Revista política y parlamentaria (1900-02-15 00:00:00), página 2

SOBRE LA FACULTAD DE INDULTAR LOS DELITOS CONCEDIDA Á LOS TRIBUNALES

En la Gaceta del 10 de Enero último se ha publicado, con la fecha del 8 del mismo mes y bajo la firma del señor Ministro de Gracia y Justicia, un Real decreto autorizando á éste para presentar á las Cortes un proyecto de ley por el cual se faculta á los Tribunales para disponer, en ciertos casos, que se dé en suspensión la ejecución de las sentencias penales que los mismos hayan pronunciado.

El hecho puede tener no poca trascendencia social más pronto ó más tarde, y merece, por lo mismo, que fijemos en él la atención. Los periódicos, sin embargo, guías y órganos de la opinión pública, según ellos se llaman, no le han prestado casi ninguna, al menos los que yo he leído. ¡Yaya usted á saber por qué!

No se trata de ninguna novedad, de ninguna novedad en el mundo, entiéndase bien, aunque sí en España; como que cuando aquí llegan las aires de modernismo ya están hartos de respirarlos en otras partes; nosotros hacemos el mismo papel que las capitales de tercer ó cuarto orden con relación á las modas.

Dijonos La Correspondencia (11 de Enero) que el Ministro de Gracia y Justicia no ha inventado la reforma. ¡Claro! ¿Cómo habrá de inventarla él, si la institución de que se trata está practicándose en algunas partes hace nada menos que treinta años (en América), y desde que fué introducida en Europa han pasado ya tres, y son ya muchos los países donde se halla establecida?

Pues el señor Ministro podrá haber tomado su proyecto de la ley francesa (como el mismo citado periódico asegura), y efectivamente parece que de ella lo ha tomado; pero hay mucho más mundo que Francia, mundo que nosotros deberíamos conocer tanto como este último país, porque con todo el orbe hemos de vivir en relación. Desde largo tiempo—más de un siglo,—cuando en España se intenta legislar sobre algo, Francia es el único país donde sabemos volver nuestros ojos para tomarlo como modelo. No es que me parezca mal que imitemos á Francia cuando haya razón fundada para ello; lo que digo es que el globo es más grande que Francia, y que muchas veces, cuando creemos que nos está alumbrando el sol, lo que nos da su luz, luz prestada, es la luna, que la recibe de otro sitio, donde está el verdadero foco luminoso.

Esto es precisamente lo que ahora sucede. Sin duda que el señor Ministro, á donde únicamente habrá pedido luces, habrá sido á la ley francesa, sobre atenuación y agravación de las penas, llamada ley Bérenger; mas Bérenger no ha sido el autor de la condena condicional, sino que él la tomó á su vez de otros sitios (inmediatamente, de Bélgica, aun cuando desde 1884 había presentado ya él un proyecto en Francia), y por lo mismo, La Correspondencia, ya que quiso justificar, en cierto modo, el atrevimiento del señor Conde de Torreznáez, invocando antecedentes y el ejemplo de otros países, en lugar de limitarse á recordar la citada ley francesa, pudo perfectísimamente aducir otras varias leyes, y escotlar, con buena guardia civil, que le protegiese las espaldas, el mencionado proyecto.

Véase si no los Estados que, solamente en Europa (y sin contar América, país de origen de la institución, ni Australia, ni otros lugares de Oceanía), tienen establecida la condena condicional—con ésta ó con otra denominación,—advertirlo que quizá se me escape alguno: Inglaterra, primera nación europea, donde la condena condicional fue trasplantada de Norte América (por the probation of first offenders act de 8 Agosto de 1857); Bélgica, primera nación del continente, donde se introdujo la institución de referencia (por la ley de 31 Mayo 1888); Francia (ley Bérenger de 26 Marzo de 1991); cantón de Neuchâtel (art. 339, Código penal de 29 Mayo de 1891); duodécimo de Luxemburgo (ley de 23 Mayo 1892); cantón de Ginebra (ley de 29 Octubre 1892); Portugal (ley de 6 Julio 1893); Noruega (ley de 2 Mayo 1894); Sajonia (orden del Ministerio de Justicia del reino de Sajonia de 25 Marzo 1895); Prusia (Real orden del Rey de Prusia de 23 Octubre 1895); Wurtemberg (rescripto de 24 Febrero 1896); Baviera (orden ministerial de 24 Marzo de 1896); Hamburgo (resolución del Senado de 30 de Abril 1896); cantón de Vaud (ley de 13 Mayo 1897). Además, hay proyectos de leyes especiales sobre el particular en otros sitios (como en Italia y en el cantón del Tesino); los proyectos de Código penal más recientes, como el francés, el federal suizo, el austriaco, el húngaro, etc., admiten la condena condicional; en Alemania y en otros lugares se han hecho tentativas para introducirla, habiéndose llegado á discutirla ya en el Reichstag sobre el asunto, del propio modo que también en las dietas territoriales; las sociedades sabias hace ya mucho que vienen discutiendo largamente sobre la institución referida, siendo de notar, al efecto, las ponencias y sesiones relativas al asunto de los Congresos penitenciarios internacionales de San Petersburgo y París de 1890 y 1895 respectivamente; las de la reunión celebrada en 1889 por la Unión internacional de derecho penal en Bruselas, las del Congreso 21.a de los juristas alemanes, celebrado en Colonia en 1891; las del Congreso jurídico húngaro celebrado en Budapest en 1896, y otras más. Por su parte, los penalistas y jurisconsultos en general han escrito muchísimo en los últimos años en torno á la condena condicional, hasta el punto de que la literatura científica relativa á esta institución se compone ya, á estas horas, de varios centenares de trabajos, entre libros, folletos, artículos de revista y de periódicos, ponencias de Congresos, actas de Corporaciones sabias, etc., etc. No hay, pues, motivo para tomar la cosa como innovación ni como sorpresa de nuestro Ministro de Gracia y Justicia; lo es solamente en España que, como puede verse por el anterior recordatorio, constituye hoy casi una excepción única entre los llamados pueblos civilizados en lo que al particular se refiere: ¿como en lo que se refiere á tantos otros particulares!

Alguna novedad entrañará, sin embargo, el proyecto que nos ocupa, cuando el señor Ministro se ha creído obligado á aconsejar á nuestros Tribunales que usen «con parsimonia» de la autorización que se les entregue.

Hay, sí, novedad, y no pequeña; una novedad que, como decía al principio de este artículo, puede tener—desde luego ó en lo futuro—una gran trascendencia. Porque la institución de la condena condicional (cuya apreciación crítica no me propongo hacer ahora), es una de las varias instituciones que andan ya por el mundo constituyendo la levadura transformadora del actual organismo de la justicia penal; levadura de tal fuerza, que si llega á penetrar en toda la masa, la modificará radicalmente. La condena condicional no se armoniza con las ideas capitales que informan y sostienen el derecho penal corriente, que es derecho penal del pasado, brutal, vengativo, represivo, retributivo; no se armoniza sino con un derecho penal nuevo, utilitario, de prevención y prevención social, de higiene social, de policía preventiva.

Veamos si no. Desde el momento en que llegue á ser ley el proyecto presentado á las Cortes—si llega á serlo,—los Tribunales españoles de la jurisdicción penal ordinaria podrán disponer en sus sentencias que las penas de arresto mayor, presidio y prisión correccional decretadas en aquéllas queden en suspensión. Si los reos de que se trate no vuelven á cometer delito en un periodo de diez años, al cabo de ellos quedan enteramente libres y en la misma situación que si nunca hubieran delinquido.

¿No es verdad que de esta manera, al propio tiempo que se otorga á los juzgadores una cierta facultad de conceder indultos, se da un golpe de muerte al sistema penal, en medio del que nos hemos amamantado, al sistema penal retributivo, al fundado, según suele decir sus defensores, en la justicia, nada menos que en la justicia absoluta? ¿No es cierto que se falta á las exigencias de ésta, que se ofende nuestro sentido estético-moral (que pide la simetría) cuando algún delito queda impune, cuando al que hace mal no se le retribuye con su correspondiente cantidad de mal; ó lo que es lo mismo: cuando el deudor (reus) no satisface su deuda, cuando el obligado no cumple su obligación? ¿Y no sucede justamente esto con la llamada condena condicional ó suspensión de la pena? Los entendidos en el asunto saben bien que ésta es acaso la objeción más fuerte que en contra de la institución de referencia hacen sus adversarios.

Mas como en tantas otras ocasiones, frente á las reclamaciones de la justicia y de la lógica abstractas, se hallan las imposiciones de la realidad, ó lo que es lo mismo, la verdad real, la justicia utilitaria. Todo el mundo—áun los que menos hayan pensado en el problema—está hoy persuadido de que muchasísimas veces se adecúa más (se hace, por lo tanto, obra más útil, más humana, más justa, socialmente hablando, y aun cuando se aparte uno de los cánones de la llamada justicia absoluta) dejando sin pena á los delincuentes que imponiéndosela, hasta el punto de que, frecuentemente, penar á determinados individuos declarados reos de algún delito significa tanto como convertirlos, con toda seguridad, de buenos en malos. Sucede así sobre todo con aquellos delincuentes que algunos denominan «interesantes», tales como los que por vez primera cometen un delito de poca gravedad, los que delinquen por móviles no deshonrosos (amor, defensa del honor, celos,