Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1867-01-01 00:00:00), página 209

y Loterías su propuesta al Ministerio de Hacienda, y éste ha resuelto que el Consejo de Estado emita su dictámen.—Con cuyos antecedentes:—Visto el expediente:—Visto el Real decreto de 20 de Agosto de 1852:—Vistos los artículos 36, 474 y 475 de las Ordenanzas de Aduanas:—Considerando: que la primera y más importante cuestión que se presenta en este delicado asunto, la cuestión capital, por decirlo así, de cuya resolución pende la de todas las demas que nacen de este expediente, es la de si el apresamiento del buque conducido á Cádiz por la escampavía guarda-costas Toro fué hecho dentro ó fuera de las seis millas que constituyen la zona marítima—Considerando: que al aceptar cualquiera de los dos extremos indicados, desaparecen las dudas respecto á los hechos posteriores, y se fija y determina naturalmente y sin esfuerzo la marcha que, para su pronta terminación, ha de seguir el asunto—Considerando: que si el buque fué apresado dentro de la zona, donde no podia hallarse en tiempo sereno sin manifiesta infracción de las leyes españolas, es indudable que las reclamaciones del Cónsul inglés, y las posteriores del Gobierno británico pierden toda su importancia, faltándoles el principal, el único fundamento en que se apoyan, pues no habiendo prueba alguna de que la tripulacion del Toro haya cometido más violencia con el buque apresado, sea ó no el Queen Victoria, que la de conducirle á Cádiz, aun dando por cierto todo lo demas que aparece en la informacion del Cónsul, los cargos que al patron y tripulantes del escampavía pudieran hacerse, no podrian serles dirigidos más que por los Tribunales españoles, y esto por haber sustraído de su accion á unos reos de contrabando ó defraudacion que, según las leyes, debian haber sido sometidos á ella—Considerando: que, de admitirse la version contraria, y si el hecho tuvo efecto á mayor distancia de seis millas de la costa, no cabe la menor duda de que el apresamiento constituye un acto ilegal (aunque nunca un acto de pirateria como pretende una de las Notas del Ministro inglés), y de que las reclamaciones del Cónsul y Gobierno británico están en su lugar y deben ser atendidas por quien corresponda, así como la tripulacion del Toro castigada con la severidad que sea consiguiente por haberse extralimitado de sus atribuciones en el desempeno de sus deberes—Considerando: que el único Tribunal competente para resolver esta cuestión en primera instancia es el juzgado de Hacienda, al que ya han pasado los antecedentes del apresamiento, y hasta que este Tribunal dicte su fallo, son prematuras é improcedentes cuantas interpretaciones quieran darse al asunto—Considerando: que la segunda cuestión en el orden de los hechos es la de la identidad del buque apresado con el Queen Victoria y la del patron y tripulantes de éste; identidad que, cuando el Cónsul presentó su primer protesta, no constaba de ningun modo, y que aun en el dia dista mucho de hallarse probada; pero que, aun admitida como indudable, tampoco puede deducirse de ella consecuencia ninguna, pues sólo constituye por sí una parte accesoria ó un incidente de la primera, y debe ser resuelta en la misma forma y por iguales procedimientos que aquella—Considerando: que la tercera cuestion, y no la menos importante, la de si el acta de la Junta administrativa que declaró el comiso del buque y de la carga y la distribucion de su importe debe considerarse como válida y legal por su carácter administrativo, puede y merece examinarse con toda libertad y detenimiento—Considerando: que por no haber el Cónsul ni los interesados tenido en la expresada Junta la intervencion y representacion prevendidas en el art. 36 de las Ordenanzas generales de Aduanas y en el 57 del Real decreto de 20 de Junio de 1852 es opinable si debe anularse el acta mencionada y mandarse celebrar de nuevo la Junta administrativa para que pueda tener lugar la apelacion de los interesados al Gobierno, de cuyo