Archivo diplomático y consular de España (1887-05-08 00:00:00), página 4

consular muchas e imponentes dificultades.

El estatuto formal es la ley que rige los actos lícitos del que se halla en país extranjero. Componen tal estatuto las leyes que establecen los requisitos y formalidades externas que deben acompañar á los actos y á los juicios. Tratándose en este estatuto de los actos, es claro que estos no pueden referirse más que al orden civil ó al penal. Teniendo éstos forzosamente que resolverse entre las personas, ya sin intervención de la Autoridad judicial ó con asistencia de ésta, bien para darles fuerza ó autoridad, ó bien como reguladora de los derechos de los particulares cuando de juicios contenciosos sean objeto, hay que convenir en que esta primera división se descompone á su vez en actos judiciales y extrajudiciales.

En estos actos hay que distinguir la esencia de la forma: la primera se ha de sujetar á las prescripciones del estatuto personal; la segunda pertenece exclusivamente al formal, de donde se origina la existencia más ó menos combatida por tratadistas, en el momento en que el estatuto formal empieza á funcionar, de las solemnidades intrínsecas y extrínsecas; conformándome yo con hacer la diferencia menos ampulosa y dada á erróneas interpretaciones entre la materia ó sustancia del contrato y la forma de que éste se revisite en el extranjero. Esta ligérrima indización basta para hacer comprender que en todo contrato que celebramos en el extranjero funcionan simultánea y armoníicamente los estatutos personal y formal. Y no podíamosceder otra cosa si no habíamos de privar á las leyes patrias de sus dos caracteres esenciales de generalidad y obligatorias. Con arreglo al estatuto formal podemos testar, vender, comprar y obligarnos y obligar á los otros, bajo las diferentes formas que las leyes de todos los países admiten y reconocen á este efecto; pero no hay que olvidar que este estatuto no va ni puede ir más allá de aquello que á la forma externa se refiere. Bien hechos están y producirán toda clase de efectos legales en nuestra patria los actos que celebramos en el extranjero, conformándonos estrictamente á la forma que las leyes de tal país exijan para el caso de que se trate, lex loci contractus; pero el acto será completamente nulo, y de ningún valor ni efecto en nuestra patria, si no se han observado religiosamente las prescripciones del estatuto personal, que constituyen por sí solas la materia, la sustancia del acto en cuestión. Así la mujer casada, española, que comparezca ante un notario extranjero á otorgar cualquier acto público, sin la asistencia, venia ó consentimiento en regla de su marido; el menor constituido en tutela ó curatela que venda bienes de su pertenencia sin entablar antes expediente de necesidad y utilidad que exige nuestra Ley de Enjuiciamiento civil, y en general todas las personas que, con arreglo á las leyes españolas (estatuto personal), tienen limitada su capacidad civil, celebran actos en el extranjero sin completar esta prohibición de la manera que nuestras leyes exigen, celebran actos nulos, no obstante que las leyes del país en que los perfeccionan establezcan la mayor edad antes que las nuestras; ó no admiten ciertas contapisas ó formalidades intrínsecas que las leyes patrias preceptúan para los momentos en que celebran actos públicos de cualquier naturaleza que sea aquellos que tienen limitada su capacidad civil. Por manera que, para que un acto público realizado en el extranjero sea válido, es indispensable, no sólo que se respete estrictamente cuanto el estatuto formal prescribe, sino que al mismo tiempo se preste la más ciega e incondicional obediencia á lo ordenado por el personal.

En conformidad de lo anteriormente establecido, la Ley de Enjuiciamiento civil previene que los documentos otorgados en otras naciones tendrán igual fuerza que los que lo sean en España, si reúnen todas las circunstancias exigidas en aquéllas y las que además prescriben las leyes españolas para su autenticidad; requiriéndose por lo tanto:

1.º Que el asunto, materia del acto ó contrato, sea lícito y permitido por las leyes de España.

2.º Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse con arreglo á las de su país.

3.º Que cuando los actos ó contratos contengan hipoteca de inmuebles sitos en España se tome razón en los respectivos registros de los pueblos en que están situados, dentro de seis meses si los actos hubieran tenido lugar en Europa, de nueve si lo hubieren tenido en América ó en África, y de un año en Asia.

4.º Que en el país del otorgamiento se conceda igual validez á los actos y contratos celebrados en los dominios españoles.

El derecho internacional privado no puede vanagloriarse de que esta sea una de sus modernas conquistas, pues nuestro sabio legislador asentó principio tan racional en sus inmortales Partidas al dejarlo eloquentísimamente establecido en la ley 15, tit. I, Part. I.º en los términos siguientes:

«Eso mismo decimos de los otros que quese fuesen de otro Señorío que ficiessen el pleito ó postura ó yerro en la tierra do se juzgase por las leyes; ca magüer sean de otro lugar non pueden ser excusados de estar á mandamiento dellas; pues que el yerro ficieron, onde ellas han poder; e aunque sean de otro Señorío, no pueden ser excusados de se juzgar por las leyes de aquel Señorío en cuya tierra ovire fecho alguna de estas cosas.»

Esto en cuanto se relaciona con los actos extrajudiciales; por lo que respecta á los judiciales, tanto penales como de policía, quedan natural e imperiosamente sujetos á la ley del país donde se cometen; pues de no ser así, no habría posible reciprocidad, y en tanto nos protegen las leyes prohibitivas de un país amparando nuestras personas y bienes, en cuanto nosotros no atacamos los bienes y las personas de los otros; de modo que la ley penal que castiga al nacional cuando lesiona los derechos ó interrumpe la seguridad del regniclala, es aplicable á éste cuando ilegal ó criminalmente invade el terreno del nacional; pues si fuera á esperarse á que se le juzgara por las leyes de su país, se romperían los principios sacrosantos de la equidad, en atención á que aquéllas podían ser más severas ó más contemplativas que las del país en que el delito ó falta se cometió, lo que sobre retardar y entorpecer indefinidamente el procedimiento, haría no solamente de mejor ó peor condición al regniclala sobre el nacional, sino que vulneraría esencialmente los indiscutibles principios sobre que descansa la soberanía de un Estado.

Explicado tan á la ligera el fundamento del estatuto formal, no queda más sino consignar lo que el derecho moderno español ha declarado sobre tan importante asunto.

La Ley de Enjuiciamiento civil ha ordenado lo siguiente:

1.º Que se esté á lo que establezcan los tratados respectivos.

2.º Que á falta de tratados especiales con la nación en que se haya pronunciado la sentencia, tenga ésta la misma fuerza que se diere en aquélla por las leyes á