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y entonces comenzaron á entrar muchos Diputados de la mayoría y de la minoría conservadora.

Los republicanos protestaron de que fueran á dar su voto en un asunto unos señores que no habían oído la discusión y que, por consiguiente, eran unos jurados re-cusables.

«Esto no estaba justificado—dijo La Época—: siempre, en todos los Parlamentos, votan todos los Diputados que quieren, hayan ó no presenciado los debates; pues el funcionamiento de las Cámaras descansa sobre la presunción de que todos los individuos están constantemente presentes. De no ser así, ¿cómo podrían aprobarse las leyes, si se requiriese la presencia constante en los debates de la mitad más uno de los Diputados.»

Las minorías abandonaron el salón.

En los pasillos, y mientras se verificaba la votación, los gritos de protesta y el escándalo fueron enormes.

Al cabo de un rato, cuando cesaron de sonar los timbres, se supo que no se habían reunido los 70 votos reglamentarios.

Sólo hubo 41 votos, de los cuales 35 fueron en pro de que se concediera el suplicatorio, y los seis restantes, en contra.

Se aplazó la votación para otro día.

DIA 24.—La interpelación Silvela.—Intervención de Canalejas.- A poco de comenzada la sesión del Congreso se reanudó el debate sobre la interpelación del Sr. Silvela, rectificando éste algunas de las manifestaciones hechas el día anterior por el Ministro de Fomento.

El Sr. Villanueva, que ya conocía á la perfección el expediente, hizo de éste una gran defensa, rebatiendo punto por punto, los ataques del Sr. Silvela.

Después intervino el Sr. Canalejas, para recoger ciertas reticencias de la campaña periodística del señor Silvela.

Rechazó con energía toda insinuación referente á in-
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tervención suya en determinado sentido en este asunto y pidió al Presidente de la Cámara que se imprimiera y se repartiese el expediente, para que fuera conocido por todos y discutido cuanto se creyera conveniente.

Los suplicatorios.—Fué de gran interés lo acaecido en esta fecha, referente á suplicatorios.
En primer término, y relacionada con este asunto, los Sres. Barral y Azzati enviaron al Sr. Lerroux la siguiente carta:

Sr. D. Alejandro Lerroux.

•Estimado amigo: Con profundo sentimiento, rogámosle deje de contarnos entre los Diputados que forman minoría que usted acaudilla.
•Esta resolución en nada quebranta el afecto que tanto á usted como á los demás compañeros de minoría profesan sus affmos., Félix Azzati, Juan Barral.»

Esta determinación obedeció á que los mencionados Diputados entendían que el Sr. Lerroux no había manifestado, en esto de los suplicatorios, el interés que, según ellos, debía manifestar.

Los republicanos en pro de los suplicatorios. Algunos creyeron que se adherirían al partido reformistas; pero otros hicieron constar lo siguiente:
Se hicieron nuevas gestiones cerca de los Sres. Azcárate y Alvarez (D. Melquides), para que amparasen á los Sres. Azzati y Barral; pero manifestaron ambos que nada podían hacer, porque el acuerdo de la Conjunción era que se concedieran los suplicatorios á instancia de parte, cuya actitud se desprende del hecho de que el señor Alvarez no hubiese presentado ningún voto particular á los dictámenes de la Comisión, como individuo de la misma.
Los federales realizaron gestiones cerca del Sr. Montañés, para que retirase las querellas contra el Sr. Azzati; pero insistió en sus negativas rotundas, mientras no fuesen aceptadas las condiciones que había impuesto.
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El Jefe del Gobierno hizo notar que los republicanos, que tenían representación en la Comisión dictaminadora no habían presentado voto particular en contra de los dictámenes, lo cual significaba una implícita conformidad.

En los pasillos se comentó mucho un incidente de la sesión secreta.

Parece que el Sr. Salillas dijo:
—¡Hay ya que descorrer la cortina!...
Y el Sr. Romeo le atajó, pidiendo que se leyese la votación del día anterior, que fué de 35 por seis.

El Sr. Romeo dedujo en seguida:
—Si se quiere descorrer la cortina, no hay más que sacar una cuenta: los que ayer votaron en favor fueron 35; los que votaron en contra, seis. Si hubiesen votado los 41 republicanos, ya ayer habría sido denegado el suplicatorio.

Luego los republicanos están conformes con que se concedan.

Moret se niega á intervenir.—Cuando los Diputados opuestos á la concesión de suplicatorios se enteraron de los propósitos del Gobierno, pensaron en suscribir la proposición incidental llamada de borrón y cuenta nueva.

Como ella contenía el pensar del Sr. Moret, se creyó que él la apoyaría. El Sr. Burell, por su parte, estimó que se debía esperar á que llegase aquel ilustre hombre público para consultarle.

Cuando llegó el Sr. Moret eran ya las siete y media. El Sr. Lerroux le consultó sobre la proposición mencionada, excusándose aquél, porque, cuando trató de este asunto en la Cámara, en nadie encontraron eco sus palabras.

Los amigos del Sr. Moret se excusaron igualmente de firmar la proposición.

El Sr. Lerroux solicitó el concurso del Sr. Azcárate y de algún otro republicano, también sin éxito.

Los radicales desistieron de formular la proposición. Todo esto había ocurrido durante la tarde.

Después de las ocho se constituyó el Congreso en se-
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sión secreta para proceder á la votación de cuatro dictámenes, ya discutidos, concediendo otros tantos suplicatorios contra el Sr. Azzati.

El Sr. Garriga propuso que se discutieran todos los suplicatorios, para luego votarlos en conjunto.

La discusión sobre esta propuesta del Sr. Garriga duró hasta las nueve menos cuarto.

El Sr. Bugallal dijo que la proposición debía ser resuelta por la Presidencia.

El Sr. Canalejas se mostró contrario á ella, é invitó á la mayoría á que asistiera con su concurso y su voto á la Comisión.

Intervinieron otros Diputados, y, rechazada, pór último, la proposición, se procedió á repetir la votación del día anterior, que no había sido válida por falta de número.

Había acerca del procedimiento alguna discrepancia. Unos, con el Sr. Sánchez Guerra, afirmaban bastar el número de Diputados que hubiese; otros, como el señor Suárez Inclán, aseguraban que era preciso el de 70 votos.

La reforma del reglamento del Congreso, aprobada en Febrero de este año, nada decía que modifique el precepto en virtud del cual es necesario el número de 70 Diputados para la validez de los acuerdos.

Y este fué el criterio que prevaleció, notándose deseo de que hubiese dicho número en el momento oportuno, pues se dieron órdenes á los Diputados de la mayoría y, al parecer, á los conservadores para que estuviesen en la Cámara á la hora de votar.

Los Diputados republicanos de todas las fracciones abandonaron el salón, y lo mismo hicieron algunos conservadores y el Sr. Burell.

Aunque la votación se llevó con lentitud, á fin de dar tiempo á que entrasen más Diputados, fué inútil el empeño.

La inmensa mayoría de los Diputados de todas las fracciones de la Cámara se habían marchado antes, unos pretextando lo avanzado de la hora, y otros declarando francamente que lo hacían para no votar.

En los pasillos la expectación era extraordinaria
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mientras se verificaba la votación, por creerse que no habría número suficiente.

Cesaron los timbres é inmediatamente se supo que por un voto no era válida tampoco la segunda votación.

En ésta tomaron parte 69 Diputados; 67 dijeron que sí, y dos, los Sres. Morote y Romeo, que no. Faltó, por consiguiente, un solo voto.

Los Ministros, y especialmente el Sr. Canalejas, se mostraban contrariadísimos por este segundo fracaso.

Muchos Diputados ministeriales decían, en cambio, que si habían votado lo habían hecho á instancias reiteradas del Sr. Canalejas, pues les repugnaba la concesión de suplicatorios para procesar á un compañero.

Esta repugnancia era tan general, que hasta de los conservadores, con ser una minoría numerosísima, no votaron en este día y en el anterior más que seis ó siete.

Ni el Sr. Maura ni sus más significados amigos estaban en sus sitios, y de los carlistas é integristas, únicamente lo hizo el Sr. Senantes.

DIA 25.—Censo y presupuestos.—En cuanto abrió la sesión el Conde de Romanones, el Ministro de la Gobernación leyó el proyecto de mancomunidades, que publicamos íntegramente en otro lugar.

En la parte de ruegos y preguntas resaltó el debate promovido por el asunto del censo electoral de Bilbao.

Se reanudó después el debate de presupuestos, continuando la impugnación del Sr. Gariga y consumiendo el segundo turno en contra de la totalidad el Sr. Rodés, al que contestó, en nombre de la Comisión, el Sr. Torres (D. José Luis), pronunciando un excelente discurso, por el cual fué muy felicitado.

Suplicatorios.—Muchos trabajos se hicieron durante la tarde para que el Sr. Montañés retirase su acción judicial contra el Sr. Azzati, pero sin resultado.

Mientras se practicaban las gestiones aludidas, la concurrencia de Diputados aumentó considerablemente y se hacían cálculos acerca de si habría ó no habría número bastante para la votación.

Seguían mostrándose algunos de la mayoría dispues-
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tos á no votar, pero pronto se supo que el Sr. Canalejas dijo:
—Si esta tarde no se reúne número suficiente, habrá concluido la vida de este Gobierno.
Súbito fué el efecto de esta manifestación. Los más remisos se mostraron prontos á votar.
Algunos altos funcionarios iban lápiz en ristre tomando nombres de los ministeriales que se hallaban en la Cámara, lo cual produjo entre ellos alguna contrariedad.
Un significado Diputado de la mayoría, considerando molesto el procedimiento, decía:

—Yo no me someto á ese régimen de sospecha y declaro que me voy á la calle...
El Imparcial añadió por su cuenta:

•Pero no sabemos de más ministeriales que le imitasen.•

Nosotros sabemos de otro que también lo hizo así.
En cuanto comenzó la sesión secreta, orilló el Presidente una dificultad, que emanó de interpretaciones reglamentarias del Sr. Pedregal, y se procedió á la votación del asendereado dictamen.
Después se votaron cuatro más, todos de la misma índole, y contra el propio Sr. Azzati.
El resultado fué el siguiente:
Primera votación: 142 por 7.
Segunda ídem: 135 por 7.
Tercera ídem: 127 por 6.
Cuarta ídem: 119 por 7.
Quinta ídem: 115 por 7.
Los republicanos se abstuvieron, con excepción de los radicales y el Sr. Sol y Ortega, que votaron en contra.
También en contra lo hizo el Sr. Romeo.
El Sr. Azzati votó por que se concedieran los suplicatorios.
La última votación concluyó á las nueve de la noche.
El Sr. Canalejas estaba muy satisfecho, porque en-
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gasta suplicaron lo mismo al Sr. Presidente del Consejo, el cual se mostró siempre reservado, y manifestando su deseo personal de que hubiera podido concederse el indulto, pero escudándose en sus deberes de Gobierno para no aconsejarlo.

El senador republicano Sr. Labra escribió una notable carta al Sr. Canalejas, en igual sentido, y el exministro Sr. Burell dirigió al Presidente la elocuenteísima epístola que transcribimos, con la no menos hermosa contestación del Sr. Canalejas.

Decían así:

«Excmo. Sr. D. José Canalejas.

»Mi respetable amigo y jefe: Desde que D. Antonio Maura, á propósito de la ejecución de Ferrer, hizo en el Congreso el escritinio negativo de la piedad española, diríase que en trances parecidos quien calla es un colaborador de la política inexorable.

»Ciento que tales recuentos, hechos un día en la plaza de Jerusalén, no son de nuestro tiempo; pero aun separándonos de ellos los largos siglos que han elaborado para los hombres un nuevo mundo moral, es indudable que hay todavía quien quiere que el Pretor someta á los clamores de ciertas turbas el puro perdón del cielo. He visto que se abre votación por el verdugo ó contra el verdugo, y yo, que conozco á usted en su alta calidad de pensador y en su condición generosa y buena, creo que en esta hora las voces de sus amigos deben de alentarlo en la firmeza de sus juicios y en la libre acción de sus sentimientos; y como español que sabe de qué manera siniestra fructifica la sangre en su país, y como hombre político á quien la bondad de usted ha colocado en las altas jerarquías del partido liberal, cumplo con todos mis deberes y cedo á todas las inclinaciones de mi espíritu sumando ante usted, al voto de los demás españoles verdaderamente cristianos, y al de los demás correglacionarios nuestros, el voto mío por la clemencia en favor de cuantos puedan resultar condenados en el proceso de Cullera.

Sería inicuo el detenerse á considerar los aspectos políticos del perdón: es humano, es religioso, es digno
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tendía que á estas votaciones se les había dado matiz político.

Es de notar que no votaron cuatro ex ministros liberales: los Sres. Gasset, Burell, Rodríguez de la Borbolla y Suárez Inclán.

De la minoría conservadora tomaron parte en la votación unos treinta y tantos Diputados, entre ellos los ex ministros Sres. La Cierva, Sánchez Guerra y Bugallal.

El Gobierno se mostraba también satisfecho de la votación, diciendo que só' o con la mayoría tuvo número más que suficiente para la validez de la votación.

«El Liberal. y los suplicatorios.—El Liberal puso este comentario á la sesión de esta fecha:

•Memorable será para el partido liberal, y sobre todo para el Sr. Canalejas, el 25 de Mayo de 1912. En esa fecha, uno y otro se han cubierto de voluntaria ignominia.

•La mayoría tiene disculpa. Solicitada y acosada por los Secretarios y por algunos adictos (no muchos) del Sr. Canalejas, vióse forzada á beber la amarga pó-cima. Obrar de otro modo, dadas las presiones, las amenazas y los apuntes tomados en varios librillos rojos, hubiera sido, más que indisciplina, insurrección manifiesta.

•Al cabo de veintitantos años, le cabe á un Gobierno liberal esa tristísima gloria.

•¿Qué coacciones le han forzado á ejercer á su vez otra coacción que no habría sido mayor si se tratara de construir una nueva escuadra, de declarar una guerra ó de salvar á la Patria de un inminente peligro?

•Lo mismo se nos da de ignorarlo que de saberlo. Ya aquí, todo lo que había que averiguar, está demasiadamente averiguado.

•Buen provecho les haga al Sr. Canalejas y al partido liberal ese puñado de honra.»

Proyecto de ley de Mancomunidades.—A primera hora de la tarde, leyó el Ministro de la Gobernación en el Congreso el siguiente proyecto de ley:
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«Artículo 1.º Las provincias, representadas por sus Diputaciones, podrán mancomunarse temporal ó permanentemente para fines exclusivamente administrativos.

»La iniciativa para la constitución de la mancomunidad, á más del Gobierno, corresponderá á cualquiera de las Diputaciones que lo deseen, invitando para concertarse á las demás que hayan de concurrir á este acuerdo, que se confirmará en reunión general de las mancomunidades, á la que tendrán que asistir, por lo menos, las dos terceras partes de los Diputados que compo- ngan cada una de ellas.

»En esta reunión se determinarán las bases comple- tas que contengan el objeto de la mancomunidad.

»Art. 2.º Cuando las mancomunidades se limiten á ejercitar en común las facultades y servicios que la ley orgánica Provincial reconoce á cada una de las Diputa- ciones, bastará con poner el acuerdo en conocimiento del Gobierno, el cual, desde luego, podrá conceder la autorización necesaria al efecto.

»Si la mancomunidad hubiera de comprender otros fines que los de la ley Provincial, y haya de ejecutar actos y servicios no señalados en aquélla que necesiten, por tanto, para su ejecución delegaciones del Gobierno, se formulará el proyecto en la misma forma señalada anteriormente, ó sea por las Diputaciones mancomu- das, y una vez aprobado por éstas, se publicará en Bo- letines Oficiales extraordinarios de cada provincia; cir- culando éstos á todos los Ayuntamientos.

»Una vez publicados los Boletines Oficiales de refe- rencia, y entregados á los Ayuntamientos, se señalará por el Gobernador civil de la provincia, con un mes de antelación, el domingo en que todos los Ayuntamientos han de constituirse en sesión extraordinaria, que se con- vocará y celebrará con arreglo á los preceptos de la ley Municipal, dándose cuenta en ella de la proposición acordada para el establecimiento de la mancomunidad en todas las provincias á que afecte.

»Los Concejales que pertenezcan á los Ayuntamien- tos indicados, emitirán en dicha sesión extraordinaria su voto personal favorable ó adverso al establecimiento
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de la mancomunidad y al proyecto íntegro que se les someta, expidiéndose del resultado de la votación las correspondientes certificaciones del acta que se levante, las cuales se remitirán á los Gobernadores de la provincia, á las Diputaciones interesadas y al Ministerio de la Gobernación.

»Para que el proyecto de mancomunidad á que se refiere este artículo pueda ser aprobado, serán precisos los votos favorables de las dos terceras partes de los Concejales que tomaron parte en la votación en cada provincia de las mancomunadas.

»Reunidos todos los antecedentes, el Gobierno someterá la aprobación del proyecto á las Cortes.

»Art. 3.º La mancomunidad no será forzosa para ninguna de las provincias.

»Cuando alguna provincia que no esté incluida en la mancomunidad solicite su ingreso en la misma, deberá someterse al procedimiento establecido en los artículos anteriores.

»Iguales requisitos será preciso observar al tratar de separarse cualquiera de las provincias mancomunadas.

»Art. 4.º Aceptado definitivamente el proyecto de mancomunidades, cada una de las Diputaciones interesadas designará de su seno tres representantes para concurrir á la Asamblea de constitución de la misma.

»Esta Asamblea se reunirá en la capital más poblosa de las provincias que se trate de mancomunar, será convocada y presidida por el Gobernador, y no podrá deliberar sin asistencia, por lo menos, de dos representantes de cada una de las provincias interesadas. Acordará por mayoría todo lo concerniente al régimen reglamentario de la mancomunidad, respetando el proyecto aprobado y previendo las consecuencias de su disolución ó de la separación de una ó varias de las provincias mancomunadas.

»Art. 5.º Constituida la mancomunidad, cuya Junta presidirá el Vocal más antiguo ó el que se elija por votación, tendrá ésta plena capacidad jurídica para cumplir los fines taxativamente consignados en el acuerdo, y con aplicación á ellos podrá adquirir, poseer, enajenar bienes, obligarse y comparecer en juicio.
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•Art. 6.º Será de la competencia de las mancomunidades provinciales realizar todos los fines propios de las Diputaciones que las constituyan, y si se trata de limitar su acción á estos efectos, la constitución de las mismas responderá al procedimiento indicado en el artículo 1.º

•Si necesitan solicitar del Gobierno servicios atribuidos á la Administración central por medio de la debida delegación en materia de obras públicas, de instrucción pública ó de la beneficencia, tendrá que someterse al procedimiento marcado en el art. 2.º, sin que estas delegaciones empiecen á regir hasta que las Cortes autoricen al Gobierno para ponerla en vigor.

•Art. 7.º Como consecuencia de lo previsto en el artículo anterior, podrán las mancomunidades, cuando se trate de delegación de servicios, encargarse, salvo siempre las facultades del Estado, según la Constitución del Reino y las leyes especiales:

•Primero. De la construcción y conservación de carreteras incluidas en el plan general del Estado, que no traspasen el territorio de las provincias mancomunadas.

•Segundo. De la construcción de ferrocarriles, tranvías, puertos, obras de saneamiento, canales y pantanos, en dicho territorio.

•Tercero. Del establecimiento en el mismo de líneas telegráficas y telefónicas interurbanas.

•Cuarto. Arbitrios atribuidos por la legislación vigente á las Diputaciones ó Ayuntamientos que estas Corporaciones cedan en beneficio de lo mancomunidad.

•Quinto. De la creación, ampliación y sostenimiento de establecimientos ó Institutos para el fomento de la enseñanza de artes y oficios, agrícola, industrial, mercantil y de bellas artes.

•Sexto. De la creación, ampliación, sostenimiento y administración de establecimientos de Beneficencia general ó nacional, dentro del territorio de las provincias mancomunadas.

•Corresponderá también al Gobierno, ceder á la mancomunidad los arbitrios que perciba en virtud de la prestación de los servicios que á la mancomunidad delegue.
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El Gobierno podrá asimismo autorizar á las mancomunidades para la percepción de arbitrios é impuestos, á expensas de particulares y entidades que aprovechen ó beneficien obras ó servicios realizados por la mancomunidad, cuando además del interés general, beneficien el interés privado.

»Art. 8.º Las mancomunidades podrán contar para sus presupuestos con los siguientes recursos:
»Primero. Rentas de bienes propios.
»Segundo. Donativos ó cuotas voluntarias.
»Tercero. Subvenciones de Ayuntamientos y Diputaciones.
»Cuarto. Recursos del Estado, ya en concepto de subvenciones, ya como designación correspondiente al costo presupuesto, de los servicios transferidos á la mancomunidad, ya como cesión de los arbitrios que el Gobierno percibe en virtud de la prestación de los servicios que delegue á la mancomunidad.
»Quinto. Arbitrios especiales, impuestos con aprobación previa del Gobierno á expensas de particulares ó entidades que aprovechen directamente las obras ó servicios realizados por la mancomunidad, cuando además del interés general, beneficien el interés privado, como anteriormente queda expuesto.

»Art. 9.º Sin perjuicio de las atribuciones que competen al Gobierno, en sus funciones inspectoras con arreglo á las leyes, podrá:
»Primero. Anular en cualquier momento las concesiones otorgadas á la mancomunidad, si las deficiencias en el servicio delegado fueran tales que ocasionen perjuicios de carácter general y notoriamente graves.
»Segundo. Disolver las mancomunidades que incurren en extralimitaciones rebasando los fines determinados en sus acuerdos de constitución. En uno y en otro caso dará inmediatamente cuenta motivada de su resolución, á las Cortes.

»Art. 10. La divergencia entre las mancomunidades, ó sea entre las provincias mancomunadas, sobre la eficacia, interpretación ó cumplimiento de sus pactos, se ventilará ante los Tribunales ordinarios; y los particulares que se consideren lesionados por actos ó acuerdos