Archivo diplomático y consular de España (1889-12-24 00:00:00), página 5

La primera, la más importante de todas, es la que se refiere á

LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL, por la sujeta materia del pleito.

Examinar y fijar d una manera inequívoca la jurisdicción del Tribunal, es pues, asunto de la mayor importancia en este debate, porque aunque un juicio de esta naturaleza no se afecta por las sutilezas del derecho en los procesos de la jurisdicción ordinaria, si se afecta por las nulidades comunes á todo juicio, que son: la incompetencia de jurisdicción; la ilegitimidad de la perspectiva; y el que la causa no fa sa que uno haya sido oído y vencido en juicio.

Este Tribunal ejerce lo que se llama en derecho una jurisdicción especial, privativa e improporcional. La extensión y términos de esa jurisdicción se encuentran definidos en el Protocolo de Paris de 24 de Mayo de 1886, que hace las veces del pacto ó compromiso arbitral entre Italia y Colombia, y en el laudo del Gobierno Mediador, que debía ser virle de complemento.

El artículo 3.º del Protocolo dice así:

"1.º Si resulta de dicha mediación que Colombia debe pagar indemnizaciones, la suma total de éstas, así como el modo, forma, términos y garantías del pago serán, sin reserva ni exención alguna, objeto de un juicio arbitral, que los dos Gobiernos convienen en someter dentro de un plazo máximo de 9 meses de la siguiente manera: El representante de Italia en Bogotá; un Delegado del Gobierno Colombiano, y el representante de España en Bogotá."

Las cuestiones que el Gobierno Mediador debía resolver eran éstas:

"El Sr. Cerruti ó otros subúntros italianos han perdido, si ó no, en Colombia, su calidad de extranjeros neutrales?

"¿Han perdido, si ó no, los derechos, las prerrogativas y los privilegios que el derecho común y las leyes de Colombia conceden á los extranjeros?

"¿Debe Colombia, si ó no, pagar indemnizaciones al Sr. Cerruti ó a otros subúntros italianos?"

El Mediador les resolvió opinando:

1.º Que el Sr. Cerruti no había perdido su calidad de extranjero neutral.

2.º Que el Sr. Cerruti no había perdido los derechos, privilegios, etc., que el derecho común y las leyes de Colombia confieren á los extranjeros; y

3.º Que Colombia debía pagar en los términos explicados en el laudo, indemnización al Sr. Cerruti.

Los bienes secuestrados, materia de la reclamación, pertenecían á Ernesto Cerruti individualmente, y la Sociedad comercial de «E. Cerruti y Compañía»; mejor dicho: la persona de E. Cerruti se componía en Colombia de la persona natural, y de su participación en la persona jurídica de «E. Cerruti y Compañía.»

Si el laudo del Mediador hubiera caído sobre el particular; si se hubiera limitado á decir:

• Ernesto Cerruti no ha perdido su neutralidad.

• Ernesto Cerruti no ha perdido los privilegios, prerrogativas, etc.

• Colombia debe á Ernesto Cerruti una indemnización;

Si á eso se hubiera limitado su contestación, hoy tendría el Tribunal que entrar á decidir si el Ernesto Cerruti de «E. Cerruti y Compañía» estaba ó no comprendido en aquella resolución; tendrá, en suma, que fallar sobre la disputada cuestión de Derecho internacional privado, de saber si las corporaciones y personas jurídicas, que deben su existencia á una ley civil del país de su domicilio, pueden en algún caso considerarse como extranjeras, si se consideran siempre como nacionales, cualquiera que sea la patria de las personas naturales que las compongan, ó su objeto, extensión ó naturaleza de su comercio.

Pero el Mediador no quiso guardar silencio sobre el particular, y resolvió el punto, con conocimiento de causa, á sabiendas de que los actos de las autoridades del Estado Colombiano del Cauca, materia de la reclamación, se habían dirigido contra bienes particulares del Sr. Ernesto Cerruti, y de «E. Cerruti y Compañía»; y dijo:

"III. Existe todavía en el caso sometido á la mediación de España, otro punto de vista de gran interés, que nace del hecho de pertenecer los bienes embargados á Cerruti y a una Sociedad mercantil, que por su misma es nacional y no puede ser considerada como extranjera.

"Porque en efecto, cualesquiera que sean las nacionalidades de los individuos que forman una Sociedad mercantil, ésta sólo puede desarrollarse y vivir dentro de la legislación del país en que nace, y todas las razones en que se fundan los fueros de la nacional y de la extranjería faltan por su base cuando se trata de la entidad moral que se llama Compañía mercantil. Si es ésta la que ha delinquido, ella es la responsable, y la nacionalidad de sus asociados nada tiene que ver en ello. Pero en el caso actual, y por razón inexplicable, las autoridades del Cauca se adelantaron á declarar que la parte del socio José Quilici, por haber sido éste neutral, sería respetada, mientras embargaban la de Cerruti; aun reconociendo extranjero por el motivo contrario.

"Si esta jurisprudencia fuese admitida en el derecho internacional privado, quedaría de hecho anulada la legislación interior de un país en la importante materia de Sociedades mercantiles, pasando para ello introducir en sus consejos de administración ó hacer firmar las escrituras sociales á un extranjero. Y aun cuando se dijera que liquidada la Sociedad se separaría su parte de responsabilidades de las demás, es evidente que no se podrá llegar á la liquidación ni aplicarse ninguna de sus reglas legales, sin la intervención del socio exceptuado, el cual á título de extranjero, podrá pedir y obtener la intervención de su Gobierno, y por ese medio anular completamente la acción de las autoridades nacionales. Principio más peligroso, y jurídicamente hablando, menos aceptable, no puede introducirse en las relaciones de los pueblos, y es deber del Gobierno Mediador hacer sobre él las reservas más terminantes."

Esta cuestión ha pasado, pues, en autoridad de esta juzgada; la indemnización acordada por el laudo, donde quiera que se mencione, se refiere única y exclusivamente á los bienes de propiedad particular del Sr. Cerruti; y el Tribunal carece de jurisdicción para ocuparse de los bienes de «E. Cerruti y Compañía.»

Y España no podía decidir de otra manera sin ponerse en contradicción consigo misma y sin repudiar las adquisiciones que en reconocimiento de su imperio y jurisdicción había hecha en pastos recientes á este respecto celebrados.

En el convenio entre los Estados Unidos y España, de 12 de Febrero de 1.71, con la firma del Sr. D. Cristino Martos, para el arreglo de las reclamaciones americanas provenientes de daños causados por la insurrección de Cuba, España estipuló que quedan excluidas del arbitramento toda clase de reclamaciones provenientes de contratos celebrados en Cuba (es decir, en territorio español), los cuales eran de la exclusiva competencia de sus propios Tribunales.» La parte final del artículo V de dicho Convenio, cuyo texto tengo en inglés, dice así:

"Y se conviene además en que los árbitros no tengan jurisdicción en las demandas originadas de contratos."

Por qué el pacto logró, pues, España, en servicio de la paz del mundo, fundada en el respeto debido á la soberanía e independencia de las naciones cristianas y civilizadas, que en los Estados Unidos, una de las primeras potencias del mundo, á la más cerca, y las garantías de los ciudadanos en el extrano, reconociera que, no solamente las corporaciones y personas jurídicas (las cuales no pueden nacer sino de contrato), sino que todas las reclamaciones y contestaciones americanas, provenientes de un contrato cualquiera celebrado en territorio español, quedaban exclusivamente sometidas á la jurisdicción de España. Mal podía, pues, España escribir con la una mano en la Convención americana, que las personas jurídicas nacidas de contrato celebrado en territorio español, eran y permanecían españolas, aunque se compusieran en todo ó en parte de ciudadanos americanos; y con la otra, en el laudo del Mediador, que las personas jurídicas nacidas de un contrato celebrado en Colombia eran italianas, si tenían en su seno un sólido fundamento.

Queda, pues, irrevocable, incontrovertiblemente demostrado que conforme á las voces del Protocolo de Paris y á las conclusiones del laudo del Gobierno Mediador, de donde nace la jurisdicción de este tribunal, el carece en lo absoluto de ella para conocer y fallar sobre indemnizaciones pertenecientes á la Sociedad mercantil de «E. Cerruti y Compañía», y que, cualquiera cosa que á este respecto decida, como decisión que extralimita su mandato, queda sujeta á la acción diplomática del Gobierno colombiano.

Agotada la materia de la jurisdicción del Tribunal por razón de la causa sometida á su decisión, procedemos á ocuparnos de esa misma jurisdicción por razón de

LA NATURALEZA DEL JUICIO

Podría aunque no se ve con qué fundamento jurídico, creerse este Tribunal autorizado para fallar la causa en concurrencia, como arbitradores, amigables componedores, asignándole á Colombia el pago de una indemnización en bloque,