Archivo diplomático y consular de España (1889-11-24 00:00:00), página 6

porque podría suceder que la sentencia del Cónsul, librada conforme á las leyes del Estado de que dependen, no fuese ratificada por los tribunales del sitio del consulado, á causa de diferencias de legislación, llegando así á quedar comprometidos la dignidad del Cónsul y los derechos de su propio país.

Dedúcese de aquí que la jurisdicción consular, decorada con el nombre de tal, carece de autoridad propia en territorio extraño, degenera en la competencia casual, voluntaria, privada de mero arbitraje y nunca puede requerir como las magistraturas territoriales, la fuerza pública que trasmita algún cumplimiento de sus resoluciones. Estas no serán eficaces sino por los resortes y elementos que posea el Cónsul mismo, ó el capitán de la nave de su pabellón; y como las de mandas por lo común son deducidas por los tripulantes, y versan sobre cobro de salarios y prestaciones de á bordo, la abolición lleva consigo el cumplimiento de la sentencia. Así se explica que no sean negatorios los juiciosgamientos consulares. Sólo requieren apremios y fuerza ejecutiva las sentencias que compelen á actos positivos ó á devoluciones denegadas por la parte vencida en el juicio. El capitán ha de obedecer al Cónsul que le tiene bajo su dependencia, y la gente de mar, si no obtiene en el pleito, cumple el fallo con la mera privación de los sueldos ó objetos repetidos.

Queda así estatuida que la jurisdicción consular carece por completo, según las prescripciones generales del derecho de guerra, de seguir las prácticas y conciertos internacionales, de derecho, de apremio y de imperio, y que la reclamada por la Legación de Alemania, lo mismo que la que se solicitará en casos análogos por los ministros ó gobiernos de otras potencias, jamás podrá requerirse en su auxilio la fuerza ejecutiva de las autoridades políticas ó judiciales de la República.

Justa y fundada á todas luces, esta reserva no sorprenderá ciertamente á la Legación alemana, ni será mirada como un exceso de espíritu patrio ó exageración indiscreta de los fueros de la soberanía. Hallase también conforme, según lo ha manifestado el Fiscal, á las leyes vigentes en Inglaterra y en Estados Unidos, y guarda asimismo, si no está mal informado, perfecta armonía con las leyes de Prusia y del Imperio alemán, cuyos códigos, empaquetados en un intenso sentimiento nacional, no toleran jurisdicción alguna de potencias extranjeras, ni consenten que una sentencia librada afuera pueda ser cumplida en el territorio germánico sin examen previo y riguroso de su conformidad con los estatutos patrios.

Falta todavía por examinar la última y no la menos delicada de las dudas que suscita el caso sometido al estudio del Fiscal, á saber: si el Presidente de la República, dado que acogiera las insinuaciones del Sr. Ministro alemán, puede dictar reglas imperativas de conducta á los jueces de Valparaíso y demás del Estado, ó debe dejar esta incumbencia á la Corte Suprema, ó ha de limitarse á emitir sus opiniones reservando á los tribunales la plena discreción y responsabilidad de sus actos y decisiones en la materia.

Delicada de suyo y resuelta en sentido variado en otros países, esta dificultad es casi nueva en Chile y apenas tiene precedentes en nuestras tradiciones administrativas y judiciales. Se ha visto arriba que en Francia el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el Consejo de Estado, también con el guardiasellos Ministro de la Justicia, ha ejercido en todo tiempo, durante el imperio de los Napoleones, como durante el régimen más liberal de Luis Felipe, ejerció hoy mismo el gobierno republicano la facultad de instruir á los jueces en lo tocante á los fueros y privilegios del derecho internacional, y ha de trazar el recinto de competencia que les corresponde en las demandas de extranjeros y en las reclamaciones de inhibitoria que dedujeron los agentes diplomáticos y consulares. ¿Podría hacerse lo mismo en Chile? ¿Corresponde al Ejecutivo, según el orden constitucional y judiciario de la República, señalar en su carácter de representante del país y de director de nuestras relaciones exteriores, la esfera de acción de los jueces y los casos en que fenece su competencia? ¿Habría en este invasión del espacio propio del poder judicial y desconocimiento del precepto constitucional que establece su independencia, y de la ley de organización de tribunales de 1875, no menos explícita en sus reglas de jurisdicción y de competencia?

Parece cierto al Fiscal, en vista del sistema judiciario y administrativo de la República, que no hay autoridad alguna, ni la del Ejecutivo, ni la de la Corte Suprema, investida del poder de determinar en general y como norma de conducta la órbita de jurisdicción de los jueces que no fuere demarcada por las leyes mismas, y que el encargo de representar al país en el exterior, sí atribuye al Presidente de la República las amplias facultades señaladas en el núm. 19 del artículo 82 de la Constitución (núm. 73), no comprende la de decidir de la competencia de un juez en conflicto con un agente consular extranjero. Atribuciones de esta especie no se derivan de conjuraciones, de argumentos de conveniencia, ni de deducciones más ó menos verosímiles y lógicas. Puede el Ejecutivo por circulares, como puede también la Corte Suprema, excitar á los jueces al cumplimiento de sus deberes, á la residencia constante, al despacho activo de las causas, á la mejor observancia, en suma, de los preceptos de orden económico y de disciplina que les imponen las leyes; pero no les es licito ni interpretar su sentido, ni trazar de general los deslinde ó términos de la jurisdicción que corresponde definir á los jueces nacionales, sin otras reservas que la de alzada en el tribunal superior, ó la de someter las contiendas de competencia al Consejo de Estado, que es el procedimiento regular de los tribunales del país. El juez recibe la demanda en virtud de su cargo y del mandato de ley, y sólo deja de conocer ó por el auto de la Corte que le niega la jurisdicción ó por la decisión del Consejo de Estado que la atribuye al magistrado ó poder que la reclama con mejor título; siendo también de notar que en nuestro régimen, muy distinto del de Francia y de España, el Consejo de Estado resuelve en concreto esta contienda y ha de abstenerse de pronunciar edictos ó reglas generales para los casos análogos. Sus decisiones son judiciales, y no doctrinarias ni autoritativas ó de interpretación auténtica de la ley.

Cree por lo tanto el Fiscal que el Presidente de la República no ejerce en Chile, como asume en otros países, la facultad de imponer ó vedar á los jueces el conocimiento de ningún asunto de carácter judicial, que ni aun en la materia de relaciones exteriores, confiada á su cargo exclusivo, le es permitido dictar reglas ó prescripciones sobre la competencia más ó menos limitada que reclamen los cónsules de fuera por pactos ó por prácticas interculturales. Y así lo sostiene con mucha autoridad y razón el canciller Lord Manfield, el derecho de jefes se incorpora á la legislación doméstica y forma parte integrante de los códigos nacionales, el Juez en Chile, lo mismo que en Inglaterra, de tomar en cuenta sus principios y explicarlos en sus fallos, ya que se hallen de acuerdo con los estatutos patrios, ó sea, cual sucede más menudo cuando no hay otra fuente de derecho para el juicio que el caso ocurrente. Así lo practican incansablemente nuestros tribunales. La Corte suprema acaba de decidir por sí misma y a instancias del ejecutivo, órgano regular de toda gestión diplomática, una demanda de extradición iniciada por el Ministro de Estados Unidos, y con frecuencia dicta sentencias en causas de presas y otras de almirantazgo que se resuelven por derecho internacional.

No se desconoce por esto que el gobierno de la República inviste el derecho, y aun asume el deber de velar por el cumplimiento de los tratados y la observancia de las prácticas, principios uniformes del derecho internacional, y de cuidar, como representante de la nación y en interés de su paz y de su dignidad, que los fueros diplomáticos y consulares, tanto de los agentes propios como de los extraños, sean guardados sin detrimento y en su integrito vigor. En cuanto á los de Chile, nombrados y dirigidos por el Gobierno, su acción es tan fácil como amplia, pues el Departamento de Relaciones Exteriores se encuentra en aptitud de trazarles á su discreción, y bajo su sola responsabilidad, las reglas de conducta que han de ajustar sus procedimientos en los negocios permanentes ó transitorios que les tiene encomendados, ó en el desempeño de los deberes que por las leyes corresponden á su cargo. Son funcionarios administrativos de su absoluta dependencia.

Más limitada es naturalmente la acción del Gobierno respecto de las autoridades nacionales en sus relaciones con los Ministros y Consules extranjeros. Si el Presidente de la República es el sólo llamado por la Constitución á tratar con los gobiernos de fuera, y con sus agentes en Chile, otra cosa, independiente, también constitucional, ejercita facultad de interpretar el derecho internacional en sus aplicaciones al fuero activo ó pasivo de los Ministros diplomáticos, á la jurisdicción consular en competencia con los tribunales patrios, á los casos de extradición, á los juicios de presas, y en general á todos los negocios internaciona-