Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1865-01-01 00:00:00), página 160

Pero toca ahora al infrascrito demostrar los dos puntos que lleva formulados y son consecuencia del decreto de 27 de Septiembre. Cuando se expidió ese decreto, ¿necesitaban ir á los puertos de Chile para proveerse de combustible, tanto los buques españoles como los peruanos? No: sólo los primeros, por la situación en que se hallaban, eran los sometidos á esa necesidad; los peruanos poseían abundante repuesto de carbón en el Callao, adonde lo llevan casi todas las naves que pasan luego á cargar guano en las islas de Chincha: el decreto, pues, sólo era un acto hostil para España, porque sólo para sus embarcaciones de guerra podía tener efecto; y como, de carecer éstas de carbón, quedaban convertidas en de vela, y por consiguiente, en desventajosa posición, en cuanto á sus movimientos, respecto á las del País, á quien por si y ante si declaraba Chile en guerra con España, claro y evidente es que con la medida en cuestión prestaba Chile una ayuda al Perú y hostilizaba á España.

No le será más difícil al infrascrito probar el segundo de los asertos que lleva hechos, respecto á lo que el Gobierno chileno demostró con la publicación del decreto de 27 de Septiembre.

¿De cuando acá tiene derecho ningún Gobierno para declarar en guerra á los de otros Países, sin que éstos se lo hayan notificado? Y dado caso de que tan singular jurisprudencia fuese permitida, ¿quién, sino los beligerantes, son los que declaran los artículos que deben considerarse como contrabando de guerra?

Pero el Gobierno de Chile, que parece trata de abrogarse el derecho de iniciativa en todas las cuestiones internacionales del Pacífico meridional, quiso entonces, como en lo que llevaba de tiempo la cuestión hispano-peruana, marcar más y más el norte que en ella lo guinda: el de hostilizar á España por cuantos medios creía estar á su alcance; y, sin temor de echar por tierra los principios en que estriba el derecho de gentes, no titubeó en declarar beligerantes, bajo lo sola fe de su palabra, al Perú y á España, para asumirse el de declararse á su vez neutral; y como los efectos de su neutralidad, por el singular modo con que la entendía ese Gobierno, y por la posición en que respectivamente se hallaban las fuerzas de los que él, con arrogancia inusitada, declaraba beligerantes, debían de resultar hostiles á España; y como éste, según va demostrado hasta la saciedad, era el fin del Gobierno chileno, poco le importaba lo demás, sin contar que había de llegar un día, como al cabo tenía que llegar, en que el Gobierno de España, cansada su prudencia de someterse á tantas pruebas como por las que le han hecho pasar los insultos que le ha inferido el de Chile, había de olvidarse, aunque con sentimiento, de su fuerza y posición, para pedir reparación de esos insultos al que había tenido la insensatez de inferírselos: que los hay de tal naturaleza, ya se hagan á las Naciones ó á los individuos, que, de no lavarlos, quedaría por tierra la honra de aquéllas como la de éstos; y la Monarquía española nunca ha dejado de pedir cuenta de los que hayan podido dirigírsele; aunque á veces, como ahora, tenga el sentimiento de verse obligada á hacerlo á Naciones con quienes no ha deseado otra cosa que sincera amistad.

Mas concedáse por un momento que el Gobierno de Chile, al declararse neutral, obraba en esta ocasión ajustado á estrictas reglas del derecho de gentes; ¿qué es lo que la jurisprudencia internacional ha marcado y marca á los Países neutrales? No otra cosa que la abstención absoluta por parte de sus Gobiernos de todo acto que reduzca en provecho ó detrimento de cada uno de los beligerantes. En el instante mismo en que un Estado neutral se separa de esa abstención, cualquiera que sea el pretexto de ello, ese Estado rompe por completo su neutralidad y se convierte en auxiliar de uno de los beligerantes. Esto es, ni más ni menos, lo hecho por Chile al publicar el decreto de 27 de Septiembre de 1864. Los efectos de ese decreto sólo eran perjudiciales, como queda demostrado, á los buques de guerra españoles que se hallaban en las aguas del Pacífico; y, por lo tanto, en el acto mismo de declararse el Gobierno Chileno, y de la manera más inusitada, neutral en la contienda que de motu propio declaraba existente entre el Perú y España, rompía su neutralidad, puesto que trataba de disminuir las condiciones militares de esos buques, y, por consiguiente, prestaba con ello gran auxilio al Perú.

Todo lo más que el Gobierno de Chile tocaba, aun en el supuesto de la legitimidad de su declaración de neutral, era, como viene siendo de costumbre, mejor dicho, ley desde que se establecieron en Europa los primeros rudimentos de legislación internacional, decir á sus gobernados que si se permitían transportar para uno de los beligerantes artículos que fuesen contrabando de guerra, no contasen con su protección en caso de captura ó de las consecuencias de la misma captura, porque el derecho de gentes prohibe semejante comercio á los súbditos de los Países neutrales. Pero ¿cómo habla de hacer