Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1865-01-01 00:00:00), página 261

naciones ó á los individuos, que, de no lavarlos, quedaria por tierra la honra de aquellas como la de éstos; y la Monarquía española nunca ha dejado de pedir cuenta de los que le hayan podido dirigirsele; aunque á veces, como ahora, tenga el sentimiento de verse obligada á hacerlo á naciones con quienes no ha descado otra cosa que sincera amistad.

Mas concédase por un momento que el Gobierno de Chile, al declararse neutral, obraba en esta ocasión ajustado á estrictas reglas del derecho de gentes; ¿qué es lo que la jurisprudencia internacional ha marcado y marca á los países neutrales? No otra cosa que la abstencion absoluta por parte de sus gobiernos de todo acto que redunde en provecho ó detrimento de cada uno de los beligerantes. En el instante mismo en que un Estado neutral se separa de esa abstencion, cualquiera que sea el pretexto de ello, ese Estado rompe por completo su neutralidad, y se convierte en auxiliar de uno de los beligerantes. Esto es, ni más ni menos, lo hecho por Chile al publicar el decreto de 27 de Setiembre de 1864. Los efectos de ese decreto sólo eran perjudiciales, como queda demostrado, á los buques de guerra españoles que se hallaban en las aguas del Pacífico; y por lo tanto, en el acto mismo de declararse el Gobierno chileno, y de la manera más inusitada, neutral en la contienda que de motu proprio declaraba existente entre el Perú y España, rompia su neutralidad, puesto que trataba de disminuir las condiciones militares de esos buques, y, por consiguiente, prestaba con ello gran auxilio al Perú.

Todo lo más que al Gobierno de Chile tocaba, aun en el supuesto de la legitimidad de su declaración de neutral, era, como viene siendo de costumbre, mejor dicho, ley desde que se establecieron en Europa los primeros rudimentos de legislacion internacional, decir, á sus gobernados que si se permitian trasportar para uno de los beligerantes artículos que fuesen contrabando de guerra, no contasen con su proteccion en caso de captura, ó de las consecuencias de la misma captura, porque el derecho de gentes prohibe semejante comercio á los súbditos de los países neutrales. Pero ¿cómo habia de hacer semejante prevencion el Gobierno chileno, cuando sólo existian beligerantes para sus miras hostiles contra España?

Pero llegará el infrascrito hasta el extremo de suponer que son arreglados al derecho internacional los principios practicados en esta ocasion por el Gobierno de Chile, y que éste, una vez declarado neutral, puede tambien decidir como tal los articulos que deben ó no considerarse como contrabando de guerra. ¿Entra en esta clasificacion el carbon de piedra? De ninguna manera.

Hautefeuille y Ortolan, los mas acreditados de los autores modernos sobre derecho marítimo, y por los cuales se rige Francia en cuanto á ese derecho, niegan al carbon el caracter de contrabando de guerra; diciendo el último «que el carbon mineral, tan necesario para la navegacion por vapor, no debe considerarse nunca como contrabando, puesto que su uso es no solamente indispensable á la marina de guerra, sino tambien á la mercante.» De este mismo sentir es Negrin, en sus Estudios sobre el derecho nacional marítimo, obra impresa de Real orden, en Madrid, el año de 1862.

Ademas, los Gobiernos de España, Francia e Inglaterra, desde el caso del buque de los Estados confederados del Norte de América, el Nashville, primero que visitó un puerto