Archivo diplomático y consular de España (1889-01-16 00:00:00), página 5

permitido me será consignar lo siguiente:

Ya en 1681 confió Francia el nombramiento de cancilleres á los cónsules, haciéndolos responsables de su elección; pero más tarde reservóse el rey este cuidado, ya residieran en escalas de Levante, ya en países de cristianidad; y esta disposición se mantuvo firme, de una manera tan general como absoluta, hasta el año de 1814, en que el nombramiento fué de nuevo abandonado al cónsul.

La experiencia justificó después la necesidad de adoptar otra forma de nombramiento más regular y sobre todo más adecuada á las exigencias del servicio, y precisó fué volver pronto á la antigua legislación francesa, de la cual los cancilleres habían de ser nombrados de Real orden é institutos por el Gobierno, según el reglamento de 22 de Julio de 1829, siendo este también el principio que prevaleció en 1833, cuando la revisión general de los reglamentos consulares, en los que para mayor decoro se les concedió el uso de uniforme.

En España sucedió como en Francia; unas veces eran los cancilleres nombrados por los cónsules, y otras por los Gobiernos, siendo varios los nombrados de Real orden; allá por los años de 1859, llegaron á prestar los mejores servicios al Estado, que los confió más tarde el desempeño de altos puestos en la carrera; ejemplo, el Sr. Rey, que llegó hasta consul general, y el Sr. de Serra, consul de primera.

Recientemente hubo propensión á obrar en sentido contrario, pues el reglamento de 31 de Mayo de 1870, dice en su artículo 15:

"Los cancilleres actuales que estén aprobados por orden ministerial, optarán, por rigurosa antigüedad, á la mitad de las plazas de vicecónsules, etcétera, etc., siempre que se sujeten al examen de que trata el artículo 6."

Según se ve, el artículo 15 sólo trata de cancilleres que en 1870 hayan sido aprobados por orden ministerial, y enmudece respecto de aquellos que posteriormente pudieran serlo, circunstancia que parece dar á entender que ha habido tendencias á su supresión.

Más si lo que se supone, en realidad fuera: ¿por qué viene el art. 89 diciendo que los cónsules nombrarán provisionalmente sustituto al canciller en caso de ausencia, enfermedad, cesación ó recusación del propietario?

¿Y por qué el artículo 96 dice que á los cancilleres corresponde sustituir al vicecónsul, asistir á todos los actos administrativos y judiciales, concurrir á su ejecución y desempeñar la secretaría del consulado, practicando fuera de la oficina cuantas actuaciones y diligencias exijan su cumplimiento?

Verdad es que en ciertos consulados los cancilleres son enteramente inútiles; pero en otros son de necesidad incontestable. Nombrados casi siempre después de muchos años de servicios prestados como auxiliares en las oficinas del cónsul, han de ser necesariamente sus mejores consejeros y los que mejor conserven el secreto tradicional de 'dar', en el país donde residen, solución uniforme á toda clase de asuntos.

Suspendidos desde hace tiempo los efectos del reglamento de 1870, se promulgó otro en 1883, que ni siquiera menciona á los cancilleres; pero exige para el ingreso de vicecónsul en la carrera el título de licenciado, sin duda para que puedan actuar como notarios de los consulados y suplir la falta de los cancilleres. ¿Y qué puede resultar? Que por lo regular habrá malos abogados ó no tendremos vicecónsules, y de esta ley, como de la de 1870, habrá que suspender los efectos, porque de seguro tampoco dará los resultados apetecidos.

Concluidos sus estudios, puede un abogado, si tiene talento, ganar, no sólo para vivir, sino adquirir gloria en su honrosa carrera, sin exponerse á ser víctima en América de la fiebre amarilla, ni á odiarse de la insensatez del Cochinchina. Además, ¿acaso podrá despachar un vicecónsul en aquellos consulados donde harto abatido ha de estar como recalcitrante de los derechos obvencionales y otras atribuciones exclusivas de su ca. go? No permaneciendo, además, constan, émeme en un mismo puesto como los Cancilleres inamovibles ó destinados, si se quiere, á morir donde principiaron la Carrera, mal podrán conocer á fondo su idioma, sus leyes, usos y costumbres. ¿Qué hará un licenciado español en Argelia ó en Singapooe, por ejemplo, donde rigen leyes especiales que difieren, no sólo de las de España, sino que hasta distinta son las de Francia e Inglaterra? Lo necesario es, digo, lo que se quiera, que en la parte notarial debe un consulado tener siempre presente que sus actuaciones y diligencias han de guardar armonía, no sólo con las leyes de su nación, sino también con las del país donde haga su sede fuza y valor los documentos; ó en otros términos, que no han de perder de vista el Estatuto real ni el personal de sus administrados.

Así pues, ¿no sería más justo y equitativo que al canciller se le diera estabilidad en su empleo, que ha llegado á ocupar después de muchos años de auxiliar, y cuya larga práctica suple sin ninguna clase de inconvenientes la serie de estudios que la ley de 1870 exigía para el ingreso en la Carrera, como por real decreto de 2 de Setiembre de 1883 se ha hecho con los escribientes de los gobiernos de provincia? El nombramiento de real orden es medida que, como se impuso en Francia, se impone en Es paña, á la solicitud del Gobierno; pues nombrando á los Cancilleres según se ha dicho, se dará justa recompensa á modestos servidores del Estado, con frecuencia muy meritorios, como consta á los que hemos servido en la Carrera Consular muchos años, en diferentes partes del globo; los que, seguros de sus puestos, no podrán menos de cumplir con excesivo celo su deber, y no dependerán del bolsillo particular del Cónsul, el que puede despedirlos injustamente ó reba jarles el salario. Recientemente, un Cónsul, antes de tomar posesión de su destino, parece que ha despedido por telegrama á un canciller que contaba veinticinco años de buenos servicios, porque tenía sin duda necesidad de hacer economías.

De esperar es que el muy justo e ilustrado señor Ministro de Estado se sirva tener en consideración lo lamentable é injusto que es que, siendo los actuales cancilleres servidores del Estado, como cualesquiera otros empleados, no tengan seguridad alguna en sus destinos, expuestos siempre á ser despedidos por la voluntad de un Cónsul, que á veces suele posponer el servicio á sus miras y conveniencias personales.

Mucho ahorraría el Erario con que los Cancilleres y empleados de los Consulados fueran directamente pagados por el Estado, y no de los gastos ordinarios del servicio consular: que algunos agentes han llegado á suponer que constituyen un sobresuelto ó gratificación, según dice la real orden de 23 de Marzo de 1859.

BALBINO CORTES Y MORALES.

La cuestión paraguayo-boliviana

Hace ya tiempo que en Europa es conocida la ruptura de relaciones diplomáticas entre Bolivia y el Paraguay.

Se ha hablado con este motivo de gravísimos conflictos y hasta de inevitable y próxima guerra. No se trata de eso, sino, pura y sencillamente, de ese litigio que por diversas circunstancias ha tomado muchos vuelos, pero que sin duda habrá de resolverse por las vías pacíficas.

Bueno será advertir que Bolivia y el Paraguay están separados por una extensión de 8.000 leguas cuadradas en que no hay habitantes, ni vías de comunicación. Es un terreno casi inexplorado y en muchos puntos inaccesible.

Sería necesario una gran fuerza de voluntad y un desconocimiento absoluto de sus propias conveniencias en ambos países para que se lanzaran á la pelea por tal iniciativa.

Veamos ahora el origen y desarrollo de la cuestión.

Hacia fines de 1884, fué á Buenos Aires el Sr. D. Miguel Suárez Arana, que había hecho con el Gobierno de Bolivia un contrato muy ventajoso. Se comprometía á abrir un camino carrete ro que, partiendo de la orilla occidental del río Paraguay, en el punto denominado barranca de Chamacoco, fuese á terminar en la ciudad de Sucre, una de las capitales de Bolivia. En compensación de este importante trabajo, el Gobierno boliviano daba al contratista algunas ventajas de que aquí no es necesario hablar.

Cuando una expedición compuesta de un vapor y dos vaporescóts, llegó á la Asunción, el Sr. Suárez Arana desembarcó con objeto de pedir al Gobierno paraguayo el permiso necesario para establecerse en la barranca de Chamaco co, y empezar los trabajos del camino que había de terminar en Sucre.

Los hombres que entonces gobernaban al Paraguay, comprendiendo la importancia de la empresa y los beneficios que de su realización reportaría el pueblo paraguayo, concedieron el permiso pedido.

Algunos meses después de la fundación, en la barranca de Chamacoco, de un establecimiento bautizado con el nombre de Puerto Pacheco, en honor del presidente de Bolivia, la empresa abortó por falta de dinero, y la Lebración boliviana se vió en la necesidad de sostener