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Sentencia en la causa por el atentado de Garraf, y sanción a dos defensores.—En este día se hizo pública la sentencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina en la causa por la tentativa de atentado en las costas de Garraf.

La sentencia confirmaba la del Consejo ordinario, y condenó, por lo tanto, a reclusión perpetua, con inhabilitación perpetua, a los procesados Compte, Perelló, Juliá y Garriga; a doce años y un día, a los procesados Ferrer, Civit y Badía, y declaraba libres a los procesados Argue-laget y Granier.

A los abogados Sres. Roig y Balbontín se les inhabilitaba para actuar durante seis meses ante los Tribunales militares.

Se concede a Mussolini la gran cruz del Mérito Naval.—El embajador de España en el Quirinal, Sr. Conde de la Viñaza, expresó al Sr. Mussolini el caluroso reconocimiento de los oficiales de la escuadra española que habían visitado recientemente puertos italianos, por la cordial acogida y hospitalidad que les prestaron los marinos de Italia.

También comunicó al Presidente italiano que D. Alfonso XIII le había nombrado caballero gran cruz del Mérito Naval, como homenaje a la Marina italiana.

El Sr. Mussolini contestó expresando su agradecimiento al Conde de la Viñaza.

DIA 5.—Manifiesto de Primo de Rivera al país.—Programa de Gobierno.—Se publicó en esta fecha un interesante documento, del que son los párrafos siguientes:

«Españoles: Tres años hace que, por un apremiante llamamiento al espíritu público, desperté la conciencia nacional, aletargada en términos que muerta parecía, y obtuve la confianza del país, que, recogida prontamente por el Rey (q. D. g.), pusieron en mis manos las riendas de la gobernación de España, que al presente me siguen confiadas.

»Parece, pues, adecuado el momento de rendir cuenta de mi gestión y de recabar para ella y su continuidad
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la doble confianza del pueblo y del Rey, que siempre deben marchar emparejadas. Ella requiere de mi parte una declaración sincera y franca, que en ocasiones será severa autocrítica, y una exposición de propósitos, ya relativamente fáciles de realizar, merced al saneamiento que en tres años se ha llevado a cabo en la cimentación del cuarteado edificio nacional.

• En lo histórico seré sucinto. Problemas gravísimos que encontré mal planteados y objeto de enconos y pasiones eran: el de Marruecos; el terrorista, con sus exacerbadas derivaciones comunistas y sindicalistas, haciendo imposible la vida económica nacional; el separatismo audaz y propagado, prendiendo en comarcas donde nunca fuera de temer mal tan odioso y grave. Otros problemas, no tan apremiantes, pero de gran importancia: el de las responsabilidades; el económico, con la depreciación de moneda, el encarecimiento e inestabilidad de precios en las subsistencias, la escasez y carestía de viviendas, la perturbación del servicio ferroviario, el desplorable estado de las carreteras, la mala administración local y provincial y la incertidumbre y penuria de la agricultura nacional. Los apéndices que complementarán este manifiesto pondrán de relieve la mejora que en todos estos asuntos se ha logrado. En otros que el Directorio, cuya colaboración y esfuerzo no creo olviden nunca los españoles, y el Gobierno que presido han abordado, basta su enunciación para proclamar su alcance. Reducción del servicio militar a dos años, igualación de pensiones, desarrollo de escuelas, concesión de personalidad jurídica a las Universidades, creación de las Federaciones hidrológicas y otros muchos de verdadera, aunque no tanta importancia.

• Todo esto, que, con ser algo, es mucho menos de lo necesario, se ha logrado en el breve plazo de tres años, ejerciendo el Gobierno, en forma de «dictadura», calificación exagerada, porque ella parece envolver el concepto de un poder personal y arbitrario, que ni por un momento ha existido por parte del Rey ni del Gobierno, pues éste ha contrastado siempre sus juicios con los órganos adecuados, ha acomodado sus resoluciones a las leyes del país, sin más excepción que la de suspenderlas o modificarlas en casos precisos, y a la sanción real se han
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sometido todos los decretos, como el Rey ha sometido a su Gobierno todas sus ideas e iniciativas.

Así, pues, no es que haya habido «dictadura», sino «gobierno», con las mínimas facultades que se precisan y se precisarán más cada día, y en todas partes, como bien claro lo está demostrando la experiencia universal.

Se había ido demasiado lejos en la intervención de la opinión pública, tomando por tal la amañosamente presentada por la política; en la entronización del sistema de fingidas mayorías, y, sobre todo, en el falseamiento y expresión de estos principios, que, en régimen de pureza de valoración y contraste, tendrían innegable virtualidad.

Fracasado el sistema parlamentario en su forma actual, comprobada últimamente su ineficacia en los dos países más afines al nuestro, y donde tiene mayor arraigo, habiéndose de buscar en uno las soluciones a un problema económico social fuera del Parlamento, cuyo acuerdo, que debía ser soberano, encuentra resistencias a ser obedecido, y habiéndose en el otro impuesto la necesidad de un Gobierno completamente heterogéneo, en que el significado político parlamentario de sus componentes ha de borrarse para que pueda llegarse a la solución del problema económico más agudo que país alguno conoció, nadie que no estuviera loco pensaría en restablecerlo en España, donde su sueño de tres años no ha entorpecido ninguna resolución de carácter internacional ni económico; por el contrario, las ha facilitado con el enmudecimiento de las voces audaces, egoístas o enredadoras, que eran su desafinada música.

Pero, sin embargo, no es prudente carecer de una Suprema Asamblea nacional temporal, pero permanente en su función, en que estén representados con debida ponderación todas las clases e intereses, incluso las que no significan más que la ciudadanía y el consumo, para someter a su estudio e informe, y, en determinados casos, a su iniciativa y aprobación, resoluciones de Gobierno, y para que, ante la eventualidad de la caída de éste, el Rey tenga en las figuras de más relieve de la Asamblea, en los hombres que representen en ella núcleos de opinión, elementos de consulta que le permitan pulsarla y orientarse en la designación de nuevos gobernantes.
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Anuncia el Gobierno el firme propósito de convocarla, anticipando a su debido tiempo su constitución, modo de elegirla y funciones que han de encomendársele.

• En verdadera quiebra los sistemas políticos, por nadie desconocidos, discutidos, ni menos atropellados los derechos fundamentales e individuales, ninguno puede sobreponerse al de defensa del Estado, para conseguir lo cual cada nación seguirá sus inclinaciones y atenderá a sus necesidades en la elección del sistema con que ha de reorganizarse y gobernarse.

• El momento es de eso: de reorganización y gobierno o de lucubrio y muerte. Y España, de personalidad tan robusta y bien acusada, ni quiere, ni debe, ni puede morir mientras en sus ciudadanos viva el alma de la raza.

• Así, la «dictadura», al desprenderse sin imposición de nadie, sino por visión patriótica del momento político, de parte de sus poderes, continúa su evolución hacia una normalidad, que no ha de ser, precisamente, el pasado, sino la que como más perfecta se ofrezca al país, sin que de antemano se prejuzgue ni anule la ley constitucional, eje y espíritu de la vida pública, mientras legalmente no sea modificada.

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• Célula principal de la nación ha de ser el Municipio, y de él, la familia, con sus rancias virtudes y su moderno concepto ciudadano. Núcleo, la provincia, y vértebra principal que dirija y riegue todo el sistema, el Estado.

• Pero no un Estado absorbente, centralizador, burocrático y entorpecedor, sino que estimule, inspeccione y favorezca.

• Es difícil concebir un Estado moderno sin una intensa intervención ciudadana, no sólo por razón de economía, sino de eficacia y de participación en la responsabilidad de la vida colectiva. El funcionarismo debe dejar de ser una tiranía directiva, para pasar a ser una técnica auxiliar.

• Propónese el Gobierno en este sentido hacer una obra verdaderamente renovadora organizando los tribunales de ciudadanos.
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•La composición social obliga al Estado a buscar la posible nivelación de las clases en el disfrute de la vida, pero sin populachería, doctrinarismo ni espíritu de desquite, con orden y razón, y exigiendo a todos el rendimiento de su trabajo y el cumplimiento de sus deberes. Con espíritu cristiano y democrático, pero con disciplina.

•Los conceptos de respeto a la ley (la ley la dicta quien debe y puede con arreglo a las circunstancias), a la autoridad, al derecho ajeno y a la propiedad son fundamentales en la constitución y vida de los pueblos. El desarrollo de la cultura y de la riqueza facilitan más que nada la obra de los gobernantes.

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•Salvo las rentas públicas especiales, como Aduanas, loterías, monopolios u otras semejantes, la exacción de los demás tributos debe encomendarse a los Municipios (auxiliados e intervenidos), haciéndoles participar en ellas. Los Municipios deben recaudar en nombre del Estado y para el Estado, aparte sus rentas propias, que deben ser las que tengan, por su radicación, carácter local.

•El Estado ha de simplificar, no sólo su instrumento tributario, sino su funcionamiento. Las líneas generales de un sistema simple y eficaz han de fundarse en la declaración ciudadana sincera y de buena fe, en la comprobación contradictoria municipal, en la inspección, cuando esté justificada, y en el rigor de la sanción, cuando se pruebe el fraude o su intento.

•Sería imposible en un programa, y desviaría la atención de lo esencial, pretender incluir al detalle todo lo que constituye el ideario de un Gobierno que tiene acreditada su actividad mental, cualquiera que sea el juicio que merezca el acierto de ella.

•Aspiramos a la organización de un Ejército de tipo muy genuino español, con unidad de doctrina, de sólida disciplina y muy fraternal compañerismo y de gran espíritu militar y ciudadano. La colaboración ya iniciada de personal militar en la vida civil será ampliada, pues en esta época de reconstitución y resurgimiento, el país no puede desperdiciar el tesoro de cultura, honor y laboriosidad que representan tantos hombres educados en aus-
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teros principios de trabajo y patriotismo. En los ejércitos del porvenir, aun en los más profesionales, en los largos períodos de paz, que han de ser el justo ideal de los pueblos, los cuadros serán colaboradores en la vida civil de las naciones.

* * *

• Esto es cuanto puedo y creo deber decir a los españoles de ambos sexos y de todas las ideas, profesiones y actividades, a los tres años de haber reclamado, con el apoyo del Ejército y la Marina, bien pronto fortalecido por el del pueblo, el Gobierno de mi país. No me remuerdo de la conciencia de haber perdido para su servicio un solo minuto utilizable; no me amarga la visión de haberlo humillado o comprometido para con el Extranjero, ni la de haber agravado ninguno de los males que padecía. Para mí, estos tres años son un honor que me redime ante mi propia conciencia de flaquezas y pecados de una vida en ocasiones ociosa en un ambiente de vicio, del que también he hecho lo posible por purificar a España. No hablo de honradez, porque ella es elemental deber que muchos cumplieron antes y han cumplido a la par que yo. He predicado con el ejemplo el destierro de la influencia, no admitiendo ni haciendo recomendaciones, lo que ha enfriado a muchas amistades.

• En todos los momentos solemnes de mi vida he puesto mi fe en Dios, y como tengo por tal este en que me dirijo de nuevo al país dándole cuenta de tres años de su gobernación, en El vuelvo a poner mi confianza y hágase lo que sea su voluntad para el bien de España.—Miguel Primo de Rivera.

•5 de septiembre, 1926.•

El Comité Ejecutivo de la Unión Patriótica lanzó también un entusiasta manifiesto.

La cuestión de los artilleros.—Declaración del estado de guerra en toda España.—Aunque sea alterando las fechas de los acontecimientos ajenos a éste, seguimos el orden en los detalles de él, para darles mayor carácter de continuidad.
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Se facilitó en la Presidencia la siguiente nota:

• El Gobierno no puede retrasar más el momento de informar de lleno a la opinión pública sobre un asunto de la mayor gravedad, cuya solución satisfactoria ha de depender, más que de nada, de su activa soberana intervención. Se trata de la cuestión derivada del Real decreto de 6 de junio, que modificó los reglamentos de recompensas en tiempo de guerra y suprimió el artículo que daba derecho a la renuncia de empleos, anulando todas las realizadas desde el año 22. No hay para qué entrar en el fondo de la cuestión. El hecho es que, a partir de ese día, una serie de actos de resistencia, con carácter de verdadera indisciplina, viene registrándose, sin que el Ministro de la Guerra haya dejado de aplicar bien ajustada sanción a ninguno de ellos.

• Pero en el día de hoy ha tenido conocimiento el Ministro del llamamiento a incorporarse, por el jefe de la Sección de Artillería, de los jefes y oficiales del Arma en disfrute de licencia o comisión, sin su conocimiento ni el de los Capitanes generales. Además, el jefe del regimiento de Artillería de Segovia ha ordenado, sin autorización superior, el acuartelamiento de su fuerza, a título de previsión, por «si otras enviadas de Madrid las atacaban».

Ante estas graves faltas, el Ministro ha depuesto del mando a ambos jefes y decretado sus arrestos. Posteriormente, por la noche, el Capitán general de Valladolid y el Gobernador civil de Segovia han dado cuenta de un completo estado de indisciplina en esta guarnición, del que participa el personal de la Academia, incluso los alumnos, a los que insensatamente se ha hecho intervenir en este asunto.

• En vista de todo esto, el Gobierno ha indicado al Rey la conveniencia de venir a Madrid, lo que S. M. ha decidido inmediatamente, y le ha pedido autorización para declarar el estado de guerra en toda la Península e islas adyacentes y tomar otra serie de disposiciones que aparecen en la Gaceta y Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de hoy.

• Por una de ellas se declara suspensos de empleo y sueldo todos los jefes y oficiales de la escala activa del Arma de Artillería, y se les prohíbe el uso del uniforme,
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y se levanta a los militares de todos los empleos, clases, Armas y Cuerpos la obligación de obedecer a los jefes y oficiales de la escala activa de Artillería, cualquiera que sea su destino y graduación, prohibiendo a éstas presentarse en sus cuarteles o centros donde prestan sus servicios.

»La gravedad de las medidas corresponde a la de las faltas, que no han sido parte a evitar ni reprimir ni exhortaciones ni prudentes sanciones. Un verdadero estado de ofuscación ha hecho poner a la oficialidad de la escala activa de Artillería el sentimiento de Cuerpo por encima del deber militar, y aun del amor a la Patria. El mal hondo, antiguo, largamente consentido, fué origen de otros que hasta hace pocos años se lamentaron por todo el país y dificultaron su vida. Las circunstancias han obligado a combatirlo ahora, y el Gobierno no puede, con una claudicación, agravarlo y fecundar en el país gérmenes de mortales rebeldías.

»Al Gobierno asisten seguramente todos los Cuerpos e Institutos del Ejército; pero le asiste principalmente la noción exacta del cumplimiento de su deber y el incontrastable apoyo de la opinión pública.»

He aquí el Real decreto declarando el estado de guerra:

«Exposición.—SEÑOR: La oposición colectiva que los jefes y oficiales de la escala activa del Arma de Artillería ofrecen al cumplimiento de disposiciones que el Gobierno, atento a los altos intereses de la Patria, tuvo a bien dictar, exige la adopción de severas medidas que eviten cuantos males pueda ocasionar tan reprobable proceder. Este es el móvil que guía al Presidente del Consejo que suscribe, para someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto:
»Madrid, 5 de septiembre de 1926.—SEÑOR: A los Reales pies de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.»

«Real decreto.—A propuesta de mi Consejo de Ministros, y de acuerdo con éste, vengo en decretar lo siguiente:
»Artículo 1.º Se declara el estado de guerra en todo
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el territorio de la Península y archipiélagos de Baleares y Canarias.

•Art. 2.º Serán considerados como rebeldes al frente del enemigo y juzgados en juicio sumarísimo cuantos se opongan u ofrezcan resistencia al cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Gobierno en relación con las causas que motivan el presente decreto.

•Art. 3.º Serán considerados como culpables del mismo delito y juzgados también en juicio sumarísimo los que directa o indirectamente auxilien a los incluidos en el artículo anterior y los que nieguen al Gobierno de un modo ostensible o con pretextos los medios necesarios que les demande para vencer la oposición o resistencia que aquéllos opongan.

•Dado en San Sebastián a la una hora del día 5 de septiembre de 1926.—ALFONSO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.»

Sanciones contra los jefes y oficiales de Artillería. También se publicó el siguiente Real decreto:

«Exposición.—SEÑOR: La indisciplina tenaz y notoriamente mantenida desde hace tres meses por los cuadros de jefes y oficiales de la escala activa del Arma de Artillería ha culminado hoy en actos de insubordinación registrados en Segovia, cuna del glorioso Cuerpo, de que, para peor ejemplo y más grave daño, han participado los alumnos de aquella Academia.

•El Gobierno cree llegado el momento de imponer fuertes penas a los que, sordos a todo consejo y sanción, han conducido al estado de cosas que se hace preciso exponer a V. M., a cuyo fin someto a su Real aprobación el siguiente proyecto de decreto.

•Madrid, 5 de septiembre de 1926.—SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.»

•Real decreto.—A propuesta del Presidente de mi Consejo de Ministros, y de acuerdo con éste, vengo en decretar lo siguiente:
•Artículo 1.º Se suspende de empleo, fuero, atribuciones, uso de uniforme y sueldo a todos los jefes y oficiales
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de la escala activa del Arma de Artillería con destino o residencia, aunque sea eventual, en la Península, islas Baleares y Canarias, no aplicándose esta medida a los de las guarniciones de Marruecos, porque es seguro que el concepto del cumplimiento de sus deberes en campaña les preserve de la comisión de faltas de la índole de las que se sancionan.

»Art. 2.º Quedan relevados de obediencia a los jefes y oficiales de la escala activa del Arma de Artillería, cualquiera que sea su jerarquía, y les sea de aplicación el artículo anterior, todos los jefes, oficiales, clases y soldados de la propia Arma a quienes el citado artículo no afecte, y de las demás Armas y Cuerpos del Ejército, pudiendo detenerlos y entregarlos a las autoridades legítimas cuando traten de imponer el fuero de que se les desposee por este decreto.

»Art. 3.º Bajo el mando del personal de oficiales de la escala de reserva de Artillería y el de clases de segunda categoría de la propia Arma, se atenderá a la custodia de los estandartes, cuarteles, administración y cuidado de las tropas, suspendiéndose los actos de instrucción.

»Art. 11. Los Capitanes generales resolverán por sí, con la iniciativa y expedición que tienen acreditadas e inherentes a sus altas funciones, todas las dudas y dificultades que se presenten en la aplicación de este decreto, obrando con la mayor energía y rapidez en los casos de resistencia al cumplimiento de sus preceptos.

»Dado en San Sebastián a 5 de septiembre de 1926.—ALFONSO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.»

Conferencia de Primo de Rivera con el Rey.—Para nadie era un secreto, al conocerse la nota facilitada a la Prensa, que desde el decreto de 6 de junio se venía notando una actitud bien extraña en los jefes y oficiales del Arma de Artillería.

En la nota ya publicada se refiere todo lo sucedido. Sin embargo, creemos de interés aumentar algunos detalles.

Conocidos por el Gobierno los hechos principales que en ella se refieren, tuvo conocimiento, por las autorida-
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proporcional quebranta el caciquismo e impide totalmente el soborno.» Etc.

Después el Sr. Gasset habló de la reforma electoral, de la libertad ciudadana y del prestigio de la autoridad, del problema de Marruecos y del presupuesto.
El Sr. Gasset fué muy aplaudido.

DIA 22.—Los Presidentes de las Diputaciones, en Palacio.—Fueron recibidos por el Rey los Presidentes de las Diputaciones de toda España, que se encontraban en Madrid con motivo de la Asamblea.
Fueron presentados al Rey, uno por uno, por el de la de Madrid.
Al salir de Palacio dijeron a los periodistas que el Monarca había recibido afectuosamente a todos los representantes provinciales, hablando con ellos detenidamente, dedicando un recuerdo a cada una de las provincias y haciendo un breve comentario sobre sus necesidades. El Monarca mostró gran conocimiento de las necesidades provinciales de toda España.
D. Alfonso indicó al Presidente de la Diputación de Madrid su deseo de que se nombrara una representación de todos los asambleístas que, en nombre de ellos, asistiera al banquete de gala en Palacio.

Consejo de Ministros.—Comisión para el estudio de los gastos.—Durante tres horas, desde las siete hasta las diez, estuvieron reunidos los Ministros en la Presidencia celebrando Consejo.
Al salir el Presidente, manifestó a los periodistas que le habían sido entregados el fajín y la medalla de Diputado provincial, y que se disponían todos los Ministros a asistir al banquete de las Diputaciones.
La nota oficiosa del Consejo decía:

«Hacienda.—Se aprobó una Real orden creando una Comisión encargada de estudiar los presupuestos de gastos del Estado, y proponer las economías que sean factibles. Estará presidida esta Comisión por el Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, y estará compuesta por cuatro funcionarios de dicho Tribunal y