Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1867-01-01 00:00:00), página 153

dispondrá en la forma que la Corona determine; y la ley española, que data de 1804, sin haber sido hasta hoy modificada, está en el mismo caso que la ley de Inglaterra y la de Francia, sin que en modo alguno pueda amenguar su validez y fuerza la circunstancia de que guarde más ó menos armonía con disposiciones análogas de otros países.

La ley española ofrece iguales derechos en el juicio al apresador y al apresado; asegura á los dos iguales garantías de defensa de sus respectivos intereses; reconoce el principio de la indemnización por daños injustamente causados; y emana de un poder legítimo e independiente: por consecuencia, el Gobierno de S. M., ni puede ni debe apartarse de las prescripciones que aquella contiene, y menos aún, cuando observa que, si en las cuestiones de forma puede diferir algo de las que V. S. cita, está en lo esencial conforme con ellas, según demuestra el hecho de haber tratado de dicha ley española distinguidos publicistas, sin hallar motivo para observaciones tan singulares como las que V. S. me trasmite de los Abogados de la Corona.

Concretándome ahora á la exactitud que haya en la aseveración de dichos funcionarios ingleses sobre la semejanza entre las leyes de varias naciones europeas respecto á presas, creo poder asegurar á V. S. que, si la práctica del Tribunal de su país es la que aquellos mencionan, no guarda tanta analogía, como suponen, con la práctica seguida en Francia.

En la Gran Bretaña basta la declaración de tres tripulantes para considerar abierto el juicio, según V. S. indica; y en el vecino Imperio, antes de que pase el conocimiento de la presa al Consejo residente en Paris, que equivale al Tribunal hoy establecido en Cádiz, precede una instrucción local, que comprende las diligencias siguientes: Declaración del Capitán que debe ratificarse oportunamente en ella, proceso verbal de visita de la presa y reconocimiento de los sellos puestos en ella en alta mar, descripción de los efectos que constituyen la carga, interrogatorio de los prisioneros completado con el de los Oficiales y tripulantes del buque apresado, y además inventario de los documentos á bordo, con su traducción por intérprete jurado, cuando están en lengua extranjera. De todo ello se hace expediente por el Greifer; y remitido al Consejo, sigue la instrucción del proceso, con arreglo á las leyes de Francia, á las cuales se ajusta también la sentencia que recae, concediéndose contra ella el recurso de apelación ante un Tribunal superior.

Comprenderá V. S., pues, fácilmente la inexactitud de que adolece el concepto de que parten en su juicio los Abogados de la Corona; y si bien no es esto de gran trascendencia en la cuestión de que se trata, porque, como he dicho, en lo referente á la forma del procedimiento cada país puede atenerse á sus leyes propias, no me parece excusable que esos ilustrados juriconsultos hayan omitido en el estudio que supongo habrán hecho de la ley española, un exámen de todas sus disposiciones tan detenido como se requiere para presentar la severa censura que presentan de los actos de Tribunal de Cádiz.

En primer lugar han desconocido completamente el carácter del funcionario de quien emana el informe sometido á su consideración por el Gobierno de S. M. Británica.

El Asesor no es un juez, ni su informe constituye más que un trámite del proceso, correspondiéndole únicamente recapitular todas las razones, todos los motivos, todos los antecedentes, todos los datos y todas las disposiciones legales que pueden servir de fundamento á su parecer y de ilustración para el Tribunal, que después falla según entiende que corresponde en justicia.

La necesidad de que así proceda el Asesor se entiende y se justifica teniendo pre-