Revista política y parlamentaria (1900-02-15 00:00:00), página 3

deseo de aliviar los sufrimientos del prójimo, acusación á funcionarios públicos con propósito de corregir sus abusos ó irregularidades, etc.), los delincuentes por pasión, y muy singularmente los niños y jóvenes.

La pena que por lo regular corresponde en los casos citados es la de cárcel, y la de cárcel de escasa duración, la cual, ordinariamente, pero, en primer término, con relación á los sujetos que acabamos de mencionar, daña más que aprovecha. Hacer entrar en la cárcel, por ejemplo, á un niño ó á un joven, es, en la gran mayoría de los casos, perderles para toda la vida. Por eso los penólogos y penitenciarios actuales están poco menos que unánimes en pedir—como lo hace la Howard Association, de Londres, y como se ha hecho en diferentes Congresos penitenciarios y de patronato—que á los menores no debe jamás reducirse en las cárceles. Lo propio se dice con respecto á todos los delincuentes «interesantes» condenados á penas cortas de prisión. Contra éstas hay, al presente, un poderosísimo movimiento de hostilidad. Y la condena condicional es precisamente uno de los medios que más favor gozan entre los ramos que se proponen para reemplazar á estas penas. Su nacimiento no ha obedecido á otra causa.

Ahora bien; el señor Conde de Torreáñez supongo yo que sabe bien todo esto, y que sabe, por consecuencia, á donde le lleva su proyecto de 8 de Enero último. Sabrá, pues, que de esta manera se aparta del sentido expiatorio, retributivo, reparador, represivo, en suma, de la función penal, y que se alista de hecho entre los promovedores y defensores del sistema penal utilitario y preventivo, del que toma como materia y criterio de punibilidad, no el delito realizado (para castigarlo en proporción á su gravedad, para hacerse expiar á su autor en proporción al merecimiento de éste), sino el grado de peligro que el delincuente ofrece (para procurar conjurarlo, si lo hay); del que pide que se aplique la pena, no cuando la justicia (abstracta) lo quiera, y en tanta cuantía como ella lo exige, sino solamente cuando y hasta donde lo reclame la necesidad social, la utilidad y la conveniencia social, y como medio de impedir la perpetuación de futuros delitos. Si tal es el estado de pensamiento del señor Ministro, y tal ha sido el motivo que le ha llevado á presentar su proyecto—y no, como se desprende de lo que ha dicho La Correspondencia en su citado número del 11 de Enero próximo pasado, el mero prurito de imitar á Francia—yo me felicito de ello, porque indica que tenemos un gobernante, cuando menos, que sabe lo que trae entre manos, vara avis en España.

Pero el gobernante debe ser consecuente, tanto á más que todo hombre. Y la consecuencia implica aquí, que el criterio dicho, que se estima aceptable, se lleve á todo el organismo de nuestro sistema penal, para que el mismo no sea incongruente y se compagno de partes desempeñantes y que ríen de verse juntas; pero implicaba, sobre todo, que el propio proyecto de que se trata fuese congruente consigo mismo, cosa fácilmente realizable desde el momento que su articulado es tan corto. ¿Por qué, siendo esto así, limita la facultad de los Tribunales, para conceder el beneficio de la condena condicional á tres solas penas (arresto mayor, presidio y prisión correctional) de las veintitantas que la escala general de ellas comprende (art. 26, Cód. pen.), y aun respecto de dos de ellas (las dos últimas), no la extiende á todos sus grados, sino tan sólo al mínimo? Yo no encuentro motivo alguno para la diferencia, como no sea el capricho; pues si el fundamento que el Ministro alega en el preámbulo de su proyecto, para justificar éste, es que «no se recomiendan nuestros establecimientos penitenciarios como escuelas de moralización y de virtudes» (1) supuesto que el que es reclinado en ellos por primera vez, difícilmente se sustraerá al contacto de perniciosos ejemplos y deja de aprender las malas artes del delincuente avezado; esto lo mismo podrá decirse del delincuente primario, á quien condenan á dos años de prisión correctional (grado mínimo), que al que condenan á dos años y cinco meses (grado medio), ó á cuatro años y tres meses (grado máximo).

Hasta sucederá muchas veces que el condenado al grado medio ó máximo, y aun á presidio ó prisión mayor sea más «interesante» y más mercedor de la suspensión de la condena que el condenado á arresto mayor. Hubiera sido más acertado dejar esto á la discreción de los Tribunales, tanto más cuanto que el orden de ideas á que la condena condicional responde y ya dejo apuntadas, sólo apuntadas, así lo exigía. El mencionado proyecto reconoce también ese arbitrio en algunos otros de sus extremos.

Otra pregunta: ¿por qué no se concede el beneficio dicho, á los que sean condenados por faltas á una pena de arresto menor? A los autores de delitos, sí; á los de faltas, no; no alcanzo por qué.

Por otra parte, ¿a qué obedece la excepción que en el proyecto se incluye en perjuicio de los autores primarios de ciertos delitos? (1) ¿Acaso para éstos no será perjudicial, como para los otros, su estancia en la cárcel?

Finalmente (porque no me propongo ahora hacer un estudio crítico del proyecto, cosa que sería muy larga, sino sólo presentarle alguna ligera observación), ¿por qué causa no se aplica el beneficio de la condena condicional á los jóvenes delincuentes siempre, cualquiera que sea el delito que hayan cometido y las circunstancias en que lo hayan cometido? El señor Conde de Torreáñez debe saber que cuando nació por vez primera (allá en Boston) la institución que él pretende introducir ahora en España, nació justamente para aplicarla á los delincuentes menores y en favor de los delincuentes menores, y que sólo más tarde se ha hecho extensiva á los adultos. La condena condicional, para quien más acomodada es, es para los menores, ó sea para aquellos delincuentes que, por ser más sensibles á los «perniciosos ejemplos» de la cárcel, no deben entrar jamás en ella; para aquellos á quienes hay que salvar impidiendo que aprendan, como aprenderán seguramente cuantos entren en la prisión «las malas artes del delincuente avezado». Tampoco me explico el silencio del proyecto sobre tal asunto.

PEDRO DORADO,
Profesor de la Universidad de Salamanca.

(1) ¿Qué se han de recomendar? Como que quien tiene motivos para saber lo que dicen estos materiales, el benemérito M. Alberich, publicó en la revista de la Sociedad Penitenciaria de Francia, en Paris, el día 15 de octubre de 1879, un artículo titulado: «Los establecimientos de penas españolas, de lo que se deduce que lo que se desea á mis excelentes amigos de allí, los Pirineos, es que la reforma penitenciaria española esté enteramente en sus comienzos». Y el mismo señor, al volver ahora de otra excursión penal y penitenciaria por los países de Oriente (Rumanía, Servia, Bulgaria, Turquía, Grecia, Sirias y Austria-Hungría), nos habla en el lugar que va á verse, en el número de la revista de noviembre de 1879, de la misma época—escribe en el número de Diciembre último de la referida Revue Penitenciare, página 123,—y consideramos la intensidad del progreso penitenciario, vemos que las razas balcánicas por el mar del Norte son las que tienen tintas más oscuras. El primer lugar lo ocupan los países escandinavos, Holanda y Bélgica; después vienen Inglaterra, Alemania y Francia; luego Suiza, Italia, Austria-Hungría y Rusia; por fin, Portugal, Rumanía, y los Estados formados al Sur del Danubio; de manera que, con proporciones, el progreso en este orden se va alejando á medida que nos alejamos del mar del Norte. Compre, señor Ministro, que el poder de que nuestros establecimientos penitenciarios son escuelas de moralización y virtudes