Archivo diplomático y consular de España (1890-01-08 00:00:00), página 4

que para un arbitraje no se debe buscar en el árbitro fuerza que no tiene que emplear, sino independencia e imparcialidad.

En igual situación se encuentra el Vaticano, que podrá resolver este litigio con grande altura de miras, como ya resolvió el nuestro con Alemania, y es de esperar que Inglaterra, que ahora parece acercarse al Sumo Pontífice, no lo rechazará.

(De El Imparcial.)

No es necesario hacer resaltar lo atinado de las precedentes observaciones. Desgraciadamente no son aplicables ya a la cuestión anglo-portuguesa. El gobierno de Londres ha creído conveniente precipitar los acontecimientos, tal vez por sospechar que vastos gabinetes estaban dispuestos a intervenir y que su intervención habría sido favorable a las pretensiones de los lusitanos y que sería intempestivo presentar el asunto bajo un nuevo aspecto.

El gabinete de S. M. B., que conocido desde el 19 de Noviembre los acontecimientos del alto Shiré, dejó transcurrir un mes antes de formular observación alguna y que en un principio juzgó oportuno tratar la cuestión con parsimonia y amistosamente, al replicar el 2 de Enero a la razonada nota contestación del Sr. Barros Gómez, redactada con verdadera habilidad, aunque empleó términos que despertaron la idea de un conflicto.

Mas no transcurrieron muchos días sin que éste surgiera, precisamente cuando la prensa oficial del vecino reino se esforzaba por calmar las susceptibilidades que iban desatándose entre los portugueses. El día 6 del actual entregó el representante inglés en Lisboa al señor Barros Gómez un paquete comunicativo, fijando un plazo de veinticuatro horas para redactar la contestación y exigiendo del gabinete lusitano las terminantes y precisas declaraciones de que sus agentes no ejercerían acto alguno contra los establecimientos ingleses de Blantyre, de no intervenir en el país de los makolos y de Lubengula y de no pretender imponer la jurisdicción portuguesa en los territorios objeto del litigio.

El gobierno portugués explicó dando satisfacción a las exigencias del británico, es decir, aceptando el statu quo hasta que se llegase á un acuerdo expidió órdenes para que sus agentes y funcionarios se abstuviesen de ejecutar nuevos actos; mas agregó que, deseoso de llegar á una inteligencia, se someterá á las decisiones de una conferencia europea, ya que Inglaterra y Portugal habían aceptado el art. 12 del acta del Congo, que impone á los firmantes el arbitraje en cuestiones como la debatida. Sea que tal manera de razonar contradiga las leyes de derecho, se debe seguirse el hecho de haber dado al Sr. Barros Gómez conocimiento de la nota á las cancillerías europeas, es lo cierto que el día 10, cuando el gobierno inglés no conocía aún íntegramente la contestación, formuló su representante en Lisboa, M. Petre, nuevas exigencias y reclamó la retirada de Serpa Pinto y de todas las autoridades y expedicionarios portugueses, no solamente de las regiones del Shiré, sino también del país de los Masonas.

El día 11, impaciente sin duda el gabinete de Londres por terminar cuanto antes la cuestión, ordenó á M. Petre que exigiese una contestación perentoria, señalando un plazo de algunas horas más, y que anunciasse su inmediata retirada y la de todo el personal de la expedición inglesa. La corresponsal England-Times, que aseguraba órdenes en el puerto de Vigo, en caso de ser atendida la pretensión.

Entregado por escrito el ultimatum, áuego del Fr. Barros Gómez, á quien le había sido comunicado por la mañana verbalmente y recibidos los despachos en que se anunciaba que un acorazado inglés había llegado á Cabo Verde, de que los viejos buques mandados por el eminente Freiremuth habían tomado el puerto de la base de Delagoa desde Zanzíbar, y que en Gibraltar habían preparadas cuatro fragatas acorazadas y serían reforzadas con el Colossus y el Benbosa, el gabinete portugués creyó llegado el caso de adoptar resoluciones rápidas y convocó y oído el Consejo de Estado, acabó por ceder á las exigencias de la Gran Bretaña, reservándose la facultad de hacer valer sus derechos si se declarara obligatorio el art. 12 del acta referente á Blantyre.

Sin perder tiempo le fué comunicado al Ministro británico el mismo día 11 un resumen de la resolución y el día 12 le fué entregada la nota.

Tal es, en suma, la historia diplomática de la cuestión que hoy preocupa á Europa entera, ocasión de la caída del ministro Castro y de la formación del que D. Antonio Serpa Pimentel preside, y causa de las ruinosas manifestaciones de protesta, hechas estos días por la muchedumbre y, sobre todo, por la juventud escolar en muchas poblaciones del reino unido.

EL CÓDIGO CIVIL Y LA NACIONALIDAD

CARTA ABIERTA

Al Sr. Don MANUEL TORRES CAMPOS

(Continuación.)

La Constitución, al tratar de los nacidos en España, no hace distinción entre hijos de españoles ó extranjeros, pero sí define luego como españoles á los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.» No veo aquí motivo para el apoyo que la teoría extraccionista quisiera erróneamente derivar de nuestra fórmula constitucional. En el goce de la nacionalidad debe distinguirse la que, de origen jurídico, se adquiere necesariamente por nacimiento, y aquella otra que se obtiene más tarde bajo otra jurisdicción y soberanía, por efecto libre de la voluntad, que es lo que se llama naturalización. Ya se ha visto que no sostengo una aplicación de la materialidad territorial, lo que en principio es muy distinto de que como hecho la casi universalidad de los nacimientos ocurran en el país y lugar del domicilio paterno; al contrario, según esta fórmula del domicilio, sostenía que hijos nacidos en el extranjero de padres españoles transeúntes, son jurídicamente españoles, lo cual perfectamente encaja en esta segunda disposición constitucional. Cualquiera que fuese la mente de los legisladores que primero la concretaron, ella está lejos de revelar la intención de una imposición arbitraria y jurídica, pues en ese caso estaría en contradicción con la no excepción de los hijos de extranjeros en el párrafo 1º.

Esto se prueba aún más, teniendo en cuenta que la teoría extraccionista sólo se refiere al padre, y se desentiende de la nacionalidad de la madre, á quien por una ficción legal se le supone habido adquirido la del marido; de donde lógicamente se deduce que el citado párrafo segundo, aparte de los casos en que puede tener un sentido á propósito, no intenta sino confirmar una situación configurar un ofrecimiento. Por eso habla de padre ó madre, sin inquirir si ésta perdió ó no por el matrimonio su propia nacionalidad, á hijo bien, porque si los vínculos del padre con su patria, si la sangre que corre por sus venas pueden ser causa de que su hijo venga á nuestro país, se edique en él y cobre afecto á nuestra nacionalidad, mayorquizá puede ser el influjo que en ello tenga el corazón, pero el hecho de que la concurrencia entre la nacionalidad jurídica ó primiva y la que no lo sea, la naturalización, es esencial; la primera no puede ofrecer disputa, donde quiera que se sitúe el individuo; la segunda es un efecto puramente jurisdiccional de la soberanía que la ha conferido, efecto plenamente respetable para las soberanías neutrales, pero no para la nación de origen. Por eso es justo en derecho el art. 45 del decreto de 1892, que se adhiere al reconocimiento de la naturalización, por el Gobierno de la patria permitió, sin permiso ó consentimiento, trátese de españoles naturalizados en el extranjero ó de extranjeros que lo hayan sido en España. El derecho á este reconocimiento en territorio propio no puede deducirse sino del derecho positivo, como mediante ciertas condiciones lo han reglamentado los Estados Unidos con varios países.

Resultado del embrollo que produce la teoría extraccionista es la contradicción que ofrece el Código, y que un diputado hizo notar. Incluso en ella y ampliando el interpreteando el párrafo primero decide que el hijo nacido en España de extranjero, es extranjero también, pero puede optar por la nacionalidad española. La recíproca sería que el hijo de español en el extranjero fuese español, para nosotros al menos con calidad de obligatorio pero que le reconoceríamos que podía optar por la nacionalidad del país natal. En rigurosa lógica así parece que debiera haberse entendido el párrafo segundo, pero lo que se ha hecho, y lo que era un trámite difícil de vencer, se comprendió que esto de decretar nosotros que eran españoles los hijos de españoles nacidos y situados en el extranjero, podía tener mucho de gratuito, y se estableció que estuviesen situados en el extranjero ó bajo nuestra misma jurisdicción, habían de manifestar si querían pasar de la calidad de españoles, para ser tenidos por