Archivo diplomático de España (1885-05-21 00:00:00), página 3

jestad, considerando que según la redacción del art. 1.º se autorizaba al Gobierno de S. M. el Rey para plantear el modus vivendi tan luego como las Cámaras inglesas autorizaran el de la Gran Bretaña para la elevación de la escala alcoholística, indicó que era necesario formar un protocolo en el que se insertase la ley votada por las Cortes españolas, única á que el Gobierno de S. M. podía atemperarse, y de cuyo cumplimiento estaba encargado, las declaraciones primera y 2.ª de 21 de diciembre, referentes también á este modus vivendi, que se citaba, en dicha ley y que formaba parte íntegra de ella y tercera parte de este protocolo, fijándose la fecha, puesto que se necesitaba un cierto número de días, aunque fuera corto, para poner en conocimiento de todos los funcionarios de aduanas el régimen que aceptaba la Gran Bretaña, beneficiándose de la segunda columna en lugar de la primera.

Y no tengo que recordar al Senado las frases lisonjeras con que el Gobierno de S. M. Británica se expresó en 30 de diciembre respecto á la lealtad, decisión y energía con que el actual Gobierno había hecho suyo el convenio ó modus vivendi del Gobierno anterior, que constituía el protocolo de 1.º de diciembre de 1873, y los aplausos que por esto merecía de la nación inglesa. Casi por modestia, ya que no por otras razones, dejaré de citar frases más laudatorias aún del digno representante inglés en esta corte respecto de la conducta del Gobierno; pero después de haber hecho estas declaraciones el Gobierno de S. M., y cuando esperaba la contestación á la nota en que se había manifestado estar dispuesto el Gobierno español á plantear lo acordado, el representante de Inglaterra formuló un proyecto de protocolo para este planteamiento, al cual creyó el Gobierno español que debía hacer algunas observaciones.

Referíanse éstas, primero, á que parecía deducirse de la redacción de aquel protocolo, ó del proyecto de redacción de aquel protocolo, que el modus vivendi votado por las Cámaras, el cual hacía referencia sola y exclusivamente á la Península, podía entenderse que en virtud del mismo y como ejecución y cumplimiento de la ley podía deducirse, y podían en su vista entabllarse las reclamaciones para que también se planteara en las provincias de Ultramar.

Era la segunda la que se hacía fijándose en una de las declaraciones de 31 de diciembre, que dice que si no llegara á realizarse la negociación subsidiaria, y acordado y votado el modus vivendi no se llegase á este otro resultado, este modus vivendi tendría que continuar hasta el 30 de junio de 1887, época en la que terminan casi todos los tratados de España con las demás naciones de Europa, á excepción de Francia.

Por esta misma circunstancia se había fijado esta fecha para que en esa época, si posible fuera y el Senado reconociera todas las ventajas de esto, la nación española recobrara su completa libertad de acción en sus relaciones comerciales, y juzgando los resultados que había dado la práctica de los tratados respectivos, pudiera establecer en los nuevos aquello que la experiencia y la práctica hubiera demostrado como más ventajoso, haciendo desaparecer lo que hubiera resultado perjudicial para la industria, tráfico y navegación de España.

Decía, pues, que el modus vivendi establecido en el art. 5.º de la declaración, todavía en poder del Congreso, que este modus vivendi terminaría en 1887, desde cuya fecha podrá ser denunciado con un año de antelación.

Votada la primera parte, se ha fijado en ella la misma fecha de 30 de junio de 1887 para su término, y se ha ampliado también parte de lo que se consigna en la declaración quinta, que dice que desde esta fecha podrá ser denunciado por el Gobierno de S. M.; es decir, que Inglaterra adquiere en virtud de esta ley la seguridad de que hasta la fecha anunciada gozará de los beneficios de la segunda columna, y que después de la misma será potestativa en el Gobierno denunciar ya el tratado, y se habla por lo tanto admitido lo de con un año de anticipación, porque como quedaba una segunda parte sobre que las Cortes habían de resolver, el Gobierno de S. M. no podía anticiparse á prejuzgar la resolución de las Cortes, pero había dejado en la redacción de la ley, tal como las Cortes la habían votado, esta facultad potestativa que para el Gobierno de S. M. era verdaderamente una autorización más amplia que la que establecía el art. 5.º

A estas observaciones creyó el Gobierno inglés que debía contestar con otras interpretando, según su modo de ver, cuáles eran las facultades del Gobierno español y cuáles las de las Cortes en esta materia, puntos sobre los cuales este Gobierno no ha creído que podía entrar en discusión, y ha mantenido que los límites en que está encerrado para el cumplimiento de la ley sobre el modus vivendi, son el texto íntegro de la ley sin interpretaciones ni desviaciones de ninguna especie, y las declaraciones primera y segunda á que esa misma ley hace referencia. Había tenido la esperanza, y continuó abrigándola, por más que en este momento no lo parezca, de que esta actitud, perfectamente correcta, legal y constitucional del Gobierno español, llevaría el convencimiento al ánimo del inglés.

El resultado es que por mala inteligencia de lo que el Gobierno de S. M. ha declarado y manifestado, por más que me parezca que esta doctrina condensada en las últimas palabras que acabó de pronunciar, sea perfectamente la expresión de la voluntad de las Cortes y de la nación española, y de que el Gobierno de S. M. no disfruta de otras facultades que del cumplimiento de esas disposiciones y de esa voluntad, el resultado es, repito, que el Gobierno inglés, fundándose en razones que me demuestran este error de sus opiniones, ha declarado que consideraba terminadas las negociaciones sobre el modus vivendi. En la noche de ayer un diputado inglés ha dirigido una pregunta al Subsecretario de Negocios Extranjeros respecto á este mismo particular, y aunque la contestación transmitida por el telégrafo no es de un origen oficial, me comprobará más y más que el error en que está, el Gobierno inglés acerca de los deseos, voluntad y facultades de que puede disponer el Gobierno español para el cumplimiento de la ley votada, es la sola causa de esta última nota.

El Gobierno español, sin embargo, confía en que trasladando, como lo hace, á nuestro representante en Londres las instrucciones necesarias para aclarar y desvanecer el error en que se ha fundado el Subsecretario de Negocios Extranjeros para ordenar á su representante en esta corte d é por terminadas las negociaciones, y llevando con esta discusión el convencimiento á su ánimo, reconocerá que el Gobierno español no puede en manera alguna prejuzgar las cuestiones que aún están sometidas á la resolución de las Cortes.

Ha alegado aquel Subsecretario de Negocios Extranjeros en favor de esta determinación, que el retraso con que se ha presentado á las Cortes el proyecto de ley que comprendía todas las negociaciones y declaraciones de 21 de diciembre hace ya imposible la negociación subsidiaria; es decir, que por su parte la considera terminada, é ipso facto deduce que con esta sola declaración del Gobierno inglés, el español está autorizado para adoptar soluciones sobre artículos y declaraciones acerca de las cuales ni las Cortes, ni la nación española, ni S. M. han dicho todavía su última palabra.

Repito que como considero tan clara la situación en que el Gobierno español se encuentra, no puedo caberle duda alguna de que el de S. M. Británica ha de comprenderle perfectamente, y que las dificultades ocurridas han de desvanecerse en una franca, leal y abierta explicación.

En esto mismo se afirma el Gobierno de S. M. al considerar que no es posible que otros motivos puedan influir lo más mínimo en el ánimo del Gobierno inglés, ni que se haya amenguado su deseo de alcanzar un feliz éxito en esta negociación, por efecto de los sacrificios que impone el modus vivendi á la Gran Bretaña, al tener que buscar un aumento en los ingresos equivalente á la minoración requerida por la reforma de que se trata, ni por los beneficios que pudiera reportar á España, y que tanto contrastan con los apasionados ataques de que he sido objeto por una oposición en nuestro concepto tan injustificada.

Abierto, pues, la confianza de que pueda todavía llegarse á un acuerdo que sea igualmente beneficioso para ambos Estados.

Estas explicaciones creo serán suficientes al objeto que se ha propuesto el señor Barroeta al dirigirme la pregunta que acaba de formular, y espero que hayan