Archivo diplomático y consular de España (1888-01-08 00:00:00), página 5

versos Estados de la Europa Occidental, el Rey no es más que el Jefe del Poder Ejecutivo.

Su acción está limitada; sus decisiones deben ser firmadas por sus ministros responsables; los Tratados han de ser aprobados por las Cámaras; su voluntad no puede prevalecer contra los tribunales; no posee, en fin, el derecho de representación más que con arreglo á las leyes de su país (1). Y si esto es así, ¿qué poderes supremos lleva el Embajador que no lleve el Enviado? El honor que goza de tratar inmediatamente con el Monarca cerca del cual está acreditado, no es más que una apariencia estéril que nada añade, dice Pando, á su carácter, ni dá más amplitud á sus funciones de Embajador.

Grocio Puffendorf, Pinheiro y otros escritores, convienen en que el carácter esencial, que es el del Ministro Representante, les es común á todos, siendo lo demás diferencias establecidas por el uso, que los gobiernos han tenido por conveniente acordar.

Estas son las ideas más esenciales sobre las Categorías Diplomáticas, halladas en tan importantes obras del Derecho; pero sucede hoy con la institución Diplomática, lo que se viene observando con todas las instituciones creadas por la necesidad de especiales circunstancias.

Las gerarquías en nuestra iglesia, como en el ejército, fueran apareciendo á medida que una y otro iban completando su organización.

Desde el Embajador del siglo xv al actual, los asuntos se han multiplicado, variando su importancia, y de aquí la precisión de establecer las categorías que conocemos, indispensables si han de hallarse en relación á los asuntos confiados á los Agentes.

Verdad es que en varias ocasiones han sido felizmente terminadas, negociaciones trascendentales, confiadas á Secretarios Encargados de la Legación ó Embajada, pero ni esto es frecuente, ni podrá adoptarse como sistema en país alguno. La importancia de los Estados ha rechazado en todo tiempo Agentes de excesiva ó de escasa representación, según el caso. Un Ministro de Inglaterra se quejaba ante el Parlamento, porque una República sub-americana acreditó á un Agente cerca de los gobiernos de Francia y la Gran Bretaña, diciendo que esta creía tener derecho á un Ministro entero. Los Reyes de Francia se negaron siempre á recibir Embajadores de los príncipes de Alemania, fundándose en que no eran éstos Soberanos independientes; y en cambio, los recibían de los príncipes de Italia, cuyos Estados eran más autónomos que los primeros.

Tales rozamientos cesaron desde el momento que las Categorías Diplomáticas vinieron á fijar y determinar las relaciones, bien ante el principio de reciprocidad, bien ante los intereses de los Estados.

De aquí el ser hoy precisas e indispensables en todos sus grados, y, sin que esto envuelva la pretensión de querer combatir las ideas de los tratadistas mencionados, casi puede asegurarse que se harían punto menos que imposibles las relaciones de Estado á Estado, si, como pretenden algunos, solo tuvieran presente los gobiernos el Poder ó mandato de sus Agentes; porque siendo este de dos clases, según ellos, bastaban dos órdenes de Representantes; y la práctica demuestra lo contrario.

No hay país alguno que acepte en el día esta sola división.

En el Derecho internacional, como en el Derecho civil, los poderes varían según sean las funciones que han de ejercerse; y así como nadie concede poderes generales á una persona de escasa responsabilidad ó confianza, de la misma manera no se confía la suprema representación del Estado en país extranjero, á quien no se halle investido de las condiciones exigidas por todos los gobiernos, y que no son del caso enumerar.

La diversidad de asuntos, la mayor ó menor importancia de los intereses nacionales, el concepto que merece la Nación donde se acredita al Agente, la relación personal entre los Jefes del Estado y varias causas más, hacen que los órdenes establecidos normalicen con mayor facilidad las relaciones entre los Pueblos.

Tal vez en el fondo de la cuestión, ante la extrema idea jurídica de la representación no pueden sostenerse diferentes clases de mandato ó Poder; pero ante la conveniencia y la economía de las naciones, es indudable que las categorías actuales hallarán siempre gran apoyo, porque si bien Embajadores, Enviados y Ministros tienen el mismo carácter especial de representación, hay de los unos á los otros la suficiente limitación en sus poderes para establecer la diferencia aceptada en 1815.

C. GALICIA.

Dificultades consulares.

IX

Practicadas estas precisas e indispensables diligencias por el Canciller, dará éste inmediata cuenta de todo al Cónsul, el qué, antes de proceder á ninguna otra formalidad, tiene que dejar debidamente acreditado el fallecimiento del otorgante por medio del oportuno documento que forma cabeza del expediente de aperturas.

Este documento no es otro que la partida de defunción acte de décès, expedida por el Maire, Alcalde del distrito correspondiente en que hubiere fallecido el otorgante, teniendo cuidado el Cónsul de exigir que la firma del Alcalde ú oficial del Registro civil, officer de l'Etat civil, que en su nombre la autorice, aparezca legalizada por el Presidente del Tribunal civil á que corresponda la Maire en cuestión, y por último, por el Ministro des Affaires Etrangères que legaliza la del mencionado Presidente.

Esto si el otorgante ha fallecido en Francia; si hubiera fallecido en España, el Cónsul no admitirá otra partida de defunción que la expedida por el Juez municipal correspondiente, cuya firma legalizará el Presidente de la Audiencia de que aquél dependa, siendo á su vez legalizada la de éste por los Ministerios de Gracia y Justicia y Estado, ó por tres Notarios del Colegio correspondiente, debiendo en este caso, no cuando legaliza el Ministerio de Estado, visar la firma de los tres Notarios, el Agente Diplomático ó Consular de Francia, cuya firma es últimamente legalizada por el Ministro des Affaires Etrangères.

Resulta de lo dicho, que la legalización de los Notarios puesta al pie de un documento que deba producir efectos civiles en el extranjero, no es suficiente por sí sola en los Consolados de España; para que sea admisible en nuestras Cancillerías, se hace indispensable que la legalización, sea la que sea, siga la tramitación del Ministerio de Gracia y Justicia y Estado, que legaliza la de este último Centro; ó que la firma de los Notarios sea legalizada directamente por la Embajada ó Consulado del país en donde el documento de que se trate, está llamado á producir sus efectos legales, recibiendo finalmente la firma del Embajador ó Cónsul extranjero, el V. S. B.º al efecto del Ministerio de Negocios Extranjeros de su país, cuya última firma legaliza el Cónsul de España.

Solo en tal estado se encuentra el documento en regla, y puede ser aceptado por un Cónsul, debiendo tenerse muy en cuenta por los Cónsules estas que, á primera vista, pudieran parecer minúsculas e inútiles pequeñezas, pero que, si bien se mira, engendra su negligencia en la práctica una interminable serie de irremediables y graves dificultades.

No hay, pues, que olvidar que para que atraviese incólume las fronteras de la patria, la fé pública de que las leyes hacen depositarios á los Notarios, es indispensable que la firma de éstos llegue al extranjero legalizada en la forma que se ha manifestado.

Después de haberse acreditado en debida forma el fallecimiento del testador, y dado el canciller cuenta al Cónsul de las diligencias practicadas al recibir el testamento cerrado de aquél, acordará el Cónsul que para el día siguiente, ó antes si es posible, se cite á los testigos instrumentales cuyas firmas aparecen en la carpeta del testamento.

Comparados los testigos, se les pondrá por el Canciller de manifiesto el pliego cerrado para que lo examinen y declaren bajo juramento, si reconocen como legítima la firma y rúbrica que con su nombre aparece en él, y si lo hayan en