Archivo diplomático y consular de España (1885-12-31 00:00:00), página 14

da autoridad, es consiguiente que el Estado no se creará obligado á Dios por ninguna clase de deber; que no profesará públicamente ninguna religión, ni deberá buscar cuál es, entre tantas, la única verdadera, ni favorecerá á una principalmente; sino que concederá á todas ellas igualdad de derechos, con tal que el régimen del Estado no reciba de ellos ninguna clase de perjuicios, de lo cual se sigue también el dejar al arbitrio de los particulares todo lo que se refiere á religión, permitiendo á cada cual que siga la que prefiera, ó ninguna, si no aprueba ninguna. De ahí la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de pensar y la libertad de imprenta.

Fácilmente se ve á qué deplorable situación quedará reducida la Iglesia, si se establecen para la sociedad civil estos fundamentos que hoy día tanto se ensalzan. Porque donde quiera que á tales doctrinas se ajusta la marcha de las cosas, se da á la Iglesia, en el orden civil, el mismo lugar ó quizá inferior que á otras sociedades distintas de ella; para nada se tienen en cuenta las leyes eclesiásticas, y la Iglesia, que por orden y encargo de Jesucristo ha de enseñar á todas las gentes, se verá forzada á no tomar parte alguna en la educación pública de los ciudadanos. Aun en las cosas que son de competencia de las dos potestades, las autoridades civiles mandan por sí y á su antojo, despreciando con soberbia las leyes santísimas de la Iglesia.

De aquí, el tratar á su jurisdicción los matrimonios cristianos, logrando así acerca del vínculo conyugal, de su unidad y estabilidad; privar de sus posesiones á los clérigos, diciendo que la Iglesia no tiene derecho á poseer; obran, en fin, de tal modo respecto de ella, que negándole los derechos y la naturaleza de una sociedad perfecta, la ponen en el mismo nivel de las otras sociedades incluidas en el Estado, y por consiguiente, dicen, si tiene algún derecho, alguna facultad legítima para obrar, lo debe al favor y á las concesiones de los gobernantes.

Y en el caso que la Iglesia, de conformidad con las leyes civiles, ejerza su derecho en un Estado y haya entre éste y aquella algún Concordato solemne, empiezan por decir que es necesario que los intereses de la Iglesia se separen de los del Estado, y esto con el intento de poder ellos obrar impunemente contra el pacto convenido, y quitados todos los obstáculos, ser árbitros absolutos de todo.

De donde resulta que, no pudiendo la Iglesia tolerar esto, como que no está en su mano dejar de cumplir sus deberes santísimos y supremos, y exigiendo, por otra parte, que el convenio se cumpla entera y religiosamente, nacen muchas veces conflictos entre la potestad sagrada y la civil, los cuales, generalmente, concluyen en que la más pobre en fuerzas humanas tenga que rendirse á la más fuerte.

Así en este momento de ser de los Gobiernos, á que tanta afición tienen hoy algunos, lo que de ordinario se quiere es quitar de en medio á la Iglesia ó tenerla atada y sujeta al Estado.

A este fin van enderezados en gran parte los actos de los Gobiernos; las leyes, la administración del Estado, la educación de la juventud, extraña á la religión, el despojo y la ruina de las Ordenes religiosas, la destrucción del principado civil de los Romanos Pontífices, no tienen más fin que quebrantar las fuerzas de las instituciones cristianas, ahogar la libertad de la Iglesia católica, y violar todos sus derechos.

Cuánto se alejan de la verdad estas opiniones acerca del gobierno de los Estados, lo dice la misma razón natural, porque la naturaleza misma enseña que toda potestad, cualquiera que sea y dondiquiera que resida, proviene de su suprema y augustísima fuente, que es Dios; que el gobierno del pueblo, que dicen residir esencialmente en la muchedumbre sin respeto ninguno á Dios, aunque sirve á maravilla para halagar y encender las pasiones, no se apoya en razón alguna que merezca consideración, ni tiene en sí bastante fuerza para conservar la seguridad pública y el orden tranquilo de la sociedad.

En verdad, con tales doctrinas han llegado las cosas á punto que se tiene por muchos como legítimo el derecho á la rebelión, pues ya prevalece la opinión de que no siendo los gobernantes sino delegados, que ejecutan la voluntad del pueblo, es necesario que todo se mude al compás de la voluntad de éste, no viéndose nunca libre el Estado del temor de disturbios y asonadas.

En lo que toca á la religión, el decir que entre distintas y aun contrarias formas de culto lo mismo de una que otra, es venir á confesar que no se quiere aprobar ni practicar ninguna, lo cual si difiere en el nombre del ateísmo, en realidad es la misma cosa, supuesto que quien cree en la existencia de Dios, si es consecuente y no quiere caer en un absurdo, ha de confesar necesariamente que las formas de culto divino que se practican, y en las cuales hay tan grande diferencia y tanta desmejanza y contrariedad, aun en cosas de suma importancia, no pueden ser todas igualmente aceptables, ni igualmente buenas ó agradables á Dios.

Por lo mismo la absoluta libertad de sentir e imprimir cualquier cosa, sin freno ni moderación alguna, no es por sí mismo un bien de que justamente pueda gozarse la humana sociedad, sino fuente y origen de muchos males. La libertad, como virtud que perfecciona al hombre, debe verse sobre lo que es verdadero y bueno, y la razón de verdadero y de bueno no puede cambiarse al capricho del hombre, sino que perservera siempre la misma, con aquella inmutabilidad que es propia de la naturaleza de las cosas. Si la inteligencia asiente á opiniones falsas, y si la voluntad tiende y se abraza al mal, ni una ni otra alcanza su perfección, antes decaden de su dignidad natural y se pierden y corrompen; de donde se sigue que no debe ponerse á la luz y á la contemplación de los hombres lo que es contrario á la virtud y á la verdad, y mucho menos favorecerlo y ampararlo con las leyes.

Sólo la vida buena es el camino que conduce al cielo, nuestra patria común, por lo cual, se aparta de la regla y enseñanza de la naturaleza todo Estado que deja tan franca la libertad de pensar y de obrar que se pueda impunemente extraviar á las inteligencias de la verdad y á las almas de la virtud.

Error es grande y de gravísimas consecuencias excluir á la Iglesia, obra de Dios, de la vida social, de las leyes, de la educación de la juventud y de la familia. Sin religión es imposible que sean buenas las costumbres en un Estado, y todos saben, tal vez más de lo que convendría, cuál es y á dónde va encaminada la que llaman filosofía cicil acerca de la vida y de las costumbres.

La verdadera maestra de la virtud y la guardadora de las costumbres es la Iglesia de Cristo, ella es quien defiende incólumes los principios de donde se derivan los deberes, la que, al proponer los más eficaces motivos para movernos á vivir honestamente, manda no sólo huir lo malo, sino enfrentar las pasiones contrarias á la razón, aunque no lleguen á la obra.

Querer someter la Iglesia en lo que toca al cumplimiento de sus deberes, á la potestad civil, es no solamente grande injuria, sino grande temeridad; pues con esto se perturbaría el orden de las cosas, anteponiendo las naturales á las sobrenaturales, quitando, ó por lo menos disminuyéndose, la muchedumbre de bienes que acarrearía la Iglesia á la sociedad, si pudiese obrar sin obstáculos y abriendo la puerta á enemistades y conflictos, los cuales, cuanto daño hayan traído á una y á otra sociedad, harlo lo tienen demostrado los acontecimientos.

Estas doctrinas que hasta aquí van expuestas, contrarias á la razón y de suma trascendencia para el bienestar de la sociedad, no dejaron de condenarlas nuestros predecesores los Romanos Pontífices, penetrados como estaban de las obligaciones que les imponía el cargo Apostólico. Así, Gregorio XVI, en la Encíclica que empieza Mirari vos, del XV de agosto del año MDCCCXXXII, condenó con gravísimas palabras lo que entonces ya se iba divulgando, esto es, el indiferentismo religioso, la libertad de cultos, de conciencia, de imprenta, y el derecho de rebelión.

Acerca de la separación entre la Iglesia y el Estado, decía así el dicho Soberano Pontífice: «Ni podríamos augurar cosas mejores para la religión y para la sociedad, si atendiésemos á los deseos de los que pretenden con empeño que la Iglesia se separe del Estado, rompiéndose la concordia del Imperio y del sacerdocio, pues todos saben que esta concordia, que siempre ha sido beneficiosísima para los intereses religiosos y civiles, es temida sobremano por los amadores de la más desvergonzada libertad.» De semejante manera, Pío IX, según que se le ofreció