Archivo diplomático y consular de España (1887-11-16 00:00:00), página 5

ción correspondiente á las autoridades nacionales del Perú. Por consiguiente, desde que se inició el cumplimiento de las estipulaciones consignadas en dicho Tratado y como primer paso, debieron desocuparse todos los puntos del territorio peruano no comprendidos en las cesiones pactadas, y entre ellos la provincia íntegra de Tarata.

De la medida empleada en este debate y del empeño que ambos Gobiernos ponen para consolidar la amistad de los dos países, es de esperar un resultado que satisfaga las fundadas y vehementes aspiraciones del patriotismo.

Otro asunto gestionado con interés ante la Cancillería chilena es el relativo al art. 5º del Tratado de Paz, en virtud del cual se estableció que oportunamente se acordaría por ambos Gobiernos la proporción y condiciones á que debían sujetarse en la enajenación del guano de la exclusiva pertenencia de cada uno, á fin de no hacerse recíproca y dañosa competencia.

En diferentes ocasiones y aun en documentos públicos de carácter oficial, el Gobierno de Chile ha declarado que mientras la explotación del guano de su pertenencia se verifique en las condiciones del decreto que expidió el 9 de Febrero de 1882, es decir, mientras su producto se halle afecto en un 50 por 100 al pago de la deuda peruana, no puede abandonar el monopolio de la venta. Considera, además, que esta es la única interpretación racional y lógica de las estipulaciones del Tratado de Paz. Estas mismas declaraciones se han hecho de palabra al representante del Perú en Santiago.

Pero el Sr. Chacaltana escribe sobre el particular que «el Gobierno no le es dado aceptar esta interpretación; ella, continúa, importaría desconocer al Perú, por un tiempo más ó menos largo, el derecho de disponer de su propiedad, no obstante ser éste un atributo esencial á la soberanía de todo país. No ha sido esa la mente del Tratado, de cuyos términos se desprende claramente el reconocimiento del derecho del Perú para exportar y vender el guano de su pertenencia, pues de otro modo no se habría previsto la necesidad de celebrar acuerdos para evitar la competencia que los dos países pudieran hacerse en el expendio del abono, ó se hubiera pactado que dichos acuerdos se celebrarían después de trascurrido el plazo á que el Gobierno de Chile hace referencia.»

«Estamos, pues, en el caso de insistir en nuestras gestiones y lo haremos tan luego como se obtenga del Gobierno de Chile la respuesta á las comunicaciones que sobre el particular se le han dirigido; lo cual no obstará para discutir las bases del arreglo que se nos proponga, y aun para llegar á una solución, si se consigue con ella dejar á salvo nuestros derechos.»

En el Tratado de Paz no se fijó la condición á que, con respecto á su nacionalidad, quedarán sujetos en adelante los peruanos residentes en el departamento de Tarapacá. Con tal motivo, el Congreso de Chile dio una ley fijando el plazo de un año para que hiciesen constar su calidad de peruanos; pero como dicho plazo trascurrió sin que por diversas causas muchos peruanos pudiesen aprovechar las ventajas de dicha ley, el Gobierno de Lima solicitó una prórroga de cuatro meses, la cual ha sido acordada por las Cámaras chilenas y definitivamente sancionada por el Poder Ejecutivo.

También ha conseguido el Gobierno de Lima el licenciamiento de algunos peruanos, alistados en el ejército de Chile, obteniendo las seguridades de que igualmente se obrará con los que aún puedan haber quedado en esa condición. Para reparar á éstos, lo mismo que á otros muchos peruanos indigentes, ha adoptado el Gobierno, dice el Sr. Chacaltana, las medidas más eficaces, dentro de los límites de nuestra situación rentística, y ha contado en esta obra, á la vez patriótica y humanitaria, con el concurso de las Compañías Inglesa y Sud-Americana de vapores.

El Gobierno de Chile ha manifestado, por su parte, deseos constantes de llegar al arreglo previsto en el art. 12 del Tratado de Paz, en el cual, haciéndose referencia á las reclamaciones de ciudadanos chilenos contra el Perú, con motivo de perjuicios sufridos en la guerra, se estipuló que ellas se juzgarían por un Tribunal Arbitral ó comisión mixta Internacional.

Las negociaciones para la organización de dicho Tribunal, se iniciaron en Lima; pero cuando aún estaban en su principio, se resolvió de común acuerdo que se prosigieran en Santiago; el único punto definitivamente acordado, es que el Tribunal ejercerá sus funciones en Lima.

Por lo demás, el Gobierno de Chile, por el conducto de sus más caracterizados funcionarios, termina diciendo el Ministro peruano, ha expresado al jefe de nuestra Legación en esa república, su propósito de someter á una comisión de Abogados todas las reclamaciones y de no amparar ni sustentar sino aquellas que, arregladas á justicia y á los principios aducidos por Chile en su defensa contra los reclamantes europeos, se consideren dignas de pasar al conocimiento del Tribunal Arbitral.

Igualmente interesados en la prosperidad de esas dos naciones, cuya rivalidad quiera Dios haya terminado para siempre, el ARCHIVO DIPLOMÁTICO hace fervientes votos porque, zanjadas honrosamente para ambas repúblicas todas las cuestiones en litigio, á la sombra de la paz se cierran pronto y definitivamente las heridas abiertas en los campos de batalla.

La neutralización del canal de Suez.

Es ya un hecho, las negociaciones seguidas entre Francia y la Gran Bretaña con objeto de neutralizar esa hermosa vía comercial han terminado satisfactoriamente, dando por resultado un convenio que lleva desde luego al pie el sello de ambas Naciones y que será sometido á la aceptación de las demás Potencias interesadas en tan importante acuerdo.

Según parece se ha contado siempre con las adhesiones de Alemania, Austria y Rusia.

He aquí el texto francés del convenio tal y como ha sido firmado por los Gabinetes de París y Londres, que no traducimos á fin de conservarle su carácter de documento diplomático y de no desvirtuar en lo más mínimo los términos de las conclusiones encerradas en los 17 artículos de que se compone:

«Article 1er.—Le Canal maritime de Suez será toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon. En conséquence, les hautes parties contractantes conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix.

Le canal ne sera jamais assujetti à l'exercice du droit de blocus.

Art. 2.—Les hautes parties contractantes, reconnaissant que le canal d'eau douce est indispensable au canal maritime, prennent acte des engagements de S. A. le khédive envers la Compagnie universelle du canal de Suez en ce qui concerne le canal d'eau douce.

Ils s'engagent á ne porter aucune atteinte á la sécurité de ce canal et de ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra être l'objet d'aucune tentative d'obstruction.

Art. 3.—Les hautes parties contractantes s'engagent de même á respecter le matériel, les établissements, constructions et travaux du canal maritime et du canal d'eau douce.

Art. 4.—Il ne sera élevé aucune fortification pouvant servir á une opération offensive, contre le canal maritime sur un point qui le commande ou qui l'entoure.

Aucun point en commandant ou en montant la paroi ou l'accès ne pourra en être occupé militairement.

Art. 5.—L'article 5 nouveau établit que le canal maritime restant «ouvert comme passage de guerre, au «cas acte de guerre ou d'hostilité» ne «pourra avoir lieu cependant dans ses «approches ou ports d'accès, ainsi que «sur les berges du canal, dans une zo- «ne à déterminer par les travaux de «la commission internationale de sur- «veillance du canal.

Art. 6.—En temps de guerre, les «puissances belligérantes ne débar- «queront ni ne prendront dans le ca- «nal et dans les ports d'accès, ni trou- «pes, ni munitions, ni matériel de «guerre.»

Art. 7.—Les prises sont soumises,