Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1886-01-01 00:00:00), página 55

que el Gobierno de los Estados Unidos ha dejado de cumplir en toda su extensión sus compromisos. Poco después de espirar el tiempo marcado para poner el Convenio en vigor, vino á conocimiento del Gobierno de los Estados Unidos que el español no lo ejecutaba como había sido entendido e interpretado por los Estados Unidos. Al instante se puso el hecho en conocimiento del Gobierno de Madrid y esta Legación, obedeciendo á instrucciones positivas y enérgicas recibidas de Washington, reclamó continuamente y con persistencia una interpretación diferente del tratado.

El derecho diferencial impuesto sobre productos de los Estados Unidos, llevados en buques americanos, desde los puertos de aquel país á los de Cuba y Puerto Rico, se levantó por España y en lo relativo á ese comercio, el Gobierno de los Estados Unidos no formuló queja alguna.

Los géneros extranjeros embarcados en puertos americanos, y conducidos desde puertos americanos á los de Cuba y Puerto Rico han sido sometidos al derecho diferencial y obligados á pagar con arreglo á la cuarta columna, al paso que la misma clase de géneros embarcados en buques españoles, pagan el menor derecho correspondiente á la tercera columna. Esto, según V. E. concede ahora francamente, es una manifiesta diferencia contra la bandera americana, es la imposición de un derecho diferencial, y por consecuencia una palpable violación del art. 1.º del Convenio.

Esta fase de la cuestión se puso claramente en conocimiento del Gobierno de S. M. en Agosto de 1884, haciéndose al propio tiempo la declaración de que si los Estados Unidos hubieran entendido que España iba á interpretar y á observar el Convenio de esa manera, nunca hubiera sido firmado ni puesto en vigor. Parece que el Ministro de Estado reconoció lo justo y razonable de la queja de los Estados Unidos, encaminada á establecer la igualación de banderas. V. E. puede dar testimonio de que en mis frecuentes comunicaciones escritas y en mis todavía más frecuentes entrevistas personales exprese la queja de los Estados Unidos en un lenguaje que V. E. en una de sus notas me ha dispensado el honor de decir era inequívocamente claro. Una Real orden que apareció en Junio último manifestaba, que los Estados Unidos se habían quejado respecto á la manera como se interpretaba el Convenio en Cuba, alegando que el art. 1.º daba á la bandera Norte-americana el derecho de ser igualada á la española y que se mantenía un derecho diferencial sobre los productos extranjeros trasbordados en los puertos americanos, y que en vista de sus argumentos y de otros antecedentes, y con el deseo al propio tiempo de manifestar las buenas intenciones de España hacia los Estados Unidos, y en su deseo de cumplir los tratados se había decretado que la bandera americana fuese igualada á la española en el comercio directo con las Islas de Cuba y Puerto Rico, en lo que se refiere al trasporte de productos procedentes de los Estados Unidos.

Esta tan esperada decisión, que producía con particularidad las quejas del Ministro americano, se recibió con satisfacción como un tardío, pero justo reconocimiento de la razón de nuestras reclamaciones.

El Gobierno y los ciudadanos de los Estados Unidos recibieron esta expresión de benevolencia, que significaba la igualación de banderas, como una importante y completa prueba de concordia y amistad. Súbitamente, y con una sorpresa y asombro de que no hemos salido todavía, fué interrumpido nuestro agradable sueño por la revocación de la Real orden ó por una interpretación tal de ella, que venía á hacerla ineficaz, como el remedio de las quejas que la habían motivado, destruyendo la igualación de banderas que se proponía llevar á cabo.

Cuando el Gobierno de los Estados Unidos fué informado completa, definitiva y autorizadamente de que los derechos diferenciales de bandera no se suspendían, según disponía el Convenio, sino que antes al contrario, esta diferencia, por cuya abolición se había dado compensación amplia, sería mantenida por el Gobierno español, el Presidente se vió obligado por la Ley, á la cual debe obediencia, á restablecer el impuesto del 10 por 100. Esta orden de suspension, con arreglo á la cual obró el Presidente Arthur confiando en la buena fé de España, se derivaba de la Sección 4.228 de los Estatutos Revisados. Por esta ley, el Presidente fué autorizado para suspender los derechos diferenciales del 10 por 100, que pesaban sobre los productos y barcos de las Antillas, bajo la condición expresa de que se diera una prueba concluyente de que no se impondrian tampoco derechos diferenciales á los buques de los Estados Unidos y sus cargamentos. La suspension es legal y permitida mientras dure la reciproca exención de los buques de los Estados Unidos y sus cargamentos, pero no por espacio de más tiempo. Era la intención de los negociadores que el Convenio concluyera con todas aquellas diferencias que afectaran al comercio entre los Estados Unidos y las Antillas españolas. El art. 1.º declara terminantemente que el Convenio implica por parte de España