Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1865-01-01 00:00:00), página 93

ternacional como un acto de represalias legítimo, era un acto ofensivo y hostil contra aquella República. Si el Gobierno peruano esperó por algún tiempo que el de V. S. pusiese término á la ocupación y desaprobase la conducta de los que la habían consumado, su expectativa se ha visto ya burlada. En una circular de que V. S. me dió oportunamente copia después de habérmela leído, el señor primer Secretario de Estado de S. M. Católica ha declarado que España mantendrá la ocupación mientras no reciba del Gobierno peruano ciertas satisfacciones, que el Perú ha declarado por su parte no estar dispuesto á dar. Así se manifiesta en varias circulares que el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Perú ha dirigido últimamente al Cuerpo diplomático de su país, las cuales me han sido comunicadas por el Sr. Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, y en su mayor parte han sido publicadas. En tal situación, no es de presumir que aquella República se resigne á verse desposeída indefinidamente de una parte de su territorio; antes bien el Art. 4.º de la ley dictada por el Congreso peruano el 7 de Setiembre próximo pasado, prescribe terminantemente al Poder ejecutivo que haga uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios de que pueda disponer, «para defender con la fuerza la integridad del territorio nacional de toda agresión ó usurpación consumada ó que en adelante se intentare consumar.» Verdad es que la misma ley, en su Art. 2.º, no acepta la guerra con España sino como último medio de obtener la más completa y honrosa satisfacción por los agravios que los agentes de S. M. Católica han inferido á la República del Perú, y autoriza al Poder ejecutivo peruano para entrar en relaciones oficiales con el Gobierno español. Pero es evidente que el Congreso y Gobierno del Perú no estiman necesario declarar la guerra á España antes de empeñarse en reivindicar á mano armada las islas de Chincha, y que si hasta ahora no han acometido tal empeño, ha sido sólo por consideraciones independientes de tal formalidad. Por otra parte, tampoco es menos cierto que el día en que la armada del Perú dispare sus primeros cañonazos contra la de S. M. Católica, la guerra entre los dos países se habrá hecho inevitable. Los grandes refuerzos que el Gobierno de S. M. Católica envía al Almirante Pinzon, están mostrando que no estima muy remota semejante eventualidad.

De lo expuesto resulta bien claro que mi Gobierno ha tenido justicia en afirmar que entre España y el Perú existen hostilidades de hecho, y es inminente una guerra declarada. Admitido este supuesto, como no puede dejar de admitirse, estaba en las facultades de un Estado neutral impedir en su territorio el contrabando de guerra. Era natural que el contrabando que se hiciera en Chile, recayese principalmente sobre el carbón de piedra, artículo de primera necesidad en una guerra marítima emprendida por buques de vapor. Como ese combustible ha sido declarado por algunas naciones mercadería de lícito comercio, juzgó el Gobierno de la República oportuno declararlo á su turno mercadería de contrabando, siempre que fuese destinado á usos bélicos; declaración acorde con los principios de derecho internacional admitidos y observados en la materia por la generalidad de las naciones cultas, según lo he manifestado arriba.

Para proceder de ese modo, mi Gobierno no sólo tuvo en cuenta sus deberes de neutral, sino también los de su propia conveniencia, inmediatamente interesada en que termine una ocupación, origen de inquietudes y desconfianzas funestas al bienestar de