Archivo diplomático y consular de España (1888-04-08 00:00:00), página 2

al capturado y no al capturador. El primero debe hacer ver que nave y efectos son de una nación neutral ó se declare buena pesca, sin tener en cuenta la dificultad que presenta una prueba fehaciente en tales momentos.

Lo justo y legal será que el agresor justifique los motivos de su agresión, probando que la nave pertenece al enemigo; pero hasta el día las potencias hallan más cómodo presumir el fraude y dejar los menos medios posibles de escapar á su rapina.

Las causas de hostilidad son por tener bienes raíces en territorio enemigo; por domicilio comercial; por domicilio personal y por navegar con pasaporte y bandera de potencia enemiga.

La posesión del suelo da al propietario el carácter del país, en cuanto concierne á las producciones de aquel fundo en su transporte á cualquier otro país (1).

El comerciante debe mirarse como subido del Estado donde tiene su establecimiento, dice el mismo Scot, puesto que recibe el beneficio de la protección.

La residencia voluntaria que se deduce de la naturaleza del tráfico ó ocupaciones, imprime carácter de hostil al comercio. Navegar con bandera y pasaporte enemigo, hace enemiga la nave y la sujeta á confiscación, aun siendo propiedad neutral, por más que las mercancías puedan seguir otra regla (2), y aún dentro de estos casos hay gran número de circunstancias que determinan la hostilidad en perjuicio del comercio; circunstancias imposibles de mencionar en este artículo, pero que con facilidad se hallan en cualquiera de las disposiciones dictadas por los gobiernos.

El procedimiento, después de apresar una nave, es incautarse el capitán vencedor, de licencias, libros, pasaportes, contratos y cuantos papeles halla á bordo, que se encierran ante el apresado, el cual puede sellarlo con su propio sello. Ciérranse las escotillas y el captor guarda las llaves de cofres y armarios y conduce la embarcación á un puerto de su país, del país del captor. Cuando no pueda conducirse la presa á lugar seguro, es lícito destruirla; facultad que todos los gobiernos califican de barbara, pero sin reformarla hasta hacerla desaparecer. Los estados del Sud de America, quemaban todas sus presas, fundándose en que no tenían puertos donde llevarlas. En 1870 un buque francés quemó dos alemanes y nuestra misma Ordenanza de Corso autoriza para quemar la presa ó echarla á pique, después de prover á la seguridad de los prisioneros.

¡Podría hacerles seguir el camino de la nave!!

El tribunal que debe fallar hace inventario de cuanto se halla á bordo; examina las circunstancias en que se hizo la captura y empieza el verdadero juicio que, como dice el Marques de Olivart en su excelente obra antes citada, toma la forma completamente inútil de acción revindicatoria, en la cual se supone poseedor al apresador, y mero demandante al legítimo dueño. Este no puede oponerse á la condena si es un subido enemigo, gracias al carácter hostil que se atribuye al apresamiento, con razón ó sin razón, y el fallo viene á condenar lo que en realidad estaba juzgado y condenado antes del juicio, en la mayor parte de los casos.

El captor hace las partes de la presa con los que le ayudaron á apoderarse de ella. Si es corsario, con cuantos le prestaron ayuda material y si es de guerra con los que se hallaban á la vista, y la propiedad enemiga pasa á manos del apresador por haber sido más fuerte ó más afortunado, aunque poca fortuna ni fuerza se necesita para luchar en la soledad de los mares una nave armada para el corso con otra dedicada al comercio y por tanto, sin los medios de defensa que cuentan las primeras.

Los abusos que en alta mar se cometen son incalculables y para evitarlos, las ordenanzas francesas prohiben el corso á los que no sean subidos de Francia, pero tal medida sólo en una pequeña parte alcanza su objeto, como puede recordarse con lo sucedido en la última guerra de la república con Alemania, durante la cual se ensañaron con las embarcaciones comerciales, no obstante la previsión de las ordenanzas.

España es acaso la primera nación que ha reformado su derecho público marítimo en un sentido de justicia hasta hace poco no practicado, y á nuestra marina corresponde la honra de sentar nuevos precedentes en materia de presas.

D. Jose María de Baranger, ministro de Marina en 1871, publicó un reglamento en el cual se establece que la marina española renuncia en favor del Tesoro el derecho que á la propiedad de las presas le conferían las ordenanzas del ramo, pasando á la del Estado la de los buques de guerra cogidos al enemigo, y renunciando toda retribución pecuniaria por los destruidos, así como también por las presas neutrales, extensiva á las embarcaciones mercantes de propiedad española.

Tan glorioso paso hacia el respeto que la propiedad marítima debe infundir, será motivo de otras modificaciones legales y desde luego precedente honorísimo para fijar otras bases mas en armonía con la idea de justicia entre las naciones civilizadas; por el momento esa reversión á beneficio del Estado quita al hecho de captura el sello interesado que antes tenía, dejando limpia de toda suposición lucrativa la gloria de atacar y vencer al enemigo.

Mucho queda todavía que reformar, pero así como el derecho moderno público y privado ha ido descartándose de aquella parte heredada de tiempos poco humanitarios, debemos creer que el derecho de presas entrará en breve á formar parte del derecho universal, con una jurisprudencia en todos los pueblos y unas bases rigurosamente justas, como deben serlo para poner á salvo la propiedad del Estado ó del individuo.

Las doctrinas de Kent y de Chitty han hallado eco en varias naciones y España ha empezado por reformar su legislación en sentido más favorable á la justicia.

Fuerzas consignar, no obstante, que si bien en la utilidad que reportan las presas al captor, nuestra marina ha sido la primera en renunciarla, en cuanto á declarar la inviolabilidad de la propiedad sobre el mar, España marcha de las últimas.

D. Ignacio de Negrín en su Tratado elemental de Derecho internacional marítimo, partidario y defensor temible del derecho de captura en los mares y acaso, y sin acaso, el más competente en la materia entre nosotros, consigna que desde 1764 viene trabajándose por filósofos publicistas y naciones en favor del respeto que debe otorgarse á la propiedad privada. Al efecto cita varios hechos encaminados á conseguir tan importante reforma en el derecho marítimo universal, para rechazar las ideas que llama de filantropía, pero que salvo el respeto que nos merece tan ilustrado publicista, nosotros aceptamos como buenas y encomiables.

El derecho de apresar en los mares, como el de ocupación en tierra, es conveniente y hasta necesario cuando tiende á debilitar el enemigo privándole de recursos para la continuación de las hostilidades, pero cuando éste derecho quiere legalizarse por medio de tribunales y procedimientos contrarios al derecho civil establecido en todos los pueblos civilizados, es innegable que debe modificarse ó desaparecer.

La nave en el mar, como la casa en las poblaciones, es una propiedad sagrada, y así como los casos de incendio y destrucción por bombardeo empezan á ser rarísimos, de la misma manera deberían serlo sobre las aguas, cuando existen medios de impedir el contrabando de guerra sin apelar á la destrucción de la nave, ni aun siquiera á la pérdida de la misma para el propietario.

El Congreso de París en 1856 for-