Archivo diplomático y consular de España (1890-01-30 00:00:00), página 3

peninsulares es estable, fecunda y dura- dera. Sólo ella es útil para Portugal y para España considerados en sus intereses particulares nacionales; y es al mismo tiempo el único medio de darnos, á las dos naciones peninsulares, aquel pa- pel que la naturaleza destinó para nues- tra intervención en el mundo. Desliga- dos, vegetaríamos siempre miserable- mente; aliados, nos haremos respetar por los franceses, porque estaremos entre los primeros.

Ese respeto que viene de la fuerza— y no hay otro en el mundo! —salvo, guardará nuestro imperio colonial, de- fendiendo nuestros puertos, que están á merced de quien quiera arrebatarnoslos. Y por lo que respecta á España, que tampoco puede guardar la frontera abierta que nos separa de ella, la alian- za pone á abrigo de la repetición de casos como los de principios del si- glo xvi, y de principios del xix, en que Portugal, en su desesperada operación, el lugar de desembarque y arsenal de guerra empleados contra ella.

Para esta alianza es indispensable que previamente convirtamos en realidades los simulacros de ejércitos y marina que entibian y avergüenzan á la brisa ju- ventud militar y con ella á la nación en- tera. Una alianza es una sociedad: los asociados deben entrar con partes pro- porcionales en los lucros y en los me- dios. Cuando dos naciones se unen, una para proteger, otra para ser protegida, como sucedía con Inglaterra, el resulta- do es que la unión se convierte lue- go en explotación. Las masas que he- mos de estrechar tienen que ser igual- mente firmes y fuertes.

España en guerra, arma 400,000 hom- bres. Nosotros podemos armar 100 ó 150,000. Su marina, en vistas de reorgani- zación, monta 800 cañones y se mueve con 200,000 caballos de vapor. Organi- zamos la nuestra proporcionalmente. Unidos los ejércitos y las escuadras de ambas naciones peninsulares, tan famo- sas las dos, así por mar como por tierra, imporán dan á Europa, si no el dominio, como hace tres siglos, por lo menos el respeto. ¡Los hombres son aún los mis- mos!

EL CODIGO CIVIL Y LA NACIONALIDAD

CARTA ABIERTA
Al Sr. Don MANUEL TORRES CAMPOS

(Conclusión.)

En lo antiguo no se otorgaban cartas de naturaleza sino muy raramente, y para premiar servicios eminentes; tal era lo que significaba la naturalización de primera clase, que en lo secular y lo eclesiástico igualaba el naturalizado al natural en absoluto y sin limitación al- guna. La de 4.ª clase, que exceptuaba los cargos públicos en general, era la que se obtenía pidiendo la vecindad en un pueblo, por residencia de diez años, haber casado con española, tener bienes raíces, etc. En la época moderna ha sido que la naturalización se concede el Gobierno, calificándola siempre de 4.ª clase, por no haberse legislado sobre el asunto. Por otra parte, la Ley Munici- pal de 1870 vino á fijar más concreta- mente el concepto de vecindad; los ha- bitantes de un municipio se dividirán en transeúntes y residentes, y éstos en ve- cinos ó residentes emancipados y domi- ciliados, que eran los no emancipados. Manifesto es, sin embargo, que esta se- gunda clasificación es arbitraria, y que ni en términos legales ni en el lenguaje cotidiano tiene mucho sentido municipal, no significa ni un menor de edad, sino por el contrario la circunstancia de tener un domicilio propio en tal ó cual punto. El mismo Código tampoco lo aplica así; por ejemplo, en el art. 681 exige que los tes- tigos en los testamentos sean vecinos ó domiciliados (la ley recopilada decía sólo vecinos), después de haber excluido á los menores de edad ó no emancipados.

¿Qué deduce de todo esto, sino que es absolutamente necesario acometer la re- forma, introduciendo la debida claridad y sencillez en nuestra legislación? Se- gún se entiende, cuando el extranjero conserva su calidad, mientras no pida y se le otorgue gubernativamente la natu- ralización; en los casos en que obtenga ó ejerza funciones, cargos, profesiones ó empleos para los que la ley exija la cali- dad de español, se verificará la naturali- zación tácita, según la cual podrá para nosotros el derecho de invocar en ningún caso el fuero de extranjero, pero sin que adquiera verdaderamente la condición de español, hasta que le sea reconocida ex- presamente por los poder públicos. Los términos de vecindad y vecino habrían de entenderse en absoluto, como creo que nada se perdería en que también lo fi- sen en la legislación ó administración in- terior, dejándolos técnicamente reduci- dos á expresiones estrictamente equiva- lentes á domicilio y domiciliado; ó de otro modo, al domiciliado que es jefe de familia y tiene casa abierta en un pue- blo, en cuanto esta circunstancia pueda tener valor administrativo. Si esta defini- ción hace falta, debe consignarse clara- mente en un texto legal, para que no haya más confusión; lo es necesario, establecer la naturalización tácita, que dé la exposición «vecinos relegada al lenguaje corriente, como lo contrapuesto á forastero».

Dicho se está que debe igualmente abandonarse toda clasificación de los na- turalizados, salvo, si se quisiere, el exigir una ley especial para habilitar para ciertos muy elevados cargos: Senador, Ca- pitán general, etc., etc. Sin embargo, en los Estados Unidos sólo el Presidente tie- ne que ser natural del país. Un buen propósito promovió el proyecto discuti- do en la legislatura de 1847 á 1848, pero aunque digno de consideración, no merece hoy, en seguida. A la par de esta cuestión de naturalización, debiera fijar- se muy claramente el concepto del do- micilio, que tanto influye en los deberes y derechos del extranjero, diferenciando- lo del transeunte, y tener en cuenta que el domicilio no ha de resultar sólo de la manifestación del ánimo ó intención, como quieren algunos preceptos legales vigentes, sino del hecho, que es suficien- te para atrair la jurisdicción y alta para demostrar la voluntad. La naturalización exige la petición, pero no requiere el ingreso en el orden político de la na- ción, mientras que el domicilio es el in- greso en la sociedad civil, y si no nece- sita permiso, tampoco requiere solicitud para darlo por realizado.

Merece llamar la atención el art. 28, que atribuye la nacionalidad española, como personas morales ó jurídicas, á las corporaciones, fundaciones y asociacio- nes reconocidas por la ley y domicilia- das en España. Confieso francamente que no puedo verificar el abolicengo de esta fórmula, en mi sentido tan ge- neral, tuviera en nuestra legislación. De todos modos, una voz elocente ha en- carcelado, tanto en las Cortes como en la Academia de Legislación y Jurispruden- cia, la importancia moderna de estos or- ganismos y la conveniencia en robuste- cer su personalidad; y el art. 28 sería en todo caso una novedad digna de aplauso muy interesante bajo el punto de vista del derecho ó trato internacional, en el cual á juicio por contradicciones y con- flictos, sobre todo el más frecuente en esta materia, la legislación mercantil, esta materia ha permanecido confusa y sin definirse concretamente.

Respecto á España, ya lo saben cuan- tos en nuestro país constituyen com- pañías ó asociaciones; son como perso- nas morales españolas, sin poder influir en ello la calidad nacional privada de sus miembros. No menos interés pre- senta el caso de poderosas Compañías, para explotar Industrias ó ejecutar gran- des trabajos ó operaciones en nuestro suelo, pues aun cuando se constituyan J radiquen su sede de capital en el extranjero, ellas podrán registrarse por pe- yes extranjeros en cuanto á su capacidad (art. 15 del Código de Comercio), pero necesariamente habrán de adquirir do- micilio en España, por si ó sus sucur- sales, y quedarán en todo sometidas á nuestras leyes.

Me he extendido más de lo que me proponía, pero la materia es abundante y no he podido concretarme más, aún haciendo á un lado algunos puntos de vista que, aunque en menor cuantía, son ex- tremadamente críticos que he tocado en estas cuestiones en el Código no es favorable, pero ha estado muy lejos mi ánimo de enten- der dirigía la menor censura á los ilus- tres jurisconsultos que han intervenido en su confección. En una obra que tan vastos problemas abarcaba, ellos conce- dieron sin duda preferente atención á asuntos de gran trascendencia para nuestra sociedad, como los fueros regio- nales, las sucesiones, las formas de la propiedad, etc. Por otra parte, debían por la base 2.ª, que sirve en estos puntos á trasladar el Código nuestros derechos legales vigentes, sin facultades para in- troducir en los principios innovaciones fundamentales, que además merecen considerarse aisladamente y despacio, por lo mismo que afectan á nuestras re- laciones internacionales. No era fácil tampoco reducir á breves y pocos ar- tículos, los precedentes regados en una legislación dispersa y en muchos casos confusa. Precisamente una de las ven- tajas que ha producido la publicación del Código, es el haber sistematizado las materias de preceptos legales, facilitando el estudio de las mismas, y permiti- endo para en adelante concretar á este solo cuerpo legal, las reformas que en él