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El Año político (1917-01-01 00:00:00), página 403

MES DE SEPTIEMBRE

DIA 3.—Declaraciones de Cambó.—Los periódicos publicaron unas declaraciones hechas en Pamplona por el Sr. Cambó, en las cuales comenzaba diciendo que la última huelga general había sido una enorme tontería. Después añadió:

•Los regionalistas no teníamos de ella ni noticias, porque los rumores de paro que habían circulado para el lunes, 13, nos parecieron tan absurdos, que no los tomamos en serio.

»Toda huelga general está destinada al fracaso. Eso es tan evidente, que hoy el procedimiento de huelga general está ya descartado y pasado de moda en todo el mundo.

»Ningún movimiento de clase ha triunfado jamás ni puede triunfar, y una huelga general, cualquiera que sea el propósito de sus iniciadores, será siempre una expresión de la lucha de clases.

»Para nosotros, los regionalistas catalanes, lo de la huelga general ha significado un contratiempo, porque ha dado lugar a que se declarese el estado de guerra, con lo cual es imposible tanto nuestra propaganda, como la actuación de la Asamblea de parlamentarios.•

El Sr. Marsillach demostró en un artículo que los regionalistas estaban enterados de la huelga general, y muy esperanzados en ella.

El caso del diputado D. Marcelino Domingo.—Sabió es que este Sr. Diputado, que días antes de la huelga general había escrito algún violentísimo artículo conteniendo ataques a determinadas clases y jerarquías del
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Ejército, fué detenido y preso, después de declarada la huelga general y en vigor el estado de guerra, y llevado a uno de los barcos de guerra anclados en el puerto de Barcelona.

Mucho se discutió acerca de este asunto, en relación con el procedimiento que hubiera de seguirse en el proceso, y de la ley que habría de aplicársele, si la civil o la militar.

Lo ocurrido fué fué lo siguiente:

El Sr. Dato (16 de Agosto) recibió la visita del secretario del Congreso Sr. Barber, que le hizo entrega de un oficio del Presidente del Congreso, suscripto por el vicepresidente de dicha Cámara Sr. López Ballesteros.

El escrito decía así:

«Excmo. Sr.: Habiendo sido puesto en conocimiento de esta Cámara por varios Sres. Diputados a Cortes que ha sido detenido y constituido en prisión en la ciudad de Barcelona el Sr. D. Marcelino Domingo y Sanjuán, siendo éste también diputado a Cortes por el distrito de Tortosa, provincia de Tarragona, tengo la honra de participarlo a V. E., llamando sobre el caso su atención, a los efectos oportunos.

»Dios guarde a V. E. muchos años, etc.»

Después de leer la precedente comunicación, el señor Dato manifestó a los periodistas:

«El Gobierno tenía ya noticia de la detención de este Diputado, realizada por orden del digno Capitán general de Cataluña, que ha hecho uso de facultades indiscutibles, y de cuya conducta, en esto y en todas las funciones de su mando, se hace responsable el Gobierno de Su Majestad, el cual no tiene sino motivos para aplaudir la gestión de aquella dignísima Autoridad militar.»

En el Congreso se recibió el 18 la contestación oficial del Presidente del Consejo.

La comunicación se limitaba a decir que el Sr. Domingo había sido detenido y preso «en virtud del art. 47 de la Constitución, que excusa todo otro trámite cuando las Cortes están cerradas».
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El día 24 recibió el Sr. Dato una comunicación del Presidente del Congreso, en la cual le daba traslado de la gestión realizada por los Sres. Castrovido, Mateos, Rodés y algún otro Diputado, solicitando éstos que se respeten las garantías que otorgan las leyes a los representantes en Cortes para ser juzgados por el Tribunal Supremo.

El jefe del Gobierno añadió que había contestado al Presidente de la Cámara popular diciéndole que las leyes se cumplían y que no hubo infracción legal en la detención del Sr. Domingo, que se realizó en virtud de facultades evidentes.

También dijo el jefe del Gobierno que los Sres. López Ballesteros y Barber le habían expuesto los temores que abrigaba el diputado Sr. Giner de los Ríos de ser detenido, si bien hicieron constar que eran sólo temores del referido Diputado.

El 31 de Agosto regresó el Sr. Villanueva, y por su conducto, después de visitar al Sr. Dato, los Diputados republicanos le dirigieron el siguiente documento:

•Los Diputados que suscriben se hallan en el caso de comunicar a V. E. que su compañero D. Marcelino Domingo y Sanjuán está detenido desde el día 16 del corriente y sometido a un proceso por rebelión, que le instruye D. Robustiano Garrido de Oro, comandante de Infantería, juez instructor de la cuarta región.
•El hecho es público y notorio, por haberse publicado en la Prensa oficial y periódica de Barcelona el siguiente edicto:
•Don Robustiano Garrido de Oro, comandante de Infantería, juez instructor de la causa que se sigue por rebelión contra D. Marcelino Domingo y otros, usando de las facultades que le concede el art. 286 del Código de Justicia militar, cita, llama y emplaza a todas las personas civiles y militares y de cualquier otra posición, para que en el más breve plazo comparezcan ante este Juzgado, sito en la Capitanía general de la cuarta región, ante cualquier otro civil o militar de su residencia, con el fin de prestar declaración acerca de cuantos hechos tuvieran relativos a la intervención del expresado D. Marcelino
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Domingo Sanjuán, realizados por sí o en relación con otras personas, en la rebelión habida en la semana comprendida entre los días 13 y 20 del corriente.—Barcelona, 22 de Agosto de 1917.—Robustiano Garrido.»

»El hecho de la detención de D. Marcelino Domingo y el de que siga sometido a la jurisdicción de los Tribunales militares de Barcelona, plenamente comprobado por medio del edicto transcrito, en vista del resultado infructuoso de las gestiones practicadas cerca del Gobierno, los suscritos acuden a V. E. y confían en la alta autoridad de V. E. para ver debidamente defendidos los derechos de los Diputados y los prestigios del Parlamento.

»Dios guarde a V. E. muchos años.—Palacio del Congreso, 31 de Agosto de 1917.—Roberto Castrovido, Julián Nougués, H. Giner de los Ríos, Indalecio Corujedo, J. Zulueta, F. Rodés, P. Fernández del Pozo, Emilio Santa Cruz, José Mateu, José Lladó, Antonio Albafull, Antonio de Veciava, Pedro Gómez Chaix, L. Ballbé de Callard, Joaquín Salnatella.—Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados.»

En esta fecha (3 de Septiembre) recibió el Presidente del Congreso la contestación del Presidente del Consejo, que decía así:

»Excmo. Sr.: He recibido la atenta comunicación de V. E., a la que se sirve acompañar el escrito que autorizan con sus firmas algunos Sres. Diputados, los cuales suponen, erróneamente, a juicio del Gobierno de S. M., que se ha infringido la ley de 9 de Febrero de 1912, que regula los procedimientos judiciales cuando hayan de seguirse contra los Senadores y Diputados.

»Aunque, por no ser misión ni atribución del Gobierno, desconoce éste las actuaciones judiciales a que se refiere V. E. en su precitada comunicación, tiene absoluta confianza en la justificación de los Tribunales, así civiles como militares, y abriga la seguridad de que por ellos se aplican y guardan con escrupuloso celo las disposiciones legales.

»En todo caso, el Gobierno de S. M., respetando la in-
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dependencia de los Tribunales, velará por la observancia de las leyes.

»Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de Septiembre de 1917.—E. Dato.—Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados.»

Y así quedó el asunto, hasta algunos días después (el 10), en que se recibió en el Congreso una comunicación del general Marina diciendo que, de acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Sr. Domingo continuaba procesado por los Tribunales militares.

El Sr. Villanueva la trasladó al Presidente del Consejo, con la comunicación siguiente:

«Excmo. Sr.: En el día de hoy, y fechada anteayer, he tenido el honor de recibir, suscrita por el Excelentísimo Sr. Capitán general de la 4.ª Región, la comunicación siguiente:
«Resuelto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina se substancie por la jurisdicción de Guerra la causa iniciada en esta Plaza contra el diputado D. Marcelino Domingo y otros por el delito de rebelión, manifiesto respetuosamente a V. E. que con esta fecha se prosigue dicha causa.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Barcelona, 8 de Septiembre de 1917.—José Marina.—Excelentísimo Sr. Presidente del Congreso de los Diputados.»
»Al acusar cortés recibo de la expresada comunicación, tanto más estimada cuanto que sólo a referencia personal puede obedecer, ya que ningún precepto legal la autoriza, he contestado en la forma siguiente:
«Presidente Congreso Diputados al Excmo. Sr. Capitán general de la 4.ª Región, Barcelona:
»He tenido el honor de recibir en este momento la comunicación de V. E. participándome que queda sometido a la jurisdicción de Guerra, por el delito de rebelión, el diputado D. Marcelino Domingo, por resolución del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y me apresuro a participar a V. E. que en el acto, y en cumplimiento estricto de mi deber, elevo al Gobierno de S. M. la reclamación pertinente, por entender que no basta la autoridad del Consejo Supremo para preseindir del art. 47 de la Constitución
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y de la ley de 9 de Febrero de 1912, ni para resolver por sí sola conflictos de jurisdicción cuyo fallo corresponde a la más alta expresión del Poder público, y que sólo cumpliendo esas leyes puede ser sometido a proceso un Diputado.»

»Como de los documentos transcriptos resulta evidente que se ha instruido un proceso y decretado la prisión contra el diputado a Cortes D. Marcelino Domingo, sin tener en cuenta las disposiciones terminantes y explícitas consignadas en el art. 47 de la Constitución y en la ley de 9 de Febrero de 1912, que señalan y regulan los procedimientos que han de seguirse para encausar a Diputados y Senadores, y aun cuando la comunicación relativa al proceso de que queda hecho mérito constituya procedimiento contrario a la ley, estimo deber inexcusable, en defensa de la inmunidad y de los derechos parlamentarios, elevar a V. E. protesta tan respetuosa como enérgica por la tramitación que a este asunto viene dándose, y a reclamar que, como en anteriores comunicaciones he solicitado de V. E., se cumpla la Constitución vigente y la citada ley de 9 de Febrero de 1912, utilizando el Gobierno los medios que le conceden las leyes para el amparo de las jurisdicciones reconocidas por aquéllas.

»Dios guarde a V. E. muchos años.—Palacio del Congreso, 10 de Septiembre de 1917.—Miguel Villanueva.»

De esta comunicación mandó el Sr. Villanueva copia al Sr. Conde de Romanones, el cual contestó con el siguiente telegrama:

«Presidente Congreso Diputados.

»Recibo carta con copia comunicación que ha dirigido a Presidente Consejo. Paréceme acertadísima. Hace dos días me dirigi a Dato protestando de lo que ocurre, que creo no debe tolerarse. No se trata de Domingo, sino de los prestigios del régimen y fuero de los Diputados. Opino que a los jefes de fuerzas parlamentarias y a los Diputados todos sólo nos corresponde, en la ocasión presen-
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te, estar al lado del Presidente de la Cámara para apoyar con energía su gestión. Saludos.—Romanones.

* * *

El Sr. Presidente del Consejo contestó al del Congreso lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Quedo enterado de la atenta comunicación de V. E., fecha 10 del corriente mes, y contestando a la misma, he de insistir, una vez más, en dar seguridades a V. E. de que las leyes serán cumplidas tal como las entiendan las organizaciones encargadas constitucionalmente de su aplicación.
»Dios guarde a V. E., etc.—Madrid, 12 de Septiembre de 1917.—E. Dato.»

La carta a que aludía el Conde decía así:

«Excmo. Sr. D. Eduardo Dato, Presidente del Consejo de Ministros.

»Mi querido amigo: Desde hace bastantes días, un Diputado a Cortes se halla preso y sometido a la jurisdicción militar. Ante las reclamaciones formuladas al Gobierno, por el órgano autorizadísimo de V., se afirma que la ley se cumplirá. Se trata de un caso tan claro, que no cabe acerca de él duda alguna, y, por tanto, toda tardanza en ajustarse a lo que la ley determina resulta inexplicable, aun para aquellos que, como yo, deben encontrar razón suficiente que justifique tal retraso.
»Como V. recordará, tenía yo el alto honor de presidir el Congreso en 1912, cuando se aprobó la ley regulando la forma de proceder contra los Senadores y Diputados; con esta disposición se ponía término a la difícil y enojosa situación, creada por el estancamiento producido en el despacho de los suplicatorios. En su iniciativa tomé yo parte muy directa, pues mis deberes como Presidente del Congreso me obligaban a solucionar una cuestión que había producido divisiones hondas y debates muy apasionados, especialmente desde 1904. En las
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que aquí tienen la representación de más de 9.000 de España.

»En los mismos campos en que hoy se libran las batallas más grandes que registra la Historia, paseó en otro tiempo España sus banderas victoriosas.

»No la corresponde ahora empuñar la espada, y, queriendo consignar un recuerdo, representa en el conflicto presente el ideal humanitario.

»Por eso he procedido como habéis visto; por eso adopté mi actitud, limitándome a recoger el sentimiento unánime de mi pueblo, a escuchar atento sus latidos.

»No soy quien debe ostentar esa insignia que me ofrecéis; es España entera, y por ello debe ir unida a su bandera gloriosa.

»La insignia preciada de la caridad que queréis que ostente, yo la voy a colocar en el estandarte del regimiento de Caballería que lleva mi nombre, que así se enlazará con España y con vuestro recuerdo.

»Tengo fe en el porvenir de España, que en tiempo no lejano volverá a ser como en Carlos V. Para ello es preciso que cada uno, en la esfera que le corresponda, cumplamos con nuestro deber.

»Vosotros, representantes los más genuinos de la Administración pública, debéis afanaros, como sin duda ya lo habéis empezado a hacer, para corregir todos sus defectos y corresponder a los anhelos y exigencias del pueblo.

»Esos son los deseos de vuestro Rey, que como vosotros, aspira a una España próspera.»

Los Alcaldes desfilaron ante S. M., quien tuvo para cada uno de ellos frases cariñosas y alentadoras.
Los representantes de los Ayuntamientos de España salieron entusiasmados de la recepción.
El mensaje dirigido por los Alcaldes al Rey, decía:

«A S. M. el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.).

»Señor: El afán nobilísimo de soberana condición que pone V. M. intercediendo en favor de los condenados a muerte y cautiverio con motivo de la guerra presente en-
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discusiones habidas no hubo discrepancias respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el art. 47 de la Constitución, que por todos fue considerado como verdaderamente intangible. La inmunidad parlamentaria no es la impunidad: es un fuero especial al que están sometidos los representantes del país, no como privilegio o concesión caprichosa, sino como condición inherente a la función que desempeñan; por eso no está comprendida en aquellas garantías que pueden suspenderse según determina el art. 17 de la Constitución y que especialmente señala. La ley establece que los representantes en Cortes sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, previa la autorización que corresponde a ambos Cuerpos Colegiadores, debiendo resolver éstos en los plazos y en la forma que la ley determina.

»No me interesa, en el caso del diputado por Tortosa, lo que pueda favorecer al Sr. Domingo; no persigo, al dirigirme a V., realizar una gestión en su favor; si ha delinquido, debe ser condenado y castigado, pero procediéndose con absoluto respeto a lo que la ley dispone. Cada día que transcurre sometido a la jurisdicción militar, se infiere grave daño al prestigio del Parlamento y la Justicia. Los que somos Diputados no debemos permanecer más tiempo en silencio. La soberanía de la Nación reside en las Cortes con el Rey, y la suprema garantía de esta soberanía debe ser en todo momento respetada. V., que es un espíritu ecuánime, amante del Parlamento y de elevado espíritu jurídico, no tardará seguramente en poner término a una situación que constituye para todos muy graves responsabilidades. Así confiadamente lo espera su afectísimo amigo, q. e. s. m., Conde de Romanones.—10 de Septiembre de 1917.»

Entretanto, los Diputados defensores del Sr. Domingo habían elevado una instancia al Supremo para que reclamase a su jurisdicción la causa formada a dicho señor; y el fiscal del Supremo, Sr. Cañal, opinó que debía interponerse el recurso.

Por auto del 14 de Septiembre, el Tribunal desestimó la instancia, alegando que la Sala carecía del conocimiento necesario, y negando personalidad a los reclamantes.
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Opinión de Maura.—El Sr. Maura dirigió al Sr. Villanueva la siguiente carta acerca del asunto:

•Solórzano, 14 Septiembre de 1917.

•Excmo. Sr. D. Miguel Villanueva, Presidente del Congreso.

•Querido Presidente y amigo: Con su carta del 11 recibí ayer y leí complacido la copia de su comunicación de usted al Sr. Presidente del Consejo, a propósito de lo que viene acaeciendo con el diputado D. Marcelino Domingo. Con la atención que le es debida sigo las peripecias del asunto, y también la actitud y el ademán con que la opinión pública las está presenciando. Esto último, que es ruda y honda enseñanza, no me causa novedad, ni podrá causarla a quien haya asistido a los precedentes con algún desapasionamiento que le dejase sospecharlo y reflexionar.

•Al lastimoso desprestigio actual de las Cortes, de las cuales prescinden los Ministerios sin reproche, y tal vez con beneplácito de la mayor y más sana parte de España, y que al reunirse suele deliberar en ambiente de receloso desvío, habrán de conducir fatalmente la corrupción y la mentira que han venido empleándose como sistema para remediar su flaqueza y granjear su comodidad a los Gobernantes.

•La opinión pública mira hoy a las Cortes con una reserva que se podría aconsejar a la de quien, sin aclimatación bastante, cae en sociedad de gentes livianas y holorgiosas, aunque se guarden entre ellos los miramientos del decoro; todo es embarazo y perplejidad ante el arcano de los adulterios y amistades que están acechando la conclusión de la velada.

•Pues en lo concreto y típico del caso actual, ¿qué había de ocurrir después de las orgías de los suplicatorios? Ya vemos que no sólo esta prerrogativa, cortada a la medida natural de las espaldas de verdaderos participes en funciones de soberanía, sino también el fuero para hacer justicia se miran sin estimación proporcionada al valor inmenso que ha de atribuirle la ciudadanía que conserve dignidad.

•Se ha tenido en largo olvido que Cortes y Poder pú-
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blico o son acumuladores de autoridad moral o frágiles cañas dispuestas para el escarnio.

»Digo todo esto para dar a entender que el toque no está en que usted proteste y reclame; que sin duda cumple usted inmejorablemente su deber, y hemos de agradecerlelo y ponernos a su lado cuantos anhelamos que España recupere el asiento y la apostura de una nación construida y libre. El daño consiste en lo que no depende de la mano de usted.

»Salúdole y quedo a sus órdenes, afmo., A. Maura.»

Enérgica comunicación de Villanueva.—El Sr. Presidente de la Cámara dirigió al Sr. Dato la siguiente comunicación:

«Exemo. Sr.: Al recibirse en este Cuerpo Colegiado la comunicación de V. E. de 12 del corriente mes, debió su Presidente confiar, y así lo hizo, en que respecto del diputado a Cortes D. Marcelino Domingo, preso y procesado por un Juez militar, en las condiciones ya alegadas, serían cumplidas las leyes tal como las entienden los organismos encargados constitucionalmente de su aplicación; pero los hechos han seguido y continúan contradiciendo aquella esperanza en términos tales, que esta Presidencia se cree en el deber inexcusable de insistir en sus reclamaciones y protestas, con tanta más energía y razón, cuanto que el transcurso del tiempo agrava el sufrimiento que al Diputado a Cortes impone una jurisdicción incompetente, a la vez que la persistencia en mantenerla ofende ya por igual a la dignidad del compañero y a la del Congreso de los Diputados, al que pertenece.

»Confía esta Presidencia en que se cumpliría el artículo 401 del Código de Justicia Militar, que ordena que «cuando resulten méritos para procesar a un Senador o Diputado a Cortes, la Autoridad judicial observará lo que las leyes generales dispongan para tales casos»; pero, lejos de ello, y en vez de prestar obediencia inexcusable a la única ley general procesal vigente para Senadores y Diputados, la de 9 de Febrero de 1912, consecuencia y desarrollo del art. 47 de la Constitución y aplicable a
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toda clase de delincuencias de los representantes en Cortes, el Capitán general de la cuarta Región se ha dirigido al Congreso de los Diputados, sin que ley alguna le autorice para hacerlo, ni haya razón que lo disculpe ni explique, participándole que «se prosigue» una causa cuyo principio y cuya suspensión se ocultó al Congreso de los Diputados y de la que se le da noticia, no por el Tribunal Supremo o por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su caso, únicos organismos a quienes la ley de 9 de Febrero de 1912 concede la facultad de pedir autorización para proceder contra los Senadores o Diputados a Cortes, sino por quien manifestamente carece de derecho para hacerlo y sólo pudo realizarlo violando el citado art. 401 del Código de Justicia Militar y la ley de 9 de Febrero de 1912. Todo esto se ha consumado, sin que exista noticia de que los organismos encargados constitucionalmente de la aplicación de las leyes, ni el Gobierno de S. M. el Rey, que debe «cuidar de que en todo el Reino se administre pronto y cumplidamente la justicia», hayan ejercitado sus facultades supremas para mantener las jurisdicciones competentes y el reciproco respeto entre los distintos Poderes del Estado.

Ante situación tan anormal, los diputados a Cortes Sres. Fernández del Pozo, Santa Cruz y otros, según manifestaron a esta Presidencia en comunicación de 15 del actual mes, acudieron al Tribunal Supremo, no atribuyéndose poder del acusado ni de la representación del Congreso, sino usando del derecho que todo ciudadano tiene para denunciar la existencia de procesos ilegales incoados por usurpación de competencia y abusos de jurisdicción, y ante aquel Tribunal se deslizó esa denuncia sin que el Fiscal de S. M., que se conformó con ser oído in coce y con exponer su opinión y para quien los hechos en que aquélla se fundaba no podían ser de rumor público, sino oficiales y probados, puesto que esta Presidencia los había transmitido oportunamente al Gobierno, hiciera suya la reclamación en favor de la competencia del Tribunal Supremo, dejando que se resolviese como cuestión privada la que lo era y es de derecho público y de defensa de las prerrogativas del Congreso de los Diputados, soberano, como participe con el Senado y el Rey, en la facultad