Revista política y parlamentaria (1900-03-31 00:00:00), página 4

EL DERECHO DE INTERVENCIÓN Y LOS INTERESES HUMANOS

La guerra del Transvaal ha vuelto á poner sobre el tapete una cuestión sociológica y jurídica que, con significativa persistencia, suscita cada vez que naciones poderosas y soi-dissant civilizadas conquistan y destruyen á otras menos fuertes y aparentemente también menos cultas. Escritores de reconocido mérito, y á los que nadie puede suponer ganados por el «oro inglés» de marras, creen compensada la criminal conducta de Inglaterra por la ventaja enorme que traerá «en el gran libro de la civilización el cambio de la oligarquía rural, calvinista y holandesa de los boers», por el «régimen liberal propio del pueblo inglés». Suponiendo que sean completamente exactos los datos de comparación entre ambos pueblos, la teoría es, indudablemente, seductora para los que miran las cosas por todo lo alto y atienden en primer término á los grandes intereses de la humanidad, ante los cuales significan poco la libertad y el reposo egoísta de un grupo de individuos. Verdad es que, en el fondo, esta teoría sanciona el peligroso afro- rismo de que «el fin justifica los medios».

Es sabido que la filosofía del Derecho reconoce, no sólo como justa, sino como necesaria, la intervención en pueblos cuyo atraso es tan grande que los incapacita para el progreso y hace dolorosa y molesta la vida á sus mismos ciudadanos. En concepto de Röder, de Lorimer, de Stuart Mill, de Giner, la tutela internacional es un deber jurídico de las naciones civilizadas. ¿Qué fin tiene esta tutela? ¿En beneficio de quién se establece? Indudablemente en beneficio del tutelado, y precisamente para ponerlo en condiciones de que se edugue, se mejore y ascienda por propio esfuerzo, mediante un «cambio interno», al grado de perfección social y de cultura que exigen la dignidad y el bienestar humanos.

Si un tutor, á pretexto de que él es un hombre ya formado y en posibilidad de desempeñar inmediatamente todas las funciones esenciales de la vida, matase al pupilo ó lo condensase á perpetua minoridad y servidumbre, es seguro que por muchos servicios intelectuales que prestara al mundo con los medios que la tutela le ofrece, por muy bien que explotara é hiciera producir en beneficio general los bienes del menor, los tribunales no vacilarían en degradarlo de la tutela y enviarlo á presidio ó á la horca.

No le valdría alegar que su pupilo demostraba tanta torpeza y holgazanería, que era imposible hacer de él, en mucho tiempo, un hombre útil.

—Educúe usted—se le contestaría—y tenga paciencia, ó deje el puesto á otro más adecuado. Esta solución justa que la conciencia y las leyes imponen en los casos de la tutela individual, se dis- cue y aun se rechaza en los de tutela colectiva. Parece como que el cambio de sujeto cambie también radicalmente los términos de la cuestión. Un particular inglés se consideraría deshonrado si maltratase y despojase á un niño. El Estado inglés cree, no solo estar en su derecho, sino prestar un señalado servicio á la civilización maltratando y despojando de lo suyo á los indios ó á los sudaneses. La diferencia de criterio entre el particular y el Estado se explica perfectamente; aun en naciones donde la política de- pende tanto como en Inglaterra de la opinión pública, se explica por el hecho cierto de que la moral individual y la moral política no se hallan en el mismo grado de evolución, y esto lo confirma el propio Estado aplicando un principio á su tutela sobre las relacio- nes entre sus ciudadanos y otra á la que se arroga sobre los ex- tranjeros.

Pero no se comprende con tanta facilidad cómo los escritores, los tratadistas que no son diplomáticos ni han de justificar doctrina- lmente su conducta política, llegan á legitimar y á ensalzar cierta clase de actos. A mi juicio, nace esto de una ofuscación pro- ducida por dos factores interpretados de manera errónea: el del sujeto á que antes aludimos y el de la conquista y la explotación. Este último, más que ningún otro, por lo mismo que tiene base ge- nerosa y altamente humana, es el que más arrastra y mejor encu- bre la falsedad de la teoría.

Examinemos uno y otro.

La enseñanza obligatoria es, indudablemente, un derecho y un deber del Estado. En el supuesto de que la enseñanza sea en efecto el medio adecuado para civilizar á los hombres, el Estado puede y debe obligar á los niños (y á los padres de éstos) á recibir cuan- do menos aquel grado de instrucción y educación que se considere como el mínimo necesario para la vida humana. Para conse- guir esto, habrá de emplear, á veces, coacción (fuerza), que causará algún dolor al prohibido; pero en razón del fin que se persigue, beneficioso en primer término para el obligado, este dolor se consi- dera como cantidad despreciable y no detiene la acción del poder público.

¿Se puede aplicar el mismo razonamiento á los pueblos? Veámoslo. El niño (ó mejor dicho, el padre del niño) es subido de un Es- tado. Su resistencia á cumplir la ley de escolaridad se pena con una multa, con la pérdida de ciertos derechos sobre el hijo (para que no impida el bien de éste), y aun pudiera llegarse á los procedimientos socialistas de embargar al niño por cierto tiempo, y colocarlo en absoluto bajo la dirección del Estado. No sabemos de legisla- ción ninguna que haya llegado más allá en esta clase de penas. Ningún legislador ni filósofo ha pensado jamás en condenar á presidio, y menos á muerte, al padre rehaciéndose en el cumplimiento de la escolaridad. Se presume, tal vez, que las penas pecuniarias, las indirectas de pérdida ó menoscabo de ciertos derechos para el padre (ó para el hijo el día de mañana), y las exacciones que suponen determinados privilegios concedidos á los que poseen cierta cultura, son bastantes casi siempre. En el caso de una resistencia terca, se abandona al insensato á la disciplina de las consecuen- cias naturales. Lo mismo ocurriría si el que se negase al cumpli- miento fuera el mismo educando. No se puede encarcelar ni matar á nadie porque no quiera cursar la primera enseñanza. Peor para él si no le seducen los castigos existentes ni la esperanza de un porvenir más desahogado, que la sociedad reserva á los que, al menos formalmente, reúnen determinadas condiciones de cultura.

Supongamos un pueblo inculto, que se obstina en continuar de este modo á pesar del incitante ejemplo de los pueblos vecinos, y aun de las mismas recomendaciones que á diario le hacen. ¿Se le podrá obligar por la fuerza, como obliga cada Estado á sus ciuda- danos? Hoy por hoy, claro que no, ni aun en la forma relativamen- te suave con que se realiza la concepción escolar dentro de cada pueblo. Faltan autoridades internacionales y medios de hacer efectiva la concepción jurídica. Supongamos que llega á la perfección el derecho internacional; que se constituyen los tribunales preconiza- dos por la ciencia moderna, y que se formulan y acatan entre los pueblos civilizados las reglas de intervención establecidas.

Es indudable que para ser licitos, este poder y esta obligación habrán de conformarse á principios verdaderamente jurídicos; que se establecerán con toda precisión (como establecen ahora las le- gislaciones civiles los casos de divorcio, concretamente), los moti- vos de coacción y los límites de ésta; y claro que ni en lo uno ni en lo otro se podrán negar las cualidades esenciales de la tutela y del derecho de la personalidad humana; es decir, que en ningún caso y bajo ningún pretexto, se permitirá que la intervención se haga en provecho del que interviene sino del intervenido, ni mu- chísimo menos atropellando cualquiera de las condiciones fundamen- tales de la vida del ser social. Y suponiendo que la intervención se ejerza meramente para el fin educativo, ¿quién pretenderá que las penas excedan de las que se pueden admitir para el individuo rehació?

Cabe objetar que los perjuicios que á la especie produce la in- cultura ó la injusticia (incultura también) de un individuo, no son ignotales, sino mucho menores, que los causados por una colectivi- dad. La objeción es cierta en parte. Hay grados de incultura y de injusticia sociales que realmente dañan de una manera gravísima los intereses de la humanidad: por ejemplo, el canibalismo, la esclavitud.

Si estos males los produjera un individuo de país civilizado, cae- ría inmediatamente bajo la sanción del Código penal. Si los pro- duce un pueblo, y se niega á corregirlos, á pesar de las instan- cias diplomáticas de las naciones cultas, ¿cae, ipso facto, bajo la sanción de la pena internacional por excelencia, esto es, de la guerra? No creo que se puede contestar de plano y por modo ab- soluto; mas suponiendo que sí, lo que no cabe duda es que, uti- lizado ese procedimiento extremo en la medida necesaria, procu- rando no causar más daño que el indispensable para producir la corrección de las costumbres injustas, los interventores deben considerar terminada su misión, y restablecer las condiciones nor- males de la vida del pueblo atacado, para que éste, con más ó menos auxilio exterior, desinteresado y propiamente educativo, se eleve á la categoría de las naciones cultas. Transformar la Intervención en conquista, es cosa que nunca podrá justificarse, porque el sujeto nacional no delinque en igual forma que el indivi- dual, y ni aun en delitos equivalentes se le puede suprimir