Revista política y parlamentaria (1900-03-31 00:00:00), página 6

se hacía la prueba de la acusación facilísima, limitándose á exigir que un magistrado local se declarara convencido por la deposición bajo juramento de un polizonte, para que la persona acusada fuera in continitu culpable, convicta de los actos alegados. Esos actos, tenidos entonces como probados, eran castigados con inspecciones periódicas, de una naturaleza repugnante, y por la inclusión forzosa en una clase degradada.

«Una Cámara de los Comunes nombrada por grandes colegios electorales, en muchos de los cuales predomina el elemento obrero, desplegó un ardor sin ejemplo en fabricar una ley, gracias á la que hay una porción de pueblos donde cualquiera mujer, casada ó soltera, no conserva su libertad y su honor sino hasta el día en que el testimonio de un agente de policía quiera hacerla pasar á los ojos de un magistrado por una prostituta. ¡Y la Cámara no discutió semejante monstruosa iniquidad, porque la decencia se opone! ¡Y la hora, la libertad, la vida de multitud de obreras quedó á merced de los juramentos de la policía! ¡Y en la ley se tomaron toda clase de precauciones, para que aun en el caso de resultar las denuncias falsas, no les parase eso perjuicio á los agentes! La infeliz mujer, víctima de la mala voluntad de un polizonte, que se ve perseguida y procesada, se encuentra ante la siguiente alternativa: gana el juicio, pues paga las costas de su defensor; pierde, pues paga las costas del defensor y de la acusación. En el caso más favorable, en el que prueba su inocencia, toda su vida llevará sobre sí la sospecha, la nota de infamia del proceso por prostitución. ¡He ahí la justicia equitativa que mandaba hacer el Gobierno más libre que se haya conocido jamás!».

Que esto que decía Spencer era completamente verdad y un escándalo y una ignominia, se prueba leyendo en el Times del mes de Marzo de 1882 el relato de una causa celebré. Se descubrió que se había organizado una partida de falsos agentes de policía, los que denunciaban y perseguían á las mujeres y á las hijas de los obreros, bajo la acusación á que les autorizaba la ley del 64. En tres años habían caído en las redes de la partida nada menos que quinientas mujeres en un solo distrito. Y gracias á que se descubrió el inmundo tráfico á que se dedicaban los supuestos agentes, por consecuencia del asesinato de una de las víctimas, y que los debates del juicio oral mostraron cómo semejantes abusos podían cometerse, incluso por verdaderos policías, que si no, aún dura la paternal legislación votada en nombre de la moral pública.

¿Y la Mafía? En plena civilización, en un país regido por instituciones liberales y constitucionales, al finalizar el siglo, en Italia, es posible la existencia de una asociación como la Mafía, fundada para el asesinato. La tal sociedad se compone de diputados, magistrados, generales, titulos, lo mejor y más ilustre del reino. Los afiliados á la Mafía han contado y cuentan con la más absoluta impunidad, porque ó no se descubren los autores del crimen, ó si se descubren tienen la absolución asegurada, en el hecho de que los jueces y jurados, si es que no pertenecen á ella, temen su tremendo poder y sus rigores en las represalias, que pocas veces deja de consumar.

La Mafía tiene largos años de vida. Sus fastos están llenos de horrendos delitos. La descripción detallada de éstos y la denuncia al público de los nombres de los culpables, todos altos y poderosos personajes, andan impresos en periódicos, folletos, libros, gacetas de los Tribunales, archivos de antropología y psiquiatría criminal. Todo inútil. Los Gobiernos, ó impotentes ó cómplices, consienten que la Mafía prosiga imperando y siendo el terror de las personas honradas. Ahora mismo, Italia entera prescinde con estupor las revelaciones y las enseñanzas del proceso Notarbartolo, en el que aparecen complicados no sé cuántos probadores de la política y de la aristocracia. Ha sido preciso que la opinión ejerciera sobre el Gobierno del General Pelloux todo el peso de su ira indignada contra tan inauditos escándalos, para que se procediera á prender y á procesar al Diputado Palizzolo, presunto asesino y miembro de la Mafía. Y no para ahí el negocio, que será uno de los llamados á cerrar dignamente el siglo, porque cada día que pasa se descubren nuevas y más complicadas ramificaciones de la pujante sociedad secreta. Últimamente ha dimitido su cartera el General Mirri, Ministro de la Guerra, y el motivo parece ser el famoso proceso Notarbartolo. Nótese bien que el General Mirri es un ilustre soldado. Pertenece á la legión de Garibaldi, formó parte de los Mil de Marsala y está intimamente ligado con el expresidente del Consejo Crispi. ¿Qué hay en el fondo de la sociedad italiana? ¿Qué lágamo de corrupción han dejado en ella los siglos para que pueda subsistir, vivir impune, una organización criminal como la Mafía, que apenas si se comprende en los peores tiempos de la decadencia del Imperio romano? ¿Cómo se podrá decir que hay libertad, Constitución, derechos, bajo una forma política en que tales cosas son posibles?

El llamado caucus y la Tammany-Hall de Nueva York, en los Estados Unidos; el proceso del Panamá en Francia; la Mafía en Italia; los escándalos denunciados por la Pall-Mail-Gazette en Inglaterra y tantas otras cosas prueban, cómo en Repúblicas y Monarquías, la corrupción no se consigue evitar con establecer una ley ó una institución, según razón perfecta. Todo el mundo sabe lo que es hoy la Tammany-Hall, la organización política más podrida que existe en el orbe civilizado. Pues bien, la Tammany no ha podido tener orígenes más puros y elevados que los que tuvo. El año 1790 nació en Nueva York la Tammany Society. Se fundó como una Liga ó Sociedad política patriótica para sostener las instituciones del Estado y resistir á la supuesta tendencia de concentrar el poder en el Gobierno federal, á fin de conservar la balanza del poder entre el Gobierno federal y los Gobiernos de los Estados. M. Hammond, en su Historia de los partidos políticos en el Estado de New York, dice:

«En sus comienzos la Liga apenas si se entregaba á las intrigas políticas. Pero cuando el presidente Washington en la última parte de su administración censuró las Sociedades libremente establecidas por el temor de que sus tendencias ulteriores no fuesen hostiles á la tranquilidad pública, los miembros de la Tammany se creyeron comprendidos en el reproche, y casi todos la abandonaron. El fundador William Mooney y algunos otros la continuaron con firmeza».

Se marcharon los patriotas, los ciudadanos á quienes guiaba el interés público, se quedaron los politicians, aquellos que querían fundar, como fundaron, un poder incontrastable, mayor que el del Estado. Los clubes de Paris sugirieron, indudablemente, la idea de emplear la sociedad Tammany con un fin de partido. El coronel Burr y sus amigos comenzaron á maniobrar en las elecciones de la ciudad de Nueva York en favor de los demócratas y contra los republicanos.

Desde entonces, y durante todo este siglo, la sociedad Tammany lo ha tenido todo: hombres, empleos, dinero.

Síervos suyos han sido los magistrados, los legisladores, los gobernantes. Ha ejercido el poder municipal en la ciudad, el poder en el Estado de New York y, á menudo, hasta una imponente preponderancia en todo el poder federal de los Estados Unidos. Ha comprado conciencias, ha hecho mercado de la ley y tráfico de la justicia, ha violado todo principio de moral.

Creada con un propósito patriótico, el de defender la independencia de cada uno de los Estados contra las intrusiones del poder central ó presidencial, se erigió en un poder más temible que ninguna tiranía, porque era el poder anónimo, irresponsable. ¿Se concibe que en tales condiciones persista y no se quebreante la fe en los «ideales políticos», si esos son los del Panamá, la Mafía ó la Tammany-Hall?

LUIS MOROTE.

Registro legislativo

ESPAÑA

Marzo 6.—Ley (llamada «del candidato») autorizando al Gobierno, siempre que presente un proyecto de ley elevando los derechos en alguna partida del Arancel de Aduanas, á recaudar los nuevos desde el día en que presente al Congreso el respectivo proyecto á título provisional y debiendo reintegrar el aumento si la ley no fuése sancionada á los seis meses ó tan pronto como ocurriera una disolución de Cortes.

Marzo 12.—Ley confirmando la declaración de puertos francos en favor de las islas Canarias, y determinando las mercancías que quedan libres de todo derecho ó impuesto, así como de los monopolios, y señalando los arbitrios que sobre las demás mercancías puede percibir el Gobierno.

Idem.—Ley prohibiendo admitir en ninguna clase de trabajo á los menores de uno ó otro sexo que no hayan cumplido diez años, y regulando, para los comprendidos entre esta edad y la de dieciocho, lo mismo que para las mujeres, el género de industria y las horas ordinarias en que puede permitirse su trabajo. Determina la sanción penal y los deberes que con motivo de esta ley recaen sobre los jefes de industrias.

Marzo 18.—Leyes de Hacienda aumentando algunas partidas del Arancel; haciendo extensivo al consumo del gas para la calefacción el impuesto transitorio que establece la ley de Presupuestos de 1898 sobre el carbón de calco, luz eléctrica y del gas, y del gas, y autorizando al Ministerio de Hacienda para recaudar hasta un 30 por 100 sobre los precios de venta las listas de la renta de tabacos y para revisar las cláusulas del contrato de 1896 con la Tabacalera, en virtud de las reformas introducidas en la ley del Timbre.