Archivo diplomático de España (1884-04-29 00:00:00), página 2

«Es grande el número de víctimas. En su mayoría pertenecen á la clase de tropa. De los empleados están heridos el conductor, el guarda-freno y el fogonero.

«Se está recogiendo á los heridos para llevarlos á la población inmediata.»

Y con esta tristísima noticia ha corrido otra más terrible aún.

Se dice que el siniestro no ha sido casual, sino premeditado, y se trata de relacionarle con los preparativos para el movimiento insurreccional que se anunciaba y se temía.

No queremos creerlo.

De todas las catástrofes que ha traído sobre España la lucha de los partidos y de todas las infamias que se han cometido para alcanzar el poder, ninguna sería tan execrable como ésta.

Por la honra del País celebraremos que no se confirmen estas sospechas.

La marina militar y la mercante.

Hemos visto, en la prensa de estos días, puesto de nuevo á discusión, un tema algo antiguo, pero interesante: la independencia de la marina mercante de la marina militar. El Archivo Diplomático no puede ser indiferente á esta cuestión, en la cual hay y se ofrecen diferentes puntos de vista. Desde luego no debe, á nuestro entender, separarse en absoluto una marina de otra. Las funciones que hoy están á cargo de la capitana de un puerto, son exclusivamente marítimas y deben conservarse. La forma y manera como deben amarrarse los buques en puerto, ya estén á la gira ya en andana, debe determinarlas una autoridad y una inteligencia marinera. Las medidas que procedan en caso de naufragio ó de averías, tanto en los puertos como en las costas, son también exclusivas y deben serlo de una autoridad marinera que con su inteligencia las juzgue y con sus recursos acuda y preste los auxilios necesarios, en el momento, con completa independencia y sin vacilaciones. La marina militar debe, en una palabra, á nuestro juicio, ser apoyo y amparo de la marina mercante, en todo lo que se refiere á la profesión y accidentes que le son propios. Hay, sin embargo, detalles, en los que más bien pesa que favorece la marina militar á la mercante. El práctico, por ejemplo, debe ser libre, es decir, no debe obligarse á los buques á que tomen práctico y amarrador cuando no lo necesitan. Los derechos que se imponen por este servicio—y que no van al Tesoro—no son siempre justos, puesto que al buque mercante, que por la frecuencia con que visita un puerto, sabe sobradamente entrar y salir de él y amarrarse, no debe obligársele á que pague ninguno de estos servicios, de los cuales puede prescindir. En la actualidad tantas veces como un buque se ve obligado á moverse dentro de un puerto, para sus operaciones, otras tantas ha de pagar amarrador, y esto lo consideramos también injusto y oneroso. Basta, cuando pide el permiso, que se le señale el puesto donde debe quedar, y si no pide amarrador que le coloque en él, ahorrésele un gasto que no necesita hacer. La sexta parte que la marina militar toma de los derechos de prácticos, es objeto, á nuestro entender con razón, de merecidas censuras. Ya tiene en contra de sí que el capitán ó patrón mercante crea, ó pueda creer, que no se le hace justicia, cuando alguna vez reclama sobre esto, por el interés que tiene la autoridad militar de marina en que se pague siempre y se pague mucho. Parece justo, por otra parte, que un empleo militar—y de categoría á veces—convenientemente retribuido, no debe cobrar derechos por servicios que prestan sus subordinados ó dependientes; y nos parece además que el hacerlo es impropio del carácter que reviste el empleo de los capitanes de puerto. Quitada esta participación, podrían rebajarse los derechos en beneficio de los buques, harto recargados de gabelas por multitud de conceptos. La importancia de estos derechos, sólo la sexta parte que cobra la marina, es tal que llega á constituir en algunos puertos una pingüe renta, y esto debe llamar la atención del Gobierno. Los empleados públicos en todas sus categorías, están y se nombran para llenar las funciones que el Estado les confía, y cuando éste les retribuye con un sueldo proporcionado á su empleo, no deben lucrarse de otro modo.

En cuanto al tribunal que debe residenciar á los capitanes ó patrones en caso de naufragio, algo habría que decir sobre la supresión de la reforma hecha en 1873. Natural es que el Comité de aseguradores marítimos haya querido que juzguen á los marinos mercantes los marinos militares: estos deben ser, por punto general, más severos y deben ofrecer más garantía á los intereses que aquéllos representan; pero hay que mirar las cosas como son en realidad.

Por la escasez de fletes, por la baratura de éstos, por la competencia que hace la marina de vapor á la de vela, ésta disminuye á ojos vistos, y en sus postrimerías, se ve obligada á navegar no siempre en buenas condiciones. No es el oficial de marina el más apropiado para juzgar á un marino mercante. El oficial de marina mirará el suceso bajo su punto de vista, según su costumbre, con el hábito de contar á bordo con gente y recursos para todo, como el navega, en fin; no sabrá ó no podrá siempre ponerse en el lugar del pobre capitán ó patrón que navega con tripulación escasa, con pobres medios y á quien en un momento dado le falta todo á bordo. Es evidente que el oficial de marina juzgará con cierta severa justicia; pero muchas veces su fallo no será equitativo, no seguramente por falta de competencia, sino por desconocimiento de la pobreza de recursos con que navega la marina mercante. Nosotros creemos que al ocurrir un naufragio, deberá juzgar el capitán ó patrón, una junta de capitanes ó patrones del punto más próximo, bajo la presidencia de la autoridad de marina. Estos, con conocimiento del temporal causa del siniestro, con conocimiento de las condiciones de la costa ó punto donde ocurriera, siendo casi testigos presenciales, podrían juzgar con acierto, apreciando todas las circunstancias y los detalles más insignificantes, que en los accidentes de mar tienen á veces una importancia suprema.

Digamos, para concluir, que no es, después de todo, en la marina militar donde encuentra la mercante sus tropiezos más grandes, sino en las aduanas. Los aranceles de éstas y sus ordenanzas son los que hay que reformar, dando á la navegación de cabotaje, tan pobre, todas las facilidades, y no tratando á la de altura con tan olímpica severidad y suspicacia, perfectamente inútiles, sin embargo, cuando de burlarlas se trata. Recordamos á este propósito lo que hallándonos de baños en un pueblo de la costa olmos decir á un marino mercante, hijo de un puerto famoso por sus audacias en el contrabando: «La primera vez en mi vida, decía, que he hecho un viaje legalmente me costó una multa por falta de formalidad en mis papeles: el abandono natural de la buena fe me costó caro.» Es la eterna injuria de la ley: nadie lleva los papeles más en regla que el delincuente, que se esconde: el hombre de bien vive descuidado, confiando en su inocencia, y precisamente por inocente suele pagarle caro muchas veces.