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y Rózpide, el cual hubo de felicitarse, en nombre de la Corporación, del advenimiento a su seno de tan esclarecido patrício.

España en Marruecos.—Importante incursión de la jarca de Beni-Gorfer.—La Hoja Oficial publicó el siguiente parte:

«Mehalla Larache, con jarca Beni-Gorfer, en incursión campo enemigo, ha hecho a éste 880 prisioneros, muchos con armas, y bastantes muertos y heridos, y llevando a cabo una importante razzia de 3.000 cabezas de ganado. Nuestras bajas son tres muertos y siete heridos, todos indígenas. El Alto Comisario se muestra muy satisfecho de esta operación de policía, y encomia la pericia de los que la han dirigido.
»Ha sido nombrado bajá de Arcila, en sustitución de Muley Mustafá, sobrino del Raisuni, Dris er-Riffi, que fué ámel del Rif, y viene prestando en nuestro Protectorado lealísimos servicios.
»El temporal en mar y tierra es muy intenso.»

DIA 17.—El Consejo de Estado.—Toma de posesión.—En esta fecha tomaron posesión de sus cargos el nuevo presidente del Consejo de Estado y el vocal del mismo alto Cuerpo, Sres. Cortezo y Fernández-Caro, respectivamente.

Revistió la sesión solemnidad inusitada, hablando en primer término dichos señores, para expresar su gratitud por sus nombramientos.

En nombre del Consejo de Estado dió la bienvenida a los entrantes el Conde de López Muñoz, y, por último el Presidente interino del Directorio expresó los respetos y consideraciones que al Gobierno merecía la institución sucesora, con todos sus prestigios, del Consejo de Castilla.

El Directorio tenía cifradas sus esperanzas en la patriótica colaboración del Presidente y de los Consejeros.

Comida de gala en el Ritz.—El Rey y las Repúblicas hispanoamericanas.—En el Hotel Ritz se celebró en esta fecha la comida dispuesta por el Ministro de Co-
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lombia y la señora de Camacho Carrizosa en honor de los Reyes D. Alfonso y D.a Victoria y de los Infantes, con motivo del homenaje tributado pocos días antes, en el palacio de la Biblioteca Nacional, al sabio colombiano Francisco José de Caldas.

Quiso el Ministro de Colombia mostrar al Rey su gratitud, en nombre de su Patria, por el homenaje rendido a Caldas, y a este sentimiento obedeció la organización de la comida. Pero el acto tuvo una más alta significación y mayor transcendencia.

A las nueve y media llegaron los Reyes, con lucido acompañamiento.

La fiesta fué a la par familiar y brillantísima, asistiendo muchas notables personalidades españolas y americanas.

DIA 19.—Los socialistas en el Consejo de Estado. Conferencia del Sr. Largo Caballero.—En el teatro de la Casa del Pueblo dió el Sr. Largo Caballero una conferencia acerca del Consejo de Estado.

Aparte de la divulgación de normas e historia de aquel alto Cuerpo consultivo, el conferenciante dedicó gran parte de su conferencia a justificar su actuación como Consejero de Estado, perfectamente compatible con su significación política y social.

•Debe desaparecer—dijo—el anticuado criterio que predominó antes en las organizaciones obreras españolas.
•Han pasado ya aquellos tiempos en que los obreros, para significar su protesta por actos de gobierno contrarios a la clase, se retiraban de las entidades en las cuales tenían su representación. Eso quisieran ahora los elementos que aspiran a sucedernos; entre otros, las organizaciones de los obreros católicos.
•La retirada revela siempre carencia de medios para la lucha.

En el Ayuntamiento de Madrid.—Contra la actuación de las concejalas.—En la parte dedicada al público de la sesión municipal de esta fecha, fué notable la intervención de la ciudadana Carmen González, como espontánea.
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Dijo que acudía al Ayuntamiento, en representación de las obreras, para exponer su criterio, opuesto a la labor que efectuaban en el Municipio las señoritas concejalas.

«Cuando esas señoritas fueron nombradas concejalas, experimentamos cierta satisfacción, al ver que al fin las mujeres ocupaban cargos en la administración de la ciudad. Creímos que abordarían los problemas que a las mujeres nos interesan más. Hoy, al ver su actuación, decimos que nuestras esperanzas han sido defraudadas.

»Esas señoritas, que, según confiesan ellas mismas, deben su nombramiento al capricho y a la arbitrariedad, no han abordado esos problemas.

»Es más, han consentido que el Ayuntamiento nos ultraje, que a ultraje equivale el haber acordado que en la fonda del Matadero no puedan entrar las mujeres como huéspedas ni como sirvientes, porque se pone en peligro la moralidad del citado establecimiento.

»Protestamos de la propuesta de la Sra. Echarri para que se prive de subvenciones a las escuelas laicas.

»Congruentemente con lo expuesto, solicitamos la destitución de las concejalas. No representan a las mujeres ni a nadie. No hacen nada por que se abaraten las subsistencias, ni para que se resuelva la crisis de trabajo, ni para que acabe la crisis de la vivienda. Las mujeres necesitamos que se acometan éstas cuestiones, para que nuestros hijos puedan alimentarse y criarse en condiciones sanas y para que la labor de nuestros maridos y la nuestra sea menos ingrata de lo que es en la actualidad.»

Las palabras de la ciudadana Carmen González produjeron impresión en los concejales y fueron muy bien recibidas por el público.

Asamblea de la Liga Española contra el Cáncer.—En el Instituto «Príncipe de Asturias» se celebró la Asamblea anual de la Liga Española contra el Cáncer.

Los Reyes presidieron el acto, sentándose ante una mesa forrada de terciopelo rojo, y sobre la que se hallaban las insignias de la Gran Cruz de Beneficencia, que S. M. había concedido al ministro francés M. Godart.
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El Rey declaró abierta la Asamblea y concedió la palabra a D. Florestán Aguilar, secretario y alma de la fundación, que leyó la memoria anual y dió cuenta de los trabajos y de los propósitos de la Liga.

Después hablaron el Dr. Bandaline, que forma parte de la Comisión francesa; el Dr. Goyanes, el cual dijo que en España mueren, aproximadamente, al año unas 15.000 personas de cáncer. El promedio de cancerosos es de 45.000. Muere, pues, anualmente una tercera parte de los enfermos.

Terminó leyendo los diez mandamientos que constituyen la aspiración y el programa de la Liga, y haciendo votos para que ellos sean pronto una realidad.

Hablaron después el Dr. Hartmann, catedrático de la Facultad de París, y el rector de la Universidad de Barcelona, Dr. Martínez Vargas, que hizo gran elogio de la caridad de la Reina D.ª Victoria.

El director general de Sanidad, Dr. Murillo, leyó seguidamente unas cuartillas encareciendo la importancia del acto, resaltando la del programa de M. Justin Godart, y elogiando la personalidad y la obra del Ministro de Higiene francés.

Este señor leyó a continuación su discurso.

Comenzó dando gracias por la acogida que encontrara en España, felicitándose de que puedan trabajar juntas España y Francia en la obra de combatir la gran plaga, tanto más difícil cuanto que es misteriosa en sus orígenes y terrible en su propagación.

El discurso del Ministro francés fué acogido con grandes aplausos, largo rato prolongados.

En nombre del Directorio pronunció breves palabras su presidente interino, Sr. Marqués de Magaz, quien dedicó un elogio caluroso a la personalidad de M. Godart.

Importante discurso del Rey.—D. Alfonso cerró los discursos, pronunciando las siguientes palabras:

«Después de los discursos que aquí se han pronunciado, y de saludar al representante del Gobierno francés, tengo que décirlos únicamente que daré a este Instituto los medios necesarios de vida.

»Si hasta hoy faltaron los materiales y elementos precisos, desde hoy el trabajo de los médicos tendrá el
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auxilio de los aparatos y camas necesarios, los medios, en fin, para que podáis luchar contra el mal.

•Los médicos españoles, con su trabajo, ingenio y actividad, contribuirán, como lo hicieron siempre, a los adelantos de la ciencia médica.

•Los médicos españoles, como todos los que en España trabajan en las distintas actividades, van siempre al nivel del movimiento mundial.

•El año pasado, cuando visité este Instituto, hablé con sus médicos de los medios que le hacían falta. Las dificultades presupuestarias han impedido que se atiendan.

•Hoy, que me encuentro aquí, no sólo con la voluntad de Rey, que era lo que teníamos el año pasado, sino con la presencia del Gobierno, del Subsecretario de Gobernación y del Director de Sanidad, tengo que preguntarles a todos ellos si puede dejar de darse lo que pedís.

•Veo en la cara del Presidente interino reflejado el susto. No hay que asustarse. La cifra es muy modesta: 600.000 pesetas en dos ejercicios. El precio de uno de los automóviles que usamos para carretera o de un aeroplano pequeño de combate—los grandes valen más—. Ambos instrumentos sirven para matar. Yo creo que podemos emplear esa misma cantidad en esta obra, que es para salvar muchas vidas.

Y luego, en francés, contestando a las palabras del Ministro de Higiene, le dijo que constituía para él un honor haber podido aliviar en algo los dolores de algunas familias francesas en aquellas tristes circunstancias de la guerra, testimoniando de esa manera —la que estaba a sus alcances—la simpatía que siempre le inspiró, así como a su pueblo, la hermosa nación vecina.

Esperaba que el Ministro visitara en Madrid nuestras instituciones benéficas, nuestros hospitales.

•Esta organización sanitaria no es lo perfecta que todos querríamos; pero esperamos y trabajamos para mejorarla.•

Añadió que acababa de exponer su opinión y la de su Gobierno de que se concedan créditos para dotar este Instituto del Príncipe de Asturias, llamado a realizar
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misión tan humanitaria y tan hermosa cual es combatir el cáncer.

«Yo digo que eso se hará—terminó—, y dotando de medios suficientes a esta Liga española, demostraremos cuánto interesan esos problemas aquí y cómo deseamos todos luchar en pro de la salud, que es un modo de defender a la Patria.»

Al terminar, se hizo a S. M. una entusiasta ovación.
Seguidamente, el Rey hizo entrega al Ministro de las insignias de la Gran Cruz de Beneficencia, dando por terminado el acto.

El Estatuto Provincial.—He aquí, en síntesis, los preceptos capitales del Estatuto sancionado en este día por S. M. el Rey:
El territorio de la nación española se divide en provincias, cuyo número, denominación y capitalidad serán los actuales, teniendo todas igual categoría. En el plazo de dos años, el Gobierno rectificará sus límites para acomodarlos a las necesidades y conveniencias públicas.
Los intereses locales de cada provincia serán regidos por las Diputaciones provinciales, y en defecto de ellas, por los organismos similares que constituyan los Ayuntamientos. Unas y otros tendrán plena capacidad jurídica, declarándose derogadas las leyes desamortizadoras.
Los Ayuntamientos de una misma provincia podrán, a virtud de este régimen, sustituir la Diputación o alterar su estructura orgánica, económica y administrativa. Para ello será preciso: la conformidad, al menos, de una tercera parte de Ayuntamientos de la provincia que represente dos tercios del total de electores que haya en ella; que el acuerdo se adopte en cada Ayuntamiento con especiales requisitos; que se garantice el cumplimiento de los fines provinciales y que no se excluya a los Ayuntamientos pobres o modestos. Con arreglo a este mismo sistema, un grupo de Ayuntamientos de una provincia, que suponga al menos la cuarta parte de los que en ella haya, podrá organizar, independientemente de la Diputación, todos o parte de los servicios provinciales, siempre que se obtenga la conformidad de la mayoría de
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civiles o militares, con ser cosa muy importante sus cualidades de gobernantes, todavía lo es mucho más el sistema que deje el Directorio como herencia. No hay término medio: o el régimen representativo o el fracaso.

»—¿Y cuáles serían las bases de ese régimen representativo?

»—El que he expuesto tantas veces en el Parlamento, en el mitin y en la Prensa. Una amplia descentralización en Municipios y regiones.

»Nadie negará que existe en España una clase agrícola, una clase industrial y otra comercial, con sus correspondientes categorías de trabajo y de trabajadores; un clero que representa el interés moral y religioso de la gran mayoría, y que ha penetrado con su acción en toda su historia; una red de Universidades, y Academias, y Centros docentes, y grupos selectos de escritores y artistas, que forman la clase intelectual; un Ejército terrestre y marítimo voluntario y forzoso, que encierra el interés de la defensa interior y exterior, y una nobleza que conserva los nombres ligados a grandes empresas de la Patria con una pléyade de superioridades sociales en todos los órdenes, que recibe su savia de las cuatro fuentes de toda verdadera aristocracia: la virtud, el talento, el valor y la riqueza benéficamente empleada. ¿Estaban representadas proporcionalmente esas clases en los Parlamentos del antiguo régimen? No; sólo en el Senado, que conserva el tipo del Estatuto del 34, por no atreverse a individualizarlo todo, se conservó un poco.

»Pues esas clases han de representar a España.»

La intervención en Marruecos.—Preguntado por un periodista acerca de la interpretación del Acta de Algeciras para la intervención en Marruecos, contestó el Sr. Pérez Caballero:

«El problema no puede plantearse en esos términos, sencillamente porque el Acta de Algeciras nada tiene que ver con la intervención hipotética que se cita.

»Además, el Acta de Algeciras está en gran parte derogada, tanto por ser muy otro hoy el estado jurídico de Marruecos cuanto porque el tratado de paz de Versalles lo ha consignado en forma expresa al prescribir el
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los electores de esos Municipios y que se pruebe la conveniencia del desglose.

En los dos casos citados, la Carta intermunicipal ha de someterse a la aprobación del Gobierno, que la negará cuando pueda perjudicar a los acreedores de la provincia o invadir las atribuciones propias de los Ayuntamientos o cuando no garantice la mejora de los servicios. La Carta intermunicipal no afectará nunca a la capitalidad de la provincia ni a los servicios propios de la Administración central. Tampoco podrá dañar los derechos adquiridos, cuando a virtud de ella desaparezca la Diputación; entre los Ayuntamientos o Mancomunidades que éstos formen, ha de constituirse un organismo que unifique la representación provincial.

Mancomunidad provincial.—Las Diputaciones podrán agruparse en Mancomunidades de carácter administrativo para la ejecución de obras o la prestación de servicios de su competencia que tengan carácter interprovincial. Al frente de cada Mancomunidad habrá una Comisión gestora, formada por representantes directamente elegidos por cada Diputación. La Comisión gestora tendrá un Presidente, que designará entre los miembros que la componen. Tanto el reglamento como los presupuestos de la Mancomunidad serán sometidos por la Comisión gestora separadamente a cada Diputación, y si en éstas no hubiese acuerdo, se someterá a una Asamblea conjunta de las Diputaciones interesadas. Los presupuestos y las cuentas de la Mancomunidad han de elevarse a la aprobación del Ministerio de la Gobernación y del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, respectivamente. Las Mancomunidades que persigan una obra determinada no podrán disolverse mientras no la terminen. Cuando la Mancomunidad tenga duración indefinida, cualquier Diputación podrá separarse de ella, si lo acuerdan las tres cuartas partes de sus Diputados, lo comunica con un año de antelación a las restantes y responde, en la parte que le esté asignada, de las obligaciones contraídas.

El Gobierno ha de aprobar el proyecto de Mancomunidad y el reglamento para su régimen interior. Podrá también disolverla en caso de peligro grave de orden público.
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Gobernadores civiles.—Se hace asequible el cargo de Gobernador civil a los jueces, notarios, registradores, abogados del Estado, oficiales letrados del Consejo de Estado, del Congreso y del Senado y catedráticos de la Facultad de Derecho de las Universidades de España, siempre que cuenten seis años en el desempeño de sus respectivos cargos, teniendo presente la condición de letrado que, para desempeñarlos, es indispensable.

Se suprime la capacitación de los Diputados provinciales. Se exige que los que sean nombrados como jefes de Administración hayan obtenido esta categoría en servicios activos al Estado y retribuidos por éste. Se mantiene la capacidad de los Diputados a Cortes y Senadores, de los Secretarios del Gobierno civil y de Diputación y de los Presidentes de Diputación y Alcaldes de Municipios de más de 30.000 almas. Se eleva a 15.000 pesetas el sueldo de todos los Gobernadores. A 20.000 pesetas, los gastos de representación de los de Madrid, Barcelona y Canarias. A 15.000 pesetas, los de Baleares, Cádiz, La Coruña, Granada, Guipúzcoa, Málaga, Murcia, Oviedo, Santander, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza, y a 7.500 pesetas, los de todas las restantes provincias. Podrán los Gobernadores ejercer las funciones que actualmente les corresponden e imponer multas hasta 1.000 pesetas, si bien el arresto supletorio no podrá exceder de quince días.

Organización de las Diputaciones.—Las Diputaciones se constituirán con el siguiente número de Diputados:
Corresponden 12 a las provincias de Albacete, Almería, Ávila, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huelva, Huesca, León, Lérida, Logroño, Murcia, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel y Zamora.
Corresponden 14 Diputados a Alicante, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, La Coruña, Jaén, Lugo, Orense, Pontevedra, Santander, Sevilla, Toledo, Valladolid y Zaragoza.
Corresponden 16 Diputados a Badajoz, Granada, Málaga y Oviedo.
Corresponden 18 Diputados a Barcelona, Córdoba, Madrid y Valencia.
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Alava tendrá 10; Guipúzcoa y Vizcaya, 12, y Navarra conservará los siete que fija la ley de 1841.

Los Diputados se clasifican en directos y corporativos, correspondiendo a cada clase la mitad del número asignado a cada provincia.

Los directos serán nombrados por sufragio universal, formando la provincia una sola circunscripción, rigiendo el sistema de representación proporcional y teniendo condición de electora y elegible la mujer en los casos y forma que establece el Estatuto municipal.

Los Diputados corporativos serán designados por los Ayuntamientos, teniendo carácter de electores y elegibles los concejales titulares y suplentes. El voto de cada concejal se evaluará según el cociente que resulte de dividir el número de electores y derechos de examen y otros actos, así como todos los que devenguen por este impuesto cantidad inferior a una peseta.

De la región.—Los Municipios de varias provincias limítrofes cuyos términos formen territorios contiguos que proporcionen a su agrupación fundamento económico o natural podrán constituir región para la organización de los fines de carácter local que regula el Estatuto y de los del Estado que no tengan carácter intransferible por razón de su soberanía.

La región no podrá fraccionar provincias, requiriéndose para iniciarla acuerdo favorable de tres cuartas partes de los Ayuntamientos de todas y cada una de las provincias interesadas que representen tres cuartas partes de los electores existentes en ellas.

El Gobierno examinará el proyecto de Estatuto, y en su caso redactará el que haya de regir en la región, determinando la competencia regional, las garantías jurídicas del ciudadano, la Hacienda de la región, que podrá acomodarse al régimen de conciertos económicos, y todo cuanto se relaciona con la misma, pudiendo acoplar los servicios del Estado a la nueva demarcación regional.

DIA 21.—La disolución de la Mancomunidad de Cataluña.—Importante nota del Directorio.—En la Presidencia del Directorio se facilitó la siguiente nota del general Primo de Rivera:
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«Al hacerse público el Real decreto que establece el nuevo régimen provincial, el general Primo de Rivera se cree obligado a explicar a la opinión, especialmente a la de Cataluña, su fervor por una ley que pudiera parecer en contradicción con ciertas tendencias que patrocinó hasta hace muy poco y que consignó en su manifiesto de 13 de septiembre de 1923.

• Ya ha declarado en repetidas ocasiones que más valor que a las propias da frecuentemente a las ideas ajenas y que no es para él nunca caso de honor, ni siquiera de amor propio, sentimientos que muchos confunden, el rectificar sus juicios.

• En esta ocasión los ha rectificado totalmente en año y medio. Pensaba que el regionalismo histórico, sobre dar ocasión a eficaz, descentralizador y económico sistema administrativo, podía afirmar los lazos de unidad nacional en España. Y porque así pensaba, lo defendía sinceramente. Pero luego ha ido ganando su juicio la opinión de que descentralizar es igualmente posible con el régimen provincial; que agrandar las divisiones administrativas, judiciales y de servicios técnicos como sistema general no lo aconseja la creciente actividad o intensidad de la vida provincial, y, por último, y en ello está la razón del completo cambio de criterio, que reconstituir desde el Poder la región, reforzar su personalidad, exaltar el orgullo diferenciativo entre unas y otras es contribuir a deshacer la gran obra de unidad nacional; es iniciar la disgregación, para la que siempre hay estímulo en la soberbia o el egoísmo de los hombres.

• No sé si decir afortunada o desgraciadamente, pero es lo cierto que hemos pasado por un ensayo de ese especial regionalismo con la Mancomunidad de Cataluña, y él ha conducido a tal grado de mal entendido predominio del sentimiento regional, que contra lo que se decía, de que era convivible con el de Patria grande, lo hemos visto galopar desenfrenadamente hacia el nacionalismo y el separatismo, haciendo pasar a los catalanes amantes de España horas de amargura y humillación, y a los españoles todos, de inquietud y descorazonamiento. La labor de la Mancomunidad catalana ha sido la de arrancar con triste y rotundo éxito, por todos los medios y to-