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sea anterior al 13 de septiembre de 1923: duodécima, Presupuestos ordinarios y extraordinarios; décimotercera, Planes generales de obras públicas; décimocuarta, Acción social, Sanidad y Beneficencia; décimoquinta, Reorganización administrativa y Legislación de contabilidad del Estado; décimosexta, Comunicaciones y transportes terrestres, marítimos y aéreos; décimoséptima, Mercedes extraordinarias; décimoctava, Responsabilidades políticas.

»Art. 9.º El régimen funcional de la Asamblea será el siguiente: una vez constituida se organizará en Secciones, a las que la presidencia, de acuerdo con el Gobierno, encomendará el estudio o dictamen o propuesta de asuntos que entren en su especialidad, respecto a la cual también podrán formular proposiciones de propia iniciativa. Las Secciones elegirán su presidente y secretario y se dividirán en ponencias de tres asambleístas cada una, cuyos dictámenes se estudiarán y discutirán en Pleno de Sección, considerándose como dictamen de la Sección el que ésta apruebe en votación nominal por mayoría. Será elevado a la presidencia de la Asamblea, que lo informará y pasará al Gobierno, quien resolverá sobre el tema en consideración y su pase al Pleno, y el presidente de la Asamblea, de acuerdo con aquél, señalará el momento de ponerlo a discusión. Esta no podrá exceder de tres horas sobre un mismo asunto, descontada la intervención del Gobierno y de la Mesa en los Plenos de Sección ni en los de Asamblea, limitándose los discursos en pro o en contra a veinte minutos, y a diez la única rectificación, pudiendo sólo el presidente o los miembros del Gobierno emplear treinta y quince minutos, respectivamente. Consumidos los turnos reglamentarios en las discusiones plenarias, la presidencia, de acuerdo con el Gobierno, resolverá si ha de recaer votación, y en caso afirmativo, por qué procedimiento. Respecto a la labor doctrinal de las Secciones que no haya de pasar a discusión inmediata, el Gobierno podrá intervenir su orientación y desenvolvimiento, sin perjuicio de que se consignen las opiniones y votos particulares. La discusión en las Secciones será siempre oral, y en el Pleno de Asamblea, a elección, oral o escrita.

»Art. 10. Las cuatro sesiones plenarias mensuales de
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la Asamblea durarán seis horas cada una, destinándose la primera a las interpelaciones, si las hubiere aceptadas y figurasen en el orden del día. Sólo en caso excepcional podrá la presidencia prorrogar la sesión por una hora más.

>Art. 11. Tendrá la Asamblea un presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios, nombrado el primero por el Gobierno, así como dos de los vicepresidentes y de los secretarios, dejando los otros a elección de la Asamblea; bien entendido que todos han de pertenecer a ella con arreglo a las normas de su composición. Los vicepresidentes y secretarios nombrados por el Gobierno tendrán el orden y la denominación de primero y tercero, y los de segundo y cuarto los elegidos por la Asamblea.

>Art. 12. El Presidente de la Asamblea Nacional tendrá tratamiento de Excelencia, servicio de coche, con cargo a los fondos de material de la Asamblea y veinticinco mil pesetas de gastos de representación. El Presidente de la Asamblea, o quien haga sus veces, dirigirá las discusiones, interpretará el reglamento y hará el orden del día de acuerdo con el Gobierno, ejerciendo la máxima autoridad en cuanto al régimen interior y servicio de la Asamblea.

>Art. 13. Los vicepresidentes tendrán como gastos de representación diez mil pesetas, y cinco mil los secretarios, siendo estas subvenciones, excepto la del Presidente, compatibles con las dietas de asistencia que puedan corresponderles. También, y exclusivamente para Comisiones o delegaciones oficiales de los vicepresidentes y secretarios, habrá otro coche disponible, con cargo a los mismos fondos.

>Art. 14. La Mesa tendrá a su cargo el gobierno, régimen y administración de fondos de la Asamblea, correspondiendo al Presidente, quien para cada servicio podrá delegar en el miembro de la Mesa que tenga a bien, la dirección y la ejecución de todos los acuerdos relativos a los mismos.

>Art. 15. El número de miembros que han de componer la Asamblea ha de ser, en todo momento, mayor de 325 y menor de 375. A ella podrán pertenecer indistintamente varones y hembras, solteras, viudas o casadas, es-
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tas debidamente autorizadas por sus maridos y siempre que los mismos no pertenezcan a la Asamblea. Los miembros de la Asamblea deberán ser todos españoles y mayores de veinticinco años y no haber sufrido condena, y tendrán tratamiento de Señoría. Su designación se hará nominalmente y de Real orden de la Presidencia, acordada en Consejo de Ministros antes del 6 de octubre próximo, ateniéndose a las normas que señalan los artículos siguientes. Sólo en el caso de que el número de asambleístas llegase a ser menor de 325 estará obligado el Gobierno a hacer nuevas designaciones, dentro de los límites marcados y conforme a lo preceptuado en este Real decreto-ley. El reglamento señalará los casos de incompatibilidad con el cargo de asambleísta.

»Art. 16. La composición de la Asamblea se sujetará a las siguientes normas:
Primera. Un representante municipal y otro provincial por cada una de las provincias españolas.
Segunda. Un representante por cada organización provincial de Unión Patriótica.
Tercera. Los representantes del Estado a quienes se confiera carácter de asambleístas.
Cuarta. Representación por derecho propio a virtud de las categorías que se ostenten o cargos que se ejerzan.
Quinta. Representaciones de la cultura, la producción, el trabajo, el comercio y demás actividades de la vida nacional.

»Art. 17. La representación municipal de cada provincia ha de recaer en un alcalde o concejal, y su elección se realizará directamente el día 2 de octubre próximo, por medio de papeleta escrita y firmada entre los representantes que los Ayuntamientos, a modo de únicos compromisarios, hubieren designado el 25 de septiembre anterior. La elección tendrá efecto en la capital de la provincia, sin que exija la presencia de los votantes, y será dirigida y escrutada por una Mesa presidida por el gobernador civil o quien haga sus veces, dos concejales del Ayuntamiento de la capital que no sean compromisarios y dos de fuera de la capital que sí lo sean. La representación de las Diputaciones provinciales la ostentará el que, perteneciendo a ella, sea designado por la mayoría en la elección ordinaria que tendrá efecto en todas
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las Diputaciones el domingo 2 de octubre. La representación de las Uniones Patrióticas corresponderá a los que sean presidentes provinciales el 2 de octubre. El cese en los cargos de concejal o diputado provincial no hará perder la condición de asambleistas, salvo que sea por razón de condena. Por el contrario, el dejar de ser presidente provincial de Unión Patriótica lleva consigo la sustitución en el cargo de asambleista; pero podrá seguir perteneciendo a la Asamblea, si así lo desea, cuando el nombramiento del sustituto no hiciere rebasar el número máximo de asambleistas que señala el artículo 15 de la presente disposición.

Art. 18. La representación del Estado corresponderá a los Directores generales y representantes de Consejos, Patronatos u otros organismos que tengan categoría similar y el Gobierno designe, y no será renunciable por los titulares de estos cargos mientras lo desempeñen, siéndoles de aplicación la regla establecida para los presidentes de Uniones Patrióticas en el artículo anterior. Los Ministros de la Corona no pertenecerán a la Asamblea, pero podrán intervenir en la labor de ella, tanto en las Secciones y Comisiones como en la plenaria, teniendo puesto especial, exclusivo y reservado en éstas.

Art. 19. Corresponde la representación por derecho propio a los Capitanes generales del Ejército y Armada y Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Presidentes del Consejo de Estado y Tribunales Supremos de Justicia, de Guerra y Marina y de Hacienda pública, de la Diputación de la Grandezza, Sres. Arzobispos, Fiscal del Tribunal Supremo y del Tribunal de la Rota, Gobernadores del Banco de España e Hipotecario y del Banco de Crédito Local, Presidentes de los Consejos de Trabajo, Instrucción pública, Superior de Fomento, Superior Bancario y Ferroviario, y, además, quienes ejerzan en Madrid y Barcelona los cargos de Capitán general, Gobernador civil, Obispo, Presidente de la Diputación, Alcalde, Presidente de la Comisión organizadora de somatenes y Rector de la Universidad y también el Presidente y Secretario general del Comité Nacional de la Unión Patriótica, Presidente y vocales de la Comisión permanente, de la General de Codificación y Consejeros permanentes del Consejo de Estado.
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Art. 20. La representación de actividades a que se refiere la regla quinta del artículo 16 será designada libremente por el Gobierno en cuanto se refiere a las personas, pero ateniéndose a que tengan ponderada representación en la Asamblea las Academias Española, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas, de Medicina y de Jurisprudencia; la enseñanza, en sus distintos grados; la agricultura, la industria y el comercio, en su triple matiz; patronal técnico y obrero; la Prensa y, en general, todo cuanto pueda representar manifestación o pugna de importantes intereses ciudadanos, aunque no se mencionan expresamente en este artículo.

Art. 21. Los designados asambleístas gozarán de completa libertad para la exposición de opiniones pertinentes a los asuntos en que intervengan en los actos reglamentarios de la Asamblea, sin otra limitación que la que impongan, tanto en los Plenos como en las Secciones, la autoridad de los respectivos Presidentes en aplicación de los reglamentos. No gozarán de ninguna otra garantía ni privilegio; pero, en todo caso, su detención en cualquier lugar o por cualquier motivo obligará a dar inmediato conocimiento del caso al Presidente de la Asamblea, quien podrá recabar el de las actuaciones gubernativas o judiciales que se deriven de la detención. La pérdida de la condición de asambleista sólo podrá ser a petición propia o mediante acuerdo de la Asamblea, en el que han de tomar parte más de la mitad de sus miembros, y de ellos votar la separación más de las tres cuartas partes.

Otras medidas de disciplina y orden se consignarán en el reglamento.

Art. 22. Los asambleístas que residan fuera de Madrid tendrán pase de libre circulación de primera clase en los ferrocarriles, entre el punto de su habitual residencia y Madrid, y devengarán, en concepto de dietas de asistencia a los Plenos, cincuenta pesetas por cada uno y veinticinco por las asistencias a Secciones o Comisiones de que formen parte. Los asambleístas que residan en Madrid percibirán una dieta de veinticinco pesetas por su asistencia, tanto a los Plenos como a las Secciones o Comisiones; atendiéndose a estos gastos con los crédi-
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tos consignados en la Sección segunda del vigente presupuesto de gastos.

•Art. 23. Al Gobierno corresponde dictar por Real orden el reglamento por que ha de regirse la Asamblea Nacional, aplicando e interpretando el espíritu y letra de este Real decreto-ley, así como aclarar todas las dudas y dictar todas las disposiciones que fueren necesarias para la implantación y cumplimiento de cuanto en él se dispone, incluso lo referente al ceremonial con que ha de hacerse la apertura de la Asamblea.

•Dado en San Sebastián a doce de septiembre de mil novecientos veintisiete.—ALFONSO.—El presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.•

Se examinó y aprobó el reglamento de la Asamblea, que consta de más de cien artículos.

Manifiesto al país. — La Oficina de Información facilitó el siguiente:

•Al país:
•Aunque el preámbulo del Real decreto creando la Asamblea Nacional, que ayer se dignó firmar S. M. el Rey en San Sebastián, es un balance, y más aun, un programa de labores de Gobierno, no me excusa en esta fecha memorable del deber de dirigirme al país, para con él dar las gracias a Dios por haber permitido que ella llegue sin que nuestro régimen haya inferido mal alguno a la salud y buen nombre de la Patria.
•Debo también dedicar un elogio caluroso a las instituciones militares de tierra y mar y a las encargadas de mantener el orden público, por haber realizado las primeras el enorme esfuerzo de pericia y bizarra que nos ha conducido al feliz término de la campaña de Marruecos, y todas procedido con vigilancia y ejemplaridad que han librado a España de los disturbios e inquietudes que enraízecen el ambiente mundial.
•Sería injusto olvidar en este día a los jefes y fuerzas militares que, con exaltado patriotismo y fe en mí, respondieron al movimiento iniciado por las guarniciones de Cataluña hace cuatro años y a los generales que forma-
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Cloud con el Emperador de los franceses y con el Pontífice Pío IX. En el Vaticano, la acometieron los primeros síntomas de la locura que después padeció durante medio siglo. Por eso se la conocía con el nombre de la «loca del Vaticano».

Carlota nada consiguió en sus entrevistas para salvar al esposo ausente y conservar el trono, que había constituido uno de sus sueños juveniles. Su cuñado el Emperador de Austria la recibió con cierta frialdad; el Papa no tuvo el suficiente poder moral para decidir a los Soberanos europeos a una intervención armada, y pronunció el célebre non possumus.

El Presidente Juárez había reconquistado todo México. Maximiliano fue sorprendido en Querétaro y condenado a muerte por un Consejo de guerra. El 19 de junio de 1867, las tropas de Juárez fusilaban en el cerro de la Campana, en Querétaro, al Emperador Maximiliano y a sus dos generales, Miramón y Mejía. La trágica escena ha sido inmortalizada en el lienzo por Manet, que por cierto se inspiró para su cuadro en los «Fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío», por Goya, que hay en el Museo del Prado.

Desde entonces, la Emperatriz no volvió a recuperar la razón.

DÍA 20.—La guerra en China.—Veinte niños españoles asesinados.—Envío del «Blas de Lezo» a Shangai.—En la Oficina de Informaciones facilitaron la siguiente nota:

«El Gobierno ha examinado la situación creada para los súbditos y para los intereses espirituales y materiales de España en China, con motivo de los sucesos que actualmente se desarrollan en aquella nación.

•Según informes oficiales recibidos en nuestro Ministerio de Estado, han sido saqueadas por los estudiantes chinos la Casa de Huérfanos de la Infancia y las iglesias españolas de Fun-Cheu.
•En el asalto a la Casa de Huérfanos de la Infancia han sido asesinadas más de veinte criaturas.
•Las turbas chinas han saqueado igualmente la residencia particular del Obispo español de Fokien, situada
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ron el Directorio, cuya honrosa labor preparó el camino que recorremos hoy, con la esperanza de en breve plazo reconstituir la Patria, reintegrándola a su grandeza y bienestar.

•El quinto año, que hoy comienza, debe ser fecundo en bienes, pues asistido el Gobierno por la Asamblea Nacional, ha de abordar tan importantes problemas como el arancelario y el del régimen de trabajo, en el que la obra aun no es completa ni homogénea.

•Por fortuna, el ambiente de consideración exterior y el estado de paz interior dan al Gobierno facilidad para desarrollar serenamente su labor económica y social; pero ninguna quiere anteponer en importancia a la de seguir incrementando y purificando la cultura y ciudadanía, bases, con el asentimiento religioso, de la fortaleza de las sociedades humanas que constituyen los pueblos.

•Cumpliendo el propósito de ser breve en mi alocución de hoy al pueblo español, rótame sólo pedir y desear para él las venturas que merece, y asegurarle que, mientras Dios me conserve la vida, no tengo otro afán ni otro propósito que el de ofrendarla a su mejor servicio.

•El presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera.

DIA 15.—Apertura de los Tribunales.—A las doce de la mañana, en el salón de actos del Palacio de Justicia, se celebró con la solemnidad de ritual la apertura de los Tribunales.

Presidió el acto el ministro de Gracia y Justicia, don Galo Ponte, y en el estrado presidencial acompañaron al Ministro el presidente del Tribunal Supremo, D. Rafael Bermejo, y el fiscal del alto Tribunal, D. Diego María Crehuet.

El Ministro de Gracia y Justicia tomó la palabra para hacer constar que, por padecer el Presidente del Tribunal Supremo una afección a la vista, recababa para sí el honor de dar lectura del discurso de este ilustre magistrado.

El discurso versó sobre la buena y mala fe en los negocios judiciarios, y va precedido de un exordio que se refiere a la misión de juzgar, del cual entresacamos el siguiente párrafo:
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«Mirad también que si son duras vuestras obligaciones en el orden estricto judicial, no lo son menos en el orden político, porque la Magistratura es el eje de la civilización. La falta de justicia provoca las revoluciones, abate a los nacionales y deshonra a la Patria ante el Extranjero. País sin justicia es país condenado a presión exterior... Vuestra alma ha de ser ardorosa como la del soldado, y ahnegada como la del asceta. Quien no la sienta vibrar de tal manera, será un mal juez. Por eso hay tantos jueces malos, que, no obstante, son hombres buenos... En suma: juzgar es sacrificarse.»

Fué muy aplaudido.

La Memoria elevada al Gobierno por el ilustre fiscal del Tribunal Supremo, D. Diego María Crehuet, fué muy importante.

DIA 16. – Acerca de un manifiesto del Sr. Sánchez Guerra. - Una vez firmado el decreto de la Asamblea Consultiva, publicó el Sr. Sánchez Guerra, claro es que secretamente, un manifiesto censurando con dureza la situación política, y en contestación a dicho documento, el Gobierno facilitó la siguiente nota:

«Precedido de rumores alarmistas de los más absurdos, que para esparcirlos y desmentirlos han hecho vibrar unas horas las ondas y los hilos de que se sirven las agencias de información, rumores que en seguida la realidad desvaneció, se ha circulado, aunque con las restricciones de un documento clandestino, el tan anunciado manifiesto que había de aparecer en cuanto publicase la Gaceta el Real decreto convocando la Asamblea Nacional.

•Ciertamente que no esperábamos del carácter vehementemente y tenaz del Sr. Sánchez Guerra, a quien se atribuye el documento, que atemperase su resolución a conocer bien el Real decreto, del cual no se recoge con propiedad ni siquiera el nombre del organismo que por él se crea, que aparece bautizado en el primer documento con el de «Asamblea consultiva única», ni menos podíamos esperar que, cuando conociera su texto y alcance, si tenía la calma de aguardar a ello, cambiara de opinión y
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depusiese la actitud anunciada. No; tal proceder no encaja en el temperamento del Sr. Sánchez Guerra, que, teniendo tan sólidos fundamentos públicos y privados para alardear de honorabilidad, ha creído en muchas ocasiones de su vida que la dignidad se vincula en actos de violencia o de arrogancia. No es éste, ciertamente, el carácter más adecuado para el ejercicio del supremo mando político de un pueblo moderno.

»El manifiesto no dice nada nuevo, y sólo es de lamentar que de él se deduzca un apartamiento, un enfriamiento de convicciones y afectos del Sr. Sánchez Guerra para instituciones a las que sirvió lealmente, y a las que es de esperar vuelva a servir, tan pronto como se vea libre de la ofuscación que en estos momentos le domina.

»Pero debe el Gobierno, y principalmente su jefe, dejar sin refutación injustas e inexactas consignaciones que aparecen en este documento. Se dice en él literalmente: «... Se presenta a la totalidad de los hombres que gobernaron y prestaron algunos grandes servicios a la Patria y a la Monarquía como una cuadrilla de facinerosos, sólo atentos a su personal provecho y dedicados a destrozar y empobrecer el país.»

»Quiere hacer constar el general Primo de Rivera que ni una sola vez ha apostrofado al régimen caído, en lo que le han hecho coro todos los españoles, sin hacer las salvedades personales genéricas y particulares que la justicia le dictó. Y comprueba el aserto que contadísimos ex Ministros, y entre ellos no figuraba el Sr. Sánchez Guerra, por lo menos hasta hace unas semanas, se han creído en el caso de interrumpir, a título de ofendidos, las relaciones particulares con el general Primo de Rivera. Hecha en justicia esta salvedad, no por ello se debilita la gran responsabilidad que alcanza al Sr. Sánchez Guerra en los males que España sufrió resignada, por extenuación, desamparada del Poder en los últimos veinticinco años.

»De lamentar es también que en el manifiesto sople un viento de fronda, encaminado, al parecer, aunque tal vez contra la misma voluntad del autor, a encender pasiones y rancias entre Cuerpos y personas militares, de las que sólo se citan tres nombres como posibles antorchas iluminadoras del camino a seguir: dos de ellos,
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por cierto, los más agravados por el Sr. Sánchez Guerra; el uno, destituyéndolo del cargo en que le defendieron todos los Gobiernos y entregándolo a los Tribunales, y el otro, en forma tan violenta, que sería doloroso recordarla.

• Es de notar que el manifiesto se compone de dos documentos: uno, suscrito el 19 de septiembre del pasado año, en el que ya se calificaba el momento de gravísimo (aunque luego ha transcurrido un año de paz y de venturas), y otro, sin fijación de día, pero fechado este mes y año. Esta parte es la que es extraña se haya escrito antes de conocer el Real decreto creador de la Asamblea, ni el contenido, ni el título siquiera. Ya parece que hubiera merecido la pena, antes del conato de producir en el país la conmoción derivada del transcendentalísimo acto político de la publicación de los manifestos y de la determinación de ausentarse, haber estudiado con buena voluntad el Real decreto del 12 de este mes, por si eran evitables los estragos de tal proceder, en el caso venturoso de que su letra y espíritu no entrañaran el atentado constitucional que hizo concebir al Sr. Sánchez Guerra la idea de tan graves determinaciones: ¡el atentado a la Constitución y al Parlamento que significa la Asamblea Nacional!

• He aquí lo que a la hora de ahora exaspera y ofusca al Sr. Sánchez Guerra, que declara no le hubiera importado que el régimen gobernante hubiera continuado unos años más, con tal, sin duda, de que no se hubiese ocupado ni preocupado del porvenir, confiándolo a la ventura o a la desventura de que lo recogieran los restos supervivientes de la contumaz política que, al fin, parece que va a desaparecer. Verdaderamente aturde y desorienta tal falta de lógica. El Sr. Sánchez Guerra se enfada definitivamente cuando la Asamblea abre su amplia puerta de entrada al templo donde se va a "preparar", por los doctos de la teoría y de la práctica, la legislación que someterá en su día al sufragio del pueblo y a la sanción del Rey. Es decir, cuando la dictadura, voluntariamente, empieza a rasgar sus vestiduras, confiada en el comprobado buen espíritu ciudadano del país, y casi marca límite de tiempo a su actuación, que ni el Sr. Sánchez Guerra ni nadie califica ni podría calificar, sin notoria injus-