Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1865-01-01 00:00:00), página 38

han disimulado su gravedad, y han procurado justificarlo exponiendo, en la declaración expedida en el fondeadero de las islas de Chincha, los fundamentos que los han decidido á tomar esa resolución.

Si se considera esta medida como represalias encaminadas á obtener la reparación de algún daño ó ofensa inferida á España por el Perú, fuerza será inquirir si era llegado el momento de apelar á un recurso casi extremo, cuando no estaban agotados los medios pacíficos que se emplean entre las naciones para evitar las calamidades de la guerra.

El derecho que los pueblos soberanos se atribuyen para hacerse justicia tiene marcados procedimientos; que la práctica constante de las naciones ha erigido en principios tutelares de la paz y de la buena armonía en que reposa el bienestar común de las sociedades. Apartándose de ellos sin motivo justificado, se inferiría una ofensa que, no sólo afecta los intereses del pueblo á quien se hace, sino que envuelve también una desviación de las reglas comunes y obligatorias, en cuya fiel observancia deben interesarse todos los miembros de la gran familia de las naciones soberanas e independientes.

La declaración expedida por el Comisario de S. M. Católica y el Comandante General de su escuadra en el Pacífico, á más de prestarse á una justa censura bajo el punto de vista indicado, importa la sanción de principios que ponen en duda la independencia del Perú, provocando un conflicto para toda la América.

Así, el Gobierno de Chile no puede méños de reprobar, como lo hace, de la manera más explícita, semejantes doctrinas, y protestar contra ellas, á pesar de que confía en que no llegarán á sancionarse por el Gobierno de S. M. Católica.

La independencia del Perú y su existencia como nación libre y soberana es un hecho consumado; y sería necesario borrar la historia de medio siglo para ponerlo en duda siquiera, convirtiendo en una simple tregua lo que en realidad ha sido y es una paz de duración indefinida, universalmente aceptada, y de hecho reconocida por la misma España en una larga serie de actos públicos y oficiales. El Gobierno de S. M. Católica, desde largos años, no ha cesado de llamar República á la que antes fué su colonia; repite lo mismo en la credencial del Comisario que acaba de enviar á Lima; ha admitido sus cónsules y consentido que sus naves frecuenten los puertos de la Península; se ha mantenido entre los dos países un comercio reciproco y no interrumpido; y por último, se ha considerado á los peruanos como extranjeros en la Península, del mismo modo que lo son los españoles en el Perú. Como Estado soberano, el Perú ha celebrado tratados de paz, amistad y comercio con naciones de ambos continentes; y en presencia de estos hechos, conocidos del Gobierno de S. M. Católica, ¿puede tener alguna importancia á los ojos de la verdad y del derecho de gentes la falta de un reconocimiento solemne, para fundar en ella el estado de tregua?

Toda tregua supone la incommunicación, y aun pudiera decirse que ésta la caracteriza; ni se pone fin á un armisticio de larga é indifinida duración sin dar previo aviso del propósito de renovar las hostilidades; formalidad esencial, como nos lo enseña la práctica constante de las naciones antiguas y modernas.

A juicio del Comisario de S. M. Católica y del Comandante General de su escuadra en