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había pedido, y era la que había de aprovecharse de tan pingüe concesión.

Véase el decreto, que, precedido de un extenso preámbulo, recopilación de todos los antecedentes del asunto, redactó el Sr. Sánchez Guerra, y que, aprobado en el Consejo del día anterior, publicó la Gaceta de esta fecha:

«Artículo 1.º Para fines exclusivamente administrativos, que sean de la competencia de las provincias, podrán éstas mancomunarse. La iniciativa para procurarlo podrá partir del Gobierno, de cualquiera de las Diputaciones provinciales ó de uno ó de varios Ayuntamientos que reúnan el 10 por 100, cuando menos, de los habitantes de las respectivas provincias.

»Las Corporaciones solicitadas ó requeridas por la entidad iniciadora de la constitución de la Mancomunidad, cuando estén dispuestas á concertarse, designarán sus representantes, y una vez reunidos, procederán éstos á la redacción del oportuno proyecto.

»Para examinarlo se reunirán las Diputaciones interesadas, convocadas por el Presidente de la entidad iniciadora, y siempre presididas por el Gobernador civil de la provincia en que la reunión se celebre, y que para ser válida necesitará de la asistencia de las dos terceras partes, cuando menos, del número total de los Diputados. Las Diputaciones acordarán luego, separadamente, si aprueban ó no las bases que resultasen aprobadas en la reunión general.

»Una vez aceptado el acuerdo ó proyecto por el voto de la mayoría absoluta de cada una de las Diputaciones interesadas, se elevará y someterá á la aprobación del Gobierno, que habrá de examinarlo minuciosa y detenidamente, hasta estar seguro de que no hay en él nada que directa ni indirectamente contradiga la legalidad constitucional y administrativa del Reino, sino que, por el contrario, todas sus cláusulas se ajustan estrictamente á ella.

»Si el Gobierno concede la autorización, la Mancomunidad se constituirá con plena y absoluta capacidad y personalidad jurídicas, para cumplir los fines taxativamente consignados en el acuerdo ó propuesta. Con exclu-
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siva relación á los mismos, representada por su Presidente y por medio de una Junta general de los Diputados de las provincias asociadas y de un Consejo permanente nombrado por éstas, podrá ejercer las facultadas y realizará los servicios que pueden concedérselle de entre los que por la ley corresponden exclusivamente á las Diputaciones provinciales.

»Contra los actos y acuerdos de la Junta general y el Consejo permanente existirán los mismos derechos y procederán iguales recursos que los que la ley Provincial reconoce contra los acuerdos de las Diputaciones, si bien deberán siempre interponerse ante el Ministro de la Gobernación los que dicha ley atribuye al conocimiento y competencia del Gobernador de la provincia.

»Las Mancomunidades serán siempre y constantemente voluntarias, pudiendo concertarse á plazo fijo, ó por tiempo indefinido. Para su disolución ó para la separación de alguna ó algunas de las Diputaciones asociadas, se observarán las disposiciones que deberán estar previstas y establecidas en el acuerdo de constitución de aquélla.

»El Gobierno, por Real decreto acordado en el Consejo de Ministros, á propuesta del de la Gobernación, podrá ordenar la disolución de la Mancomunidad, siempre que en sus acuerdos ó propuestas resulte infringida alguna ley del Reino, ó cuando de aquéllos pueda inferirse algún peligro para el orden público ó los altos intereses de la Nación. En estos casos, el Gobierno estará obligado á dar cuenta á las Cortes de su resolución y de los fundamentos en que la apoya.

»Se fijará en todo caso la norma á que habrán de sujetarse las responsabilidades de carácter económico ó financiero, y el momento en que ellas quedarán extinguidas para la Diputación ó Diputaciones que se aparten de la Mancomunidad. En el mismo acuerdo, las Diputaciones determinarán y fijarán concretamente los recursos con que habrán de contar en sus presupuestos. Los tales recursos podrán ser rentas de bienes propios y productos de explotaciones; donativos ó cuotas voluntarias; subvenciones voluntarias de Ayuntamientos y Diputaciones; arbitrios y recursos cedidos por las Diputaciones,
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después de cubiertas sus atenciones legales, independientes de la Mancomunidad; arbitrios y recursos que cederán los Ayuntamientos en iguales condiciones y circunstancias que los anteriores; arbitrios que por servicios ó aprovechamientos pueda adquirir la Mancomunidad, y arbitrios ó expensas de particulares por obras y servicios costeados con fondos de la Mancomunidad, en las mismas condiciones que para las Diputaciones provinciales establece la ley.

»Cuando en este primer acuerdo no puedan, por cualquier clase de motivos, detallarse todos los recursos, podrán éstos adicionarse por acuerdos sucesivos, que habrán de adoptarse con iguales garantías que las establecidas para el primero.

»Las Mancomunidades, una vez constituidas, podrán solicitar delegación de servicios determinados y facultades propias de la Administración central. La propuesta será elevada al Gobierno, y en ningún caso podrá éste resolver sin obtener antes de las Cortes una ley especial de concesión.

»Art. 2.º El Gobierno dará cuenta de este decreto á las Cortes en la primera sesión que celebren.»

Las Mancomunidades.—Su efecto en la opinión.—Aunque otra cosa creyera el Sr. Dato, su decreto sobre las Mancomunidades, excepto en los escasos partidarios de tales reformas, y en los catalanes (y no en todos) causó pésimo efecto en la opinión general.

Las principales observaciones pueden verse en un hermoso artículo publicado por el Director de El País, D. Roberto Castrovido, con el título de «Un golpe de Estado», y en el cual decía lo siguiente:

»Lo que se diputó absurdo, es ya una realidad. En España, las únicas absurdidades son el respeto á la ley, la dignidad del Poder público, la sinceridad, el decoro y el sistema constitucional. Todo lo demás, basta que sea absurdo para que se realice.

»Se han concedido por decreto las Mancomunidades.
»Cuando por primera vez saltó la descabellada idea á las columnas de la Prensa, nos asombró que los burgue-
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ses catalanes, que habían abominado del decreto del señor Alba, pidieran otro decreto, no parecido á aquel que resolvió la huelga de la industria textil, sino mucho peor; más notoriamente ilegal.

•Ahora también se trata de cohonestar el cinico decreto publicado ayer con la bondad de la autonomía regional y con los viejos de la centralización. ¡Qué farsa más indigna!

•No ya el vil, el truhancesco, el escandaloso, el faccioso decreto no tiene nada de autonómico, ni de descentralizador, en cuanto es un indecente atropello del Poder central, sino que el proyecto mismo no era autonómico, ni tenía nada que ver con ese principio. Pero aunque lo fuera, aunque el decreto descuajara el caciquismo, matara el centralismo y constituyera automáticamente pueblos y regiones, sería subversivo, sería ilegal, constituirá una ofensa, un agravio al Parlamento.

•El impúdico decreto de ayer tiene una cosa buena: su impudicia. Nada de púrpuras, nada de togas, nada de vestimentas legales, ni de taparrabos constitucionales y parlamentarios. El decreto es sincero, responde á la verdadera situación política de España, y no se anda con pamplinas. ¿Cuál es nuestro régimen? ¿Una Monarquía constitucional parlamentaria? ¡Cá! Una oligarquía con poder personal. Así miradas las cosas, en cueros vivos, ¿hay nada más lógico que el decreto?

•Tras ese admirable decreto, que viene á poner las cosas en su estado verdadero y natural, sobran las Cortes. ¿A qué perder el tiempo en hacerlas por medio del encasillado? Suprimanse de una vez, y eso habremos ganado en formalidad. ¿Para qué sirven?

•Canalejas y Romanones tuvieron la comodidad de tenerlas bien cerradas, en suspenso. Ahora no se las reune ni para aprobar el proyecto de ley de Mancomunidad ni para fijar el contingente militar de 1914. Si por decreto se resuelven ambas cosas, ¿á qué nuevas Cortes? Disuélvasé el espantajo de las actuales, pero no se convoque á otras. Ya que no seamos honrados, no demos en la hipocresía. Cisquéémonos, como ha hecho el Gobierno, en su desenfadado y desaforado decreto, en las Cortes, en la Constitución, en el sistema constitucional, en el sufragio
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y en todas esas zarandajas parlamentarias y constitucionales que para nada sirven, como ahora se está viendo.

»Nada de aspavientos, ni de melindres. Esto que ha hecho Dato es legislar con la toga puesta. Así, así, ello no será muy pulero; pero vaya si es sano. Con ese sabio y salvador precedente, no hay cuestiones difíciles, ni problemas embrollados, ni motivos de preocupación. ¿Amenaza una región, como ha hecho Cataluña, una clase, un partido, alguien? Pues se les da por el gusto, publicando el oportuno decreto, y ¡á vivir!

»El Gobierno ha incurrido en un patente caso de responsabilidad. Pero como esto de la responsabilidad ministerial es una paparrucha, es una ficción, no volveremos á hablar de semejante cosa.

»Lo indudable es que se ha dado la puntilla á nuestro maltrecho, á nuestro falsificado, á nuestro despreciado y despreciable Parlamento. No legislaba. No tenía vida propia, pendiente del Poder ejecutivo, que creaba á su gusto la mayoría y suspendía cuando se le antojaba las sesiones de Cortes. Lo único para que servía era para fiscalizar y para evitar el mal, retardando ó impidiendo la aprobación de proyectos de ley malos para la Patria, peligrosos para el bien público. Ahora, esa única facultad le ha sido cercenada al Parlamento. ¿De qué sirve una oposición tenaz, una porfiada resistencia á lo malo ó á lo que malo se conceptúa, si el Poder ejecutivo puede, por decreto, aplicar los proyectos de ley más obstinadamente combatidos en las Cortes? ¿Qué hará Montero Ríos? ¿Qué harán los que pensaban como él? ¿Qué harán los Senadores que aplaudieron la magnífica campaña del ilustre Sol y Ortega contra la Mancomunidad? ¿Qué harán los que, aun siendo partidarios de las Mancomunidades, sean defensores del derecho y de la Constitución y del sistema parlamentario? En este caso se encuentra el señor Azcárate, ilustre maestro de Derecho Constitucional. ¿Y qué hará el partido radical, pues esta jugarreta, con vistas á las elecciones, y á los negocios de la plutocracia barcelonesa, es bastante peor que todas las demás acciones del catalanismo combatidas por el partido que acuadilla Lerroux? Y aquellos exaltados patriotas, declamadores contra las teorías catalanistas, aplaudidores ó dis-
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culpadores de los actos del 25 de Noviembre de 1908, censores de las bases de Manresa, confundidores, ineptos ó intencionados, del catalanismo y del separatismo, ¿qué harán ahora al ver triunfante sobre las Cortes y sobre la Constitución al caballero de Isabel la Católica, al nuevo conde de Barcelona, Sr. Prat de la Riba?
•No harán nada. Esa caterva es la misma que hizo la manifestación estreudosa en defensa de las Carolinas, y que luego, unos años después, vió, impasible, cómo se vendían esas y otras islas á Alemania.
•Pero, ¿y el presidente in partibus del Senado, el señor capitán general Azcárraga, qué hará? Ante la bofetada asestada al Cuerpo Colegislador que preside, ¿dimitirá airado, imitando á Montero Ríos, ó parodiará á Fernando VII, exclamando: ¡Ahí me las den todas!»?
•Si los partidos políticos y los grupos y subgrupos defendieran ideas y se movieran por algo superior á vanidades y apetitos, ahora podríamos saber, sin preguntárselo, lo que pensarán del decreto y lo que harán contra él: Montero Ríos, García Prieto, Azcárraga, y con él la Mesa del Senado, Burell, Alcalá Zamora, Azcárate, Lerroux y todos nuestros políticos. Ahora sólo sabemos que el ilustre Sr. Azcárate tiene mucha más razón de la que él mismo creía, para asegurar que ya no hay obstáculos tradicionales. Ni con tradición ni sin ella, hay el menor obstáculo para atropellar el derecho, para vulnerar las leyes y para escarnecer al Parlamento.»

El Liberal defendía y aplaudía la reforma, si bien encontrando parca la concesión, y titulaba su artículo «Preámbulo sin decreto».

El decreto en Barcelona.—Telegrafizaron á La Correspondencia de España:

«Reflejan la impresión causada los periódicos locales de todos los partidos.
•La Veu de Catalunya publica, como los demás periódicos, el texto íntegro del decreto, precedido de varios artículos con grandes titulares que dicen: «Satisfacción.» «Viva Cataluña.»—«El primer paso.»
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Véanse algunos párrafos del citado artículo, que, por su mucha extensión, no podemos publicar íntegro:

«Enojado el Ministro de la Gobernación por las que también El Imparcial considera injurias intolerables de los conservadores al monarquismo de los Ministros liberales, pregunta, según parece, en qué leyes ó en qué actos del Gobierno se pueden señalar aquellas complicidades, aquella «colaboración sordida y premiosa de revolucionarios y gobernantes», á que se ha referido el Sr. Maura.

»Pues como leyes, bastará citar una: la de los Consumos. El Sr. Canalejas tenía prometida de antiguo su supresión radical; el partido liberal había confiado el estudio de ella á una solemne Comisión, en cuya presidencia se reincorporó á la política activa el actual Ministro de Estado. Todo esto es verdad; pero también lo es que el Sr. Canalejas compareció con su Gabinete ante sus Cortes en Mayo de 1910, y que no les sometió la supresión de los consumos; que se hizo el presupuesto para 1911, y que en él no se incluyó la supresión de los consumos.

»Pero entonces se alborotaron los republicanos, llegando El Liberal á amenazar con la estaca, y que entonces, y sólo entonces, echó el Sr. Canalejas por la borda al Sr. Cobian, y embarcó al Sr. Rodríguez, ¡quien en horas veinticuatro dió á luz el engendro que complacía á los republicanos!

»La represión de 1909 desconcertó á nuestros revolucionarios. Aquella represión no tuvo nada de cruel. Es una patraña indecente decir lo contrario.

»Fué una represión, y por esto la única preocupación de nuestros republicanos, á partir de 1909, es que aquello no se repita, y de aquí toda su política, en que tan pródigamente los ha complacido la situación liberal, en que tanto se ha manifestado la «colaboración sordida y premiosa de revolucionarios y gobernantes». Esa política se cifraba en cuatro empeños: 1.º, borrar cuanto se pudiera lo que quedara de la represión de 1909; 2.º, enervar en lo sucesivo toda acción del Poder público; 3.º, reformar todas las leyes penales, singularmente las militares, y 4.º, cerrar el camino del Gobierno á los gobernantes de 1909.
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•Añade que la concesión contenida en el Real decreto es pequeña; pero, de todos modos, no impedirá que, con su trabajo y su entusiasmo creciente, Cataluña pueda llegar á situaciones imprevistas y á crecimientos no sospechados.

•Por su parte, El Poble Català, nacionalista republicano, después de enumerar lo que dice son agravios recibidos por Cataluña desde el año 1714, dice que la fecha de ayer es la primera de la lista de los desagravios á Cataluña.

•Añade que los catalanes han de pensar que desde 1714 todo se había negado; pero que ahora se les concede un derecho, y aunque sea insignificante y meramente administrativo, no importa.

•Dice después que Cataluña podrá, aunque sea con una tan pequeña descentralización, confiar en que las llamadas provincias vuelvan á ser una é indivisible Corporación, aunque no se atribuyese á las Diputaciones juntas más que lo que cada una por sí podría hacer.

•Desde hoy en adelante, ya habrá algo que diga más que Diputación de Lérida ó Barcelona: Mancomunidad Catalana.

•Termina diciendo á los catalanes que se fijen bien, porque en esto el nombre hace á la cosa.

•El Diluvio, periódico republicano, habla del decreto, y dice que en la Gaceta de hoy se habrá cumplido la promesa del Gobierno.

•A primera vista, dice que parece una broma pesada; pero si así fuera, contra la voluntad de los bromistas, se hará algo que impere sobre los Ayuntamientos y sobre las regiones.

•Estudia el decreto, y dice que no carece de habilidad la disposición ministerial, pues por una parte se satisfacen de momento las aspiraciones regionalistas, y por otra se sosiega la alarma inexplicable de los antimancunistas, estableciendo el Gobierno, por dereto, sin necesidad de las Cortes, el poder crearse la Mancomunidad, sin que se la considere ilegal ó sediciosa.•

A El Imparcial le telegrafizaron:
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«Sigue sin apasionar el asunto de las Mancomunidades.

»A los nacionalistas no les ha satisfecho el decreto, por creer que queda mucho camino hasta la reivindicación de las libertades catalanas.

»Consideran lo hecho como una broma y recogen la bandera de la Mancomunidad integral en la forma en que se venía pidiendo, para convertirla en plataforma electoral.»

Como se ve, los partidarios de las Mancomunidades, regionalistas, nacionalistas, etc., no aceptaron el decreto más que como primer paso para el logro de sus deseos y ambiciones, y esta es la gran responsabilidad del señor Dato, que sabía muy bien, por habérselo dicho, entre insultos, silbidos y pedradas, el Sr. Font de Rubinat, alcalde de Reus, durante aquella tristísima odisea del señor Dato por Cataluña en el año 1901 (1).

Ya se irán viendo los acontecimientos, que demostrarán el propósito de los padres de la Mancomunidad.

Las aguas de Dos-Ríus.—Un negocio de 70 millones.—Dijo en esta fecha La Tribuna, periódico publicado por personas amantes de Cataluña.

«Termina el plazo, se acerca el 31 de Diciembre, cese de los Concejales que votaron á favor de la adquisición por la ciudad de Barcelona de la ya célebre Compañía de Dos-Ríus.

»Aquí se encuentran todos los interesados dispuestos á quemar hasta la santabárbara para sacar á flote lo que Barcelona entera reputa perjudicial, ruinoso, para sus intereses.

»Para la ilustración definitiva del Ministro, le brindamos un dato, también definitivo: La Compañía de Aguas de Barcelona, como Compañía extranjera, y á los efectos de declaración de capital para utilidades, tiene declarado un capital de 26.000.000 de pesetas. Pues bien; pre-

(1) Véase El Año Político 1900-1901.
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tende que, por lo que públicamente declara valer pesetas 26.000.000 (que concedemos valga como máximum), se le pague por el Ayuntamiento la fabulosa suma de 72.000.000 de pesetas, amén de otra porción de condiciones, que elevan este coste á 96.000.000 de pesetas.

»¡Un negocio con un margen de 70.000.000 de pesetas!«

Esto era un argumento más á favor de la autonomía.

El Raisuli, protegido alemán.—Se recibió el siguiente telegrama:

•Tánger, 17 (2 t.).

•La Comisión internacional de Higiene ha recibido una nota de la Legación alemana oponiéndose á que sea expropiado el fondak de El Raisuli, al que apoya como protegido alemán.

•A pesar del contenido casi amenazador de dicha nota, la Comisión ha acordado hacer uso de la fuerza para posesionarse del fondak, que es una cosa inmunda.•

El Gobierno español no dijo una palabra del asunto.

El Subsecretario de Estado.—Por dimisión del señor González Hortoria, fué nombrado subsecretario del Ministerio de Estado el Sr. D. Eugenio Ferraz, distinguidoísimo diplomático, que durante su carrera (aunque muy joven) había prestado grandes servicios á España.
El nombramiento fué muy bien recibido.

Discurso de Bergamín.—Se celebraba en Sevilla una Exposición americanista, y allá fué á inaugurarla el ministro de Instrucción pública, Sr. Bergamín, que fué obsequiadísimo, y que, en un banquete que se dió en su honor, pronunció un elocuente discurso, en el cual, desmintió la versión propalada de que el Rey no ofreciera el Poder á Maura. Por el contrario, se lo ofreció repetidas veces.
Justificó la aceptación del Poder por el Sr. Dato, y
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dijo que el Gobierno no puede estar supeditado á tutela alguna mientras cuente con la confianza de la Corona y del partido.

Terminó ofreciéndose para cuanto sea beneficioso á Sevilla.

El Marqués de Pidal.—A las ocho de la noche falleció en Madrid el Marqués de Pidal, que se hallaba enfermo desde hace algún tiempo.

Don Luis Pidal y Mon, marqués de Pidal, era hermano mayor del elocuenteísimo orador católico D. Alejandro, muerto hacia dos meses. En la época de su juventud, el Marques de Pidal trabajó en el periodismo, escribiendo muchos artículos, que se publicaron en la Prensa conservadora de hace cuarenta años.

Sobre cuestiones sociales y religiosas, escribió varios libros, y entre ellos recordamos: Los progresos del catolicismo, España y la sociedad moderna y Crisis de la Iglesia católica.

En tiempos de Cánovas le fué confiada al Marqués de Pidal la Embajada de España en el Vaticano, cargo que ejerció algún tiempo.

En un Gabinete Silvela ocupó la cartera de Instrucción pública é hizo una reforma en el plan de estudios de la segunda enseñanza, censurada por su carácter marcadamente reaccionario.

Algunos años después, y ocupando Maura la Presidencia del Consejo, fué nombrado el Marqués de Pidal presidente del Senado.

Día 21.—Romanones en Alicante.—Continuando su propaganda, en esta fecha el Conde de Romanones pronunció en Alicante un discurso dedicado á la cuestión económica y á los riegos.

Como en todos los viajes de esta clase que hacen los hombres públicos, el recibimiento preparado por los amigos fué muy entusiasta.

Sin embargo, el Conde de Romanones, que pensaba ir á Alcoy, desistió del viaje, porque le anunciaron que allí el recibimiento habría tenido dificultades.
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DIA 23.—La carta de Gabriel Maura.—En esta fecha publicó La Tribuna un documento que causó sensación. Se trataba de una carta que el corresponsal del Diario de la Marina había escrito á dicho periódico desde Madrid, acerca de la crisis de Octubre.

La importancia del documento estaba, principalmente, en que el corresponsal del citado periódico, era D. Gabriel Maura, hijo del exjefe del partido conservador.

Su carta comenzaba así:

*Madrid, Noviembre 12.

•La fuga de Romanones, explicada en mi correspondencia última; el desenfadado «ahí queda eso» con que liquidó sus responsabilidades ante el país, la Corona, las Cortes y su propio partido, no impidió que alguien se prestase á amparar al tránsfuga y á cubrir su retirada. El Poder, según frase de Azcárate, estaba en el suelo. De allí lo recogió el Sr. Dato, que hoy preside un Gobierno borruso en la significación y desorientado en la conducta.*

Hacía luego historia de todo lo acontecido en el año, remarcando bien que cuando la retirada del Sr. Maura, en 1.º de Enero, después de rogarle que desistiera de su acuerdo, «los exministros conservadores, en la reunión de 3 de Enero, se declaraban «identificados en absoluto y totalmente con su actuación (la del Sr. Maura), con su criterio y con la acertada dirección que imprime al partido», y que el partido mismo, en la Asamblea del 8, subscribía, reforzándola, esta incondicional adhesión. Fue precisamente el Sr. Dato quien cerró la Asamblea con entusiasta vítor al Sr. Maura, «nuestro ilustre, abnegado y querido jefe».

•Por su parte, el Sr. Maura, al reintegrarse en la jefatura, puntualizó todavía más la situación.

...............................................................

•Transcurrieron los meses, abrióse al cabo el Parlamento, y el 29 de Mayo de este año pronunció el Sr. Maura un discurso en que explicaba, comentaba y ratificaba letra por letra, con puntos y comas, su nota de 31 de Di-