Archivo diplomático de España (1884-08-07 00:00:00), página 4

ción principal, que era la de las armas, por mostrar Francia la pretensión de un desarme general al que resistían tenazmente los andorranos, ha quedado zanjada por el siguiente acuerdo entre los copríncipes:

«Vistas las constituciones del condominio de 8 de setiembre de 1975;

Considerando que si bien todo andorrano tiene derecho, según la secular costumbre de los Valles de Andorra, á poseer un arma de guerra y municiones para su seguridad personal y para desempeñar el servicio que debe á los Príncipes, representados por sus vegueres y sus delegados, los Príncipes tienen el derecho inmegal de reglamentar la posesión y uso de dichas armas de guerra; dejando subsistir todas las reservas de derecho hechas con fecha 14 de marzo último en las conferencias celebradas en Urgel por dichos delegados, acordaron las disposiciones siguientes:

Artículo 1.º Todos los que posean armas de guerra que no sean de su propiedad particular, las entregarán inmediatamente á los vegueres.

Art. 2.º Todos los que tengan ó lleguen á tener una ó muchas armas de guerra, á título de propiedad particular, deberán declararlo así á cualquiera de los vegueres, é indicar en esta declaración el modelo de cada arma, su calibre y su número.

Art. 3.º Siendo los vegueres los jefes permanentes de la fuerza armada en los Valles, conforme al art. 3.º de las Constituciones, á ellos toca acordar, junta ó separadamente y bajo su responsabilidad, las autorizaciones necesarias para la adquisición ó conservación de las armas de guerra.

Estas autorizaciones se darán por escrito, indicándose en ellas el modelo, calibre y número de cada arma. Cada veguer debe conservar un estado detallado de las autorizaciones que haya concedido, y dar conocimiento de él á su colega.

Art. 4.º Sea cual fuere el origen de las armas colocadas en manos de particulares á título de propiedad pública ó privada, y sea cual fuere el veguer que haya concedido la autorización, estos dos magistrados deben velar, con el consejo de las autoridades colocadas bajo sus órdenes, por la ejecución de las presentes disposiciones y de todas aquellas que en el porvenir se crea conveniente adoptar para prevenir el abuso de las armas de guerra.

Todo aquel que contraviniere á las presentes prescripciones y refuse conformarse con ellas, será perseguido según las leyes y castigado con la confiscación del arma. Sufirá, además, una prisión de uno á seis meses y una multa de 50 á 500 francos. En caso de reincidencia, será privado del derecho de poseer armas de guerra durante cinco años.

Art. 5.º Toda arma de guerra encontrada en manos de un particular, fuera de las condiciones prescritas, será entregada á cualquiera de los vegueres, quien las conservará, bajo su responsabilidad, en el lugar que juzgue conveniente.

Art. 6.º En conformidad con el derecho consuetudinario de los Valles, que confiere á cada uno de los vegueres autoridad plena y entera sobre el conjunto de la fuerza armada, todos los andorranos dueños de armas de guerra deben, como anteriormente, ponerse á la disposición de cualquiera de los vegueres y obedecerle como á su jefe, con las reservas, sin embargo, de la disposición contenida en el art. 3.º de las Constituciones, á saber: la prohibición de armar los habitantes contra uno ó otro de los copríncipes ó de sus representantes.

Art. 7.º Finalmente, queda prohibido á todo andorrano hacer uso de las armas de guerra ó tomar las armas sin una orden formal de uno de los dos vegueres.

Toda infracción al presente artículo será castigada con la confiscación del arma, prisión de seis meses y una multa que no podrá exceder de 1.000 francos, sin perjuicio de las otras penalidades aplicadas en caso de violencia, asesinato ó otro desorden grave.

El prefecto de los Pirineos Orientales, delegado permanente de la República francesa,

J. DEFFES.

El delegado permanente del Obispo de Urgel.

LINO FREIXA.»

El Obispo de Urgel y el Gobierno francés han convenido además en que se pratique por los consejeros y vegueres del Valle una información acerca de las últimas elecciones, sometiendo el resultado que arroje á un tribunal arbitral.

SECCIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

Un pequeño conflicto

Un incidente personal que no ha tenido consecuencias lamentables, sin que por esto carezca de trascendencia por el precedente que deja sentado, viene á corroborar lo que habíamos oído referir á varios individuos de la carrera diplomática, respecto á la poca formalidad y ligereza con que procedía la comisión encargada de revisar los expedientes y formar los escalafones del cuerpo diplomático, consular y de intérpretes, para llevar á cabo la delicada misión que el Gobierno le había confiado, y cuya importancia debía ser decisiva para regularizar la carrera y otorgar á cada cual lo que de derecho le correspondía.

Dicho trabajo, que debía haber sido objeto de atención preferente, estuvo muy lejos, según hemos oído, de producir el resultado apetecido, hasta el punto de que á su aparición fueron muchas las reclamaciones y quejas que se formularon por parte de los funcionarios de las carreras inherentes á la primera Secretaría del Estado, por las omisiones, errores de fechas en los años de servicios ó ingreso en la carrera y clasificación de categorías que en él se notaban; además, unos cuantos funcionarios diplomáticos se encontraron desagradablemente sorprendidos, después de seis y ocho años de cesantía, con el inesperado acontecimiento de ser eliminados del escalafón de su clase, sin acertar á explicarse ni saber á qué atribuir tan anómalo procedimiento, que les arrebataba los derechos adquiridos y revestía á la ley orgánica de efectos retroactivos que nunca deben existir, como no fuera á una mala interpretación del reglamento por parte de la comisión organizadora, error que estaba en la creencia general de todos los perjudicados subsanaría en cuanto de ello se hiciese cargo.

Sin embargo, trascurrieron los meses, se disolvió la comisión y ningún cambio se operó en la situación de los eliminados, que quedaron colocados en la picota de la vergüenza pública bajo el peso de una medida que afectaba á la honra de todos ellos como empleados públicos, y á sus intereses como particulares. La situación era tanto más insostenible cuanto que los miembros que formaron la comisión rehuían la responsabilidad de las decisiones adoptadas, sin querer oír á nadie, y por lo tanto eximiéndose de todo compromiso, que como era natural vino á recaer sobre quien á nuestro juicio debía tener como salvaguardia á sus superiores jerárquicos y á los encargados ad hoc de trabajo tan importante como el que hemos mencionado. El resultado de semejante estado de cosas no se hizo esperar; la prudencia rompió sus naturales límites; lo que debía quedar encerrado en el círculo de las relaciones oficiales, tomó un carácter personal, acrecentado por los rencores, vejaciones y humillaciones sufridas; se declaró el conflicto, saltó el primer chispazo y se presentó un campeón que haciéndose solidario y responsable de todo lo ocurrido, abría ancho campo al fundadísimo resentimiento de los perjudicados, que mucho sentiríamos imitásemos la conducta de uno de sus compañeros, aunque tenemos razones sobradísimas para creerlo muy probable, porque si bien ésta puede servir de lenitivo al amor propio herido por la arbitrariedad,