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se perturbe y merme con tal exceso, en toda la extensión de las zonas en que el Gobierno imperial asegura que ha de apelar para conseguir su propósito a todas las armas y a prescindir de todas las limitaciones que se había impuesto hasta ahora en sus medios de lucha naval.

»Aun antes de prescindir el Gobierno imperial de estas limitaciones, ha protestado el Gobierno de S. M., por no estimarlas bastantes para excusar el cumplimiento de las prescripciones del Derecho marítimo internacional, pero llevado el método de guerra que Alemania anuncia a un extremo inesperado y sin precedentes, el Gobierno español, teniendo en cuenta los derechos y exigencias de su neutralidad, debe presentar con mayor razón su protesta al Gobierno imperial, tan serena como firmemente, haciendo al mismo tiempo las reservas necesarias que impone la presunción legítima de la ineludible responsabilidad, contraída por el Gobierno imperial a causa principalmente de las pérdidas de vidas que pueda originar su actitud.

»El Gobierno de S. M. funda su protesta en la afirmación de que, cerrar por completo el camino de ciertos mares, sustituyendo el derecho de captura, innegable en ocasiones, por un pretendido derecho de destrucción en todo caso, está fuera de los principios legales de la vida internacional, y sobre todo y más que nada, de que el extender el sentido de ese derecho a destruir en la forma anunciada la vida de los no combatientes, de los súbditos de una nación neutral como España, es contrario a aquellos otros principios observados por todas las naciones, aun en los momentos de mayor violencia.

»Si el Gobierno alemán, como dice, confía en que el pueblo español y su Gobierno no se cierren a los razonamientos de su decisión y de su necesidad, esperando que cooperen por su parte a evitar más miserias y más sacrificios de vidas humanas, comprenderá asimismo que el Gobierno español, dispuesto a prestar en el momento eficaz su iniciativa y su apoyo a todo aquello que haya de contribuir al advenimiento de una paz cada vez más deseada, no puede admitir como legítimo un régimen de guerra excepcional, por el que, a pesar de sus derechos de neutral y de su escrupulosidad en el cumplimiento de
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los deberes que en ese concepto le incumben, se dificulta y hasta se impide el tráfico marítimo de España, comprometiendo su existencia económica, con serio peligro de la vida de sus súbditos.

•El Gobierno de S. M., firme más que nunca en la justicia que le asiste, no duda que el Gobierno imperial sabrá inspirarse en los sentimientos de amistad que unen a los dos países, y encontrará, dentro de las duras exigencias de la terrible guerra moderna, medios con que satisfacer la reclamación de España, fundada en el deber inexcusable que obliga a su Gobierno a amparar la vida de sus súbditos y a mantener la integridad de su soberanía, a fin de que no se interrumpa el curso de su existencia nacional, para lo cual se siente plenamente apoyado por la razón y el derecho

•Aprovecho la oportunidad para reiterar a V. A. S. las seguridades de mi alta consideración.—Firmado: A. Gimeno.*

Análoga fué la respuesta a Austria.
Los Sres. Dato, Groizard, Alvarez, Lerroux, Senante, Rodés, Pérez Caballero, Navarro Reverter, Bergamín y otros políticos consultados, convinieron, casi con las mismas palabras, en que la nota merecía su aprobación.
Fué un éxito del Sr. Gimeno
La Prensa francesa la recibió y comentó con entusiasmo.

Ferrocarriles secundarios.—Actitud de La Cierva.
Después de varios ruegos y preguntas, se entró en el orden del día; discutiéndose el proyecto de ley de ferrocarriles secundarios, levantándose a impugnarlo el señor La Cierva.
El ex Ministro conservador planteó dos cuestiones: una, de forma; otra, de fondo.
Respecto a la primera, hizo constar su protesta ante el hecho de que la noche antes le dijese el Presidente del Consejo que no se discutiría tal proyecto, y a las doce de la mañana de este día recibiese un recado en contrario. Lo ocurrido no debió ser otra cosa sino el ultimátum del Sr. Gasset para continuar en el banco azul.
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El Sr. Presidente de la Cámara declaró que no advirtió la noche antes que se discutiría este proyecto, por la hora a que terminó la sesión.

«Además—dijo—no he de ocultar que el Gobierno, de acuerdo con la Presidencia de la Cámara, fijan el orden del debate. Y en efecto: el Gobierno me dió cuenta anoche de la necesidad de que el proyecto fuera discutido hoy.»

El Sr. Ministro de Fomento: «Para declarar que el Gobierno hace suyas todas las manifestaciones que ha hecho el dignísimo Presidente de la Cámara, y para agregar que el Gobierno ha acordado que se discuta este proyecto sin más dilaciones, porque un número muy considerable de Diputados ha presentado al Sr. Presidente del Consejo un documento, firmado por Diputados de todos los partidos políticos, incluso alguno que se sienta al lado del Sr. La Cierva, para rogarle y excitarle a que este proyecto sea aprobado cuanto antes.»

Respecto a la cuestión de fondo, el Sr. La Cierva manifestó un criterio bien notorio en la materia discutida. Era partidario de la nacionalización de los ferrocarriles, y a ese criterio se atuvo, ofreciendo una autorización para que el Estado los construyese.

El discurso del Sr. La Cierva fué amplio e interesante. En él se suscitaron temas verdaderamente dignos de atención, como la anchura de vías, la utilización de la energía eléctrica en la tracción, etc.

Se comentó mucho la actitud que en el salón de sesiones adoptó el Sr. La Cierva al apreciar que no creía conveniente, en estos momentos, ese modo de despachar los asuntos parlamentarios, de prisa y corriendo, sin que pasen por la discusión normal. En tal sentido, el Sr. La Cierva no creía conveniente esas reuniones de jefes, a las que él, a pesar de ser citado, no asistía.

Estas manifestaciones las hizo el Sr. La Cierva al salir del despacho de Ministros, en donde permaneció breves momentos para exponerle al Conde de Romanones lo que en la sesión había manifestado.
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Autorizaciones al Gobierno.—Texto del proyecto.
El Ministro de Hacienda leyó en el Congreso el proyecto de ley siguiente:

•Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno para que, tomando por base los últimos dictámenes aprobados por el Parlamento, o si no los hubiera con este requisito, los emitidos por la Comisión general de Presupuestos del Senado, y en su defecto, la del Congreso, en el proyecto de ley de gastos generales del Estado para 1917 presentado el 30 de Septiembre último, proceda, por acuerdo del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta de Madrid, a adaptar a las necesidades presentes la situación de los servicios de cada uno de los departamentos ministeriales. Al mismo tiempo, deberá también acometer la reorganización de todos aquéllos, haciendo efectivas las economías que dichos dictámenes representan en sus créditos totales en relación con los actualmente autorizados. El importe del crédito que se asigne a cada servicio por consecuencia de la reorganización, no podrá exceder, por ningún concepto, del que se le hubiese asignado en los aludidos dictámenes.

•Art. 2.º Se autoriza al Gobierno, en atención a las excepcionales circunstancias actuales:
•a) Para hacer anticipos a las industrias de exportación, ya en forma directa, ya por medio de Bancos u otras entidades de crédito, asumiendo en este último caso, total o parcialmente, la responsabilidad de las operaciones realizadas.
•b) Para organizar, con o sin participación de entidades particulares y en las condiciones que se juzgue más conveniente para los intereses nacionales, el servicio de seguro de guerra por cuenta del Estado.
•c) Para atender a cuantos gastos sean precisos, a fin de llegar rápidamente a una eficaz organización de los servicios de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, dotándola de edificios apropiados y de los elementos que se consideren necesarios para su funcionamiento.
•d) Para subvenir a los gastos que ocasioné el funcionamiento de la Junta central de Subsistencias y sus organismos delegados.
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No ha pretendido, seguramente, el Sr. Soldevilla escribir una obra científica, ni obtener patente de invención en este género de publicaciones, sino hacer en España lo que se hace en el extranjero, como L'année politique, de Mr. André Daniel (1874-95), e intentó en nuestro país D. Nemesio Fernández Cuesta con sus «Anuarios histórico-críticos» (1891-92).

Con gran modestia declara el Sr. Soldevilla que «debe este libro a la Prensa», y que «para ser absolutamente imparcial, ha omitido toda clase de comentarios, limitándose a consignar los hechos tal como llegaron á su conocimiento».

No ha de decir la Academia si el autor se mantiene siempre en este criterio de imparcialidad que tanto anhela, pues no ha de penetrar en el examen de hechos de actualidad, de los cuales son actores personas que acaso estimasen la narración de modo diverso; pero sí entiende que el Sr. Soldevilla ha podido hacer suya la frase de Mr. Daniel, cuando comenzó la serie de sus Anuarios políticos: «a pesar de todo el cuidado con que he procurado ser imparcial, no me ha sido posible hacer abstracción completa de mis ideas y de mis sentimientos».

De todas suertes, en aras de la imparcialidad ha sacrificado, según dice, todo género de comentarios, y claro es que, tanto por esta razón, cuanto por ser el método de la obra meramente cronológico, no cabe emitir juicio alguno sobre el pensamiento propio del autor.

Cabe, sí, manifestar que dentro de las condiciones del libro se revelan las cualidades del escritor, por la claridad con que expone los sucesos, el acierto con que sintetiza el estado de la opinión sobre cada asunto y la discreción con que habla de cada hecho con amplitud proporcionada a su relativa importancia.
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»Art. 3.º Se amplía a todos los extremos de la presente ley la autorización concedida al Gobierno por el artículo 5.º de la vigente de Presupuestos para emitir y negociar Deuda del Tesoro del Estado y convertir en otro signo la Deuda del Tesoro en circulación, así como para atender a los gastos de confección de resguardos, carpetas provisionales, títulos definitivos, corretajes de negociación, remesas de valores, publicidad, y, en suma, cuantos sean inherentes a esta clase de operaciones.

»Art. 4.º Se autoriza al Gobierno para que ponga en vigor como ley del Reino los artículos 6.º, 10, 12, 16, 17, 18 y 19 y el párrafo último del art. 20 del dictamen de la Comisión general de Presupuestos del Congreso sobre el articulado del proyecto de ley de Presupuestos para 1917, que lleva fecha de 6 de Diciembre de 1916.»

(Estos artículos se refieren al aumento de emolumentos a los diplomáticos, para material de los puertos, para gastos en la Dirección general de Correos, para implantar Administraciones de Contribuciones de distrito, para la administración de Marruecos, para la modificación de plantillas de los funcionarios civiles y para la reforma de los derechos pasivos.)

»Art. 5.º A partir desde el día siguiente al de la promulgación de esta ley, el impuesto de alcohololes se percibirá con arreglo a la ley de 10 de Diciembre de 1908 y demás disposiciones complementarias, con las variaciones que a continuación se expresan:

................................................................

»Art. 6.º Se autoriza al Gobierno para que, sin prorrogar el plazo de duración del actual contrato con la Compañía Arrendataria de Tabacos, convenga con la misma:

................................................................

»Art. 7º Se autoriza al Gobierno para aplicar, por ahora, como leyes del Reino, sin perjuicio de las modificaciones que oportunamente acuerden las Cortes, los proyectos de ley que a continuación se mencionan, en la forma que respecto de cada uno de ellos se establece:

•1.º El de exención a las Sociedades que exploiten negocios en España, del pago de derechos reales y de timbre para la domiciliación de sus valores en el Reino, apli-
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cando el dictamen emitido por la Comisión correspondiente en 6 de Octubre de 1910.

•2.º El destinado a organizar la ejecución de los servicios de Catastro, aplicando el proyecto de ley sometido a las Cortes, entendiéndose para ello ampliados los créditos del capítulo II, Sección 10.ª, «Gastos de las Contribuciones y Rentas públicas» del actual presupuesto, en las siguientes cifras: 5.388.535 pesetas, para los trabajos relativos a la propiedad rústica, y 1.246.463 pesetas, para los de la propiedad urbana.

•Art. 8.º Se autoriza también al Gobierno para la misma aplicación del proyecto de ley relativo al establecimiento de reglas para practicar la liquidación de débitos del Estado por los Ayuntamientos y Diputaciones, con sujeción al dictamen emitido por la Comisión respectiva en 6 de Diciembre de 1916.

•El Gobierno podrá conceder, con carácter transitorio, a los Ayuntamientos, los medios que en cada caso juzguen éstos más convenientes para organizar las Haciendas locales. Tales autorizaciones, en cuanto constituyan un nuevo régimen, se acordarán en Consejo de Ministros, y la resolución de éste se publicará en la Gaceta de Madrid.

•Art. 9.º Dentro de los diez días siguientes a la primera reunión de Cortes, el Ministro de Hacienda dará cuenta a éstas del uso hecho de las autorizaciones que se conceden por la presente ley.•

Como se ve, las autorizaciones abarcaban toda la Administración española, todo lo que no se había querido conceder en varios meses de discusión.

Lo que no se concedía era: ni los créditos de Fomento, ni los de Instrucción Pública para escuelas, por lo cual se sentían molestos los ministros respectivos, señores Gasset y Burell.

Los alcoholeros se consideraron un tanto molestados, pero llegaron a un arreglo, cediendo en parte el señor Alba.

Se habló mucho de crisis, por el disgusto del señor Gasset.
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DÍA 9.—Las autorizaciones.—Se entró en la discusión del proyecto de ley de adaptación de créditos y concesión de autorizaciones. La transcendencia del proyecto y la delegación que supone de las facultades legislativas, con innovaciones al derecho parlamentario, no exentas de peligros, hacían presumir que la Cámara hubiese estado más animada.

No fué así, sin embargo, y el proyecto se empezó a discutir en un ambiente de indiferencia, si bien después se fué cambiando éste.

El primer turno en contra lo consumió un diputado de la mayoría, el Sr. Torres Beleña, y el segundo, un reformista, D. José Zulueta.

Enmienda de Alcalá Zamora sobre el seguro de guerra.—Al discutirse el art. 2.º, que autorizaba al Gobierno para crear el seguro marítimo de guerra, como quiera que en el proyecto se decía que se aseguran los riesgos de toda clase de mercancías y barcos, lo cual puede conducir al apoyo al contrabando de guerra, el señor Alcalá Zamora presentó una enmienda, en que decía:

«No se concertarán por el Estado, y si se concertaran serán nulos, los seguros de transporte o de otro orden que estén dentro de los casos siguientes:
•Primero. Cuando por la naturaleza o destino de la expedición, pudiera comprometer la paz del Estado.
•Segundo. Cuando por las mismas consideraciones o cualquier otra, hubiera acordado el Gobierno que la empresa y el personal que lo sirvan viajen por su cuenta exclusiva y riesgo personal.»

Apoyóla con elocuencia, y la combatió con gran ingenio el Sr. Chapaprieta, tachándola de inútil. Fué desechada.

DÍA 10.—El proyecto de beneficios extraordinarios de la guerra.—Este proyecto, que tantas discusiones y protestas produjo por parte de los plutócratas bilbaíños, y a cuya aprobación iba unida la vida ministerial del señor Alba, ministro de Hacienda, según él dijo, después de
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ser modificado y aplazado (1), llegó, por fin, a la muerte en la sesión de esta fecha.

Armó tanto ruido, que bien merece que le dediquemos algunas líneas.

Pasó lo siguiente:

Proposición Ayuso.—Se leyó una proposición incidental presentada por el Sr. Ayuso y otros Diputados, pidiendo que el Congreso acordara no discutir ningún proyecto de reforma de los tributos sin que estuviera aprobado el de beneficios extraordinarios con ocasión de la guerra.

El Sr. Ayuso la apoyó en un fogoso discurso.

Se lamentó de que el Gobierno, y especialmente el Sr. Ministro de Hacienda, no hubieran cumplido su palabra de poner a discusión el proyecto de beneficios.

Contestó el Sr. Alba.

Las autorizaciones.—Precedentes inadmisibles.—Dijo La Época:

«En defensa del proyecto de autorizaciones, que acaba de presentar el Sr. Alba a las Cortes, y aludiéndonos directamente, recuerda el Diario Universal que en 1898, y como adicional a la ley de Presupuestos, obtuvo el entonces ministro, Sr. Puigcerver, una autorización análoga a la que ahora hemos discutido, o mejor, hemos analizado en nuestras columnas, sin gran ensañamiento.

»A ese recuerdo sólo hemos de objetar dos cosas. En Junio de 1898 éramos beligerantes en una guerra que nos costó bien cara, y hoy,afortunadamente, somos neutrales, y es de presumir que seguiremos siéndolo. La autorización del Sr. Puigcerver no fué una mezcolanza de cosas heterogéneas, ni de proyectos semifracasados, sino un mero recargo tributario, indispensable para hacer frente a gastos urgentes del Erario público.

»Y aun podría añadirse que la situación crítica de 1898 fué cosa fatal e inevitable, mientras que las dificultades financieras de hoy son debidas principalmente a la

(1) Véase El Año Político 1916.
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testarudez con que se han defendido ciertas ideas o planes, frente a la opinión general, dando ocasión con ello a que, como en la fábula, nos sorprendan los perros discutiendo.

•Hay que distinguir los tiempos, para comparar con fruto.•

Castrovido y las reuniones de jefes de minoría.—El Sr. Castrovido dirigió una carta al Presidente del Congreso, poniendo en su conocimiento que la minoría de Conjunción se abstendría en lo sucesivo de concurrir a ninguna reunión de minorías, por entender que todo lo que a ellas se llevara debía ser tratado en el salón de sesiones.

DÍA 12.—El proyecto de autorizaciones.—Ventosa y Cambó.—Contra el art. 8.º, referente a las Haciendas locales, se desató la oposición de los catalanistas y mauristas.

El Sr. Ventosa defendió una enmienda a dicho artículo y lo combatió duramente.

El Sr. Cambó ayudó al Sr. Ventosa en la defensa de la enmienda de éste, y por fin se aprobó la segunda parte de la enmienda.

Discurso de Maura.—Se levantó éste a combatir el artículo 8.º, pero en realidad combatió todo el proyecto.

Empezó diciendo que la fiscalización parlamentaria es nula, pues no ha existido desde que el Conde de Romanones pronunció el discurso que le trajo al Poder. (Grandes rumores.)

Puso de manifiesto cómo se le habían dado a este Gobierno cuantas facilidades había pedido para gobernar; pero protestó de que entre esas facilidades el Gobierno se hubiera procurado la autorización para gastar los millones dedicados a la reconstitución nacional, a cuya autorización se negaron algunos jefes de minoría, empezando por el orador.

A este discurso contestó inmediatamente el jefe del Gobierno:
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«Voy a empezar - dijo—rindiendo un sincero tributo de gratitud a todas las minorías, por haber dado facilidades al Gobierno para aprobar las autorizaciones que de ellas solicitamos.
»Y ahora voy a contestar al Sr. Maura.»

Brevemente fué siguiendo los puntos principales tratados por el Sr. Maura.

Refiriéndose a la reunión de las minorías con el Gobierno, dijo que el que hoy se mostraba tan desconfiado y hostil al Gobierno, en la reunión de los jefes de las minorías se allanó a todas las demandas que el Presidente del Consejo y el Ministro de Hacienda entonces formularon.

Y añadió el Conde de Romanones:

«Entonces yo dije claramente que, si no se me daba lo que pedía, sin reservas, por parte de todas las minorías, yo dejaba de gobernar. ¿Por qué no se me dijo entonces lo que ahora se declara después de haber logrado del Parlamento todo lo que yo pedí?»

La moneda de siete céntimos.—Fué presentada al Congreso, por el Sr. Romeo, iniciador de la idea, y otros, la siguiente proposición:

«Los Diputados que suscriben ruegan al Congreso se sirva tomar en consideración la siguiente adición al articulado del proyecto de ley de autorizaciones:
»Artículo adicional. Se autoriza al Ministerio de Hacienda para acuñar moneda fraccionaria de siete céntimos, de cobre o de níquel, hasta la cantidad de 48 millones de pesetas.
»Los beneficios que se obtengan de la acuñación serán destinados por el Ministerio de Instrucción pública a la edificación de escuelas de primera enseñanza, prorrateando el total de los beneficios entre las provincias españolas.
»Palacio del Congreso, 12 de Febrero de 1917.—Romeo, Gabino Martínez, Giner de los Ríos, Gabriel Maura, Álvarez Valdés, Francisco Cambó, García Durán.»
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Fué aprobada en el Congreso, pero desechada en el Senado, en atención a que por favorecer a los periódicos, que era el principal objetivo, encarecerían las subsistencias, pues con la moneda de siete céntimos, acabarían las cosas de cinco.

DIA 13.—El Gobierno nacional y los conservadores.—Con motivo del discurso del Sr. Maura combatiendo el proyecto de autorizaciones, se habló del Gobierno nacional, y a este propósito, La Epoca escribió lo siguiente:

«Precisemos, sin embargo, una vez más nuestro concepto acerca de los Gobiernos nacionales.
»Si por ello ha de entenderse un Gobierno que por su austeridad, por su cohesión, por su labor activa e inteligente despierte confianzas notorias y asentimientos unánimes, estamos conformes con que las circunstancias exigen que sean nacionales los Gobiernos. Así lo entendió y lo practicó el Gabinete conservador que presidió el Sr. Dato.
»Ahora, si por Gobierno nacional se entiende la reunión heterogénea de las más distantes fuerzas políticas, entonces eso nos parecería la mayor de las calamidades.
»Cuando un país tiene un ideal exterior, y llegan los momentos en que ese ideal es asequible, se comprende la agrupación de los más diversos sectores de la política. Pero entre nosotros, carentes de tal ideal, divididos al apreciarle, esos Gobiernos nacionales empezarían por dar al extranjero una sensación de graves determinaciones, a todas luces improcedentes, y en lo interior, o serían un producto híbrido e infecundo, o una mezcla detonante.
»El Sr. Maura tiene razón al expresar como norte que los Gobiernos de partido se les llegue a considerar como nacionales; pero siempre con una responsabilidad propia y determinada. Y eso sería imposible en un Gobierno de circunstancias.»

DIA 14.—La ley de protección a las industrias.—Discurso de Rodrígáñez.—En el Senado, el Sr. Rodri-