Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1865-01-01 00:00:00), página 296

te de la humanidad y piratería legal y organizada», como con tanta elocuencia lo califica el mismo Lord Clarendon, actual Ministro de Negocios Extranjeros. Y era tanto más conveniente el citar ese principio, cuanto que los autores de más reputación, que han escrito sobre derecho de gentes, profesan en general opiniones distintas de las que ahora sustenta el Gobierno inglés.

«Si los corsarios ciudadanos de una nación neutral, dicen Pistoye et Duverdy (Prises maritimes, páginas 173, 474, 179), están autorizados por su Gobierno á tomar patentes de corso de uno de los beligerantes, una vez apresados aquellos debe tratárseles como prisioneros de guerra, exigiendo á su Gobierno la observancia de las leyes de neutralidad. Si, por el contrario, esos individuos hubiesen aceptado las patentes desentendiéndose de las leyes de su país y fueren apresados, entonces deben ser tratados como piratas sin duda alguna.»

Ortolan sostiene la misma opinión, fundándose (páginas 262 y 263) en que, si bien es legítimo que una nación reuna contra su enemigo todos sus recursos de guerra, sus nacionales y su marina mercante, ¿cómo puede justificarse, dice ese escritor, que llame á su servicio á individuos particulares de un país neutral? ¿Cómo pueden tomar parte en la guerra los ciudadanos de un país que está en paz? Ninguna nación podría reconocer su nacionalidad á un buque en tal situación, á quien ella no había dado permiso para armarse; tampoco podría reclamar la nacionalidad del país que le dió la patente, porque no llenaba las condiciones que constituían esa nacionalidad; y por lo tanto, dicho buque no estaría cubierto legítimamente por pabellón alguno, y sus actos, según el derecho de gentes, son una piratería.

Los súbditos de una nación neutral, dice Hautefeuille (tomo 1, pág. 440), que, desobedeciendo las órdenes de su Soberano, se arman en guerra bajo el pabellón de un beligerante, si caen en poder del otro beligerante á quien voluntariamente hostilizan, serán tratados, no como enemigos legales, sino como piratas.

Mr. Wildman sostiene también (tomo 1, pág. 122, 193) que sólo pueden darse patentes de corso (letters of marque) á ciudadanos naturales ó domiciliados á quienes el soberano otorgante está obligado á proteger.

Otros muchos escritores podría citar, que suprimo en obsequio de la brevedad. Y si esto opinan los autores, si estas reglas deben servirnos, la práctica, y el ejemplo que han dado otras naciones, establecen precedentes que no pueden recusarse.

El Vicealmirante francés Mr. Charles Baudin, con motivo de un proyecto de reglamento del corso, que el Gobierno mejicano había propuesto al Congreso, dirigió en 8 de Enero de 1839, una comunicación al Ministro de Guerra y Marina de aquella República, en la que, entre otras cosas, decía: «No serán considerados como mejicanos más que los buques armados en uno de los puertos de México y provistos de una patente de corso regular y emanada directamente del Gobierno de este país, cuyo capitán y las dos terceras partes, por lo menos, de la tripulación no sean naturales de México. Todo corsario con pabellón mejicano, que no lleve estas condiciones, será considerado pirata, y como tal, tratado con toda la severidad de las leyes de la guerra.»

Y no sólo no parece que Gobierno alguno protestase contra esta declaración del Vice-