Archivo diplomático y consular de España (1886-01-26 00:00:00), página 8

habrá entre ellos completa alianza defensiva en los casos de guerra con alguna nación extranjera.

Art. 4.º Si alguna de las altas partes contratantes fuese ofendida por alguna ó algunas de las Repúblicas de Centro-América, la que lo sea dará aviso á sus aliadas tan pronto como lo estime oportuno, para que interpongan con el agresor su mediación amistosa; pero si fueren desatendidas, harán causa común con el ofendido, hasta lograr el restablecimiento de la paz.

Art. 5.º Si ocurriérase motivos de desacuerdo entre las otras Repúblicas del Centro-América, ó entre algunas de ellas y otra nación extranjera, las partes contratantes, de común acuerdo, ofrecerán á aquéllas sus buenos oficios y mediación de una manera conciliatoria y amistosa, á fin de que se restablezca ó se conserve la armonía general de Centro-América.

Art. 6.º Para que el asilo de los emigrados ó descontentos políticos no pueda, en ningún caso, perjudicar á la República de donde procedan, los Gobiernos de los respectivos países se comprometen á concentrar á los asilados á fin de vigilarlos y evitar que se proporcionen armas ó elementos de guerra de que pudieran hacer uso para hostilizar á su Gobierno.

Para la debida inteligencia de los Gobiernos sobre este punto, queda igualmente estipulado: que siempre que haya alguna emigración sospechosa de una de las tres Repúblicas ó cualesquiera de las otras ó se tenga noticia de trabajos ó maquinaciones de los descontentos contra alguno de los Gobiernos contratantes, el interesado dará noticia oficial á la otra parte, á fin de que puedan dictarse las medidas convenientes con la debida oportunidad.

Art. 7.º No debiendo las Repúblicas contratantes considerarse entre sí como naciones extranjeras, se declara: que los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, gozan de los mismos derechos políticos y civiles de que gozan los nacionales del país donde aquéllos residan.

Art. 8.º Los documentos, títulos académicos, diplomas profesionales y escrituras públicas de cualquier naturaleza que sean extendidos ú otorgados conforme á las leyes de cada una de las Repúblicas contratantes, valdrán en el país respectivo en que el interesado los presente para que tengan sus efectos, y se les dará entera fe si contuvieren los requisitos necesarios de autenticidad. Los tribunales evacuarán los exhortos y demás diligencias judiciales, habiendo para ello solicitud de autoridad legítima siendo enviada en la forma debida.

Art. 9.º Los buques de las tres Repúblicas contratantes se considerarán en cada una de ellas como nacionales y no pagarán derecho alguno ni tendrán otros gravámenes que los que paguen y tengan impuestos las embarcaciones del país.

Art. 10. Los Gobiernos contratantes, en el deseo de que no queden impunes los delitos que se cometan y cuya responsabilidad se elude fácilmente por la evasión de los criminales que pasan de uno á otro territorio abusando del derecho de asilo, se obligan recíprocamente á entregarse los individuos que se refugien en el territorio de una de las tres Repúblicas, habiendo cometido cualquiera de los delitos siguientes: parricidio, infanticidio, asesinato, homicidio, envenenamiento, lesiones corporales que puedan causar la muerte, violación, estupro, rapto, bigamia, sustitución de un niño ó suposición de parto, incendio, robo, abigeato, asociación de malhechores, extorsión violenta, usurpación ó hurto calificado, falsificación ó alteración de la moneda, de obligaciones del Estado, de billetes de Banco, de papel sellado y timbres, ó de cualquier otro valor público, comercio fraudulentó de moneda falsa, falsificación de acuerdos del Gobierno ó actas de autoridades constituidas, de escrituras ó documentos públicos, de sellos ó marcas del Estado ó de las oficinas públicas y uso de los referidos objetos falsificados, sustracción ó malversación de fondos ó efectos públicos ó de sus valores representativos, cometido por sus administradores, depositarios ó otros agentes públicos ó por cualquiera otra clase de individuos; quiebra fraudulenta ó participación en ella, baratería, soborno de testigos ó peritos, false testimonio, calumnia con circunstancias agravantes; desertión ó falta al servicio militar y complicidad en cualquiera de estos delitos; queda bien entendido que la extradición debe verificarse aun cuando cualquiera de los delitos expresados se haya cometido al amparo de alguna fracción ó revuelta.

Art. 11. Para la extradición se entenderán entre sí los Gobiernos contratantes, sea directamente ó sea por la vía diplomática ó por cualquier funcionario debidamente autorizado. En la reclamación se especificará la prueba ó principio de ella, que por las leyes de la República en que se haya cometido el delito sea bastante para justificar la captura y enjuiciamiento del culpado.

En caso de fuga del reo después de estar condenado y antes de haber sufrido totalmente la pena, la reclamación irá acompañada únicamente de la sentencia.

Art. 12. En casos urgentes se podrá solicitar la detención provisional del inculpado por medio de comunicación telegráfica ó postal, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores directamente ó por medio del respectivo Agente Diplomático. El arresto provisional se verificará según las reglas establecidas por la legislación del país del asilo; pero cesará en el término de un mes contado desde que se verificó y no se formalizare la reclamación indicada en el artículo antecedente.

Art. 13. Cuando haya lugar á la extradición, todos los objetos aprehendidos que tengan relación con el delito y sus autores, se entregarán, sin perjuicio del derecho de terceros, á la República reclamante. Dicha entrega se verificará aunque por la muerte, ó fuga del inculpado no pueda llevarse á efecto la extradición.

Art. 14. Las altas partes contratantes no podrán ser obligadas á entregar á sus nacionales; pero sí deberán ser sometidos á juicio por las infracciones de la ley penal cometidas en cualquiera de las otras Repúblicas, y el Gobierno deberá comunicar las diligencias, informaciones y documentos correspondientes, y remitir los objetos que constituyan el cuerpo del delito, suministrando todo lo que conduzca al esclarecimiento necesario para la expedición del proceso. Verificado lo expuesto, el proceso criminal deberá seguirse y terminarse, y el Gobierno del país del juzgamiento deberá informar al otro Gobierno del resultado definitivo de la causa, lo cual constituye una perfecta obligación para las partes contratantes.

Art. 15. Cuando el acusado ó condenado cuya extradición se solicite por una de las partes contratantes fuere reclamado por otro ó ú otros Gobiernos por crímenes y delitos cometidos por el mismo culpable en sus respectivos territorios, éste será entregado de preferencia al Gobierno en cuyo territorio fué cometido el delito más grave; si los delitos cometidos tuvieren la misma gravedad, la entrega se hará al Gobierno que primero haya hecho la demanda de extradición.

Art. 16. En el caso de que el culpable reclamado estuviese acusado ó condenado en el país á donde se dirige la demanda de extradición por haber cometido en él un crimen ó delito, entonces se diferirá la extradición hasta que el reo sea absuelto por un fallo definitivo ó se haya ejecutado el castigo á que se le hubiere condenado.

Art. 17. Se declara que en ningún caso podrá solicitarse ni acordarse la extradición por delitos políticos, advirtiendo que la calificación de esta clase de delitos quedará siempre reservada al Gobierno á quien se pida la extradición.

Art. 18. Queda desde luego estipulado el libre cambio y la abolición de todo derecho fiscal que grave el comercio de importación ó de exportación, de cabotaje ó terrestre entre las tres Repúblicas contratantes, ya verse sobre artefactos ó productos nacionales, ó ya sobre artefactos ó productos extranjeros que de cada una de las Repúblicas pasen á venderse á las otras.

Se exceptúan únicamente los productos estancados en la actualidad ó que en lo sucesivo se estancen en cualquiera de los tres países para ser administrados por cuenta de la nación.

Art. 19. Las Repúblicas contratantes se comprometen á mantener para su mutuo servicio de correos las mismas bases adoptadas entre ellas, por estar adheridas á la Unión Postal Universal.

Art. 20. Honduras, el Salvador y Guatemala se comprometen á mejorar el servicio telegráfico cuan- ó más sea posible y á no alterar su tarifa, que desde luego se fija á razón de 12 y 1/2 centavos por cada diez palabras excluyendo dirección, fecha y firma, conforme al reglamento del ramo. También queda convenido que mientras Honduras y Guatemala no tengan una estación cablegráfica sobre las costas del Pacífico, las líneas terrestres