Archivo diplomático y consular de España (1886-04-30 00:00:00), página 6

animados por el deseo de asegurar y promover el bienestar y la tranquilidad de sus respectivos países, facilitando la recta, pronta y eficaz administración de justicia, previniendo los crímenes y regularizando la entrega de los criminales que busquen asilo en sus respectivos territorios, han convenido en ajustar un tratado, y al efecto han nombrado por sus plenipotenciarios, á saber:

El Presidente de la República oriental del Uruguay, al Sr. Dr. D. Manuel Herrera y Obes, su Ministro secretario de Estado en el departamento de Relaciones exteriores; y S. M. el Rey de España, al Sr. D. Manuel del Palacio y Simó, Gran cruz de la real orden de Isabel la Católica, Gran oficial de la Orden de San Mauricio y San Lázaro de Italia, del Niño de Túnez, Comendador del Medjidí de Turquía y de la Corona de Italia, Oficial de la Legión de Honor de Francia, etc., etc., su Ministro residente cerca de la República oriental del Uruguay.

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes, hallados en buena y cabida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1.º El Gobierno de la República oriental del Uruguay y el Gobierno de España se comprometen por el presente tratado á la recíproca entrega de los individuos refugiados de uno de los dos países en el otro, que fuesen condenados ó acusados por los tribunales competentes como autores ó cómplices de los crímenes enunciados en el artículo siguiente:

Art. 2.º Los crímenes que autorizan la extradición son:
1.º Asesinato.
2.º Homicidio (á no ser que se hubiese cometido en defensa propia ó por imprudencia).
3.º Parricidio.
4.º Infanticidio.
5.º Envenenamiento, y las tentativas de los crímenes comprendidos en los incisos anteriores.
6.º Violación, aborto voluntario.
7.º Bigamia.
8.º Raptos.
9.º Atentado con violencia contra el padre.
10.º Ocultación y sustracción de menores.
11.º Incendio voluntario.
12.º Lesiones hechas voluntariamente, en que hubiese, ó de las que resultaren inhabilitación de servicio, deformidad, mutilación ó destrucción de algún miembro ó órgano, ó la muerte sin intención de darla.
13.º Daños ocasionados voluntariamente á los ferrocarriles y telégrafos, y de que resulten trabas á la marcha regular de ellos, ó peligro para la vida de los pasajeros.
14.º Asociación de malhechores.
15.º Bobo, y particularmente con violencia á las personas ó á las cosas.
16.º Falsificación, alteración, introducción y emisión fraudulentas de monedas y papeles de crédito con curso legal; fabricación, importación, venta y uso de instrumentos destinados á hacer moneda falsa, pólizas ó cualesquiera título de la deuda pública; billetes de Bancos ó cualesquiera papeles de los que circulan como si fuesen moneda; falsificación de sellos de correo, estampillas, timbres, cuños y cualesquiera otros sellos del Estado ó de las oficinas públicas, aun en el caso de que el crimen haya sido cometido fuera del Estado que pide la extradición; uso, importación y venta de estos objetos.
17.º Falsificación de escrituras públicas, letras de cambio y otros títulos de comercio, y el uso de estos papeles falsificados.
18.º Sustracción de las oficinas del Estado de documentos originales ó en copia, cometida por particulares, por empleados ó funcionarios públicos, peculado ó malversación de caudales públicos; concusión cometida por funcionarios públicos; sustracción fraudulenta de los fondos, dinero ó papeles pertenecientes á una compañía ó sociedad industrial ó comercial, ó una corporación, por persona empleada por ella, siempre que esté legalmente establecida dicha compañía ó corporación; pero sólo en el caso de que estos delitos mereciesen pena corporis affectiva, atendida la legislación del país en que se hubiera cometido.
19.º Falso testimonio en materia civil ó criminal.
20.º Quiebra fraudulenta.
21.º Baratería, siempre que los hechos que la constituyen y la legislación del país á que pertenezca la nave haga responsables á sus autores de pena corporis affectiva.
22.º Insurrección del equipaje ó tripulación de un buque, cuando los individuos que componen dicha tripulación ó equipaje, se hubiesen apoderado de la embarcación, ó la hubiesen entregado á piratas.

Art. 3.º La obligación de la extradición no se extiende en caso alguno á los nacionales de los dos países.

Sin embargo, las altas partes contratantes se obligan á hacer procesar y juzgar, según las legislaciones, los respectivos nacionales que cometan infracciones contra las leyes de uno de los dos Estados, luego que el Gobierno del Estado cuyas leyes se hayan infringido presente la competente demanda por la vía diplomática ó consular, y en caso de que aquellas infracciones puedan ser calificadas en algunas de las categorías que designa el art. 2.º

La solicitud será acompañada de los objetos, antecedentes, documentos y demás informes necesarios; debiendo las autoridades del país reclamante proceder como si ellas mismas hubiesen de calificar el delito.

En tal caso, las actas y documentos serán hechos gratuitamente; pero no podrá reclamarse el enjuiciamiento ante los tribunales de su país de ninguno de los nacionales de las altas partes contratantes si ya hubiese sido procesado y juzgado por el mismo delito en el territorio en que el hecho tuvo lugar, aunque la sentencia hubiese sido absolutoria.

Art. 4.º En ningún caso el prófugo que hubiese sido entregado á alguno de los dos Gobiernos podrá ser castigado por delitos políticos anteriores á la fecha de la extradición, ni por otro crimen ó delito que no sea de los enumerados en el presente Tratado.

El asesinato, el homicidio ó el envenenamiento del jefe de un Gobierno extranjero, ó de funcionarios públicos, y la tentativa de estos crímenes, no se reputarán crímenes políticos para el objeto de la extradición.

Art. 5.º Si el acusado ó condenado cuya extradición pidiese una de las altas partes contratantes, de conformidad con el presente tratado, fuese igualmente reclamado por otro ó otros Gobiernos á consecuencia de delitos cometidos en sus respectivos territorios, será entregado al Gobierno del Estado donde hubiese cometido el crimen más grave, y siendo éste de igual gravedad, se preferirá en primer lugar la reclamación del Gobierno del Estado á quien pertenezca el acusado, y en segundo lugar la de fecha más antigua.

Art. 6.º Si el individuo reclamado se hallare enjuiciado por un crimen ó delito cometido en el país en que se encuentra asilado, la extradición será deferida hasta que concluya el juicio que se sigue contra él, ó sufra la pena que se le impusiere.

Lo mismo sucederá si, al tiempo de reclamarse su extradición, se hallará cumpliendo una pena anterior.

Art. 7.º Si el individuo reclamado se hallare perseguido ó detenido en el país en que se ha refugiado, en virtud de obligación contraída con persona particular, u extradición, sin embargo, tendrá lugar, quedando libre la parte perjudicada para hacer valer sus derechos ante la autoridad competente.

Art. 8.º El individuo entregado en virtud del presente tratado no podrá ser procesado por ningún crimen anterior distinto del que haya motivado la extradición, excepto en los casos siguientes:

1.º Si en consecuencia de los debates judiciales y un examen más profundo de las circunstancias del crimen, los tribunales lo clasifiquen en algunas de las otras categorías indicadas en el art. 2.º

El Gobierno del Estado á quien el reo ha sido entregado, comunicará el hecho al otro Gobierno, y dará los informes precisos para el conocimiento exacto del procedimiento por el cual los tribunales hubiesen llegado á aquel resultado.