Archivo diplomático y consular de España (1889-10-24 00:00:00), página 6

cional que duró más de 20 años y que tuvo su término en la Constitución actual y su desenvolvimiento sucesivo.

El Diploma Imperial de 20 de Octubre de 1860 (c.) reconoció nuevamente los derechos de los diferentes países de la Monarquía, en general, tratando de adecuar los antiguos estatutos a las circunstancias modernas, y creando un Parlamento común para todos los países de la Monarquía, al cual se concedió el derecho de tratar en todos los asuntos de Hacienda pública, así como cierta cooperación en la sanción de nuevas leyes concernientes al comercio y a las obras públicas.

La Patente Imperial de 26 de Febrero de 1861 (d.) aumentó las atribuciones del Parlamento, no solo en cuanto al derecho legislativo, sino levantando también su prestigio y puntualizando más su situación con respecto a cada provincia, y es la base de la Constitución vigente. En virtud de ella se determina la competencia y formación de la representación de los diferentes países por la institución de las Dietas (diputaciones) provinciales y sus elecciones, creándose de este modo una ley fundamental de la representación nacional.

Las leyes de 21 de Diciembre de 1867 (e) son tres:
La primera reconoce y confirma el acuerdo adoptado con la representación de Hungría. Este Reino con sus países adyacentes, fundándose en su antigua Constitución, se había negado á aceptar la Constitución creada por las leyes de Febrero, absteniéndose por completo de tomar parte en las tareas parlamentarias, dando así lugar á que en 1867 se restableciese por fin la antigua Constitución húngara y los países pertenecientes á la Corona de dicho Reino recibieran, por consiguiente, una administración interior, independiente, y un Ministerio especial. Estas modificaciones fueron reconocidas por el Parlamento austriaco en virtud de la citada ley, estableciéndose al propio tiempo las condiciones bajo las cuales deben ser estudiados y despachados en adelante los asuntos de política exterior, de Hacienda pública y de Guerra, comunes á las dos partes, y fijándose los medios, conducentes á este fin. Las otras dos leyes de Diciembre se refieren á la consignación modificativa de la Constitución promulgada en Febrero de 1861, modificación exigida por el dualismo que se acababa de inaugurar, en virtud de las mismas leyes se han ampliado los derechos de libertad del Parlamento y de las Dietas provinciales, garantizando la inviolabilidad de estas libertades por la ley dictada en 25 de Julio del mismo año sobre la responsabilidad de los Ministros. Tratan además de los derechos personales de los ciudadanos, del poder judicial, del administrativo y ejecutivo, así como de la institución de un tribunal para lo contencioso-administrativo.

La Constitución actual del Imperio tuvo su remate en la ley de 2 de Abril de 1873 y en la de 4 de Octubre de 1882 (f., g.) las cuales contienen modificaciones de la ley orgánica sobre la representación nacional y la elección de los miembros del Parlamento. En virtud de la primera la representación nacional fue separada de la provincial con el fin de conseguir una expresión inmediata y espontánea de las aspiraciones del pueblo por medio de una elección más directa de los Diputados. Por la última ley el derecho electivo fue ampliado considerablemente. El Parlamento, como representación común de todos los pueblos del Imperio, forma ahora un Cuerpo enteramente independiente de las Dietas provinciales, y enlaza estrecha mente todas las provincias de la Monarquía.

Todas estas leyes que he enumerado cronológicamente y que forman las bases del edificio del Estado, por lo que se llaman leyes fundamentales, contienen las garantías de las libertades y derechos de los ciudadanos, así como determinan la competencia y atribuciones de los diferentes poderes.

R. JAIME DE BAGUER.
Trieste 5 de Septiembre de 1889.

Documentos diplomáticos.

Documentos relativos al arbitramento de la reclamación Cerruti.

(Continuación.)

La comunicación dirigida por el Ministerio de Negocios Extranjeros al señor Secretario de Gobierno del Cauca, á la cual se refiere el num. 52 de la Pro-Memoria, tiene todo el interés que se le asigna, y á la luz de los principios del Derecho Gentes, que prevalecen en la materia decisiva en la cuestión, aun considerada desde el punto de vista más desfavorable.

Iniciado el procedimiento criminal contra el Sr. Cerruti por las autoridades del Estado del Cauca, conforme á la legislación del Estado, por no haberse aún declarado en guerra toda la Nación, se ocuparon los bienes y se tomaron contra el todas las rigorosas medidas previstas en las leyes vigentes, y que por ban- do habían sido publicadas nuevamente para llamar hacia ellas la atención de nacionales y extranjeros. Avisado el Gobierno general de estos procedimientos y habiendo cundido la rebelión en todo el país; declarado ya en estado de guerra, se dirigió al del Cauca, su agente, demostrándole que la causa no era ya de su competencia sino de la del Gobierno general, porque la confiscación tenía un carácter nacional, y eran aplicables, no las doctrinas de la Ley 38 de 1879 del Estado del Cauca, sino la Ley nacional 60 de 1882.

Hace la dicha comunicación justi- mas apreciaciones respecto de la calidad de extranjero de que estaba revestido el Sr. Cerruti, y finalmente ordena que el juicio se siga conforme á la tramitación del Código nacional, y que se entreguen al Sr. Cerruti los bienes rodajes de su propiedad de que se le hubiese despojado; y respecto de los muebles, que por las necesidades de la guerra se le tomaron, dispone se procure tomar razón, clase y naturaleza de ellos.

El Gobierno del Cauca cumplió lo ordenado; y si el Sr. Cerruti no está aún en posesión de los bienes raíces, depende esto de la tenaz resistencia que ha opuesto á recibirlos, y sobre lo cual ha hecho el Gobierno de Colombia repetidas gestiones.

Con esta explicación no cree el Comisario colombiano estar obligado á ocuparse del procedimiento de las autoridades del Cauca, que se halla, por otra parte, explicado satisfactoriamente por el señor Secretario de ese Estado en la respuesta que da á la nota del Gobierno general, y que se halla en el mismo documento número 52.

Aún el proceder de extranjeros neutrales, en la hostilidad, por cierto insostenible, de que no fuese justificado el procedimiento de las autoridades del Estado del Cauca, no tendrá responsabilidad alguna el Gobierno de Colombia, aten- didas las medidas que dictó en esta comunicación y las disposiciones de su decreto de 19 de Agosto que se encuentra publicado en el documento número 52 citado. En la exposición que el Comisario colombiano se propone hacer al Mediador de las doctrinas aplicables al presente caso, lo demostrará in extenso.

Pasa, ahora á analizar el que escribe, el valor probatorio de los documentos que en apoyo de la reclamación del señor Cerruti se citan en la pro memoria.

Asegúrase que el general Payán guar- daba antigua enemistad contra el señor Cerruti, y en apoyo de esta aserción, se citan los documentos números 14 y 27.

Una carta del Sr. Cerruti, en que acompaña al liberalista Segre una esquela de ex-general Hurado, revolu- cionario y socio de aquél, es lo único conducente que contiene el legajo nú- mero 14, el cual, en verdad, no merece atención.

El legajo número 27 lo forma una larguísima carta del Sr. G. Mazza, es- crita en tono tan desvergonzado y tan irrespetuoso para con las autoridades de Colombia, que carece de títulos á la consideración del que este escrito, quien aprovecha además, la oportunidad para declarar que no se ocupará de ninguna de las cartas de este señor que se han presentado como pruebas, porque las convenciones sociales y el respeto que debe á la Cancillería española así se lo prescriben.

No merece tampoco particular aten- ción el escrito que se une al número 10, pues sólo revela que el Sr. Cerruti no convino con el Dr. Silva en facilitarle recursos cuando este se sirvió entre el Cauca en 1879. No está en el orden regular de hechos, dado el carácter histórico del Dr. Silva, uno de los hombres más dis- tinguidos de Colombia, afirmar que este acto inocente del Sr. Cerruti fuése has- tante á engendrar el rencor que se quiere hacer valer.

(Se continuará.)

Parte oficial

Ministerio de Estado

CONSULADOS

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el Regium Esequatur