Revista política y parlamentaria (1900-05-15 00:00:00), página 6

sometido al puro arbitrio de los gobernantes; en un Estado, todos cuyos poderes y autoridades tengan perfectamente deslindada en la ley la esfera de sus atribuciones. Desde 1789 acá se ha querido regular el ejercicio de todas las actividades públicas de tal suerte, que á los encargados de ejercerlas no les quede—por temor á sus posibles abusos—la menor libertad de movimientos. Con ello se ha buscado poner á cubierto al ciudadano de to la acometida injusta que pudiesen, de otra manera, dirigir contra él los órganos del poder público. Maniatando á éstos, se les impedia dar golpes. Y la abundancia de Constituciones, de Leyes, Códigos, Reglamentos, etc., que en la centuria última han sido publicados, no ha tenido más finalidad casi que maniatarles.

Todo inútil, sin embargo. Los Gobiernos, cuando bien les viene, rompen sus ligaduras, saltan por encima de las leyes, ó se desentienden de éstas y recaban las atribuciones discrecionales que son inherentes á todo el que dispone de la fuerza y se puede aplicar el quia nominor leo. Por algo Tolstoi—y con él los principales representantes de la tendencia libertaria—considera al Gobierno como una institución fundada en la violencia, y afirma que su fin consiste sencillamente en conservarse en su posición de prepotencia y predominio sobre los subordinados.

Advierto que yo no censuro ni aplaudo lo que sucede; no hago más que sentar el hecho. El cual me parece que no podrá ser negado por nadie. Recuérdese si no lo que acontece siempre que los Gobiernos, los mismos Gobiernos constitucionales, consideran en peligro su existencia: suspenden las garantías consignadas en la Constitución y declaran el estado de guerra en el territorio (que es lo mismo que colocarlo ex lege, en una situación en que no rige más ley que la brutalidad y el antijo del más fuerte); atropellan sin consideración alguna á quien bien les place, sabiendo que nadie ha de pedirles responsabilidad; prescinden de la legalidad vigente y se erigen ellos en legisladores; buscan interpretaciones forzadas de los preceptos legislativos para hacer decir á éstos, no lo que dicen, sino lo que á los gobernantes les conviene que digan, etcétera.

Digo todo esto al tanto de lo que está pasando ahora con eso de la resistencia al pago de las contribuciones. (Y nuevamente suplico que nadie juzgue que yo me haga solidario aquí de los que recomiendan tal resistencia; lo único que pretendo es explicar un fenómeno político que se ha puesto bien de relieve con este motivo.) El Gobierno, encontrándose con que esa resistencia no es delito, según las vigentes leyes, y necesitando, por otra parte, considerar como punible dicha acción, ha encargado á su fiscal, al fiscal del Gobierno, que es el fiscal del Tribunal Supremo (por eso este fiscal cambia conforme cambian los Ministros), que por su mandato convierta en delictuoso un acto que no es tal, conforme la legalidad que nos rige. Y el fiscal ha obedecido semejante encargo, dando, al efecto, su circular de 17 de Noviembre de 1899, y ahora especiales instrucciones—según se ha dicho—á los fiscales de las Audiencias, sus subordinados, para que persigan como delincuentes, no sólo á los que se resistan al pago de los tributos, sino también á los que aconsejen dicha resistencia y á los periódicos que publiquen noticias relacionadas con este asunto.

Pero vamos á cuentas: El precepto legislativo en que pretende el Gobierno que se halla incluido como delito la resistencia al pago de los tributos, es el artículo 243, caso 6º, del Código penal. Mas aquí no se habla clara y expresamente de tal cosa. Habrá de tratarse, por lo tanto, de una inclusión virtual, tácita. La cual no deja de ofrecer duda, como lo demuestra el hecho de que quienes se ocuparon del asunto en su día, dentro del Parlamento, dieron al mismo solución diferente. Y ahora, digamos entre paréntesis que, según los principios que de largo tiempo vienen dominando en materias penales, en ellas no se permite jamás la interpretación extensiva ni la analógica, mucho menos, cuando las mismas hubieren de dar lugar á la creación de un delito nuevo, no contenido taxativamente y paladinamente en la legislación. En lo penal sólo los favores sunt ampliandi.

Pero, en fin, salvemos este escollo, que no es insignificante, y demos por supuesto que por interpretación autorizada del referido art. 243 del Código penal pudiera considerarse incluido en él como hecho punible la resistencia al pago de las contribuciones. Ahora, ¿qué quíen compete hacer tal interpretación? Para que la misma sea válida, esto es, obligatoria, se necesita que sea interpretación auténtica, ó lo que es igual, interpretación hecha por el mismo legislador, por el mismo que ha dado la ley oscura, pues sólo él es quien de un modo indudable puede decirnos qué alcance y sentido se propuso dar al precepto en cuestión. Únicamente en este caso es cuando se desvanece toda duda. Lo que vale tanto como decir que el problema sólo es posible resolverlo por medio de una verdadera ley.

Y que nosotros sepamos, en el organismo constitucional español, el fiscal del Tribunal Supremo no tiene facultades legislativas... Si la citada circular de 17 de Noviembre de 1899, ahora resucitada por ser análoga la situación á la que provocara la publicación de la misma; si esa circular, digo, no tiene otras aspiraciones que las que naturalmente puede tener, ó sea comunicar el Sr. Vía- da á sus compañeros en el ejercicio de las funciones del ministerio público la opinión que él tiene sobre el sentido y extensión que en la práctica merece que se dé al art. 243 del Código penal, en tal caso, el valor de la misma es bien limitado; representa tan sólo el parecer de un legista, tan respetable como cualquiera otro, pero sin autoridad alguna, más que la que cada uno quiera darle (como puede dársela á la del abogado A ó á la del juez B), sin fuerza obligatoria para nadie, ni siquiera para los fiscales, sus subordinados. Pues bueno es advertir que en España (como argumentan en otros países), en el orden penal, ni siquiera las sentencias del Tribunal Supremo tienen eficacia obligatoria, y por consiguiente, este Tribunal no tiene poder ninguno, oficialmente, para imponer á los demás Tribunales inferiores á él la obligación de dar por buena y admitir la interpretación que él haya dado á las leyes (precisamente por eso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo no tiene en materias penales fuerza legal, como la tiene en las civiles, razón por la que no se admite en lo penal, y sí se admite en lo civil, el recurso de casación por infracción de doctrina legal); y si esto sucede con las sentencias solenes del Tribunal Supremo, ¿cómo está que con muchísimo mayor motivo ha de suceder con las circulares del fiscal.

Tengo por indiscutible lo dicho. Por eso no me explico cómo el Gobierno quiere parapetarse ahora, para procesar á los que se resisten al pago de las contribuciones y aconsejan tal resistencia, tras el documento fiscal mencionado. El Gobierno debe saber que ese documento tiene el mismo valor legal, para el fin que se busca, que tiene este artículo mío, y debe, por lo tanto, saber que lo que viene haciendo, y pretende hacer no es legal. Es gubernamental, si se quiere; pero legal, no.

P. DORADO,
Profesor de la Universidad de Salamanca.

MOVIMIENTO SOCIAL

El despertar de la clase obrera.

Puede cada cual, desde su punto de vista, estimar ventajoso ó perjudicial para los supremos intereses sociales, el vigoroso movimiento obrero que en España se advierte; pero así como no basta para negar el sol cerrar los ojos á la luz, ni es suficiente para privar de existencia á una cosa no darse por entendido de ella, no puede desconocerse la importancia de esa fuerza social, cuya acción, apenas iniciada en nuestro país, ha tomado un desarrollo que asombra verdaderamente, como lo ha demostrado bien en la famosa Fiesta del Trabajo recientemente celebrada.

En ella pudo apreciar todo el mundo cómo en los centros industriales y en las poblaciones principales, los obreros, con perfecta unanimidad, celebraban el único día solemne de su calendario, haciendo un alto en las tareas á que ordinariamente se dedican; cómo sin excepciones casi acudieron á las reuniones en que se rendía culto, ante todo y sobre todo, al espíritu de clase que de momento á momento se acuña entre los artesanos, y que se determina principalmente en la tendencia á agruparse en apretado haz para defender sus intereses; cómo las manifestaciones de júbilo á que se entrega la masa obrera el día 1.º de Mayo, trascienden y se comunican por conducto de la prensa de gran circulación, que no puede ser tildada de simpatizadora con el movimiento, hasta á los que, contrarios ó indiferentes, se apartan de ella; cómo, en fin, la opinión, el Gobierno, los elementos directores de la sociedad, mutuárnse impresionados ante la magnitud de aquél, la cantidad de sus adeptos, la unanimidad de las aspiraciones, la importancia de los problemas que plantean por lo presente y de las soluciones que reclaman para un porvenir no lejano.

Poco ó nada significaría esta explosión de entusiasmo á fecha fija, si se pareciera á esos aniversarios que á menudo se celebran