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nir, y nos apresuramos a repartirla entre cuantos amigos nos habían seguido en nuestras empresas anteriores.

»Por de pronto, D. Enrique Ocharan nos aseguró que si reuníamos cuatro millones de pesetas entre los suscriptores de Madrid, nos proporcionaría el resto, o sean otros cuatro millones, entre sus amigos de Bilbao.

»Este ofrecimiento del Sr. Ocharan nos facilitó el trabajo grandemente, como es muy fácil comprender.

»La lista de suscriptores, que ya había sido encabezada por algunos de nuestros amigos, iba aumentando, y a ella se incorporaban algunos nuevos elementos. Sin embargo, había entidades poderosas que, para no darnos calabazas rotundas, se suscribían por 5.000 pesetas; algún que otro capitalista fuerte, con 500, y hasta hubo quien se volvió atrás después de apuntado.

»Andábamos por los dos millones y medio, y empezábamos a sentirnos agotados... Se acababan los amigos y familiares y se habían acabado también los Bancos.

»Y una buena mañana (estaba de Dios que aquello saliera adelante) nos vimos tan grata como inesperadamente sorprendidos con el anuncio de que S. M. el Rey, enterado de nuestros planes y propósitos, y ansioso de contribuir a una obra tan importante para Madrid, nos rogaba le incluyésemos entre los suscriptores por la respetable cifra de un millón de pesetas.

»Y excusamos añadir que, a partir de este momento, el Metropolitano de Madrid era ya un hecho, porque estaba reunido el capital necesario.

»Y ahí estarán los asientos en los libros de unas y de otras entidades, y por ahí andarán los empleados y agentes que intervinieron en las operaciones, y ellos dirán si todos, absolutamente todos los accionistas, desembolsaron o no en sus debidos plazos las cantidades correspondientes.

»Y el Metropolitano, merced al patriotismo y la fe de sus primeros suscriptores, seguirá prestando a Madrid un valiosísimo servicio, y el mundo seguirá dando vueltas y vueltas, y ésta será siempre... la verdad de la historia.—Los Ingenieros de Caminos, Antonio González Echarte, Carlos Mendoza, Miguel Otamendi.»
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Este documento causó hondo y gratisimo efecto en la opinión.

La protección a Alemania.—Era esta acusación la que más molestaba a S. M. el Rey. Hombre muy caballeroso, más que lo que a él mismo pudiera afectarle, le disgustaba el que alguien supusiese, ni sospechase siquiera, falta de verdad en su palabra, mucho menos en cuestión de tan capital importancia.

Los testimonios en contra de las afirmaciones del señor Blasco Ibáñez fueron numerosos.

The New-York Herald publicó un telegrama de la United Press, refiriendo el juicio que al antiguo embajador de los Estados Unidos en Alemania, Mr. James W. Gerald, mereció la especie escrita por el Sr. Blasco Ibáñez respecto de las simpatías de D. Alfonso XIII hacia Francia.

Mister Gerald recordaba en el susodicho escrito que poco tiempo después de haber entrado los Estados Unidos en la guerra tuvo el honor de ser recibido por el Rey de España, con quien mantuvo una conversación de más de una hora.

«En su conversación—decía el diplomático norteamericano—, me declaró que, aunque fuese hijo de una Archiduquesa de Austria, sus simpatías habían estado siempre del lado de Francia.

»No creí necesario consignar esa impresión en mi libro, ya que no hacía al caso, ni siquiera en mis artículos; pero creo, y así lo afirmo, que D. Alfonso era perfectamente leal y sincero al expresarse así.»

El Sunday Times publicó la primera parte de una intervención celebrada por uno de sus redactores con D. Alfonso XIII.

«Al llegar al periodo de la gran guerra—decía el articulista—el Rey de España reveló a su interlocutor que el día de la declaración de la guerra, 4 de agosto, España dió a conocer a Francia la seguridad de que no debía tener temor alguno del lado de los Pirineos. Con motivo de estas seguridades dadas por el Soberano español a
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Francia, el Gobierno francés trasladó a otros puntos tres cuerpos de ejército que debían montar la guardia de los Pirineos.

La carta de Poincaré.—El documento más notable que acerca de este punto se conoció fué el artículo, publicado por La Epoca, que el ex Presidente de la República francesa M. Poincaré -que colabora regularmente en La Nación, de Buenos Aires, desde que abandonó la jefatura del Gobierno-, escribió para aquel periódico, y en el cual decía lo siguiente:

«Un escritor español de gran talento, cuyas obras admiro mucho y cuya amistad por Francia conozco desde hace mucho tiempo, el autor de Sangre y Arena, de Flor de Mayo, de La barraca, de La horda, el que ha escrito, además, esos dos hermosos libros tan conocidos en Francia como en Argentina, La catedral y Los cuatro jinetes del Apocalipsis, Vicente Blasco Ibáñez, me ha enviado recientemente el folleto inflamado que ha compuesto contra el Gobierno de Madrid y contra Alfonso XIII. Una vez más me guardaré de tomar partido en los asuntos de España, y declaro que si ese sistema fuese importado a Francia, yo haría de prisa todo lo que de mí dependiese para evitar la aplicación. Pero, entre los reproches que el Sr. Blasco Ibáñez dirige al Rey, hay uno sobre el que, acaso mejor que otros, puedo apreciar la injusticia, y que, por lo demás, no toca a la política interior de nuestros vecinos. El ilustre novelista acusa a Alfonso XIII de haber engañado a Francia sobre sus verdaderos sentimientos, de haberse presentado a nuestros ojos como francófilo y de haber sido, en realidad, favorable a los Imperios centrales.

»Si fuese así, sería, en verdad, preciso que todos los Gobiernos franceses que se sucedieron durante la guerra hayan estado bien ciegos, porque todos, sin excepción, dieron gracias muchas veces al Rey de España por sus intervenciones tan eficaces en favor de los prisioneros franceses y de los habitantes de las regiones invadidas. En la acción incesante del Rey había algo más que filantropía y caridad: se le veía inspirado por una real simpatía hacia nuestro país.
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•Cierto que España era neutra, que quería seguir siéndolo, y esta neutralidad no permitía al Rey pronunciarse en pro de nosotros. Pero habíamos advertido que en ningún caso tendríamos que temer una actitud de hostilidad. A la declaración de guerra, el embajador de España en París, Sr. Quiñones de León, informaba de esta resolución al Gobierno de la República, afirmándonos que podíamos disponer de las dos divisiones apostadas al pie de los Pirineos. ¿Diré, inclusive, que esta gestión no venía sino a confirmar seguridades anteriores? Unos meses antes, en Cartagena, en una entrevista que tuvimos con el Conde de Romanones y M. Stephen Pichon, ministros de los dos países, el Rey habíamos declarado espontáneamente: Si alguna vez Francia se viese atacada por Alemania y forzada a defender su territorio, yo doy mi palabra que España no movilizará, y que podrían ustedes enviar inmediatamente sus tropas del sudoeste a la frontera del este.

•No pedía más Francia a España. Entre ellas no existía ningún tratado de alianza. Para nosotros era mucho poder, en caso necesario, desguarnecer enteramente la frontera de los Pirineos y no tener que temer ninguna sorpresa por ese lado durante toda la guerra.

•En momento alguno el Rey se apartó de la línea de conducta que se había impuesto, ni de la neutralidad benévola que nos había prometido.

•Convengo en que esta prudente neutralidad no ha sido a España tan provechosa como a otras naciones.

Poniendo como ejemplo digno de ser imitado las declaraciones de M. Poincaré respecto al proceder de Su Majestad el Rey, censuró el A B C el que llamaba silencio implacable de los hombres políticos que han gobernado con el Rey, a propósito de su conducta en las relaciones exteriores y de su supuesto menosprecio de las prácticas constitucionales.

El Sr. Conde de López Muñoz, en un notable artículo, dijo:

«Acerca de los primeros, estimo que los únicos obligados a guardar silencio somos los ex Ministros, por lo mismo que nuestro refrendo, al que naturalmente nuestro
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consejo había de preceder, pone al Rey al margen de la crítica. Esos actos no son, pues, constitucionalmente del Rey, sino de los Ministros, y defenderlo es defendernos a nosotros.»

Palabras del Rey.—Después de todo lo escrito y dicho, lo más noble, lo más generoso, fueron las siguientes palabras de S. M. el Rey.

El Obispo de Coria recibió una carta de D. Alfonso, contestando al mensaje que aquél le dirigiera protestando contra la campaña que se hacía en el Extranjero.

Entre otras cosas, dijo D. Alfonso lo siguiente:

«Estoy recibiendo protestas y manifestaciones de adhesión que me confortan y me animan. A mi nadie me preguntó si quería ser Rey. Aquí me colocaron y aquí tengo que seguir, procurando hacer el bien y prescindiendo de las flaquezas que algunas veces sienten los hombres a quienes todos habíamos admirado antes, porque indudablemente no son ellos los que tienen la culpa, sino el medio ambiente en que se mueven, o una mala información recibida, o un mal pensamiento en momento dado, que hemos de perdonarles, esperando que en lo sucesivo, en vez de escribir libelos, vuelvan a escribir novelas interesantes, que podamos todos leer y alabar.»

Proceso militar incoado.—En el Boletín Oficial se publicó el siguiente edicto:

«Blasco Ibáñez (Vicente), domiciliado últimamente en Valencia, comparecerá en término de quince días, a partir de la publicación de este edicto, ante el Juzgado militar, con residencia oficial en la calle de Goya, número 36, al objeto de prestar declaración en la causa que instruye el capitán de Caballería D. Joaquín Martínez Freire con motivo de la incautación de un folleto en español titulado Una nación secuestrada. El terror militarista en España.»

Querella criminal.—Celebraron una conferencia el Presidente y el Fiscal del Tribunal Supremo, y poco después se dirigió el segundo al Juzgado de guardia y presentó una querella, en nombre del Ministerio público,
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contra D. Vicente Blasco Ibáñez, con motivo de la publicación de su reciente folleto, en el cual se habían cometido, según el Fiscal, varios delitos, entre ellos uno de lesa majestad.

En el reparto que se hizo de los asuntos, éste correspondió al Juez de Buenavista.

Como los procesos habían de seguirse en rebeldía, no hubo lugar a definir actitudes ni propósitos.

El Embajador denuncia.—De París se recibieron las siguientes informaciones:

«En virtud de una denuncia formulada por el embajador de España en esta capital, Sr. Quiñones de León, ante el presidente del Consejo y ministro de Negocios extranjeros, Sr. Herriot—el cual la ha trasladado en el acto al Fiscal general con orden de abrir la correspondiente información judicial—, se han iniciado hoy diligencias por ofensa pública a un Soberano extranjero contra el novelista español D. Vicente Blasco Ibáñez, autor del folleto recientemente publicado en esta capital; contra el Sr. Flammarion, editor de dicho folleto, y contra el traductor del mismo, que figura en la portada con el nombre de Louvre.

»El Juez instructor ha tomado declaración al editor; pero el Sr. Flammarion han manifestado que él ya no se ocupaba para nada de la casa editorial que lleva su nombre, y que a quien tenía que dirigirse la Justicia era a su hijo, que le ha sucedido al frente de ella.

»El Sr. Blasco Ibáñez, citado para el día 13 del corriente en el Juzgado de instrucción, ha hecho saber a éste que se encuentra enfermo en Menton; pero que acudirá a la cita tan pronto como se halle restablecido.

»Ha designado al letrado Sr. Moutet para que se encargue de su defensa.

»Las diligencias que se están llevando a cabo se han incoado con arreglo al artículo 36 de la ley de 29 de julio de 1881, relativa a la libertad de la Prensa. Ese artículo dice lo siguiente: «Las ofensas de carácter público al Jefe de un Estado extranjero serán castigadas con una pena desde tres meses hasta un año de prisión y pago de:
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causa, reducción en los actuales jornales y haberes de los obreros y agentes inferiores ferroviarios.

»Dado en Sevilla a treinta de enero de mil novecientos veinticuatro.—ALFONSO.—El Presidente del Directorio militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.»

Nueva Junta directiva del Ateneo de Madrid.—En esta fecha se celebró en el Ateneo la elección de Junta directiva.

La votación, en la que tomaron parte más de doscientos ateneístas, duró desde las cuatro hasta las siete de la tarde.

Verificado el escrutinio, resultaron elegidos: presidente, D. Armando Palacio Valdés, por 194 votos; vicepresidente primero, D. Gustavo Pittaluga, por 188; vicepresidente segundo, D. José Martínez Ruiz, por 142; vocal primero, D. Luis Jiménez Asúa, por 188; vocal segundo, D. Antonio Dubois, por 190; bibliotecario, don Rafael Urbano, por 184; contador, D. Isidoro Vergara, por 184; depositario, D. Salvador Pascual, por 197; secretario primero, D. Luis de Tapia, por 195; secretario segundo, D. Eduardo Bonilla de la Vega, por 198; secretario tercero, D. Guillermo de la Rosa, por 209.

Terminado el escrutinio, quedó proclamada la nueva Junta de gobierno en la forma indicada.

Fué este acto uno de los muchos errores que venía cometiendo la docta Sociedad.

Los socios jóvenes, revolucionarios, quisieron imponerse al Directorio, y que se celebrasen juntas y sesiones en que hubiera toda la libertad de expresión política (esta es la verdad) que algunos deseaban, para bien de la Patria o de sus fines particulares, sin delegado de la Policía, y eligieron como Presidente al gran escritor, modestísimo hombre, D. Armando Palacio Valdés, cuya bondad de carácter no se avenía con la exigencia de aquellos que le buscaron para presidir, como en breve se verá.
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una multa de 100 a 3.000 francos, o bien con una sola de ambas cosas.»

El Rey perdona.—La denuncia fué admitida, y en la Cámara de Diputados alguno de éstos interpeló al Gobierno, a fin de que no se persiguiera al Sr. Blasco Ibáñez. El presidente del Consejo, Sr. Herriot, declaró que, sintiéndolo mucho, no podía menos de dejar cumplirse la ley, que consigna sanciones penales para los que atacan a un Soberano extranjero, y los procedimientos se incoaron.

Pocos días después (el 20 de enero), en otra sesión de la Cámara, se levantó el mismo Sr. Herriot, y dijo:

«Tengo que hacer a la Cámara una declaración muy grata. Su Majestad el Rey de España desiste del procedimiento judicial incoado en contra del novelista español Sr. Blasco Ibáñez.»

Al oír esas palabras, toda la Cámara prorrumpió en grandes aplausos.

El Sr. Herriot añadió:

«La Cámara comprenderá que yo quiera dar las gracias al Soberano español por esta prueba personal que acaba de dar de su liberalismo.» (Grandes aplausos.)

Habiendo terminado el Sr. Herriot su declaración, se levantó el ex ministro Sr. Malvy, pidiendo a su vez la palabra «para añadir algo a lo que acaba de decir el señor Presidente del Consejo».

El Sr. Malvy dijo:

«Estimo, en efecto, que tengo el deber de regocijarme, quizá más que nadie, por lo que acaba de hacer S. M. el Rey D. Alfonso XIII.

«Si algún país ha faltado alguna vez al sagrado derecho de asilo y si ha dejado de ver toda la nobleza y la belleza que encierra ese derecho, no ha sido, ciertamente, España. Y lo mismo que el Sr. Blasco Ibáñez y don Santiago Alba, cuando vuelvan a la madre Patria, recor-
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darán, a buen seguro, y con emoción, todo lo bueno de la hospitalidad francesa, séame permitido considerar como deber mío, yo que he hallado en tierra española tan generosa y tan grata acogida, dar las gracias a esa nación y rendirle el tributo de mi gratitud. (Aplausos.)

»Tengo la impresión de que no siempre se entendieron ni lograron comprenderse Francia y España; pero fuera seguramente caer en ingratitud si no se rindiera el merecido tributo a quienes supieron resistir a esas faltas de inteligencia y comprensión, y trataron de remediarlas.»

Terminó diciendo: «Es preciso no olvidar que el corazón de España, en todo lo que de más sano y generoso tiene, ha latido al unísono del nuestro en las horas más críticas de nuestra Historia.»

En el Ayuntamiento de Madrid.—El Conde de Vallllano, alcalde de Madrid, presentó al Ayuntamiento una moción pidiendo al Concejo que adoptase los siguientes acuerdos:

«Primero. Honrarse nombrando a S. M. el Rey D. Alfonso XIII y a S. M. la Reina D.ª Victoria Eugenia alcalde y alcaldesa honorarios de Madrid.

»Segundo. Felicitar al de Burgos, cabeza de Castilla y relicario de nuestras glorias patrias, y los demás que le siguieron, como afortunados precursores de esta iniciativa, y comunicar oficialmente a todos los Ayuntamientos de España estos acuerdos, para que manifiesten su sentir, con lo que esperamos que quedará patentizada ante el mundo entero la confianza del pueblo español en sus Reyes.

»Tercero. Convocar para el día 23 de enero próximo a todos los Alcaldes o representantes de los Ayuntamientos de España a reunirse en Madrid, para hacer entrega a Sus Majestades de los precitados nombramientos.»

En efecto: así se acordó y se llevó a la práctica, verificándose en Madrid, el día 23 de enero siguiente, la manifestación más grande que se recuerda en honor de los Reyes.

Millares de Ayuntamientos enviaron a la corte su re-
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presentación, constituida no solamente por Alcaldes y Concejales, sino con otros muchos elementos que se agregaron voluntariamente. De algunas poblaciones vinieron centenares de personas, constituyendo un total de cerca de cien mil almas las que vinieron a Madrid.

Vista de la causa por los sucesos de Vera.—Para ver la primera causa instruida y fallada en Pamplona por los sucesos de Vera se constituyó en esta fecha (día 1.º) la Sala de Justicia del Tribunal Supremo de Guerra y Marina bajo la presidencia del presidente de dicho Consejo, teniente general Sr. Orozco. Formaban la Sala los consejeros generales de división Sres. Picasso y Gómez Barbé, y los consejeros togados Sres. Alcocer, González Maroto, Trápaga y Valcárcel. El Sr. Trápaga era ponente en la causa.

Como fiscal actuó D. Angel Noriega, y como defensor, el comandante de Infantería D. Aurelio Matilla. El secretario relator era el auditor de brigada D. Antonio Méndez Cosal. Los procesados eran Pablo Martín Sánchez, Enrique Gil Galán, Julián Santillán Rodríguez y José Antonio Vázquez.

La sala estuvo casi llena.
Dió comienzo la vista leyendo el rollo el secretario relator.

De todo lo actuado se vino en conocimiento de que en Francia se había preparado un movimiento revolucionario contra España, citándose los nombres de los señores Unamuno y Soriano como directores.

Los procesados repiten las declaraciones hechas en el sumario.

El fiscal togado del Supremo calificaba en un escrito de poco afortunada la tramitación del sumario y advertía que aunque en un considerando dice la sentencia que no se estimó clara la prueba, fueron condenados dos procesados por indicios.

El relator leyó después la acusación del teniente fiscal, Sr. Noriega, y dijo que aunque las pruebas eran algo incompletas y había defectos de forma, no son éstos esenciales, y que los hechos que se juzgaban eran los relativos a insulto a fuerza armada en cuanto se refería a los cuatro procesados.
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Deducía la existencia de reuniones y conferencias en París para preparar el movimiento revolucionario que había de provocar el cambio de Gobierno e implantar la reducción del servicio en filas.

Relató ampliamente los hechos y propósitos de los revolucionarios, y elogió a la Guardia civil.

El fiscal dijo que cumplía con su deber pidiendo que se impusiera a Martín, Gil y Santillán la pena de muerte, ejecutada con arreglo a la ley común, y una indemnización de 5.000 pesetas a cada una de las familias de los guardias muertos.

Para Vázquez solicitó seis años de prisión correcional.

D. Aurelio Matilla, defensor de los cuatro procesados, comenzó su informe reconociendo la necesidad de vindicar la memoria de los mártires del deber y de reparar la justicia. En cuanto a los culpables, precisaba buscarlos, porque los procesados no lo eran.

«No sostengo—dijo el Sr. Matilla—la inocencia de mis defendidos; no sé si son inocentes; pero quiero que se obtenga en la causa mayores garantías de prueba, para que se aplique una pena justa. Pediría clemencia, si estuviera convencido de la culpabilidad de los procesados; pero no habiendo elementos para condenar, os pido justicia.»

Pidió hablar el fiscal; pero la presidencia le hizo observar que no tenía para qué hacerlo. No obstante, solicitó que la Sala elevara la petición de indulto que determina el artículo 2.º, en el caso de que los procesados fueren condenados a muerte.

La sentencia.—Después de luminosos considerandos, la sentencia fué la siguiente:

«Se revoca la sentencia del Consejo de guerra celebrado en Pamplona, y en su virtud, se condena a los procesados Pablo Martín Sánchez, Enrique Gil Galar y Julián Santillán Rodríguez a la pena muerte, con la accesoría de inhabilitación absoluta perpetua, caso de indulto, y a satisfacer la cantidad de 5.000 pesetas a cada una de las familias del cabo y guardia Julio de la Fuente y Au-
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reliano Ortiz, en concepto de responsabilidad civil, absolviendo, por falta de prueba suficiente, al procesado José Antonio Vázquez Bouzas, que quedará a disposición del juez militar que instruye la causa por procedimiento ordinario, al que se remitirá testimonio de esta sentencia y de los particulares oportunos que puedan figurar en esta causa respecto del delito que en aquélla se persigue; todo conforme a los artículos 253, número 2.º, en relación con el artículo 7.º, número 4.º, párrafo segundo; 173, 219 y 637 del Código de Justicia militar y demás de general aplicación de este Código y del penal común.»

Al lado del duro fallo, el Consejo Supremo de Guerra y Marina impuso dos meses de arresto a los vocales que por mayoría votaron el fallo dictado por el Consejo de guerra de Pamplona y un mes de arresto para el juez instructor de la causa.

Las fuerzas vivas de la población se dirigieron a los Reyes y al Gobierno, pidiendo que no fuesen ejecutados los reos.

No obstante, a las siete de la mañana (del 6) fueron ajusticiados Enrique Gil Galaz y Julián Santillán. Pablo Martín no fué ejecutado, porque se suicidó.

Cuando era trasladado Martín desde la capilla al patio donde se hallaban los patibulos, echó a correr escaleras arriba, llegando, sin que le pudieran detener, a una ventana que se hallaba abierta, y por la cual se arrojó al patio de la cárcel. Quedó muerto en el acto.

La libertad del obrero español Cándido Rey.—Después de varias gestiones, el jefe del Gobierno francés comunicó al grupo socialista de ambas Cámaras que el obrero español Cándido Rey acababa de ser puesto en libertad por las autoridades españolas, las cuales le habían conducido a la frontera francesa.

La detención y entrega de ese obrero español por la Policía francesa a la española motivó protestas de los socialistas, y se había anunciado al Gobierno una interpelación en la Cámara de Diputados.

Importante discurso de Merry-del Val.—El Debate publicó lo siguiente: