Archivo diplomático y consular de España (1889-11-16 00:00:00), página 5

tiene carácter público, no gozan de privilegios ni fueros de jurisdicción pasiva, ni, con mayor razón, pueden ejercer actos de jurisdicción activa vedados al propio embajador.

Se ha dejado á estos altos funcionarios, acreditados de soberano á soberano ó de gobierno á gobierno, la representación del Estado y el cuidado de sus relaciones generales, como también el encargo de concertar arreglos ó tratados, discutir su interpretación, vigilar su cumplimiento y servir de órgano único de comunicación del gabinete que los constituye. El cónsul, reducido á sus funciones propias y estrechas, hace tiempo ha perdido el carácter elevado que tuvo en las «Escuelas de Levante» y conserva al presente solo en la situación tan anormal del Egipto. Nunca asume representación diplomática; y aun en la América del Sur, donde solía darsele la investidura de Encargados de Negocios, prevalece hoy la costumbre más correcta de dividir y conferir estas diversas funciones á distintos agentes. Ya no se acostumbra, como en los primitivos tiempos de la Independencia, revestir á los cónsules europeos del carácter diplomático que solía atribuirseles, derogándose las antiguas intenciones; y hace tiempo que Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, antes representados en Chile por funcionarios consulares decorados con título de Encargado de Negocios, constituyen Ministros Plenipotenciarios ó Residentes con el rango, la dignidad y gestiones de verdaderos agentes diplomáticos.

El Fiscal ha creído que convenía definir con exactitud y rigor la condición verdadera del Cónsul en el derecho internacional vigente, á fin de evitar que tradiciones y prácticas de otras épocas, hoy derogadas y miradas como depre- sivas de la soberanía, no se invoquen con menoscabo de los fueros de la República ó para justificar el ensanchamiento irregular é indebido de una jurisdicción extranjera.

El fiscal no dista de adherir á las in- sistencias del Sr. Ministro de Alema- nia, y así tratará de probar, en el curso de este dictamen, que son justos sus sos- sos y merecen el reconocimiento del go- bierno de Chile. Más aún, la Legación Imperial les fucila, en la nota transcrita de 25 de Junio, la consideración de re- versas, unas deducidas de la legislación interna de Alemania, otras de las leyes vigentes en Chile, y otras también re- lacionadas con los principios generales del derecho de gentes; se hace necesario que el Fiscal, llamado por su cargo á velar con abnega por el mantenimiento de los fueros soberanos de la República, examine con cuidado por encima de estos distintos motivos puede V. E. acceder á la mira, que se persigue por el enviado extraordinario del Imperio, de establecer en favor de los Cónsules de su país en Chile la facultad de resolver las conti- ciones que se susciten entre los tripu- lantes de las naves alemanas surtias en nuestros puertos.

Aceptadas como ciertas las doctrinas arriba consignadas, no puede sostenerse, según se colige de la nota del señor Mi- nistro alemán, que la jurisdicción con- sular, sea cual fuere su extensión, am- plia o restringida, se derive por lo que hace al territorio extranjero en que se ejercita, de los reglamentos ó leyes que organizan este servicio público en el país del nombramiento ó investidura. Esta es materia extraña al derecho interna- cional.

Ni el consul ni el embajador traen sus prerrogativas, unas muy exaltadas, otras muy exigüas, del derecho positivo y do- méstico del Estado que los acredita ó constituye, ni se incorporan tampoco en el Código Internacional, lex non scripta, las facultades más ó menos latas ó res- tringidas que en el régimen interior se atribuyen á estos funcionarios. Su tipo, varía en el sistema peculiar de cada país, es uniforme afuera, y en cierto modo presenta el sello y contornos de una me- dalla calada en molde idéntico.

Puede que convenga á la Francia, por ejemplo, establecer en su planta diplo- mática plenipotenciarios de primera y de segunda clase, ó que el Imperio ale- man otorgue á sus cónsules poderes de jurisdicción más amplios que los acos- tumbrados. Unos y otros, al ser recono- cidos por una potencia extranjera, pier- den los rasgos nacionales de su diploma y asumen en el exterior ó en el país los caracteres comunes, uniformes y cla- ramente señalados en su orden inter- nacional. Este no reconoce sino ministros plenipotenciarios en sus prerrogativas absolutas e indivisibles; de tal suerte, que el de segunda clase de Francia, idéntico al de primera de Inglaterra, ten- dría precedencia según el orden de sus credenciales y reconocimiento, y que todos los cónsules extranjeros, tanto los investidos de grandes facultades como los reducidos á sus más exigüas funcio- nes, gozarían de fueros iguales y sin otras diferencias que las de rango ó pró- priedad prescritas por derecho de gentes.

Los cargos internacionales quedan fuera de la órbita de las leyes positivas, que reglan sólo la forma de su provisión, suscripciones, sus responsabilidades, sus grados de promoción, las condicio- nes de cesantía, etc., teniendo los titular- res, una vez que salen del territorio de su país y residen en el territorio del so- berano que los recibe, prerrogativas deter- minadas que una nación no podrá alterar ni en el sentido de su ensancha- miento ni en el sentido de su menoscabo; y así, mientras la doctrina que parece al Fiscal la más discreta y correcta, es el emba- jador no es dueño de sus fueros privati- vos, y únicamente su gobierno, á cuyo arbi- trio se somete y se revoca, se hallan en aptitud, si procedieren la flaqueza, de re- pudiár privilegios irrenunciables por su naturaleza inherentes á las funciones del puesto y á la soberanía de cada pue- blo independiente.

Sea pues cual fuere el reglamento de los Cónsules alemanes, cuyas prescrip- ciones invoca el Sr. Ministro del Impe- rio, en su nota transcrita, el Gobierno no podrá reconocerles, por más que desee complacer á una Nación amiga y que tiene empeñada en alto grado la estima y la afición de Chile, sino los fueros ordinarios, definidos y taxativos que á estos funcionarios corresponden por derecho internacional, y gozan hoy los que existen en la República al am- paro de todas las banderas.

Estos fueros, es bien sabido, traen su raíz y origen de la costumbre, de prá- ticas constantes y uniformes, y cons- tituyen un derecho consuetudinario que fundado en la conveniencia recíproca de los pueblos y de sus gobiernos, tanto como en principios de equidad y de razón, se encuentra incorporado en las doctrinas ciertas y bien aquilatadas del Código internacional.

Los tratados, lejos de modificarlos, no han hecho más que consolidarlos, siendo de notar que en muy pocos de los cele- brados en el presente siglo guardan los Cónsules una parte mínima de los atribu- butos jurisdiccionales que tuvieron en tiempos anteriores. Todas las naciones, aun las asiáticas que vivían apartadas de la comunidad de los pueblos cris- tianos, se han mostrado porto extremo celosas de sus prerrogativas soberanas, y el Imperio Otomano mismo, que las miró con desdén en los siglos XVI y XVII, épocas de su mayor explendor, las vigila ahora con alimento y sólo permite que desfalcézanse ó se desconozcan en la provincia rebeldé y verbalmente vasalla de Egipto. Solo en este país desgraciado, reducido hoy á concurso bajo el sindi- cato de Inglaterra, existen Cónsules con facultades de jurisdicción y poderes de ministros diplomáticos.

El Fiscal para el fiscal á considerar el punto de vista, también señalado por el señor ministro alemán, que la legislación interna de Chile igualmente confiere á los Cónsules los poderes de jurisdicción reclamados para los del Imperio.

La observación es exacta tanto como oportuna, y consta el hecho, no sólo de los preceptos del Código de Comercio y de la ley de navegación, citados en la nota de 25 de Junio, si no del propio Reglamento Consular dictado el 28 de Noviembre de 1860

El Código de Comercio contiene la misma prescripción del párrafo 105 de la ley alemana vigente. Prohibe (art. 953) á los tripulantes inscritos en el rol de la nave demandar al capitán durante el viaje, salvo los casos señalados en los siete incisos del artículo precedente (952) y comunica á los trasgresores con la per- dida de sus salarios. Mas como el Código no indica el tribunal á que ha de acudir el tripulante agravado, cuyos derechos no pueden quedar á la merced del ca- pitán, es evidente que no es otro que el Consulado chileno existente en el puerto destinado á recalarla ó á escala, á cual la ley de 1860, según el Código, se da expresamente atribuyendo aquel poder.

Los artículos 57 y 58 lo confirman el de componer amigablemente y como árbi- tro los litigios que se agitaren entre sus nacionales, dando al propio tiempo cierta autoridad para mantener el orden y la policía interior del buque mercante surto en los puertos de sus funciones; y el artículo 78, yendo derecho al punto en examen, contiene el precepto que sigue:

«Toca á los Cónsules decidir las dife- rencias suscitadas entre el capitán, ofi- ciales y otros individuos de la tripulación acerca de salarios y alimentos.

»Declarar también si hay ó no lugar á la resolución de los contratos de la gente de mar, y por cuenta de quien han de correr los plazos de repatriación.

»Decidirán igualmente las cuestiones que puedan suscitarse entre el capitán y los pasajeros relativas al pasaje; salvo que éstos, desembarcando, prefieran so-