Archivo diplomático de España (1884-11-28 00:00:00), página 6

dad y competencia al magistrado que administra justicia en el territorio donde el presunto reo se encuentre, siendo indiferente que éste sea nacional ó extranjero con tal de que sea deficiente.

Tan especial punto de vista, muy bueno, sin duda, para la filosofía especulativa, pero de imposible aplicación en la práctica, viene á establecer el principio, en mi concepto erróneo, de que el extranjero residente sólo puede comparecer ante los tribunales del país que le admite, porque si bien es elemental que por el hecho de vivir en él está sometido al imperio de sus leyes, á las que debe respeto y obediencia, no es por eso menos cierto que para caer bajo su sanción penal es indispensable haberlas quebrantado.

Pretender, v. gr., otorgar competencia á los tribunales de Francia (1) para conocer y juzgar los crímenes de un refugiado español, cometidos en el territorio de su naturaleza y ciudadanía, podrá tener en su apoyo los ideales del bien universal, pero no puede defenderse ante el criterio jurídico, porque ni el hombre ha de estar sometido á todas las soberanías, ni el acto de conocer y castigar se deriva de otra cosa que de la ley escrita.

Yo bien sé que la autoridad de Hélix (2) establece la doctrina de que por punto general los Códigos de todas las naciones penan los mismos crímenes, pero además del argumento incontrovertible de no desaparecer en el hombre por el solo hecho del refugio el carácter de su naturaleza, las leyes de los diferentes Estados, lejos de presentar la uniformidad ó igualdad absoluta que para su aplicación universal sería menester, varían en mucho en aquellos puntos tan necesarios al reo y al juez como los de circunstancias de lugar y acción, dado que las leyes son objetivas y no dependientes del arbitrio, ó si se quiere, que obedecen á una regla ó norma en que entra por mucho la manera de ser de las sociedades en que han de imperar, y las de las personas á que han de aplicarse.

De aquí nace la forzosa diferencia en la legislación de los diferentes pueblos del mundo, en cuyas leyes no se previenen del mismo modo algunos hechos delictuosos, de que es buena prueba lo que dice Pascual Fiore, el sabio profesor de Turín, tratando del rapto:

«De que todas las legislaciones repriman el rapto, ¿se deducirá que debemos esti-marlo y castigarlo según nuestras leyes, cuando los legisladores de los distintos países no están de acuerdo en la determi-

nación de los caracteres constitutivos de este delito? (1)

Aparte esto, ¿no tenemos en nuestros Códigos penadas las lesiones que causan deformidad física, y no están ahí los tribunales franceses pronunciando sentencias absolutorias del delito de arrojar al rostro el contenido de un frasco de ácido sulfúrico, que no sólo ha desfigurado horriblemente á las víctimas, sino que en la mayoría de los casos le ha privado para siempre de los órganos de la vista?

¿Qué paridad existe entre ambos Códigos, ó qué relación en la jurisprudencia establecida por los tribunales de una y otra nación?

De ello se desprende que la penalidad, que pudiera llamarse cosmopolita, es un disparate, porque la buena doctrina enseña que la jurisdicción, esto es, el acto de conocer y castigar el delito cometido en el territorio de un Estado, corresponde á éste, porque procede de la ley que en él ejerce imperio sobre todos los ciudadanos, y por medio de la cual la sociedad da forma real y efectiva á su soberanía, cayendo por su base la doctrina que pretende dar carácter de universalidad á la acción penal, enjuiciando y dictando un fallo sobre la base de una legislación diferente á la que rige en la sociedad en primer término ofendida.

Para mí, el error de los sectarios de esa teoría procede de confundir el derecho natural con el derecho positivo, ó mejor dicho, de equivocar por pasión de escuela la noción del delito con la facultad de penar, sin habérsele ocurrido, siquiera fuese como medio aparente de posibilidad, abogar por la conveniencia imposible de una ley penal aceptada por todas las naciones, ó mejor dicho, universal, toda vez que la exterritorialidad penal, tal y como nos la presentan, es un absurdo jurídico.

Para olvidar los inconvenientes que la compleja cuestión del refugio había de producir, y para dejar á salvo la soberanía del país á donde escapaba el criminal, librando también á sus naturales del pernicioso ejemplo que había de darles el extranjero, enseñándoles el camino de hacer impunes los delitos, pensése en un medio que, conciliándolo todo, dejase á salvo los derechos soberanos y garantizase los fines de la justicia.

Con más ó menos perfección en el procedimiento, el principio de forum criminis, establecido por los romanos, viene á determinar el abolengo de la extradición, que á vuelta de una larga historia y marcándose en su desarrollo el progreso constante de los pueblos de Europa, ha alcanzado en el presente siglo su mayor grado de importancia.

—«Los atentados contra la propiedad y contra las personas—decía en su informe la comisión nombrada por el Gobierno de la Gran Bretaña, para examinar los fundamentos de extradición contenidos en la legislación del Reino Unido (1)—los atentados contra la propiedad y contra las personas, y lesivos al bienestar de la sociedad, deben caer bajo la acción de las leyes penales, no siendo conveniente para el Estado en que se refugia el criminal que su territorio sea un asilo..... y debiendo, por tanto, admitirse la remise (extradición) para todos los actos delictuosos contra las personas y los bienes, con inclusión del fraude.»

* * *

Cesando en estas consideraciones, que con ser atropelladas y expuestas sin el orden y el método que les corresponde no se libran de ser demasiado extensas para una carta, debo estimar que me tendrá V. por partidario decidido de la extradición, que yo considero como un deber moral de los Estados, superior y hasta sí se quiere independiente de los tratados públicos. De ello habré de ocuparme, también á la ligera, al hablar del derecho que asiste á España para reclamar del Gobierno francés la entrega de Maceo, derecho que es de todo punto indiscutible, ya se considere partiendo de la base del tratado de 14 de diciembre de 1877, ó ya se mire por el lado que tiende al fundamento jurídico de la extradición.

«Los Gobiernos español y francés—dice el artículo primero de aquel tratado—se obligan á entregarse recíprocamente, en vista de la demanda que uno de ambos Gobiernos dirija al otro, con la sola excepción de sus nacionales, á los individuos refugiados de España en Francia ó en las colonias francesas, ó de Francia y de las colonias francesas en España, perseguidos, procesados ó encausados, ó condenados como autores, cómplices ó encubridores, por los tribunales del país donde se cometió la infracción por los delitos graves ó menos graves consumados, intentados ó frustrados que se enumeran en el artículo siguiente....»

Treinta y ocho casos señala el art. 2.º, por cada uno de los cuales procede la extradición del refugiado, y entre aquéllos se cuentan «Los atentados á la libertad individual y á la inviolabilidad del domicilio cometidos por particulares,» la asociación de malhechores, «el incendio voluntario,» «el robo,» «la destrucción ó devastación de cosechas ó plantas,» «la destrucción de instrumentos de agricultura,» «la destruc-

(1) En 1842 se dijo en la Cámara de los Pares de Francia: «Es cuestión de dignidad para la Francia vengar la moral universal.»—Pascual Fiore.—Traducción Dere. P. Inter. Cap. II, párrafo XLV.

(2) Panfilo Hélix: Traté de l'Instruc, crimin, II, libro II, ch. X.

(1) Derecho penal internacional.—Capítulo II, párrafo LIII.—Edición española.

(1) Report of the commissioners presented to both houses of Parliament, 16 agosto 1878.