Archivo diplomático de España (1884-11-28 00:00:00), página 8

penales, que es en el derecho moderno el fundamento jurídico que sirve de base á la extradición, considerada bajo un punto de vista independiente á los pactos internacionales (1).

Para exponer con relativa claridad esta doctrina, empresa difícil para el poco espacio de que dispongo, habrá de considerar la ley penal bajo dos fases: su fuerza material y su imperio moral.

Por la primera, la ley penal es territorial; ó lo que es lo mismo, que su aplicación sólo puede tener lugar en la nación que la promulga. Por la segunda, su autoridad traspasa las fronteras, siendo tal su efecto, que de él no puede librarse el criminal, aun cuando se escondiera en el último y más apartado lugar del mundo.

Con efecto: el asesino, el ladrón, el violador, el incendiario, ¿puede lavarse de su crimen, hacer desaparecer esa nota de infamia ó librarse de su personalidad criminal, encarnada en la personalidad física, con escapar á un territorio distinto de aquel que fué teatro de su delito? De ninguna manera.

El crimen imprime un carácter indeleble en la persona que lo comete, y el estigma le sigue á donde quiera que vaya. Esta es la autoridad moral de la ley, que, salvando los límites territoriales, persigue al delincuente y no le deja hasta tanto que la sociedad ofendida no ha obtenido con el ejemplo del castigo la debida reparación.

Para dar sanción penal á la autoridad moral de la ley, cuyo imperio se deja sentir en la conciencia, y para que la soberanía de los Estados no sufra el menoscabo que habría de resultarle si la ley penal efectiva dejase de ser territorial, señaló la ciencia del derecho el medio conciliatorio y á la vez práctico de obtener aquel resultado y de dejar garantida la independencia de los países soberanos; es, á saber, los tratados de extradición.

Teniendo, pues, Francia ajustado un pacto con España, que á igual de todos los contratos en que consta indudablemente el consentimiento de las partes, tiene en sí poder de obligar, y estando el refugiado Maceo comprendido en las cláusulas consignadas para que la extradición tenga efecto, no es lícito al Gobierno francés, con arreglo á derecho—pues quiero prescindir del deber moral,—poner el menor inconveniente para que la justicia española deje de apoderarse del delincuente.

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Aquí deberá poner punto á esta larga carta, si un hecho curioso relacionado con

(1) Esta doctrina tiene en su apoyo la autoridad de Guerra, Calvo, Blunschli y Prudier-Fodéré.—Practicarum questionum.—Droit international.—Le Droit international codifié, y Principes généraux.

el cabecilla cubano no me hiciera escribir algunas líneas más, siquiera sea en corroboración de mi dicho, de que en Francia se entiende de una manera especialísima la buena correspondencia y la solidaridad que deben existir entre naciones amigas.

Le Petit Journal, de París, ha publicado recientemente el siguiente anuncio, aviso ó reclamo:

Dice así:

«El doctor Betances, calle de Chateaudun, 6, duplicado, París, pide á los cubanos Maceo y Cronvet le den á conocer su residencia.»

¿Consiente el derecho internacional que un Gobierno amigo permita á sus súbditos conspirar públicamente contra la integridad de otra nación?

Yo debo suponer que el Gabinete de Madrid tomará nota de este y de otros casos análogos, porque bien vale la pena de ir coleccionando armas tan preciosas en el arsenal de nuestras justas causas.

De V., señor director, atento amigo seguro servidor Q. B. S. M.,

X.

ORDENANZAS GENERALES DE LA RENTA DE ADUANAS

(Continuación)

9.º Hacer los nombramientos de funcionarios ó dependientes que las instrucciones y reglamentos les encomienden, y proceder á su suspensión ó separación cuando haya méritos para ello; todo con sujeción al reglamento del personal del cuerpo, sin atender en ningún caso á más consideraciones que á las del buen servicio, y dando parte á la Dirección general.

10. Calificar á todos los empleados que sirvan á sus órdenes, dando cuenta á la Dirección de su aptitud, moralidad y conducta administrativa, ateniéndose exclusivamente á la verdad y la justicia; en la inteligencia de que en ningún caso podrá un administrador alargar, como circunstancia atenuante de su responsabilidad, las faltas de sus subalternos, si no los hubiere calificado debidamente ante la superioridad.

11. Facilitar al Delegado de Hacienda de la provincia cualquier noticia ó dato referente á los diversos ramos de la administración de la renta que dicho Jefe le pidiere en interés del servicio del Estado.

12. Dar cuenta á la Dirección en el momento en que se presente algún Jefe superior para visitar ó residenciar la Aduana, así como de las disposiciones que el mismo adopte por consecuencia de la visita.

13. Remitir inmediatamente á la Dirección las órdenes que por cualquier conducto ó en cualquier forma se le comuniquen alterando las disposiciones de la legislación vigente ó suspendiendo á-

gún acuerdo de la Dirección ó del Ministerio.

Art. 21. Los administradores principales de Aduanas tendrán, además de las generales, las atribuciones siguientes:
1.º Presidir las juntas a-útiles á que se refiere el art. 242 de estas ordenanzas.
2.º Dirigir á la superioridad los antecedentes y comunicaciones que reciban de sus subalternos con tal objeto, y transmitir á éstos las órdenes de aquélla.
3.º Asistir á la junta de parificación de valores de las rentas eventuales que celebre mensualmente la delegación de Hacienda de la provincia, siempre que la aduana esté situada en la capital, y á las demás que para asuntos de interés de la Hacienda convoque el delegado; ocupará siempre, después de éste, el puesto que le corresponda con arreglo á su categoría y clase; y pedirá á aquel jefe, con el fin de remitirla á la Dirección general de Aduanas, copia del acta de la sesión de la junta en la parte relativa á la renta de aduanas.
4.º No permitir que los empleados sujetos á fianza tomen posesión de sus destinos sin hubiera prestado en debida forma, dando inmediatamente cuenta á la Dirección, si en algún caso extraordinario dispusiera el delegado de Hacienda que lo verifiquen sin estar cumplidos todos los requisitos, apesar de las observaciones que por escrito le hubieren dirigido.
5.º Informar en los expedientes de aprobación y cancelación de las escrituras de fianza de los empleados de aduanas, cuidando, bajo su responsabilidad, que comparezca con el interventor, de que se expida certificación de solvencia sólo en los casos en que resulte evidentemente probada, y sin que haya expediente alguno en que pueda resultar responsabilidad pecuniaria para el empleado que lo solicite.
6.º Evacuar todos los informes que pida la superioridad, y e-igir con el suyo las instancias que para la misma le presenten los interesados.

Art. 22. Los administradores de las aduanas que sean depositarios tendrán, además de las generales, las obligaciones siguientes:
1.º Cuidar de que los fondos que recaude la administración de su cargo durante el tiempo intermedio de una á otra remesa á la tesorería de la provincia se custodien en un arca, de la que serán claveros ellos y los interventores.
2.º Satisfacer los giros y hacer los pagos que ordene el delegado de Hacienda con la intervención del jefe de ésta en la provincia; conservando en su caja los justificantes, y presentándolos como efectivo en la tesorería al hacer entrega de las sumas recaudadas en cada mes.
3.º Remitir el último día de cada semana al delegado de Hacienda una nota clasificada de las existencias que resulten en su poder.
4.º Disponer las remesas periódicas de fondos á la capital en los plazos pres