Revista política y parlamentaria (1900-05-30 00:00:00), página 6

ca—esperamos que no,—pero por de pronto ha tomado por el camino más corto y el único transitable: el de las reformas parciales, modestas y decretables, sin acudir al poder legislativo.

Podrá discutirse—en mi concepto mucho—si el Sr. García Alix ha sabido elegir bien los asuntos de sus reformas; podrá discutirse—basteante, creo yo—la fortuna con que ha formulado las soluciones en sus decretos; pero lo que no debe discutirse es que el Ministro ha acertado en lo del procedimiento.

Pero veamos cuáles son las reformas acometidas por el nuevo jefe de la enseñanza.

Reférese una á la regularización del pago de los haberes del magisterio primario; sin embargo, cuando escribo estas cuartillas aún no se ha publicado, que yo sepa, el oportuno decreto; otra reforma—de discutible valor legal—se refiere al Consejo de Instrucción pública, la traslación de matrículas es el objeto de la tercera, y la cuarta organiza, hasta cierto punto, la personalidad universitaria.

Ahora bien: ¿qué juicio merece la iniciativa del Ministro desde el punto de vista de los asuntos de sus reformas? Para contestar con todo rigor á esta pregunta, necesitaríamos ver el detalle del decreto sobre los haberes y sueldos de los maestros de escuela. Ni creo que haya nada más urgente que poner mano en este asunto; hay en él aspectos que implican una verdadera vergüenza nacional. Por lo que los periódicos adelantan, no parece que el señor García Alix se atreva con el problema, con aquella energía, y vigor que serían precisos. Será de aplaudir su decreto como tendencia, por el acierto en la elección de la materia; el pago regular de los sueldos á los maestros, encargándose de hacerlo el Estado; pero va á resultar el decreto una reforma á medias.

Me explicaré.

Es preciso, no hay que dudarlo, regularizar el pago de los sueldos de los maestros de escuela; pero ¿y la mala vida pasada? ¿Es que en España se paga todo, bien ó mal, cuanto el Estado debe, hasta la indemnización Mora, y no se hace nada por pagar lo que se debe al magisterio? En mi concepto, no podría un Ministro hacer nada tan simpático, ni tan justo, ni que tan bien pareciese, ni que nos europeizase, como diría el Sr. Costa, tanto como agregar desde luego con decisión y energía, de acuerdo con su colega el de Hacienda, la vergonzosa deuda del magisterio, que oscila siempre alrededor de los diez millones de pesetas.

Y no se diga que es una deuda municipal; la deuda de la enseñanza es una deuda de la sociedad española, del mismo modo que la función de la enseñanza no es una función municipal, sino social, que debe cumplir quien mejor sepa y pueda—el Municipio ó la nación, es decir, el Estado.—Hay deuda de los maestros, sencillamente, porque hay Municipios para los cuales el pago de una escuela ó dos es una carga insuperable. Las estadísticas, como el Ministro sabe de seguro, ponen esto tan en claro, que no puede discutirse su verdad. El Estado, pues, al querer resolver este problema del pago del magisterio, debiera empezar por reconocer y hacer efectivos los atrasos del mismo. Y si se quieren antecedentes legales, busquese, que los hay.

Por otra parte, ¿se limita el Sr. García Alix á regularizar el pago de los haberes actuales del magisterio? Suponemos que sí; otra cosa habría exigido la consignación de los créditos necesarios por las Cortes. De suerte que seguirán los sueldos inverosímiles como hasta aquí, y el maestro no dejará de ser lo que hasta ahora es: la personificación del hambre.

¿Cuándo dejaremos de andar por las ramas para ir al fondo de la cuestión, arrancando de cuajo la miseria de la enseñanza primaria? Un Ministro que quisiera realizar una obra sólida, que mereciese el aplauso de todo el mundo culto, le bastaría con eso; es decir, le bastaría con acometer decidido la tarea de pagar lo que se debe al magisterio y elevar el sueldo mínimo de los maestros á lo que gana un bracero, ó aunque fuera algo menos.

¿Quiere esto decir que no merezca ningún aplauso la iniciativa que se atribuye al Ministro de Instrucción pública? Ya he indicado que no; si con el decreto que se anuncia lográsemos que al fin todos los maestros de España cobrasen sus sueldos, por inverosímiles que sean, habríamos dado un buen paso.

Respecto de las otras tres reformas contenidas ya en decretos publicados, habría mucho que decir si dispusiéramos de todo el espacio suficiente. Prescindiendo del decreto sobre traslación de matrículas, porque estimo que contiene una medida circunstancial, de eficacia muy dudosa. Las otras dos tienen en mi concepto un valor distinto, lo mismo desde el punto de vista de la oportunidad y necesidad, que desde el del acierto en el desempeño y de la eficacia.

¿Corría mucha prisa reformar otra vez el Consejo de Instrucción pública? Me parece que no urgía la cosa demasiado; el Consejo que muere era tan regular ó mediano como el anterior, y probablemente no será mejor el futuro; si el Ministro lo suprimiese y organizase en cambio un personal facultativo pedagógico para ponerlo al frente de los distintos ramos de la enseñanza en el Ministerio, personal que podría formar el núcleo de un Consejo, quizá haría algo más eficaz y mejor que la reforma efectuada. Porque una de las cosas más necesitadas de reforma es esa, la del personal burocrático, que dirige los asuntos de la Universidad, de la enseñanza secundaria y de las escuelas.

Tiene, sin duda, más importancia—y es más oportuno—el decreto relativo á las Universidades. En efecto, ¿cómo no considerar oportuno acentuar la existencia de la personalidad universitaria? Por ahí pueden empezar á enterase las gentes de cómo la Universidad debe ser algo más que una oficina de despachar exámenes y grados, premios y títulos; claro es que no va á transformarse de repente la Universidad española con que el Gobierno le reconozca la suficiente personalidad para el cumplimiento de su misión docente y para contribuir á la elevación del nivel intelectual del país; porque eso de suficiente personalidad supone muchas cosas que no se tienen, porque el Gobierno así lo declara, empezando por los medios de carácter económico, que ese mismo Gobierno regatea de una manera verdaderamente desesperante (1), y acabando por otras condiciones de índole más delicada, y que por ser de las que no dependen del Ministro y sí del profesorado, no indica; pero, en fin, aunque vagamente, el artículo 1.º del decreto á que me refiero consagra un buen principio.

Y contiene el referido decreto otras disposiciones más ó menos plausibles: entraña, á mi ver, una tendencia cuanto el decreto dice respecto de la intervención del Rector, del Consejo Universitario y demás en la instrucción primaria; no creo igualmente aceptables todos los detalles, pero estoy una buena orientación: la que acuña el principio de solidaridad de la enseñanza nacional, y la posibilidad de provocar reciproca influencia entre los diferentes grados de la educación.

Peca, sin embargo, el decreto sobre Universidades, por defecto, y esto en varios sentidos.

En efecto, cuando se lee el artículo primero, parece como que el Ministro va á resolver de frente y con toda la amplitud que las leyes le permiten la cuestión de la autonomía universitaria, pero no es así; en rigor, lo que se hace es señalar las facultades de los Rectores, ¡lástima que el Ministro no se hubiera decidido á dar cierta autonomía á los claustros mismos! Es realmente contradictorio que se reconozca á los claustros hoy, verbi gratia, para proponer con propuesta unipersonal á ciertos funcionarios del orden burocrático, secretarios de Universidades, etc., y en cambio se la reduzca al poco airoso papel de formar una lista de aspirantes, cuando se trata del nombramiento de los Profesores auxiliares—personal docente,—dándose con lamentable frecuencia el caso de que el Ministro considere la propuesta del Claustro como un trámite que á nada le obliga, y designe al recomendado por la Facultad en quinto ó en último lugar, ó bien—la cosa ha pasado no hace mucho—á quien ni siquiera figura en la propuesta.

Por otra parte, al organizar bajo la dirección superior de los Rectores la inspección de la enseñanza, no se ha calculado bien quizá la trascendencia que puede implicar una limitación que al art. 6.º supone. De este artículo resultan inspectores natos los directores de los Institutos de segunda enseñanza: sin censurar por completo esto, pues puede haber casos en que el director de un Instituto sea el mejor de los inspectores, hubiera respondido mejor á la idea de establecer relaciones de influjo entre los distintos grados de la educación, dejar una prudente libertad al Rector para delegar sus facultades inspectoras en aquel maestro profesor de Instituto ó de Facultad que por su carácter, aptitud, aficiones, honradez, etc., pudiese ofrecer mayores garantías de que practicase una buena inspección y no meramente burocrática y administrativa, sino especial y principalmente pedagógica, que es la que más falta hace.

Muchas otras observaciones podrían hacerse al articulado de este decreto; pero no tengo espacio para ello. Sólo voy á llamar la atención del... lector hacia el artículo 4.º, que contiene una disposición peligrosísima, mucho más de lo que á primera vista parece.

(1) Me refiero, verbi gratia, á las cantidades consignadas para material científico.