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El Año político (1916-01-01 00:00:00), página 96

badavia, D. José Estévez, conservador; Valdeorras, Don Francisco Barber, liberal; Verín, D. Luis Espada, conservador.

Oviedo.—Circunscripción, D. Juan Vázquez de Mella, jaimista; Sr. Herrero, maurista, y Sr. Álvarez Valdés, reformista; Avilés, Sr. Pedregal, reformista; Belmonte, D. Carlos Rodríguez San Pedro, maurista; Cangas de Tineo, D. Félix Suárez Inclán, liberal; Castropol, Don Melquiades Álvarez, reformista; Gijón, Sr. Conde de Revillagigedo, conservador; Infiesto, D. Manuel Argüelles, conservador; Llanes, Sr. Marqués de Argüelles, conservador; Pravia, D. José Suárez Corona, maurista; Tineo, Sr. Marqués de Lema, conservador; Villaviciosa, Sr. Rodríguez, reformista.

Palencia.—Capital, D. Abilio Calderón, conservador; Astudillo, Sr. Arroyo, liberal; Carrión de los Condes, señor Alonso, liberal; Saldaña, Sr. Abasolo, liberal.

Pontevedra.—Vigo, D. Angel Urzáiz, liberal.

Salamanca.—Capital, D. Isidro Pérez Oliva, liberal; Redondela, Sr. De Federico, liberal; Béjar, D. Cipriano Rodríguez Guerra, liberal.

Santander.—Circunscripción, Sr. Lomas, liberal; señor Ruano, conservador, y Sr. Hoyos, reformista.

Segovia.—Capital, Sr. Marqués de Nájera, conservador; Riaza, D. Francisco Zorrilla, liberal; Santa María de Nieva, D. Wenceslao Delgado, liberal.

Sevilla.—Circunscripción, D. Estanislao D'Angelo y D. Manuel Clavijo, liberales; D. José Montes Sierra, republicano, y Sr. Conde de Colombi y D. Tomás Ibarra, conservadores; Ecija, D. Pedro Borbolla Serrano, liberal.

Tarragona.—Circunscripción, D. José Nicolau, liberal; D. Julián Nougués, republicano, y D. Antonio Viciana, conservador; Gandesa, D. Carlos Maristany, liberal; Roquetas, D. Manuel Kindelán, liberal; Valls, Don Alberto Dasca, liberal; Vendrell, Sr. Marqués de Villanueva y Geltrú, liberal; Tortosa, D. Marcelino Domingo, republicano.

Teruel.—Capital, D. Antonio Royo Villanova, liberal; Albarracín, Sr. Barón de Velasco, liberal; Alcañiz, Don Rafael Andrade, conservador; Montalbán, D. Carlos Cas-
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tell, conservador; Mora de Rubielos, Sr. Rosillo, liberal; Valderrobres, Sr. Montañez liberal.

Toledo.—Capital, D. Sergio Novales, liberal; Illescas, D. Tomás Elorrieta, liberal; Quintanar de la Orden, Don Pablo Ramos, liberal; Talavera de la Reina, Sr. Beruete, liberal.

Valencia.—Circunscripción, D. Félix Azzati y el señor Llorente, republicanos, y el Sr. García Guijarro, jaimista; Albaida, Sr. Llagaria, liberal; Chelva, Sr. Alcaraz, liberal; Enguera, Sr. Marqués de Cáceres, conservador; Liria, Sr. Izquierdo, liberal; Sagunto, D. Vicente Gimeno, liberal; Sueca, Sr. Marqués de Castelfort, liberal; Torrente, D. Francisco Sánchez Ocaña, liberal; Chiva, Sr. Escutia, liberal; Gandía, Sr. Ibáñez Rizo, liberal; Játiva, Sr. Benadecha, liberal; Requena, Sr. García Pardo, liberal.

Valladolid.—Circunscripción, D. Enrique Gavilán y D. Augusto Reguera, liberales, y D. César Silió, maurista; Villalón, D. Santiago Alba, liberal.

Vizcaya.—Bilbao, D. Horacio Echevarrieta, republicano; Baracaldo, D. Fernando María Ibarra, maurista; Durango, D. Joaquín Ampuero, jaimista; Guernica, Don Andrés Allendesalazar, conservador; Marquina, D. Pablo Arellona, católico.

Zamora.—Capital, D. Angel Galarza, liberal; Benavente, Sr. Tordesillas, liberal; Puebla de Sanabria, Don Fabriciano Cid, liberal; Toro, D. Saturnino Santos, liberal; Villalpando, Sr. Palacios, reformista.

Zaragoza.—Circunscripción, D. José García Sánchez, liberal, y D. Tomás Castellanos, conservador; Calatayud, D. Gabriel Maura, maurista; Daroca, D. Sixto Celorio, liberal; Tarazona, D. Cándido Lamana, reformista; Caspe, Sr. Ossorio y Gallardo, maurista.

Las elecciones en Madrid.—Se verificaron sin grandes entusiasmos, y, por consiguiente, sin notables incidentes.

Los liberales y los conservadores formaron una sola candidatura, y después de mucho discutir entre los señores Dato y Conde de Romanones sobre el número de candidatos que había de dar cada partido, presentaron la siguiente, compuesta de tres liberales (los primeros)
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y dos conservadores, a saber: D. Francisco Javier Jiménez de la Puente, conde de Santa Engracia; D. Andrés Aragón Cózar; D. Francisco Setuain San Emeterio; D. Antonio Alesanco Hervías; D. Juan José Conde Luque y Garay.

No entraron en la combinación los mauristas, en cuyo caso, hubiera podido hacerse candidatura completa, o sea de los seis nombres que cada elector podía votar, y presentaron la suya aparte, formada por los señores D. Fernando Pérez Bueno y D. Juan Vitórica Casuso.

Los republicanos de todos matices presentaron unidos la candidatura completa siguiente:
Don Roberto Castrovido y Sanz, D. Pablo Iglesias Posse, D. Rodrigo Soriano y Barroeta-Aldámar, D. Miguel Morayta y Serrano, D. Ricardo Fuente Asensio y Don Eduardo Barriobero Herrán.

El resultado fué el siguiente:
Señores: Conde de Santa Engracia, 26.403 votos; Alesanco, 22.308; Conde y Luque, 21.165; Setuain, 20.448; Aragón, 20.375; Castrovido, 18.492; Morayta, 17.952; Iglesias, 17.832; Soriano, 17.291; Vitórica, 17.099; Barriobero, 17.069; Pérez Bueno, 16.959; Ricardo Fuente, 16.573.

Por lo tanto, quedaron proclamados Diputados a Cortes por Madrid los Sres. Conde de Santa Engracia, Alesanco, Conde y Luque, Setuain, Aragón, Castrovido, Morayta e Iglesias.

Si el Gobierno se hubiera atrevido a presentar la candidatura completa, seguramente hubieran triunfado los seis candidatos. Si los mauristas se hubieran unido, el triunfo hubiera sido grande, pues, como se ve por las cifras, tuvieron muy pequeña diferencia de votos con los republicanos, demostrando así los progresos que habían hecho en el Cuerpo electoral.

Ciento es que se les acusó (El Liberal lo dijo) de haberse excedido en la compra de votos.

Actitud de Castrovido. — Con este título, dijo El País:

•El Diputado electo por Madrid Sr. Castrovido dijo en el mitin del distrito del Hospicio, y repitió en el del Hos-
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pital-Congreso, que si salía elegido y no obtenían el triunfo todos sus candidatos, pondría su acta en manos del partido.

»Así lo hará, comunicándoselo al Sr. Catalina, que presidió la Junta o Comisión designadora, y al Comité central de la Conjunción.»

Así lo hizo, en efecto, el Sr. Castrovido, patentizando la lealtad de su proceder, y no presentó el acta hasta el 10 de Junio, después que todas las fracciones republicanas le instaron para que así lo hiciera, pues a nadie aprovechaba su retraimiento.

Las elecciones en Barcelona. — El interés en esta capital estaba, naturalmente, en la lucha entre regionalistas y radicales.

Triunfaron de los primeros los Sres. Rusiñol, Camps, Ferrer y Vidal, Morena y Albafull, y de los segundos, los Sres. Leroux y Giner de los Ríos.

Con los regionalistas votaron los mauristas, los liberales, los autonomistas y los jaimitas. Con los radicales los nacionalistas de Corominas, y en favor del bloque, nacionalistas y radicales contrarios a la coalición. De éstos, jaimitas rebeldes y algún autonomista.

Incidentes.—Hubo algunos, con sus correspondientes palos, pedradas, tiros y detenciones, en Barcelona, en Bilbao, en Burgos (de alguna gravedad), donde fué derrotado un hijo del Sr. Presidente del Consejo de Ministros; en Almería, en Vera, en Alcañiz, en Caspe, en Orense, en Sorbas y en Garrovillas (Cáceres), porque el candidato triunfante no había pagado todavía el voto contratado, a 15 duros por elector; en Oviedo, con motivo de haber presentado allí las derechas la candidatura del gran orador tradicionalista Sr. Vázquez Mella, y en algunos otros puntos.

La Epoca, dijo:

»Raro es el día en que el Gobierno no se ha elogiado a sí mismo por sus procedimientos electorales. A creerle,
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Fernando Soldevilla.

El Año Político

1915

Año XXI

MADRID
IMPRENTA DE RICARDO F. DE ROJAS
Torija, 5.—Teléfono 316.
1916
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Presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza dirigió a sus compañeros de las demás provincias, en la que se leían párrafos como éstos:

«Esta Cámara de Zaragoza ha procurado estudiar la cuestión con todo el detenimiento posible, y actualmente se está imprimiendo una detallada Memoria en la que se demuestra que la concesión de las zonas neutrales significará el desahucio de la mayor parte de las industrias que a costa de grandes esfuerzos y sacrificios se habían establecido por todo el interior de la Península.

»Mientras se imprime y reparte dicha Memoria, que tendremos el gusto de enviar a usted, cree de conveniencia esta Cámara que, dada la urgencia del caso y el daño irreparable que habría de producirse como consecuencia de la referida concesión de las zonas, estudie esa Corporación de su honorable presidencia los medios más adecuados para la mejor y más enérgica defensa de los intereses comunes.

»Contra lo que se había prometido, el proyecto de ley que sobre zonas francas se ha leído en el Congreso, no deja a salvo ninguno de los intereses amenazados y, viene a ser el rendimiento absoluto de los Poderes oficiales ante las exigencias de determinados elementos industriales de Barcelona, que no vacilan en damnificar a todo el país para conseguir ellos una ventaja de carácter particularista y local.

»La publicación de este proyecto de ley, sin previa consulta a los organismos económicos, ya hacía temer algún desaguisado; pero la realidad ha ido más lejos que todas las suposiciones, por muy maliciosas que fueran. El proyecto concede tanto o más que lo que hablan solicitado aquellos elementos, y no tiene en cuenta para nada los considerables intereses que hiere de una manera mortal.

»Basta decir que la zona neutral, tal y como se define y concreta en el proyecto, no existe en ninguna nación del mundo, ya que caben en ella la instación libre y privilegiada de toda clase de industrias, que, disfrutando de las ventajas de la exención del Arancel y de la de otros impuestos y tributos y gozando del privilegio de tener
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rroquí, de Madrid; la Cámara de Comercio, de Santander, y el Alcalde de Valsain (Segovia).

Pusieron condiciones: la Cámara de Comercio, de Algeciras; la del Ampurdán; la Agrícola, de Cataluña; la de Figueras; la de Comercio, de Gerona; el Círculo de la Unión Mercantil, de Madrid; la Cámara de Comercio, de Málaga; la de Manresa, los obreros de Priego (Córdoba); la Cámara de Comercio, de Sevilla, y el Consejo regional de la Federación Agraria de Levante.

Fué de notar la actitud decidida de la Cámara de Zaragoza, la cual, reflejando el sentir de todas las entidades económicas de aquella tierra, se declaró tan disconforme con el dictamen como lo estuvo con el proyecto de zonas neutrales y decidida a oponerse a él por todos los medios a su alcance, profundamente contrario a los intereses de Aragón.

El proyecto estaba cambiadísimo: habían exceptuado en él la entrada de trigos y harinas, que hubiera perjudicado a toda Castilla. Quedaban, no obstante, perjudicadas las grandes industrias conserveras de Aragón y la arrocera de Valencia; y los Diputados castellanos acordaron seguir apoyando incondicionalmente a los aragoneses, por el apoyo que éstos les habían prestado a ellos cuando se presentó el proyecto.

Méjico expulsa al representante de España.—A pesar de que el día 6 afirmaron los Sres. Dato y Marqués de Lema (presidente del Consejo y ministro de Estado, respectivamente) que no era exacto que se hubiese conminado en la expulsión al Ministro de España en México, véanse los telegramas recibidos en esta fecha:

* Washington, 12 (5 t.). *

• El general Carranza ha ordenado al Ministro de España en México abandonar el territorio en el término de veinticuatro horas, a contar de las veinticuatro del 10 de Febrero.
• Se le acusa de haber protegido al súbdito español Sr. Caso.
• El Ministro de España ha salido inmediatamente de México para Veracruz.
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«Washington, 12 (7 t.).»

»El Ministro de Estado ha ordenado al buque de guerra Delaware que vaya a Veracruz para que embarque en él el Ministro español.»

El Sr. Dato, hablando del asunto, dijo a los periodistas:

»La noticia del acto realizado por el general Carranza la recibió el Gobierno en la madrugada anterior, y de ella dió cuenta ayer mañana al Rey el Sr. Dato.

»Inmediatamente telegrafió el Ministro de Estado al Gobierno de Washington y éste ofreció, y fué aceptado (!), uno de sus barcos de guerra que hay en aguas de Veracruz, para que en él embarcase el Ministro de España.

»Ya tenemos noticia—añadió el Sr. Dato—de que nuestro representante embarcó esta mañana en un buque norteamericano.

»El Gobierno se ha dirigido a todas las potencias enterándolas de lo acontecido y suponiendo que solicitando de ellas una acción solidaria, puesto que lo ocurrido ahora con el representante español, puede repetirse mañana con el de cualquier otro país.

»La orden de expulsión de nuestro representante ha tenido por causa el haber amparado al súbdito español Sr. Caso, que el Gobierno del general Carranza quería fusilar.»

El Presidente del Consejo rogó a los periodistas que no dieran al asunto extraordinaria importancia.

»El Gobierno—continuó el Sr. Dato—ha tomado las medidas que ha estimado oportunas, y confía en una satisfactoria solución de este incidente.»

DIA 13.—El decreto de expulsión.—En los centros oficiales se facilitó el siguiente telegrama de nuestro Ministro en México:

«Ministro de España en México al Ministro de Estado.
»Hoy, siete noche, recibo de Veracruz siguiente telegrama:
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*El apoyo que, usando del carácter que V. E. dice tener de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de España, ha prestado a Angel Caso, favoreciendo la ocultación e impidiendo el castigo de ese individuo, que debe responder de delitos graves ante la Justicia, me obliga, como primer jefe del Ejército constitucionalista, a manifestar a V. E. que, habiendo desobedecido la orden de esta primera Jefatura de poner a disposición del general Álvarez Obregón al referido Angel Caso, para que fuere juzgado conforme a las leyes, deberá V. E. salir del país en un plazo de veinticuatro horas, contadas desde la media noche del 10 al 11 del corriente mes; en la inteligencia de que este acto, impuesto por indeclinables razones de orden social y político, no entraña ni puede entrañar ofensa alguna al pueblo y al Gobierno de España, que serán siempre respetados por el pueblo y el Gobierno de México.—Caranza.—Caro.*

En las Cámaras.—El Senado y el Congreso dedicaron gran parte de sus sesiones a tratar de lo ocurrido en México.

En la Alta Cámara, y requerido por una pregunta del Sr. García Molinas, el Presidente del Consejo dio explicaciones amplias acerca del incidente originado por la expulsión del Ministro de España en México.

En el Congreso, una pregunta formulada por el diputado radical Sr. Giner de los Ríos, motivó unas declaraciones del Ministro de Estado, que fueron escuchadas atentamente por la Cámara.

Afirmó el Ministro de Estado que el Gobierno se ocupaba preferentemente del asunto, si bien el carácter de éste impone reservas respecto a las medidas adoptadas.

Los Sres. Conde de Romanones, Alvarado, Pedregal, Llosas y Giner de los Ríos, en nombre de las diferentes fuerzas políticas de la Cámara, depositaron su plena confianza en el Gobierno e hicieron votos por el restablecimiento de una paz duradera en México.

Suspensión de las sesiones de Cortes.—Como estaba anunciado, se declaró en esta fecha la suspensión de
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sesiones parlamentarias, empleándose la fórmula de «se avisará a domicilio».

El Sr. Dato mostróse siempre deseoso de señalar día para reanudar las sesiones. Sin embargo, teniendo en cuenta observaciones autorizadas, dejó pendiente el acuerdo definitivo de una reunión a que asistiesen el presidente accidental del Congreso, Sr. Aparicio, y los jefes de minoría.

Por la tarde se celebró dicha reunión inopinadamente.

Hablaron de la fórmula que se había de emplear para la clausura del Parlamento, estimando que la de «se avisará a domicilio» era la más adecuada, porque de ese modo el Gobierno podría convocar a los representantes del país lo mismo el jueves de la semana próxima, si fuera preciso, que el lunes de la siguiente, como estaba convenido.

Al terminar la reunión, y como se preguntara al Conde de Romanones acerca de la fecha de la reapertura del Parlamento, dijo:

—Puede ser el jueves de la próxima semana o el lunes de la siguiente.

Se adoptó esa fórmula —aunque no lo dijeran— porque la de suspender las sesiones fijando fecha para reanudarlas por iniciativa de las Cámaras, como se hizo el año anterior en las vacaciones de Navidad, es anticonstitucional, pues la facultad de cerrar y abrir las Cortes pertenece a la Corona.

No obstante declaraciones en contrario, la fórmula adoptada dio origen al insistente comentario, no faltando los que decían que el actual Parlamento tardaría mucho en abrirse, si se abría...

Y en efecto, tardó mucho tiempo.

El Jefe del Gobierno mostró gran extrañeza al saber esos rumores, manifestando que no eran justos quienes los propalaban, pues debían estar convencidos de que el Gabinete actual quería vivir con las Cortes abiertas.

Afirmó que, pese a los augurios pesimistas, y salvo, naturalmente, contingencias inesperadas, el lunes de Piñata se reanudarían las sesiones, y no antes, por complacer a los Diputados y Senadores que deseaban esos días de descanso.

Pero no se reanudaron.
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DIA 14.—El Gobierno y las oposiciones.—Tan satisfecho estaba el Gobierno de la conducta observada por las minorías parlamentarias, aprobándole cuanto quiso, que la misma Epoca se expresaba así:

«La actitud mantenida en el Senado por todas las minorías, en relación con el proyecto de ley llamado de subsistencias, y la guardada en ambas Cámaras con relación al incidente de México, han venido a corroborar, en las últimas sesiones, la nota característica de este breve, pero aprovechado periodo parlamentario.

»Es esa nota la de una perfecta unidad patriótica frente al magno problema presente del mundo, y a su especial repercusión en España. En el debate político del Congreso, como en la solemne interpelación económica del Senado, y en la deliberación mantenida en ambas Cámaras sobre las dos grandes leyes elaboradas en este período—la de construcciones navales y la de subsistencias—, ha resplandecido aquella nota consoladora.»

DIA 15.—La ley de Subsistencias (1).—He aquí el texto de la ley sancionada en esta fecha por S. M.:

«Artículo 1.º Se faculta al Gobierno para reducir o suprimir temporalmente los derechos arancelarios de importación de las sustancias alimenticias de primera necesidad y primeras materias, cuando circunstancias extraordinarias y transitorias lo hagan necesario para el abastecimiento del consumo o para el funcionamiento de las industrias o para la explotación agrícola.

»Antes de hacer uso de la facultad que se confiere en el párrafo 1.º de este artículo, el Gobierno oirá el informe de la Junta de Aranceles y Valoraciones, salvo casos de verdadera urgencia.

»El Gobierno queda autorizado para gestionar con las Compañías ferroviarias la rebaja de las tarifas de transporte que considere necesaria para los fines de esta ley, y si, con arreglo a las disposiciones vigentes, no pudiera

(1) Por la importancia y la novedad de esta ley archisocialista en España, la publicamos íntegra.
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obligar a las Compañías a aceptar la rebaja, o si de su aplicación resultare lesión tal para los intereses de las Compañías que aconseje no imponerla, el Gobierno podrá concertar con las mismas las indemnizaciones que estime justas.

•Art. 2.º Se autoriza al Gobierno para que, si las circunstancias lo aconsejan, adquiera durante el año actual por cuenta del Tesoro sustancias alimenticias de primera necesidad, a fin de venderlas a precios reguladores. A este efecto, se considerará comprendido el crédito necesario en un capítulo adicional de la sección décima del presupuesto vigente de los departamentos ministeriales, y el importe de las ventas que se realicen se figurará en otro capítulo adicional de la sección 4.ª del estado letra B del mismo presupuesto.

•Se autoriza asimismo al Gobierno para adoptar cuantas disposiciones estime convenientes en relación con los barcos españoles antes destinados al comercio nacional, a fin de obtener su restitución a este servicio y la regularización de los fletes, así como para suspender la aplicación del art. 2.º de la ley de Comunicaciones marítimas, que reserva exclusivamente el tráfico de cabotaje nacional a los buques de bandera y construcción nacionales.

•El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso que haya hecho de estas autorizaciones.

•Art. 3.º Serán consideradas de utilidad pública, a los efectos del art. 10 de la Constitución de la Monarquía, la expropiación de las sustancias alimenticias que se hallen en poder de intermediarios y la ocupación temporal de los almacenes o locales en que aquellas sustancias se encuentren, limitándose, así la expropiación como la ocupación, a las cantidades o partes estrictamente necesarias. Se considerarán unidades indivisibles, a los efectos de la enajenación forzosa, las que en cada caso considere como tales la práctica mercantil para el comercio al por mayor. En la ocupación parcial de los locales no se ha de estorbar al interesado el libre uso de la parte no ocupada; en el caso de que esto no fuera posible, se indemnizará el perjuicio causado.

•La necesidad de la incautación o de la ocupación será decretada por el Gobierno, a propuesta de una Junta
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compuesta del Gobernador de la provincia, del Delegado de Hacienda y del Alcalde de la capital, a requerimiento de los Ayuntamientos de los Municipios interesados. Decretada por el Gobierno aquella necesidad, se llevará inmediatamente a efecto la incautación y, en su caso, la ocupación; pero no se podrá disponer de los mantenimientos de que se trate sin el previo pago o la consignación del justo precio de la parte de que se disponga.

• El precio de las mercancías, y en su caso la indemnización de perjuicios, se fijarán siempre por el Gobernador de la provincia, oyendo al interesado, a las Cámaras de Comercio respectivas y cuantas entidades estime conveniente aquella autoridad para mejor fundar una resolución equitativa. El importe de la cantidad señalada será satisfecho por el Ayuntamiento requirente. A este efecto se entenderán autorizados los créditos necesarios en los presupuestos municipales; pero dentro de los treinta días siguientes al requerimiento, los Ayuntamientos formalizarán el presupuesto extraordinario correspondiente.

• En ningún caso podrán los Ayuntamientos expedir los mantenimientos adquiridos en las condiciones de este artículo a un precio superior en 3 por 100 al costo de adquisición.

• En casos de extrema urgencia, los Gobernadores harán por si la fijación provisional del precio a los efectos del previo pago o de la consignación, sin perjuicio de la liquidación definitiva, con arreglo al párrafo tercero de este artículo.

• El Gobierno dará cuenta a las Cortes de las incautaciones y ocupaciones que decretare en uso de la precedente autorización.

• Art. 4.º La presente ley empezará a regir desde el día de su promulgación y estará en vigor durante los doce meses inmediatos siguientes. El período de vigencia podrá ser prorrogado por otros doce meses, si el Gobierno, previo informe del Consejo de Estado, juzgara conveniente hacer uso de la precedente autorización.»

La ley era de verdadero socialismo del Estado; de una transcendencia innegable; la nación sólo esperaba que fuese imparcial y enérgicamente aplicada.