Documentos diplomáticos presentados a las Cortes (1867-01-01 00:00:00), página 152

Respecto á la primera, el procedimiento se simplifica ó puede simplificarse notablemente, porque la averiguacion se concreta á determinar si se ha verificado la presa en términos que justifiquen su captura; es decir, si tuvo lugar después de la declaración de guerra ó antes de la paz; si se efectuó en aguas neutrales ó comunes, ó bien si el apresador carecía de algunos de los requisitos necesarios para ejercer el derecho de que usó.

Y respecto á las presas con pabellón neutral, que es el caso del Tornado, ocurre ya la necesidad de ocuparse en la averiguación de un fraude que aparece prima facie, cual es el uso de una bandera que no corresponde á la nacionalidad del buque; y para ello preciso es que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias con objeto de obtener el esclarecimiento de la verdad, base principal de la justicia cuando se trata de hechos que constituyen infracción de ley.

Pero los Abogados de la Corona, olvidando la diferencia que acabo de indicar, y creyendo acaso que la censura es muestra de pericia, formulan un cargo por la falta de semejanza que encuentran entre las prácticas del Tribunal de presas de Cádiz y las de otros de igual clase en Europa, particularmente el de Francia, conformes, según dicen, con las prácticas que se observan en Inglaterra y los Estados Unidos; y luego añaden que por regla general en todos estos países, después de efectuado el interrogatorio de cierto número de tripulantes (en Inglaterra tres) y una vez completadas sus declaraciones, se eleva la causa á plenario, quedando á las partes el derecho de ampliar sus pruebas y de apelar ante un Tribunal superior de la sentencia del Tribunal de presas, que recae en muchos casos, sin que se conceda al apresador la oportunidad de introducir nuevas cuestiones en el proceso.

Antes de hacerme cargo de la exactitud que haya en la terminante aseveración de los Abogados de la Corona, que acabo de citar, no puedo menos de recordar á V. S. la independencia con que obra cada Estado al establecer la forma del procedimiento en los casos de presas, como se acredita por las repetidas alteraciones que la legislación sobre esta materia ha sufrido en varios países de Europa, especialmente en Francia, sin consideración á la mayor ó menor uniformidad con las prácticas de otras naciones. Y como estas prácticas no emanan del derecho internacional sino del derecho de soberanía, que en esta parte no consiente más limitaciones que los fueros de la justicia, es innegable que sólo en la apreciación de las causas esenciales que determinen la declaración definitiva de buena ó mala presa, han de concurrir los principios admitidos por la generalidad de las naciones.

Las presas son consecuencia precisa del derecho de guerra, por lo cual el juicio de ellas pertenece exclusivamente al Gobierno del apresador; y sería una abdicación de la soberanía consentir que una nación extranjera viniese á juzgar de la manera cómo se ejerce ese derecho de guerra, mientras esté dentro del límite establecido por la costumbre de pueblos civilizados.

De conformidad con esto, se observa que en Francia ha entendido en los juicios de presas, unas veces el Almirantazgo, otras el Soberano por sí mismo, según acredita la declaración de 1.º de Febrero de 1650, en cuya virtud quedó investida Ana de Austria de la facultad de juzgar las presas; y por último, desempeña este cargo el Consejo residente en París, desde cuya creación han sufrido no pocas modificaciones las leyes que aplica.

También la ley inglesa lleva en sí ese mismo principio de independencia en el poder de que emana, puesto que establece que, de las presas hechas por la marina de guerra, se