Archivo diplomático y consular de España (1888-03-08 00:00:00), página 11

El Jefe municipal de Cali en 12 de Febrero de 1885 declaró que Cerruti había perdido su carácter de neutral y quedaba sometido á la responsabilidad de ser tratado á que por las leyes estaban sujetos los nacionales, y en virtud de Decreto del Poder Ejecutivo del Cauca, fundado en las leyes 38 de 1879 y 8 de 1883, y sin que conste fueran expropiados bienes personales de Cerruti, se embargaron los que en Cali, Buenaventura, Popayán y Palmira pertenecían á la Sociedad E. Cerruti y Compañía, cuyo valor el Gobierno destinaba á gastos de guerra.

En 24 de Marzo siguiente, el Jefe municipal de Cali comunicó á José Quiñé, que por ser conocida su neutralidad, se exceptuaba su parte de procedimiento incoado contra sus bienes de la Sociedad E. Cerruti y Compañía, invítandole á intervenir en las operaciones de la liquidación de la Casa comercial, que para determinar aquella iban á practicarse.

Reclamado en Abril pasaporte para Cerruti, que deseaba trasladarse á Bogotá para defender sus derechos, no le fue otorgado, alegando se hallaba subjudice, no apareciendo, sin embargo, hasta más tarde, esto es, hasta 4 de Agosto, dictado el primer auto del Poder Judicial del Cauca, que en el se procesó y declaró en prisión en los mismos días en que se presentó en las aguas de Colombia el acorazado italiano Flavio Gioja. En 2 de Enero de 1886, después de dejarse sin efecto lo actuado por el Poder Judicial del Cauca, el Poder Judicial de Colombia dictó nuevo auto de procesamiento y prisión de Cerruti según las leyes nacionales de la República, quedando también estos procedimientos, como los anteriores, sin efecto, en virtud de lo convenido en el Protocolo de París.

Los bienes inmuebles embargados, y que se convino devolver, no fueron recibidos por Cerruti ni sus socios, en razón al distinto valor que tenían en la época de su secuestro.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

I

El relato de los hechos anteriores, que se desprenden de la atenta lectura de las declaraciones y documentos presentados obligan antes de apreciar los acontecimientos mismos á juzgar su conjunto y el estado general del país en que se ejecutaron. Es evidente que para calificar, de una parte la conducta de Ernesto Cerruti, y de la otra la de las Autoridades del Cauca, hay que referirse al estado de lucha y antagonismo de los partidos políticos en el período que se extiende desde 1872 á 1886. En semejantes circunstancias, los que en un país tan alterado se dedicaran al comercio y á la industria, habían de sentir necesariamente las consecuencias de estos vaivenes de la vida pública y habían de tomar partido y unirse de una manera más ó menos estrecha á alguno de los bandos contendientes, como medio de garantizar su posición, ó como esperanza de realizar sus designios.

Salta á la vista por eso, que los odios y las enemistades que se ajigantaban en las luchas políticas habían de alcanzar á todos los que tuvieran alguna relación con el bando opuesto, y que en este sentido, viviendo Cerruti junto á algunos de los que fueron vinculados en la acción de 1886, sus adversarios, predestinados ya contra él, habían de considerarlo cómplice en cualquier movimiento que ocurriera. Por eso los hechos que de una y otra parte se alegan, la estancia de las tropas rebeldes en «Salento», su ocupación posterior por las del Gobierno, los abusos consiguientes á estos actos, las amenazas contra Cerruti, las relaciones de éste con los que luchaban y los testimonios y alegaciones en que se fundó más tarde la acusación de Cerruti, están impregnadas de carácter político, hasta el extremo de no poderse separar los hechos y su significación jurídica, de la pasión y del ardor de la lucha.

II

Este punto de vista, indispensable para apreciar hechos ocurridos en tan largo período, dificulta considerablemente la calificación de los sucesos dentro de los estrechos límites que el Protocolo de París traza á la mediación, y sobre las bases que en el mismo acepta los dos Gobiernos. Según estas Reglas, Cerruti, y en virtud de lo señalado anteriormente, se considera injusta la ocupación y embargo de sus bienes inmuebles por las Autoridades del Cauca ó por otras cualesquiera de la Nación Colombiana, puesto que se mandó devolverlos. Hay en la misma redacción del Protocolo, y en la conformidad de las partes á él sometidas, puntos que prejuician casi por completo la cuestión, hasta el extremo de que el razonamiento fundado exclusivamente en la mera exposición de los hechos ofrecía consecuencias de la mayor gravedad, formulándose así, decir ateniéndose á las bases de la mediación.

En efecto, sin estas, la cuestión fundamental que se examinaría, es la de si Cerruti había perdido ó no el derecho á la protección italiana, por los actos que se le atribuyen.

La cuestión así planteadá, reduciría el caso actual al examen de ciertos hechos y á su prueba o demostración, para deducir si un extranjero por mezclarse en los asuntos interiores de un país extranjero, del Estado en que queda, podrá por ello su nacionalidad ó aun conservándola, pudo ser expulsado ó condenado por el Estado ofendido.

Lejos de ser así, la cuestión principal aparece resuelta, y en su lugar se plantea otra completamente nueva, de distinta definición en la práctica y no más determinada en los autores de derecho internacional; tal es la neutralidad del extranjero.

No puede ponerse en duda que el extranjero no tiene derecho á mezclarse en los asuntos interiores de un país extranjero, y menos duda puede ocurrir cuando se trata de hechos de rebelión; pero la sanción de estos casos y el derecho del Gobierno atacado se hacen efectivos, generalmente, por la expulsión del extranjero como remedio el más eficaz cuando de rebeliones ó sediciones se trata, ó por la aplicación del derecho penal interno, según lo convenido en los Tratados. Si en vez de decretar aquello ó usar esto, se le deja vivir en el país, durante largos años, se constituyen actos análogos á los que en un momento dado se han denunciado ilícitos, y si, además, la prueba de estos se hace con elementos apasionados y con testimonios recogidos en medio de la lucha, la cuestión sale de los límites del derecho para entrar exclusivamente en el de la apreciación política.

El Gobierno italiano, respondiendo á las reclamaciones de Cerruti, vino en su auxilio fundándose sin duda alguna en las consideraciones que quedan expuestas, y tomó la cuestión como un establecimiento, aunque las autoridades del Cauca no expulsaron, ni sentenciaron á Cerruti, y sin negarle los derechos de su nacionalidad de origen, le declararon delincuente antes de someterle á juicio y le negaron el pase porte y le embargaron sus bienes, mucho antes de entregar sus actos á la despasionada apreciación del Poder judicial.

Semejante conducta debía provocar necesariamente la cuestión internacional, pues reconocida la nacionalidad de un extranjero y partiendo de esa base y de la existencia de Tratados, no podía el Estado del Cauca aplicarse leyes posteriores á éstos y que en caso de efectuarle, no pudieron dictarse sin la intervención, ó por lo menos, sin el conocimiento del Gobierno de su país de origen, interesado en la modificación de aquéllas.

Con lo cual se ve clara el círculo vicioso en que se encuentra encerrada la cuestión y el peligro que habría en cambiar los términos hasta ahora admitidos en derecho internacional, que consisten en afirmar ó en negar la nacionalidad á los subditos extranjeros, porque una vez afirmada, si el extranjero falta á sus deberes puede ser expulsado ó con conocimiento de su Gobierno sometido al derecho penal, y una vez negada, todas las leyes del país le son aplicables, pero que no cabe á ser admitida establecer que es un derecho intermedio en el cual no existe ni puede señalarse criterio suficiente para imponer á los dos Gobiernos la resolución del caso; semejante situación provocaría fatalmente un conflicto y justificaría el empleo de la fuerza.

III

Existe todavía en el caso sometido á la mediación de España otro punto de vista de gran interés, que nace del hecho de pertenecer los bienes embargados á Cerruti, á una Sociedad mercantil, que por sí misma es nacional y no puede ser considerada como extranjera.

Pero como en cualquiera que sean las nacionalidades de los individuos que forman una Sociedad mercantil, ésta sólo puede desarrollarse y vivir dentro de la legislación del país en que nace, y todas las razones en que se fundan los fueros de la nacionalidad y de la extranjería, faltan por su base cuando se trata de la entidad moral que se llama Compañía mercantil. Si es ésta la que ha de liquidarlo, ella es la responsable, y la nacionalidad de sus asociados nada tiene que ver en el caso. Pero el caso actual, y por razón inexcusable, las autoridades del Cauca se adelantaron á declarar que la parte del socio José Quiñé, por haber sido éste neutral, sería respetada, mientras embargaba la de Cerruti, aún reconociéndole extranjero, por el motivo contrario.

Si esta jurisprudencia fuese admitida en el derecho internacional privado, que daría de hecho anulada la legislación interior de un país en la importante materia de Sociedades mercantiles, bastando para ese fin introducir en sus Consejos de Administración, en las Asambleas escriturales sociales á un extranjero. Y aun cuando se dijera que liquidada la Sociedad se separaría su parte de responsabilidades de las demás, es evidente que no se podría llegar á la liquidación ni aplicarse ninguna de sus reglas legales sin la intervención de socio extranjero, el cual á título de extranjero podrá pedir y obtener la intervención de su Gobierno, y por ese medio anular completamente la acción de las autoridades nacionales. Principio adolece de ligereza, y jurídicamente hablando, mérito aceptable, no puede introducirse en las relaciones de los pueblos, y es deber del Gobierno mediador hacer sobre él las reservas más terminantes.