Archivo diplomático y consular de España (1889-11-16 00:00:00), página 4

quirir el domicilio, por establecerse largo tiempo en el lugar, contraer allí vínculos de familia y bienes raíces, de tal manera que, constituido así el domicilio, se ha llegado á considerar que, pasados diez años, han perdido su nacionalidad de origen para obtener la de elección.

La civilización estrecha cada día más los lazos entre las naciones y los individuos; aquellas luchas aún por ambiciones ó antiguas rivalidades, pero éstos tienden á constituir una sola familia hermana, de modo que, para ellos, los límites de los estados son meras divisiones que facilitan el gobierno y la administración.

Pero las naciones que tales beneficios otorgan, no se desprenden del propio derecho de imperio ó de jurisdicción; exigen que los extranjeros á quienes abren su territorio y á quienes brindan con todas las prerrogativas y garantías de sus ciudadanos, se sometan ya á las leyes de seguridad y policía, siendo trancuentes ó ya á todos los cargos y servicios, si fueron domiciliados.

En estado de paz, raras veces surgen dificultades, á no ser aquellas que provengan de quejas de los Gobiernos respectivos por denegación de justicia en cualquiera forma, pues el Derecho de gentes moderno no quiere aceptar las reclamaciones diplomáticas cuando está expedita la vía judicial ó administrativa para hacer valer los fueros que se demandan.

Pero la guerra, que es una gran calamidad, constituye una situación excepcional, en que la ley marcial suspende la aplicación del derecho común y las formas ordinarias de procedimiento; y la atención se fija exclusivamente en la conservación de los Estados; surgen entonces diferencias por estimarse de distinta manera los derechos e inmunidades de que están revestidos los extranjeros.

La regla generalmente admitida es que los extranjeros establecidos en un país que es presa de guerras civiles ó de movimientos revolucionarios, y sufren daños á consecuencia del estado de guerra, no tienen derecho alguno a reclamar, si estos daños no han sido ocasionados por el Gobierno, violando los principios del Derecho de gentes, ó cuando no los ha autorizado por su tolerancia.

Los extranjeros gozan de las mismas garantías que los nacionales, pero no deberán constituirse en su favor privilegios que los hagan de mejor condición. Y los negociantes que se aventuran á países lejanos en busca de ganancias, deben someterse á las consecuencias que su conducta en aquellos países les aparezca, pues su presencia se hará intolerable y su admisión en el territorio peligrosa, si se aceptase el principio de que sus personas y sus bienes gozassen de mejores inmunidades que los de los nacionales.

«Los deberes de la hospitalidad no pueden obtener para los extranjeros una posición privilegiada, eximirlos de las consecuencias penosas de las calamidades públicas y garantizarlos de todo perjuicio que provenga de fuerza mayor y de la imperiosa necesidad de velar por la seguridad de la cosa pública; y cuando uno se establece en otro país que el suyo, tiene que aceptar las consecuencias de todos los peligros á que aquel país puede estar expuesto.»

Los extranjeros neutrales que conserven su carácter, están sujetos á estas reglas; pero los que por cualquiera causa lo hayan perdido, no pueden siquiera pretender exención alguna.

A la neutralidad individual se deberán aplicar los mismos principios que á la neutralidad entre las naciones, es decir, débese estar en paz con ambas partes y no dar auxilio á ninguna. Desde el momento en que se auxilia á alguno de los bandidos, ya que esta representado por el Gobierno establecido, ya el que pretende derribarlo, queda quebrantada la neutralidad y no puede hacerse diferencia alguna por el extranjero; pues si se le concediera la facultad de auxiliar al Gobierno, quedaría considerado como enemigo por el bando contrario, y no hubiera quien sostenga que se pueda auxiliar á un bando, á la vez que permanece neutral, esto cierra contra el sentido común y el mismo significado de las palabras.

Muy justo y conveniente es que los nacionales insistan en fortalecer el principio de autoridad; pero esto qué es debe suyo, no constituye privilegio á favor de uno de los bandos. Los extranjeros no tienen derecho á obligación de tomar armas y ayudar al Gobierno, sino en el caso del establecimiento de defensa contra bandidos y otros semejantes.

El principio enunciado, que los extranjeros no tienen derecho á reclamar por los daños que reciben durante las guerras internacionales y civiles y las convociones populares, es hoy un principio inconcesible de derecho; y lo más que se ha hecho y aceptado es que, sin hacer distinción entre nacionales y extranjeros, se les distribuyen algunos socorros, sin que esto sea en ningún caso considerado como que establece el derecho á indemnización.

Desea el que escribe no fatigar el ánimo del mediador con profusión de ejemplos; pero no puede pasar sin mencionar algunos que, aunque muy conocidos, parece conveniente recordar.

Inglaterra reclamó por los daños que algunos de sus súbditos sufrieron en Toscana y Módena en las guerras de 1849, y Austria y Rusia declararon posteriormente que no había lugar á reclamación alguna.

España, reclamó por los daños que sufrieron sus súbditos en New-Orleans, en los tumultos ocurridos en aquella ciudad en el año de 1851, y sólo obtuvo reparación por los insultos al Consul y al pabellón español, y en 1859 aceptó estos mismos principios en sus reclamaciones contra el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela.

En la guerra de sucesión de los Estados Unidos de América se declaró, y así fue aceptado por las naciones que reclamaron, que los Estados Unidos no eran responsables por los perjuicios que sufrían los extranjeros á consecuencia de la guerra. (Calvo, volumen 2º, página 137, 3.ª edición.)

Entre las decisiones dictadas en aquella época, son de mencionarse como de analogía notable con el caso del Sr. Cerutti, las de los sublítulos ingleses Beuson y Heslop, citados por Calvo en su Tratado de Derecho Internacional, volumen 1.º, página 137. El Dr. Beuson, natural del Canadá, dependencia británica, y á quien se juzgraba en consejo de guerra, invocó la protección del Gobierno inglés, y éste rehusó intervenir por estar Beuson domiciliado en los Estados Unidos y ser proveedor de ejército.

El Sr. Heslop, sublítulo inglés y propietario de tierras en Virginia, fue arrestado en Baltimore; y habiendo solicitado la protección de su Gobierno no la obtuvo, porque se probó que Heslop mantenía comunicaciones activas con el Gobierno confederado.

La guerra franco-prusiana nos ofrece repetidas muestras de la manera como las potencias europeas entienden la teoría de protección en caso de guerra civil ó internacional.

El ejército alemán trató en general, de causar el menor daño posible; pero, en muchos casos, se destruyó la propiedad privada, sin que las necesidades de la guerra lo exigiesen; estas violaciones de los derechos de los particulares tuvieron lugar especialmente cuando los propietarios aturdidos abandonaban sus casas. Cuando el soldado encuentra la puerta cerrada, se ve en el caso de romperla para buscar víveres; y, en su cólera, rompe los vasos y aun cañerías su puchero con los pedazos de muebles que ha destruido.» (Blantschli, 4.ª edición, Paris, 1886, párrafos 652 y 656).

(Continuará)

Otro documento diplomático

Ministerio de Relaciones exteriores de Chile

(Conclusion.)

Ni la jurisdicción de alta mar ni los fueros del embajador son, pues, restricciones serias del principio de la soberanía y jurisdicción absoluta y exclusivas del Estado, cuyas leyes, si dilatan su vigor sin invasión extraña en el primer caso, no sufren menoscabo efectivo en el segundo.

He aquí las doctrinas que el derecho internacional tiene establecidas con los caracteres de verdad adquirida, y sostienen los gobiernos como el más preciado de sus atributos soberanos. No existe hoy como hubo en otros tiempos, la práctica tolerada y al parecer legítima de constituir magistrados ó funcionarios que administren justicia á sus nacionales en los puertos de una potencia extraña, y la Turquía misma, antes tan tolerante, no consiente ahora los cónsules-jueces que por tratados ó por tradición admitió en los sitios denominados «Escala de Levante.»

Los cónsules en el derecho actual son meros agentes comerciales constituidos por los gobiernos para velar por el cumplimiento de sus leyes de navegación, facilitar y regularizar la expedición de las naves, ilustrar á su paso sobre los medios de aumentar el tráfico mercantil, servir de árbitros en negocios y contratos de jurisdicción voluntaria; y prestar, en suma, todos los servicios internacionales que salen de la órbita distinta y superior del ministro diplomático. No