Archivo diplomático de España (1884-01-28 00:00:00), página 4

la circunscripción de cada uno de ellos están ya determinadas.

Además de un consulado general de primera clase en Hamburgo, se establecerán once consulados de segunda en las siguientes residencias: Stettin, Berlín, Hanover, Francfort, Colonia, Núremberg, Munich, Leipzig, Dresde, Stuttgart y Carlshuie.

La circunscripción que dependa de estos consulados se marcará con arreglo á lo que informen respecto á ella.

Respecto á las Repúblicas del Río de la Plata, se ha decretado lo siguiente:
Artículo 1.º El territorio de cada una de las tres Repúblicas, Argentina, Oriental del Uruguay y del Paraguay, está bajo la presidencia de un cónsul de segunda clase residente en la capital respectiva.

Art. 2.º La demarcación territorial de los distritos particulares á los consulados y viceconsulados en las mencionadas Repúblicas, así como sus residencias, se determinarán con arreglo á lo que proponga el jefe de misión en Buenos Aires y en Montevideo.

Art. 3.º El jefe de la misión en Buenos Aires y en Montevideo vigilará la administración consular en las tres Repúblicas, conforme á las reglas establecidas en la ley del 18 de diciembre 1860 y á las instrucciones vigentes.

Art. 4.º La mitad de los derechos percibidos en los distritos particulares de los consulados y viceconsulados en las Repúblicas Argentina, Oriental del Uruguay y Paraguay, pertenece al Estado. La otra mitad la cobrarán los funcionarios respectivos en pago de sus servicios.

Art. 5.º Se observarán las leyes de contabilidad pública y en particular las disposiciones que marca el reglamento del 17 de marzo de 1870 para el cobro, empleo y liquidación de lo recaudado en las tres Repúblicas mencionadas, debiendo también atenerse á ellas el jefe de misión en Buenos Aires y en Montevideo.

Párrafo único.—La recaudación por medio de estampillas, á la cual se refiere el citado reglamento, se reemplazará por la recaudación directa cuando se crea preferible.

Art. 6.º El cónsul que resida en donde se encuentre la Legación, podrá ejercer las mismas funciones que los cancilleres en los consulados de primera clase.

Rusia.—El Sr. Vladimir Roukhovskiy ha sido nombrado joven de Lenguas en Tokio.

Servia.—El Sr. Gasachanine ha presentado sus credenciales como Ministro plenipotenciario en Viena al Emperador de Austria-Hungría.

Turquía.—Ha sido condecorado con la orden de caballero de la Legión de Honor Chesif Bey, secretario de la Embajada en París.

DOCUMENTOS COMERCIALES

El convenio comercial con los Estados Unidos.

Los periódicos de Nueva York publican la exposición que precede á la nota de los artículos del convenio comercial ajustado entre España y los Estados Unidos, tal como ha sido facilitada á la prensa por el departamento de Estado de aquella República.

Comienza dando una idea de lo que son las cuatro columnas del arancel que se aplica en las provincias antillanas y luego dice:

«En virtud de un acta del Congreso de 30 de junio de 1864 (Estatutos revisados, tomo 2,592), se cobra en los Estados Unidos un arancel diferencial de 10 por 100, en adición á los derechos impuestos por la ley, sobre toda clase de efectos importados aquí en buques extranjeros; pero este derecho adicional no es cobrable cuando los artículos vengan en buques que tengan derecho, en virtud de un tratado ó de una ley del Congreso, para que sus cargamentos sean tratados como si vinieran en buques de los Estados Unidos. El efecto de esta acta era imponer una diferencia de 10 por 100 contra las mercancías de puertos españoles llegadas á los Estados Unidos.

Como la mayor parte del comercio español de este país es con las colonias, la diferencia resultó onerosa para los buques españoles de Cuba y Puerto Rico, pues de las tres cuartas partes del comercio de exportación de Cuba y Puerto Rico es con los Estados Unidos.

Desconociendo el hecho de que el estatuto americano hacía precisamente lo que ya habían hecho los aranceles de Cuba y Puerto Rico, favoreció las importaciones en bandera nacional contra las importaciones en bandera extranjera, el Gobierno español consideró esta coacción como poco amistosa, y en 12 de marzo de 1867 adoptó una medida de ostensible represalia dando un decreto, cuyo artículo 5.º dice así:

«Artículo 5.º Los artículos procedentes de puertos de los Estados Unidos y transportados en bandera española, pagará el arancel importación en la Isla de Cuba. Los derechos fijados en el artículo para los mismos artículos importados en bandera extranjera, hasta que sea oportuna la modificación de la presente orden, en virtud de un convenio con el Gobierno de aquella república para la abrogación de sus leyes, relativas á la exportación á las Antillas en buques españoles o para reducir los derechos que actualmente gravan á los productos que salen de las Antillas en los puertos arriba expresados.»

Es de observar que este decreto contiene un error de enunciación, á saber: que la ley de los Estados Unidos á que hace referencia, se dirige á las importaciones de las Antillas y no á las exportaciones á las Antillas.

El artículo 5.º de este decreto, todas las mercancías de los Estados Unidos, sean transportadas en buques españoles ó bajo bandera extranjera, pagan los derechos de la cuarta columna, ó sea la más alta, en los aranceles de Cuba y Puerto Rico. Las mercancías extranjeras procedentes de cualquier país, excepto las Estados Unidos, pueden entrar en aquellas islas en buques españoles pagando los derechos de la tercera columna del arancel; la diferencia contra los productos de los Estados Unidos, que antes era parcial, se hizo total.

Desde 1867 se han hecho nuevos esfuerzos para hacer desaparecer un estado de cosas que afectaba tan perjudicialmente al grueso de nuestro comercio con Cuba y Puerto Rico. Se allegó para probar que en realidad había diferencia contra la bandera de los Estados Unidos, que los buques españoles que comerciaban con nuestros puertos eran tratados exactamente lo mismo que lo eran nuestros buques, y que deberíamos abolir el derecho diferencial del 10 por 100 que habíamos impuesto. Pero este Gobierno sostuvo que la diferencia en las Antillas era positiva y totalmente contra el comercio de los Estados Unidos, y decidió modificar la legislación.

Por medio de leyes promulgadas en 1830 y 1832, el Congreso dio al Presidente poderes para suspender (siempre que se convenza de que no se imponen en un país extranjero derechos diferenciales á los buques ó artículos de los Estados Unidos) cualquier derecho adicional diferencial de los Estados Unidos que afecte á buques ó artículos de dicho país extranjero, siempre que exista perfecta reciprocidad.

Se ha tratado de aprovechar esta amplia facultad del Presidente para suspender el derecho diferencial del 10 por 100, de que España no ha cesado jamás de quejarse; pero hasta ahora el gobierno español no ha querido ni ha podido hacer concesión alguna que asegurase el derecho para los buques americanos en las Antillas una exención reciproca.

En 20 de julio de 1882 las Cortes españolas aprobaron una ley que autoriza al Gobierno español para modificar los aranceles de Cuba y Puerto Rico y para reducir drásticamente los derechos, enviéndolos todos á la tercera columna, lo que para el comercio nacional que para el extranjero, en lugar de las cuatro diversas tarifas existentes.

Por el art. 3.º de esa ley se autoriza al Gobierno para poner en vigor inmediatamente los derechos de la tercera columna respecto de los productos y exportaciones de los Estados Unidos que á su vez hubieren favor de los productos y exportaciones de Cuba y Puerto Rico, reduciendo los derechos ordinarios ó suprimiendo los extraordinarios.

En virtud de esa autorización se comenzaron recientemente en Madrid negociaciones entre el Gobierno español y Mr. Foster para obtener la supresión del recargo de 10 por 100 en los Estados Unidos, la rebaja en Cuba y Puerto Rico de los aranceles que rigen para los productos americanos, reduciéndolos á los tipos de la tercera columna sin distinción de bandera, á fin de que fuera completa la reciprocidad á que se aspiraba. Trató asimismo Mr. Foster de obtener la abolición de los derechos de tonelaje existentes en Cuba y Puerto Rico, en virtud de las que benefician mutuamente el comercio entre esos islas y los Estados Unidos, é hiciesen desaparecer las causas del descontento actual.

Las negociaciones progresaron satisfactoriamente, y el paso preliminar para llegar al acuerdo lo dió el Gobierno español en 27 de diciembre, con la abrogación del decreto de 12 de marzo de 1867, librando así al comercio de los Estados Unidos contra Cuba y Puerto Rico de la excepción diferencial que gozaba desde el durante diez y siete años. El segundo paso en ese terreno debía ser la rebaja de derechos sobre los productos de los Estados Unidos en buques de los Estados Unidos á los tipos de la tercera columna del arancel, en vez de los derechos excesivos de la cuarta, y esto se ha conseguido con el acuerdo firmado por Mr. Foster, restituyendo sólo que el decreto en vigor de julio pasado en la sección 4.28 de los Estatutos Revisados, dé una proclama suspendiendo la imposición de derechos diferenciales de tonelaje que aquí se cobran contra los buques y productos españoles, con lo cual quedará establecida reciprocidad completa con las provincias ultramarinas de España.

El convenio se extiende á otros puntos que han sido en el pasado objeto de discusión. El primero de ellos es el oneroso derecho impuesto en Cuba al pescado vivo importado en buques extranjeros. Ese derecho era en la práctica una medida prohibitiva, y casi aniquiló la lucrativa industria que se dedicaban los pescadores de la Florida. El arancel de los Estados Unidos no grava la importación de pescado vivo, y de aquello que se importa vendido á España muchas solicitudes fundadas en la equidad y en la reciprocidad, para la su-