Revista política y parlamentaria (1900-03-31 00:00:00), página 5

como se suprime á un individuo. Basta transformar las condiciones de vida que hacían posible el delito, ó suprimir los elementos personales que lo producían: v. gr., un reyazuelo tirano y sanguinario, como en algunas tribus africanas ha ocurrido; una oligarquía de mercaderes sin conciencia, como los esclavistas musulmanes; pero la colectividad puede tener, y de hecho tiene siempre, factores sanos que no merecen justamente ser confundidos con los demás. Nunca es de incuente un pueblo entero.

Podemos, por tanto, concluir que sólo en los casos en que un pueblo más ó menos culto realice actos de los que consideran graves el derecho y la moral del mundo civilizado, cabe plantear la cuestión de si, agotadas las vías diplomáticas, los procedimientos de influencia directa educativa (escuelas, misiones) y la simple amenaza (demostración naval, militar), debe proceder á la declaración de guerra y á la imposición del derecho humano por las armas, en lo cual habrá que estimar, concretamente en cada caso, la cuantía del daño que se remedia, el que se va á producir, el riesgo que corren los mediadores (la resistencia puede ser grande y costar muchas vidas de hombres civilizados) y otras circunstancias, que seguramente medirán los Gobiernos si no utilizan á sus ciudadanos como pura «carne de cañón».

Pero sabido es que la inmensa mayoría de los casos de intervención que se plantean hoy día no tienen en manera alguna esa gravedad.

Los boers no son canibales, ni (suponiendo verdad lo que se dice de su conducta con los cafres) tratan peor á los indígenas del Transvaal que los ingleses á los de muchos territorios que dominan, ó los yanquis á los pies rojas; como tampoco son canibales, ni partidarios de la esclavitud, los «pueblos enfermos», de que hablaba lord Salisbury señañádolos como presa legítima á la codicia inglesa.

Si examinamos los motivos reales de la mayoría de las intervenciones modernas (y de las antiguas) realizadas por las naciones poderosas, hallaremos seguramente que las más de las veces los motivos alegados para la intervención son defectos de cultura ó de organización social, atrasos y deficiencias en el progreso equivalentes al caso del que rehuye la ley de escolaridad, ó faltas que, por ventura, no sería difícil encontrar algo más disfrazadas en el mismo pueblo que interviene y pretende corregir. Aun las resistencias airadas que suelen producirse, sabido es que, muy á menudo, son simple reacción contra los atropellos injustificados de los «civilizadores». La diversa conducta seguida por las tribus africanas con Stanley y con Livingstone, es buena prueba de esto que decimos.

Y si de los motivos de la intervención pasamos á examinar cómo se realiza siempre, y las ventajas reales que para el pueblo intervenido y para la civilización general humana produce, llegaremos igualmente á la consecuencia de que no ganan, sino que pierden con estas teorías y estas prácticas, el derecho y la esperanza de un mejoramiento moral en los hombres.

Pero estas demostraciones necesitan capítulo aparte.

RAFAEL ALTAMIRA,
Profesor de la Universidad de Oviedo.

Adhesiones del extranjero

«SANTO DOMINGO 2 DE FEBRERO DE 1900.
>Tengo el gusto de felicitar á usted por su acertadísima dirección de la REVISTA POLÍTICA Y PARLAMENTARIA, honra del periodismo español.
J. J. Jiménez,
Presidente de la República.»

«PEKÍN 15 DE ENERO DE 1900.
>Felicito á usted por sus loables y patrióticas intenciones, con tanto mayor motivo que, de acuerdo con antiguas convicciones, nunca he creído á España en condiciones como hoy, ya sin dogales al cuello, de prosperar y engrandecerse. Quizá el estar lejos tenga siquiera la ventaja de que no ofusque el tumulto, el descorazonamiento ó el detalle del momento, á la vez que se fija más el ánimo en lo que surge.
B. J. de Cologan,
Ministro plenipotenciario de España.»

El fetiquismo en política
(Conclusión.)

El que las formas políticas no tienen valor sino en tanto que están vivificadas por el carácter nacional, se prueba con ejemplos del país clásico de la libertad, de Inglaterra. Multitud innumerable de hechos demuestran que el poder nominal del cuerpo representativo inglés no ha llegado á convertirse en un poder real más que por grados, y que la Cámara de los Comunes, independiente en teoría, ha tardado siglos en emanciparse del yugo de la realeza y de la aristocracia, adquiriendo, después de luchas homéricas, una independencia práctica. Y aun en el tiempo presente, cuando el Parlamento se halla en la plenitud de su poder, todavía sucede á las veces que sucumbe al peso de intereses ó de prejuicios que no son los de la justicia ni los de la libertad. La Asamblea de Diputados, elegida por grandes colegios electorales, y por consiguiente tan apropiada en apariencia para defender al individuo, de cualquier clase que sea, contra la violación de sus derechos, autoriza, sin embargo, en ocasiones, escandalosas infracciones de esos mismos derechos. Un Gobierno popular, esencialmente popular, ha consentido casos como este que cita y denuncia Spencer en The Study of Sociology, y capítulo relativo al Prejudicio político:

—El 29 de Junio de 1864, en el momento en que iba á levantarse la sesión de la Cámara de los Comunes, se procedió á la primera lectura de una ley confiriendo á la policía, en águinas localidades, ciertos derechos nuevos. El 27 del mismo mes, se daba segunda lectura á la misma ley, que no suscitaba ni la menor observación. El 30 de Junio, también en el instante de levantarse la sesión, se nombraba sin debate una Comisión encargada de dar dictamen acerca de la ley propuesta. El 15 de Julio la Comisión dictaminaba. El 19, el bill fue enviado á la Comisión, que depositó el mismo día su dictamen, todo en el mayor silencio. El 20 de Julio fueron discutidas las enmiendas. E 21 pasó á la tercera lectura y fué votada, siempre sin discusión. Trasladaádo al día siguiente á la Cámara de los Lores, fué tramitada por todas sus fases reglamentarias en tres días, sin levantar la más insignificante protesta ni promover el más pequeño debate. Los promotores de esa ley, los oficiales del ejército de mar y tierra, no consintieron la oposición. Pero ellos mismos propusieron su reforma en 1866 y las cosas volvieron á pasar tan rápida y misteriosamente como en 1864.

En efecto: el 16 de Marzo del 65, en el preciso momento de levantar la sesión, primera lectura de la ley enmendando la precedente; segunda lectura el 22; el Secretario del Almirantazgo expone que el proyecto de ley tiene por objeto proteger la salud de los soldados y de los marinos, y declara que se trata de poner en vigor, con la adición de nuevas facultades á la policía, una ley adoptada en 1864. Ni más ni menos explicaciones. Por la primera vez, dos Diputados formulan cortas observaciones contra el proyecto.

El 9 de Abril se nombraba una Comisión, en la que la mayoría de los miembros eran los mismos que habían formado parte de la del 64, y donde predominaba el elemento militar y naval. El 20, presentación á la Cámara del dictamen de la Comisión. El 26, el bill es devuelto á la Comisión cuando el reloj señalaba la hora de levantar la sesión. Y, en fin, habiendo provocado el dictamen algunas protestas, los individuos de la Comisión declararon que el bill, por su naturaleza especial, no podía discutirse en sesión pública. Y como alguno propusiera, con el fin de poner una restricción á la cláusula definindo los poderes de la policía, que se añadiesen estas palabras: «los jueces ante los que se entablen las denuncias exigirán en todos los casos la confirmación testifical emanando de personas que no formen parte de la policía», la enmienda fué rechazada por unanimidad. Por último, en 1869 la ley fué de nuevo aprobada y agravada por la Cámara de los Comunes.

«¿Y qué era, en qué consistía esa ley—se pregunta Spencer—adoptada la primera vez sin debate, votada de nuevo bajo la forma supuesta de reforma, y que no permitía ni el más leve comentario? ¿Qué era esa medida tan manifestamente buena, que se consideraba superfluo el discutirla? Era una medida que, en determinadas localidades, sometía á la mitad de la población á la jurisdicción sumarísima de los magistrados, que fallaban sin necesidad de pruebas. Además, los acusadores, cuyo sólo dicho bastaba para decretar la prisión preventiva de los acusados, eran los agentes de la ley, hombres que esperaban el ascenso en su carrera del celo desplegado en las denuncias, y expuestos, por consiguiente, á la tentación de crear y establecer delitos. Y no era eso sólo: