Archivo diplomático y consular de España (1889-11-24 00:00:00), página 5

mente se conceden todos los gobiernos y son la base de sus relaciones en el estado de paz y de guerra. Así, no se requiere estatuto positivo para el reconocimiento de la inviolabilidad del embajador y del privilegio de estraterritorialidad de que goza, junto con los oficiales y tropa de las naves militares, y otras prerrogativas consagradas por una práctica constante y universal; y ha sido preciso que Actas del Parlamento, tratados especiales, den a los Cónsules de Inglaterra la jurisdicción que ejercen en las «Escala de Levante» y en China, ó permitan á los de fuera la muy limitada de componer las diferencias de los tripulantes ó requerir la aprehensión de los desertores de las naves mercantes y de guerra surtidas en puertos Ingleses. Gracias á estos pactos, que Inglaterra ha estipulado por lo común sin cláusula de reciprocidad, gozan sus Cónsules de fueros superiores á los del derecho internacional. El puerto, asumido por el viajero facultades que jamás tomaría dentro de sus dominios á la nación más favorecida. El tratado de 1675 les dídas que poseen en los puertos otomanos del Mediterráneo, el de 1826 las que ejercen en las costas de Marruecos, y el de 1843 las todavía más amplias que la victoria impuso al Imperio de China.

¿Cuál es, pues, en presencia de estas diversas prácticas y tratados, la jurisdicción cierta, exacta, y bien definida que por derecho internacional corresponde al Cónsul y que respectivamente puede exigirse y concederse por los gobiernos fuera de estipulación y conforme sólo á los principios de equidad y de mutua conveniencia que han de presidir á sus relaciones de parte extranjera? ¿Qué hay de su alcance y extensión del privilegio de huir de gobiernos Cónsules alemanes en los puertos de Chile? ¿Debe ser restringido únicamente al poder jurisdiccional, de mero orden y policía interna de las naves de dirigir las contiendas que surjan por salarios y motivos análogos entre el capitán y la gente de su rol; ó bien, ha de llevar asimismo consigo la facultad más grave de emplear procedimientos conminatorios de ejecución y de requerir al efecto la fuerza pública de las autoridades territoriales del país? ¿Podría el gobierno de Chile, según los atributos ejecutivos y de administración que le confieren las leyes fundamentales y orgánicas de la República, señalar á los jueces de Valparaíso y demás puertos los términos de su competencia y prescribirles imperativamente que se inhiban de conocer en demandas semejantes las del marino Papst? He aquí las dudas más serias que provoca el asunto remitido por el Departamento de Relaciones Exteriores al estudio de la Exposición.

La Exposición precedente despeja casi todas las relativas á la jurisdicción cierta y muy restringida del Cónsul. Queda demostrado que en principio no ejerce ninguna en el territorio extranjero de sus funciones, ni la civil ni menos la criminal; que solo á favor de pactos puede asumir, como sucede en Oriente, en China y en Berberia, el poder anómalo y excesivo de administrar justicia á sus nacionales y el mas delicado de requerir la fuerza pública, ó emplear su propia autoridad de recabar para sus juzgamientos el auxilio ejecutivo de las autoridades del puerto ó ciudad donde residen? El Fiscal no vacila en sostener la negativa. Ni el derecho internacional, ni el positivo de Chile justificarían una pretensión que en alto grado menoscabaría los fueros de la soberanía, frustraría las garantías de los transeúntes y domiciliarios que las gozan juntos con los ciudadanos, y cercearía las atribuciones que corresponden al poder judicarial de la República. Ningún estado independiente otorga privilegios tan exorbitantes á un poder extranjero, y la Corte misma de España, la más católica y obsequiosa con el Papa, no aceptaba los fallos del tribunal de la Rota, establecido en Madrid, sino después del examen del Consejo de Castilla y del placet regio.

Por esto los publicistas, si por lo común desconocen en el Cónsul cierta jurisdicción respecto del capitán y gente de á bordo, lo menos en las contiendas por ajustes de salarios y alimentos, le asignan el carácter de voluntaria, de verdadero arbitraje, sin que ninguno la haya extendido hasta el punto de llevar adquirida la facultad de dictar medidas de apremio, ó de requerir en su auxilio la fuerza de las autoridades locales del puerto donde se hallare anclada la nave. ¿Como regla general, dice Phillimore (International Law, tom. 2º, pág. 245, ed. de 1860), los Cónsules no tienen jurisdicción contenciosa en los países cristianos sobre sus compatriotas, sino una especie de jurisdicción voluntaria, un poder arbitral en disputas peculiarmente relativas al comercio. Sus funciones en gran parte dependen de las leyes domésticas de su propio país. Ninguna jurisdicción contenciosa puede, según la doctrina expuesta en un capítulo precedente, ser ejercida sobre sus nacionales sin el consentimiento expreso del Estado donde residen. Pero el derecho internacional y las reglas comunes en muchos tratados conceden al Cónsul la ayuda de la policía local cuando por la naturaleza de sus funciones le requiere el buen orden de la gente de mar. El autor, al establecer la regla de la falta de jurisdicción, de rigor, admite la consecuencia inevitable de la falta absoluta de autoridad ó de imperio, reconociendo como excepcional el caso especialísimo de las demandas de aprehensión de marinos desertores. Ni Phillimore, ni publicista alguno inglés acogería la hipótesis, tan contraria al espíritu de su legislación, de hallarse alguna vez la autoridad real á la disposición del Cónsul de fuera y como auxiliar de sus juzgaziones discrecionales.

No menos explícitas son las doctrinas de Bluntschli, en cuyo Código internacional se resume: «con singular vigor y precisión, los más acreditados principios y las prácticas corrientes y de mayor autoridad.

«Los Cónsules, enseña (art. 252), no poseen jurisdicción alguna contenciosa, sino en la que expresamente se les haya conferido y se les haya reconocido por el Gobierno del país de su residencia.»

«Pueden ser nombrados árbitros, añade el art. 253, en las contiendas que se suscitaren entre sus compatriotas. Pero deberán cuidar, en este caso, de que las partes renuncien á apelar de sus juzgamientos ante las autoridades locales;