Archivo diplomático de España (1885-04-28 00:00:00), página 5

diales y benévolas relaciones entre la Santa Sede y el Gobierno español, los católicos, y con los católicos todos los Obispos, afirman que son detestables las relaciones que existen entre la Iglesia y el Estado español, pudiendo ser diplomáticamente verdadero lo que realmente no lo es. Y concluye con una amenaza, es decir, con manifestar el firme propósito de insistir tanto sobre esta doctrina, hasta ahora desconocida en España, hasta que se entienda y pase á la categoría de axioma, á fin de impedir que los católicos y los Obispos se amparen de un cobardé silencio, de una falsa prudencia, de un respeto disparatado á ciertas autoridades, que no son otras, por supuesto, que la de la Santa Sede y de los que la representan y hacen sus veces.

A la penetración de V. S. lima, y revendrándose no se esconderá ciertamente cuán perniciosas y ofensivas sean semejantes máximas por las que se quieren hacer revivir las antiguas teorías de los galicanos y febronianos, ya reprobadas y condenadas por la Santa Sede, y en particular por la santa memoria de Pío VI en la célebre obra «Responsio super nuntiaturis.» Pero, esto no obstante, no será difícil demostrar que estas máximas son falsas y repugnantes á la verdadera noción de las Nunciaturas Apostólicas, así como á la de la suprema autoridad pontificia. Y puesto que estas máximas comprenden dos cuestiones, una de hecho y otra de derecho, conviene empezar por la segunda, que de ella depende la primera.

En el Concilio Vaticano no sólo fué confirmado el dogma de la Primacía del Romano Pontífice sobre la Iglesia universal, sino que fué también definida dogmáticamente esta autoridad del Primado, diciendo que es «la suprema potestad de jurisdicción sobre la Iglesia universal, no sólo en las cosas que pertenecen á la fe y á las costumbres, sino también en las que se refieren á la disciplina y al Gobierno de la Iglesia espaciada en el mundo todo...y que ésta su potestad es ordinaria, inmediata sobre todas y cada una de las iglesias, así como sobre todos y cada uno de los Pastores y fieles.» Por este motivo, el mismo Concilio declaró que «aquí (la autoridad del Primado) están sujetos por deber de subordinación jerárquica y de verdadera obediencia, los Pastores de cualquier rito y dignidad, sea cada uno separadamente, sean todos juntos... por manera que conservada en el Romano Pontífice así la unidad de comunión como la de profesión de la misma fe, la Iglesia de Cristo sea una sola grey bajo un solo Sumo Pastor.»

De esta doctrina resulta: 1.º, que el Romano Pontífice, en virtud de su primacía, es verdadero Pastor y Obispo de la Iglesia universal; 2.º, que siempre y en todo caso puede intervenir autoritativamente en todos los asuntos pertenecientes á cada diócesis; 3.º, que los Obispos, en todos los casos de intervención por parte del Sumo Pontífice, están obligados á obedecerle y someterse á sus decisiones.

Por consiguiente, afirmar que los Obispos cuando tratan asuntos de interés religioso no han de consultar más que su propia conciencia, implica la negación de aquella subordinación jerárquica y de aquella obediencia debida necesariamente á la Santa Sede por los Obispos. Al tratar los asuntos religiosos deben ciertamente los Obispos consultar su propia conciencia, pero conformándose con las normas prescritas por el Sumo Pontífice, de las cuales nunca les es licito apartarse.

Como corolario de esta primacía declara además el Concilio Vaticano que el Romano Pontífice tiene derecho de comunicar libremente con los Pastores y los fieles de toda la Iglesia, á fin de que puedan ellos ser enseñados y regidos por él mismo en el camino de la salud, y debiéndose reprobar y condenar á aquellos que dicen que se puede licitamente impedir esta comunicación del Jefe Supremo con los Pastores y los fieles.» De estas palabras se desprende que está prohibido indistintamente á todos el impedir que la Santa Sede pueda por sí misma ó inmediatamente comunicarse con los fieles y tratar ó definir acerca de sus intereses religiosos.

Claro es también que este derecho de la Santa Sede resultaría vano si en el gobierno de sus diócesis los Obispos no tuviesen obligados á atenerse estrictamente á las prescripciones de la misma, y pudiesen obrar de otra manera diferente de la que aquéllas establecen.

Si por razón de esta primacía tiene el Romano Pontífice una autoridad plena y suprema sobre la Iglesia universal, y si puede ejercerla inmediata y directamente, tiene igualmente el derecho de enviar donde quiera á sus legados y representantes, y confiar á ellos su ejercicio en la medida que juzgue conveniente.

Los Nuncios apostólicos son verdaderos representantes del Sumo Pontífice, de quien les viene su autoridad, para ejercerla en el modo y forma que él mismo les prescribe. Por consiguiente, si la autoridad de los Obispos ha de quedar siempre sujeta á la del Pontífice, y nunca pueden ejercerla en contra de su voluntad y de las reglas trazadas por él mismo, es evidente que la autoridad episcopal no puede ejercerse contra las prescripciones del Nuncio apostólico, tanto más que por ser éste el órgano autorizado del que sirve el Padre Santo para comunicar con los fieles y con los Obispos, conoce perfectamente las verdaderas intenciones del mismo.

Afirmar, como lo hace El Siglo Futuro en el citado artículo, que el derecho de los Obispos se aventaja en amplitud y extensión al derecho del Nuncio, es lo mismo que negarle la calidad de Delegado y Representante Pontificio, ó querer fijar las atribuciones del mismo con un criterio distinto de la voluntad del Pontífice, ó más bien, negar al Pontífice el derecho de inmiscuirse en los asuntos de las diócesis, todo lo cual repugna, no sólo á la doctrina católica acerca de la primacía del Sumo Pontífice, sino también á la noción de la delegación, pues bien se comprende que el Delegado representa al delegante, y su autoridad en cuanto al principio, se identifica con la autoridad misma del delegante.

Conviene también notar que en el mismo artículo se afirma el derecho preeminente de los Obispos sobre el del Nuncio relativamente á las cuestiones que versan sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, sin reparar que precisamente porque estas cuestiones se relacionan con los intereses de todo el catolicismo, ó de los católicos de un determinado Estado que comprende varias diócesis, pertenecen de un modo especial al representante del Sumo Pontífice, y la acción relativa de los Obispos, individual ó colectivamente considerados en un Estado debe estar siempre subordinada al Jefe Supremo de la Iglesia, y por consecuencia al que le representa. Yerra, pues, el autor del artículo cuando afirma que el derecho del Obispo mira á las relaciones internas y sustanciales que Dios ha establecido entre ambos poderes.

Viniendo después á la cuestión de hecho, es evidente que el Nuncio Apostólico, como delegado y representante del Sumo Pontífice, no tiene otra misión ni otra autoridad que la que el Santo Pontífice le concede; como es evidente también que solamente el Romano Pontífice delegante puede decir cuál es la misión y cuál la autoridad de su Nuncio. Pero, ¿es verdad que el Sumo Pontífice da á sus Nuncios una misión puramente diplomática, sin ninguna autoridad sobre los Pastores y los fieles de los Estados acerca de los cuales están acreditados? ¿Puede admitirse que el Padre Santo envíe sus Nuncios del mismo modo como los Gobiernos civiles envían sus Ministros ó representantes? Por los breves relatos á introducción, se conoce al contrario que los Nuncios Apostólicos reciben una misión no puramente diplomática, sino autoritativa, respecto á los fieles y á las cosas religiosas.

Además, el Nuncio Apostólico como representante del Sumo Pontífice, no está sujeto á los fieles ni á los Obispos de la nación en la cual reside, y por esto, ni los unos ni los otros tienen derecho de determinar sus atribuciones, ni mucho menos de juzgar de la legitimidad de sus actos, los cuales, al contario, han de ser respetados por los fieles y por los Obispos, salvo su derecho de recurrir á la Santa Sede cuando tuviese motivos de creer que el Nuncio se extralimitase en su misión, ó abusase de su representación. ¿Cómo podrá, pues, sostenerse que la misión del Nuncio Apostólico es puramente diplomática, sin ninguna autoridad?

No es menos digna de reprobación la afirmación del periodista que el Nuncio Apostólico, por lo mismo que es simple diplomático, puede declarar buenas, ó á lo menos tolerables, ciertas situaciones que algunos creen detestables. Si esta afirmación fuese verdadera, podría y aun debería admitirse que la misma Santa Sede admite como bueno y tolerable lo que real-