Archivo diplomático y consular de España (1887-04-26 00:00:00), página 6

recurre en segunda instancia al juez de apelaciones, y de las de éste en tercera y última á cualquiera de los Copríncipes.

Los Consejos parroquiales que presiden dos individuos de la localidad con el título de Cónsules, entienden en las cuestiones administrativo-económicas de la parroquia respectiva, y el Consejo general á cuyo frente se hallan un primero y segundo síndico, en las que atañen á la totalidad de los Valles.

El Consejo general, llamado también Consejo Superior (Consell Soberà) ó de los veinticuatro, entiende, como ya hemos dicho, en todos los asuntos administrativos y de policía, juzga en la vía contenciosa esos mismos asuntos, y nombra todos los agentes y empleados del Valle, á excepción de aquellos cuyo nombramiento está reservado á los Vigueros ó á los Copríncipes que éstos representan.

El Consejo se divide en tres secciones; dos de ellas compuestas de seis Consejeros cada una, y la tercera de doce, é impone á los que faltan á sus disposiciones y reglamentos multas de varias clases, llamadas en el país Cot de la terra.

Un Síndico Procurador general elegido por el Consejo, lo preside y hace cumplir los acuerdos que toma la Asamblea sobre todos los asuntos. Al mismo tiempo se halla encargado de refrendar los pasaportes, certificar la procedencia andorrana de las mercancías exportadas, custodiar los sellos de los Valles, administrar los fondos públicos, de los cuales rinde cuentas anualmente, y en caso de urgencia convocar el Consejo general en sesión extraordinaria.

Los dos Cónsules, mayor y menor, colocados al frente de cada parroquia, están auxiliados por doce Consejeros, y unos y otros son elegidos cada año por los jefes de familia de la parroquia; ejerciendo, bajo la vigilancia del Consejo general, varias funciones que se relacionan con la administración y la policía. Los que desobedecen los bandos de los Consejos de parroquia incurren en una multa llamada «cot de parroquia.»

Por último, los Consejos del barrio (Conseils de quart) se componen de los jefes de familia de dicho barrio, y por lo general los preside uno de los Cónsules de la parroquia, consistiendo sus atribuciones en deliberar acerca del uso que deba hacerse de los pastos y rentas del Común, y sobre las obligaciones colectivas, como conservación de caminos, puentes, etc. Los Consejos de barrio están también facultados para imponer multas, llamadas «cot de quart,» á los que se niegan á obedecer sus disposiciones.

Vese, por la exposición sucinta que acabamos de hacer de algunas de las instituciones de Andorra, así como por el examen de los «Paratges,» que el Valle de Andorra no ha sido nunca un Estado independiente que se governase por sí mismo, sino, por el contrario, un feudo, perteneciente en un principio á los Obispos de Urgel, los cuales en 1278 dieron participación en él á los Condes de Foix.

Era Andorra un distrito con facultades municipales bastante amplias, pero que no por eso dejaba de estar sometido á sus señores territoriales.

Conviene fijarse en este punto, porque si la organización administrativa y judicial se conserva casi en el estado en que la constituyó la Concordia de 1278, en la cuestión de Soberanía no pueden dejar de tomarse en cuenta las alteraciones introducidas por el actual derecho público de Europa.

En el siglo XIII, los Condes de Foix, como los Obispos de Urgel, eran grandes señores feudales, con todos los derechos inherentes á esta calidad en la Edad Media; pero transcurriendo el tiempo, el Condado de Foix se incorporó primero al reino de Navarra por enlaces de familia, y más adelante al de Francia, por el advenimiento al Trono de Enrique IV, Príncipe de Bearn y de Navarra, y desde entonces los derechos de Soberanía de los Condes de Foix sobre Andorra pasaron á la Corona de Francia.

Esta era la situación cuando la revolución de 1789, declarando abolidos los señoríos y demás derechos feudales, hizo necesaria la renuncia de los que correspondían á Francia sobre el Valle de Andorra, pero este estado duró poco tiempo. Considerando, sin duda, el Valle que su independencia quedaba comprometida, faltándole el amparo de Francia, lo solicitó de nuevo, y el Emperador Napoleón I se lo concedió en 27 de Marzo de 1806, restableciendo en el fondo la situación anterior y hasta el derecho de «Quistia,» especie de tributo pagado por el Valle en concepto de Vasallaje.

La República actual no ha visto inconveniente en conservar este legado del Imperio, y sigue compartiendo con la mitra de Urgel los derechos feudales de que se halla en posesión, á pesar de hallarse suprimidos también en España los señoríos desde el año de 1811.

En el ejercicio de estos derechos, en lo que tenían puramente de jurisdiccionales, jamás se ha perturbado á los Obispos por los Reyes de España; pero sobre el de los de Soberanía que pretenden haberles sido trasmitido por la cesión del año 1040, se ha discutido largamente, fundándose á veces, para negárselo, en que los Valles de Andorra formaban parte ó eran una dependencia del Vizcondado de Castelbó, en el territorio catalán; título que asumían los Condes de Barcelona y á cuya circunstancia debieron los andorranos muchos de los privilegios que aún hoy disfrutan.

Lo cierto es en todo caso, que el ejercicio de esta soberanía por los Obispos ha tenido sus intermitencias, pudiendo citarse, entre otros casos, que en 1334 el Infante D. Pedro de Aragón, en desavenencia con el Conde de Foix, le confiscó cuanto poseía en los Valles; que en 1513 D. Fernando el Católico hizo donación á su esposa del Vizcondado de Castelbó, con sus anejos de Assue, Vallferrer y Andorra, que en 1519 y 1523 se confirmó esta donación por los Reyes D.ª Juana y D. Carlos; que éste en 1527 dió la investidura del Vizcondado de Castelbó con el Valle de Andorra á don Luis Battaller, y por último que en 30 de Junio de 1599, el Rey D. Felipe III expidió una Real Cédula, en la que accediendo á la solicitud presentada por una Comisión de los Valles, declara que confirma á sus súbditos y vasallos de Andorra los derechos y privilegios que les habían concedido sus antecesores.

Dedúcese de todo ello que, como antes hemos dicho, Andorra no ha sido nunca un principado independiente ni una república en el verdadero sentido de esta palabra. Sus habitantes no tienen el derecho de darse leyes ni de derogarlas.

Los Copríncipes son los que decretan, y si bien en Abril de 1886, á petición del pueblo se reformaron los usos electorales, disponiéndose que los Consejos generales y los parroquiales se eligiesen por votación entre los jefes de familia, en vez de renovarse por mitad y por elección de los mismos que los componían, este acuerdo se adoptó por un Decreto de la Mitra de Urgel.

UN VECINO DE LA SEO DE URGEL.