Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1865-01-01 00:00:00), página 119

aparece en Valparaíso con el título de San Martín. Cree V. S. que esa publicación envuelve «males extraordinarios», á que es preciso aplicar «medidas extraordinarias»; y me significa que, si el Gobierno de la República no puede poner coto al desenfreno del San Martín, «quedarán desde luego suspendidas sus relaciones diplomáticas hasta la resolución del Gobierno de V. S., á quien va á informar sobre la materia.»

Ya he tenido oportunidad de manifestar á V. S. francamente con cuánta severidad y energía ha condenado mi Gobierno desde un principio el giro verdaderamente punible, vedado é indecoroso, que ha impreso el San Martín á las discusiones de la prensa periódica. Aunque no contuviera en sus columnas los más indignos ataques contra la soberana de una nación amiga, á quien su sexo da mayores títulos al respeto y consideración, siempre habría mirado el Gobierno de Chile con profundo disgusto el tono y recursos de controversia, ajenos de toda cultura y moderación, que se emplean en la publicación referida.

Para corregir los abusos que en el San Martín se cometan contra la moral y la decencia, el Gobierno de la República es árbitro absoluto en la elección de los medios más adecuados; y hasta ahora no ha hallado otro tan eficaz como el despicio y reprobación públicos, que ya pesan sobre los desmanes de ese periódico.

Para reprimir los villanos deneustos que el mismo periódico ha dirigido á la persona de S. M. la Reina de España, abusos que son los únicos sobre los cuales se halla V. S. autorizado para hacer reclamaciones, no necesita mi Gobierno ocurrir á las medidas extraordinarias que V. S. indica, y cuya naturaleza no se sirve especificar. Le bastan los medios legales y ordinarios de que puede disponer, y que ya habrá aplicado si V. S. lo hubiese querido. Repetidas veces he tenido el honor de invitar á V. S. á significarme su terminante deseo de que el San Martín fuese acusado ante el tribunal que castiga los delitos de imprenta, ante el jurado; y V. S. no ha tenido hasta ahora por conveniente aceptar mi invitación. Sin el requerimiento de V. S., representante de la parte ofendida, la ley no autoriza la acusación contra el San Martín por los agravios hechos á la persona de S. M. Católica. Y si V. S. no me ha dirigido ese requerimiento, la impunidad de tales ofensas mal podría achacarse á mi Gobierno, á quien V. S. supone, sin duda equivocadamente, investido al efecto de otras facultades que las contenidas en la ley vigente sobre abusos de la libertad de imprenta.

En verdad, el Art. 49 de la Constitución política de la República, citada por V. S., no otorga á S. E. el Presidente de la República las facultades que V. S. cree, ni guarda relación alguna con el asunto que nos ocupa. En cuanto á las «medidas extraordinarias» insinuadas por V. S., mi Gobierno desconoce las que pudiera ejercitar legalmente, y, por otra parte, no es de suponer pretenda V. S. que se adopten providencias contrarias á las leyes, que se cometa un verdadero abuso de poder.

Así pues, los únicos medios legales y ordinarios de que puede disponer mi Gobierno para castigar las ofensas dirigidas á la soberana de un país amigo como la España, consisten en la acusación del ofensor ante el jurado; y el empleo de ellos depende de la voluntad de V. S. Es menester, de consiguiente, que V. S. se sirva expresarme claramente su voluntad, si desea que se castiguen las ofensas indicadas.