Archivo diplomático y consular de España (1886-12-27 00:00:00), página 8

metidos en el exterior. Ya hemos visto que, según Wheaton, se olvida con frecuencia este principio en la legislación positiva. El sabio jurisconsulto Edward Livingston propuso para el Código penal de la Luisiana esta disposición: «Citizens or inhabitants of the State may be punished for acts committed out of the limits thereof, in those cases in which there is a special provision of law declaring that the act forbidden shall be an offence, although out of the State.» (Obras de Livingston, vol. II, § 18.) (1) Consta, asimismo, que en 1794 un tribunal de Pennsylvania encargó al Gobernador francés de La Guadalupe, que se encontraba accidentalmente en los Estados Unidos, por haber capturado un buque, sin facultades, fuera de los mares del último país, y esto sin que hubiera ley expresa (como la tenemos nosotros) que lo autorizara para juzgar á un extranjero por algunos hechos ocurridos en el exterior. A la verdad, no aparece que se discutiera entonces la competencia del tribunal, no obstante que hubo queja del Ministro de Francia; pero como ese tribunal debió examinar ante todo si tenía jurisdicción para tales procedimientos, y como el Procurador general Bradford no hizo observación alguna sobre el particular (Opinions of Attorneys General, vol. I, pág. 45), esto prueba cuando menos que es muy natural la creencia en la justicia con que se castiga un hecho ocurrido en el extranjero, sea cual fuere la nacionalidad de su autor, siempre que afecta los intereses del país ó de los ciudadanos del país, donde luego se encuentra el que lo haya ejecutado. Tan claro así es el fundamento en que descansa nuestra legislación criminal sobre este asunto.

Por ella no se castigan los delitos cometidos en el exterior por un extranjero, sino cuando ofenden á México ó á un mexicano. «No society takes concern in any crime but what is hurtful to itself,» como ha dicho Lord Kames (Kames on Equity, B. 3, ch. 8, § 1.) (2) Una circunstancia más exige nuestro Código, y en ella hay que admirar la prudencia del legislador, que de esa manera concilia el respeto á estos dos principios: «No hay delito donde no hay infracción de una ley,» y «La ley que expide un Soberano no obliga á los que no son sus súbditos, sino en su territorio.» Redúzase nuestra legislación, de ese modo, á uno de los temperamentos que han adoptado las naciones modernas, según observa Føre (Droit Internat. Privé, cap. 5.), evitando en la cuestión los dos extremos opuestos. La circunstancia á que aludo, es la que así expresa dicho Código: «Que la infracción de que se lo acusa (al mexicano ó extranjero) tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República.» (Art. 186, frac. IV.)

A las autoridades americanas que he citado para probar que aun en los Estados Unidos (no obstante decirse que han adoptado el principio del common law) este punto, como doctrina de derecho público ó internacional, es algunas veces controvertido, debe agregar todo lo que enseña Story en su Conflicto de Leyes, cap. XVI, y especialmente lo que dice su adicionar Redfield (6.a edición de dicha obra, § 635, b) refiriéndose á una decisión pronunciada en el Estado de Nueva York. Así se expresa terminantemente: «Although the penal laws of every country are in their nature local, yet an offence may be committed in one sovereignty in violation of the laws of another, and if the offender be afterwards found in the latter state he may be punished according to the laws thereof, and the fact that he owes allegiance to another sovereignty, is no bar to the indictment.» (1)

Ahora bien: nuestra legislación, y singularmente el art. 186 de nuestro Código penal, en cuanto á castigar algunos delitos de extranjeros, cometidos fuera del país, están de acuerdo, no sólo con las más respetables doctrinas de derecho internacional privado (de Folex, Voet, Boehmer, Martens, Saalfeld y Pinheiro Ferreira, á quienes se agrega Fiore por sus tesis generales), sino también con la legislación positiva de varias naciones que merecen profundo respeto en semejante materia, como son Francia y Austria, donde se castigan esos delitos si han sido contra la nación; Prusia, donde se castigan todos ellos, conforme á la ley del país en que fueron cometidos; Baviera y Noruega, sin esa especialidad y sin los requisitos y circunstancias exigidos por nuestro Código. Encontrará V. esto demostrado en el estudio del caso de Cuttig, dado á luz por un inteligente juez de esta capital en el número de El Foro que le remito por separado.

Es claro, pues, que nuestros legisladores no sólo ejercieron la libertad que tenían para definir el punto de derecho internacional á que me refiero, en un sentido ó en otro, por ser materia discutible, sino que adoptaron el extremo que cuenta con mayor número de votos entre las naciones civilizadas, y el que, además, correspondía al sistema de jurisprudencia observado en nuestra República.

Tomo este empeño en defender el artículo 186 de nuestro Código penal, hacia el cual llamé á V. la atención en un telegrama, como aplicable al caso de Cutting, no porque lo juzgue indispensable para probar la competencia de los tribunales mexicanos en este caso, pues según advertirá usted en la sentencia que va como anexo de esta nota, el delito cometido en Texas por Cutting puede también tomarse, y se toma fundamentadamente, como una continuación del que había cometido en Paso del Norte, donde luego vino á ponerle término circulando lo que publicó en El Paso. No ha sido ahora mi principal deseo sostener la justicia con que se ha repudiado competente el tribunal, sino dar una contestación á ciertas observaciones, muy respetables por venir del Sr. Secretario Bayard, en contra de nuestra legislación penal, y defender el buen nombre de México, interesado en que no se crean sus leyes singulares y contrarias á los principios del derecho de gentes.

Con tal de que se hallen ajustadas á esos principios, como los entienden otras muchas naciones, claro está que los inconvenientes que de su aplicación en nuestro país pudieran resultar á nuestros vecinos, no fundarian jamás un cargo contra nosotros. Si en México el modo de enjuiciar es diferente; si los procedimientos en el orden criminal son diversos de los que se observan en los Estados Unidos, y si es posible que alguna vez la ley reprimá en nuestra República lo que sea permitido en la otra, males son estos (suponiendo que merezcan este nombre) que no han de experimentarse únicamente por el americano que venga á México después de haber offended (en el sentido de nuestras leyes) á este país ó á uno de sus ciudadanos; los restará así mismísimo el que llegue á nuestro territorio sin ese antecedente, siempre que no cuide, como debe cuidar todo extranjero, de averiguar cuáles son las principales diferencias entre la legislación de su patria, que él conoce, y la nueva á que viene á sujetarse.

No son, por otra parte, tan graves los inconvenientes de esa natural diferencia entre ambas legislaciones; porque siempre ha de haber, en lo principal, semejanza entre las garantías concedidas á un acusado en México y las que se le otorgan en los Estados Unidos; semejanza que en ese punto se advierte entre las naciones civilizadas, y es mayor si se gobernán con las instituciones. En cuanto á la calificación de algunos hechos como delitos, no parece que haya gran diversidad u oposición entre los dos países; y aun cuando la hubiese en lo futuro, nunca podrá ocasionar inconveniente alguno para los americanos, por-

(1) Los ciudadanos ó habitantes del Estado pueden ser castigados por actos ejecutados fuera de los límites del mismo, en aquellos casos en que, por distinción especial de la ley, se declare que el acto prohibido constituye delito aunque se ejecute fuera del Estado.

(2) Ninguna sociedad se interesa en un delito suyo cuando es perjudicial á ella misma.