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tituir, hicieron causa común con tipógrafos, vendedores y repartidores, los cuales no se sustituyen tan fácilmente: los primeros, por la técnica del oficio, y los otros, por la clase de trabajo que desempeñan.

Una vez solidarizados y sintiéndose fuertes, plantearon la cuestión a las empresas, tratando de establecer condiciones en todos los ramos auxiliares del periodismo, aparte de los redactores.

Empezaron las conferencias entre los representantes del Sindicato y los de las empresas, las cuales aceptaban casi todas las que al mejoramiento del periodista se referían; pero a determinadas condiciones no pudieron acceder; y no llegando a un acuerdo, tanto los periodistas como sus coasociados de todas clases, plantearon la huelga en esta fecha, dejando de publicarse casi todos los periódicos, excepto A B C, La Epoca y algún otro, que sólo quedaron sin publicarse algún día, por espíritu de solidaridad con sus colegas.

Los periodistas del Sindicato publicaron un periódico titulado Nuestro Diario, en el cual atacaban duramente a las empresas, y especialmente a D. Miguel Moya, presidente de la Sociedad Editorial, y al Sr.: Luca de Tena.

Nuevo Gobernador de Madrid.—En esta fecha tomó posesión de su cargo el nuevo gobernador civil de Madrid, Sr. Marqués de Grijalba, dándosela el gobernador saliente, Sr. Cavestany.

El Ministro, al dar cuenta de este cambio, hizo grandes elogios de ambas Autoridades.

El Sr. Marqués de Grijalba, antiguo subsecretario de Gracia y Justicia, salió para ocupar el Gobierno civil, de la Comisaría general de Seguros, cargo difícilísimo, que desempeñó con una inteligencia y una caballerosidad extraordinarias, dejando allí gratísimo recuerdo.

Día 6.—La situación en Barcelona.—Se había agravado mucho la situación de Barcelona con motivo de las huelgas y del lock-out, que fué consecuencia de aquéllas. Véase lo que dijeron de aquella ciudad:

«Aunque no se ha alterado el orden en el exterior, la situación se agrava por momentos.
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»El aspecto de la ciudad, con todos sus comercios cerrados, es desolador.
»Aunque la anormalidad se ha hecho endémica y ya están acostumbrados a ella los barceloneses, la inquietud y la preocupación suben de punto.
»Todos los comercios permanecen cerrados, y esto hace sentir vivamente la realidad del conflicto.»

Movimiento socialista.—El aumento de individuos y entidades socialistas fué el siguiente:

    ORGANISMOS
    Número de entidades.
    Número de afiliados.

    Agrupaciones socialistas
    183
    10.060

    Grupos femeninos
    1
    100

    Grupos socialistas españoles en el Extranjero
    4
    196

    Sociedades obreras
    150
    31.757

    Totales
    388
    42.113

En el año anterior se componía el partido de 233 entidades, con 14.588 afiliados.

DIA 9.—Otra vez las Juntas militares de defensa.—Crisis total (1).—El Sr. Sánchez de Toca, Presidente del Consejo de Ministros, plantéó la crisis total; pero aunque el acto se verificó en esta fecha, su origen era muy anterior, y procedía de la actitud de la Junta de defensa de Infantería.

Véase lo ocurrido, consignado muy sumariamente, y que hemos creído oportuno reunir, para su más clara comprensión, en un solo relato, que consignar cada trámite en su respectiva fecha.

Desde hace muchos años, bastantes más de los que

(1) Debemos advertir que muchos de los datos de esta relación están tomados, como garantía de mayor exactitud, de la notable revista Nuestro Tiempo, publicada y dirigida por el ilustre periodista D. Salvador Canals, a la sazón subsecretario de la Presidencia del Consejo.
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tiene de fecha el triste fenómeno de sindicalismo militar manifestado en 1.º de junio de 1917, era problema orgánico que preocupaba y apasionaba al Arma de Infantería, el de si las funciones de Estado Mayor en el Ejército han de ser obra de una organización o servicio propio de un Cuerpo especial.

Todo esto, repetimos, era anterior a las Juntas de defensa; pero es claro que la existencia de éstas, con cuantos estragos han producido en la moral del Ejército, había agriado y enconado aquel problema orgánico, hasta convertirlo en una cuestión pasional, que recientemente había tenido muy enojosas manifestaciones. Las Armas generales, la Infantería al menos, venían exigiendo de los oficiales suyos que se preparaban para el ingreso en el Cuerpo de Estado Mayor el compromiso de no volver al Arma de su procedencia, si fracasaban en el intento.

Respecto de la última promoción al ingreso en la Escuela Superior de Guerra, se habían exagerado las exigencias respecto de los oficiales de Infantería, y éstos se creyeron en el caso de redactar un manifiesto a sus compañeros de Arma, apartándose de las Juntas de defensa.

Hacía un año, próximamente, surgió un incidente del que el público apenas tuvo noticia. Las Juntas militares toparon con la rebeldía de un oficial de Infantería, alumno de la Escuela Superior de Guerra. Este alumno se llamaba D. Ramón Martínez de Aragón.

Hubo lances o conatos de lances, y la herida de amor propio en las Juntas quedó abierto, al mismo tiempo que aumentaba el disgusto en los alumnos de la Escuela Superior de Guerra, los cuales publicaron la declaración siguiente:

«Los oficiales que suscriben, considerando que no realizan las Juntas los actos que su primitiva orientación hacía esperar, no juzgan ni censuran por el momento la conducta de éstas; pero obrando con arreglo a los dictados de su conciencia, acuerdan separarse de dicho organismo; advirtiendo, no obstante, que están dispuestos a formar en todo momento al lado de sus compañeros para el logro del ideal de justicia.—Madrid, 16 de octubre de 1919.—Joaquín Alonso Barcia, Antonio Roca, Fernando
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Gárate, Manuel de Quesada, Joaquín Boneta, José Díaz de Villegas, Juan Priego, Fernando Arniches, José Navas Sanjuán, Ildefonso Domínguez, Fernando del Aguila, José Lazcano, Antonio Aymat, Eluterio Villanueva, Ramón M. de Aragón y Carrión, Juan Barja, José Coello de Portugal, Luis de Lamo, Francisco Domínguez, Miguel Martín Naranjo, Manuel Lombardero, Luis Montes, Ramón Mora.»

Esta fue la declaración que firmaron; pero aun era más importante un folleto en el que se condenaba la actitud y la labor de las Juntas.

El día 24 de octubre se reunieron 86 tenientes de Infantería de la guarnición de Madrid y acordaron declarar que los 25 compañeros suyos, alumnos de la Escuela Superior de Guerra, al firmar un acta y editar un folleto dando publicidad a hechos sobre los cuales habían prometido por su honor guardar secreto, habían realizado un acto deshonroso, por lo cual debían ser juzgados en Tribunal de honor y separados del Ejército. Por consecuencia de tal acuerdo, un Tribunal de honor, compuesto de 10 tenientes de Infantería de la Escuela Superior de Guerra, juzgó sucesiva y separadamente a 16 de los 25 oficiales acusados por el hecho de haber publicado en el periódico El Sol la carta antes mencionada acerca de un asunto sobre el cual habían prometido por su honor guardar reserva. Ese Tribunal acordó, por ocho votos contra dos, la separación del servicio de dos de aquellos 16 oficiales alumnos; por siete contra tres, la de otros siete, y por seis votos contra cuatro, la de los siete restantes. En las actas levantadas por el Tribunal de honor se hacía constar que se habían cumplido todos los requisitos que marcan los artículos 720 al 727 del Código de Justicia militar y disposiciones aclaratorias para su perfecta y legal constitución. La discrepancia consistía (pues nosotros no hemos de definir la cuestión técnica) en si estaba el Tribunal bien constituido por 10 tenientes de la Escuela Superior de Guerra, o si eran insuficientes para juzgar a 16 acusados, cosa que debían hacer los de la misma o superior categoría de otros Cuerpos de la guarnición.

Fué público y notorio en Madrid, que en la reunión inicial del procedimiento, celebrada el 24 de octubre, se
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había producido algún tumulto por parte de los residentados, y también se habló de alguna gestión hecha cerca del Ministro de la Guerra sobre el particular.

Actuó el Tribunal de honor, y el Ministro de la Guerra elevó el expediente en consulta al Consejo Supremo de Guerra y Marina el día 8 de noviembre. El 14 emitió informe la Fiscalía del alto Tribunal, favorable a la ejecución de lo actuado por el de honor, por entender que éste había funcionado perfectamente dentro de las normas legales. Discutió el Consejo esa ponencia en sesión del día 24, y como una gran mayoría se pronunciara contra ella, se designó una Comisión, compuesta por los generales Cirujeda, Márquez, Puente y Mille, para que redactara el proyecto de acuerdo, que fué aprobado el día 28. El 1.º de diciembre lo comunicó el Consejo al Ministro de la Guerra.

La cuestión en el Congreso.—Interpelación del señor Prieto.—El asunto tomó estado parlamentario, y en la sesión del 19 de noviembre, el Sr. Prieto explanó su interpelación relacionada con la actuación de las Juntas de defensa, en la que intervinieron los Sres. Leroux, Álvarez (D. Melquiades), Villanueva, La Cierva, Castrovido, Moles, el Ministro de la Guerra y el Presidente del Consejo.

Después de breves rectificaciones, se terminó el debate, del que por falta de espacio damos muy ligera idea, consignando, no obstante, con claridad la actitud de todos los grupos políticos respecto a la cuestión, viéndose bien claro que ninguno de los gubernamentales o presuntos gubernamentales se puso enfrente de la actuación de las Juntas de defensa.

Nota saliente, que surgió al final y cuando los Diputados comentaban ya las diversas intervenciones, fué la declaración del Sr. Ministro de la Guerra, afirmando que el Ejército, con Juntas técnicas o sin ellas, discutidas o no, mantendrán en todo caso, frente a problemas político-sociales, su legendaria disciplina y se someterá sin reservas a las decisiones del Parlamento.

Con esta afirmación se relacionaba la reciente entrevista de los coroneles con el Ministro.
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Aparte este aspecto del conflicto, el capitán general de Madrid, Sr. Aguilera, dimitió; pero después de algunos días fuera de Madrid, volvió a hacerse cargo de la Capitanía general.

La intervención del Consejo Supremo de Guerra y Marina en la ejecución de los fallos de los Tribunales de honor no es legalmente preceptiva. Por sentencia del Tribunal de lo Contencioso en 16 de mayo de 1900, se declaró que la carencia de esa intervención no constituía vicio de nulidad. Pero en una de las reformas del reglamento interior del Ministerio de la Guerra se incluyó un artículo, el 34, en el cual se hacía obligatoria aquella consulta sobre lo único que cabe examinar, la legalidad del procedimiento, ya que respecto del fondo es soberana la facultad del Tribunal. El Sr. La Cierva, en mayo de 1918, el día mismo de ejecutar, previa audiencia del Consejo Supremo, el fallo del Tribunal de honor contra el coronel Márquez, publicó otra Real orden derogando aquel artículo 34 y suprimiendo la obligación de oir al al alto Cuerpo.

Al encontrarse con este caso, verdaderamente excepcional, el Ministro de la Guerra lo sometió al Consejo de Ministros, y de su acuerdo se publicó esta versión oficial:

*Al ser sometida al Consejo de Ministros por el de la Guerra la decisión sobre si los actos de los Tribunales de honor deben ser ejecutoriados sin oir al Consejo Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en la Real orden de marzo de 1918, o si, por el contrario, procede actuar conforme al precepto entonces derogado, o sea el artículo 34 del reglamento para régimen y despacho del Ministerio de la Guerra, el Consejo de Ministros emitió unánime parecer de que siempre que hubiera la menor duda respecto a la legalidad de la constitución del Tribunal de honor, sería indispensable la previa consulta al Consejo Supremo, puesto que la esencia de la jurisdicción de dichos Tribunales de honor radica en que satisfagan sus veredictos al doble requisito de la plenitud de soberanía de cada Arma o Cuerpo para apreciar y definir su concepto del propio honor dentro de la propia solidaridad y de la más escrupulosa
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fonso XIII, ercándose por ley del Reino una Orden titulada de la Caridad, con una única cruz o venera, otorgada a S. M., en recompensa de sus altos y extraordinarios merecimientos.

»Y se inicie por el Gobierno una suscripción pública, para regalar al Rey la insignia, donde, sobre oro con brillantes, escriba el pueblo español el testimonio de su reconocimiento.

»Barcelona, 23 de enero de 1919.—Conde de Güell.—Marqués de Castelldosrius.—Marqués de Alfarrás.—Manuel Girona.—A. Ortiz de la Torre.—J. Vancells.—Marques de San Román.—E. Vidal Ribas.—Carlos de Abert.»—(Síguen las firmas.)

Fué de notar la actitud del Sr. Cambó, que, a la vez que se abstuvo de asistir al acto de afirmación monárquica celebrado en la ciudad condal, telegrafiaba por otro lado a la Mayordomía de Palacio felicitando al Rey por su fiesta onomástica.

«Esto es—dijo el Sr. Roig y Bergadá—consecuencia de las dos políticas que sigue el regionalismo catalán; agrada a los separatistas de la Liga y cumple con sus deberes de ex Ministro con la Corona.

»Por eso hace falta saber quiénes viven al margen de la Constitución y quiénes dentro de ella.»

DIA 25.—Aprobación, por la Mancomunidad, del estatuto de Cataluña.—En esta sesión quedó aprobado por la citada Asamblea y los demás parlamentarios republicanos y jaumistas el estatuto de autonomía.

En la de la tarde, el Sr. Moles expresó su temor de que el Gobernador general pudiera, en un momento determinado, por cuestiones políticas, disolver el Parlamento catalán, en virtud de las facultades que se le concedían en el artículo 13. Pidió que se reformarse el estatuto en el sentido de dificultar las atribuciones del Gobernador general.

Le contestó el Sr. Cambó diciendo que si el Gobernador catalán ora contrario a Cataluña, por muchas dificultades que se pusieran en sus atribuciones, Cataluña resultaría perjudicada en la misma manera.
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legalidad en el procedimiento y constitución del Tribunal, ya que en ello está la garantía del derecho constitucional de todo español a no ser juzgado sino por jueces o Tribunal competentes en virtud de ley anterior y en la forma prescrita por disposiciones legales también anteriores.

El Ministro de la Guerra sintió esas dudas, consultó al Consejo Supremo y decidió acogerse a su parecer, en contra del que habían formulado los Fiscales. La decisión del Ministro produjo gran revuelo. Se había confiado en que el transcurso del tiempo disuadiría al Arma de Infantería del enojo que la dominaba respecto de sus compañeros infieles al compromiso contraído, y no era así, antes al contrario, tales cosas se decían, tales rebel- dias y concepciones se atribuían al Arma de Infantería, que el Ministro de la Guerra se sentía, al resolver, cohibido por el temor de que se atribuyera a cobardía y encogi- miento lo que tenía el propósito de hacer, y llevó al Consejo de Ministros celebrado el día 1.º de diciembre su dimisión personal. El Gobierno entero, reconociendo que aquel estado de opinión afectaba a todos, hizo causa común con el Ministro de la Guerra, y aquella misma noche quedó planteadá ante el Rey la crisis total.

Después del debate mantenido en el Congreso tres días antes, el Ministerio no podía quedar bajo la sospecha de que había actuado por la imposición de poderes ilegítimos, cuya existencia en tal forma coactiva había negado en el seno de la representación nacional. O aquel estado de opinión se desvanecía por hechos felhacientes o el Gobierno estaba obligado a retirarse antes de aparecer deshonrado por él. Acaeció lo primero. El día 2, por la noche, apareció en la Prensa una declaración terminante, que quería desvanecer en absoluto aquel estado de opinión; pero que hacía ver el firme propósito de las Juntas de conseguir lo que descaban. Decía así:

«Un asunto de honor, promovido por unos oficiales que olvidaron a lo que el suyo les obligaba, produjo un movimiento unánime en el Arma, que no podía tolerar que en su seno continuaran quienes agraviaron aquel
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atributo que es primordial galardón de quien viste uniforme.

»Convencida de su perfecto derecho a resolver el pleito surgido dentro de ella, no pensó ni por un momento acudir a otros caminos que los que las leyes de la Nación la ofrecían, y así lo hizo, siguiéndolos con toda la calma y toda la frivaldad que imperan siempre en quien fía en su razón y en su derecho.

»No la han hecho salirse de ellos ni los obstáculos hallados ni las resistencias que se la oponían; ha aceptado cuantos medios se la brindaron para llegar por la ley al único fin que se proponía: hacer efectiva su justa decisión de velar por su prestigio y honor; nada, pues, de lo que en cualquier orden pueda acontecer ha de ser atribuido al Arma de Infantería sin incurrir en la injusticia.»

El Rey, después de escuchar la opinión de algunos personajes (el Sr. Maura se excusó de darla), ratificó su confianza al Gobierno, y ya pudo continuar desembarrazadamente la actuación que al Ministro de la Guerra incumbía en el asunto, que claro es que no podía dejarse en la anulación de lo actuado. El general Tovar dictó el día 3 de diciembre, después de oír sobre ella al Consejo de Ministros, la siguiente Real orden circular:

«No estando previsto en el capítulo III del título XXV del Código de Justicia militar el caso en que sean varios los que por la misma causa deban ser juzgados por Tribunal de honor, y como consecuencia de ello no pueda existir la circunstancia primera del artículo 721 del citado texto legal, por la que se dispone que para la constitución de estos Tribunales es preciso que las cuatro quintas partes de los individuos de la clase a que pertenezca el acusado que sirvan en el mismo Cuerpo armado u oficina estimen deshonroso el hecho de que se trata,

»El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que para tales casos se constituyan los Tribunales de referencia con todos los del mismo empleo, Arma y escala residentes en la localidad, presididos por el más antiguo, y que si dicha constitución hubiera de tener lugar en la capitalidad de las regiones, corresponda autorizarlos a los Capitanes
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generales, de quienes se solicitará por conducto del Gobernador militar, correspondiendo en otro caso la concesión a éste o al Comandante militar, quienes darán cuenta de ello a la autoridad de la región.»

El 27 de noviembre se reunió la Sala de gobierno del Tribunal Supremo y emitió dictamen declarando la nulidad de dicho Tribunal de honor; dando, por consiguiente, la razón a los alumnos diplomados a quienes se condenó.

Terminada la reunión, el Ministro de la Guerra celebró una extensa conferencia con el Sr. Martínez Raposo, presidente de la Junta de defensa del Arma de Infantería, y poco después marchó el general Tovar a conferenciar con el jefe del Gobierno.

De los 18 Consejeros, 14 votaron que el Tribunal de honor no estaba bien constituido, y cuatro, en favor. Estos últimos eran los dos fiscales y los tenientes generales Carbó y López Herrero. Al conocerse en el Congreso el fallo, fué muy favorablemente comentado.

Claro es que el acuerdo dictado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina fué objeto de encontrados comentarios en los Círculos militares.

Sin embargo, la nota dominante en los comentarios era la de serenidad y la de mantener la disciplina y la unión.

Se dijo, no obstante, que las Juntas habían ido a ofrecer la dictadura al general Aguilera, el cual no la aceptó ni la rechazó, limitándose a decir que no le bastaba el ofrecimiento hecho sólo por la Junta de Infantería, y que sería la de las demás Armas.

Se hizo público un documento (copia de un acta de una Junta regional del Arma de Caballería), en el cual se consignaba lo siguiente:

«El Presidente manifestó que la reunión tenía por objeto dar cuenta a la misma de que en el día de ayer fué citado por el Presidente de la Junta de Infantería, para una reunión de Presidentes de Juntas, y que en dicha reunión, el Presidente de la de Infantería expuso los acuerdos tomados por la misma Arma, y que son los siguientes:
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•1.º Los jefes de Cuerpo y organismos de Infantería de esta guarnición se presentarán el día 3 al Gobernador militar de la plaza para hacerle presente la actitud de la de Infantería, motivada por el fallo del Consejo Supremo de Guerra y Marina concerniente al Tribunal de honor de los oficiales de la Escuela Superior de Guerra, contrario al sentir del Arma.

•2.º Si el Gobierno no satisfacía las aspiraciones del Arma, se reunirían en los cuarteles todos los jefes y oficiales, repartiéndose los que no tengan destino en Cuerpos, entre los regimientos de la guarnición, como protesta a dicho fallo.

•3.º Que si aun así no se daba cumplida satisfacción al Arma, dejarían de montarse los servicios de Plaza y Cuerpo encomendados a ella.•

En cambio, La Correspondencia Militar decía lo siguiente:

«Que ni el Arma de Infantería, ni representación de ella debidamente avalorada, se ha salido en instante alguno de la legalidad, ni ha marcado por sí, a nadie, plazos para nada, ni ha recabado nuevas disposiciones oficiales, ni ha dejado nunca de someterse, llegado el momento decisivo, a las determinaciones de superiores entidades colectivas o individuales, siguiendo escrupulosamente el camino que se ha indicado, y confiando con tranquila dignidad en los ofrecimientos que, sin conmoción alguna, se le han hecho.

•A lo único que ha estado y sigue estando dispuesta la Infantería española es a que su espíritu y honor no sean mancillados. Y como nadie cree que haya existido ni exista tal intento, nadie ha podido pensar en futuras determinaciones colectivas a base de tan torpes y peligrosos empeños.•

Entretanto, el mismo día 3 se reunía el nuevo Tribunal de honor, formado por los tenientes de Infantería de la guarnición, y después de una sesión de diez o doce horas, acordó la expulsión, no de 16, como en noviembre, sino de 23 de los 25 inculpados. De nada sirvió que los
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oficiales expulsados dirigieran una instancia a S. M. el Rey, y otro una carta al Arma de Infantería haciendo protestas de disciplina y de amor a la Infantería y al Ejército. El día 4 pasaron las actas a las Autoridades militares, y por ellas, al Ministro de la Guerra. De nada sirvió tampoco la siguiente carta, que publicó un periódico:

«Membrete tachado: El Ministro de la Guerra.

•Sr. D. Silverio Martínez Raposo.

»Madrid, 6 de diciembre de 1919.

•Mi querido Coronel y amigo: Con motivo de la celebración de nuestra excesa Patrona, pudiera el Arma de Infantería realizar un acto de clemencia; sería inmensa la satisfacción de un oficial que, como yo, sirvió en ella, en las cinco partes del mundo, más de cuarenta años.
•Venga el olvido y la paz, para bien de la Patria, del Rey y del Ejército.
•El Arma ha recibido ya su satisfacción.
•Deseo haga conocer esta aspiración a los Coronelos de Infantería residentes en Madrid.
•Su muy afectísimo amigo el teniente general procedente del Arma de Infantería, Antonio Tovar.»

Sabido es que el Sr. Martínez Raposo es el Presidente de la Junta de defensa de Infantería.
La súplica del general Tovar no fue atendida.
Hubo también varias protestas en otras clases sociales, pero no sirvieron de nada.
El 5 se firmaban las 23 Reales órdenes de baja en el servicio; el 6 las publicaba el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra y se acordaba el planteamiento de la crisis total, que no se hizo efectiva hasta el día 9, por la mañana, al llegar a Madrid S. M. el Rey.

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El Ministro de la Gobernación de aquel Gabinete, señor Burgos, verdadero iniciador de la crisis, dio una explicación de su actitud. Para él, no se debió plantear la