Archivo diplomático de España (1885-06-30 00:00:00), página 7

ción de un buque extranjero que no esté habilitado en regla contra buques españoles o salvadoreños, sus tripulaciones ó cargamentos.
(c) El hecho de cualquier individuo, forme ó no parte de la tripulación de un buque, de entregarlo á los piratas.
(d) El acto de cualquier individuo, forme ó no parte de la tripulación de un buque, de apoderarse del mismo con fraude ó por violencia.
(e) Destrucción, sumersión, varan- to ó pérdida de un buque, con intención culpable.
(f) Sublevación por dos ó más perso- nas á bordo de un buque en la mar con- tra la autoridad del capitán ó del patrón.
28. El tráfico de esclavos con violación de las leyes de ambos países.
Se comprenden en las calificaciones anteriores las tentativas de los delitos y la complicidad en los mismos, penadas en las legislaciones de ambos países.
Art. 3.º Ningún salvadoreño será en- tragado por su Gobierno al de S. M. Cató- lica, ni éste entregará al de la República del Salvador ningún español.
Sin embargo, las altas partes contra- tantes se obligan á hacer procesar y juz- gar, según sus legislaciones, á sus res- pectivos nacionales que cometan infrac- ciones contra las leyes de uno de los dos Estados tan luego como el Estado cuyas leyes se hayan infringido presente la pe- tición oportuna por la vía diplomática ó consular, siempre que dichas infracciones puedan ser calificadas en alguna de las categorías que señala el art. 2.º
Art. 4.º La extradición no se efectuará si la persona reclamada por parte del Go- bierno español ó la persona reclamada por parte del Gobierno del Salvador ha sido ya reclamada, absuelta ó condenada ó está aún sujeta á procedimiento crimi- nal en territorio español ó salvadoreño respectivamente por el delito por el cual se pide la extradición.
Si el individuo reclamado se hallase procesado ó sentenciado por una infrac- ción cometida en el país donde se halle refugiado, podrá retrasarse su extra- dición hasta que se sobreseá la causa, se absuelva al procesado ó cumpla la conde- na que se le imponga.
Art. 5.º Podrá negarse la extradición si después de la ejecución del delito ó al instruir el proceso ó al declararse la sen- tencia condenatoria se adquiera la pres- cripción de la pena ó de la acción según las leyes del país en que el procesado se hubiere refugiado, ó si los hechos acrimi- nados han sido objeto de una amnistía ó de un indulto.
Art. 6.º No será entregada persona al- guna procesada ó sentenciada, si el delito de que se acusa está considerado por la parte que reclama su extradición como delito político ó como hecho anejo con el mismo.
No se reputará delito político ni hecho que tenga relación con él el atentado contra la vida del Soberano ó jefe de uno de los Estados contratantes y los indivi- duos de sus respectivas familias, que constituye el delito de asesinato, homici- dio ó envenenamiento.
Art. 7.º El individuo que fuere entrega- do no podrá ser perseguido ni juzgado en juicio ordinario por otro delito que no sea el que motivó la extradición, á menos que conste el consentimiento expreso y volun- tario del acusado, comunicado al Gobier- no que lo entregó.
Art. 8.º La demanda de extradición se- rá siempre entablada por la vía diplomá- tica, y deberá ir acompañada de un auto de prisión dictado contra el reo cuya en- trega se pide por la autoridad competente del Estado reclamante, fundado en prue- bas tales, que, según las leyes del país donde se encuentra el procesado, justifi- quen su arresto como si el delito se hubie- se cometido allí; ó de cualquier otro do- cumento que tenga al menos la misma fuerza que dicho auto, y precise igualmen- te los hechos denunciados y la disposición penal que les sea aplicable.
El dicho documento deberán especificar- se hasta donde sea posible las señas per- sonales del reclamado para facilitar su busca y detención.
Cuando la demanda se refiera á una per- sona condenada en rebeldía, deberá ir acom- panada del testimonio; de la senten- cia condenatoria dictada por el tribunal competente del Estado que solicita la ex- tradición.
Las demandas de extradición no podrán apoyarse solamente en sentencias dicta- das en rebeldía; pero las personas senten- ciadas en rebeldía deben considerarse co- mo acusadas para los efectos de la peti- ción de entrega.
Art. 9.º Si la demanda de extradición se halla conforme con las estipulaciones que preceden, las autoridades del Estado al que se dirija la demanda procederán á la detención del fugado, el cual será condu- cido ante el magistrado competente, quien debe examinarlo y practicar las investi- gaciones preliminares del caso, como si el delito se hubiese cometido en el mismo país.
Art. 10. Un criminal fugado puede ser aprehendido en virtud de un mandamen- to de prisión dictado por cualquier magis- tro de policía, juez de paz u otra autori- dad competente en ambos países, en vista de los informes, reclamaciones y pruebas al efecto, ó á consecuencia de las diligenc- ias que en opinión de la autoridad com- petente que dictó dicho auto lo justifica- rían si el delito se hubiese cometido ó el acusado hubiera sido sentenciado en la parte del territorio de los dos Estados en que el magistrado, juez de paz u otra au- toridad competente ejerce jurisdicción, con tal, sin embargo, de que en España ó en sus provincias de Ultramar el acusado sea conducido tan pronto como se pueda ante el juez del distrito donde fuere detenido para el oportuno interrogatorio y para que el arresto se elève á prisión.
Art. 11. En los casos urgentes, cada uno de los dos Gobiernos, fundándose en un mandamiento de prisión ó en una sen- tencia condenatoria, podrá por telégrafo ó por el medio más rápido pedir y obtener la detención del acusado ó del sentencia- do, con la condición de presentar lo más pronto posible el documento anunciado.
Art. 12. Si dentro del plazo de dos me- ses, contados desde el día en que el pro- cesado ó el sentenciado fuese puesto á disposición del agente diplomático ó con- sular, siendo la extradición pedida de Cu- ba ó Puerto Rico, y de cuatro meses si la demanda procede de la Península, ó islas Filipinas, no se hubiese hecho cargo del detenido el Estado reclamante, será pues- to en libertad, no pudiéndolo nuevamente detener por el mismo motivo.
Art. 13. Las anteriores estipulaciones serán aplicables al caso de los individuos procesados ó sentenciados por alguno de los delitos especificados en el presente convenio y cometidos en alta mar á bordo de cualquier buque de uno ó otro país que entre en un puerto del otro.
Art. 14. En el examen que se haga de conformidad con las estipulaciones de este convenio, las autoridades del Estado á quienes se haya hecho la petición de entrega reconocerán como prueba plena las declaraciones juradas y las de testigos hechas en el otro Estado ó copias testi- moniales de las mismas, como asimismo los autos y sentencias dictadas con arre- go á derecho, firmadas por el juez com- petente y declaradas auténticas y sella- das con el sello oficial por el Ministro de Justicia ó algún otro Ministro del Estado.
Art. 15. Si el individuo reclamado por una de las altas partes contratantes con arreglo á este convenio lo fuese simultá- neamente por uno ó más Estados por otros delitos cometidos en sus respectivos te- rritorios, será concedida su extradición al Estado que primero se hubiese pre- sentado la demanda, á menos de existir algún otro arreglo entre los diferentes Go- biernos para determinar la preferencia, ya sea en vista de la gravedad del delito ó por cualquier otra causa.
Art. 16. Los objetos aprehendidos que puedan servir para probar el delito, así como los procedentes de robo, serán, se- gún lo disponga la autoridad competente, entregados al Estado reclamante, bien se verifique la extradición por haber sido detenido el procesado, bien no pueda efec- tuarse por haberse fugado ó fallecido el individuo que se reclama. Esta entrega comprenderá igualmente todos los objetos que el procesado hubiese ocultado ó de- positado en el país y que posteriormente se descubrieren.
Quedan reservados los derechos que un tercero no complicado en la causa pudie- se haber adquirido sobre los objetos indi- cados en este artículo.
Art. 17. Las altas partes contratantes renuncian á cualquiera reclamación para el reembolso de los gastos ocasionados por la captura y detención, custodia, ali- mentación de los procesados y conducción de los mismos hasta el buque que ha de transportarlos al país que le reclama y entrega de los objetos á que se refiere el