Archivo diplomático y consular de España (1885-12-31 00:00:00), página 15

la ocasión, condenó muchas de las falsas opiniones que habían empezado á prevalecer, reuniéndolas después en uno, á fin de que en tanto diluvio de errores supiesen los católicos á qué atenerse sin peligro de equivocarse (1).

De estas declaraciones pontificias, lo que debe tenerse presente, sobre todo, es que el origen de la autoridad pública hay que ponerlo en Dios, no en la multitud; que el derecho de rebelión es contrario á la razón misma; que no es lícito á los particulares, como tampoco á los Estados, prescindir de sus deberes religiosos ó mirar con igualdad unos y otros cultos, aunque contrarios; que no debe repartirse como uno de los derechos de los ciudadanos, ni como cosa mercaderca de favor y amparo, la libertad desenfrenada de pensar y de publicar sus pensamientos.

De igual manera debe saberse que la Iglesia es una sociedad perfecta en su clase y en todo lo que le corresponde, como lo es también la sociedad civil, y que, por consiguiente, los que tienen la autoridad suprema en los Estados, no deben atreverse á forzar á la Iglesia á su servicio y obediencia, no dejándole libertad para obrar ó mermando en lo más mínimo aquellos derechos que Jesucristo le ha conferido. Mas en los negocios en que intervienen las dos potestades, es muy conforme á la naturaleza de las cosas y á la Providencia de Dios, no la separación ni mucho menos el conflicto entre una y otra potestad, sino la concordia, y ésta conforme á las causas próximas e inmediatas que dieron origen á ambas sociedades.

Esto es, pues, lo que la Iglesia Católica ordena respecto á la constitución y régimen de los Estados. Según lo cual, juzgando rectamente, cualquiera verá que entre las varias formas de gobierno, ninguna hay que sea en sí misma reprehensible, como que nada contiene que repugne á la doctrina católica, antes bien, puestas en práctica discreta y justamente, pueden todas ellas mantener al Estado en orden perfecto. Ni tampoco es de suyo dicho de censura que el pueblo sea más ó menos participante en la gestión de las cosas públicas, tanto menos cuanto que en ciertas ocasiones, y dada una legislación determinada, puede esta intervención, no sólo ser provechosa, sino aun obligatoria á los ciudadanos. Además, no hay tampoco razón para que se acuse á la Iglesia ó de encerrarse en una blandura y facilidad de proceder excesiva, ó de ser enemiga de la libertad buena y legítima. En verdad, aunque la Iglesia juzga no ser lícito el que las diversas clases ó formas de culto divino gocen del mismo derecho que compete á la religión verdadera, no por eso condena á los encargados del gobierno de los Estados que, ya para conseguir algún bien importante, ya para evitar algún grave mal, toleren en la práctica la existencia de dichos cultos en el Estado.

Otra cosa también prevalece con grande empeño la Iglesia, y es que nadie sea obligado contra su voluntad á abrazar la fe, como quiera que, según enseña sabiamente San Agustín, el hombre no puede creer sino queriendo (1).

Del mismo modo no es posible que la Iglesia apruebe la libertad que va encaminada al desprecio de las leyes santísimas de Dios, y á negar la obediencia que es debida á la autoridad legítima. Esta es más bien que libertad, licencia, y justamente es llamada por San Agustin libertad de perdición (2), y por San Pedro celo de malicia (3), y aun siendo como es contraria á la razón, es verdadera servidumbre, pues el que obra el pecado, esclavo es del pecado (4).

Por el contrario, aquella libertad es buena y digna de ser apetecida, que considerada en el individuo, no permite que el hombre se someta á la tiranía abominable de los errores y de las malas pasiones, y que mirada en lo que se refiere á su acción pública, goberna á los pueblos con sabiduría, fomenta el progreso y las comodidades de la vida, y defiende la administración del Estado de toda arbitrariedad. Esta libertad buena y digna del hombre, la Iglesia la aprueba más que nadie, y nunca dejó de esforzarse para conservarla incólume y entera en los pueblos.

Ciertamente consta por los monumentos de la Historia, que á la Iglesia Católica se ha debido en todos tiempos, ya sea la invención, ya el comienzo, ya, en fin, la conservación de todas aquellas cosas ó instituciones que puedan contribuir al bienestar común; las ordenadas á coartar la tiranía de los Príncipes que gobernaban mal á los pueblos; las que impiden que el supremo poder del Estado invada indebidamente el municipio ó la familia, y, en fin, las dirigidas á conservar la honra, la vida y la igualdad de derechos en los ciudadanos. Por lo tanto, consecuente siempre consigo misma, si por una parte rechaza la demasiada libertad, que lleva á los particulares y á los pueblos al desenfreno y á la servidumbre, por otra abraza con mucho gusto los adelantos que trae consigo el tiempo, cuando de veras promueven el bienestar de esta vida, que es como una carrera que conduce á la otra perdurable. Es, por consiguiente, calumnia vana y sin sentido lo que dicen algunos sobre que la Iglesia mira con malos ojos el régimen moderno de los Estados, rechazando, sin discreción, todo cuanto ha producido el ingenio en estos tiempos. Rechaza, sin duda alguna, las locuras de las opiniones, desaprueba el inicuo afán de sediciones, y, en especial, aquel estado del espíritu, en el cual ya se ve el principio del voluntario apartamiento de Dios.

(Se concluirá.)

Banco de Castilla

La administración de este Banco ha acordado que la junta general ordinaria de accionistas del mismo, correspondiente al ejercicio de 1884, se celebre en el domicilio social, Infantas, 31, el miércoles 30 del corriente mes de diciembre, á las diez de la mañana.

Tendrán derecho de asistencia, conforme determina el art. 22 de los estatutos, los que posean 100 ó más acciones. Para ejercitar este derecho, habrán de depositar sus acciones antes del día 25 del presente mes de diciembre en las cajas del Banco, en Madrid; en las del Banco Hispano Colonial, en Barcelona, y en casa de los Sres. C. Jacquet y Compañía, de Bilbao, en dicha ciudad.

En vista de los resguardos de depósitos se expedirán á los interesados las tarjetas personales de asistencia. Los que no concurren personalmente sólo podrán ser representados por un socio que tenga derecho de asistencia, siempre que la autorización oportuna haya sido presentada en la Secretaría del Banco antes del día de la celebración de la junta.

Madrid 15 de diciembre de 1885.—El Secretario, Ricardo Sepúlveda.

ANTONIO BARCELÓ
11, CALLE DE CUARTELES, 11
MALAGA
Consul de la República de Haití en Málaga.

En este Consulado se facilitan gratis, á cuantas personas lo deseen, toda clase de noticias sobre direcciones y nombres de comerciantes, industriales, importadores y exportadores de mercancías, frutos, vinos, etc., comisionistas y cuantos datos sean necesarios, tanto referentes á dicha República, cuanto á España: y en una palabra, todo aquello que pueda ser útil á comerciantes, industriales ó corporaciones de ambos países.

Dirigirse personalmente ó por correspondencia á las oficinas del consulado de la República de Haití: Sr. D. Antonio Barceló, Málaga.

(1) Trac. XXVI, in Joan., n. 2.
(2) Epist. CV, ai homilistes, c. II, n. 9.
(3) San Pedro, Epístola I, II, 16.
(4) Evangelio de San Juan, VIII, 34.