Archivo diplomático y consular de España (1887-01-24 00:00:00), página 5

gonearlo un tanto. Nada digo, y poco vale en todo caso, con declarar que el escrito del Sr. Zorobabel Rodríguez me ha parecido tan brillante como razonado.

Materia es ésta que en el terreno jurídico va haciendo su camino, y tiempo es ya, como observa el Sr. Rodríguez, de prestarle seria atención. Sin embargo, por lo que hace á la legislación española y consiguientemente á estos países hispano-americanos que, al constituirse independientes, se apartaron de ella, tomando otros modelos, es un retroceso lo que se verificó en este asunto. Reconoci do el derecho de los autores desde los tiempos de Isabel la Católica, en el reinado de Carlos III quedó fijamente establecido aquél, en el concepto de una propiedad tan legítima como cualquier otra, sin más cortapisa que la tasa y previa censura, frutos de la época, que en ningún modo invalidaban el principio. Hu bimos nosotros los españoles también de copiar posteriormente, y por igualarnos con los demás, nos quedamos rezagados ante nuestra propia tradición, hasta que, después de varias alternativas y vacila ciones, hemos venido con la ley de Ene ro de 1879 á dar el paso actualmente más adelantado, como precepto legal, y colocarnos al frente de las justas ten dencias modernas.

Al fijar esta ley española, como dur ación del derecho del autor, su vida y ochenta años más, no se ha hecho sino realizar una transacción entre la tenden cia doctrinal, reformista, y la influencia contraria y ponderadora que una innovación radical produce, pero con ventaja positiva para la primera. ¿Cuántas son las obras, por muy estimables, que puedan aspirar á vivir hoy en la circulación más de un siglo, cuando tan incansable se muestra la investigación en todos los ramos del saber, tan activo el desenvol vimiento intelectual, tan movido el te rreno, que hasta las obras de imagina ción se contraen más y más á reflejar por un procedimiento subjetivo, las pasiones, las creencias, las dudas, las agitaciones de la época? Apenas quedará espacio para los monumentos literarios ó artísticos, y éstos, bien sabido es, no se construyen todos los días y á medida del querer. Mas no basta conquistar ó haber conquistado el hecho ó casi el hecho, es preciso asegurar el principio.

El artículo de la Revista se dedica casi exclusivamente á analizar este punto elevado y primordial del asunto, y su demostración es concluyente. No basta, en efecto, el hecho necesario del acto legis lativo como manifestación ó formula su prema de la organización social, para atribuir á la ley, como creación suya, lo que no constituye sino una sanción ó reglamentación adjectiva por parte de ella. Semejante teoría destruiría por completo, por más que en un tiempo fuese acogida por eminentes pensadores y legistas, la incontrovertible esencia del derecho natural; la familia, por ejemplo, es una condición tan natural al hombre como la vida en sociedad, es, como elemento ju ridico, coexistente con ella, y aun, en el sentido histórico, podría afirmarse que es anterior al organismo del poder legisla dor. Y si la familia no existe sustancial mente, porque la ley la haya querido crear, la misma es exactamente la natura leza de la propiedad; aun en abstracto y prescindiendo de la existencia del poder público, se concibe que, por lo general, todo individuo vivirá estrechamente uni do con los suyos, y que cada cual habrá de procurar defender con todas sus fuer lo que era suyo por creación de forma ó por apropiación. No es, pues, extraño que hayan prevalecido y quedado dueños del campo los principios de la escuela econo mista, según los cuales, el verdadero fun damento inicial de la propiedad es el tra bajo productivo.

Y si esto es así, dice persuasivamente el Sr. Rodríguez, ¿por qué causa, cuan do al tratarse de las demás propiedades la ley se limita á reconocerlas y prote gerlas, tratándose de la propiedad litera ria la ley la concede, y no como quiera, sino como un favor y un privilegio? En vano sería buscar razones que justificasen una diferencia tan chocante; pero si no puede justificarse, puede explicarse, por que en su marcha ascendente las socie dades han tenido que ir de lo más gro sero, material y visible, á lo más difícil de observarse y de comprenderse.»

Refuta luego el autor el argumento magno contra la propiedad intelectual: que los autores sacan y obtienen elemen tos del acervo común de conocimien tos ya logrados, de ideas ya adquiridas. ¿Como si toda producción no se halla en el mismo caso! ¿Qué son el aire, las lluvias, el mar, los agentes quími cos, los elementos reproductivos de la tierra, y aún, por ejemplo, los lugares que resultan saneados, mejorados, habi tables, por los esfuerzos humanos emplea dos en los inmediatos? ¿Se quiere que los escritores inventen hasta la herramienta: el lenguaje? ¿Se pretende que el esfuerzo muscular haya de ser tenido jurídica y aun económicamente en más que el re flexivo? ¿Por qué ha de ejercer el poder público, la ley, sobre los autores una grava sa tuición y discriminación, función que no se les concede, y con razón, respecto de los demás productores fabricantes? No pierda sus vigilias el legislador inquirien do ¿fanoso si las obras literarias y artísti cas tendrán más ó menos mérito; límitese á reconocer en el esfuerzo intelectual un motivo legítimo de propiedad, y déje á la libre sanción social declarar y demostrar, por medio del consumo, si tal obra es un plagio, una copia vulgar destituida de todo valor, ó si le encuentra utilidad, no vedad, interés, deleite.

Al llegar, sin embargo, á la práctica, surge un problema y á la vez un paso peligroso para la propiedad intelectual, por cuanto exige una reglamentación especial, en cuyos detalles se han querido hallar nuevos motivos de oposición, pero sin que acierte á explicarme por qué asusta esta especialización, cuando lo que quiere llamar-e el régimen común de la propiedad no es sino el conjunto de disposiciones especiales, y muy especiales, cuya larga lista puede hacer en un momento cualquier estudiante de derecho. Precisa por lo mismo establecer sólidamente ante todo el concepto fundamental, para que no se insista en prodigarle favores, cuan do lo que ella ha menester y merece es vivir de su propio derecho.

(Se continuará).

PARTE OFICIAL

MINISTERIO DE ESTADO
CANCILLERÍA

Convenio celebrado entre España y la República de los Estados Unidos de Colombia, para la protección de la propiedad sobre las obras literarias, científicas y artísticas

S. M. el Rey de España y el Excelentísimo Sr. Presidente de los Estados Unidos de Colombia, animados del deseo de garantizar en pueblos unidos, entre otros vínculos, por el lazo fraternal del idioma, el ejercicio del derecho de propiedad sobre las obras literarias, científicas y artísticas que en cualquiera de las dos naciones se publi quen, han estimado conveniente celebrar un Convenio especial al efecto, basado en la reciprocidad, y han nombrado por sus plenipotenciarios, á saber:

S. M. el Rey de España al Sr. D. Ber-