Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1886-01-01 00:00:00), página 44

formulado en los términos en que hoy aparecen ante el Gobierno español, ni un sólo día se hubiera sostenido la desigualdad que V. E. denuncia y nunca se habría llegado á la crítica situacion que atraviesamos; pero V. E. hará al Gobierno español la justicia de reconocer que no se le ha presentado la cuestion en los términos en que la estoy examinando. Resulta de los datos que tengo á la vista y en especial de las quejas que los armadores americanos han formulado ante el Sr. Presidente Cleveland y el Sr. Secretario de Estado Bayard, quejas que los periódicos han reproducido y comentado, que en el tráfico entre los Estados Unidos y las Antillas españolas, hay una clase de productos á los cuales se aplica diferente partida del Arancel según vengan en bandera americana ó en bandera española. Son estos productos los que denominamos extranjeros, esto es, no producidos en los dos países aun cuando de él procedan y la queja consiste en el supuesto de que cuando esos productos se embarcan en los puertos de los Estados Unidos, se les hace adeudar en los de Cuba y Puerto Rico por la cuarta columna del Arancel si vienen en bandera americana, y sólo por la tercera columna, si llegan bajo bandera española. Tal es el hecho concreto y único alegado para denunciar la existencia de derechos diferenciales entre las dos banderas y para fundar la resolución tomada por el Sr. Presidente Cleveland, restableciendo el derecho diferencial de 10 por 100 sobre las mercancías de las Antillas españolas. Siendo este el hecho, no vacilo por mi parte en afirmar que sería fundada la queja, y que si de tal suerte se aplicara el Arancel, y si en las aduanas de Cuba y Puerto Rico se concediese á los productos extranjeros á los Estados Unidos que van en bandera española un trato diverso del que se concede á iguales productos cuando van bajo la bandera americana, habría habido una falsa interpretación de los artículos 1.º y 2.º del Convenio de 1884. Y dicho esto, no necesito añadir, que el Gobierno español está y ha estado siempre dispuesto á corregir inmediatamente esta desigualdad y á modificar un estado de cosas que considera contrario á derecho. Pero cúmpleme también, después de expresarme con esta franqueza, poner en duda la exactitud legal de los hechos.

No está declarado en nuestra legislación y no consta en cuantos antecedentes tiene á la vista este Ministerio, disposición de ningún género que establezca aquella diferencia. Es posible que en algunas Aduanas de las Antillas y en algunos casos concretos, hayan recaído disposiciones aisladas y hayan podido algunas autoridades despachar cargamentos con tan diferente criterio pero el Gobierno no puede hacerse responsable de ello, y si se hubiera formulado la queja en términos precisos, la hubiera satisfecho en el acto. Séame pues permitido decir, que la discusión no ha versado sobre estos puntos ni se ha aclarado la verdadera aspiración de los Estados Unidos, hasta que V. E., con la gran claridad de lenguaje que caracteriza todos sus escritos, la ha expuesto en las notas á que contesto. Antes de recibirlas, el Ministro de Ultramar, con los datos que á la vista tenía, ha debido creer que no se trataba de la cuestion indicada, sino que más bien entendían los comerciantes y navieros americanos que todas las mercancías, por el mero hecho de haber sido embarcadas en puertos americanos y de ser llevadas á los de Cuba y Puerto Rico bajo la bandera americana, tenían derecho al trato de la tercera columna, lo cual no era ya cuestión de igualación de banderas, sino de interpretación del Convenio de 1884 en punto importantisimo, y acerca del cual, el Departamento de Ultramar ha tenido siempre un criterio uniforme y fijo. Y esta ha sido, en mi sentir, la causa de la mala inteligencia que ha sobrevenido y que me complazco en esperar desaparecerá después de las explicaciones que tengo el honor de someter á V. E. Porque desde el momento en que he leído las Notas y las he examinado en unión de mi digno colega el Ministro de Ultramar, ambos hemos visto que V. E., trasladaba las cuestiones del terreno estrecho de las decisiones de las Aduanas, al más sólido y seguro de los principios que informaron el Convenio de 1884, y con esto los términos de la cuestion, se han restablecido, y la resolución, no puede ser dudosa porque nunca lo es la aplicación de principios, mutuamente aceptados.

Inútil es, Sr. Ministro, que después de estas consideraciones entre yo á discutir la Real orden de 22 de Junio, ni me entienda en ningún género de razonamientos respecto á las interpretaciones que esa disposición legal haya recibido por parte de las autoridades de Cuba y Puerto Rico. Esta cuestion, como V. E. afirma, es sólo incidental; por encima de ella y de todas las de igual índole, está el principio fundamental del convenio eloquentemente expuesto por V. E., y reconocido por mí desde el primer momento con la misma precisión con que lo reconozco hoy. Lo que verdaderamente importa á las dos naciones, y lo que V. E. desea, es que dicho principio tenga su plena é