Archivo diplomático y consular de España (1887-01-30 00:00:00), página 7

lan los tres artículos anteriores. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria.

Fácil y sencilla era, en consecuencia, la tarea de Mr. Cutting y de su consejo; en vez de ocupar la atención de Mr. Bayard, les bastaba haber promovido la cuestión de competencia (si creían que no la tenía el juez de Paso del Norte) declinando su jurisdicción. El auto que pronunciara ese juez, si lo estimaban contrario á su derecho, era apelable en ambos efectos, y por lo mismo la causa habría pasado en revisión al Tribunal de Chihuahua, en donde contaban con toda la ilustración de magistrados entendidos y peritos en la ciencia del derecho.

Nuestras leyes han previsto sabiamente cuándo es lícita la intervención diplomática. La novísima de extranjería, del 28 de Mayo del corriente año, ha dicho que:

Art. 35. Los extranjeros tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera que lo dispongan las leyes, y de obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose á los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que los que las leyes concedan á los mexicanos. Sólo pueden apelar á la vía diplomática, en el caso de denegación de justicia ó retardo voluntario en su administración, después de agotar inútilmente los recursos comunes creados por las leyes, y de la manera que lo determine el derecho internacional.

En el mismo espíritu se inspiró la ley de 26 de Noviembre de 1859 en su art. 13, y aún es más explícita en sus declaraciones. Dice así:

Cuando por queja de un agente comercial, ó sin la intervención de éste, se eleve al Gobierno general una reclamación sobre negocios que, según las leyes del país, deben ser decididos por los tribunales de la federación ó de los Estados, deberá tenerse presente para su resolución:

1.º Que por los principios generales del derecho de gentes, por expresas estipulaciones de los tratados que ligan á la nación, y por lo dispuesto en la Constitución general, tienen los extranjeros en todo lo concerniente á la administración de justicia, las mismas garantías y derechos que los mexicanos.

2.º Que el Gobierno, por todos los medios que la Constitución y leyes le faciliten, ha de procurar que sea real para ellos este principio de igualdad y de justicia.

3.º Que por tanto, ni para perjudicar, ni para favorecer á los extranjeros, podrá tomarse providencia por la cual se impida ó retarde la incoación ó prosecución del juicio legal en que el negocio deba ser del cedido, ó se nombren jueces extraordinarios de información, ó se designen tribunales diversos de los competentes conforme á las leyes del país.

4.º Que por una regla elemental del derecho común y del internacional privado, la última sentencia pronunciada en juicio legal se considera justa y digna de llevarse á efecto en el país donde fuere dictada.

5.º Que cuando en los casos fijados por el derecho de gentes, se formalice una reclamación por denegarse la justicia ó retardarse voluntariamente su administración, ha de probarse plenamente que estos agravios son reales y manifiestos con notoria violación de las leyes del país, y que para obtener justicia se han opuesto y sostenido en el tiempo y forma que las mismas leyes prescriben las alegaciones, peticiones y recursos adecuados y bastantes, conforme á sus prescripciones, para obtener en el orden jurídico la ennuncia de estos agravios, ó la legítima reparación del perjuicio que en su virtud se hubiere causado; sin que estas gestiones hayan producido sus efectos legales por culpa ó falta manifiesta de la autoridad judicial que entienda en el negocio.

6.º Que exhibiéndose la misma prueba, el Gobierno influirá por los medios que le franquien la Constitución y las leyes, en que sean subsanadas las reclamaciones relativas al cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas. Pero las que determinen un pago de que el Gobierno sea responsable, no podrán alterar el exacto cumplimiento de las convenciones relativas á la deuda pública, ni las leyes concernientes á la ejecución de sentencias de pago contra la hacienda federal.

Y el derecho internacional enseña doctrinas de las que no son sino copia las leyes que acabamos de citar.

El famoso Repertorio de Dalloz contiene los siguientes conceptos (vo. Deni. de justicia): «Hay denegación de justicia siempre que la autoridad judicial rehuse pronunciar un fallo formal sobre lo principal del negocio ó sobre cualquiera de los incidentes, del proceso de que, está conociendo; pero por sólo el hecho de fallar, ya en lo principal, ya en los incidentes, en cualquier sentido que sea, no podrá alegarse denegación de justicia, aunque se diga que la resolución es inicua ó dada contra ley expresa. En cuanto al retardo en la administración de justicia, deja de ser voluntario si el juez lo motiva en alguna razón de derecho ó en impedimento físico que no le sea dable evitar.»

¿Cuando no podía haber ni denegación de justicia ni retardo en su administración, puesto que la justicia empezaba á dar los primeros pasos, á escribir los primeros pliegos de la instrucción, estaba autorizado el uso de la vía diplomática?

Hemos concluido por hoy, y aunque—lo decimos con sinceridad—ninguna pretensión abrigamos de nuestro propio valor, tanta y tan grande es la justicia de la causa de México, que esperamos haber engendrado en quien nos lea estas profundas convicciones.

Las autoridades de Chihuahua han procedido legalmente.

Los Sres. Brigham y Cutting, equivocaron el camino que debían haber seguido; pues en vez de sujetarse á la ley ordinaria litis, declinando la jurisdicción del juez, ocurrieron á Mr. Bayard.

Ni remotamente puede decirse que llegó el caso de servirse de la vía diplomática.

Lo decimos sin jactancia; toda nación que de culto se precie—y en el número de ella nos complacemos en contar á los Estados Unidos del Norte—tiene que pronunciar este fallo. En el caso de Cutting á México le asiste la razón.—José M. Gamboa.

Legación mexicana en los Estados Unidos de América.—WASHINGTON, AGOSTO 7 DE 1886.—Creyendo conveniente rectificar varias afirmaciones inexactas que han circulado en este país con motivo del caso de Cutting, y especialmente las que se hallan consignadas en el informe que Mr. Bayard rindió al Presidente de los Estados Unidos, el 2 del actual, y el cual fué transmitido al Congreso, dirijo con esta fecha al Secretario de Estado una carta en que le presento nuestra manera de ver esa cuestión.

Siento mucho que la falta de datos suficientes por una parte, y por otra, la del tiempo necesario para preparar un trabajo más meditado y completo, me hayan impedido referir todas las consideraciones que existen en favor de nuestra causa; pero he procurado consignar las principales, según verá V. por la copia que adjunta le remito de la carta mencionada.

Reitero á V. las seguridades de mi muy distinguida consideración.—M. Romero.—Al Secretario de Relaciones Exteriores.—México.

(Se continuará.)

Crónica diplomática y consular

El Ministro de España en Washington, Sr. D. Emilio de Muruaga, dió el día 18, en su residencia de aquella capital, un sumptuoso banquete en obsequio de la señora Franc Leslie.

Ha sido nombrado cónsul general del Ecuador en España el Sr. D. Francisco Bravo y de Liñán.

Los principales españoles establecidos en Marsella se han dirigido al Sr. Ministro de Estado solicitando su apoyo para esta-