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ción oficial a su comunicación de hoy anticipe cuatro letras para expresarle que en estos momentos de agobio no puedo dar inmediata contestación que no sea:
•Primero. Que nadie pondrá a usted obstáculo en que dé a la Prensa legítimos descargos de su no dudada dignidad.
•Segundo. Que puede marchar a donde guste.
•Tercero. Que nuestra mayor satisfacción sería, y la mía especial, que del proceso que hemos de seguir contra un régimen político que cada día va ofreciendo mayores vicios, que usted pudiera salir tan libre de responsabilidades como lo está, a juicio de todos, su personal caballerosidad.
•Reciba el testimonio de consideración y afecto de su servidor, q. e. s. m., El Marqués de Estella.

Actitud de los partidos políticos.—Los conservadores.—La Época publicó unas declaraciones del jefe del partido, Sr. Sánchez Guerra. De ellas entresacamos los párrafos siguientes:

•Tiene que ser la primera—se refiere a las declaraciones—de serena reiteración de nuestras convicciones de monárquicos, constitucionales y parlamentarios, frente al acto de rebelión, confesado sin ambages por sus propios autores, que ha producido este profundo cambio en la faz de la nación, no pudiéndose decir que en la política, mientras no se advierta en el fondo, en los resultados, en la eficacia de la misma, el cambio salvador que se promete.
•Peligrosas siempre las rebeliones, tienen que serlo más en estos tiempos, precisamente por esa relajación de los resortes morales y materiales que se invoca como una de las razones justificantes del movimiento. Nada tan saludable para el bien, pero nada asimismo tan temible para el mal como la ejemplaridad venida de lo alto.
•En segundo término, pero con no menos calor, ha de protestar el partido liberal-conservador de esos anatemas fulminados contra la honorabilidad de todos los elementos organizados en la política del país y en la parte que le afectase.
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Pero en la última entrevista, el Sr. Echevarrieta se mostró en muy distinta disposición de ánimo. Dijo que estaba muy disgustado por la forma injusta y tendenciosa que había tenido de tratarle parte de la Prensa, y como no podía consentir que se trajera y se llevarse su nombre en forma desagradable, había decidido retraerse en absoluto de toda nueva intervención.

DÍA 4.—Opiniones sobre la guerra.—La opinión pública se mostraba en esta época profundamente dividida acerca de la conducta que había de seguirse en Marruecos.

De una parte (la menor), se sostenía un propósito exageradamente belicoso, diciendo y poniendo en labios de los militares que el honor del Ejército quedaría maltrecho si, sin castigar a los moros, sin llegar a Alhucemas y al punto en que se estaba cuando el desastre de julio del 21, se apelaba a la política de paz y de protectorado civil, lo cual equivaldría a declararse España vencida y humillada. En esto entraba por mucho la pasión política. Otra parte de la opinión (la mayor) decía que bastaba ya de aventuras, que la Nación no podía sostenerlas, y que, por tanto, era preciso apelar a recursos pacificadores, al protectorado civil.

El país lo quería así, es cierto; no hay más sino que los moros no se avenían a protectorado alguno.

Expresión de esta actitud y de estos propósitos fué un artículo que con el título de «Verdaderos anhelos del país», publicaba El Imparcial de esta fecha, en el cual decía:

«Confesamos que nos deja absortos los súbita exasperación belicosa que advertimos en escasa parte de la Prensa, que es panegirista del general Berenguer. ¿A qué viene eso ahora? No se nos alcanza, por muchas vueltas que le demos. En primer término, porque España no quiere innecesarias aventuras, después del torpe empleo que se hizo de sus fervores, de sus caudales y de las tropas que dió para la reconquista; en segundo lugar, porque el país pide, apoya, sigue sin titubeos la rectificación de los errores con que se nos puso al borde de la ruina.

»Recuérdese bien: Para recobrar el territorio perdido
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»Y en tercer término, ante el hecho consumado, y hasta ahora constitucionalmente sancionado por S. M. el Rey, el partido liberal-conservador tiene que declarar, no ciertamente por la unanimidad con que en el movimiento triunfante aparecen todas las fuerzas coactivas del Poder público, sino por ser evidente y explicable la simpatía con que lo miran muchos y muy considerables elementos conservadores del país, y que debemos respetar, lo mismo si es una esperanza certeza que si se truca en una ilusión temeraria, que se abstendrá de todo lo que, excediendo del derecho de legítima defensa, si el caso llega, pueda suscitar el menor estorbo a los hombres que han asumido la misión ardua de gobernar.

»Cuantos durante estos seis años hemos tenido que decir que «gobiernen los que no dejan gobernar», tenemos que dejarlos ahora desarrollar cuanta capacidad de gobierno quiera Dios poner en sus inteligencias y en sus voluntades.

»En esta actitud de apartamiento digno, con más tristeza para el apasionamiento que rencores para el agravio, esperará el partido conservador, sin asustarse ni descomponerse ante una injusticia más, o que se realice el milagro entrevisto en la aventura, o que se consumen las terribles desgracias que de ella recelamos para la sociedad española, dispuestos a cumplir, en el uno como en el otro caso, con nuestro deber.»

El Marqués de Estella y los tratados de comercio. En nuevas declaraciones hechas por el jefe del Directorio, habló el Marqués de Estella de los tratados comerciales, y dijo que acerca de ellos, ni al concertarlos, no se había procedido con formalidad, legalidad ni lealtad. Se mostró profano en estas materias; pero como había tenido que empezar a estudiar el que había de concertarse con los Estados Unidos, llegó a una concepción sencilla del problema: situados a un lado los técnicos de los Estados Unidos y al otro los españoles, unos y otros hacían las objeciones pertinentes en las respectivas partidas del Arancel, y a este convenio que elaboren técnicos, asiste el Directorio. Pero es un crimen que las Cortes, de mogollón, autorizaran a un Ministro para que contratase a su antojo por debajo de la segunda columna del Aran-
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cel y con desprecio para la Junta técnica que tiene la obligación de intervenir en los tratados. Solamente este hecho realizado por el Parlamento le hacía merecedor al decreto de disolución publicado por el Directorio.

Lo que era el Gobierno.—«Yo he jurado a la Patria y al Rey—dijo el Marqués de Estella—mi propósito de acatar la Constitución del Estado en cuanto pueda ser restablecida nuevamente. Es decir: la Constitución ha quedado en suspenso por el hecho de fuerza; pero volverá a estar en vigor en cuanto nosotros hayamos realizado nuestra obra.

»Se pregunta—agregó—si este Gobierno es liberal o no. No es de derechas ni de izquierdas; cosa muy natural, pues en el Ejército se tiene, en general, aversión a la política. Como es una situación de fuerza, se parece indudablemente más a una acción de derechas que de izquierdas, y esto ocurrirá mientras aquella situación continúe. Pero nosotros no actuamos ni en defensa ni en contra de la democracia; simplemente hemos venido a realizar una obra de justicia. Aunque en realidad nada podrán echarnos en cara porque tengamos suspendidas las garantías constitucionales unos días nosotros, cuando el partido liberal las tuvo dos y tres años.»

Actitud del Conde de Romanones.—Diario Universal publicó, con el título «Los liberales españoles reafirmamos la profesión de fe en nuestro ideal», un artículo en que, reflejando la actitud del Conde de Romanones, decía:

«Lo que ha ocurrido en España, digámoslo claramente, es algo que se explica, pero que no se justifica.
»Se explica, sí, porque desde julio del año 17 se venía formando una densa nube en el horizonte de la vida pública, y, a pesar de ser tan ostensiblemente amenazadora - hay que proclamarlo con valentía-, no se ha hecho nada, absolutamente nada, por soslayar, evitar o prevenir sus efectos.
»Tiene razón la opinión pública al simpatizar con el movimiento militar, por entender que ello libra al país de la premiosa actuación de los gobernantes civiles. Ne-
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gar que ha sido desafortunada esa gestión, fuera mentir descaradamente, y es hora esta en que sólo el desfigurar la verdad resultaría pecado mortal. Ninguno de los problemas que afectan a la vida, a la tranquilidad, a la prosperidad del país, han podido resolverse con acierto. Se ha vivido en el Poder con una parsimonia suicida y de grave daño para la nación. En esta afirmación nuestra no hacemos excepción para ningún Gobierno, ni siquiera para el último. Sólo hay una atenuante para todos: la de que nunca, en estos últimos tiempos, por unos u otros motivos, se dejó a los políticos gobernar con libertad.

•Pero si esa torpeza o debilidad en el Gobierno explica el estallido del día 13, no es tan fácil encontrar justificación para lo ocurrido. Y en este sentido no podemos decir más, porque no es nuestro propósito dar pretexto fundado al lápiz del censor para que anule o castre nuestro pensamiento, cuando es preciso que se le conozca íntegramente.

•Frente al hecho cumplido del triunfo del movimiento militar, los hombres civiles políticos tienen que adoptar una actitud bien definida. A nuestro entender, ésta debe ser la de no crear en ningún sentido dificultades a la nueva situación. No dudamos que el movimiento triunfante se inspira en los más puros ideales patrióticos, y, sólo pensando en ello, cabe esperar de ese movimiento el bien para España. No se debe, pues, estropear la labor de los que vienen con un programa de renovación política en todos los órdenes, cuyo primer postulado es el ir contra los mismos políticos. No entorpecer la obra; pero en manera alguna ningún político civil debe establecer nexos, relaciones, colaboraciones en ella.

•Los militares deben de gobernar, pues, solos, sin dificultades; pero sin ayudas de los políticos».

•Queremos también dejar bien sentada nuestra recia convicción de que el Rey de España no ha tenido la menor intervención en este movimiento. Ante los hechos consumados, tiene que aceptarlos y ver la manera de sacar de ellos provecho para la Patria; pero midiendo bien sus actos todos, para no dar ni pretexto, si la nueva situación fracasara, a que al caer arrastrase tras sí o pusiese en peligro los altos atributos de la Realeza.

•Monárquicos convencidos, liberales de toda la vida,
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fervientes partidarios de la supremacía del Poder civil, porque entendemos que sin ella ni los pueblos pueden progresar ni se puede servir la causa de la civilización, en esta hora crítica nuevamente reafirmamos nuestra fe en nuestros ideales.

»Manterola dijo en un famoso discurso: «Cuando oigo la blasfemia del alto, me levanto y hago confesión.» Nosotros decimos: Cuando vemos atacados, derrocados, barridos los ideales que fueron base de toda nuestra norma de vida espiritual y política, en pie nos ponemos para proclamar que hoy más que nunca comulgamos en ellos, y que si en ellos vivimos, con ellos queremos morir.»

Importante opinión del Sr. Ossorio y Gallardo.—El Liberal publicó un notable artículo del Sr. Ossorio y Gallardo, en el cual decía:

«Gentes que no estudian nada, que no legislan sobre nada, que no resuelven nada, y que en épocas de angustia histórica se entretienen en crear cacicatos minúsculos o en proveer los altos cargos, no con vista a las aptitudes, sino en atención a la pactada proporcionalidad en el reparto del botín, no merecen otro fin sino el sainetesco que han tenido.

»Cuando los sublevados se jactan de haber recogido el ansia popular, tienen razón. En lo íntimo de la conciencia de cada ciudadano brota para los que han interrumpido la rotación de las concupiscencias una flor de gratitud.

* * *

»Pero en seguida aparece otra inquietud dramática. ¿Será el remedio peor que la enfermedad?
»Conviene que no se equivoquen sobre eso los sublevados ni sus secuaces activos y pasivos. Lo que se implanta en estos momentos en España es una dictadura militarista, que no lograrán disimular los hombres civiles que se presten a encubrirla con sus levitas. Decirlo llanamente es más útil que suponer a todo un pueblo bastante tonto para no entenderlo.
»Cuando se intenta «constituir Ministerio a nuestro amparo, pero en plena dignidad y facultad», no se logra
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otra cosa sino consignar un juego de palabras antagónicas, ya que no es posible ejercer con dignidad el Poder bajo el eufemismo de unas espadas amparadoras.

• De tinte y sabor igual es la frase, que hace enrojecer al lector, de que quien se ponga en contra del golpe de Estado «no tendrá sangre limpia, pura ni patriótica», y aquella otra en que el firmante se enorgullece, no sólo de su profesión, sino de «su casta».

• Lo mismo se aprende al advertir que el Sr. Primo de Rivera, «abandonista» de Marruecos cuando actuaba a las órdenes de los Gobiernos, en la hora en que, con verdad, puede mirar al Estado como un inesperado Luis XIV, no se atreve a ratificar orientación que tanto desagrada al Ejército, sino que se limita a anunciar una «solución pronta, digna y sensata», si bien aplazada a que «aquel Ejército haya cumplido las órdenes recibidas».

• Y todavía queda más al descubierto el sentido de la nueva política cuando se ve a un hombre sin más poderes que los que él se atribuye, declarando procesados a otros dos, sin privarse siquiera del patológico placer de insultarlos. No se regocijen con ello los enemigos del señor Alba, porque el síntoma es alarmantísimo para todos. Establecer dictatorialmente una ley puede ser el comienzo de una salvación; perseguir dictatorialmente a unos hombres puede ser la simiente de una tiranía.

• Es preferible para todos hablar con claridad. Entre las mejores obras de la sublevación, está el haber sacado a la calle, con gesto noble, la subrepticia conspiración latente en los cuartos de banderas desde 1917. Las Juntas de defensa eran la corrosión, con daño de todo y de todos. El golpe de Estado puede ser la redención. Yo no lo creo. Pero puede serlo.

• Conste, en fin, que entramos en un régimen militar; que van a gobernar los militares; que de ellos es la iniciativa, y han de ser el desarrollo y las consecuencias. El manifiesto lo dice en su línea undécima ex abundantia cordis, antes de que la habilidad lograra el pulimento de las subsiguientes. «Ahora vamos a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina.» Así se habla.

• Una dictadura militarista tendrá sus ventajas y sus inconvenientes.» Etc.
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El artículo fué muy comentado.

DIA 18.—Creación del Somatén nacional.—Aparte del decreto ya anunciado, obligando a los funcionarios públicos a cumplir mejor con su obligación (en el cual se les trataba con bastante severidad, siendo muchos declarados cesantes), la Gaceta publicó con esta fecha otro, cuya parte dispositiva decía así:

«Artículo 1.º Se instituye el Somatén en todas las provincias españolas y en las ciudades de soberanía del territorio de Marruecos.
Art. 2.º Se podrán alistar en él todos los individuos mayores de veintitrés años que tengan reconocida moralidad y ejerzan profesión u oficio en las localidades en que residen.
•Art. 3.º Se organizarán por regiones militares, siendo Comandante general un general con mando de brigada de Infantería en la capital de la región, y jefes natos, los Capitanes generales respectivos.
•Art. 4.º Se aplicará la organización del Somatén de Cataluña.
•Art. 6.º Los individuos del Somatén serán considerados como fuerza armada cuando se declare el estado de guerra y así lo consignen los Capitanes generales en sus bandos, y como agentes de la autoridad, siempre que, no estando declarado el estado de guerra, sean requeridos sus servicios por las autoridades; se exceptúan los casos de persecución o captura de malhechores, en cuya circunstancia obrarán como tales agentes, sin previo requerimiento de auxilio.»

Economías en los gastos públicos.—Son curiosas las cifras que publicó Heraldo de Madrid:

«Con el presupuesto a la vista—decía—hemos hecho el cálculo de las economías que traerán consigo las supresiones de cargos y emolumentos hechas por el Directorio. A continuación insertamos el cuadro de estas economías:
•Presidencia del Consejo de Ministros.—Sueldo del Presidente, 30.000 pesetas; gastos de representación, 15.000; Subsecretario, 15.000. Total: 60.000.
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• Ministerio de Estado.—Nada.
• Ministerio de Gracia y Justicia.—Sueldo del Ministro, 30.000 pesetas; idem del Subsecretario, 15.000. Total: 45.000.
• Ministerio de la Guerra.—Nada.
• Ministerio de Marina.—Sueldo del Ministro, 30.000 pesetas.
• Ministerio de Hacienda.—Sueldo del Ministro, 30.000 pesetas; Subsecretario, 15.000; gratificaciones Secretaría particular del Ministro, de libre nombramiento, sean o no funcionarios del Estado, 30.000. Total: 75.000.
• Ministerio de la Gobernación.—Sueldo del Ministro, 30.000 pesetas; Subsecretario, 15.000; Secretaría particular del Ministro, 30.000. Total: 75.000.
• Ministerio de Fomento.—Sueldo del Ministro, 30.000 pesetas.
• • Ministerio de Instrucción pública.—Ministro, 30.000 pesetas; Subsecretario, 15.000. Total: 45.000.
• Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.—Ministro, 30.000 pesetas; Subsecretario, 15.000. Total: 45.000.
• Congreso.—Sueldo del Presidente, 40.000 pesetas; gastos de representación, 20.000; dietas de 407 Diputados, a 6.000 pesetas, 2.442.000. Total: 2.502.000.
• Gobernadores civiles.—Madrid, 20.000 pesetas; Barcelona, 20.000; Canarias, 20.000, y los restantes, a 12.500 pesetas cada Gobernador, 575.000. Total: 630.000.

    Resumen.
    Pesetas.

    Presidencia
    60.000

    Gracia y Justicia
    45.000

    Gobernación
    75.000

    Hacienda
    75.000

    Fomento
    30.000

    Trabajo
    45.000

    Marina
    30.000

    Instrucción pública
    45.000

    Gobiernos civiles
    630.000

    Congreso
    2.502.000

    TOTAL
    3.537.000

El periódico añadía:
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«Obsérvese que el capítulo más importante es el del Congreso, que asciende a dos millones y medio de pesetas. Esta reducción en los gastos públicos es transitoria, pues quedarán restablecidos tan pronto como se constituyan nuevamente las Cortes.

•Obsérvese también que en los Ministerios de Estado y Guerra no ha habido todavía reducción ninguna en los gastos, pues no se han suprimido ni los sueldos de los Subsecretarios.

•En el de Fomento, sólo ha desaparecido el sueldo del Ministro. El del Subsecretario subsiste.•

Contra el separatismo.—Importantísimo decreto.
El Rey firmó el anunciado decreto relativo a la represión de todo movimiento de tendencia separatista.

El preámbulo de este decreto comenzaba hablando de la necesidad de combatir el separatismo, y añadía que el Directorio dictaba esta disposición con la autoridad de que estaba resuelto a proponer al Rey en breve plazo disposiciones que definiesen y robusteciesen las regiones y su desenvolvimiento administrativo, y aun su fisonomía espiritual.

La parte dispositiva decía así:

«Artículo 1.º Serán juzgados por los Tribunales militares, a partir de la fecha de este decreto, los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a disgregarlía, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por la palabra, por escrito, por la imprenta u otro medio mecánico y gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier clase de actos o manifestaciones. No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, edificios (sean del Estado, de la provincia o Municipio), ni en lugar alguno, sin más excepción que las Embajadas, Consulados, hospitales o escuelas u otros Centros pertenecientes a naciones extranjeras.

•Art. 2.º Las infracciones que contra lo dispuesto en este decreto-ley se cometan se castigarán del modo siguiente: Ostentación de bandera que no sea la nacional, seis meses de arresto y multa de 500 a 5.000 pesetas para el portador de ella o para el dueño de la finca, barco, etcétera. Delitos por la palabra oral o escrita, prisión co-
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rreccional de seis meses y un día a un año y multa de 500 a 5.000 pesetas. La difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza, o la predicación de doctrinas de las expresadas en el artículo primero, prisión correccional de uno a dos años. Pandillaje, manifestaciones públicas o privadas referentes a estos delitos, tres años de prisión correccional y multa de 1.000 a 10.000 pesetas. Alzamiento de partidas armadas, prisión mayor de seis años y un día a doce años al jefe y de tres a seis de prisión correccional a los que le sigan formando partida o partidas, si el hecho no constituyera otro delito más grave. Resistencia a la fuerza pública en concepto de partida, pena de muerte al jefe y de seis años y un día a doce años de prisión mayor para todos los que formen la partida o partidas.

Con las mismas penas señaladas anteriormente se castigarán los delitos frustrados, la tentativa y las conspiraciones para cometerlo.

•Las señeras, pendones o banderas tradicionales o históricas de abolengo patriótico, en cualquiera de sus períodos, que son guardados con amoroso orgullo por Ayuntamientos u otras Corporaciones; las del Instituto de Somatenes, Gremios, Asociaciones y otras que no tengan ni se les dé significación antipatriótica, podrán ser ostentadas en ocasiones y lugares adecuados sin incurrir en penalidad alguna.

•El expresar o escribir en idiomas o dialectos las canciones, bailes, costumbres y trajes regionales no son objeto de prohibición alguna; pero en los actos oficiales de carácter nacional o internacional no podrá usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano, que es el oficial del Estado español, sin que esta prohibición alcance a la vida interna de las Corporaciones de carácter local o regional, obligadas, no obstante, a llevar en castellano los libros oficiales de registros y actas aun en los casos que los avisos y comunicaciones no dirigidas a autoridades se hayan redactado en lengua regional.

Este decreto fué aplaudidísimo.
A pesar del decreto relativo al separatismo, además del Fomento del Trabajo, se adhirieron al nuevo régimen