Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1865-01-01 00:00:00), página 297

almirante Baudin, sino que hay motivo para creer que, si durante la guerra de Crimea entre los aliados y la Rusia ésta hubiera conseguido colocar las patentes que deseaba en los Estados Unidos, y alguno de los corsarios hubiera caído en poder de los aliados, habría sido tratado como pirata.

Pero lo que exige España ahora, para legalizar la nacionalidad de los corsarios, es méños que lo que requería Mr. Baudin, y si entonces guardó silencio el Gobierno británico, no comprendo en qué puede apoyarse ahora para hacer las reclamaciones que contiene la nota de V. S. Lo que fué lícito para la Francia, debe serlo y lo es hoy para la España, que se encuentra en un caso análogo. Y este cambio de opinión en el modo de considerar el corso el Gobierno de S. M. Británica, era tanto méños de esperarse ahora, después del tratado de París, teniendo en cuenta las palabras que pronunció, para calificarlo y defender su supresión, el distinguido Plenipotenciario británico, en el Parlamento.

La imparcialidad de España en esta cuestión se hace tanto más patente teniendo en cuenta que, á pesar de la agresión de Chile, no ha querido tomar represalias, expidiendo patentes de corso, á pesar de estar autorizada para hacerlo, si bien se reserva este derecho para cuando le convenga ponerlo en práctica.

La Inglaterra misma declaró ya en 1794, por su tratado con los Estados Unidos, que eran piratas los súbditos de una y otra nación que ejercieran el corso contra cualquiera de ellas; y aún cuando este ejemplo no sea exactamente igual al caso en cuestión, en que se trata de un corsario chileno armado contra el derecho de gentes, es decir, en el que predominen por su número los tripulantes neutrales, prueba, sin embargo, que la Gran Bretaña ha admitido desde entonces, y aún en épocas anteriores, ese principio.

Por otra parte, las potencias neutrales tienen la obligación de prohibir los armamentos y el alistamiento de sus nacionales para hostilizar á las naciones con quienes están en paz. Un súbdito inglés, por ejemplo, que se alista para hacer el corso contra España, se prepara á hacer un acto contrario á las leyes de su país. Si no lo hace con arreglo á las leyes de España, que es á quien va á dañar, corre el peligro, á sabiendas y por su cuenta y riesgo, de que se le aplique la ley española; y su propio Gobierno no tiene derecho para dispensarle protección ni para oponerse á las disposiciones adoptadas por el país contra el que dicho súbdito se dispone á hacer la guerra.

Paréceme inútil hacer resaltar la diferencia que existe entre los súbditos de una nación, que se alistan en el servicio de guerra de otra, y los que aceptan patentes de corso: los primeros sirven á la nación que los emplea; y los segundos trabajan en provecho propio y á costa del comercio del otro belligerante.

Ignorando, repito, el principio en que el Gobierno de S. M. Británica funda su reclamación, el Gobierno de S. M. apoya su determinación en la opinión de los más acreditados publicistas, y sobre todo, en el precedente sentado con mucha más severidad y mayores restricciones por el Gobierno de Francia, que aceptó la declaración de su Vicealmirante Baudin, de 8 de Enero de 1839, contra la cual no parece protestó Gobierno alguno extranjero.

Rogando á V. S. haga presente á su Gobierno estas razones y antecedentes, que el de