Revista política y parlamentaria (1901-01-15 00:00:00), página 8

Hábiles en el arte poco recomendable de eludir las prescripciones legales; iniciadas en todas las sutilezas y casuismos jurídicos, las congregaciones han tratado desde hace mucho tiempo, y no sin éxito, de constituirse, á pesar de la vigilancia del Estado, una personalidad civil oculta. Combinaciones diversificadas hasta el infinito les han permitido llegar á este fin. Con frecuencia, ellas otorgan, por títulos auténticos, la propiedad aparente de sus bienes á uno de sus miembros, y aun á una persona ajena á la agrupación. Otro expediente muy en auge entre las congregaciones desde hace algunos años es afectar la forma de una Sociedad comercial de accionistas. ¿Vemos, por una singular ironía, los grupos que han hecho voto de pobreza, y á los que su regla espiritual prohíbe todo pensamiento de lucro, inscribir ostensiblemente en sus estatutos la eventualidad de una distribución anual de dividendos?

Gracias á esta hábil táctica, muy difícil de contrarrestar, puesto que se disimula bajo la fisonomía de un contrato de derecho común, las comunidades religiosas obtienen un doble resultado: Ellas gozan de hecho de todos los privilegios inherentes al reconocimiento legal; ellas se constituyen; ellas trabajan libremente como personas morales con independencia de toda autorización previa; ellas pueden de este modo proseguir sin obstáculo su marcha insidiosa, y realizar progresivamente, por la extensión no interrumpida de su dominio, el ensueño de amortización universal, que late en el fondo de los secretos designios de la Iglesia. En segundo lugar, ellas escapan al favor del mismo ardil, á la aplicación de las medidas que la ley fiscal dirige especialmente contra las congregaciones.

A continuación de estos párrafos, y con el doble objeto de iluminar con la luz de la historia las discusiones del Parlamento francés y responder á los que juzgan intolerante á la República, M. Delande hace la historia de la lucha, unas veces brutal y franca, otras solapada y hipócrita, pero siempre sin tregua ni cuartel, que han mantenido el Estado y la Iglesia católica, desde que ésta, abandonando el reino de los cielos, aspiró á dominar los de la tierra.

De este estudio desprende con toda claridad, que precisamente en ese pasado, por que suspiran allí y aquí los mal aventados con el progreso, bajo la dominación de esos reyes cristianísimos y católicos, es cuando se han asentado golpes más rudos al poder eclesiástico, hasta el extremo de que las actuales leyes republicanas son un reflejo pálido de las ideas que informan el edicto de Aguesseau, de 1749, contra las órdenes monásticas.

Como prueba, traduciremos el preámbulo de dicho edicto que el autor reproduce:

«Se trata—dice—de obviar los inconvenientes de la multiplicación de establecimientos de gente de la mano muerta y de la facilidad que encuentran en adquirir fondos naturalmente destinados á la subsistencia y conservación de las familias... ; los bienes inmuebles que pasan á sus manos, cesan para siempre de estar en el comercio; de suerte, que una gran parte de los feudos de nuestros reinos se encuentra actualmente en poder de aquellos cuyos bienes, no pudiendo disminuirse por enajenaciones, se aumentan, al contrario, continuamente por nuevas adquisiciones.»

Sin embargo, las comunidades y sus defensores no perdonan ocasión de clamar contra la opresión de que son víctimas, sin perjuicio de ir entendiendo y aumentando su esfera de influencia y de acción.

Por esto M. Delande, á pesar de reconocer, rindiendo culto á los buenos principios jurídicos, que el Estado no crea la persona colectiva, sino que su misión es sólo el reconocerla, declara que en la esfera de los hechos no puede admitirse que, por un liberalismo mal entendido, se dé á las asociaciones religiosas medios de realizar sus temerosas aspiraciones. Y termina así: «En el curso de nuestra larga exploración histórica hemos podido darnos cuenta de la energía, de la paciencia, de la habilidad que estos auxiliares de la Iglesia ponen en práctica para realizar su sueño de dominación temporal y hacer caer en poder de las manos muertas los patrimonios de las familias, la riqueza general del país. A pesar de las disposiciones prohibitorias de la legislación actual, estas colectividades, siempre en actividad, han llegado á inmovilizar, en menos de un siglo, un capital superior á un millar de millones. Las 1.517 congregaciones existentes en la actualidad, detentan un capital de mil treinta y tres millones. Las 744 congregaciones no reconocidas, toman en este valor total una parte de 351 millones. Estas cifras hacen reflexionar, sobre todo si se considera que sólo se refieren á la riqueza inmueble, hecha abstracción de su riqueza mobiliaria. En presencia de esta situación, que tiende á agravarse, ¿se puede de buena fe reclamar para las congregaciones el libre ejercicio de una capacidad jurídica, de que hacen un uso tan discutible? ¡Debemos acrecentar los medios de acción de que disponen para retirar los bienes de la circulación, falsear la corriente de las leyes económicas y crear un poder territorial de donde nacería, tarde ó temprano, un grave peligro político!»

Aún no ha llegado la hora de renunciar á las garantías que nuestra legislación (tengáse en cuenta que habla un francés) ha organizado para proteger la sociedad civil contra las empresas de las manos muertas religiosas; más bien convendría reforzarlas. No aconsejamos medidas extremas que perjudicarían el fin por su misma exageración; pero en vista de la tendencia, cada vez más manifiesta en las congregaciones de disminuir su carácter, bajo la apariencia de sociedades comerciales, puede preguntarse si para desbaratar este ardil, ¡no sería oportuno, si no suprimir, por lo menos limitar el derecho de recibir á título gratuito de que gozan actualmente las sociedades de comercio! Autores muy distinguidos, entre otros el profesor Labbé, han hecho resaltar en vivos términos los peligros que pueden nacer del abuso de esta facultad. No puede negarse, en efecto, que la actitud de las sociedades comerciales para recibir dones y legados, alienta mucho á las congregaciones no reconocidas á adoptar las formas de aquéllas para acrecentar su patrimonio al abrigo de toda ingénuicia del Gobierno.

Y no se nos diga que para la ejecución de estas medidas de defensa el Estado tendría que faltar á sus deberes de neutralidad; alarmaría las conciencias y turbaría la paz religiosa. La objeción no es ni sería ni sincera. Si alguna vez un Gobierno pudo sentirse al abrigo de tal acusación, es nuestra república parlamentaria tan amplia, tan tolerante, tan alejada de ese espíritu de vejación y violencia que caracterizaba la administración del antiguo régimen. Ella respeta y protege todas las religiones que asumen la noble tarea de esclarecer el camino de la humanidad errante y curar por la acción bienhechora de su palabra los corazones desengaños de la vida.

No coarta á las congregaciones religiosas; ellas pueden acorrer á sus inquietudes y sus quejas. Es una libertad que nuestra sociedad laica les dejará siempre: la libertad de perseguir su fin ideal, de sacrificar el mundo de las apariencias á los bienes incorruptibles del más alto. Que estas comunidades se refugien en su misión sublime; que expliquen, si pueden, el enigma del Ser; que traten de penetrar, por la intuición de la fe, ese abismo sombrío de lo desconocido donde flota, al azar, el frágil esquife de nuestros destinos, y á fuerza de interrogar ese muro de tinieblas que por todas partes limita nuestras miradas, tal vez verán, siguiendo la expresión de Nietzsche, transparentar las constelaciones lejanas de las civilizaciones del porvenir.

Pero que no bajen de estas elevadas regiones del misticismo cristiano para arrojarse en la lucha de los intereses materiales. Harían dudar de la grandeza de su causa si su ensueño de lo infinito no pudiese ocultar un secreto deseo de dominación temporal, si su doctrina de abnegación debiera servir de vehículo á las manos muertas y de auxiliar á sus peligrosas aspiraciones.

NECROLOGÍA

Por desdicha hoy esta sección es harto nutrida.

Comenzaremos por citar á D. Fernando Puig, senador vitalicio, muerto en Barcelona en los primeros días de este mes, hombre de gran ilustración, amado en largos viajes, y aplicada leal al propósito de su país.

Entrado recién en negocios industriales, supo usar de sus riquezas como hombre de talento y de corazón.

Su muerte hace vestir luto al director de La Correspondencia de España, señor marqués de Santa Ana, al que enviamos nuestro pesame más sincero.

Siguiendo esta penosa enumeración, consignemos la pérdida del obispo que era de Barcelona D. José Moragas y Gil, cuya prematura muerte causó notorio relieve con su reciente visita á Madrid y á causa de las ideas regionalistas del difunto prelado.

En Madrid murió también el senador por Alava, antiguo diputado por la misma provincia, D. Jenaro Echevarría y Fuertes, padre político del conde de Via-Manuel.

Por último, y cuando ya apenas podemos dar en este número la noticia, consignaremos el fallecimiento del ilustre Balaguer, el notable poeta e historiador catalán, una de las figuras más respetables y simpáticas de la literatura y de la política española.