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•Los anticipos de las Compañías ferroviarias ascienden a 175 millones. Hay que acabar con una y con otra sangría.

•A mí no me asustan los déficit, sobre todo después de ver que con la sola marcha sería de la recaudación se ha aumentado ésta, en el ejercicio último, en 300 millones de pesetas.

•Cabe, por tanto, esperar que con las reformas tributarias que pronto tendrá el honor de leer ante vosotros lleguemos el próximo ejercicio, si no a la extinción, a la rebaja de casi la totalidad del déficit.•

El Sr. Presidente suspende la sesión por diez minutos.

Luego, el Ministro subió a la tribuna y leyó los proyectos siguientes:

Transportes.—El impuesto de carruajes de lujo se eleva hasta 300 pesetas anuales por carruaje, y 120 por caballería.

Los automóviles, según las décimas de cilindradas del motor, desde 660 pesetas hasta 2.500, aumentándose un 25 por 100 a los de carrocería de lujo.

Se autoriza al Ministro para señalar las cuotas de los demás instrumentos análogos de transporte con motor.

Se deroga la cesión a los Municipios del impuesto sobre carruajes de lujo.

Se autoriza al Gobierno para modificar el impuesto de transportes marítimos.

Títulos nobiliarios.—En las grandes y títulos se aumenta el 50 por 100 en los casos en que no sea el primogénito el que recoge el título.

Los poseedores de títulos de grandeza, incluso los que tengan título extranjero, pagarán un impuesto anual de 4.000 pesetas, el 50 por 100 por el segundo y el 25 por 100 por cada uno de los restantes.

Herencias.—Se establece un recargo del 10 por 100 sobre el principal de las cuotas que se liquiden por razón de transmisiones por herencia entre parientes desde el quinto grado y extraños.

Y otros varios de menor importancia.

DIA 19.—La inmunidad parlamentaria.—Acerca de
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telefónica—hallábase en Sanlúcar de Barrameda—a las siete y media de la tarde del martes. Espérasele para hoy; mas aseguran los que tal dicen que ya ha expresado su conformidad con que cuantos componen tan elevado Centro echen papeletas para pedir su destino a otros Cuerpos.

•De confirmarse esta versión, que si la acogemos es porque circula con gran insistencia, el Ministro se vería en una situación difícil para sustituir al general Weyler y a los que hasta ayer fueron sus colaboradores, pues equivaldría a hacer causa común con las razones que el Duque de Rubí alegó en su instancia.

•Paralelamente con esta actitud, en la que si intervienen las Comisiones informativas, es de un modo accidental, seis delegados de éstas, con el legajo de documentos que constituyen el capítulo de cargos, explicaron anteayer, a las seis y media de la tarde, ante el superior jerárquico del Ministro, los fundamentos de su opinión, contraria a la permanencia del Sr. La Cierva en el Ministerio de la Guerra. En el manifiesto se exponen los hechos y los fundamentos de derecho, que parece han sido cuidadosamente recogidos a partir del mes de agosto.

•Esos mismos delegados debieron de realizar ayer, a la misma hora del día anterior, una gestión análoga en el palacio de Buenavista.

•Quienes hablaron por la mañana con el Ministro de la Guerra le oyeron decir que no dimitiría sino porque se le echase por el que puede hacerlo; que no se rinde a maniobras políticas de unos cuantos, y que sobre todo está el cumplimiento de su deber para con la Patria.

•Se ha desistido de que haya hoy recepción militar en Palacio.

Despedida del general Weyler.—Publicado en el Diario Oficial el cese del Marqués de Tenerife en el cargo de jefe del Estado Mayor Central del Ejército, el general Weyler acudió por la mañana a su despacho, y poco después bajó a despedirse del Ministro de la Guerra, en conferencia breve y cortés, en la que hizo constar que, dentro de las normas de la más estricta disciplina, que han sido siempre su más preciado galardón, estaba dispuesto
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un incidente promovido en el Senado, publicó La Epoca lo siguiente, que lo resume por completo:

«La doctrina sustentada por el Sr. González Echavarrí fué la de la inmunidad para todo, en todos los momentos y en todas las ocasiones; la del Sr. Sánchez Guerra es la de la verdadera inmunidad.

«Como la inviolabilidad parlamentaria es una derogación profunda del Derecho común, una excepción grave al principio de la igualdad ante la ley, no puede extenderse fuera de los términos estrictos del texto». Eso escribe el tratadista León Duguit, uno de los más leídos y seguidos por la juventud estudiosa de nuestro país.

»Esta misma doctrina es la que sostuvo ayer el señor Sánchez Guerra en el Senado, como no hace mucho la sostuvo en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el Conde de Bugallal, diciendo que «la inviolabilidad parlamentaria, creada para garantir la libertad e independencia de las funciones atribuidas al Poder legislativo, es plena en cuanto a su esfera propia; pero no subsiste cuando los límites de ésta se traspasan, y cuando la misión o actuación para cuyo desembarazado desenvolvimiento se concediera, en nada necesita la protección especial que aquélla representa».

»¿Doctrina conservadora? Nada de eso. ¡Si está en la Gaceta de Madrid con la firma de Sagasta, y esto previa una consulta al Supremo, entre cuyas firmas están las de Martínez Campos y Danvila! En el mes de diciembre de 1898 hay una Real orden suscrita por el Sr. Sagasta, cuya parte dispositiva empezaba diciendo:
•Primera. Que por el Ministerio de la Gobernación se haga saber a los Gobernadores y autoridades que del mismo dependan, que los Senadores y Diputados a Cortes pueden ser procesados y arrestados por actos ajenos al desempeño de su cargo, si son hallados in fraganti, o cuando por virtud de la Regia prerrogativa no estuvieran reunidas las Cortes, dando cuenta, en todo caso, al Parlamento, para su conocimiento y resolución.»
»A eso precedía un luminoso dictamen, del que son los párrafos siguientes:
«La inmunidad parlamentaria no es un privilegio en el sentido ordinario de la palabra; es un derecho anejo
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a la función del representante en Cortes, una garantía constitucional para asegurar su libertad en la esfera legítima de su acción y en el cumplimiento de su encargo. No a calidad de distinción personal obedece esta prerrogativa, sino a necesidad de derecho público.

Aunque la Constitución, en su artículo 47, haya consignado distintas palabras cuando se refiere al Senado y cuando habla del Congreso, el concepto y sentido de ellas resulta el mismo; es, a saber: la paralización de la función legislativa por no estar reunidas las Cortes, pues sería absurdo suponer que en asunto de tanta importancia, y tratándose de Cuerpos que son iguales en prerrogativas, fueran distintas las condiciones que se establecieran para cuanto afecta a la inmunidad parlamentaria. Al decir la Constitución que no esté reunido el Senado, o, tratando del Congreso, que estén cerradas las Cortes, ha consignado la única idea posible: la de que las Cortes no estén reunidas y no existan los convenientes del procesamiento y del arresto.

Y fundados en estas y análogas consideraciones, los dignos Magistrados que suscribían el dictamen aceptado por el Gobierno llegaban a proponer las conclusiones siguientes:

1.ª La inviolabilidad e inmunidad parlamentaria forman parte esencial del régimen constitucional y parlamentario; pero deben circunscribirse a los hechos y casos en que directa o indirectamente pueda menoscabarse la libertad e independencia de los representantes de la Nación.

2.ª Los Senadores y Diputados a Cortes pueden ser procesados y arrestados por actos ajenos al ejercicio de su cargo, sin son hallados in fraganti, o cuando no estuvieren reunidas las Cortes por virtud del ejercicio de la Regia prerrogativa, dando, en todo caso, cuenta al Parlamento, para su conocimiento y resolución.

Marruecos.—En el Senado.—El Sr. Maestre (D. Tomás) anunció una interpelación sobre el problema de Marruecos.

El Sr. Presidente del Consejo la aceptó en el acto e hizo la advertencia de que el Gobierno se reservaba el
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derecho a contestar tan sólo a aquellos puntos que creyera convenientes.

El Sr. Maestre explanó su interpelación. Comenzó por manifestar que en la cuestión de Marruecos hay que examinar tres aspectos distintos: el militar, el diplomático y el político.

Declaró que nada había de decir en cuanto al problema militar, si bien hacía constar que España no puede ni debe abandonar los peñones de Alhucemas y Vélez, como algunos elementos afirman, si bien se debe abreviar en todo lo posible la acción militar, intensificando el protectorado civil.

En cuanto a la cuestión diplomática, dijo que todas sus simpatías están por Francia, y aseguró que Francia ha sido siempre la casa editorial de la obra de la cultura de toda la Humanidad.

Ahora bien; en cuanto se refiere al problema de Marruecos reconocía y declaraba que los intereses de Francia suelen estar en contraposición con los de España.

Manifestó que España no puede consentir que siga vigente el Tratado de 1912, y añadió que, a pesar de los grandes esfuerzos que realizaron los Sres. Canalejas, Marqués de Alhucemas y Pérez Caballero, no pudieron variar en 1914 aquel Tratado, sino que está reproducido, sin variar una tilde.

La diplomacia española cumplió con su deber; pero no obtuvo resultado.

Afirmó que el Tratado de 1912 es una consecuencia del Tratado francoalemán de 1911.

Leyó documentos interesantísimos, según los cuales, en esa época, y antes de ese Tratado, cuantas veces se dijo que España debía ser oída en las conversaciones para liquidar la cuestión marroquí, Francia se opuso siempre, y mientras Inglaterra defendía nuestro derecho, Francia nos le quería negar.

El Sr. Marqués de Alhucemas: Y también Alemania.

El Sr. Maestre recogió la interrupción y dijo que, en efecto, tampoco Alemania fue nuestra amiga, sino únicamente Inglaterra.

Y ahora que Inglaterra se ofrece a tratar la cuestión marroquí con Francia y España, debemos concurrir a Londres, haciendo allí valer nuestro derecho, hasta ahora siempre hollado y desatendido.
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Discurso de Sánchez Guerra.—El Sr. Presidente del Consejo contestó al Sr. Maestre, y comenzó felicitándole por su discurso, si bien declaró que, como ya anunció a primera hora, no podría seguir en su respuesta toda la escabrosa disertación de dicho orador.

Aplaudió la discreción con que había tratado el problema desde el punto de vista militar, aunque creía que había cometido una injusticia al culpar a este Gobierno de esa responsabilidad, la cual reclama, desde luego, desde que el Gobierno ocupaba el banco azul, explicando que por este motivo había conferenciado en Madrid con el Alto Comisario.

Insistió en que dichos rumores carecían actualmente de fundamento.

DIA 20.—El Rey y los españoles de la Habana.—La importantísima Sociedad española Asociación de Dependientes del Comercio, de la Habana, tomó el acuerdo de nombrar su presidente de honor a S. M. D. Alfonso XIII.

He aquí el hermoso documento, lleno de amor a España y a la figura de su Rey, en el cual se proponía este acuerdo a la Junta directiva:

•Considerando que el artículo 1.º de nuestros estatutos determina que esta institución es española; que cada día se estrechan los vínculos espirituales y materiales que unen a los países de América con la nación progenitora; que es deber de las instituciones otorgar honores a aquellas personas en quienes concurren méritos extraordinarios suficientes a hacerlas acreedoras de las más altas y excepcionales distinciones; que se ha publicado en la Prensa que se propone el Soberano español realizar un viaje a América, y constituirá un indiscutible honor para nosotros recibirle con el cargo que más abajo se menciona; que los cuarenta y tantos mil socios que figuran en nuestras listas sociales sienten vivas simpatías hacia el Monarca español, quien siempre ha dado pruebas de hidalguía, valor y caballerosidad; que la patria española tiene en cada uno de nosotros un altar levantado en el corazón, que veneramos sus glorias y ofrendamos nuestro amor, que constituirá un indiscutible blasón para esta institución que figurase como Presidente de honor de la
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misma S. M. D. Alfonso XIII, los vocales que suscriben proponen que se proclame presidente de honor de la Asociación de Dependientes de Comercio, de la Habana, a S. M. el Rey D. Alfonso XIII.

»Habana, 12 de marzo de 1922.—Victoriano González, Joaquín Gil del Real, J. Eliseo Cartaya, Angel Zuloaga, E. Romagosa, Joaquín Fernández, Manuel F. Taboada, José Gómez Nieto y S. Soler.«

Leída la moción, el socio Sr. Ibarra propuso que la Junta directiva la aprobase puesta en pie.

El presidente, Sr. Pons, pronunció elocuentes frases en honor de S. M. el Rey de España.

Terminado el discurso del Presidente, los señores de la Junta directiva se levantaron, y entre vítores y aclamaciones, proclamaron Presidente de honor de la Asociación de Dependientes, de la Habana, a S. M. D. Alfonso XIII, Rey de España.

El Gobierno y el Parlamento.—Discurso de Buniel. El Marqués de Buniel explicó una interpelación sobre el funcionamiento de las Comisiones permanentes del Congreso y acerca del modo como el Gobierno mantenía sus relaciones con el Parlamento.

Dicho funcionamiento lo calificó de vicioso, y también encontraba censurable el divorcio en que se mantienen los Gobiernos respecto de las Cortes.

Su opinión era que debía intensificarse el funcionamiento de las Comisiones permanentes y que el Parlamento debiera reunirse con frecuencia en sesiones secretas, a fin de debatir los asuntos que afectasen a las relaciones exteriores.

Pero, sobre todo, censuró la conducta que observaba el Gobierno con el Parlamento en lo que se refiere al problema de Marruecos.

Concluyó preguntando si el Presidente del Consejo estaba dispuesto a remediar los males que el orador denunciaba.

El Presidente del Consejo le contestó, recordando cómo se reformó el reglamento y qué fin se perseguía al crear las Comisiones permanentes.

También lamentó que no tuviera toda la eficacia de-
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bida la labor de estas Comisiones, y culpó de ello a la rutina, que había quitado toda su fuerza a la reforma del reglamento.

Se suspendió esta interpelación.

DÍA 21.—Contra una audaz maniobra de la Mancomunidad.—Protesta del Cuerpo de Telégrafos.—Por la mañana tuvieron conocimiento los telegrafistas de la Central de que estaba redactada la minuta del Real decreto concediendo a la Mancomunidad catalana la administración de los grupos de teléfonos, cuya concesión había caducado en estos días.

El personal, considerando la referida concesión como un acto atentatorio a los derechos del Cuerpo de Telégrafos, abandonó los aparatos y en masa se dirigió al despacho del Director general, con objeto de comprobar la exactitud de la referencia.

El Sr. Silvela aseguró a sus subordinados que nada se había resuelto en el indicado sentido, o por lo menos no había llegado hasta él la noticia.

Los telegrafistas se reintegraron inmediatamente a sus puestos.

A las dos y media de la tarde se presentó en la Central el Ministro de la Gobernación, acompañado del señor Silvela, deseo el primero—dijo—de conocer el funcionamiento de las nuevas instalaciones en el Palacio de Comunicaciones.

De nuevo los oficiales, respetuosamente, expusieron al Sr. Piniés sus temores. Procuró el Ministro desvanecer estos recelos, asegurando que este asunto se resolvería en tiempo opportuno, teniendo en cuenta los derechos de la corporación telegráfica, y, sobre todo, los altos intereses patrios.

La contestación no satisfizo a los telegrafistas.

A última hora de la tarde, una Comisión de oficiales del Cuerpo de Telégrafos estuvo en el Congreso visitando a varios Diputados de los que se interesaban por su causa, para rogarles que formulase alguno de aquéllos una pregunta al Gobierno.

Fué presentada la siguiente proposición de ley, por los Diputados de la Unión Monárquica de Cataluña, y secundada por otros elementos de la Cámara:
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•Que se sirva declarar, sin mengua de las facultades que corresponden al Poder ejecutivo, que con respecto a las redes únicas o grupos telefónicos que por haber caducado o estén próximos a caducar reviertan al Estado, según las respectivas concesiones, el Gobierno no adopte disposición alguna que altere las condiciones de la reversión al Estado sin la previa aprobación de las Cortes, previo informe de las Comisiones de Hacienda, Presupuestos y Guerra, por la conexión que dichas concesiones tienen con los Ministerios a que tales Comisiones corresponden.

El juego en España.—El Sr. Saborit se ocupó extensamente en el Congreso del juego en Zaragoza y en San Sebastián, pero no consiguió nada, a pesar de lo escandalosamente que se había extendido el vicio.

DÍA 22.—Declaraciones del Duque de Rubí.—El general Weyler hizo las declaraciones que siguen, respecto a la campaña de Marruecos:

•Soy partidario del sistema francés,
•Yo hubiera tenido grandes columnas en lugares céntricos, de mercado o simplemente estratégicos. Si al llegar a un punto no me hostilizaban, alto; allí no tenían nada que hacer las tropas. ¿Qué me hostilizaban? ¡Ah! Entonces hubiera castigado. Quemando, razziendo, como fuera menester, para demostrar rápidamente la superioridad española. Tengo por seguro que cuando se hubiera divulgado el procedimiento, muy pocas veces se habría hecho menester el castigo.

Aludiendo al abandono de Monte Arruit, dijo el general:

•Con cuatro o cinco mil caballos, que los había, se debió ir sin vacilación a recoger a los heridos y a los enfermos y a salvar muchas cosas. Yo hubiera ido. A la vuelta hubiera sostenido combate, sí. Pero hubiera perdido solamente ciento cincuenta y doscientos o trescientos caballos, todo lo más.
•En cambio, hemos vuelto a la ocupación de puestos.
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Respecto a las actuales operaciones militares, dijo:

«Yo creo que se llegará a donde se quiera llegar, naturalmente, y que al fin se repatriarán fuerzas. Pero con el sistema que se sigue, en que avanzar no es dominar, en cuanto nos descuidemos, se nos echará encima otra hecatombe. ¡Desgraciadamente, se la ve avanzar!»

DIA 24.—Nuevo Capitán general de la Armada.—S. M. el Rey firmó un decreto de Marina nombrando capitán general de la Armada a D. Ricardo Fernández de la Puente y Patrón, almirante más antiguo y único que cuenta con más de dos años de empleo.

El Sr. Fernández de la Puente nació en Badajoz el día 6 de julio de 1853, e ingresó como aspirante en la Escuela Naval el año 1871, contando con más de cincuenta y un años de servicio efectivo.

Ha tenido destinos de embarco al mando de 25 barcos de la Armada y otros muchos en tierra, y posee el título de Ingeniero naval.

DIA 25.—Marruecos.—En el Senado.—Después de algunos ruegos, el Sr. Conde de Lizárraga trató del problema de Marruecos, abogando por la formación de un ejército voluntario en África, que sería más económico y más eficaz para España.

Pidió también se moralicen algo más las costumbres en aquel territorio, persiguiendo el libertinaje y el juego.

El Sr. Ministro de la Guerra declaró que por su parte no dejaría de contribuir a la organización del ejército en África sobre la base del voluntariado. Dijo que actualmente existen en África 30,893 voluntarios, y que esto es ya un paso bastante significativo para llegar al ideal. También ofreció reforzar las medidas adoptadas para la moralización de las costumbres.

Marruecos.—En el Congreso.—Interpelación del Sr. Sarradell.—El Sr. Sarradell explanó una interpelación sobre el problema de Marruecos.

Agradeció la tardía decisión del Gobierno de aceptarla.

La cuestión de Marruecos, según el orador, está inti-
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mamente ligada a los fracasos de la política española, y los hombres públicos no se acostumbran a prescindir de esta cuestión.

Hizo una rápida excursión histórica, para evidenciar la aspiración de los políticos de todos los tiempos a intervenir en África.

«Adquiere, sin embargo, mayor relieve—añadió—esta aspiración en los comienzos del siglo XX, en el que empezó a cristalizar en un deseo de ocupación la tendencia expansionista de nuestros Gobiernos, libres ya de la preocupación del imperio colonial, cuya falta echaban de menos para las crecientes necesidades del nepotismo político.»

El orador analiza los diferentes Tratados internacionales que han ido fijando las sucesivas y diversas orientaciones del problema marroquí en relación con la nación española.

«Si el Ejército en España no tiene la debida ordenación y disciplina, ¿cómo pretendéis exigir estas virtudes al ejército de Marruecos?
•Seguimos supeditados a las órdenes de las Juntas militares; porque aquí ha dicho gallardamente el Presidente del Consejo que habría recompensas, y éstas no se traen a las Cortes, porque lo vedan las Juntas de defensa.
•A mí no me asustarían unas Juntas que impusieran al Gobierno las normas del deber, pero no puedo menos de reprobar los actos punibles de esos organismos arrancando concesiones egoístas a unos Gobiernos débiles.»

Le contestó muy cumplidamente el Presidente del Consejo.

Día 26.—El problema de Marruecos.—Discurso de Romanones.—En el Ateneo de Sevilla pronunció un discurso el Conde de Romanones, en el cual dijo:

«Voy a hablar de un tema esencialmente político, la cuestión que más interesa a España, y lo hago con plena conciencia de la gravedad del momento y de las respon-
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sabilidades que contraigo. Voy a hablar del problema de Marruecos, que es de vida o muerte para el país.

»Si España pudiera abandonar su posición, sus compromisos en África, no habría cuestión; pero eso no debe ser, porque perturbaría las relaciones de amistad contraídas con otros países, porque perturbaría el statu quo del Mediterráneo occidental.

»La frontera española verdaderamente vulnerable es la del Sur. Hay que impedir que desde la costa opuesta podamos ser amenazados. Esa costa opuesta es inaccesible, por lo que Marruecos ha podido mantenerse insumiso a la acción europea.

»Esta necesidad española de afirmar su posición en África y en el Mediterráneo hace magno para nosotros el problema de Marruecos; pero hay que rectificar urgentemente y en absoluto nuestros procedimientos de actuación.

»Aun no se ha comprendido el espíritu del Protectorado; no acaba de entenderse que el Tratado de 1912 no permite a España una obra de anexión ni de conquista territorial, sino una misión civilizadora, prestando su asistencia al Imperio marroquí en nuestra zona, que continuará bajo la autoridad del Sultán, que representa el Jalifa. Por eso se ocupó Tetuán y comenzó el Protectorado sin practicarlo verdaderamente.

»El Protectorado es algo complejo que precisa sus órganos de ejecución. Dos sistemas existen de llevar a la práctica el Protectorado: la penetración militar y la política, preparada y sostenida por la militar. Nosotros hemos preferido el primer sistema; hemos hecho cuanto estuvo a nuestro alcance para convertir al moro en enemigo irreductible.

»Ni para proteger la agricultura ni para fomentar las obras públicas hemos tampoco hecho grandes cosas. Quizás a todo esto contribuyó la inestabilidad de los Gobiernos, lo cual hubierase mitigado en lo referente a la acción militar si el Estado Mayor Central realizara el fin para que fué creado.

»Se impone, pues, una reorganización de servicios, una transformación de la acción militar, reorganizando el Ministerio de la Guerra sobre la base del Estado Mayor Central, que dirija técnicamente el Ejército.