Archivo diplomático y consular de España (1886-12-27 00:00:00), página 7

contenido de la sentencia, principalmente, verá V. que eran inexactas algunas afirmaciones del Sr. Bayard, debidas, sin duda alguna, á informes contrarios á la verdad que habrá recibido de personas apasionadas. De este número son la de que el proceso se había seguido de oficio y no á petición de parte, siendo así que comenzó y siguióse por acusación formal del ofendido; y la de que no se le dejó nombrar abogado ó defensor, cuando nombró á los que le pareció bien, y llegando á faltarle dos por renuncia, sin que él quisiera nombrar otro, se lo proveyó de un defensor de oficio. Sobre las quejas de que se le trataba mal en la prisión, verá V. en los telegramas publicados que el trato que en ella ha recibido ha sido tan bueno como era posible, y mucho mejor que el dado á los demás presos.

Con respecto á la cuestión jurisdiccional, ó sobre competencia del Juez mexicano de Paso del Norte para juzgar á Cuttling, que, al menos en su segundo acto de difamación, delinquió en Texas, es decir, en el extranjero, considero necesario hacer detenidamente algunas reflexiones. En este punto se fijó, según parece, el cónsul Brigham, residente en la mencionada villa, y en él se ha fijado, á no dudarlo, el señor secretario Bayard, para considerar ilegal la prisión de Cuttling. De paso haré la observación de que aun cuando el cónsul opinara por la incompetencia del Tribunal, aun cuando á él le pareciese clara, no debió aconsejar al preso que se resistiera á declarar y á defenderse, según se ha dicho que lo hizo; eso era aconsejarle la falta de respeto, la resistencia á la justicia. Tampoco tuvo razón para quejarse inmediatamente á su Gobierno, ocasionando la excitación y alarma que esto ha producido. Debido en tal caso inspirar á Cuttling que declarara la jurisdicción y facilitarle los medios de que probara la incompetencia del Tribunal el que, por lo menos, era competente para conocer de ese artículo; pues ya se sabe que lo es todo el que ejerce alguna autoridad judicial para resolver sobre su propia jurisdicción cuando alguien la desconoce. La resolución sobre el punto de competencia hubiera sido apelable; y sólo cuando, agotados los recursos legales, subsistiera una decisión contraria á las convenciones profundas del cónsul, podrá este funcionario haberse imaginado que existía una injusticia notoria.

Volviendo á la cuestión apuntada sobre jurisdicción de un país para conocer, en ciertos casos determinados por la ley, de delitos cometidos en el extranjero, no debe extrañarse que haya oposición entre el modo de ver de legislas y personas ilustradas de ese país y el que prevaleció en la formación del Código penal del Distrito Federal, vigente también en Chihuahua. Nuestro modo de resolver esa cuestión, que antes de estar resuelta por una ley positiva, es simplemente de derecho internacional privado, se halla conforme con los principios adoptados en la mayoría, y con la legislación que rige en gran número de naciones civilizadas; en casi todas las que han adoptado el sistema de la jurisprudencia romana, en contraposición al llamado derecho común (common law) de Inglaterra. Así lo reconoce una autoridad americana, Wheaton, con estas palabras: «By the common law of England, which has been adopted in this point in the United States, criminal offenses are considered altogether local, and are justiciable only by the courts of that country where the offence is committed. But this principle is peculiar to the jurisprudence of Great Britain and the United States, and even in these two countries it has frequently been disregarded by the positive legislation of each.» (Dana's Wheaton, párrafo 113.) (1)

Se ve, pues, que el principio absoluto de que los delitos nunca pueden castigarse sino en el país en que fueron cometidos, no está admitido por la generalidad de las naciones y pertenece solamente á la jurisprudencia de los países anglo-sajones, donde, no obstante su adopción, suele prescindirse de él en la legislación positiva. Todo esto enseña también un tratadista inglés, Phillimore, quien además observa que está sujeta á inconvenientes muy visibles (consiguientes) la doctrina del common law, especialmente en el caso de poblaciones fronterizas. (Phill. International law, vol. IV, pár. 985.) El inconveniente que desde luego ocurre para las cercanías de una frontera, consiste en la facilidad de atravesarla para ir á ofender en otro territorio á la nación que momentáneamente se deja, ó sus súbditos, y volver á ella á instante burlándose del ofendido y de la justicia nacional. Tal sería para nosotros el resultado de declarar incompetentes á nuestros tribunales para conocer de los delitos cometidos en la nación vecina contra la nuestra ó sus ciudadanos.

Los dos escritores antes citados confirman la preponderancia que existe en las opiniones de derecho público favorables á la jurisdicción extra-territorial para el castigo, en ciertos casos, de determinados delitos; y si bien se contraen á los que comentan fuera del país sus propios ciudadanos, Phillimore refiere que por la legislación francesa (luego veremos que también por la de otros varios países) es justiciable el extranjero que se encuentra en la nación después de haber delinquido fuera de ella contra la misma considerada en conjunto. El castigar al extranjero en ese caso depende del principio que se haya adoptado sobre competencia en general para ciertos delitos perpetrados en el exterior; pues no parece justo imponer pena al nacional por ellos y dejar impune al extranjero en iguales circunstancias. Tal es el juicio de Dana, el anotador de Wheaton, quien así se expresa: «The question whether a State shall punish a foreigner found within its limits for a crime previously committed abroad against that State or its subjects, also depends upon its system respecting punishing generally for crimes committed abroad. Great Britain and the United States, respecting strictly the principle of the territoriality of crime, leave them unpunished. France follows the analogy of its treatment of its own subjects under like circumstances.» (Dana's Wheaton, 8th. edit., note 77, par. 130.) (2)

Habiendo, pues, nosotros adoptado el sistema de castigar á nuestros propios nacionales por los delitos que cometen en el exterior, aun cuando sean contra extranjeros, natural era que dispusiésemos también el castigo del extranjero que en el exterior delinquiera contra nuestra República ó contra un mexicano. Así, en efecto, lo dispuso el Código penal, vigente en este punto en todo el país, por sus artículos desde el 184 al 187. En la edición de ese Código hecha por el licenciado A. Medina y Ormaechea se lee en una nota lo siguiente: «La Comisión hizo un serio estudio de esta materia y se resolvió á adoptar los principios generalmente admitidos, que son los que consignó en los artículos citados del 184 al 189. No se le ocultó que Inglaterra y los Estados Unidos sólo castigan los delitos cometidos en su territorio; pero le pareció más conveniente y justo que se castiguen los cometidos en el extranjero contra la República y los que allí cometan los mexicanos contra mexicanos ó extranjeros, éstos contra mexicanos, porque en tales casos obra de lleno el principio en que se funda el derecho de castigar; esto es, la justicia unida á la utilidad.»

En los mismos Estados Unidos no es tan constante y uniforme, como pudiera creerse, el no considerar punibles los delitos co-

(1) Por el derecho común (common law) de Inglaterra, que ha sido adoptado en este punto en los Estados Unidos, los crímenes y delitos se consideran enteramente locales y son justiciables solamente por los tribunales del país donde se cometan. Pero este principio es peculiar de la jurisprudencia de la Gran Bretaña y los Estados Unidos, y aun en estos dos países con frecuencia se ha infringido por la legislación positiva de ambos.

(2) La cuestión sobre si un Estado ha de castigar á un extranjero á quien se encuentre dentro de sus límites, por un delito cometido previamente en el exterior contra ese Estado ó sus súbditos, depende también de su sistema respecto al castigo en general por delitos cometidos fuera del país. La Gran Bretaña y los Estados Unidos, respetando estrictamente el principio de la territorialidad de los delitos, les dejan impunes; Francia, por el contrario, sigue la analogía del tratamiento que da á sus propios súbditos en iguales circunstancias.