Revista política y parlamentaria (1900-11-30 00:00:00), página 7

miento de un cable directo entre la península y América. Para esta empresa se constituirá una Compañía con capitales exclusivamente ibero-americanos.

II. Propiedad literaria, artística e industrial, garantida por una ley común que proteja uniformemente los derechos de los autores e inventores en todos los Estados convividos; suprimiendo los derechos de aduanas y cualesquiera otras trabas puestas á la libre introducción en todos ellos de los libros escritos en sus lenguas respectivas.

Para el mejor éxito de esta unión, el Congreso cree necesario recomendar á los señores editores y libreros el estudio de los medios conducentes á la regulación de precios, para conseguir el mayor abaratamiento posible de las publicaciones que se venden en América.

III. Política aduanaera que tienda á disminuir gradualmente los derechos de importación de las mercancías procedentes de los países referidos, hasta lograr una positiva protección del comercio americano y español.

IV. Legislación obrera, unificándola sobre la base de la más proteccionista del operario y estableciendo una Oficina internacional ibero-americana del trabajo.

Quinta. Se reitera el voto del Congreso pedagógico-hispano-portugués-americano de 1892, sobre la fundación de un Instituto pedagógico en el cual se educuen maestros uniformemente preparados para la enseñanza de los españoles en ambos continentes.

Para evitar dilaciones posibles si la organización de este Instituto quedara confiada exclusivamente al elemento oficial, se constituirá desde luego una comisión compuesta por individuos de los diferentes órdenes de la enseñanza en España y América, á la cual se encargará la redacción de las bases oportunas, previa inteligencia especial con los centros docentes hispano-americanos que no puedan tener representación constante en la Comisión referida.

Sexta. Establecimiento de una enseñanza superior internacional ibero-americana, que permita la frecuente comunicación del personal docente de los países convividos, sin afectar á la organización de los respectivos establecimientos oficiales.

Para este efecto, pudiera servir de norma el Centro internacional de enseñanza de las ciencias sociales, recientemente proyectado en París, confándose el cumplimiento de este acurio á la iniciativa del mismo profesorado.

Séptima. Completa reciprocidad de títulos profesionales.

Octava. Establecimiento de lecciones y cátedras de Historia y Geografía de Portugal y de América en las escuelas primarias e Institutos de España, siguiendo el ejemplo dado por el Ministro de Instrucción pública al reorganizar el Doctorado de los estudios históricos: y adición, á las actuales materias de la Facultad de Derecho, de una asignatura referente á las instituciones jurídicas, principalmente políticas, de Portugal y América. Recíprocamente, creación en los diversos grados de la enseñanza pública portuguesa y americana, de estudios relativos á la Geografía, Historia e Instituciones actuales de España.

Novena. Organización del cambio permanente de publicaciones entre los centros docentes de las naciones congregadas, conforme lo ha solicitado de los de América la Universidad de Oviedo, en carta circular inserta en la Gaceta de 23 de Julio del año corriente.

Oviedo y Octubre de 1900.

Félix de Aramburu.—Fermín Canella.—Adolfo Buylla.—Leopoldo Alas.—Adolfo Posada.—Rogelio Jove.—Aniceto Sela.—Rafael Altamira.—Melquiades Álvarez.

LAS CARRETERAS PARLAMENTARIAS

(Conclusión.)

Otras leyes, al reseñar á grandes rasgos el trazado de las carreteras, fijan como punto obligado la finca de Don Fulano de Tal, con su nombre y apellido, y, por último, señalaron como caso raro el de una carretera cuyo trazado, estudiado por los ingenieros de cierta provincia, no pareció bien al cacique de la comarca porque perjudicaba considerablemente una finca suya, y por medio de otra ley hizo señalar nuevos puntos de paso, con los cuales el trazado habrá de separarse de la finca mencionada, mas en cambio tendrá que elevarse á mucha mayor altura y se alargarán varios kilómetros, con gravísimo daño de los pueblos que se trata de unir.

Con posterioridad á la publicación de nuestro primer artículo, hemos sabido de una carretera que arranca de una estación de ferrocarril y conduce hasta la entrada de una importante finca de un no menos importante Senador del reino, y de dos carreteras incluidas en el plan general, por sendas leyes, las cuales formaban ya parte de dicho plan por leyes anteriores. ¡El Rísum tenetatis!! Seguramente, sus iniciadores, al ver que las leyes primitivas, durante los años que llevaban de publicadas, no habían dado resultado alguno práctico, pensarían como aquel general que, al observarle que un cañonazo no alcanzaba donde hubiera deseado, ordenó que se disparase otro, á menos que no se propusiera tener dos carreteras contiguas ó paralelas una á otra, una para la ida y otra para la vuelta. Por último, debemos citar algunas carreteras cuyos extremos y puntos obligados no están formados por ciudades, villas ó pueblos, ni siquiera por simples y modestos caseríos, sino por mesones y tiendas de comestibles situados á la orilla de carreteras ó caminos vecinales y rurales preexistentes. Ya no falta más sino unir casa á casa, de dos en dos, todas las de una comarca, por medio de carreteras destinadas al uso exclusivo de una sola familia.

Y cuenta que todos, ó casi todos los casos especiales por lo absurdos, que hemos denunciado, se refieren á la única provincia que conocemos desde este punto de vista. Si fuese dable conocer los que habrá diseminados en las cuarenta y ocho provincias restantes, buenas cosas saldrían á relucir: ¿cuántos casos raros podrían señalarse! La lista sería seguramente interminable, y si fuese posible conocer el proceso de incubación de cada una de las leyes, entonces sí que sería de ver cómo se incluyen carreteras á cambio de actas, cómo se reclutan votos pagaderos en leyes y cómo contribuyen al que hemos llamado alto ejemplo de inmoralidad los más encapotados personajes, los que se consideran á sí mismos como personas formales, se tienen como guardadores celosos del bien público, pasan por Catones in corruptibles y predicen eloquentemente sobre moralidad pública y sobre la necesidad de regenerar la Administración como condición indispensable para regenerar el país. Y no se contentan estos señores con introducir de matute en el Plan general carreteras que no responden á ningún interés público, sino que con la vista fija en las próximas elecciones, se jactan públicamente de ello, alegándolo como un mérito para su reelección, como si fuera la cosa más laudable á que pueden dedicarse, y aun es fácil que más de dos lo crean.

IV

Pero veamos de tratar la cuestión desde otro punto de vista y procuremos dar á conocer la gravedad del mal, como medio de provocar su remedio. Supongamos que por medio de una de tantas leyes especiales se intenta y se consigue llevar á cabo una carretera entre los puntos A y B, cuya distancia es de 33 kilómetros; á razón de 30.000 pesetas el kilómetro, valdrá en cifras redondas y por término medio un millón de pesetas. Este capital, si en vez de petrificarle, digámoslo así, en las obras de una carretera, permaneciese en manos del Gobierno ó en manos de los contribuyentes, de los cuales procede, devengaría ó podría devengar un interés: fijándolo moderadamente en un 5 por 100 anual, importará 50.000 pesetas, que todos los años, á perpetuidad, perderá la nación por haber invertido el capital en la carretera de que se trata. A esto hay que agregar los gastos de conservación y reparación de toda especie. Según datos oficiales, los gastos de conservación ascenden, por término medio anual y en cifras redondas, á 500 pesetas el kilómetro, por manera que para conservar los 33 kilómetros que median de A á B hay que hacer un desembolso de 16.500 pesetas; pero como el firme de una carretera de mediano tránsito hay que reponerlo de tarde en tarde, algo hay que añadir á esta cifra. Suponiendo que esta reparación sólo haya que llevarla á cabo cada veinte años, y que sólo cuesta 5 pesetas por metro lineal (materiales y mano de obra de su empleo), habrá que agregar por este concepto 8.250 pesetas anuales. En definitiva, la carretera costará anualmente al Estado: