Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1867-01-01 00:00:00), página 159

consiente en que un buque perteneciente á sus súbditos sea apresado en alta mar, sólo en la confianza y en la inteligencia de que el caso de tal buque se juzgará ante un Tribunal en que se aplique la ley internacional, no la ordinaria.

Es requisito esencial de un Tribunal semejante que se observen las reglas de la justicia natural; que no se retarden los procedimientos innecesariamente, lo cual es en sí un perjuicio, y que no se pronuncie el fallo en ausencia forzada de las partes interesadas.

Como consecuencia necesaria del consentimiento de que el caso de su súbdito se someta al juzgado internacional de un Tribunal de presas, el Estado neutral tiene el derecho de vigilar los procedimientos de ese Tribunal, y de protestar contra ellos si no están de acuerdo con los principios de la ley internacional y de la justicia: principios que ciertamente se violan por una excesiva dilación ó por una sentencia dada sin oír á las partes.

El Gobierno español no puede negar que los procedimientos en Cádiz han sido en extremo dilatorios: tampoco puede decir que el Tribunal de Cádiz no pronunció una sentencia, que se unió al sumario ó relacion del Auditor, y que no se dió conocimiento á los interesados en el buque, ni de los fundamentos en que el Auditor apoyó su relacion, ni de los en que el Tribunal fundó su declaración antes de llevar á cabo estas formalidades.

El Gobierno de S. M. no encarga á V. que insista en el olvido del Gobierno español de las seguridades que tan constantemente da de que se oirá á las partes antes de fallar el caso. Ese hecho es patente y no necesita comentarios; y aludo aquí á él principalmente para hacer notar que, si el Gobierno español se creyó competente para dar la seguridad de que se trata, no carecía tan por completo como ahora pretende carecer de medios de ejercer influjo sobre los procedimientos del Tribunal; y si no estaba convencido de su incompetencia, entonces su conducta, al tratar de eludir las manifestaciones del Gobierno de S. M. con tales seguridades, es difícil de explicarse.

Ciertamente no es posible explicar de qué modo pretende ahora defenderse, alegando que una sentencia, dictada más ó menos formalmente, no es una sentencia por que puede apelarse de ella.

La posición de un apelante contra una sentencia adversa, es muy diferente de la de un demandado antes de que se haya pronunciado el fallo y cuando la cuestión de su criminalidad ó inocencia está aún en especulativa. En el último caso no tiene más que tratar de los hechos que aparecen de las declaraciones: en el primero tiene que luchar con el peso de un juicio adverso pronunciado contra él por un Tribunal tenido por competente.

Además, en una apelación es regla común no oír más testigos. El deber del Tribunal de apelación es revisar la sentencia apelada, con los datos que posea el Tribunal que la dictó; y aunque pueda prescindirse de aquella regla en casos en que se presentan motivos fundados para esa excepción, sin embargo, en tales casos cae sobre el apelante el trabajo de probar que el caso está comprendido en las reglas que justifican dicha excepción. Podían citarse otros ejemplos que prueban la diferencia entre la posición de un litigante antes y después de la sentencia del primer Tribunal.

Y si es cierto, como se dice, aunque apenas puede creerlo el Gobierno de S. M., que la apelación ha de hacerse al mismo Tribunal que pronunció la sentencia original, la posición del demandado se agrava tanto, que no es más que una burla ofrecerle la apelación.

Ya ha sido condenado con su completa ignorancia (beind his back) y á oscuras, por el Tribunal á quien tiene que persuadir para que reconozca su propio mal proceder, como condición indispensable para ser absuelto en la apelación.

No creo necesario seguir paso á paso al General Calonje en las proposiciones que