Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1886-01-01 00:00:00), página 56

la suspension del derecho diferencial de bandera, y el art. 2.º estipula por parte de los Estados Unidos la suspension del derecho adicional del 10 por 100 ad valorem, único derecho diferencial impuesto por los Estados Unidos. El uno era la compensacion del otro, y con arreglo á la ley á que antes nos referimos, la suspension del derecho adicional es condicion que obliga á la otra parte á la supresion de todo derecho diferencial sobre los productos, manufacturas ó mercancías, importados en buques de los Estados Unidos desde este país ó desde cualquier país extranjero.

Permitaseme manifestar que el restablecimiento de los derechos diferenciales verificados por el Presidente Cleveland no era «radical,» y no debía haber sido inesperado si se hubiera acudido á los registros del Ministerio de Estado. En Agosto de 1884 manifestó Mr. Foster que si se iba á mantener la interpretacion que se daba en Cuba al art. 1.º, sería deber del Presidente anular el Convenio. En mi Nota de 4 de Octubre decía que la actitud de España restablecería el status que existía antes del Convenio. Teniendo presente la historia completa de la Real orden de 22 de Junio, la demora del Presidente puede obedecer tan sólo á su repugnancia á tomar ninguna medida que indicara ni remotamente la desconfianza de que España cumpliera lealmente lo estipulado.

Existe aparentemente una equivocación respecto á las funciones, y una idea equivocada respecto á los poderes del Presidente.

Hay ó parece haber una vaga indicacion de que el Presidente Cleveland, al suspender la Proclama de Arthur, obró de una manera arbitraria. Como expresado queda toda la autoridad y poder del Presidente de la República emana de lo que la ley prescribe. En el caso objeto de nuestra consideracion, no tenía mas alternativa que cumplir lo que la ley marca. Por virtud de su elevada posicion, el Presidente no tiene más derecho que el último ciudadano de la República para anular, modificar ó violar una ley. Ila lex scripta est es concluyente. El Presidente aunque es Comandante en Jefe del Ejército y de la Marina, es ante la ley como cualquiera otro de los 60 millones de hombres libres. Las instituciones de los Estados Unidos deben su existencia y bondad á la supremacía de la ley y á la completa obediencia que se dá á sus sanciones. Cuando una ley indica que se suspendan las diferencias que pesan sobre otras Naciones, en tanto que estos paises garanticen reciprocas exenciones, y no por más tiempo, adquiere un carácter imperativo, y en un pais donde el Gobierno es considerado, no como un adversario, sino como un amigo de la libertad, demanda la ejecucion de esta ley ó de cualquier otro el honrado y universal sentimiento público.

V. E. toma la continuacion de la suspension del impuesto por dos años y medio como conformidad con la interpretacion española y como incompatible con la Proclama de 13 del corriente. Ruego á V. E. recuerde los hechos aducidos como una palpable demostracion de que los Estados Unidos jamás han asentido á una interpretacion que aplicaba la cuarta columna á los géneros extranjeros embarcados bajo la bandera americana desde los puertos americanos á las islas de Cuba y Puerto-Rico. La negativa de España á igualar las banderas de los dos paises, ha sido rechazada con todas las formas diplomaticas permitidas entre Naciones amigas y la Proclama de 13 del corriente fué el último recurso que quedaba en las manos del Presidente.

El Gobierno español había interpretado el Convenio de 13 de Febrero de 1884 contrariamente á las reclamaciones conocidas y enérgicamente expuestas de los Estados Unidos. En lo concerniente á este acuerdo, la puerta de las negociaciones estaba cerrada por la singular interpretacion de una Real orden que declara que España adhiere sin variacion á la politica que ha seguido desde que se firmó dicho Convenio. El restablecimiento del impuesto diferencial fué la consecuencia inevitable de las diversas protestas de los Estados Unidos, y si alguien tiene la culpa de esto, no es ciertamente mi Gobierno ni ninguno de sus Representantes en esta honorable corte. No parece del todo justo ni lógico que la paciencia de los Estados Unidos y su deseo de expresar su grande y habitual respeto hacia España, se alegue ahora en su perjuicio, y se estime como la aprobacion de lo que fué siempre objeto de su constante oposicion.

En cuanto á lo manifestado por V. E. de que la Proclama de 13 del corriente fué una «presion» para colocar á España en situacion desventajosa en cualquier nueva negociacion, me limitare á una respetuosa, pero positiva negacion.

La conducta del Presidente, como tuve ocasión de afirmar en Nota anterior, no estaba inspirada en sentido irrespetuoso ni ofensivo hacia España. Un procedimiento sencillo, prescrito y conocido, no puede estimarse como una presion, produciendo desigualdad de situacion. Los Estados Unidos declinaron simplemente seguir por más tiempo formando parte de un Convenio que destruía la convenida mutualidad,