Archivo diplomático y consular de España (1891-01-31 00:00:00), página 2

encontraba insuficiente la reforma hecha por el decreto de 22 de Noviembre de 1868: 1.º, porque no permitía el cabotaje á los buques franceses; 2.º, porque no era extensivo á las colonias españolas del Atlántico y del Pacífico; 3.º, porque mantenía el derecho diferencial de bandera para algunos artículos hasta 1872; y 4.º, porque no iba acompañada de una revisión de los derechos de entrada. Indicaba, en fin, la conveniencia de que se diera satisfacción á los deseos de Francia antes del 12 de Junio de aquel año, para que pudieran extenderse al pabellón de España las inmunidades que iban á conceder á los demás por el art. 6.º de la ley de 19 de Mayo de 1866.

Estas ventajas eran la supresión de derecho diferencial de bandera, tanto en Francia como en Argelia y las islas de la Martinica, Guadalupe y Reunión, pero con la condición de que las naciones á quienes se concedieron dichas rebajas no cobraran á los buques franceses ni á las mercaderías francesas, por aquéllas conducidas directa ni indirectamente, recargo alguno á que no estuviesen sometidos los buques nacionales.

En 6 de Marzo el Embajador francés reclamó la contestación de sus despachos.

A consecuencia de esta demanda apremiante, y de acuerdo con Hacienda, el Ministerio de Estado propuso al Gobierno francés en 14 de Abril las siguientes bases para un Tratado:

1.º Asimilación de bandera completa y definitiva por parte de Francia desde 12 de Junio de 1869, y por parte de España desde 1.º de Enero de 1872, con la limitación transitoria de lo recogido, fijándose en el decreto de 22 de Noviembre de 1868.

2.º Trato de la nación más favorecida respecto del cabotaje, manteniendo España el privilegio para la Marina española.

3.º Continuación de las ventajas obtenidas por ambas partes, por el Convenio de 18 de Junio de 1865.

4.º Trato de nación más favorecida para las supresiones y rebajas de derechos que cada una de las partes haya consignado en sus Aranceles.

5.º Levantamiento de todas las prohibiciones que existían en el Arancel español de importación, que se detallaban.

6.º Rebaja de derechos de los principales artículos españoles de importación de Francia.

7.º Supresión de todas las prohibiciones consignadas en el Arancel de exportación de España.

8.º Consignación de la libertad de derechos por parte de Francia de varios artículos, que ya estaban libres por el Arancel general francés ó por el convencional.

9.º Libertad de derechos para el corcho labrado, arroz, esparto obrado y la sal.

10. Rebaja para las frutas secas y chocolate; y

11. Confirmación del derecho de 0,25 francos por hectolitro, que señalaba el Arancel general francés para los vinos.

En 19 de Abril se presentó á las Cortes el proyecto de presupuesto que comprendía la reforma arancelaria.

En 3 de Mayo, el Encargado de Negocios de Francia, á la vez que acusaba recibo del proyecto de reforma del Arancel español, pedía explicaciones: 1.º, respecto al régimen reservado para las relaciones de Francia con las colonias de España, advirtiendo que el Gobierno francés había visto con entusiasmo que se habían restablecido en ellas los derechos de exportación; y 2.º, sobre la cantidad de rebajas que se otorgarían para la introducción de mercancías francesas en España, y si se ofrecerían reducciones especiales para los principales artículos de importación francesa, además de las ventajas que resultarían para dicho país de la aplicación de la nueva tarifa general española.

En 10 de Junio, el Ministerio de Hacienda contestó al de Estado, que el Poder ejecutivo piensa proponer á las Cámaras la debida autorización para no plantear la reforma arancelaria mientras no se haya obtenido por medio de convenios comerciales con las principales potencias las oportunas compensaciones en favor de los productos de nuestro suelo. Lo es industria, que son objeto de mayor exportación; que respecto de la importancia de las rebajas que se proponían en la reforma, no era posible especificar alguna, porque el proyecto de ley estaba pendiente de discusión en las Cortes, pero que la reducción sería importante, y que la iniciativa al régimen comercial de las colonias corría á cargo del Ministerio de Ultramar.

A pesar de los propósitos del Ministerio de Hacienda, en 2 de Julio se promulgó la ley de Presupuestos, y en 27 del mismo mes se publicó el Arancel reformado, que se hizo extensivo á todas las naciones, sin restricción alguna, y, por consiguiente, Francia entró en el disfrute de los derechos reducidos de la nueva tarifa, conservando para España el trato desigual y desventajoso á que la tenía sujeta, tanto para su bandera, como para muchos de los productos de su suelo y de su industria.

Y no sólo hizo esto, sino que por la ley de 8 de Mayo de aquel año estableció, á partir de 1.º de Julio, un recargo, del que se exceptuaba expresamente á las naciones convenidas, consistente en 0,25 francos por cada centésima parte de alcohol que tuvieran los vinos de graduación superior á 14°.

No hay noticias, ni en el Ministerio de Estado, ni en el de Hacienda, de que las negociaciones para la celebración de un Tratado de comercio continuaran, ni de que España hiciera reclamaciones acerca del recargo establecido para los vinos, en virtud de la ley antes mencionada. Existe sí una reclamación de los cosecheros y comerciantes de vinos de Alicante, que no recibió tramitación.

Tampoco hay noticias de que se hiciese reclamación alguna acerca de los aumentos de derechos realizados en Francia, á partir de la ley de 8 de Julio de 1871, y principalmente para los vinos, que se recargaron con 20 francos el hectolitro de los generosos y cinco francos los demás, á pesar de que el Director general de Aduanas de Francia advertía en circular de 9 de dicho mes que el recargo sólo era aplicable á los vinos procedentes de países colocados bajo el régimen de la tarifa general, añadiendo entre paréntesis: aux vins d'Espagne notamment.

Pero la diferencia de trato que esta innovación produjo fué tan sensible, que pronto se resintió el comercio de vinos de España y menudearon las reclamaciones, dirigiéndose unas al Ministerio de Hacienda y otras al de Estado. Entre ellas figuraban las de los vinateros y exportadores de Alicante, Castellón, Valencia y Málaga.

Otros industriales se quejaron también del trato diferencial que los productos españoles recibían en Francia, y entre ellos los salazoneros de Vigo, que solicitaron se pidiera para la sardina salada el derecho de las naciones convenidas.

El Ministerio de Hacienda apoyó estas peticiones, y en Real orden de 9 de Noviembre de 1874 dijo al de Estado que reclamara del Gobierno francés la aplicación de todas las ventajas que en materia de Aduanas disfrutaban las demás naciones (Inglaterra, Bélgica, Italia, Suecia, Noruega, Países Bajos, Austria, Turquía y Alemania).

En 30 de Enero de 1875 insistió el Ministerio de Hacienda, y dijo en conclusión: «Resumiendo. Nuestro Convenio con Francia es ya ineficaz, y en nada beneficioso á los productos españoles, por carecer de la cláusula esencialísmica del trato de nación más favorecida en absoluto, para todo lo relativo á los derechos, conforme nos ha parecido. La tarifa general francesa, fuertemente recargada, todo lo que nuestros vecinos llaman fabricación, y con bastantes prohibiciones, puede decirse que casi no rige en Europa más que para España, puesto que la gran mayoría de las potencias tienen derechos más móvicos, y ninguna prohibición de importar sus productos».

El Ministro de Hacienda insistía en que era tan desigual el trato, que abrigaba la esperanza de que bastaría anunciarlo para que Francia se apresurara á concedernos todas las ventajas y beneficios que otorgaba á las potencias con quienes tenía Tratados, compensando de este modo los muchos é importantes beneficios que había recibido de la reforma de 1869.

Manifestaba también el Ministro que convenía saber con urgencia la resolución del Gobierno francés, porque «teniendo que rebajarse en aquel año los derechos extraordinarios del Arancel, según la ley de 1869, el Gobierno no podía dejar indefensos los intereses del país, que reciben en el extranjero un trato más riguroso que los de otras naciones, obrando, en su consecuencia, como aconseja la justicia, que tiene por base la igualdad y la exclusión de inmotivadas preferencias».

El Gobierno francés no contestó hasta el 16 de Agosto de aquel año, cuando ya se había suspendido la aplicación de la base 5.º de la ley de Aranceles, y lo hizo con una negativa, recordando que las negociaciones de 1869 se habían cerrado, que el Gobierno español mantuvo el derecho diferencial de bandera en las Antillas, y parcialmente en España hasta 1872, y no concedió el cabotaje á los buques franceses, siendo así que los españoles lo hacían en Francia, y añadía que en el caso de que España quisiera entrar en negociaciones para las estipulaciones de un Tratado de comercio, el Gobierno francés sólo podía comprometerse hasta 30 de Junio de 1877, porque estaba es-