Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1865-01-01 00:00:00), página 260

tercero. Chile, en perfecto uso de su soberanía, pudo haber prohibido la extracción del carbón de piedra de sus puertos para todos los demás países del universo, y en este caso ninguno tenía derecho de queja; pero, en el momento de circunscribir la prohibición á dos naciones solamente, y á dos naciones con quienes estaba en plena paz, les infirió grave ofensa y trató de acarrearles grave daño; si bien, como en seguida demostrará plenamente el infrascrito, con semejante circunscrita prohibición, sólo fué su intención, porque no era posible otra cosa, causar esa ofensa y ese daño á España.

Pero toca ahora al infrascrito demostrar los dos puntos que lleva formulados, y son consecuencia del decreto de 27 de Setiembre. Cuando se expidió ese decreto, ¿necesitaban ir á los puertos de Chile para proveerse de combustible, tanto los buques españoles como los peruanos? No: sólo los primeros, por la situación en que se hallaban, eran los sometidos á esa necesidad; los peruanos poseían abundante repuesto de carbón en el Callao, adonde lo llevan casi todas las naves que pasan luégo á cargar guano en las islas de Chincha: el decreto, pues, sólo era un acto hostil para España, porque sólo para sus embarcaciones de guerra podía tener efecto; y como, de carecer éstas de carbón, quedaban convertidas en de vela, y por consiguiente, en desventajosa posición, en cuanto á sus movimientos, respecto á las del país á quien por sí y ante sí declaraba Chile en guerra con España, claro y evidente es que con la medida en cuestión prestaba Chile una ayuda al Perú y hostilizaba á España.

No le será más difícil al infrascrito probar el segundo de los asertos que lleva hechos, respecto á lo que el Gobierno chileno demostró con la publicación del decreto de 27 de Setiembre.

¿De cuándo acá tiene derecho ningún Gobierno para declarar en guerra á los de otros países, sin que éstos se lo hayan notificado? Y dado caso de que tan singular jurisprudencia fuese permitida, ¿quién es, sino los beligerantes, son los que declaran los artículos que deben considerarse como contrabando de guerra?

Pero el Gobierno de Chile, que parece trata de abrogarse el derecho de iniciativa en todas las cuestiones internacionales del Pacífico meridional, quiso entonces, como en lo que llevaba de tiempo la cuestión hispano-peruana, marcar más y más el norte que en ella lo guiaba: el de hostilizar á España por cuantos medios creía estar á su alcance; y, sin temor de echar por tierra los principios en que estriba el derecho de gentes, no titubeó en declarar beligerantes, bajo la sola fe de su palabra, al Perú y España, para asumirse el de declararse á su vez neutral; y como los efectos de su neutralidad, por el singular modo con que la entendía ese Gobierno, y por la posición en que respectivamente se hallaban las fuerzas de los que él, con arrogancia inusitada, declaraba beligerantes, debían de resultar hostiles á España; y como éste, según va demostrado hasta la saciedad, era el fin del Gobierno chileno, poco le importaba lo demás, sin contar que había de llegar un día, como al cabo tenía que llegar, en que el Gobierno de España, cansada su prudencia de someterse á tantas pruebas como por las que le han hecho pasar los insultos que le ha inferido el de Chile, había de olvidarse, aunque con sentimiento, de su fuerza y posición, para pedir reparación de esos insultos al que había tenido la insensatez de inferírselos: que los hay de tal naturaleza, ya se hagan á las