Archivo diplomático de España (1884-11-28 00:00:00), página 7

ción ó envenenamiento de ganados ó de otros animales domésticos," y "la extorsión con fuerza, violencias ó intimidación."

¿No está Maceo comprendido en la mayor parte, por no decir en todos, de los casos apuntados? ¿No han sido atacadas en Cuba las casas de campo de los particulares, y obligado á mucha gente de color á seguir las huellas y hacer causa común con partidas armadas, que fuera de toda ley venían á constituirse en asociación de malhechores en despojado? ¿No se ha dado fuego y saqueado á gran número de propiedades, destruyendo cosechas y plantíos, aperos de labor y ganados, y no se ha ejercido intimidación y fuerza para obtener de algunos moradores del campo y de los pequeños poblados sumas de dinero y recursos de toda especie?

Pues si desgraciadamente todo ello es cierto, y si á mayor abundamiento los tribunales—sean militares ó civiles—han declarado la responsabilidad de aquel cacicazgo, ¿con qué derecho Francia quiere amparar con manto de impunidad á un reo de delitos comunes? Además del respeto que debe á un pacto internacional solemnemente por ventura que en el territorio de la República francesa no se consideran crímenes el incendio, el robo y la violencia?

Cierto que en el mismo tratado se establece la cláusula de no entregar al procesado por delitos políticos ó sus conexos; pero ¿está Maceo en ese caso?

Y si lo escrito pudiera ofrecer alguna duda—que no la ofrece,—¿no es elemental que para la interpretación de las cláusulas de los contratos debe el legislador consultar la voluntad que ha predominado en su celebración, con preferencia al sentido literal de las palabras? ¿Cuál fué la voluntad de las dos altas partes contratantes al convenir en un pacto de extradición? La de no hacer de sus respectivos territorios un asilo para los criminales.

Yo voy á conceder de buen grado que el primer acto justiciable del tristemente célebre cacicillo cubano, el hecho concreto de levantarse en armas contra los poderes públicos, se considere como delito político de esos para los cuales la frontera de un Estado es una barrera de seguridad; ¿pero son conexos de tal delincuencia los otros crímenes?

Ni aun forzando el sofisma puede el Gobierno francés hacer derivar del hecho de la rebelión política los incendios, los robos y los asesinatos de que ha sido teatro la más hermosa de las Antillas, porque una cosa es negar la obediencia á los poderes constituidos, y otra divorciarse de todo freno, no tan sólo de la ley positiva, sino también de la ley moral, convirtiéndose el hombre en azote de la sociedad, ó, mejor dicho, de la familia, atacándola y destruyéndola en sus fundamentos, que son las personas y la propiedad.

La lenidad que se observa en lo que respecta al delito político y hasta la impunidad que se le da en los tratados de extradición, no supone que el hecho deje de ser delictuoso, sino la dificultad de poder dar de él una definición absoluta, dado que es tan compleja su esencia que no puede determinarse sino con el auxilio de las circunstancias históricas del momento.

Los delitos de derecho común, por el contrario, como atentatorios á los principios del derecho natural, han ofrecido ancho campo al estudio del legislador, que al traducir en leyes escritas, esto es, al derecho positivo sus fundamentos, no ha hecho más que cumplir el mandato que recibiera de la sociedad de dar forma tangible, por decirlo así, á lo que desde el comienzo del mundo era coexistente á la naturaleza humana.

Por lo que hace á Maceo, siendo evidente su delito, y encontrándose éste comprendido en los casos por los cuales Francia y España han convenido en la entrega recíproca de sus nacionales, no ofrece duda alguna, con arreglo al espíritu y á la letra del tratado, el derecho que asiste á las autoridades españolas para pedir y obtener en justicia la extradición de aquel refugiado.

Por otra parte, no puede ser sospechosa para el Gobierno francés la doctrina sustentada por el Vicepresidente actual de su Consejo de Estado (1) en el Traité de l'Instruction criminelle (2), obra que, no obstante ciertas opiniones del autor referentes á la universalidad de la ley penal, contiene las siguientes conclusiones:

"Los poderes públicos de cada país tienen el deber de cooperar á la acción de la justicia de los otros países, obedeciendo así á la ley moral y al interés de su propia conservación. De aquí arranca el fundamento de la extradición."

Otros tratadistas, y entre ellos Felix (3), no pudiendo desconocer el progreso que en las relaciones sociales de los pueblos supo de la extradición, pero resistiéndose un tanto á aceptar su fundamento jurídico, la hacen defender de la utilidad y conveniencias recíprocas, siendo de esta escuela el profesor Hans, que aboga en su Droit Criminal por que todo Gobierno á quien se dirija una demanda de extradición acuerde concederla, dado—dice—que, rehusándola, se priva de la facultad de pedirla el día que á su vez tuviera necesidad de reclamarla.

Wharton, en el Conflict of Laws, se expresa de la siguiente manera:

"Aunque sea una prerrogativa indiscutible de cada soberanía independiente garantir á los extranjeros el libre asilo en su propio territorio, no es esta, sin embargo, una situación en la cual pueda estar largo tiempo un Estado civilizado. En efecto, el país que ofreciese tales inmunidades á los fugitivos, sería el asilo predilecto de los malhechores, que pondrían en peligro, no sólo su moralidad, sino su integridad social (1).

De la enunciación de estas autorizadas opiniones, resulta que por cuantos lados se examine el caso de Maceo, se deriva siempre la obligación legal y moral en que Francia se encuentra de acordar á España la remisión y entrega de ese refugiado (2), bien que yo para no presentarme en flagrante contradicción con mis ideas—en otro lugar apuntadas—necesito establecer la afirmación de que disto mucho de aceptar las teorías de la escuela utilitaria, en cuyos moldes están vaciadas las anteriores opiniones.

Hacer depender de la utilidad ó conveniencia la potestad de castigar, es barrocar en sus fundamentos los principios del derecho, porque no obstante tener la escuela utilitaria la paternidad de Epicuro, y el apostolado de Helvecio y de Bentham (3), la buena doctrina nos enseña que la conveniencia no es la sola piedra angular de la acción represiva, porque, como dice Fiore, "el interés de la represión podrá entenderse en un sentido completamente falso."

"Lo que es conforme al derecho—ha dicho el catedrático de Turín (4)—lo que es conforme al derecho es útil; pero la utilidad no puede servir de principio al derecho."

Para mí, tanto razonando en un sentido general, cuanto en el caso concreto de Maceo, la extradición tiene en su esencia dos elementos componentes, dos fuerzas, una real y positiva, y otra moral, que íntimamente ligadas, conspiran por igual en favor de los altos fines de la justicia.

La una la constituyen los tratados; la otra arranca de la autoridad de las leyes

(1) De la edición española del Derecho Penal Internacional, de Pasquale Fiore.
(2) Así un Estado tiene derecho para corregir los crímenes de un malhechor, no debe el Estado en que aquél se halle refugiado poner impedimentos... antes bien, tiene el deber de entregarlo al país á quien compete conocer de sus hechos, y que con tal objeto lo reclame.—Grotius.—Le Droit de la Paix.—I., II.
(3) El célebre jurisconsulto inglés sostiene en sus obras como principio fundamental, que no debe admitirse para la legislación y la moral otra regla que la utilidad.
El filósofo francés Helvecio ha sostenido á su vez que el hombre se guía en sus juicios y conducta sólo por el interés personal.
(4) De la edición española del Derecho Penal Internacional.—Madrid.—1880.