Revista política y parlamentaria (1900-09-15 00:00:00), página 22

El periódico y la legislación española

Hija sin duda de los distintos y contradictorios principios en que se ha informado nuestra vida política, la legislación de imprenta en nuestro país constituye un inmenso conjunto de disposiciones á cual más diversas. Desde aquellas primeras en que se impone la pena de muerte al que comete el atroz delito de introducir en España un libro extranjero, hasta el año 68 en que se dicta ilimitada libertad, el periódico español bien puede decirse que ha estado sometido á todos los sistemas y procedimientos legales de la imprenta.

Una de las primeras disposiciones que relacionadas con este asunto hallamos, es la que se contiene en la Ley quinta de la Novísima Recopilación—1791,—y en la que se prohíben todos los periódicos, excepción hecha del Diario de Madrid (1).

En los Títulos XVI á XVIII del Libro VIII del mismo código, se habla de la licencia, la censura, la tasa y el privilegio de papeles impresos, y no encontramos ninguna otra disposición importante sobre la materia, hasta que reunidas las Cortes en 1810 é inspiradas en un amplio y democrático criterio proclaman para la prensa la libertad política, si bien exigiendo garantías para hacer efectivas subsiguientes extralimitaciones (2).

Pero poco había de durar este estado de Derecho, y aquel D. Fernando que debía el trono á los constitucionales, en su manifiesto de Valencia se apresura en 4 de Mayo de 1814 á suprimir aquellas libertades.

Las Cortes del 20 crean en Octubre los Tribunales de imprenta, primeros que aparecen en España, con jueces de hecho; divide los delitos por medio de la imprenta en tres clases: sediciosos, obscenos y libelos difamatorios, y les asigna las respectivas penas.

Más tarde, el año 22, á la lista de aquellos delitos, se agregan los que son contra el Rey y se previene que el periodista ó el responsable cumpla su condena de prisión «en un castillo inmediato» á donde se publicó el escrito penado.

Venida luego la reacción del año 23, impuesta por los cien mil hijos de San Luis, pronto se accentúan las restricciones hasta el punto de que se llega otra vez á la prohibición de introducir libros extranjeros.

En Abril y Octubre del año 24, se dictan un Real decreto y una Real orden acerca de la recogida de los impresos.

Muerto D. Fernando, abolida la ley Sálica, venida Isabel al trono y erigida en reina gobernadora doña María Cristina, el carácter despótico de aquellos gobiernos manifestase desde luego con el Reglamento para la censura de los periódicos, que es un Real decreto de primero de Junio de 1834. A los periódicos políticos les exige licencia y fianza para su publicación (20.000 reales en Madrid), y les prohíbe severamente que indiquen con «puntos, blancos ó signos», los parrafos ó trozos de texto que haya suprimido la censura.

Surgida la sublevación de los sargentos en La Granja y en vigor la Constitución del 12, se vuelve á las libertades anteriores, que duran bien poco; al año siguiente—1837— aunque la nueva Constitución declara en su artículo segundo la libertad de imprenta, en varias otras disposiciones se exigen fianzas y se agravan las responsabilidades del editor.

También se crea un jurado de 72 personas, de las que pudiendo recurrirse 30 de ellas por cada parte, quedan 12 encargadas de juzgar. Al ofendido se le concede en el periódico, para que pueda sincerarse, doble espacio del que ocupará el escrito ofensivo, y se declara imposibilitados para recibir empleos y honores á los autores de delitos subversivos por medio del periódico.

Con la Constitución de 1845 (en vigor hasta el 68, si se exceptúan dos años), parecen acentuarse las restricciones á la imprenta. En efecto, por Real decreto suprime Narváez el mismo 45 el Jurado, y forma un tribunal especial presidido por un magistrado y compuesto de cinco jueces.

Ya otra vez en esta pendiente, el 52, Bravo Murillo dispone que el Gobierno puede suspender un periódico á las tres sentencias que sobre él hayan recaído, y que puede «de tener sin denunciar». ¡Absurdo enorme que constituye una terrible herejía jurídica!

Respecto á los extractos de las sesiones de Cortes que los periódicos publicaban, en 19 de Febrero de 1853 se les prohíbe hacerlo, á no ser que se limiten á copiar el extracto que en las Cortes se les facilitara gratis (1).

Ríos Rosas restablece en parte lo prevenido por Narváez; restablécese luego la ley del 37, deslindándose los delitos en que han de entender el Jurado de imprenta ó los tribunales ordinarios y se llega al año 57, en que siendo Ministro de la Gobernación D. Cándido Nocedal, se dicta la disposición más dura y vejatoria que contra la prensa política se ha dictado en España, pues si bien legalmente desaparece la prisión como pena á estos delitos, la clasificación de los mismos en 23 clases, el depósito de 300 mil reales necesario para publicar un periódico político, la lista de redactores y sus variaciones al día, las firmas del autor, editor, director, etc.; el conceder al ofendido un espacio eudruple al que ocupó el suelo ofensivo y otros muchos detalles, como el no poder publicar reseña de las vistas en causa por delitos de imprenta, que es bien significativo, prueban la inquina que contra la prensa se tenía.

Cánovas del Castillo, refrendando la Ley de 29 de Julio de 1864, muestra beneplácito y justo con la prensa y legisla que, para que se dicte sentencia por el Jurado de imprenta, será necesaria la mayoría absoluta de aquél. También somete á la jurisdicción militar á los militares que escriben para el público, precepto que se anula el 65.

González Bravo presenta el 67 un proyecto de Ley de Imprenta al que da el valor de una de éstas, y en tal estado nos sorprende la revolución del 68, en la que triunfantes los liberales, el Sr. Sagasta da á la prensa ilimitada libertad que dura hasta Septiembre de 1873 en que la guerra carlista hace que se dicten varias restricciones, determinándose el 74 que La Gaceta sea el único periódico que inserte noticias de los carlistas.

En 18 de Mayo del 75, se autoriza á la prensa «para que pueda plantear y discutir las cuestiones constitucionales».

Encargado del poder el Sr. Sagasta el año 81, deseoso de satisfacer los anhelos de la opinión y de la prensa, logró que fuera Ley con fecha 26 de Julio de 1883 la de imprenta que hoy rige, habiéndose después publicado varias circulares que la amplían é interpretan.

Letras á la vista

D. Nicolás María Rivero, el insigne periodista que nació en Sevilla en 1814 y falleció el 78, habiendo llegado también á ocupar puestos muy elevados en la política, sabido es que era hombre valeroso y energético, de los que están dotados de una grande acometividad y rarísimas veces suelen volverse atrás de su palabra.

En muchos momentos de su vida se patentizó éste su carácter, lo mismo durante su gobierno en Málaga, Sevilla y Madrid que á su paso por Gobernación; pero especialmente durante su vida activa de periodista político, fué cuando mayores muestras dió de su entérgica firmeza y de su valor personal.

En uno de los múltiples incidentes que durante su permanencia en la redacción de El Combate le ocurrieron, motivados por lo violento de sus campañas, un amigo de los que ocupaban el poder, creyóse ofendido y envió á Rivero sus padrinos para pedirle explicaciones y exigir una reparación completa en el periódico, y en otro caso en el terreno del honor.

Estaba el gran periodista muy acostumbrado á estos lances, y era además muy buen tirador de armas, para que le causara gran impresión la visita de aquellos dos señores; así es que los recibió con su habitual serenidad.

—El único medio de arreglo—decían los padrinos—es que usted publique en el periódico una rectificación.

Rivero, puesto en pie y dando por terminada la entrevista, contestó:

—Entre rectificación y ratificación sólo hay un cambio de dos letras: las de la primera, las giré por todo su valor y á la vista. Mañana veremos si son corrientes.

(1) Colección Legislativa, tomo 58, página 192.