Revista política y parlamentaria (1900-01-15 00:00:00), página 3

cias, estaba el problema resuelto. Las leyes dadas por el legislador serían enteramente justas, y no cabría hacer otra cosa con ellas, después de dadas, más que cumplirlas y hacerlas cumplir; salvo algún que otro caso en que, por existir en las mismas obscuridad, ambigüedad ó un defecto análogo, hubiera precisión de interpretarlas, ó de ser inquirir el pensamiento, la voluntad, la intención del que las produjo. —Este procedimiento de legislar escogiendo la revolución, es el que se ha ido usando durante mucho tiempo, singularmente desde la Revolución Francesa (hija directa, en mucha parte, del antiguo derecho natural) en adelante. Es el procedimiento que deberían preconizar y defender, si fuesen lógicos, los partidarios del mentado derecho natural ó racional; el mismo que, en puridad, exaltó la llamada escuela «filosófica», en su interesante contienda con la «histórica»; el mismo que ha servido para dar derecho a las propuestas codificadoras y progresivas en favor de la legislación civil. Resultado de este consigo (desde entonces, sobre todo se ha legislado y para todos los órdenes se han dado ó se ha pretendido dar códigos); el mismo que ha consagrado la «omnipotencia» y el «derecho divino» de los Parlamentos y de los Ministros ó gobernantes y al cual se debe que un Parlamento (un legislador) deshaga la obra de otros Parlamentos anteriores y de cada legislador nuevo (otro legislador) vuelva a partir, en el extremo de las cosas, de su conocimiento de sí razón, todo cuanto sus predecesores hicieron. Esta concepción y este procedimiento enfatizado con ella no necesitan ni conocer la existencia de Centros consultivos, de Bureaux parlamentarios; aquí no hay más fuentes de información y consulta para hacer las leyes que la cabeza del legislador, el foco luminoso de justicia que se llama su conciencia y su razón (no formadas, por supuesto, en el roce con la vida, en el aprendizaje de ésta, sino dadas en el nacimiento, como lo son los sentidos). Mas la concepción aludida va ciendo poco á poco el puesto á otra (iniciada y bastante desarrollada por la escuela histórica, y más modernamente defendida por el realismo jurídico), según la cual, la justicia ha de buscarse en las cosas mismas, en la disposición que éstas tienen en la realidad, ó mejor aún, en las ideas y representaciones que nosotros nos hacemos de las cosas. Buscando la justicia en esta materia, se va a la realidad, por lo tanto, pero en una conciencia y en una razón que se forman mediante la observación y el estudio de las cosas, que son un resultado del examen de éstas. Precisamente por eso, por tener la justicia tal origen aquí, no debe el legislador aventurarse á dar ley alguna sin ilustrarse antes lo suficiente en el estudio de aquellas mismas relaciones sobre que ha de versar el precepto y en el de aquellas otras cosas las que éste se encuentre más ligadas, connexo de reíproco influjo; que vale tanto como decir, que no debe oficiar el legislador sin formar antes la conciencia á que ha de poder lucirse, sin enterarse de lo que va á hacer.

A esta segunda concepción responden, por una parte, el valor creciente de la costumbre como fuente jurídica en todos los órdenes, en frente y en contra de la ley hecha por el-procedimiento referido antes, y por otra parte, sobre todo, la práctica que en todas las naciones cultas (principalmente en Inglaterra y Bélgica) se viene observando, de día en día, con más frecuencia y más en puje, consistente en realizar largas y prolíficas informaciones (por el estilo de lo que entre nosotros quiso hacerse para algunos puntos al crear la Comisión de reformas sociales, y lo que se ha pretendido hacer con otras Comisiones, v. gr., la que se nombró para estudiar la introducción del trabajo en las prisiones), cuyo objeto es recoger los datos de hecho que han de constituir la base de la futura ley. ¿Qué significa esto? Significa que los Ministros del Trabajo, los de Agricultura, Industria y Comercio, las Oficinas del Trabajo, las Oficinas ó Centros de Estadística, que donde quiera van estableciéndose? Todo ello no es más que manifestaciones (más ó menos reflexivas) de la nueva concepción realista y rectificaciones de la antigua concepción abstracta y revolucionaria, de la llamada derecho natural. Demás está decir que para la satisfacción de estas necesidades de la práctica, se ha venido creando progresivamente un Centro ó Bureau de la índole del que se pretende instalar.

Dicho esto, se impone la reflexión siguiente: Las leyes formadas por el procedimiento realista han de tener su base y su raíz en el conocimiento de aquella parte de la realidad social á que pretenden servir de norma. Mas el legislador no puede por sí mismo recoger todos los datos, ni hacer todos los análisis y observaciones indispensables al efecto. No tiene, pues, remedio que se dé auxilio, jéneros de lo que bien lo facilitará? Debe pedírselo á quien mejor pueda prestársele, que serán precisamente aquellas personas que, por razón de sus acciones, de su profesión ó por otra causa, hayan estado más en contacto con el correspondiente orden de fenómenos, de hechos; aquellas personas que más los hayan observado y estudiado y mejor los conozcan. Los técnicos (de todo género, y no tan sólo los profesionistas, los que tienen un diploma, los llamados «hombres de ciencia») serán, pues, los que deben servir de consejeros y auxiliares al legislador que quiera hacer las cosas á derechas.

También han empezado ya á marchar por este camino las naciones más avivadas. No hablo de la costumbre que por doquiera existe (an en nuestros; de la cual, por cierto, hacen los gobiernos españoles un uso bien detestable) de encontrar los Ministros la mayor parte de sus papeles de ley, derechos y decretos (aunque amigó o corregidos por los de los que para poco entendidos (aunque siéndolo, ó siéndolo al revés, que de todo hay) en la materia aquélla sobre que ha de recer la disposición legal. Mencionaré, sí, el empleo, mayor cada vez, que van teniendo los peritos, el uso de admitir informaciones en ciertas Comisiones parlamentarias (de presupuestos, reformas de Códigos, etc.), y sobre todo, la práctica (seguida en Suiza y, en parte, en Francia, en Italia, en Alemania) de encomendar la formación y redacción de los proyectos ó anteproyectos de Códigos á personas individuales ó á Comisiones de personas de reconocida competencia. Los proyectos de Código penal único y de Código civil único para todos los cantones suizos —proyectos que llegarán, según parece, á ser leyes sin salir de modelos de la práctica: el primero, por Storck, ex ministro presidente de Derecho penal en Berlín; hoy en el segundo, por Huber, profesor asimismo de Derecho civil. El vigente Código penal italiano, el proyecto de nuevo Código penal francés, y otros Códigos, se han elaborado también de una manera semejante.

Esta parece ser la vía por donde llegará á realizarse lo que hoy constituye el desideratum de muchas gentes.

En opinión de algunos, los valores técnicos deben desempeñar en la vida política, una función en la política—do las sociedades del porvenir, una misión análoga á la que desempeñaban los arsúridos en la vida política y social de la antigua Roma. Como conocedores mejor que nadie de lo que debe hacerse para no desagradar á los dioses (es decir, de lo que conviene al interés de la colectividad, que es tanto como decir á los intereses de la justicia), habrá que consultarles—igual que se consulta á los consultores de la antigua Roma—y en mayor forma (que equivale á inquirir la voluntad, ó lo que monta tanto, el beneficio común), y todo lo que se haga sin este requisito previo, irá afectado de un vicio de origen. Y se comprende muy bien que aconseje de este modo. Pues si la ley, para serlo efectivamente y no degenerar en mandato de tirano, ha de entenderse «al bien común», según repite á diario los legisladores; si el bien común es un dato real, complejo, resultante de la agrupación de las necesidades, organísmicas (y definición de bienes dados; si, por consecuencia, uno puede conocerse fácilmente en qué consiste ese bien común, sino analizando y estudiando en cada caso los elementos que contribuyen á determinarlo y la manera cómo están dispuestos y combinados en la realidad, parece llano concluir diciendo que quienes mejor pueden conocer en qué consiste dicho bien común, y quienes por lo mismo se hallan en situación más favorable para saber qué clase de disposiciones se deben tomar, los que pretende ser justa (ajustada, adecuada al fin que la misma persigue), serán aquellos individuos que se hayan dedicado en especial á adquirir un conocimiento, lo más completo posible, del correspondiente orden de fenómenos: es decir, los técnicos. Y entonces no demandar los consejos, las luces, los dictámenes de los técnicos para hacer leyes, equivale á venderse voluntariamente los ojos y caminar á tientas de día. Los romanos tenían su collegium augurum, en que se reunían las personas que sabían que éstas realizaban como tales, algún acto importante de la República; y no debemos tener también nosotros nuestro cuerpo de augures, á la moderna, claro es, para que iluminen igualmente á nuestros magistrados, á nuestros republicos, ya que éstos no pretenderán, de seguro, ser omniscientes ni necesitar jamás la ayuda del prójimo? Pueda usted, pues, Sr. España, el restablecimiento del augurado; pues el nivel de cultura de la nación es para regalar á la República. Después de todo, de toda otra cosa más que el reconocimiento implícito ó expreso de estas necesidades significa esa tendencia que tan claramente se advierte donde quiera á hacer que sean hombres técnicos los que estén al frente de ciertos centros administrativos importantes (tales como las Direcciones generales), esto es, al frente de los centros que se precisan (túmven más en la formación de los proyectos de ley materiales).

Hay quien ve á esto el mismo resultado por una vía algo distinta. Edmundo Galabert, por ejemplo, después de decir que la separación antigua—aquella que privaba en la Edad Media, y de la que hablan todavía los que viven, y quisieran que viviésemos todos, en Edad Media perpetua—entre los dos poderes espiritual y temporal, eclesiástico y civil, tiene ya hoy, al parecer, la importancia que en otros tiempos tuviera, porque el órgano de ésta, el Estado, la Iglesia, el régimen de la moralidad, el dominio religioso—han flaqueado y debilitado mucho, añade que tal separación entre poder temporal y poder espiritual debe subsistir, sólo que pasando el segundo á otro órgano distinto del que antes lo tuviera: á los hombres de ciencia. Los cuales elaborarán la doctrina (como antaño elaboraban los ministros de la religión), que después aceptará y ejercerá el poder temporal. Se trata, por tanto, de que el poder se establezca en el Iglesia, y que ésta sirva para dirigir al Estado, á los que se consagran al desempeño de las funciones de éste, y principalmente á los legisladores y á los políticos (Le Pouvoir Spiritual, en la Revue Internationale de Sociologie, año VII, 1899, número de Mayo, pág. 321 y siguientes).—Y Manouvrier quiere que se creen hombres de ciencia, ingenieros que tengan, con relación á las artes sociales, á aquellas cuyo objeto se dirige á los hombres, y existan análoga á la que tienen, con relación á las artes técnicas—industriales y agrícolas, los ingenieros mecánicos, industriales y agrícolas. O sea, dar una dirección, servir de guía, enseñar lo que luego deben poner en práctica otros (los obreros, los políticos, los ejecutores, etc.). Ahora, entre estas artes sociales encargadas de dirigir á los hombres, incluye el autor (juntamente con la medicina y la higiene, la moral, el derecho y la educación, la política —arte de gobernar y dirigir las sociedades—. Por tanto, los políticos (lo mismo que los moralistas, los médicos, los juristas, los educadores), que estos últimos deben, en sentir de Manouvrier, á aprender por sí mismos las ciencias que les capaciten para el desempeño acertado de sus funciones, ó inspirarse en las enseñanzas de quienes las conoczan: de los antropólogos, psicólogos, sociólogos, etc. (L'Anthropologie et le