Archivo diplomático y consular de España (1889-12-24 00:00:00), página 6

por vía de amigable composición; y ten go orden expresa de la parte a quien re- presento para manifestar que ni los tér- minos del compromiso autorizarían ese fallo, ni el Gobierno colombiano lo acepta.

Las voces del art. 3.º del Protocolo arri- ba citado, dicen: «que la suma de la in- demnización (si hubiere lugar a ella) así como el modo, forma, términos y garan- tías del pago, serán, sin reserva ni apre- lación alguna, objeto de un juicio árbi- tral».

En las reclamaciones del Alabama fue necesario que un artículo expreso del Tratado de Washington, el 7., autoriza- ra al tribunal para juzgar la causa por tanto, asignando en bloc, la suma que la Gran Bretaña, caso de ser condenada, deberá pagar por los daños causados. Aquí, por el contrario, se evitó cuida- dosamente todo lo que pudiera darle al fallo el carácter de un acomodamiento, dejándolo confrontado con las severas leyes de un juicio; y no podrá ser de otro modo, habida consideración á los peno- sos antecedentes del Protocolo de Paris. No puede, pues, el Tribunal fallar esta causa por tanto, sino que está obligado á fallarla conforme al mérito probatorio de los autos, especificando los cargos y absolviento ó condenando sobre cada uno de ellos, conforme á derecho; y así lo exige, apoyado en las voces textuales del compromiso arbitral, el Gobierno Colombiano. No por dureza, sino porque no le conviene al país autorizar ni sen- tar precedentes de otra naturaleza, es que exigen la estricta aplicación de las estipulaciones del Protocolo. Colom- bia no quiere, en estas materias, vivir de la caridad de nadie, sino de su de- recho.

Y desde el momento en que un Go- bierno extranjero, en uso del suyo, vuel- vecontenciosa la causa de uno de sus na- cionales; desde que los sustrae de la ju- risdicción natural del país de su domici- lio; desde que el caso se trata diplomáti- camente, son exclusivamente las leyes de la Jurisprudencia internacional las únicas que pueden invocarse y aplicarse al caso en cuestión. Ningún país, por pequeño y débil que sea, podrá permitir que una corte internacional, es decir, un Tribunal extranjero, se hiciere juez de sus propias leyes. No se pueden usar dos pesas y dos medidas. Si se invocan nuestras leyes, son nuestros Tribunales los que deben aplicarlas; y si el caso se sustrae de nuestra jurisdicción, el queda excluido de toda intervención prescrip- ciones del Derecho internacional, y así como por parte de Colombia no se invo- carán leyes italianas para combatir el Sr. Cerruti, éste, colocado bajo la pro- tección de su Gobierno y al amparo de una Corte internacional, no tendrá dere- cho de invocar leyes colombianas para su defensa. Las leyes municipales no pueden aducirse en estos casos sino para probar ó contradecir la legitimidad de hechos que para existir deban revestirse de las formalidades de aquellas leyes y que sean materia del juicio; para deter- minar, por ejemplo, el estado civil de las personas, su capacidad para obligarse, la validez de un contrato, etc., etc.

Aunque el principio arriba enunciado, de que en una controversia internacio- nal no rige sino el Derecho de Gentes, es tan elemental, que no admite discu- sión; no estará demás citar en su apoyo las estipulaciones de metos solemnes que así lo han reconocido.

El Tratado de Washington fijó tres reglas de Derecho Internacional sobre los deberes y obligaciones de los neu- trales, por las cuales debían gobernarse las decisiones del Tribunal, y en los fa- llos de éste, abrazando el inmenso cam- po de los armamentos marítimos, no se encuentra citada, en pro ni en contra de ninguna de las partes, una ley in- glesa ni una ley americana.

El parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Convención entre los Estados Unidos y México, de 4 de Julio de 1868, para el arreglo de reclamaciones mutuas, esti- pula que los Comisionados juzgarán «to the best of their judgement, and accord- ing to public law.»

Y en la base segunda del Convenio entre los Estados Unidos y España, de 12 de Febrero de 1871 para el arreglo de las reclamaciones americanas, provenientes de daños causados por la guerra de in- surrección de Cuba, estipula que los co- misionados juzgarán: «to the best of their judgement, and according to pub- lic law and the treaties in force betwee- en the two countries.»

Y sobre las mismas bases se negoci- ron las Convenciones arbitrales de Chile de 1883 con Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, y los Estados Unidos.

Réstame investigar en esta Exposición destinada al examen de las cuestiones de principios, cuál es en principio, conform- a la ley internacional, la naturaleza y la extensión de la responsabilidad im- putada por el artículo del Mediodía al Go- bierno colombiano, si ha podido el con- templar y autorizar el pago de una in- demnización de perjuicios por pérdidas indirectas.

La pretensión, ya abandonada, que al- guna vez tuvieron las grandes potencias, de imponer á las débiles responsabilida- des de esta clase, por males inferidos á sus nacionales, ora por delitos privados, ora por delitos políticos, de que ningún Gobierno puede ser responsable, descans- aba en tres grandes absurdos, y por lo mismo en tres grandes injusticias, á sa- ber:

1.º En la de pretender, contra toda razón, contra toda noción de equidad, contra todo principio de igualdad, que hubiera en el mundo, que hubiera sobre la tierra seres privilegiados, que por ha- ber nacido bajo determinada bandera de blan estar exentos de los males que las pasiones humanas, la malicia de los hombres, en una palabra, el crimen, ha- cen sufrir en común á la especie hu- mana.

2.º La de suponer, suposición gratui- ta, imaginaria, ideal, desinstituida de todo fundamento real, que puede haber en el mundo, Gobierno, organismo político, administración de justicia, fuerza públi- ca, ley, suficientemente poderosos para poder detener á toda hora, de día como de noche, la acción del crimen sobre to- dos los puntos, poblados ó desertos, de un vasto territorio; y

3.º La no menor absurda de querer imponer á ese ser colectivo que se llama el Estado, la misma responsabilidad cri- minal que el Derecho civil impone á las personas; como si una nación tuviera un alma individual, una voluntad assignable que hubiera concursado concreta y malli- ciosamente á la comisión del crimen.

Basta enumerar estas proposiciones pa- ra comprender que ellas debían ser como han sido, rechazadas de la pretensión á formar parte de un Derecho de gentes, puesto que la ley internacional como di- ce un eminente publicista, «no puede ser sino la voz de la razón llevada á su más alto concepto.»

La barbarie, señores Ministros, seño- res Jueces, porque nadie debe suponer que los Delegados de las partes contien- dors estén constituidos aquí como abo- gados de ellas sino como jueces; la bar- barie, Excelentísimos señores, en la for- ma de crasa ignorancia de supersticio- nes populares monstruosas de perversos y criminales institutos, y de feroces pa- trias políticas, se ubica en el soberba- ra siempre en el fondo de toda sociedad por civilizada que parezca; y ningún Gobierno, ni el de Rusia, ni el de Inglaterra, ni el de Francia, ni el de Italia, ni el de Alemania, ni el de la poderosa República del Norte de América puede librar á nadie del alcance de estos males, y mucho menos desde que es pre- cisó contar con la opinión para gobernar, desde que ha hecho su aparición en la escena política este cuarto Estado, que se llama el Pueblo.

(Se continuará.)

La coronación del Rey
Don Carlos I de Portugal.

ANTES DE LA CEREMONIA

Como saben nuestros lectores, el pró- ximo día 28 se celebrará en la capital del reino vecino la solemne ceremonia de la coronación del nuevo Rey D. Carlos I.

Hé aquí ahora el programa de las fies- tas que con tal motivo han de verificarse en Lisboa.

El día 28, al rayar el sol, las baterías de la plaza y los buques de guerra sur- tos en el puerto dispararán varias salvas de artillería.

La festividad de la coronación se cele- brará á las once de la mañana, reunién- dose en el palacio de la Cámara de Dipu- tados, y en sesión extraordinaria las Cortes generales de la nación Hara de Presidente el de la Cámara de los Pares.

SS. MM. el Rey D. Carlos y la reina doña Amelia asistirán al acto, vestidos de gran ceremonia con manto real; S. A. el infante D. Alfonso ejercerá las funcio- nes anexas al título y dignidad de con- desable del Reino.

Todos los representantes del país se reunirán, según dicho queda, á las once de la mañana, colocándose en el salón de sesiones, decorado ya con la debida pompa, los pares del Reino á la derecha del Trono, y á la izquierda los Diputados.

Junto al Trono, dispuesto con grande aparato y magnificencia, se hallarán la corona, el cetro, la bandera real, la es- pada del constable, un cuchillo y un misal. El Presidente de la Cámara de los Pares, que se situará al pie de las últi- mas gradas del Trono, nombrará una comisión de Pares y Diputados para que