Revista política y parlamentaria (1900-01-15 00:00:00), página 4

droit, en la citada Revue Internationale de Sociologie, año II, 1894, páginas 211-273 y 351-370). Otros pensadores (Carnevale, por ejemplo, en su Crítica penale) han manifestado opiniones análogas a las de los que quedan citados.

Tal vez sería mi parecer que nos obliga a venir á la conclusión siguiente: El modo como se forman las leyes en la actualidad es sumamente defectuoso, y por lo mismo, se experimenta en todas partes la necesidad de modificarlo, mejorándolo. ¿La idea de perfeccionar el aparato legislativo—dijéramos con Tarbouriech—flota en el ambiente?

Ahora bien: ¿cómo lograr este perfeccionamiento? ¿De qué me- dios o métodos hay que hacer que el contenido de las leyes esté formado por las enseñanzas doctrinales técnicas, que han de responder, mejor que el obrar caprichoso y á ciegas á las exigencias reales, que es tanto como decir á las exigencias de la razón y de la justicia, al bien común?

Tampoco aquí faltan sugerencias y propuestas, algunas de las cuales voy á indicar brevemente. El ya citado Tarbouriech propone que se emprenda á ese efecto encomendada al Consejo de Estado el cual se constituirá en «organo legislativo», introduciendo en su organización, tal como ya existe en distintos países, algunas modificaciones, v. gr., la de que la sección legislativa de dicho Cuerpo comprendiera, además de un elemento político (Senadores, Diputados y Ministros) y del servicio ordinario del Consejo de Estado (Presidente y Consejeros del mismo), un servicio extraordinario, constituido por personas que representaran la intervención del elemento doctrinal y técnico. Magistrados del Tribunal de Cuentas, de las Audiencias, Profesores de Derecho, Académicos y Altos funcionarios de los Ministerios. Así organizado el Consejo de Estado, tendría por misión preparar las leyes ordinarias y dar desarrollo á las leyes y Códigos de mayor extensión, con arreglo á las bases y líneas generales que le dieran las Cámaras.—En el Senado Italiano presentó no hace muchos años (en 1891) el Senador Sr. Pierantonii una proposición, pidiendo que se creara un Consejo Superior de Legislación, encargado—igual que el Consejo de Estado de Francia—de revisar las leyes y de pronunciarse sobre las deudas de las interpretaciones auténticas, y compuesto de Magistrados de los más ilustres, de Abogados elegidos por los Colegios respectivos de entre los que actúasen en los Tribunales de Casación, de Profesores de Derecho, elegidos por las correspondientes Facultades, y de funcionarios administrativos portátiles en la materia sobre que se hubiera de legislar, y que variarían según lo exigiese la diversidad de la materia objeto de la ley. Toda la época anterior (entre 1893 y 1896) el Senador Sr. Canepari propuso el mismo proyecto italiano que se instituyera una Comisión permanente de Legislación con un doble oficio: en primer lugar, para hacer que en las leyes que hubieran de presentarse al Parlamento se empleara un lenguaje exactamente jurídico, y que las mismas no estuvieran en contradicción con otras leyes ya existentes; en segundo lugar, para velar por el cumplimiento de las leyes, y haber sido sancionadas, y tomar las medidas que debieran tomarse en los casos orgánicos; para examinar las dificultades que surgieran al aplicar las leyes, los inconvenientes á que esta aplicación diese lugar y las lagunas que se advirtieran, y como consecuencia de este estudio, presentar anualmente, ó al menos cada dos años, un informe en el que se proponieran las modificaciones que habían de introducirse y los remedios de que deberían echarse mano para evitar las insuficiencias que se hubieran señalado. Esta Comisión, respecto de observancia y sentido de la legislatura permanente, había de comprenderse de escaso número de miembros, magistrados y juristas todos ellos. Al Ministro de Gracia y Justicia le pareció muy aceptable la proposición del Sr. Canepari, y prometió traducirla en realidad práctica de permanecer cierto tiempo en el Ministerio, cosa que no llegó á acontecer.—C. Castori, también citado ya anteriormente, prefería la fundación de un Instituto de reformas legislativas, no oficial como los otros centros de estudio que se han mencionado, pero formado por estudiantes de las diferentes ramas del derecho, fuese cual fuere la escuela á que pertenecieran, y cuya misión sería (con la organización y en la forma que el autor indica) «estudiar cuáles sean las reformas legislativas que preferentemente se imponen y cuál el camino que debe seguirse para que mejor respondan á las exigencias que las inspiran». De las dos secciones en que habría de dividirse, correspondería á la primera la promoción de nuevas leyes y á la segunda, la revisión de las existentes. La sistematización del material, tan necesaria, especialmente en ciertos órdenes, y á la segunda, indagar cuáles sean los proyectos y proposiciones de ley presentados á las Cámaras legislativas, someterlos á diligente estudio, indicar sus principales defectos y señalar las oportunas enmiendas.

Todas estas proposiciones son aceptables, aunque me parecen insuficientes y de no fácil realización. Cuanto á los centros oficiales (Consejo de Estado, órgano legislativo; proposición Tarbouriech; Consejo superior de Legislación; proposición Pierantonii; Comisión permanente de Legislación; proposición Canepari), aun que ofrecieran alguna ventaja sobre el actual sistema, vendrían, muy luego de creados, á convertirse en una rueda más de la máquina oficial, rueda que no tardaría en oxidarse como todas las de este mecanismo, y á perder los privilegios y los llamados «prestigios» que á ello lo fuere siempre á propósito de autoridad, cosa juzgada, resorte de caballeros, verdad obvia, etc. (v. gr.).

—Para ocupar los puestos de consejero, se intrigaría, como se intriga ahora para conquistar otros análogos, mucho más siendo retribuidos; se convertirían en puestos de favor para pagar servicios políticos y electorales, y los que los llenaran no habrían de valer mucho más que las nulidades que por lo general mangonean en todas las juntas, oficinas y organismos del Estado oficial.

Un Centro oficial, cual lo propone Castori sin serlo oficial, sin que sus miembros tuvieran otro valor que el de un intelecto, el que les sirva de un recurso, en una utilidad para el fin perseguido con ellos, ya sería otra cosa. Pero, ¿por qué hacerlo sólo de profesionistas, de técnicos con diploma, por decirlo así? ¿Por qué no hacerlo flexible, tan flexible que cupiera en él todo el mundo, todo el que pudiera contribuir de algún modo á ilustrar á los legisladores, todo el que (aun cuando fuese sólo una vez en su vida y sólo en una determinada materia) pudiese informar y sacar de la ignorancia á los legisladores, á la gente, á la nación?

Yo creo que en este caso, como en muchos otros, ha de preferirse á los circulos cerrados, á los organismos hechos y, por lo mismo, endurecidos y á veces petrificados, con su reglamento, su Junta directiva, etc., círculos llenos de portillos en donde pueda entrar bien el aire de todas partes; círculos de esos que tienen su centro donde quiera y la circunferencia en ningún sitio; organismos tan indiferenciados, que apenas se dibujen en ellas las líneas de rudimentarias organización. Mi opinión es que tanto que ahora el que quiere conocer ciertas instituciones en las leyes, el espíritu realista, convertirlas en leyes hechas realmente por el pueblo y para el pueblo, no por un puñado de individuos que no se preocupan de estudiar las necesidades verdaderas de éste, sino que se imaginan tiene las á ellas les parece bien—lo más apropiado, hoy por hoy, es lo que en Francia han hecho MM. Fournier y Roussel, y aquél en España se intenta: el establecimiento de un Centro de Búsqueda que puedan rendir todos los datos de datos de información, y que, según de donde vinieren, de España ó del extranjero (legislación comparada, informes de extranjeros de competencia reconocida, libros extranjeros pertinentes á tal ó cual asunto, noticias sobre los acuerdos de tal Congreso científico, sobre los resultados de tal ley, que lleva tantos años de vigencia, ó sobre tal institución, que pretende implantarse aquí, etc., etc.), de sabio, adscrito al consejo, á título oficial ó de simples obreros manuales. Todos podemos ser miembros de esta asociación; todos podemos aportar algún material para la obra común: unos, el consabido «grano de arena»; otros, un montón de ellos; todos, algo.

Lo que me parece, además, muy conforme con el concepto moderno (democrático diría, si no se diere á la palabra otro sentido que el suyo genérico) del legislador, pues el legislador de hoy puede decirse que es un ente impersonal (á los menos dentro de la propia cámara de la que no es una parte, sino más bien como casi siempre entre nosotros); hoy, legislador no es nadie y lo somos todos. Tengáse presente si no lo que significan el referéndum y la iniciativa popular que existen en algunos países y que se pretende extender á otros, y tóngase presente que esto y otra cosa representa el llamado gobierno de la opinión pública, de esa fuerza vaga, impersonal también, cuyos órganos propios no ha sabido decir todavía cómo cuadra (si lo quiere, porque órganos de la opinión pública son muchas) en el futuro. Y Zaitzoff, en el periódico, el getting; somos todos y en formas muy variadas.

Quedáme todavía por estudiar el segundo aspecto del problema de que vengo tratando, el aspecto nacional ó subjetivo, indicado, como recordará el lector, al principio de esta carta-artículo, después del aspecto objetivo ó internacional. Pero he de ser muy breve al hacerlo, tanto por no alargar más mi trabajo—¿qué ha resultado bastante más largo de lo que yo creía y me propusía en un principio?—cuanto porque lo poco que diga será suficiente para que el lector advine lo mucho, y nada bueno por cierto, que deja por decir.

No es un secreto para nadie el estado desdichadísimo en que se encuentra en España eso que se llama «la política». Aun cuando haya todavía muchos que no lo quieran confesar ad extra, y que aparentan escandalizarse cuando algún alma sincera «se desposa» de la política, lo cierto es que, en el fondo, la mayoría de los labios adentro piensa del mismo modo todo el mundo. Trátase aquí de una de las mil y mil cosas que se dicen las gentes al oído, y que luego muy pocos se atreven á sostener públicamente, á causa del imperio tan absoluto con que hoy nos esclavizaban las «conveniencias», ó, mejor dicho, el convencionalismo. Cierto, que la deplorable situación de la política entre nosotros no es inferior á la de tantas otras cosas, y á la de demás elementos constitutivos de la vida social española (enseñanza, administración en general, administración de justicia, policía, industria, comercio, etc.), aunque bien, puede considerarse como señal y síntoma, aun cuando como consecuencia también, de la podredumbre general que nos tiene á punto de dar al traste con nuestra existencia como organismo nacional independiente. Pero por el pronto no nos interesa directamente hablar sino de ella; ya le llegará á lo demás su turno.

Ahora por grande que sea la inmoralidad de los políticos españoles (y los hechos lo demuestran diariamente que es así, y eso que la gradínica mayoría de los trampaños (que vienen á reclutar), no es menor su ignorancia. Excepciones hay, yo lo creo, como en todas las cosas; pero ¿cuántas? De los setecientos y pico representantes del país en el Parlamento, de los setecientos y pico legisladores, ¿cuántos serán capaces de decir, si se les pregunta de sopor- tón y sin darles tiempo á prepararse para el examen, qué es una ley, ni qué requisitos dicen los más autorizados tratadistas de filosofía jurídica que las leyes han de tener para ser tales? ¿Y las leyes y para qué sirven, por lo tanto, fuerza de obligar; ni cuáles otras condiciones necesitan cumplir para ser leyes completas en un régimen constitucional; ni hasta dónde llegan las facultades legislativas de los Parlamentos; ni cuántos sistemas se practican al objeto