Revista política y parlamentaria (1900-04-15 00:00:00), página 2

Para la reforma del Jurado

El problema de la administración de justicia penal, y aun de la justicia toda, es uno de los que más preocupan actualmente, y con razón. No sólo preocupa en España; preocupa también en los demás países, aun en aquellos cuyos habitantes no tienen tantos motivos como nosotros para estar quejosos de lo que ven que se hace á su alrededor. Y es que el nuevo estado de cosas, los nuevos elementos de vida social que de algún tiempo á esta parte van entrando en juego, y el consiguiente cambio en las concepciones, están determinando una transformación muchísimo más radical de lo que se figuran los que no calan más adentro de la simple corteza exterior de lo que ven. Dentro de algún tiempo, es posible que no quede piedra sobre piedra del actual edificio de la administración de justicia, y menos todavía, si cabe, del edificio de la administración de la justicia penal. La crisis que á ésta trabaja es una crisis de sentido, de espíritu, una de esas crisis que envuelven nada menos que una cuestión de vida ó muerte para el organismo á que se refiere. De buena gana mostraría, siquiera en resumen, cómo y por qué acontece esto; mas ahora es imposible hacerlo así, no solamente por la estrechez del espacio, sino hasta por la falta de pertinencia.

Síntese también en España, si bien con escasa intensidad, el fenómeno aludido; pero, como acontece en casos análogos á las gentes de muy limitados alcances, no percibimos el mal en toda su extensión ni en sus conexiones causales. Advertimos únicamente alguno de sus síntomas, los más visibles y ruidosos; y estos síntomas tan sólo es lo que procuramos combatir, no sabiendo dirigirnos á la raíz de la enfermedad de que aquellos son exclusivamente signo externo denunciador.

Una de las pruebas de semejante miopía intelectual la tenemos en el hecho frecuentísimo de no percibir los defectos internos que la administración de justicia española tiene, y echar la culpa de todos los desaciertos que la misma comete y de los vicios de su funcionamiento á una cosa que es acaso la que menos influjo tiene en ello, y hasta quizás pudiera decirse que lo tiene nulo, ó casi nulo. Me refiero á la organización de los Tribunales. En alterar esta organización parece que es en lo que ponemos todas nuestras esperanzas, como medio de regenerar la justicia española. Por eso, las gentes, en general, no saben proponer otro recurso que éste, ni los Ministros utilizar tampoco ninguno más que él, para mejorar el presente estado de cosas. Cambios de organización judicial es lo único que se aconseja; ya la propuesta por el Sr. Montero Ríos, ya cualquiera otra; pues hay en abundancia proyectos y planes.

Ahora, uno de los organismos judiciales en que puede decirse que hay más unanimidad, tocante á la urgencia de modificarlo, es el del Jurado. Tirios y troyanos, blancos y negros, liberales y conservadores, todos concuerdan en la necesidad de la reorganización; en cambio, cuanto al quid en que ella debe consistir, ya se ofrece una enorme multitud de soluciones. El actual Gobierno parece tener también la suya, que por lo visto se propone implantar; al menos, así lo viene prometiendo desde que subió al Poder, y aun desde antes. Precisamente por eso quiero yo decir sobre el asunto dos palabras, aunque no es de esperar que hagan mucho caso de ellas los autores de la futura ley.

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El reparo que principalmente suele hacerse á la llamada justicia popular por medio del Jurado, consiste en decir que éste abuse en muchos casos en los cuales debiera condenar, y condena, por el contrario, en algunos otros en que debiera absolver.

Mas debemos advertir una cosa, y es la siguiente: que quienes hacen tal observación son los llamados «hombres de ley», y que, por consecuencia, lo que quieren decir es que el Jurado absuelve ó condena cuando, con arreglo á las disposiciones legales, debiera, por el contrario, condenar ó absolver. Con lo cual la cuestión cambia, viéndose á ponerse de esta otra manera: lo que los legalistas censuran, lo aplauden las gentes que no entienden de leyes, ó que, aun cuando entiendan, hacen como si no entendieran; y lo que los legalistas hacen y aplauden, lo encuentran mal hechos los ignorantes de las leyes.

Significa esto un verdadero divorcio entre los custodios, que se dicen, de la vida legal y los simples mortales; entre la manera como entienden la justicia los defensores del criterio legal y el modo como la conciben los meros ciudadanos que ven las cosas á simple vista, con sus ojos al desnudo, y no las miran á través de la lente legal. Porque no podrá negarse que cuando los jurados dan esos veredictos que la «gente de toga» califica de notoriamente injustos (y que mejor sería calificar, á lo sumo, de ilegales), no los dan á conciencia de que cometen un atropello contra la justicia y con decidida voluntad de cometerlo, sino convencidos de que realizan un acto justo.

¿Qué pensar, por tanto, del asunto, sino que hay como dos formas de la vida social, á las que corresponden sendas maneras distintas de entender y administrar la justicia: una vida legal, artificiosa, exterior, mero epifenómeno, que es la que quieren mantener á toda costa los leguleyos y legistas, y otra vida sustancial, de fondo, á la que se apegan las gentes sencillas que desconocen los enredos y formalismos legales; la vida de aparato y exterioridad, representada por la verdad legal, y la vida de cosas, que persigue la verdad real; la cáscara de un lado y la nuez de otro; el traje compuesto y bien ajustado, cubriendo un cuerpo entecó y roído por la miseria, y el cuerpo sano y lleno de vigor, pero con vestido poco cuidado?

¿Cuál de las dos cosas debe ser preferida? Si no hubiera más remedio que optar por una u otra, yo me decidiría por la segunda, sin vacilar. Entre el Jurado que condena á Vázquez Varela, por considerarlo hombre peligroso, pájaro de cuenta, y el Tribunal togado que lo hubiera absuelto, por no encontrar suficientemente probado el hecho que se le atribuía, me quedo con el Jurado. Lo propio digo del caso de Villuendes. Y lo propio de otros mil y mil que están ocurriendo á diario.

Los magistrados no ven más que con los ojos del Código penal y se conducen como funcionarios, es decir, como máquinas sin alma; los jurados, en cambio, ven con los ojos de la cara y se conducen como hombres. Para estos últimos, las argucias curialescas no tienen valor alguno; las consideran como distingos escolásticos, como fórmulas sin contenido, á que no dan apenas importancia. De poco sirve decirles que deben prescindir de tomar en cuenta la pena que habrá de ser aplicada al procesado, porque eso es cosa de los jueces de la toga, y que ellos han de limitarse á decir si éste ha ejecutado ó no el hecho que se le imputa, y si lo ha ejecutado en tal forma ó en tal otra; pues lo primero que el Jurado trata de averiguar son las consecuencias penales que su veredicto ha de traer para el reo. Esta es precisamente la causa de algunas contestaciones «estupendas» que el Jurado da, verdaderos exabruptos, pero muy humanos. Tal acontece cuando absuelve á ciertos procesados, que sabe muy bien han cometido el delito que se les atribuye, pero á los cuales quiere liberar de la pena que se les impone, de declararles culpables, y que á los jurados les parece excesiva: es el caso de Villuendas, v. gr., á quien no consideraban los jurados—y con razón—como un homicida cualquiera. Tal acontece también cuando, por el contrario, los mismos jurados, convencidos de los peligrosos que son algunos reos y de los malos hábitos que tienen, los condenan solamente por esto, aun cuando no resulte probado que fueron autores del hecho que hicé nese se les imputa: es lo que ocurrió, v. gr., á Vázquez Varela, condenado como homicida de su amante Antonio López Piñeiro, hace algunos años, no obstante no haber quedado probada en el acto del juicio la participación que en el hecho de autos se le atribuía.

Que el Jurado suele proceder de esta manera al dar sus veredictos, lo sabe todo el que conozca algo de cómo en España funciona la administración de la justicia penal, y aun todo el que se haya fijado alguna vez en lo que á diario está aconteciendo donde quiera con la institución de que se trata. Lo reconoce y confiesa también el actual Fiscal del Tribunal Supremo, Sr. Viada, en la Memoria elevada al Gobierno con motivo de la apertura última de los Tribunales, en Septiembre de 1899.

Conviendría, por tanto, fijarse en lo que se acaba de decir cuando vaya á realizarse efectivamente la amenazada reforma legislativa respecto del Jurado. Por consideraciones que no es posible exponer en un artículo como el presente, me parece á mí que la modificación que se anuncia ha de producir escasísimos beneficios, cuando no nulos. El mal, repito, es algo más que de mera organización externa, de simples cambios de postura. Quien tenga confianza en que vamos á ganar gran cosa con que los Jurados funcionen, v. gr., en las cabezas de partido y acompañados de un solo Magistrado que los presida, en vez de funcionar únicamente en las capitales donde tenga su sede la Audiencia de lo criminal, y presididos por una Sala compuesta de tres togados, se llevará gran chasco, probablemente. Después de la modificación, seguiremos de