Archivo diplomático y consular de España (1889-11-24 00:00:00), página 4

reparación acompañan las pruebas de la realidad del perjuicio sufrido, y éstas sólo pueden admitirse en cuanto al deterioro o daño haya recibido sus propiedades, ó á la privación de su uso y explotación. Pero en este caso pueden reclamar indemnización el que tuere necesito, ó sea por el que esperaba obtenerlo, por su industria y su comercio.» (Fiore, ib.)

En este asunto, todos los precedentes consagrados por las Naciones civilizadas condenan de una manera absoluta todo proyecto, toda idea de pretender por la vía internacional el pago de indemnización por las ganancias que los particulares hubieren dejado hipotéticamente de hacer á consecuencia de denegación de justicia, de actos del dominio de la administración interior de un país, de violación de la neutralidad, de guerras civiles de pillaje y aún de hechos de guerra propiamente dichos. (Calvo, volumen III, libro I, pág. 2287.)

La reclamación por perjuicios indirectos no es admitida por el Derecho de Gentes, y no se halla sancionada por la práctica: es abultadamente inadmisible y su demanda, como queda dicho, envuelta en peligrosa e inaceptable innovación.

Aunque el procedimiento de las autoridades del Cónsul, explicado ya en la memoria del 4 del presente, no requiere justificación, no está fuera de lugar examinar qué responsabilidad pudieran aprehender al Gobierno general aquellos actos de sus agentes.

Dentro de los límites jurisdiccionales de los Estados, los empleados de todo género son responsables personalmente por las faltas de omisión ó comisión en el ejercicio de su autoridad, y la parte que haya sufrido tiene derecho á reclamar contra el culpable, pero sus hechos habrían responsable al Gobierno que los ha instituido, sólo en el caso que hubiese complicidad ó denegación de justicia. Los actos ejecutados por el Estado en ejercicio del poder público no le aparecen responsabilidad civil, y los empleados públicos no pueden considerarse agentes en el sentido que les da el Derecho civil.

Todos los publicistas están de acuerdo en esta parte, y en la práctica ha sido aceptada por Inglaterra, Francia, Bélgica, los Estados Unidos de América, Brasil, etc. etc.

Es muy importante el caso del navío Carolina, condenado por mutin en el puerto brasileño de Santa-Catalina, decisión que dio lugar á las discusiones y debates entre el Gobierno de los Estados Unidos y el del Brasil, por resultar que el juicio y la condenación habían sido obtenidos por fraude ó cohechos; por lo cual el Brasil pagó al Agente diplomático de Washington en Rio-Janeiro pesos 14.250.

Pero, desembarazado el Brasil de la situación difícil en que efectuó el pago, obtuvo del Gobierno americano que tomase en consideración de nuevo el asunto; y demostrando el Representante Brasileño que tanto su Gobierno como el Americano profesaban el principio de que no garantizaban ni á extranjeros ni á nacionales la honradez, la capacidad ni la rectitud de juicio de sus funcionarios, resolvió el Gabinete de Washington devolverla sumada y sus intereses. (Calvo, Droit International, libro IV, 3.ª edición, Paris, 1880.—Fiore, capítulo IV, libro III, sección III, Paris, 1885.)

De manera que, por analogía y para fijar los casos en que los Gobiernos son responsables por los daños causados por sus funcionarios públicos, se entenderán presentes las cuatro condiciones siguientes, taladas por los publicistas ya citados:

1.º Que hubiese conocido en tiempo útil el hecho ilícito que quería ejecutar su funcionario, y que, pudiendo hacerlo, no lo hubiese inhibido.

2.º Que teniendo tiempo de impedir que el acto de su funcionario surtiese sus efectos, no hubiese tomado las medidas necesarias para evitarlo;

3.º Que la ignorancia del acto propuesto por su funcionario pueda ser considerada, como voluntaria ó culpable, y

4.º Que teniendo conocimiento del hecho ejecutado, no lo haya condenado, ni dictado medidas para evitar su repetición en el porvenir.

La legislación de Colombia es clara y precisa: ha definido la condición de extranjero y sus derechos y obligaciones; y, con sobra de benevolencia, ha hecho á éstos de mejor condición que á los nacionales para el efecto de pagar los daños y expropiaciones en las guerras; ha excedido las aspiraciones de los espíritus más filántropicos en su trato con los extranjeros, y por lo que hace á los subditos de Su Majestad el Rey de Italia, los ha tratado el Gobierno con especial deferencia, otorgándoles destinos honoríficos y empleos bien remunerados. De ejemplo pueden citarse los señores Rothe Jt.-Vice-Cónsul en Great Grimsby (Inglaterra); el Doctor Wonner, Cónsul en Montevideo; y los señores Pedro Catini, César Sighinolfi y Luis Ramelli, Arquitecto, Escultor y Ornaturodor respectivamente al servicio del Ministerio de Fomento, y muy bien remunerados.

(Continuará)

Otro documento diplomático

Ministerio de Relaciones exteriores de Chile

(Continuación.)

Tal es la política y la jurisprudencia de los gobiernos preponderantes y de los tribunales de mayor autoridad. La Francia, tal vez la más liberal en esta materia, no sólo autoriza al Cónsul para dirimir las pequeñas contenciones de la gente, sino que instruye y ve al capitán, sino también, según lo expone su jurisconsulto Pardusson, en «Les Com., p. 7., título 6.º.—Massé Le Droit, tome primero, págs. 61-65), á corregir y repri- mir las faltas y delitos que cometieren en los puertos mismos de arriba. Ninguna potencia ha ido más lejos en el ensanche de la jurisdicción consular. Ortolan (Diplomatie de la Mer, tomo I, págs. 292 y 310) refiere dos casos de veras notables y que en vano se buscarían parecidos en las tradiciones de las Cortes y del Gabinete inglés. En 1806 ocurrió en Amberes una riña entre dos marinos del Newton, buque de Estados Unidos surto en aquel puerto, y aunque el accidente tuvo lugar en tierra y hubo heridas y efusión de sangre, el Consejo de Estado de Napoleón, á la sazón en su mayor potencia, defirió el conocimiento del pro- ceso al Cónsul de la bandera y no á las autoridades territoriales. Poco más tarde, el Consejo de Estado dirimió, en el mismo sentido, la competencia trabajada con motivo de excesos cometidos en el puerto de Marsella por tripulantes de la Sally, nave también norte-americana. Ambas decisiones tuvieron una confirma- ción posterior en el caso suscitado por el Forsdalind, otros marinos, enjuiciados por delito de envenenamiento, fueron entregados al Cónsul de Suecia en Palm- buf, sitio de la arribada y del delito, conforme á las órdenes combinadas de los Ministerios de Justicia y de Relaciones exteriores de Francia.

Nunca las dos grandes naciones anglo sajonas han ido tan lejos en sus concesiones, y tiene por cierto el Fiscal que á menos de pactos expresos, de que se mostraran muy esquivas, jamás conces- cederían en otorgar á los Cónsules de fuera una jurisdicción criminal tan lata y peligrosa. Se apartarían mucho del espíritu de su legislación, de las tradicio- nes de su política y del celoso nacionalismo dominante en sus estatutos y en su magistratura. Los Estados Unidos no ad- miten cercenamiento alguno de sus fue- ros soberanos, sino sea el privilegio pa- sivo de la extraterritorialidad, y más de una vez la librada la Corte Suprema de Washington decisiones conformes á los te- sores severos principios.—Cuando indivi- duos sirven de una nación—declara el Presidente de la Corte Mr. Marshall (The Schooner Orchards Reports, pág. 144.— se mezclan por negocio ó capricho con los habitantes de otra, ó cuando naves mercantes entran en sus puertos con mi- ras de comercio, tales individuos no po- drían quedar exentos de la jurisdicción local sin graves inconvenientes para la sociedad, mucho detrimento del Gobier- no soberano y frecuente infracción de las leyes del país. Ni puede un Gobierno extranjero alegar motivo alguno para apetecer tamaña prerrogativa. Sus sub- ditos afuera no se hallan á su servicio ni persiguen propósitos nacionales. De con- siguiente, hay poderosos motivos para no eximir á personas de esta condición de la jurisdicción del país donde se en- cuentran, y ninguno que pudiera justifi- car el procedimiento contrario. El per- miso de habitar en el territorio no puede llevar consigo semejante exención.

La jurisprudencia inglesa, de que se deriva la lente americana, es del todo semejante, y se veá más el empeño de sostener los publicistas británicos que la Comisión, pues las prerrogativas son muy amplias en la materia internacio- nal, carecería de facultades para investir de jurisdicción á un funcionario extran- jero y limitar ó cercenar en proporción equivalente los atributos de la magistra- tura y el vigor de la ley común (common law) existentes en el reino. Los lores Mansfield y Stowell, Canciller de Inglan- terra el uno, á mediados del siglo pasado, y Consejero del Almirantazgo el otro, á principios del presente, han estableci- do la doctrina, hoy fuera de la cuestión, que los principios universales, corrientes y uniformes del derecho internacional son parte de la legislación británica (Dod- son Admiralty Reports, págs. 482-484), pero limitando su vigor, como es de razón, á los privilegios y favores que mutua-