Revista política y parlamentaria (1900-10-30 00:00:00), página 6

ante los privilegios? ¿Es que las leyes de la necesidad precisan alguna razón más para su resistencia? La Real orden de 20 de Julio resolvió la cuestión. Cumplase, respétese y el problema habrá cesado; pero si el privilegio se entroniza y la superior disposición no rige con todo su alcance, ¡ah! entonces ¡libre Dios de predecir la resultancia final de su incumplimiento! Aquella raza galaica, frugal y laboriosa, que tiene todas las virtudes celadas, y mantiene virgen y no contaminada por convencionalismos sociales la bravura y el tesón de otros hombres y otros días, aquella honradísima masa de marineros, gigantes del Océano, que con la tabla en que flotan, y el trapo con que navegan ponen miedo á la tempestad, aquellos lobos marinos, sufridos y creyentes, ejercerán sus derechos, los que ha consagrado la más perfecta ortodoxia cuando se defiende la vida, el hogar y el pan.

No sé lo que podría ocurrir, si amaneciese un día desesperado. De lo que si estoy seguro es de encontrarme en la vanguardia. Entonces, y sólo entonces, apareceré con todas sus impúdicas desnudeces la pavorosa cuestión social.

AUGUSTO GONZÁLEZ BESADA,
Diputado por Cambados.

Madrid, Octubre 20 de 1906.

Tres cuestiones de Derecho constitucional

1.a ¿Necesitan el Rey y sucesor á la Corona licencia de las Cortes para contraer matrimonio?
2.a ¿Alcanza á los Ministros la responsabilidad que establece el artículo 49 de la Constitución por el hecho de cumplir la voluntad del Rey al poner el proyecto de matrimonio en conocimiento de las Cortes?
3.a ¿Pueden discutir las Cortes el matrimonio del Rey ó del inmediato sucesor?

PRIMERA CUESTIÓN

No niego que las teorías abstractas y aun los principios fundamentales de Derecho constitucional estén en pugna con lo que prescribe la vigente Constitución del Estado; es indiscutible que el matrimonio del Rey ó de su sucesor es un acto trascendental en la vida de la Nación, que ha determinado en multitud de casos la paz y la guerra, la prosperidad y la ruina, y las corrientes de simpatía ó de alejamiento en el concierto internacional.

Pero mi objeto no es tratar la cuestión en esa alta expresión del derecho, sino dentro de la legislación escrita; el juríscuslitor podrá resolver atendiendo á las conveniencias nacionales, al concepto ético del sistema representativo y parlamentario y á la relación jurídica que crea la división y la armonía del Poder; todo esto corresponde á la esfera constituyente y no á la constituida; el abogado debe resolver teniendo en cuenta los precedentes de la ley y el sentido racional de ésta.

Tampoco necesitaría esforzarme para probar que la Constitución de un Estado es la resultante del elemento histórico en el curso progresivo de las costumbres, y, en su consecuencia, que no es posible invocar preceptos generales de conveniencia ó principios abstractos de filosofía del derecho, allí donde el sello particular de la legislación nacional, por sus orígenes, es robustecer la personalidad civil frente á la entidad social.

No quiero llevar la discusión á este extremo; pero sí afirmo resueltamente que, dado el estado de nuestras costumbres y la mala práctica de nuestros usos parlamentarios, la Constitución vigente ha sido muy sabia y previsora al consagrar la facultad civil del Rey para con el matrimonio, sustrayendo este acto de las pasiones políticas y de los caprichosos intereses de los partidos.

El Rey y su inmediato sucesor no necesitan licencia de las Cortes para contraer matrimonio. Así lo dice la Constitución y así lo confirman todos los precedentes de nuestra inquieta labor parlamentaria.

Dogma ha sido siempre del partido liberal el que precediera la licencia del Parlamento al matrimonio; pero, al propio tiempo, el partido conservador mantuvo, en todas ocasiones, el criterio de afianzar la potestad civil del Rey y respetar su voluntad en materia matrimonial. Así que, al reunirse en 1837 la vida constitucional, se observa que aquellas Cortes liberales, inspiradas en la Constitución de 1812, fijaron el precepto absoluto (artículo 48) de que «el Rey necesita licencia para contraer matrimonio y para permitir que lo contraigan las personas de su familia llamadas á suceder».

Claro está que, necesitando el Rey de esta licencia, no había por qué imponer limitaciones á la voluntad real para la designación de cónyuge, y por esto se observa que en la Constitución del 37 no aparece precepto prohibutivo.

Viene la reforma constitucional de 1845 debida al partido conservador, y diéronse buena prisa aquellas Cortes en sustituir el precepto absoluto del art. 48 de la del 37 por el siguiente:

«Art. 47. El Rey, antes de contraer matrimonio, lo pondrá en conocimiento de las Cortes, á cuya aprobación habrán de someterse los contratos y estipulaciones que deban ser objeto de una ley.» He aquí proclamada la libertad ó facultad civil para contraer matrimonio, pues en el caso de querer mantener la licencia, no hubiera sido sustituido el precepto categórico de la legislación anterior.

Pero hay más; para que no cupiera ninguna duda respecto á la facultad del Monarca, pasa la misma Constitución á establecer el caso prohibido, y en el párrafo tercero del mismo artículo nos dice: «El Rey y su inmediato sucesor no podrán contraer matrimonio con persona que esté excluida de la sucesión á la Corona.»

El pleonasmó de concepto es impropio de la dicción legislativa; cuando la licencia se exige, es innecesario hablar de prohibición; pero cuando desaparece, precisa limitar la facultad civil dentro de la libertad proclamada.

Visto el origen y disparidad de criterios entre las escuelas liberal y la conservadora, ocioso es decir que esta sistole y diastole en la libertad real ha venido en juego constante hasta nuestros días; la Constitución de 1869 adoptó el precepto de la de 1837, y la de 1876, á pesar de estar inspirada en un vago eclecticismo que la permite ser aceptada como derecho común á ambas escuelas y remate de la obra de revisión constitucional, ha mantenido en toda su pureza el art. 47 de la de 1845.

«Art. 56 de la vigente : El Rey, antes de contraer matrimonio, lo pondrá en conocimiento de las Cortes, á cuya aprobación se someterán los contratos y estipulaciones matrimoniales que deban ser objeto de una ley.» Lo mismo se observará respecto del inmediato sucesor á la Corona: «Ni el Rey ni el inmediato sucesor podrán contraer matrimonio con persona que por la ley esté excluida de la sucesión á la Corona.»

Si nuestra Constitución proclama y repite el precepto de libertad como la de 1845, señala, como aquélla, la única competencia de las Cortes, no para conocer y aprobar toda clase de contratos y estipulaciones matrimoniales, sino aquellos que deban ser objeto de una ley; por eso el verbo deberá estar en presente de subjuntivo ó condicional, porque no todos deben ir á resolución de las Cortes. Y bien pensado, podíamos haber omitido esto la Constitución, porque si la potestad legislativa reside en las Cortes con el Rey, según el art. 18, claro está que cuanto deba ser objeto de ley, ha de ser resuelto por las mismas.

No falta quien diga que, siendo el matrimonio un contrato, está dentro del precepto constitucional que le sujeta á la deliberación de las Cortes. Esta doctrina podrá mantenerse en Estados que hayan proclamado la libertad ó independencia de su legislación civil frente á la Iglesia. En España es absurdo el hacer tal afirmación. Cuanto lleva el signo del Estado está sujeto á las declaraciones dogmáticas de la Iglesia católica, y la misma Constitución que la declara por suya, al usar de la palabra matrimonio no ha habido de darle significación herética. Entre nosotros, el matrimonio es Sacramento y no contrato, y tanto no lo es, que el mismo Código civil ha tenido especial cuidado en no definirle, sino en reconocerle (art. 49), y legislar sobre sus efectos civiles. Por eso se coloca en el tratado de «Las personas» y no en el de las «Obligaciones y contratos».

ANTONIO BARRACHINA.

El arreglo eclesiástico

El Ejército, la Marina, la Administración en todos sus ramos, hasta las clases pasivas, han prestado su concurso al alivio del presupuesto de gastos, soportando con patriótica resignación los sacrificios que el estado afectivo del Tesoro