Archivo diplomático y consular de España (1888-03-08 00:00:00), página 12

IV

Resulta, por último, y éste es quizá el punto más claro y el que con más precisión ayuda a plantear la cuestión, que las autoridades nacionales, si ese el Gobierno central de Colombia, en los diferentes documentos que prueban la rectitud de sus intenciones, al par que ponen de manifiesto el verdadero aspecto jurídico del caso sometido á la mediación, ha venido á determinar la esfera de acción en que éste puede ejercitarse. Estos documentos son el decreto de 19 de Agosto de 1885, que define la jurisdicción á que están sujetos los extranjeros acusados del delito de rebelión, y la comunicación de 29 de Julio de 1886 del Secretario de Relaciones exteriores de la Unión al del Gobierno del Cauca.

En ésta, con una notable claridad, con la elevación de miras propias de la gravedad del asunto, y con una seguridad de juicio que el mediador se complica en reconocer, el Gobierno nacional de Colombia exclarece la situación legal y jurídica de Ernesto Cerruti y anula cuanto se había actuado contra él por el Estado del Cauca, aunque en el lugar que no han podido aplicarse al caso otros procedimientos ni otras disposiciones que las que contiene la Ley Nacional 60 de 9 de Septiembre de 1882, y de ninguna manera la ley 38, de 1879, particular del Estado del Cauca, invocada por sus autoridades, que en todo caso es anterior á aquélla, contraria á la misma y opuesta á los preceptos constitucionales y á los principios del derecho de gentes; añade que no puede en ningún caso decretarse la expropiación de las propiedades raíces por causa de guerra ni el desposejo de parte de confiscación; que las autoridades del Estado del Cauca eran además incompetentes para entender en este asunto, tratándose de un súbito extranjero y de un caso de rebelión que las leyes someten á la jurisdicción de las autoridades nacionales.

Después de determinar así la cuestión de derecho al referirse á la de hecho, establece el Secretario de Estado que antes de proceder administrativamente contra Cerruti, debe escabecerse su condición para que la cuestión se someta á los canones, para los gravámenes y responsabilidades que éstos imponen las leyes, afirmando que, á juzgar por los documentos llegados el Gobierno nacional, que eran informaciones de modo hecho y diligencias ante diversas autoridades locales, la causa contra Cerruti no estaba aun formalmente iniciada; que antes de todo procedimiento, cualquiera que fuera la opinión general acerca de la conducta política de Cerruti, era preciso tener la prueba legal de su intervención indebida en el caso rebelde, que Cerruti apenas resultaba acusado de apoyo clandestino á los rebeldes; que la aplicación del derecho de guerra á un extranjero considerado prima facie neutral, debía estar plenamente justificada, y por lo tanto, era necesario estuviere también inatacablemente probada la excepción de haber violado aquel su carácter neutral, y por último, que debía considerársele como sujeto á la jurisdicción de su país originario, mientras no apareciera claramente comprometido en la rebelión.

Después de estas precisas y terminantes declaraciones, que en un todo se ajustan al derecho general de gentes y hacen honor á la independencia y alteza de miras del Gobierno de Colombia, sienta todavía el citado documento otros principios, de los cuales ha de deducirse lógicamente el fundo que el mediador debe pronunciar: tales son, el de que en las expropiaciones por causa de necesidad de guerra, huelga á la extranjeridad, declinándose que perdieron su neutralidad, esto es, sin declarar previamente su culpabilidad, aparte de la restitución de los bienes expropiados, procede se les indemnice de los perjuicios provenientes de un procedimiento ilegal; y de que proceda entregar á Cerruti los bienes raíces de su propiedad de que se le hubiera despojado, procurando respecto de los muebles que por causa de la necesidad de guerra se lo hubieran expropiado, tomar razón de su valor, clase y naturaleza.

En virtud de estas declaraciones del Gobierno Central, quedó anulado todo lo hecho en el Estado del Cauca y referida la causa al Poder Judicial Nacional, que en sus procedimientos sólo utilizó los datos anteriormente reunidos en el Cauca.

El juicio no pasó por otra parte, de un período sumario, en el que no tuvo intervención Cerruti y quedó ultimado por el Protocolo de París de 24 de Mayo de 1886.

CONCLUSIONES

Fundado en las anteriores consideraciones, el Gobierno mediador pasa á contestar las tres cuestiones que le han sido sometidas.

Cuestión 1.º Ernesto Cerruti ¿ha perdido, ó no, en Colombia su calidad de extranjero neutral?

Si los hechos que se han atribuido á Cerruti fueran exactos y el Gobierno de Colombia hubiera en los momentos en que se cometieron cuidado de probarlos de una manera cierta, está fuera de toda duda que la calidad de extranjero de Ernesto Cerruti no habría podido evitar su expulsión de la comarca, con todas las consecuencias que las leyes del país y los Tratados vigentes entre Italia y Colombia le hubieran impuesto. En el estado en que la cuestión se presenta, el Gobierno Nacional de Colombia, que en los procedimientos incoados por el Gobierno del Cauca, no existen pruebas suficientes de la participación en la guerra civil que se atribuye á Ernesto Cerruti; afirma que después de aquella época, tampoco existen nuevos procedimientos que acrediten los hechos debidamente, y considera, por último, que las pruebas presentadas durante la mediación, deben calificarse como calificó Colombia las hechas por el Gobierno del Estado del Cauca, carecen de las condiciones probatorias suficientes, por lo cual en justicia, no puede estimarse la culpabilidad de Cerruti, ni que perdiera á consecuencia de ésta, la neutralidad que en el Protocolo se expresa.

Cuestión 2.º Ernesto Cerruti ¿ha perdido, sí ó no, los derechos, las prerrogativas y los privilegios que el derecho común y las leyes de Colombia conceden á los extranjeros?

En la contestación á la pregunta anterior va implicita la que debe darse á esta segunda cuestión. Cerruti hubiera vez perdido, ó debido perder, los privilegios de extranjería por la conducta seguida en Colombia, pero en el estado de prueba de la cuestión y en los antecedentes sometidos á la mediación, está declarado que no ha perdido semejantes prerrogativas, debiendo añadirse que en ningún caso habrá podido perder los privilegios del derecho común ni los que las leyes de Colombia conceden á los extranjeros, fundándose esta respuesta en las observaciones hechas por el Secretario de Estado del Gobierno Nacional de Colombia en su informe de 29 de Julio de 1885.

Cuestión 3.º ¿Debe Colombia, sí ó no, pagar indemnización á Ernesto Cerruti?

La respuesta á esta cuestión la da el Gobierno mediador con las mismas palabras del Secretario de Estado de Colombia, que encuentra ajustadas á derecho y perfectamente beneméritas la ayuda aducida en el art. 1º del Protocolo de París, donde se mandó como se había hecho el Gobierno de Colombia, devolver los bienes inmuebles embargados, de cuya resolución nacen, como consecuencias indeclinables, las dos siguientes: primera, que no habiendo sido jurídico el embargo de los bienes inmuebles realizado por el Gobierno del Cauca, tampoco lo podía ser el de los muebles; segunda, que la devolución de los bienes raíces, implica necesariamente la de los muebles que corresponden, para que aquélla resulte completa. Y si esto no fuera posible, procederá la indemnización por lo que déje de devolverse.

El Gobierno mediador debe, sin embargo, aclarar bien el concepto que de este punto tiene, determinando, que á su juicio procede el restablecimiento del estado de derecho que existía en Febrero de 1885, cuando los bienes fueron embargados por las autoridades del Cauca; y que en este sentido, la palabra indemnización debe entenderse de una manera restrictiva, en cuanto la restitución no sea posible.

El Gobierno mediador, al cumplir así el encargo que se le ha confiado tiene el deber de consignar que la conducta seguida y la doctrina expuesta por las autoridades generales de Colombia, lucida y sólidamente consignada en la comunicación del Secretario de Estado, Sr. Restrepo de fecha 29 de Julio de 1885, se ajusta á todas las prescripciones del derecho internacional, y muestra que á través de los distritos y de las autoridades de los Estados Soberanos sujetos á la confederación se agrupan y desenvuelven, el Gobierno central mantiene incólumes aquellos principios de Justicia y de derecho de gentes que le hacen acreedor á la consideración de los demás pueblos y fomentan las relaciones de amistad con las demás naciones.

Entiende, pues, el mediador, que su proposición, encaminada á reponer el estado de derecho violado por las autoridades del Cauca en Febrero de 1885, debe atribuirse á la necesidad de restablecimiento de la continuidad de relaciones entre Italia y Colombia, un momento interrumpidas por aquéllos dolorosos sucesos, de los cuales no puede hacerse responsable al Gobierno central. Madrid 26 de Enero de 1888.—El Ministro de Estado de Su Majestad Católica, Segismundo Moret.