Archivo diplomático y consular de España (1886-07-16 00:00:00), página 2

por haber tratado de ofender á un ausente.

El Presidente declara terminado el incidente.

El General Boulanger mandó inmediatamente los Generales Lecointe y Frebault á pedir una satisfacción á Larcintry. Este había nombrado ya como padrinos suyos al Conde de Espivent y Saisy.

Créese muy difícil una solución pacífica. La mayoría presenta una orden del día dando un voto de confianza al Gobierno por su energía y su vigilancia.

Puesto á votación, es aprobado por 157 votos contra 78.

Las exageraciones de los monárquicos van á dar para su causa el mismo triste resultado de las intransigencias de los republicanos para la suya.

Si no pierden la Monarquía, cuando menos aplazarán su triunfo indefinidamente.

INTERIOR

En el Senado ha sido aprobado el modus vivendi y en el Congreso la lista civil, estando ya ésta en el Senado y aquél en el Congreso, y no creemos que de la aprobación definitiva de ambos proyectos en los dos Cuerpos Colegiados pude pasar la actual legislatura.

No hablaremos del incidente ocurrido en la Alta Cámara entre los Sres. Bosch y Moret, si no quisieramos hacer constar que el ARCHIVO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR DE ESPAÑA se asocia á las manifestaciones de simpatía y respeto que ha recibido el Sr. Ministro de Estado con motivo de las pocas meditadas palabras del orador romerista.

También debemos lamentar y lamentamos la intemperancia con que ha procedido la prensa al dar cuenta de la cuestión personal surgida después del incidente, y sobre todo al publicar cierta clase de documentos que no deben salir nunca, y en este caso menos, de la esfera privada.

EL MINISTERIO DE ESTADO EN EL PARLAMENTO

El modus vivendi

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA ALTA CÁMARA POR EL MINISTRO DE ESTADO EN LA SECCIÓN DEL DÍA 5 DEL ACTUAL

(Continuación)

De este caso no se ha hablado, pero esto sería completamente ridículo. El Ministro, pues, en este caso, oye al Consejo de Estado; pero le oye por oírle, porque no puede modificar sus decisiones. ¿A quién consulta, pues, el Consejo de Estado? Al Ministro? No. ¿Al poder legislativo? No necesario decir que esto sería una infracción realmente de la Constitución; entonces se habrá creado un principio burocrático, el menos aceptable de todos los principios, que haría depender las decisiones del Congreso y del Senado, de todo el poder legislativo, de una consulta del Consejo de Estado. Esto no está en su reglamento; esto no está en la Constitución; esto no es, no puede ser; y la posición del Consejo de Estado es por eso, y á consecuencia de eso, sumamente falsa, porque consulta á un Ministro que ya no puede hacer caso de su consejo, como no sea retirándose, y aun eso, en el caso de que no se halle comprendido todo el Gobierno.

De aquí, señores senadores (porque falta desenvolver el argumento; dignos todavía escucharme, que no defendiendo una teoría propia; háblalo de un caso que me parece que interesa perfectamente á la gobernación del Estado); de aquí que si desarrollamos las consecuencias de todo esto, vendremos inmediatamente á describir donde está el error; porque si es preciso que sobre lo manifestado por un Ministro dé el Consejo de Estado su opinión para poder venir ante los Cuerpos Colegiados con un proyecto de ley, resulta que si este Ministro, durante la discusión, modifica ó altera el proyecto en virtud de las enmiendas, lógicamente sobre aquellas modificaciones deberá volverse á oír al Consejo de Estado; si no es legal la opinión del Ministro sin haber oído al Consejo de Estado, tampoco lo será cuando la haya modificado, después de aquello que le haya dicho el Consejo de Estado.

De manera que la lógica llevará á que no sólo acerca de las decisiones de los Ministros, sino acerca de las enmiendas de los representantes del país, sobre todo tratándose de enmiendas tan radicales como las que hay presentadas á este proyecto, el Consejo de Estado tendrá que emitir su opinión antes de que en las Cámaras venga á tratarse de estos asuntos. He aquí cómo la lógica y la pura deducción de un concepto, sentado, en mi sentir, sin bastantes conocimiento de causa, puede llevar á un estado de cosas que no podréis aceptar vosotros, señores senadores, que no está en conformidad con los buenos principios administrativos.

Se me dirá: así está la ley, y debe cumplirse. Debe observarse de esa manera, ó corregirse. ¿No, señores; todo esto nace de que se toma la ley en el sentido de lo que no es, y se hace desempeñar al Consejo de Estado un papel que no es propiamente el suyo. Hay que oír al Consejo de Estado sobre la ratificación de los tratados, y hay que oírle de tal suerte, que en mi sentir nunca cumple sus altas funciones, mejor dicho, nunca está más en su puesto que cuando se haga esa consulta. Pero cuando se va á ratificar un tratado; cuando el Gobierno puede hacer esa ratificación, sólo en el caso de tratarse de un punto crítico entre el poder legislativo y el ejecutivo, el Consejo de Estado estará llamado á resolver. Porque, señores senadores, ¿cuál es la principal misión del Consejo de Estado? Cuidar de que el poder ejecutivo cumpla las leyes, y no se separe jamás de ellas. Por eso hay que oír al Consejo de Estado para hacer los reglamentos de las leyes, porque en el desarrollo de los reglamentos puede falsearse la ley.

Pues bien: hay tratados para los cuales está autorizado el Gobierno por una ley, en condiciones dadas, y cuando las ha llenado, entonces hay que oír al Consejo de Estado, para que éste diga si aquel tratado que el Gobierno ha estipulado, en virtud de la autorización de las Cortes, está dentro de las facultades otorgadas por las mismas. Y voy á poner un ejemplo al Sr. Marqués del Pazo de la Merced. (El Sr. Marqués del Pazo de la Merced: Pido la palabra.)

En este proyecto de ley pide el Gobierno autorización para prorrogar ciertos tratados. Estos tratados han de ser prorrogados con arreglo á ciertas condiciones. Estas condiciones están ya fijadas, con los plazos, con las fechas y con ciertas determinaciones de que me habré de ocupar luego, y que se refieren al tratado con Francia. Pues bien: el Gobierno puede ajustarse ó no á esas condiciones; puede seguirlas con exactitud ó desviarse de ellas; y entonces, al hacerlo, es cuando el Consejo de Estado debe decir si el Gobierno ha estado ó no dentro de sus facultades. Este es el caso, y entonces es cuando el Consejo de Estado responde á su misión.

Estas observaciones no tienen aplicación inmediata, ni hay para qué discutirlas en este momento. Las he hecho porque he querido mostrar á los señores senadores cómo la meditación sobre estas cuestiones puede presentar puntos de vista que merecen consideración atenta y especial, y cómo creo que hay interés en que fijemos en este momento nuestras ideas para lo porvenir. Pero yo dejo esto completamente á un lado. Os he distraído sólo unos cuantos minutos, indispensables para una digresión que entiendo patriótica, en el sentido de una mejor interpretación para las leyes. A mí me es igual todo esto, porque no tiene nada que ver con la cuestión, que está reducida á las palabras que os dije antes, á la consideración que os he expuesto, y en la cual me afirmo, para desarrollar mi discurso sobre los puntos de vista sentados en el dictamen del Consejo de Estado y en el informe del Ministerio de Hacienda, á los cuales he querido atender y satisfacer en la medida y en las proporciones que no lo han