Revista política y parlamentaria (1901-01-15 00:00:00), página 7

particular en las cancillerías extranjeras, los diplomáticos del Reino Unido la representarán en ellas, a título de asociada, con comunidad de intereses políticos con la Gran Bretaña y como dependencia colonial. Por último, y salvo la obligación de respetar los tratados políticos concluidos por la Reina de Inglaterra, como soberana de su imperio, la República australiana tendrá perfecta libertad para formular convenciones particulares para la adquisición de la nacionalidad; para las cuestiones de extradición; para las relaciones postales; para los tratados de comercio, etc., etc., y de votar, sobre estas materias, leyes especiales para su territorio.

Bajo el punto de vista nacional, hay que distinguir, en la nueva Constitución, tres órdenes de ideas: las relaciones de la República con Inglaterra; la organización de los poderes constitucionales de la Confederación y las relaciones del Gobierno Federal con los miembros de la Unión. Los lazos jurídicos que unirán la República á Inglaterra, son la presencia de un gobernador general, la prerrogativa del Soberano de Inglaterra y la competencia de apelación suprema del Consejo privado, que reside en Londres.

El gobernador general es el más alto funcionario de la Federación, pero es nombrado directamente por la Reina; es decir, por un ministro de las Colonias, responsable de este nombramiento ante el Parlamento inglés. La asignación ó sueldo anual de diez mil libras esterlinas, le será abonado al gobernador general por la República. Representante de la Reina, ejercerá asimismo la mayor parte de los poderes soberanos; mandará el ejército y la armada; administrará la hacienda; nombrará los funcionarios, ajustándose en ello á ciertas restricciones constitucionales, y en fin, concederá el asentimiento real á los proyectos de la legislatura federal, salvo aquellos casos, muy raros, en que podrá reservar dichos proyectos para someterlos á la aprobación de Londres.

El gobernador general será siempre responsable para con la corona de Inglaterra, pero no así ante el Parlamento australiano, desempeñando en Australia el papel de un Soberano constitucional, gobernando mediante sus ministros, pero disfrutará de un derecho que, de hecho, no poseen los soberanos de los Estados verdaderamente parlamentarios, cual es el de rehusar la sanción real á los proyectos votados por el Parlamento. Es verdad que no podrá hacer prevalecer este derecho más que en el improbable caso que el Parlamento vote leyes que entrañen conflictos con las obligaciones internacionales de Inglaterra, ó acarrearen perjuicios á otros derechos de su Majestad Británica.

El derecho de asociación
Y LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS

Aunque algunos pensadores españoles opinan que la cuestión religiosa no es un problema europeo, y sólo preocupa á la opinión pública en España, es lo cierto que, no ya en Italia, donde existe latente la protesta airada del Vaticano contra el actual régimen de cosas, ni en Inglaterra, donde cada vez toman mayor preponderancia las órdenes y el clero católico, sino en la misma democrática y liberalísima Francia, el continuo crecimiento de ciertas ideas y la invasión continua de ciertos elementos tiene alarmado el espíritu de los que consideran la libertad intelectual, moral y económica como la más preciada conquista de los tiempos modernos.

Para calmar esta alarma el Gobierno francés, más atento que los de otros países á los latidos y las aspiraciones de la opinión pública, ha presentado á las Cámaras un proyecto de ley de asociaciones, en el cual se acentúa aún más el criterio restrictivo de la legislación francesa, para el reconocimiento de la personalidad jurídica, á aquellas entidades colectivas que no son de carácter puramente mercantil.

Con tal motivo, publica estos días la prensa del país vecino multitud de trabajos relacionados con tan delicadísima materia, entre los cuales descuelga, por el concienzudo estudio que revela, el que, debido á la pluma de M. E. de Granges, acaba de dar á luz la Revue Politique et Parlementaire, de Paris.

Ya en Mayo del pasado año de 1900, esta misma Revista publicó otro artículo sobre igual materia de M. A. de Pretel, si bien el punto de vista era totalmente distinto del de M. Granges; mientras en aquél se pedía que las leyes que regulasen la fundación, crecimiento y desarrollo de las congregaciones religiosas se informasen en un principio de absoluta libertad, éste entiende que el Estado debe imponer ciertas restricciones á las mismas, haciéndolas siempre sentir el peso de su autoridad única y suprema.

De buena gana traduciremos todo el trabajo, pero su mucha extensión lo impide, y por este motivo nos limitaremos á dar una síntesis del mismo, reproduciendo sólo algunos de sus párrafos más salientes.

Comienza M. Granges entonando un himno al derecho de asociación, el cual ha permitido á la débil criatura humana vencer el espacio y la materia, cautivar el caudal de las fuerzas cósmicas, realizar prodigios económicos, hacer, en fin, verdaderos milagros, pero preguntándose á la vez, si la concesión de una libertad sin límites para ejercitar este derecho no degeneraría en licencia.

¡Sería bueno, sería justo—dice—derribar todas las barreras que hasta hoy han cerrado á ciertas colectividades el acceso á la escena jurídica! ¡El Estado puede, sin cometer una imprudencia, desistir de su supremacía en presencia de estas congregaciones, entregadas al ideal ascético, y desconocedoras, por tanto, de la esencia de la vida!

¡No abdicaría de su misión si concediese el mismo trato á sociedades que abren á nuestra actividad nuevas fuentes de riqueza y á esas comunidades improductivas, cuya creciente sombra se proyecta en todas las direcciones de la actividad humana, sobre todos los dominios del pensamiento y de los intereses materiales!

Hace luego una síntesis de la legislación francesa en este punto, y reconoce que,afortunadamente, ofrece garantías que impiden, ó por lo menos dificultan, el crecimiento de estas asociaciones, pues en tanto que las de fin económico, por el mero hecho de su constitución, gozan de plena capacidad, la de aquéllas dependen de la concesión del Estado, que, además, interviene en la marcha de su funcionamiento.

¡Por qué esta desigualdad!—pregunta M. Granges.—¿Qué razón superior puede justificar la desconfianza de que nuestra legislación da testimonio contra las agrupaciones, fundadas por la caridad, para la cura de enfermedades, la vida contemplativa ó cualquier otro fin ideal ó filantropico? ¿Cómo admitir que la asociación libre, cuando trata de enriquecerse, de repartir dividendos, sea mirada con desconfianza, cuando se dedica á una obra de utilidad general, superior al interés individual?

La razón está en la necesidad de impedir que se infirjan las leyes económicas, paralizando ó deteniendo la circulación de los bienes en las manos muertas.

La tendencia inevitable de estas Asociaciones es la de adquirir siempre y no devolver jamás. Estas gentes tienen cien manos abiertas para recibir, y una sola encerrada para dar. Para los pueblos cuidadosos de su prosperidad económica y de su grandeza material, el temor á las manos muertas es el principio de la sabiduría.

Además, existe una razón fiscal que justifica esta prevención del Estado contra las manos muertas. Uno de sus más crecidos ingresos estriba en el impuesto sobre transmisiones de bienes, ya inter vivos, ya mortis causa, y claro está que como la persona colectiva no muere nunca, su patrimonio es en principio inalienable y se halla, por tanto, exento de los derechos ordinarios de transmisión.

Entre las Asociaciones que reclaman el derecho á la libre existencia—continúa M. Delande,—las hay que verdaderamente no tienen mucho empeño en adquirir títulos á la benevolencia y la generosidad del Estado. Nos referimos á las comunidades y congregaciones religiosas. Estas Corporaciones, que predicen el aniquilamiento del esfuerzo humano, el desprecio de este mundo, no sólo están en rebeldía contra las leyes de la vida, sino que se dedican, por una acción continua y silenciosa, á sustraer las riquezas de su destino natural, á absorber en su patrimonio, retirado para siempre de la circulación, una parte, cada vez mayor, de las fortunas privadas. El Estado cometería una falta irreparable si permitiese á estos ascetas, á quienes la visión de lo infinito aparta tan poco de la tierra, violar libremente leyes económicas intangibles, de las cuales los pueblos no podrán apartarse sin descomponerse y morir.

Si fuése lícito tratar ironíicamente tan grave materia, diríamos que el legislador, concediendo á las comunidades religiosas la libertad de asociación, les haría un presente inútil.