Archivo diplomático y consular de España (1887-01-16 00:00:00), página 7

delitos que se cometen por medio de la imprenta deben ser juzgados por los tribunales competentes de la Federación ó de los Estados, conforme á su legislación penal.

Considerando, 12.: Que la publicación hecha por Cutting en El Centinela, ratificada después en el The El Paso Sunday Herald y en el The Evening Tribune, que obran en el proceso, ataca la vida privada del C. Emigdio Medina al atribuirle el delito de fraude y estafa, y por lo mismo está comprendida en la taxativa puesta á la libertad de imprenta por el artículo constitucional citado.

Considerando, 13.: Que tratándose de hechos consumados en el territorio del Cantón Bravos, perteneciente al Estado de Chihuahua, corresponde al Juez que suscribe juzgarlos conforme á la legislación vigente en el mismo Estado, particularmente si se tiene en consideración que el inculpado reside en esta villa, donde tiene su domicilio hace más de dos años, según consta de las declaraciones visibles á fojas 20, 21 y 22 del proceso, afirmación que no ha sido contradicha por Cutting, quien declara á fojas 19 que reside en ambos lados, esto es, en Paso del Norte, México, y en El Paso, Texas, sin residencia fija en ninguno de los dos lados.

Considerando, 14.: Que á mayor abundamiento, Cutting reconoció expresamente la jurisdicción de las autoridades de esta villa, compareciendo ante el alcalde de 2.º turno de lo criminal y contestando la demanda conciliatoria que por difamación interpuso en su contra el C. Medina.

Considerando, 15.: Que la responsabilidad de Cutting está plenamente probada, puesto que aparece consignada en documentos fehacientes que de ninguna manera han sido contradichos por su autor; y si alguna duda hubiere respecto de la intención dolosa con que se hizo la primera publicación, desaparecería, en vista de las ratificaciones posteriores hechas en el The El Paso Sunday Herald y en el The Evening Tribune, en las que Cutting expresa textualmente que Emigdio Medina es un defraudador, estafador, cobarde y ladrón; quedando así llenados los requisitos que señala el art. 391 del Código de Procedimientos penales.

Considerando, 16.: Que para graduar la pena que deba aplicarse, hay que tener presente que aunque el hecho que se imputa al ofendido le causa deshonra y perjuicio grave y no existen circunstancias atenuantes, se trata de un delito de carácter privado entre dos editores, en el que sólo han concurrido las circunstancias agravantes á que se refieren las fracciones séptima y undécima del art. 44 y los arts. 656 y 657, fracción cuarta del Código Penal; no apreciando plenamente justificadas las demás que menciona el Ministerio público, pues si bien es cierto que el presente caso ha producido grande alarma á la sociedad, esto no ha provenido del delito que se imputa á Cutting, sino de las medidas inadecuadas que se han tomado para su defensa; siendo, en consecuencia, de perfecta aplicación la parte final del art. 66 del Código citado; y

Considerando finalmente, 17.: Que el responsable de un delito lo es de sus consecuencias, quedando obligado á la indemnización civil en los términos que se disponen en los artículos 326 y 327 del Código penal.

Con apoyo de las disposiciones citadas y de los artículos 646 fracción segunda, 661, 119 y 218 del mismo Código, se resuelve con las proposiciones siguientes:

Primera: por el delito de difamación cometido en la persona del C. Emigdio Medina, se condena á A. K. Cutting á sufrir un año de servicios públicos y á pagar una multa de 600 pesos, ó en su defecto, á cien días más de arresto.

Segunda: se le condena igualmente á la indemnización civil, que se fijará como lo dispone el art. 313 del Código penal.

Tercera: amonéstese al reo para que no reincida en el delito por el cual se le condena, advirtiéndole las penas á que se expone.

Cuarta: esta sentencia se publicará en los términos que previene el art. 661 del propio Código.

Quinta: remítase esta causa al Supremo Tribunal de Justicia para los efectos á que se contrae la parte final del pedido del agente del Ministerio público, relativa á la intervención que ha tenido el cónsul americano en este proceso.

Sexta: notifíquese á las partes, y adviértese al reo el término que tiene para apelar de esta sentencia.

El C. Lic. Miguel Zubia, Juez letrado del distrito Bravos, fallando en definitiva, así lo proveyó con testigos.—Miguel Zubia.—A., L. Flores.—A., S. Vargas.

Lo comunico á V. para su conocimiento.—Félix Francisco Macayra.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
—Sección primera.—México, Agosto 13 de 1886.—En mi nota núm. 977, fecha de ayer, anuncié á V. que lo enviaría un estudio publicado por el Juez de esta capital, Lic. D. José M. Gambao, sobre el caso de Cutting. Hoy lo remito en el ejemplar adjunto (anexo núm. 2) de El Foro, periódico destinado á las materias jurídicas. Al hacerlo así, y reconociendo el mérito de ese estudio, no puedo menos de agregar por mi parte algunas explicaciones á lo que en él se asienta con respecto á legislaciones de otros países, como más ó menos semejante á lo previsto en el art. 186 de nuestro Código penal.

La legislación de Francia, en el punto de castigar á extranjeros encontrados en el país después de cometer un delito fuera de su territorio, es aún casi la misma contenida en el Código de instrucción criminal de 1808. La ley de 3 de Julio de 1866 introdujo algunas modificaciones solamente en lo relativo á crímenes y delitos cometidos en el exterior por franceses.

Ahora debo hacer objeto de una mención detenida un hecho importantísimo para comprender el mérito de nuestro citado art. 186. El hecho á que aludo consiste en que ese artículo concuerda, en todos sus puntos esenciales, con lo que previene el último Código penal formado en Italia; lo cual es en alto grado honroso para los jurisconsultos que seis años antes habían redactado el nuestro. Esa honra se funda no sólo en que Italia es una nación soberanamente adelantada en la ciencia jurídica, cuna del derecho romano y donde siempre han descolgado juristas de gran mérito; se funda, además, en circunstancias especiales que relataré en seguida. El Código á que me refiero fué presentado á la Cámara de Diputados de aquel Reino por el eminente profesor de Derecho y estadista Sr. P. S. Mancini, Ministro entonces de Justicia y Presidente de la Comisión que dio su última forma al proyecto. En la exposición de sus fundamentos, el Sr. Mancini, después de referir las numerosas comisiones y cuerpos científicos, ó del Estado, que lo revisaron sucesivamente, se expresó de este modo:

"En adelante no habrá en Italia quien pueda aspirar al mérito de llamarse autor del Código penal. Fruto de tres lustros de meditaciones y estudios incansables, es obra colectiva de los más fieles y autorizados depositarios de las tradiciones de la escuela italiana, de los más competentes representantes de la ciencia jurídica y de las ciencias médico-legales, de la experiencia práctica de la Magistratura y del Foro de Italia, de las más selectas inteligencias del país. Bien puede llamarse una obra nacional."

Ahora bien; este Código, cuyo libro I, hasta el art. 119, fué aprobado por la referida Cámara en 1877, contiene las siguientes disposiciones, que literalmente traduzco:

"Art. 5.º Será juzgado y sentenciado, según las leyes del Reino, el ciudadano ó extranjero que cometa en territorio extranjero un crimen contra la seguridad del Estado; ó el crimen de falsificar moneda que tenga curso legal en el Reino, ó de falsificación del sello ó de los títulos de la deuda pública del Estado, ó de documentos de crédito público.

Art. 6.º (Se refiere á otros crímenes y delitos de italianos en el exterior.)

Art. 7.º Los crímenes ó delitos cometidos en territorio extranjero, fuera de los casos expresados en el art. 5.º, por un extranjero en perjuicio de un ciudadano ó del Estado italiano, y castigados por las leyes del Reino como por las del Estado donde se