Archivo diplomático y consular de España (1889-11-08 00:00:00), página 6

plomático y deduce que éstos deberían ser los únicos que en 15 de Agosto de 1885 habían sido enviados a Bogotá, sin detenerse a considerar que por tratar una posesión más precisa sobre un hecho criminal, pudiera haberseles elegido para no llevar confusión a la materia con hacer gran acopio de declaraciones.

Además la deducción sacada del examen de las declaraciones de Fonseca, se permite el que escriba considerarla motivada; pues, dado que tales declaraciones adolecieran de los vicios que en la pro Memoria se indican, no encuentra motivo para deducir que las que aparecen en el mensaje del ciudadano presidente de la República con fecha anterior al 6 de Mayo, tengan alteradas las fechas.

Dice la pro-Memoria á este respecto: «Se trata de un soldado, Luis Fonseca, que acusa á Cerruti, de haberlo enviado de Buenaventura el 20 de Enero como un mensajero para el general Desaza. Cerruti estaba el 20 de Enero en Cali y lo habrían sido los Sres. Payán y Ulloa si efectivamente hubieran tenido conocimiento en Cali el 10 de Febrero de las declaraciones de que se hará mención más adelante. Los documentos Fonseca no tienen, por lo tanto, ningún valor, viciados como están de intrínseca y auténtica falsedad; sólo sirven para demostrar que tienen fechas antecipadas, y de aquí, que están viciadas de intrínseca y auténtica falsedad todas las declaraciones anteriores al 6 de Mayo que figuran en el mensaje.»

Se dan por probados los hechos sin que se aduzca en favor de tal aserción más que meras conjjeturas. El día 15 de Agosto de 1885 no se tenía en Bogotá otras pruebas que las declaraciones de Fonseca, por no haberse acompañado á la embajada el secretario de Relaciones Exteriores al Cuerpo diplomático residente en Bogotá otros documentos, éste es el uno; el otro es que, si hubiera habido más declaraciones el 10 de Febrero, los Sres. General Payán y Dr Ulloa habrían tenido conocimiento de ellas. Examinemos.

Cualquier documento que contuviese una asserción dada con las formalidades legales contra el Sr. Cerruti, llenaba el propósito de la secretaría de Relaciones Exteriores. Se comprende que no se trataba allí de comprobar la culpabilidad del Sr. Cerruti, sino de producir un documento que demostrase que existía una declaración, cabeza de proceso, que estableciese la legalidad del sumario y de las medidas que de él se desprendiesen. Y comprobada la nulidad de las declaraciones de Fonseca, aparecería más clara todavía la buena fe del Gobierno en presentar la prueba primera que se tomaba en el juicio, cualquiera que fuese su valor jurídico, que entonces no era del caso examinar.

Veamos ahora si tiene algún fundamento la otra presunción.

El 9 de Febrero llegaba el general Payán á Cali, libradas ya las batallas de Sonsó y de Viges, que habían sido favorables á las armas del Gobierno; pero el Cauca estaba muy lejos de ser pacificado. El día 13 se daba la acción Roldanillo, y las tropas que del Estado de Antioquia venían sobre el Cauca habían ocupado á Cartago con cerca de 3.000 hombres. Muchas valían las victorias obtenidas, pero quedaba todavía mucho más por hacer. El general Payán en Cali tenía que atender á la dirección de la guerra con todas las dificultades que se presentan en los países de Sur América. Debía mover el ejército hacia Cartago, proveerlo de caballerías, racionarlo, etc., etc.; y debía atender á todos los ramos de la Administración pública del Estado, y á dictar órdenes para el levantamiento de nuevas fuerzas que oponer á la rebelión; en fin, se movía de Cali hacia Buga al recibir la noticia del combate de Roldanillo, y se preparaba á marchar á Cartago para vencer en Santa Bárbara el día 22.

Al frente de tan importantes atenciones, ¿podrá suponerse que el general en jefe se hubiere ocupado de leer declaraciones en el asunto del Sr. Cerruti? Es preciso que se tenga presente que si esta cuestión ha podido tener más tarde importancia, carece por completo de ella en ese momento, fué incómoda de aquellos días con frecuencia en otras en las guerras de todos los países; ¿Por qué, pues, se asegura que el general Payán debió tener conocimiento de las declaraciones que se tomaban el 10 de Febrero?

Además de todos los documentos presentados por el Sr. Cerruti aparece que el comandante de Pabas se ocupaba ya en Abril de hacer investigaciones en este asunto (legajo núm. 42); y en la misma circular, al pie de la declaración de Fonseca tomada en Tulúa, se ve que el Sr. Dr. Julio R. Delgado autorizaba en ese lugar la copia de varios otros documentos.

La participación que tuvo el Sr. Cerruti en la prisión y conducción al destierro del Ilmo. Sr. Obispo de Popayán, se quiere presentar como un hecho inoportuno, si se asegura en favor de esta ex- posición del mismo señor obispo, á la que llama el señor Cerruti que establece y especialmente la atención del Mediador, pues no cree que ella pueda ser más con- concluyente. «Se hace mérito, además, en la pro-Memoria de una carta del señor C. Conto, entonces gobernador del Estado (legajo núm. 21). Es contestación de una del Sr. Cerruti, la cual no se presenta, y el Sr. Conto dice: «Para llevarla á efecto (la expulsión de los obispos) claro es que el Gobierno no había de emplearlo á usted, que no solamente es extranjero y conserva ese carácter, sino que era agente consular de un Gobierno extranjero.»

Lo que aquí resalta es que el Gobierno no comisionó al Sr. Cerruti para expulsar á los obispos ó para llevarlos al destierro. Nada tenemos que objetar á esto, pues no es el punto que se trata de comprobar; y en todo caso, servirá esta prueba solamente para demostrar que los actos del Sr. Cerruti no se ejecutaron por orden y en nombre del Gobierno, informando así, la doctrina que sobre esto asenta la pro Memoria.

Lo que se ha demostrado con documentos cuya fuerza probatoria no se ha infirmado en lo mínimo, es que en la guerra civil de 1876 y 1877 fue el Sr. Cerruti á Popayán con una partida de gente armada á aprehender al señor obispo y conducirlo al destierro, hecho que no niega el Sr. Cerruti (legajo nú- mero 3); sólo si queda sobre él una aplicación que á su turno resulta contradicha por carta del Sr. Conto que se cita en su favor.

No parece que debatirse la aser- ción de que el auto de proceder del juez del circuito de Cali en lo criminal fué presentado con el mensaje de S. E. el presidente de la República para demostrar que en virtud de él se había ordenado la captura del Sr. Cerruti, y no por órdenes del presidente del Cauca, de lo cual concluye la pro-Memoria que este procedimiento es nulo á los ojos de la Legación. Si algunas pruebas se pre- sentaren en apoyo de esta opinión, el comisario colombiano se ocupará gustoso en refutarlas, aunque no haya en ello importancia actual, después del de- creto del Poder Ejecutivo y de la nota de la secretaría de Relaciones exteriores sobre juicios contra extranjeros.

(Se continuará)

Otro documento diplomático

Ministerio de Relaciones exteriores de Chile

Es de interés y en este concepto la reproducimos la siguiente nota dirigida por el Sr. Ministro de Relaciones de Chile al Sr. Fiscal de la Excm. Corte Suprema de Justicia, D. Ambrosio Montt en la que se le pide informe sobre la legalidad con que la magistratura judicial puede conocer en casos análogos, al que motivó las observaciones contenidas en la nota del señor enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Alemania que se le trascibe, ó debe inhibirse de tomar parte en ellos.

«Santiago, 16 de Julio de 1889.—El señor enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Alemania dice á este Departamento, con fecha 25 de Junio próximo pasado, lo que sigue:

•La ley de navegación alemana (Sec- mannssordnung) prescribe que todas las quereellas que surgen entre el capitán de buque y un marino de la dotación, deben ser dirimidas ya por el tribunal del país en que el contrato se haya cele- brado, ó bien por el Consulado alemán en el puerto en que se suscite la quere- lla, el cual, por dicha ley, queda cons- tituido en tribunal para el arreglo de los negocios de esta naturaleza. Está absolutamente prohibido á los marineros por el § 105 de la mencionada ley, que lleven sus quejas ante los tribunales ex- tranjeros del puerto en que la disputa haya tenido lugar.

•La ley de navegación chilena, con- tiene en su art. 83 y el Código de Co- mercio en su art. 563, disposiciones ana- logas á las de la ley alemana.

•Régimen de lo que precede, que cuando un marino alemán quechuente la ley de su país no remitiendo á la jurisdicción del Cónsul en los casos previstos en el parágrafo 105, sino llevando su querella ante el tribunal extranjero, este último debe inhibirse de su conocimiento, sobre todo cuando el Cónsul reclamase á este propósito en virtud de la ley alemana.

•En efecto, en todos los casos análogos que hasta la fecha se han presentado en Valparaíso, el juez chileno siempre é invariablemente se ha conformado á