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peciales más en consonancia con las necesidades de la vida moderna.

»Dícese que con este proyecto se vulnera la ley Provincial. No era nueva esta vulneración desde el decreto del Sr. La Cierva, y por eso precisamente se buscaba en el proyecto la manera de reducirla todo lo más posible, de adaptarla, mejor dicho, á los límites legales; siempre, repetito, con el propósito y la tendencia de enlazar el proyecto con los dos que habían de ser su complemento.

»En cuanto á la eficacia del nuevo organismo—concluyó diciendo el Sr. Conde de Sagasta—, podrá dudarse de ella en hipótesis; pero es lo cierto que la actual no ha dado los resultados que de ella se esperaban.

»Comenta El Imparcial la triste coincidencia de que mi proyecto, no planteado por el Sr. Canalejas, sea llevado á la práctica ahora con motivo de su asesinato.

»¿Y quién puede negarme á mí, lógicamente, el derecho de creer que si entonces se hubiera establecido, no tendríamos ahora que lamentar la muerte de tan grande hombre y tan glorioso estadista?

»Una cosa es evidente, á saber: que con el régimen que ahora termina no se ha podido ó no se ha sabido evitar catástrofe tan dolorosa y trágica.

Contra la propaganda delictiva.—Circular del Fiscal del Supremo.—El Sr. Portela, fiscal del Tribunal Supremo, dirigió á los Fiscales una circular en que decía así:

»La propaganda de la ideas, la defensa de los programas, las contradicciones sobre la vida pública en la reunión, en la Prensa, son santos derechos políticos fundamentalmente amparados por la Constitución, y cualquiera que sea la tendencia que revelen ó el principio en que se asienten, como cosa licita han de ser mirados y respetados, mientras no salgan de aquel orden abstracto y doctrinal en donde, según autorizadamente se dijo, no puede delinquir el pensamiento.

»Pero la exposición violenta, la que quiere traducir la idea en fuerza; la que se hace, no en luchas de ideal,
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sino para atacar por actos instituciones que la ley consagra; la que se dirige, no á la razón, sino á las pasiones brutales e inconscientes; la que supone el atentado y el crimen como arma; la que directamente tiende á encender entre los hombres el desorden y las luchas de sangre, tal manera de exposición, cualquiera que sea el crédito político con que se cubra y la orientación de donde parta, ha de ser reprimida por exigencias de la vida social, en la que no podríamos coexistir sin ese mutuo respeto ciudadano, sin este último respeto á la ley, y en obediencia á precisas disposiciones del Código penal.

»La libertad de la Prensa no autoriza, no puede autorizar que se provoque al delito, que se le enaltezca ó se haga su panegírico, y ahí están, aparte los severos dictados de la ley especial de 10 de Julio de 1894, los artículos 582 y 584 del Código penal, que reprimen los excesos que en aquellas dos formas de excitación á la delincuencia ó de apología de ella puedan cometerse.

»Además de los casos en que conforme al art. 4.º es penable la proposición para el delito, y además de la responsabilidad exigible á los que por inducción resulten autores de hechos criminosos, y de la definición de amenazas del art. 507, debe tener V. S. muy presente que la excitación al atentado y el enaltecimiento del crimen, cuando se realiza en público y ante auditorio agitado por encontradas pasiones, viene á resultar, por imposición de las circunstancias, el primer paso para el desorden, que puede tener su sanción unas veces como delito y otras como falta.»

El diputado republicano Sr. Salvatella la combatió en el Congreso.

DIA 30.—El Tratado franco-español.—En esta fecha se hizo público el Tratado franco-español, que no podemos incluir aquí, por su mucha extensión, consignando sólo los principales párrafos, que después del encabezamiento son los siguientes:

La influencia española.—«Art. 1.º El Gobierno de la República francesa reconoce que, en la zona de influen-
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cia española, toca á España velar por la tranquilidad de dicha zona y prestar su asistencia al Gobierno marroquí para la introducción de todas las reformas administrativas, económicas, financieras, judiciales y militares de que necesita, así como para todos los reglamentos nuevos y las modificaciones de los reglamentos existentes que esas reformas llevan consigo, conforme á la Declaración franco-inglesa de 8 de Abril de 1904 y al Acuerdo franco-alemán de 4 de Noviembre de 1911.

»Las regiones comprendidas en la zona de influencia determinada en el art. 2.º continuarán bajo la autoridad civil y religiosa del Sultán en las condiciones del presente acuerdo.

»Dichas regiones serán administradas, con la intervención de un alto Comisario español, por un Jalifa que el Sultán escogerá de una lista de dos candidatos presentados por el Gobierno español. Las funciones de Jalifa no le serán mantenidas ó retiradas al titular más que con el consentimiento del Gobierno español.

»El Jalifa residirá en la zona de influencia española y habitualmente en Tetuán; estará provisto de una delegación general del Sultán, en virtud de la cual ejercerá los derechos pertenecientes á éste.

Líneas fronterizas franco-españolas.—»Art. 2.º En el Norte de Marruecos, la frontera separativa de las zonas de influencia española y francesa partirá de la embocadura del Muluya y remontará la vaguada de este río hasta un kilómetro aguas abajo de Mexera Klila. Desde este punto, la línea de demarcación seguirá hasta el Yebel Beni llasen el trazado fijado por el art. 2.º del Convenio de 3 de Octubre de 1904.

Santa Cruz de Mar Pequeña.—»Art. 3.º Habiendo concedido á España el Gobierno marroquí, por el art. 8.º del Tratado de 26 de Abril de 1860, un establecimiento en Santa Cruz de Mar Pequeña (Ifni), queda entendido que el territorio de este establecimiento tendrá los límites siguientes: al Norte el Uad Bu Sedra, desde su embocadura; al Sur, el Uad Num, desde su embocadura; al Este una línea que diste aproximadamente 25 kilómetros de la costa.
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»Art. 4.º Una Comisión técnica, cuyos individuos serán designados en número igual por los Gobiernos español y francés, fijará el trazado exacto de los límites especificados en los artículos anteriores.

Compromisos de los contratantes.—»Art. 5.º España se compromete á no enajenar ni ceder en forma alguna, siquiera sea á título temporal, sus derechos en todo ó parte del territorio comprendido en su zona de influencia.

»Art. 6.º Con objeto de asegurar el libre paso del estrecho de Gibraltar, ambos Gobiernos convienen en no dejar que se eleven fortificaciones ó obras estratégicas cualesquiera en la parte de la costa marroquí á que se refieren el art. 7.º de la Declaración franco-inglesa de 8 de Abril de 1904 y el art. 14 del Convenio hispano-francés de 3 de Octubre del mismo año y comprendida en las respectivas esferas de influencia.

Otras disposiciones.—»Art. 26. Los acuerdos internacionales que S. M. marroquí estipule en lo sucesivo no se extenderán á la zona española más que con el previo consentimiento del Gobierno de S. M. el Rey de España.

Régimen de la zona tangerina.—»Art. 7.º La ciudad de Tánger y sus alrededores estarán dotados de un régimen especial, que será determinado ulteriormente y formarán una zona entre los límites abajo descritos.

La enseñanza y el culto. - »Art. 8.º Los Consulados, las escuelas y todos los establecimientos españoles y franceses que actualmente existen en Marruecos serán mantenidos.

»Los dos Gobiernos se obligan á hacer que se respete la libertad y la práctica externa de todo culto existente en Marruecos.

»El Gobierno de S. M. el Rey de España, por lo que le concierne, lo hará de modo que los privilegios religiosos al presente ejercidos por el clero regular y secular español no subsistan en la zona francesa. Sin embargo, en esa zona las Misiones españolas conservarán sus establecimientos y propiedades actuales; pero el Gobierno de S. M. el Rey de España no se opondrá á que se afecte á ellos religiosos de nacionalidad francesa. Los nue-
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vos establecimientos que esas Misiones fundasen serán confiados á religiosos franceses.

Libre tránsito.—»Art. 9.º Mientras el ferrocarril Tánger-Fez no se construya, no se pondrá ninguna traba al paso de convoyes de aprovisionamiento destinados al Majzen ni á los viajes de los funcionarios jerifianos ó extranjeros entre Fez y Tánger y viceversa, como tampoco al paso de su escolta y de sus armas y bagajes, en la inteligencia de que las Autoridades de la zona atravesada habrán sido previamente informadas. Ninguna tasa ó derecho especial de tránsito podrá ser percibido por ese paso.

»Después de la construcción del ferrocarril Tánger-Fez, podrá usarse éste para dichos transportes.»

Después se ocupa de las siguientes cuestiones:
«Régimen económico»,—«Banco Marroquí»,—«Monopolio de tabacos».—«Junta de Aduanas».—«Concier- tos previstos». «Los protegidos».—«Organizaciones judiciales».—«Contrabando de armas».—«Ferrocarril de Tánger á Fez».

En el Ministerio de Estado dieron la siguiente nota oficiosa:

«Al firmarse el Convenio entre España y Francia relativo á Marruecos, se ha convenido, en principio, entre ambos Gobiernos, que las reclamaciones pendientes de súbditos y protegidos de cada país contra las Autoridades del otro se someterán á un arbitraje. Ha quedado entendido que, al canjearse las ratificaciones del pacto, España dará su adhesión al Convenio franco-alemán de 4 de Noviembre de 1910., Y se ha fijado exactamente el alcance de las cláusulas concernientes al nombramiento de Jalifa y á sus relaciones con los Agentes extranjeros, en el sentido siguiente: La designación del Jalifa podrá ser preparada útilmente por medio de negociaciones confidenciales entre los dos Gobiernos, con objeto de asegurar que la elección del Sultán recaerá sobre la persona que prefiera el Gabinete de Ma-
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Por el domicilio del Sr. Moret desfilaron también, durante las horas de la mañana, algunos Ministros y ex Ministros, el Conde de Romanones y bastantes Diputados de la mayoría. Entre éstos se trató de realizar un acto de adhesión al Sr. Canalejas.

En círculos, cafés y en todas partes no se hablaba de otra cosa que de la crisis y de la forma inusitada en que ésta iba á desarrollarse.

Los conservadores admitían las enhorabuenas, y los liberales, considerándose en la calle, protestaban de esta nueva crisis oriental.

Así transcurrió el día hasta las cuatro de la tarde, en que la decoración comenzó á cambiar.

¿Qué había ocurrido?

El cambio se había operado durante la recepción celebrada en Palacio.

Los Diputados que acompañaron al Presidente del Congreso en su salutación al Rey, entre los cuales se contaba el autor de este libro, contaban más tarde lo acaecido.

El número de Senadores que acudieron á la recepción y que aguardaban el momento de subir al salón del trono era muy grande. La llegada de muchos Diputados aumentó el calor de las discusiones.

Muchas personalidades de ambos partidos, el Sr. Moret entre ellas, esquivaron sus personas á la curiosidad general, entrando por la puerta del Príncipe en Palacio.

Por ella entró también el Sr. Presidente del Consejo.

El Sr. Canalejas fué recibido en seguida por el Rey, quedando en esta conferencia conjurada la crisis favorablemente á los liberales.

LA RECEPCIÓN.—Dió á poco comienzo la recepción de los Cuerpos Colegiadores. Persistían el ambiente de crisis y los propósitos favorables á los conservadores. Estos continuaban aceptando enhorabuenas.

Media hora después la decoración había cambiado radicalmente.

Cuando la representación del Congreso salió del salón del trono, algunos de los que la componían no vacilaron ya en formular una afirmación rotunda:
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drid entre las dos de distinción que habrá de proponer, con arreglo al art. 1.º del Convenio, en la inteligencia de que, cualesquiera que sean las ventajas de este procedimiento, cada Potencia es libre de renunciar á él en casos particulares y atenerse estrictamente á lo estipulado.

•Las relaciones diplomáticas del Sultán con las Potencias extranjeras quedan reservadas á Francia, conforme al Tratado franco-jerifiano.•

Las Mancomunidades.—Modificaciones en el dictamen.—Las modificaciones introducidas en el dictamen, en la reunión celebrada por la Comisión del Senado, fueron las siguientes:

Se estableció que la primera reunión que las Mancomunidades celebren se verifique en la población más poblosa de la Mancomunidad; pero que en las sesiones se acordará precisamente en cuál de las otras poblaciones habrá de ser la reunión siguiente, y si fueran varias, el orden en que hayan de considerarse como capitales.

Se resolvía que los Diputados que formen la Comisión permanente no pertenezcan, á la vez, á la mancomunal.

También se determinaba que en el caso de disparidad entre la Mancomunidad y la Diputación provincial, resolviera, en primer término, el Ministro de la Gobernación, facilitándose así el procedimiento para, con lo acordado, poder entablar el pleito en definitiva ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, para la resolución contencioso-administrativa.

El resto de las modificaciones no tenía interés; eran más bien aclaraciones en el texto del dictamen aprobado en el Congreso. Así, por ejemplo, donde dice Diputados, se agregará claramente los Diputados, y donde dice autorizaciones de las Cortes, se agrega por medio de una ley.

Subsistiría el nombre de Mancomunidad.

El Sr. Conde de Romanones, después de asistir á la Comisión, conferenció con el Sr. Montero Ríos, y á creer ciertas las manifestaciones que hizo más tarde el Jefe
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del Gobierno, el proyecto pasaría en el Senado sin grandes dificultades.

En efecto, entre las modificaciones introducidas por la Comisión había alguna de las pedidas por el Sr. Montero Ríos: la referente á la capitalidad de la Mancomunidad; pero nadie creía en la sumisión del Sr. Presidente del Senado, en esta cuestión.
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MES DE DICIEMBRE

DIA 2.—El pleito contra «El Liberal».—La noticia del día fué la sentencia dada por el Tribunal Supremo en el pleito incoado por el Sr. La Cierva á nombre de una señorita de Totana.

Constaba la sentencia de seis considerandos, determinando la calidad de los daños causados á la señorita María Josefa Mussó; confirmaba en todas sus partes la dictada por la Audiencia, y por ella era condenado el Director de El Liberal, y subsidiariamente la Sociedad Editorial, á indemnizar á la parte ofendida la suma de 30.000 duros, abono de las costas causadas y pérdida del depósito hecho por parte de los demandados.

Los principales fundamentos de la sentencia eran:

En lo referente á los perjuicios causados, y á la pertinencia de la acción civil, los siguientes:

«... y por todo esto es por lo que el Tribunal sentenciador, al someter el daño moral causado á compensación pecuniaria, no confunde, como se supone, las atribuciones del Poder judicial con las del Poder legislativo; pues para ello se declarase en disposición abstracta ó de carácter general algún derecho nuevo; cosa que no ocurre aquí, porque el juzgador valiéndose de las reglas de equidad, que son máximas elementales de justicia universal, se limita, como intérprete de la ley, á explicar mejor principios jurídicos, más ó menos clara ó distintamente expuestos, pero ya preexistentes, que definen el daño en sus diversas manifestaciones, para justificar, toda vez que es indiferente pedirla por acción civil ó penal, una indemnización pecuniaria, que si nunca es bastante como resarcimiento absoluto de ofensas tan gra-
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ves, al fin es la que se aproxima más á la estimación de los daños morales, directamente causados á la joven Mussó, y que llevan consigo, como consecutarios naturales y lógicos, otros daños; esto es, los materiales y los sociales, conforme al criterio, tan sabiamente manifestado en la ley 21, título IX, Partida 7.ª, cuando al dis- poner «que cualquier que reciba tuerto ó desonra que pueda demandar enmienda della en una destas dos maneras, cual más quisiera: la primera, que faga el que lo desonró enmienda de pecho de dineros. La otra es en manera de acusación, pidiendo que el que le hizo el tuerto que sea escarmentado por él... E la una destas maneras se tuelle por la otra; porque de un yerro no debe ome recibir dos penas por ende. E desque que ouviere escogido la una, non lo puede dexar é pedir la otra». Ley cuya aplicación ha sido tradicional en España.»

Respecto á la indemnización, decía lo siguiente:

«Considerando que si por lo que toca á la honra y á la consideración pública y privada, debida á cada ciudadano, no incurre la Sala en las infracciones alegadas en los motivos 1.º, 2.º y 3.º, menos todavía respecto de los que sirven de sostén al 4.º de los dos recursos, donde se impugna la cuantía decretada de conformidad con lo solicitado en la demanda, porque el valor de tales perjuicios no descansa siempre en la prueba que haya de practicarse en la litis, sino en el reconocimiento prudente prestado á la reclamación en los escritos fundamentales de la discusión; y no sólo por esto, sino porque siendo indudable que la honra y el decoro personal son cosas que están por encima del comercio humano, y que sólo quien las pierde puede apreciar en todo su valor, á nadie más que al Tribunal sentenciador corresponde, dada la naturaleza del juicio, fijar su importe prudente atendiendo á las circunstancias de la atendida, su edad y su posición social, apreciación ésta poco infringida en forma que sobre la manera de indemnizar en dinero confirma la ley nacional, al decir que: «...Deve então preguntar el Judgador al quereloso, por quanto
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non quería aver recibido aquella desonra; e desde la oviere estimado e deve mirar que tal fué el fecho de la desonra, e el lugar en que fué fecha, e qual es aquel que la recibió e el que la hizo. E catadas todas estas cosas, si entendiere que la estimo derechamente deve mandar que jure que por tanto cuanto estimó la desonra, que la non quería aver recibido e desque lo ouviese jurado débela juzgar e mandar al otro que la peche la *estimacion*.

«E si el juzgador entendiera que la apreció a de mas dévela templar según su albedrío...»

La sentencia causó verdadera sensación, pues apasionaba mucho al público en uno y en otro sentido.

Todas los elementos y los periódicos de las derechas se regocijaban del hecho.

Los conservadores felicitaban al Sr. La Cierva el cual manifestó que no podía aceptar dichos plácemes. Se había limitado—decía—como Letrado, á cumplir con su deber, defendiendo á la parte demandante.

«En todo caso—agregó—, esas felicitaciones debían ser para el alto Tribunal, que una vez más ha hecho valer los fueros de la Justicia.»

La Epoca, en su artículo de fondo, titulado «Un acontecimiento», dijo:

«Constituye el fallo ayer dictado por el Tribunal Supremo, más que la solución definitiva é inapelable de un pleito entre partes, un altísimo acontecimiento en la vida jurídica, que es decir en la vida social de nuestro país.

Por lo pronto, y por el aspecto político, es un noble y alentador ejemplo el ver una vez más cómo hay todavía, á pesar de tantas claudicaciones y de tantas defeccciones, en las cumbres del Estado español, un órgano al cual llegan y en el cual prevalecen, al través de obstáculos que á tantos anhullan, las vibraciones del sentimiento público, las angustias y los anhelos de la opinión social.»
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El Liberal, en un artículo muy mesurado, pero enérgico, titulado «Conciencia tranquila y ánimo resuelto», dijo:

«La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha hecho bueno el fallo que la Audiencia de Madrid había dictado contra nosotros.

«Con ello, según frase del Sr. La Cierva, se ha sentado una nueva doctrina. Es posible; pero esa doctrina, aunque prevalezca en nuestro caso, no podrá subsistir, so pena de que el Parlamento español decline la facultad de legislar, que la Constitución le atribuye.

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»A la Prensa entera afectan nuestro litigio y sus resultados. En lo sucesivo no podrá vivir ningún periódico, salvo que suprima la parte de la información, que es la más necesaria para el público. Ni habrá escritor de conciencia que se avenga á dirigir un órgano importante de publicidad, ante la continua preocupación de llevar, inmotivadamente, á la ruina al propietario ó á las Empresas que hayan depositado en él su confianza.

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»No hay defensa contra un telegrama que llega bajo la firma de «Un correspondal», cuya identificación, con los apremios del tiempo, es imposible.

»—Doctrina nueva—decía ayer el Sr. La Cierva á sus felicitantes.

»No. Industria nueva.

»Respetamos la sentencia; pero la discutiremos en donde podamos, segura como se halla nuestra conciencia de que la razón nos asiste, aunque la Sala de lo Civil no la reconozca.»

En efecto: desde este día y durante muchos, El Liberal hizo una tenaz y seria campaña, publicando opiniones y escritos de casi todos los más notables juríconsultos de España, en contra de la sentencia del Supremo, y sentencias en causas por injuria y calumnia en que las penas eran insignificantes comparadas con la la impuesta á dicho periódico, y alguna sentencia en
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asunto del mismo género, contraria á la que el alto Tribunal acababa de dictar.

Como muestra de las opiniones publicadas por El Liberal, consignamos aquí solamente la del Sr. Díaz Cobeña, gloria forense reconocida por todo el mundo y que figuraba en el partido conservador.

Decía así:

«Que él respeta y considera al Tribunal Supremo como éste merece; pero que en el asunto concreto de El Liberal, jurídicamente considerado, su conciencia y lealtad le obligaban, al ser preguntado, á decir lo siguiente:
•Primero. A su juicio, la Sala, para dictar esa sentencia, no se ha ajustado al Derecho vigente español.
•Segundo. Está de acuerdo en absoluto con las apreciaciones jurídicas expuestas sobre el caso por los jurisconsultos que durante estos días han manifestado su criterio en El Liberal.
•Tercero. Si fuera posible que del asunto conociera ahora otro Tribunal, habría que tener muy fundadas esperanzas de que la sentencia sería casada.»

Lo cierto y positivo de este asunto fué, que á la opinión en general, un tanto molesta por las audacias de parte de la prensa, no hubiera visto con disgusto (pues el vulgo no hace distinciones) la imposición de una pena ligera al periódico delincuente, no por él mismo (pues El Liberal es uno de los periódicos más correctos y honrados de España), sino por la Prensa en general, para que sirviese como sanción y freno contra ciertos atrevimientos periodísticos; pero la cuantía de la indemnización ¡150.000 pesetas! pareció á todo el mundo excesiva, y la calificaron de venganza de enemigos políticos.

Los amigos del Sr. La Cierva defendían al Tribunal diciendo que el defensor no había pedido en alternativa de indemnización menor, por lo cual la Sala no podía acordarla; pero los contrarios replicaban que siempre quedaba en pie la sañuda intención del Sr. La Cierva pidiendo cantidad tan exagerada, precisamente á El Liberal, sin entablar siquiera la demanda contra El