Revista política y parlamentaria (1899-12-30 00:00:00), página 4

Causas que han producido la decadencia y desprestigio DEL RÉGIMEN PARLAMENTARIO

Para la generalidad, el sistema constitucional se realiza todo entero en el Parlamento, entendiéndose por Parlamento las Cámaras deliberantes y la Corona, como medios de preparar las leyes y dirigir el gobierno.

Para los que así piensan, es de interés vital examinar, ante todo, el organismo y funcionamiento interior de las Asambleas deliberantes y el procedimiento en virtud del cual elaboran las leyes y dirigen el poder ejecutivo. Y aun cuando la concepción sea equivocada por lo incompleta, interesa bastante á mi propósito ocuparme previamente de ese aspecto de la cuestión. Y al hacerlo, se ve inmediatamente que la base esencial de su organización, la que ante todo solicita nuestra atención, es su presidencia.

Vive todavía en España la costumbre de nombrar Presidente del Congreso á un hombre político identificado con la mayoría, lo cual imprime desde el primer momento á la más alta autoridad de la Cámara popular carácter de parcialidad y de exclusivismo. Caracterizóse la presidencia de nuestro Congreso, durante los primeros años del régimen, por estas dos cualidades, y era cuestión de las más empeñadas votar, cuando el número lo permitía, las oposiciones en contra y los ministeriales en pro del candidato oficial, haciendo así el elegido instrumento obligado de las mayorías, y enemigo por sistema de las minorías (1).

Las mudanzas que los tiempos han traído á la manera de ser de nuestra política, han hecho que aquellas características se vayan esfumando y que los Presidentes de ambas Cámaras ejerzan sus funciones más atentos á ganarse la voluntad de las minorías, que á servir los impulsos de las mayorías, hasta el punto de ser con aquéllas más tolerantes que con los mismos ministeriales, habiéndose registrado casos en que un Presidente, nombrado por una mayoría, ha hecho causa común con las oposiciones, ó alardeado de mostrar desvios á los mismos Ministros.

En cuanto á la presidencia del Senado, reservada á la elección del Gobierno, superfluo es decir que nunca se hace atendiendo á la capacidad del individuo para dirigir esta Cámara, sino á su posición entre los políticos.

El sistema, pues, es vicioso desde su origen. Porque el Presidente del Congreso, por razón de su cargo, es no sólo el director de los debates, única misión que al parecer se le atribuye en España, sino también el guardador del reglamento, el depositario de las tradiciones y del espíritu de la Cámara, y, sobre todo, el responsable ante el país del prestigio y de la pureza del régimen y de la dignidad del Congreso, misiones ambas perfectamente incompatibles con el origen parcial y, por tanto interesado, de su nombramiento. Por eso las corrupciones introducidas poco á poco en la discusión, ya por el Gobierno, ya por las oposiciones, ya sostenidas por las mayorías; el olvido del reglamento, y, como consecuencia, la postergación de los intereses públicos á las conveniencias políticas, no han encontrado nunca en los Presidentes aquel valladar y aquella resistencia que las hubiera impedido entronizarse en la vida parlamentaria, ó extirpado si porcasaco estaban ya arraigadas.

De aquí la ingénita debilidad de una autoridad sin raíces y sin atmósfera, y de aquí también, en la sucesión de los tiempos, la impotencia de los Presidentes del Congreso, á pesar de la gran autoridad personal de algunos de ellas, para dirigir su vida, para imprimirle carácter, para sacarle del creciente desprestigio á que le va arrastrando la separación harto visible entre el País y sus representantes, impotencia que un distinguido parlamentario traducía hace muy poco tiempo, diciendo que la Mesa del Congreso vive de la tolerancia, que á veces pudiera llamarse limosa, de los diferentes grupos de la Cámara.

En estas condiciones, el Presidente no tiene otra autoridad que la personal para hacer cumplir el reglamento é imponerse, lo mismo á la mayoría que á las minorías; su fuerza nace de la primera, y á ella tiene que procurar servir, por cuya razón las minorías han de mirar todo esfuerzo que en lo más mínimo coarte su libertad ó su licencia parlamentaria, como tiránico y dictatorial. Sólo una autoridad, engendrada en la totalidad del Parlamento, creada para su mayor prestigio, alejada de todo interés de partido, é inspirada en consideraciones puramente nacionales, puede desempeñar esta misión.

Lo contrario sucede en Inglaterra, donde el Speaker de la Cámara de los Comunes ha llegado á ser una verdadera institución de importancia universalmente reconocida, y cuya autoridad no tiene límite, según espiritualmente lo definió uno de los Speakers cuando, retado por un miembro de la Cámara para saber lo que haría si se negaba á obedecerle, contestó lacónicamente: «¡Dios lo sabe!».

La razón de esta gran autoridad nace y se origina de la manera cómo se le nombra, y del carácter que se le reconoce, porque la elección no se hace allí por voluntad de la mayoría, sino por la Cámara entera, á propuesta de los jefes de los dos partidos gobernantes, solemnemente formulada en sesión pública. Con esto ya se dicen las cualidades extraordinarias que han de adornar á quien tan honor merece; pero téguese, además, en cuenta que el Speaker queda nombrado para varios años, y que su designación recibe después la sanción del país, que se honra reeligiéndole en elecciones sucesivas; que el cargo está retribuido con 150.000 pesetas (6.000 libras esterlinas); que tiene además el usufructo de un magnífico palacio en el sumptuoso edificio de Westminster, y que le está asegurada una pensión de 50.000 pesetas (2.000 libras esterlinas) para el día de su retiro.

A su vez, la sanción es proporcionada á los honores del cargo, pues dado el gran sentido moral de la vida pública en Inglaterra, si el Speaker no respondiera á la confianza puesta en él, ó no mostrase en el desempeño de su cargo las cualidades que se le suponían, se vería precisado á abandonarle ante la censura de la Cámara, sancionada probablemente por la negativa de los electores á confiarle de nuevo su mandato.

En cuanto á la presidencia de la Cámara de los Lores, sabido es que de derecho corresponde al lord Canciller, y que si bien éste, á título de miembro del Gabinete, es de elección del primer Ministro, esta elección ha de recaer en un jurísculto consultado, toda vez que ha de ser al mismo tiempo Presidente de los Tribunales del Reino Unido.

Reférese el segundo punto á la organización interior, ó á la Secretaría de la Cámara, en lo cual es modelo la francesa, donde la importancia que se da á la palabra escrita exige una cooperación constante e inteligente de los funcionarios de aquella oficina. Con citar solamente el dictamen de Mr. Burdeau sobre la prórroga del privilegio del Banco de Francia, y el de Mr. Camille Sée sobre la educación de las mujeres jóvenes, hay lo bastante para acreditar el aserto.

Verdad es que el trabajo de las Comisiones parlamentarias es muy distinto del que hacen en España, donde las Secciones se reúnen por fórmula y nombran de cualquiera manera los individuos que han de componerlas, sin que lo ocurrido en ellas suele tenerse en cuenta para la discusión ulterior de las leyes. De bien distinta manera proceden Francia y Bélgica, donde á la redacción de todo dictamen de alguna importancia precede una discusión detenida en cada una de las Secciones, con ocasión del nombramiento del individuo de la Comisión, con lo cual el éxito de los proyectos de ley sale prejuzgado de aquellos organismos interiores de la Cámara. Por eso todas las Comisiones nombran un ponente, rapporteur, que es el encargado de mantener la discusión del dictamen, y que, con el Presidente, constituyen de hecho la Comisión.

No es necesario encarecer las grandes ventajas que para el esclarecimiento de las cuestiones y la educación del País tiene ese sistema, que descansa sobre el estudio concienzudo y la ilustración completa de la cuestión por los encargados de sostener el dictamen en el Parlamento. Pero si conviene hacer notar que entre la palabra escrita y la palabra hablada hay una diferencia mayor de la que á primera vista parece. Se habla de cualquier manera, se pronuncia un discurso por cumplir un compromiso ó llenar un hueco, y así, entre la vulgaridad de lo hablado y la indiferencia del auditorio, la eloquencia parlamentaria ha caído en completo descrédito. La palabra escrita exige, por el contrario, meditación, estudio, reflexión; los antecedentes acumulados ilustran la resolución y justifican el cambio que se propone; la atención del lector, no estando solicitada por los accidentes de la palabra, se fija en el fondo del asunto y avalora los razonamientos, sin pagarle de las formas externas, por cuya doble combinación, el que escribe pensando en quién ha de leerle, el que le empapándose de lo que para él se escribe, preparan debates útiles y educadores, y sobre todo, engendran resoluciones dignas de figurar en los índices le-