Archivo diplomático y consular de España (1889-01-30 00:00:00), página 4

que después se vería si se podían sostener ó no estas Cámaras de comercio. Comprendo perfectamente que en Londres, en Nueva-York y en algunas otras importantes ciudades mercantiles y de la alta banca, exista una Cámara de comercio; pero también comprendo que, residiendo en esas localidades banqueros y comerciantes españoles y otras personas que tienen interés en las relaciones comerciales con España, basta que el Ministerio de Estado los excite á invitar, y por medios indirectos logre que esas Cámaras de comercio se constituyan y funcionen por sí mismas, recursos propios, sin necesidad de subvención del Gobierno español ó sea del Estado.

Así, pues, yo no comprendo más economía que esa, según mi modo de ver y pensando hoy como pensaba cuando se crearon esas Cámaras de comercio.

Esto con referencia al presupuesto, que respecto á las economías que se intenan hacer, si yo tuviera la honra de ser Ministro de Estado, dejaba cien veces la cartera antes de acceder á las exigencias del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, yo vengo á rogar al Sr. Ministro de Estado que de ninguna manera acceda á esas economías, sino, por el contrario, que dote las Legaciones con el personal suficiente, como antes le manifestado.

Refiriéndome ahora al reglamento de la carrera, ruego al Sr. Ministro de Estado, puesto que tenemos la suerte de que el autor de la ley y del reglamento que organiza aquélla sea en estos momentos el que desempeña el Ministerio de Estado, que se aplique, no solamente el espíritu, sino la letra del anunciado reglamento.

El art. 60 del mismo, dice lo siguiente:
«Art. 60. El Gobierno podrá jubilar, con arreglo á las leyes comunes, á los empleados diplomáticos cuando se hallen completamente inútiles ó hayan cumplido la edad de 65 años.»

Yo veo que en el ejército, y tengo entendido que también en la armada, se aplica con todo rigor el artículo en que se fija la edad para pasar á la reserva. Por lo tanto, para que el Sr. Ministro de Estado pueda hacer que la carrera diplomática sea una verdad, y no un espejismo, y para que puedan ascender muchos señores diplomáticos, es de toda necesidad que se cumpla este artículo, y también es preciso que se cumpla el art. 12 del reglamento.

«Art. 12. El Ministro de Estado podrá instruir expediente de calificación de los empleados cesantes. En ellos deberán constar las notas de concepto que estos hubieren merecido á los últimos jefes, á cuyas órdenes sirvieron, y una nota del negociado correspondiente del Ministerio, en que se califique su aptitud para volver al servicio. En el caso de que esta fuese desfavorable al interesado, se le deberá dar audiencia para que consigne su defensa; y una vez completo el expediente con estos datos, se remitirá á la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, con cuya audiencia se podrá declarar la incapacidad del funcionario para el servicio.»

Pues bien; nos encontramos con que en el escalafón no solamente existen en la clase de cesantes empleados de la carrera diplomática que no están en aptitud para el servicio, sino que en el mismo escalafón existen funcionarios que, en mi opinión, están incapacitados para seguir desempeñando sus funciones. Yo no vengo hoy á pedir al Sr. Marqués de la Vega de Armijo, autor de la ley y del reglamento, más que la aplicación estricta de esta ley y de este reglamento.

Estas eran las súplicas que tenía que dirigir al Sr. Ministro de Estado, y no hallándose éste presente, ruego á la Mesa se sirva trasmitirlas, acompañando á la comunicación correspondiente un Extracto oficial de esta sesión.»

Uno de los periódicos citados por el señor Marqués de Muros en el discurso que acababan de leer nuestros lectores, y con motivo del mismo, recuerda que aquel distinguido Senador tiene dos ó tres hijos en la Carrera diplomática.

Si este pudiera ser el móvil de las escisiones hechas al Sr. Ministro de Estado en la sesión de la alta Cámara del día 26, (y para quien sepá quien es el señor Marqués de Muros, dicho está que no puede ser) nos parecería poco que hubiese un solo Sr. Senador con hijos en la Carrera diplomática.

Se necesitan más

Y de tan clara inteligencia y tan consistentes en sus propósitos como el Sr. Marqués de Muros.

La Exterritorialidad.

I

Así como la inviolabilidad está reconocida como un derecho primario absoluto por todos los tratados desde los más antiguos tiempos, la exterritorialidad ó extraterritorialidad viene siendo motivo de polémicas por parte de notables internacionalistas, muchos de los cuales sólo reconocen la existencia de ese derecho á los Agentes diplomáticos, como representantes del Estado, pero no en sus negocios particulares, mientras que otros lo niegan rotundamente, bajo todos los aspectos.

La costumbre y la reciprocidad entre las naciones ha ido decidiendo poco á poco la cuestión en favor de los primeros, y ya en el día se halla aceptado que la extraterritorialidad es un conjunto de privilegios, en virtud de los cuales es inviolable civil y criminalmente al que de ellos esté investido, bien sea Embajador, Ministro ó Secretario de Legaciones.

Los Concesiones cuando no media un pacto internacional, no disfrutan de esta inviolabilidad.

Para llegar á este punto ha sido necesario, sin embargo, un convenio tácito entre todos los Estados y la ficción de que el Agente diplomático reside en su patria, aun sin estar en ella, única que puede perseguirle, puesto que conserva su propio domicilio, jurídicamente.

La exención de la jurisdicción civil, así contenciosa como voluntaria, le corresponde en toda la extensión del país, como á su familia, comitiva y efectos; y hasta las deudas, aun las contraídas antes ó durante el curso de su misión, dice Grotius, no pueden autorizarse para ser cuestiones ó otros actos de jurisdicción contra su persona; únicamente cuando se trata de un inmueble, objeto de un negocio contencioso, tiene que sujetarse el Ministro á la jurisdicción civil del país donde reside, y cuando posee muebles ó bienes raíces en calidad distinta á la del Agente extranjero. En sólo estos casos, los Tribunales pueden pronunciar arrendaciones y embargos mobiliarios e inmobiliarios, sin que se perjudique á la calidad de representante de un Estado extranjero, según el autor citado.

En 1875, el tribunal del Sena se declaró incompetente para juzgar á un representante de la República de Honduras, y cuatro años después el mismo tribunal revocó la sentencia de embargo y separación nada contra otro ministro plebiscitario cerca del Gobierno francés.

La extraterritorialidad de los Embajadores en cuanto á deudas, de Felipe V, establece que «el fuero y privilegio de los Ministros públicos para no ser apremiados ni convenidos en juicio durante su ministerio, ni estrechados con ejecuciones, se entiende y practica sólo cuando los contratos anteriores á su legación dieron acción y derecho á sus acreedores, y se suspenden por el tiempo de ella, pero no por las deudas, negocios y contratos particulares propios que durante el ejercicio de su ministerio público han contraído», en cuyo caso el Enviado segura su derecho en los tribunales respectivos á sus obligaciones y contratos, corriendo los apremios á que hubiere lugar.

Esta prerrogativa quedó modificada en la Real Orden de 14 de Marzo de 1838, que establece no se admita la demanda alguna civil en instancia á los Juzgados y Tribunales del Reino cuando se entable contra Embajadores ó Ministros de otras naciones, limitándose cuando se ofreciese el caso, á elevar á S. M. por el Ministerio de Gracia y Justicia, las quejas y reclamaciones de los demandantes.

En materia criminal, todos los diplomáticos empleados de planta en las Legaciones gozan de completa inmunidad, según la ley vigente sobre organización del Poder judicial en España, y en caso de delinquir, únicamente deben ser puestos á disposición de sus respectivos Gobiernos, en virtud de la ficción que supone, como hemos dicho, que el representante extranjero permanece en su país, y por consiguiente, bajo la soberanía de sus Tribunales.

La extraterritorialidad puede decirse que entra en la inviolabilidad, porque si bien aquella se comprende el asilo para los criminales, que hoy no existe, ni impide el derecho que todo Estado tiene de expulsar al Agente extranjero, mediante un motivo justificado, sólo acudiendo al Tribunal competente del país á que pertenece el diplomático, puede hallarse justicia; y como se ve, el procedimiento no es ni cómodo ni sencillo, y más cuando está sancionado que las prerrogativas de la inmunidad no son renunciables por los interesados; es decir, que aun renunciando la inmunidad sería forzoso acudir al Estado extranjero, puesto que el Gobierno donde se hallan acreditados los diplomáticos no puede aceptar la renuncia y declararse competente.

Wattel dice á este propósito lo siguiente:
«Siendo las Embajadas de tan grande importancia en la sociedad universal de las naciones, y tan necesarias á su común salubridad, la persona de los ministros encargados de estas Embajadas debe ser sagrada e inviolable en todos los pueblos, etc.» Pero esta inviolabilidad cesa,