Archivo diplomático y consular de España (1889-02-24 00:00:00), página 2

deberla ir en primer término la Dirección de la marina mercante en sus diversas mercancías, vapores correos, abordajes, naufragios, excepto la parte militar que continuaría en el Ministerio de Marina, Comercio general, Preparación de Tratados, Estadística comercial, Cámaras de Comercio, Memorias consulares, su clasificación y publicación.

La parte económica del proyecto no sería en extremo dispensable puesto que á ese centro irían empleados de los diversos Ministerios, prácticos en los asuntos que se trata de reunir y centralizar.

Si la política da tiempo al Sr. Marqués de la Vega de Armijo para realizar este pensamiento, y hacemos votos porque se lo dé, esta vez, como siempre, su paso por el Ministerio de Estado, señalará una mejora más y una mejora importante.

Y por consiguiente, un nuevo servicio que le deberá el país.

La Exterritorialidad.

II

Después de las sucesivas ideas expuestas en el artículo anterior sobre esta materia del derecho internacional privado (1), completaremos nuestro trabajo señalando los límites aceptados hoy por todos los Estados para la inviolabilidad diplomática.

Ya hemos visto hasta qué punto llega la personal, la que siempre y en todas las ocasiones va unida al Agente para rodearle de las garantías indispensables á la misión que tiene confiada, tras cuya inmunidad sigue la del palacio ó casa Legación en que el Agente habita, y de este punto vamos á ocuparnos.

En tiempos relativamente cercanos las Embajadas formaban un barrio en las grandes poblaciones y su terreno era considerado inmune, por más que algunos Soberanos rechazasen tal privilegio dentro de su territorio.

La calle de Embajadores de esta Corte era el barrio destinado á los Representantes extranjeros y toda ella gozaba de la más absoluta inmunidad.

Todas las Cortes de Europa tenían un lugar semejante, y hasta que el Papa Inocencio XI empezó á modificar en Roma ese derecho contra los deseos de Luis XIV, nadie puso en duda la ficción de la exterritorialidad.

La Corte Pontificia llevó adelante sus propósitos y tras ella siguieron otros Soberanos, para dejar el derecho de asilo reducido al palacio de la Legación ó Embajada, si bien exagerándolo hasta el extremo de darle la inviolabilidad para los criminales que se acogiesen dentro de sus muros.

El ejercicio de la soberanía del Estado en todo su territorio; los principios de justicia y de conveniencia social, y el interés recíproco de todas las naciones limitaron nuevamente este derecho y ya en el día ha desaparecido el albergue seguro para los delincuentes, que ni aun refugiándose en otros países y salvando fronteras se ven libres del castigo que por su crimen deben sufrir. En España desapareció en 1772 y acaso su existencia fué una de las principales causas de la guerra que sostuvimos con Inglaterra poco antes de abolir las franquicias de los cuarteles ó barríos; abolición que evitaba para lo sucesivo situaciones como la creada por la prisión á vida fuerza del Duque de Riperda, favorito de Felipe V en un principio y su enemigo después, que al refugiarse en casa del Representante de Inglaterra en España creyó burlar el enojo del Monarca. Éste, sin embargo haber reconocido el asilo, dió orden, con acuerdo del Consejo de Castilla, para apoderarse del Duque, y no obstante las protestas del Enviado británico fué el Duque arrancado del seguro como reo de esa majestad, por querer sustraerse á la acción de Sus Tribunales.

El hecho revistió un carácter de violencia innegable puesto que existía el derecho de asilo reconocido en las casas de los Ministros extranjeros, y aunque posteriormente hubo otros semejantes (1), que vinieron á modificar la antigua inmunidad de la Legación, ninguna disposición legal podía autorizar el uso de la fuerza.

Dado el primer paso, en corto tiempo se hizo lo demás y hoy ya se halla en nuestras leyes el medio de alcanzar lo que venía figurando como territorio extranjero.

Nuestra ley de Enjuiciamiento criminal en sus artículos 559 y 560 determina que sin más que pedir el juez permiso al Representante cuya habitación u oficina quiere registrar, si á las doce horas no obtuviera respuesta ó el permiso le fuese negado, lo comunicará al Ministro de Gracia y Justicia, adoptando las medidas necesarias para evitar la fuga del criminal que persiga, y procederá al registro con anuencia del Ministro de la Corona mencionado.

Fuera de la casa Legación todas las demás propiedades inmuebles de los Ministros extranjeros se rigen por las leyes comunes del país donde aquéllas radican, sin comunidad alguna y con iguales cargas, atributos y contribuciones que las propiedades de los nacionales (1), y aun la casa Legación suele sujetarse en algunos países á las cargas ordinarias, si bien esto carece de importancia ante el Derecho internacional y todo lo más es objeto de un principio de reciprocidad entre las naciones.

Ocurre alguna vez que por habitar el Ministro en casa de otro, se suscitan cuestiones entre el dueño y el inquilino sobre pago de alquileres, y nuestras leyes favorecen en ese caso al diplomático, prohibiendo al Juez decretar el desahucio ni el embargo de los muebles de la Legación, aunque facultan al acreedor para acudir al Juez del país del Ministro ó ventilar el asunto por la vía diplomática.

Tal sustracción á la jurisdicción civil, reconocida también en Europa, empieza á ser discutida y atacada por notables internacionistas en virtud del principio que establece no privar á los subditos de un país del derecho que les dan sus leyes civiles para reclamar lo que les pertenece, y sin temor de aventurar un juicio equivocado, puede asegurarse que en breve llegaremos á la práctica general de ese derecho. Hace ya medio siglo que el Gobierno de Prusia sustuvo por bien hecho el embargo de los bienes de un Representante de los Estados Unidos, llevado á cabo por el propietario de la casa que éste habitaba.

Escritores de tanta fama como nuestro antiguo Ministro de Estado D. José María de Pando, dicen que la ficción de la exterritorialidad no puede sostenerse más que en el ejercicio de los cargos diplomáticos, pero nunca cuando los actos realizados entran en la esfera ordinaria, por que lo contrario sería hacer inviolables á los Ministros extranjeros, como á los Soberanos, y declararlos irresponsables desde el momento que ni dentro ni fuera de su país eran juzgados.

El aparatoso boato de los antiguos Embajadores de grandes Estados cerca de Estados débiles, dió origen á la inviolabilidad reconocida en tiempos de Gobiernos absolutos; pero desde que las costumbres modificaron la manera de ser de aquéllos y el derecho moderno ha suprimido privilegios que se tenían por sagrados, el que nos ocupa ha tenido que ceder á su vez y atenerse á las inmunidades indispensables para el ejercicio de la misión. De todos modos, ya hemos visto que el poder real no reconocía la tan decantada inviolabilidad cuando ésta se oponía á los deseos ó la venganza del Soberano.

Actos de fuerza como el ejecutado por

(1) Vattel, libro iv.

(1) D. Emilio Bravo. Derecho internacional privado, tomo 3.º, año 1886.