente llama-
dos políticos, los que se ejecutan para ó
tendientes á cambiar las instituciones de un
país, reformarlas ó variar el personal admi-
nistrativo, sin sujetarse á las leyes, apelando
al cocheo ó á las armas. Yo conozco, sé bien
y sabemos todos que estos actos, si nunca
se castigan, son la ruina de la Constitución
que se rompe, una ley que se viola ó un derecho que se atropella, entra en
el dominio de los hechos de naturaleza discu-
tible, por cuanto son muchas las doctrinas
que sostienen buenos y malos publicistas, y
puede en esta cuestión de acción manifiesta
describirse de hecho heroico lo que hoy es un
atentado.

No entro, pues, en estas apreciaciones; pero
considerando como delitos políticos las tenta-
tivas ó actos consumados, en orden al regi-
men interno, culpo á los así por las leyes que
se encuentran en la época en que tales ac-
tos se verifican, pregunta: ¿por qué se garan-
tizan también los delitos comunes, que pre-
coden, acompañan ó siguen esos actos? ¿Acá-
so no es fácil determinar cuáles son las medi-
das que dichos actos exigen, y deslindar las
que son desbordadas de la maldad, de las ven-
ganzas personales ó de la perversidad? ¿Son
necesarios los crímenes para operar un cam-
bio ó sanctionar un principio? Yo respondo
solamente que sí, que son, sino que toda
necesidad de que se apruebe crimen es inapelable,
y que en vez de ser causa afte-
nuante lo es agravante, dejando los delitos
que se perpetran con toda su deformidad,
baño la furia de la ley penal.

Las circunstancias que afectan á la socie-
dad en general, merecen una excepción favora-
ble? ¿Es ilustrativísima, es humanidad, es justicia
cobijar al asesino, al incendiario, al ladrón
con violencia, desandando de sus derechos á
un país entero y privándole de sus prerrogati-
vas que guardaba, que poseía y que conservaba?
¿Es natural poner á otro lado de una frontera de fidel paso un baluarte
para los bandidos para que acechen y ame-
nacen á la población honrada? ¿Hay compasión
por un delincuente y no por la vindicta pó-
nese que tiene sus fueros y reclama el goce
de ellos?

Sentado el principio que se nos recomien-
da, resulta que un jefe de salteadores puede
organizar una cuadrilla, invocar un principio
político y un caudillo, malvado como ellos;
y si en ser de grilo y sequestra á otro, el
principio robar, quemar, huir de la fuerza
pública, refugiarse en país vecino y reunirse
y disfrutar de sus depredaciones. Querría de-
cir que un soldado audaz podía hacerse dic-
tador, y en momentos de angustias saquear
un Banco y fugarse para gozar de su rapina
en otro país. ¿Quién, en el caso de un grupo
de conjurados podrá matar á un mandatario,
ó ir después á jactarse de lo que llamarían
acto político, cuando es un asesinato alevín,
ó á excitar para que se cometan crímenes
iguales. ¿Por qué un matador con alevosía ha
de ser un héroe, y los que se exculpan de ser
en culpabilidades, hasta cierto punto secun-
darias, como muchas de las que están sujetas
á extradición que nuestros Códigos castigan
con un año de reclusión?

Yo creo, señores, que los delitos que dé-
ben ser castigados son los políticos, los merca-
mente políticos; pero jamás los crímenes co-
munes, porque no son indispensables para
la obtención de un fin social, y lo contrario
abre la puerta á la criminalidad. Creo que los
individuos que cometen crímenes comunes
y á los que tienen son responsables de delitos
políticos, deben estar sujetos á la ex-
tradición por los primeros, bajo formal com-
promiso de la nación solicitante de los se-
gundos cometidos antes de la extradición.

El Régimen de extradición fue discutido
y aun bregado á la dignidad nacional. Regis-
trando los cinco cuerpos de artículos que for-
man el tratado de Derecho penal internacio-
nal de Montevideo, vemos que los 1.º, 2.º,
3.º, 6.º, 14 sobre «Jurisdicción», establecen:
que los delitos «fuerzan personas á Tribu-
nales de la nación que se pergeñen»; que en
el Régimen de extradición los artículos 19 (inciso 3.º) y 21 (inciso 1.º) convienen en
que la nación reclamante presente documen-
tos que, según sus leyes, autoricen la prisión
y que se determine que se trata de un
inciso del art. 23 de la derecho de clasifica-
ción á la nación requerida.

No lo comprendo, porque no alcanzo á con-
cebir por qué para este solo caso, y caso que
puede tratar de un crimen de lesa patria ó
de delitos políticos, se despacha á un país
de su propio criterio para que otro asu-
ma el derecho de calificar sus procedimientos
y sojuzgar sus deliberaciones. Una vez adap-
tada la regla general de demandar la extra-
ción cuando los Tribunales han declarado
existir extradición, el mismo tiene que hacer
forma, sujetándose á ser reformada ó reva-
lizada.

Hechas estas observaciones, apoyo el pro-
yecto en general.»

RECEPCIONES DIPLOMÁTICAS

Recepción del Sr. Marqués de Pidal
en el Vaticano.

A las once de la mañana del día 20 del actual, y en las carrozas de gala de la Embajada, salió del palacio de España nuestro Embajador cerca de la Santa Sede, Marqués de Pidal, para presentar las cartas reales á Su Santidad León XIII. Acompañado de los dos Secretarios de la Embajada, Sres. Ors y Soler, y los gen-
tilsísimos de la misma. Acogido en el Vaticano con los honores que á los Em-
bajadores dispensa la guardia suiza y palatina y la corte del Pontífice, fué in-
troducido inmediatamente en la Sala Re-
gia, donde el Santo Padre, acompañado
de su corte y guardia noble, ocupó el tro-
no. Besado el pie y la mano, el represen-
tante de la Reina pronunció en italiano
correcto el siguiente discurso:

«Beatísimo Padre: Tengo el alto honor de
poner en manos de Vuestra Santidad las car-
tas de S. M. la Reina Regente de España que