Archivo diplomático y consular de España (1885-12-31 00:00:00), página 10

Terminada la recepción oficial, el nuevo representante de los Estados Unidos de América presentó á S. M. el personal que compone su misión, y se retiró con los mismos honores que se le dispensaron al dirigirse á Palacio.

Documentos parlamentarios

EL MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Su mucha extensión sólo nos permite reproducir la parte referente á las relaciones políticas y comerciales de España con aquella República, tratados de comercio y aranceles.

«ESPAÑA

Es lisonjero notar lo cordial de nuestras relaciones con España. La reclamación, largo tiempo pendiente, de los armadores del buque Masonic por pérdidas sufridas á consecuencia de la reconocida negligencia de las autoridades españolas en las Islas Filipinas, ha sido ajustada por arbitraje, y se ha otorgado una indemnización. Con esto recibe una nueva y halagüeña confirmación el principio del arbitraje á que, en casos tales, vienen adhiréndose desde hace mucho tiempo los Estados Unidos. Otras cuestiones con España, ó se han zanjado, ó son asunto de negociaciones diplomáticas encaminadas á un arreglo justo y honroso.

Háse hallado que la aplicación del convenio comercial con España de 2 de enero y 13 de febrero de 1884 es inadecuada para las necesidades comerciales de los Estados Unidos y las Antillas españolas, y que los términos del acuerdo son objeto de interpretaciones encontradas en aquellas islas. Se han emprendido negociaciones en Madrid para celebrar un tratado completo que no se preste á estos inconvenientes, que esté de conformidad con la línea de política general para las relaciones con los países cercanos á que me refiero en otro lugar, y tienda, al propio tiempo, á hacer desaparecer los gravámenes y restricciones enojosas existentes; y aunque se promete una terminación satisfactoria de estas negociaciones, me veo obligado á posponer el anuncio de su terminación.

TRATADOS DE COMERCIO

Las relaciones comerciales de los Estados Unidos con sus vecinos inmediatos y con importantes áreas de tráfico situadas cerca de nuestras costas, sugieren relaciones especialmente liberales entre ellas y nosotros. Siguiendo el tratado de 1883 con México, basado en una exención aduanera recíproca, otros tratados semejantes fueron iniciados por mi antecesor. Reconociendo la necesidad de un comercio con menos trabas con Cuba y Puerto Rico, y saliéndonos al encuentro el deseo de España de favorecer intereses decaden tes en las Antillas, se dieron pasos para conseguir esos fines por medio de un tratado de comercio. Poco después se firmó un tratado semejante con la República dominicana. Más tarde, el Gobierno de S. M. B. hizo proposiciones para que se diera una extensión parecida á las relaciones comerciales con las Antillas y las posesiones inglesas de Sud América, pero sin resultado.

Al tomar posesión de mi cargo retiré, para que fueran nuevamente examinados, los tratados firmados con España y Santo Domingo, á la sazón pendientes de la aprobación del Senado. El resultado me ha convencido de lo inconveniente que es contraer compromisos de este carácter que no abarquen todo el comercio. Estos tratados propendían á que los Estados Unidos abandonasen cuantiosos ingresos sin compensación adecuada. Sólo sobre los azúcares abandonábamos derechos cuyo importe excedía á las ventajas que se nos ofrecían en cambio. Aun cuando se tratase con esto de aliviar á nuestros consumidores, era evidente que mientras la exención sólo alcanzase á parte de nuestras importaciones, tal alivio era ilusorio. Abandonar una renta tan esencial parecía muy poco prudente en ocasión en que se proyectaban nuevos e importantes gastos para el Tesoro. Además de esto, hubieran surgido cuestiones embarazosas con otras naciones, en virtud de las cláusulas de la nación más favorecida.

Otra objeción se ofrece, y es la de que la regulación de las tarifas arancelarias, en virtud de tratados, menoscaba el dominio sobre las propias rentas que es esencial para la seguridad y bienestar de todo Gobierno. Pudiera en cualquier tiempo surgir la necesidad de aumentar los impuestos, y no debe existir compromiso alguno con una potencia extranjera que ponga cortapisas á la acción del Gobierno.

En cumplimiento de la sección décima cuarta de la ley naval, aprobada el 26 de junio de 1884, se hicieron ciertas reducciones y exenciones de derechos de tonelaje á buques entrados en puertos de los Estados Unidos y procedentes de puertos extranjeros de la América del Norte y Central, las Antillas, las Bahamas y Bermudas, México y el Istmo hasta Colón y Panamá. Los Gobiernos de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Portugal y Suecia y Noruega, fundándose en la cláusula de la nación más favorecida de sus tratados con los Estados Unidos, han pretendido hacer valer sus reclamaciones para que se concediesen iguales privilegios á los buques procedentes de sus puertos.

Pero este Gobierno sostiene que los privilegios concedidos por la referida ley naval son puramente geográficos y alcanzan á cualquier buque de cualquiera nación extranjera que quiera dedicarse al comercio entre este país y cualquier puerto de la zona definida, sin que la cláusula de la nación más favorecida justifique en manera alguna para que los privilegios se hagan extensivos á los buques que vengan á este país de puertos no comprendidos en la zona limitada por dicha ley.

Indudablemente las relaciones del comercio con nuestros vecinos próximos, cuyos territorios forman una línea fronteriza difícil de guardar y que hallan en nuestro país, y á su vez nos ofrecen mercados naturales, demandan atención especial y considerable.

Tócale al Congreso considerar qué medidas legislativas serán conducentes al aumento de las facilidades comerciales que la contigüidad hace necesarias y apetecibles.

ARANCIBLES

El hecho de exceder nuestros ingresos las necesidades de una administración económica del Gobierno, justifica la reducción de las cantidades que para su sostenimiento se exigen al pueblo. Nuestro Gobierno no es más que un medio, establecido por la voluntad de un pueblo libre, con el fin de poner en ejecución ciertos principios que este pueblo ha adoptado para su beneficio y protección; y nunca está mejor administrado ni mejor observado su verdadero espíritu que cuando las contribuciones impuestas al pueblo para el sostenimiento de estos principios se limitan escrupulosamente á las necesidades de los gastos y se distribuyen según un plan justo y equitativo.

La proposición en que tenemos que ocuparnos es la reducción de las rentas recibidas por el Gobierno é indirectamente pagadas por el pueblo por concepto de derechos aduaneros.

No se trata ahora de la cuestión del libre cambio, ni este es el momento oportuno para discutir la sabiduría del proteccionismo.

La justicia y la equidad demandan que toda modificación de nuestras leyes actuales que afecten á los ingresos, las industrias y los intereses fomentados por dichas leyes, y en los cuales tienen invertidos grandes capitales nuestros ciudadanos, no debe hacerse perjudicándolos ó destruyéndolos inconsideradamente. Debemos, además, tratar el asunto de tal modo, que se protejan los intereses del trabajo americano, que es el capital de nuestros obreros; su estabilidad y debida remuneración son el pretexto más justificable para una política proteccionista. Dentro de estas limitaciones debe hacerse cierta reducción en nuestra renta de aduanas, y una vez determinado el importe de dicha reducción, surge naturalmente la necesidad de saber dónde puede hacerse con mejor éxito y qué artículos han de ser favorecidos en interés de nuestros ciudadanos. Creo que la reducción debe hacerse en las rentas provenientes de los derechos que gravan sobre artículos de necesidad. De este modo disminuiremos directamente el costo de la vida á todas las familias de la nación y damos á los habitantes de todo hogar humilde mayor recompensa por sus industrias frugales.»