Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1867-01-01 00:00:00), página 161

gun Gobierno extranjero el derecho de sustituirse á una de las partes en un juicio contradictorio durante el curso de las actuaciones.

Supónese que esta frase no tiene la suficiente claridad para ser bien comprendida, y se dice que si ha de entenderse por ella que el Gobierno español niega á los Gobiernos extranjeros el derecho de vigilar por los intereses de sus nacionales cuando un Tribunal de presas los pone en peligro de pérdida, ó disputa la facultad de traer á discusion los procedimientos de dicho Tribunal como incompatibles con los principios del derecho de gentes y de la justicia natural, y con las seguridades dadas de que no recaeria condena sin audiencia de las partes, el Gobierno británico no puede admitir semejante doctrina.

Aunque ninguna de estas dos interpretaciones es la que corresponde á la citada frase de mi última Nota, no puedo méños de hacerme cargo de ellas, porque considero que envuelven teorías con las cuales no debo á mi vez conformarme, y porque también parten de supuestos inexactos.

El Gobierno de S. M. no niega el derecho que al Estado compete de vigilar por los intereses de sus súbditos para ampararlos contra atropellos, violencias ó abusos manifiestos que constituyen denegacion de justicia, pero entiende que la práctica de ese derecho, en la forma que hoy pretende usarlo el Gabinete británico, es de todo punto inadmisible, porque equivaldría á establecer que un Gobierno extranjero puede sustituirse con su importancia y su fuerza á individuos de su nacion para gestionar en país extraño asuntos judiciales, aun cuando los interesados, lejos de hallar falta de garantía para el uso de sus derechos, encuentren, como encuentran en España, completamente expedito el ejercicio de todos ellos. El Capitan de la presa que nos ocupa ha protestado de la manera que ha tenido por conveniente contra la declaracion primera del Tribunal de Cádiz, y para los efectos que esa protesta haya de producir en el juicio, basta por sí sola, sin que la del Gobierno británico pueda prestarle más fuerza que la que tiene según la ley española, lo cual demuestra que en la ocasión presente el uso de ese derecho de vigilancia, aun sin exagerarlo hasta el abuso, es cuando méños innecesario. Comprendo perfectamente que tenga aplicacion cuando media, como he dicho, una manifiesta denegacion de justicia, contra la cual no se ofrezcan recursos á los agravados; mas cuando la ley se los facilita y pueden usar de ellos, la ingenericia del Gobierno extranjero ataca directamente la soberanía del país en que radica la cuestion. Y es en verdad muy extraño que después de haber invocado el Gobierno británico, con motivo del proceso de los fenianos en el Canadá, el mismo principio de independencia de los Tribunales en que descansa la doctrina anteriormente sentada, pretenda seguir respecto á España el proceder que ha reprobad en el Gabinete de Washington, negándole el derecho á intervenir en el citado proceso.

Tampoco cabe asentir á la suposicion de que el Gobierno británico tiene facultades para traer á discusion la conducta del Tribunal de presas, considerándola, sin más razon para ello que parecerle así, incompatible con la justicia natural y el derecho de gentes. La justicia natural, que es la equidad, no puede exigir en esta clase de asuntos otra cosa que la concesion de iguales derechos á ambas partes, la defensa hasta el último grado del juicio, y el más completo esclarecimiento de los hechos antes del fallo definitivo, todo lo cual concurre en las actuaciones del Tornado, puesto que existe el juicio contradictorio y el Capitan Collier se halla en aptitud de acudir á su defensa por todos los medios que la ley consiente.

En cuanto á la conformidad que los procedimientos en el caso del Tornado hayan