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no, en atención al tiempo transcurrido, la estime necesaria.

»Art. 3.º La Mancomunidad no será forzosa para ninguna de las provincias. Cualquiera de las provincias mancomunadas podrá separarse cumpliendo los requisitos estatuidos libremente por las Diputaciones interesadas al fijar las bases con arreglo al art. 1.º de esta ley, y obteniendo en la forma establecida en el art. 2.º la autorización del Gobierno ó el asentimiento de los Concejales de los Ayuntamientos de la provincia y la aprobación de las Cortes, según los casos. El acuerdo de separación deberá tomarse en sesión, á que asistan, por lo menos, las dos terceras partes de los Diputados que compongan la Diputación que trate de separarse.

»Cuando alguna provincia que no esté comprendida en la Mancomunidad solicite su ingreso en la misma, deberá concertar con la Junta de la ya existente el objeto, duración y compromisos económicos de su ingreso, y forma y compromisos de su separación, y, una vez ratificado el convenio, como previene el art. 1.º de esta ley, se solicitará la autorización del Gobierno, ó de las Cortes, previa consulta á los Concejales de esta provincia, según los casos, en la forma estatuida en el art. 2.º

»Art. 4.º Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias para la constitución de la Mancomunidad, las Diputaciones concertadas nombrarán el número deponentes que cada una considere conveniente, para que redacten juntos un proyecto de Ordenanzas del funcionamiento y régimen interior de aquélla.

»El gobierno de la Mancomunidad será ejercido por una Junta general de Diputados de todas las provincias mancomunadas, que se reunirá, por lo menos, dos veces al año, para deliberar sobre presupuestos, cuentas, empréstitos, enajenación de bienes inmuebles, proyectos de obras públicas y creación y disolución de establecimientos de instrucción y beneficencia, y un Consejo permanente en que tengan representación cada una de las provincias mancomunadas.

»En la primera sesión de la Junta de la Mancomunidad, que convocará y presidirá el Gobernador y se reunirá en la capital más populosa de las provincias
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concertadas, se discutirá y aprobará el proyecto de Ordenanzas. A esta sesión, y á las que en lo sucesivo celebre la Junta para acordar modificaciones de las Ordenanzas, deberá asistir, para que sea válida la deliberación, mayoría absoluta de Diputados de cada una de las provincias.

•La Junta de la Mancomunidad no podrá introducir en sus Ordenanzas variación alguna de lo establecido en las bases de constitución y de lo estatuido en este artículo.

•De estas Ordenanzas y de las modificaciones que en ellas se introduzcan en lo sucesivo, dentro de los mismos límites y con arreglo al mismo procedimiento, se dará comunicación al Gobierno, al solo efecto de impedir toda extralimitación legal.

•Art. 5.º Constituida la Mancomunidad, tendrá plena capacidad jurídica para cumplir los fines taxativamente consignados en el acuerdo, y con aplicación á ellos podrá adquirir, poseer y enajenar bienes, obligarse y comparecer en juicio. No obstante, para contratar empréstitos necesitará aprobación previa del proyecto completo de la operación por el Gobierno.

•La representación de la Mancomunidad corresponderá al Presidente de la misma, en la forma que se establecerá en las Ordenanzas de su régimen interior.

•Art. 6.º Cumplidos los requisitos de esta ley, podrá el Gobierno, salvo siempre las facultades del Estado según la Constitución del Reino, delegar en las Mancomunidades las funciones que las leyes vigentes atribuyan á la Administración central, y que ésta ejerzite dentro del territorio de las provincias mancomunadas, con respecto á los ramos siguientes:
•1.º Carreteras.
•2.º Ferrocarriles, tranvías, puertos, obras de saneamiento, canales y pantanos.
•3.º Comunicaciones telegráficas y telefónicas interurbanas.
•4.º Repoblación y reglamentación de la explotación de bosques.
•5.º Enseñanza técnica de artes y oficios, agrícola, industrial, mercantil y de Bellas Artes.
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•6.º Edificios escolares.
•7.º Beneficencia.
•8.º Archivos, museos y bibliotecas.
•Estas delegaciones no comenzarán á regir hasta que las Cortes autoricen al Gobierno para ponerlas en vigor con ley especial.
•El acuerdo en virtud del cual el Gobierno otorgue á la Mancomunidad la delegación de funciones á que se refiere este artículo, deberá expresar las condiciones á tenor de las cuales dicha delegación se otorgue, así las encaminadas á asegurar que no se perjudicará el servicio que se delegue, ni la situación legal de los funcionarios del Estado afectos á dicho servicio, como las que establezcan la compensación económica que por su desempeño otorga á la Mancomunidad. Se determinarán, asimismo, en el acuerdo de delegación, las consecuencias de la disolución de la Mancomunidad, las de su rescisión parcial por separación de una provincia mancomunada, las de su ampliación por el ingreso de una nueva provincia y las del ejercicio, por parte del Gobierno, de alguna de las facultades que el art. 9.º le concede.
•El Gobierno cederá á la Mancomunidad los arbitrios que perciba en virtud de la prestación de los servicios que á la Mancomunidad delegue.
•Art. 8.º Las Mancomunidades podrán contar, para sus presupuestos, con los siguientes recursos:
•1.º Rentas de bienes propios y productos de explotaciones.
•2.º Donativos ó cuotas voluntarias.
•3.º Subvenciones de Ayuntamientos y Diputaciones.
•4.º Arbitrios voluntarios y recursos atribuidos por la legislación vigente á las Diputaciones ó Ayuntamientos que estas Corporaciones cedan voluntariamente, en todo ó en parte, á la Mancomunidad, después de dejar cubiertas sus atenciones legales.
•5.º Arbitrios que perciba la Mancomunidad con motivo de servicios que preste ó aprovechamientos que conceda.
•6.º Arbitrios á expensas de particulares especialmente interesados en determinadas obras ó servicios
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costeados con fondos de la Mancomunidad, cuando se produzca uno de los casos siguientes:
>a) Cuando por efecto de las obras se produjese un aumento determinable del valor de ciertas fincas ó una mejora en el rendimiento de explotaciones.
>b) Cuando las obras ó servicios costeados por la Mancomunidad beneficiasen especialmente á personas ó colectividades ó fuesen provocadas especialmente por las mismas, aun en el caso de que no se produjeran aumentos determinados de valor.
>Estos arbitrios no podrán exceder en ningún caso del coste de las obras ó servicios que den lugar á su imposición. Las bases á que deberá atemperarse la Mancomunidad para la exacción de este arbitrio deberán ser sometidas á la aprobación del Gobierno.
>7.º Recursos del Estado en compensación al coste de los servicios propios de la Administración central transferidos á la Mancomunidad, ya en forma de subvención, ya en forma de dotación de la Mancomunidad con ingresos propios del Estado.
>Art. 9.º Sin perjuicio de las atribuciones que competen al Gobierno en sus funciones inspectoras con arreglo á las leyes, podrá:
>1.º Anular una ó varias de las delegaciones de la Mancomunidad cuando ésta infrinja alguna de las condiciones impuestas por el Gobierno en el acuerdo de delegación.
>2.º Disolver las Mancomunidades que incurran en extralimitaciones rebasando los fines determinados en sus acuerdos de constitución, después de haber sido amonestadoas y persistir en la extralimitación que haya motivado la amonestación.
>En uno y otro caso, el acuerdo del Gobierno no entrará en vigor hasta que obtenga la autorización de las Cortes.
>No obstante, podrá, desde luego, suspender el ejercicio de la función que acuerde anular ó el funcionamiento de la Mancomunidad que acuerde disolver cuando, á su juicio, la gravedad de la infracción ó de la extralimitación así lo exijan.
>Art. 10. Los acuerdos de la Junta general y del
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Consejo permanente de la Mancomunidad serán comunicados en el término del tercero día al Ministerio de la Gobernación, el cual podrá suspenderlos por sí ó á instancia de parte, si ésta lo solicitase, en el plazo de ocho días: primero, por recaer en asuntos que no sean de la competencia de la Mancomunidad; segundo, por delincuencia en que la Mancomunidad haya incurrido; tercero, por infracción manifiesta de las leyes, siempre que resulten directamente perjudicados los intereses generales del Estado ó los de cualquier provincia que no forme parte de la Mancomunidad.

Contra los actos y acuerdos de la Junta general y del Consejo permanente de la Mancomunidad recalcados en asuntos que la ley orgánica Provincial asigna á las Diputaciones se conceden los recursos establecidos en dicha ley, con las variantes de que el de alzada deberá interponerse ante el Ministro de la Gobernación, y el contencioso-administrativo, ante la Sala tercera del Tribunal Supremo.

Contra los actos y acuerdos de la Junta general y del Consejo permanente de la Mancomunidad recalcados en asuntos que les estén atribuidos en virtud de delegaciones autorizadas por el Gobierno se concede recurso ante el Ministro de la Gobernación y ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso ante el Ministerio tendrá necesariamente que fundarse en uno de los casos en que, con arreglo al párrafo 1.º de este artículo, puede decretarse la suspensión de los acuerdos de la Mancomunidad. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá ante el Tribunal Supremo, sujetándose al procedimiento establecido en la ley reformada de 22 de Junio de 1894.

Los que se crean perjudicados en sus derechos civiles por los actos y acuerdos de la Junta general y Consejo permanente de la Mancomunidad pueden reclamar contra ellos, mediante demanda, ante los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, los cuales podrán suspender por primera providencia, á petición de la parte interesada, la ejecución del acuerdo reclamado, si ésta ocasionare perjuicio grave é irreparable.

Las divergencias entre la Mancomunidad y las pro-
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vincias mancomunadas sobre el cumplimiento, inteligencia, interpretación y efectos de sus pactos, se ventilarán ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, con injeción al procedimiento fijado en la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa.

Discurso de La Cierva sobre caducidad de minas. — Ante gran número de Diputados comenzó la sesión, desarrollando el Sr. La Cierva su interpelación sobre caducidad de concesiones mineras, ocupándose de la interpretación de la ley que trata de esta materia.

Señaló de un modo preciso y elocuente las arbitrariedades marcadas en el reglamento y en la sordera de la Administración para con los mineros desposeídos y para con los peticionarios de minas, todo lo cual exige una rectificación de conducta en el estudio y admisión de los recursos interpuestos.

Los Ministros de Fomento y Hacienda intervinieron, para anunciar éste que estudiaba las medidas relacionadas con el problema y afirmando que lo hecho hasta aquí se ceñía estrictamente á la ley.

El debate se mantuvo en un ambiente de serenidad é interés grandes.

DIA 23.—Las Mancomunidades.—Canailejas á los Diputados.—Continuaba la gran marejada respecto al proyecto de ley de Mancomunidades. Lo mismo que aconteció con el proyecto del Sr. Maura, el del Sr. Canalejas repugnaba á la mayoría de la mayoría, y á dejar la cuestión libre, pero verdaderamente libre, seguro es que el proyecto no sería ley.

El Sr. Presidente del Consejo demostró una vez más su decidido propósito de llevar adelante el proyecto, y así lo manifestó en una conversación sostenida con el redactor político de El Liberal, D. Antonio R. Lázaro, el cual publicó lo siguiente:

«El Presidente del Consejo hace de este asunto cuestión cerrada, y así lo declarará en un solemne discurso cuando vaya á empezar la discusión del proyecto.

•El Sr. Canalejas no excomulgará ni expulsará del
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partido liberal—que estos son procedimientos anticuados — á los disidentes de la mayoría; pero si la disidencia alcanzara, á juicio suyo, un número importante de Diputados, dejará el Gobierno.

»Para seguir al frente del Gabinete no le bastará tener mayoría en la votación del proyecto, sino que la desmembración que en las filas ministeriales se produzca no sea de gran importancia.

»Aquellos Diputados que ejerzan altos cargos ó empleos concedidos ó sostenidos por el Gobierno, deberán estar al lado de éste, absteniéndose de combatir el proyecto y votándolo. El que lo combatá, sabiendo que el Sr. Canalejas lo hace cuestión de Gabinete, debe previamente dimitir ó renunciar su cargo.

»Como se ve, el Sr. Canalejas está resuelto á aprobar el proyecto ó á marchase.»

El autor de este libro, Diputado de la mayoría, firme y sinceramente convencido de que este proyecto de mancomunidades era perjudicial en alto grado; en primer término, para Cataluña, y en general, para toda la nación, consecuente en este criterio que siempre había sostenido, escribió el Sr. Canalejas una carta respetuosísima, llena de testimonios de sumisión y de afecto, rogándole le concediese libertad para combatir el proyecto, favor que le estimaría tanto más, «cuanto que era el único que le había pedido durante su vida ministerial».

El Sr. Canalejas le contestó con la siguiente carta:

«Amigo Soldevilla: Siento mucho la publicación de su carta, porque á pesar de los cariñosos términos en que está redactada y las constantes pruebas de su afecto, da fuerza á los comentarios de los que se complacen en fingir disidencias imaginarias en el seno del partido liberal.

»No he sometido á las Cortes el proyecto de ley sobre Mancomunidades provinciales sin meditar mucho sus consecuencias, sin examinar los antecedentes y creyendo (tal vez con error) prestar un servicio al interés público y al partido liberal. Cuando llegue el momento de la votación ó acaso al iniciar el debate, diré con fran-
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El Monarca despidió afectuosamente al Jefe del Gobierno dimisionario, y le manifestó que á las seis de la tarde hablaría con los Presidentes del Senado y del Congreso; pero el Sr. Canalejas le indicó que el Conde de Romanones se encontraba ausente de Madrid, en el campo. En vista de ello, el Rey mandó aviso para conferenciar á las seis con el Sr. Montero Ríos, y citó para las seis y media al Sr. Moret, y para las siete, al Sr. Maura.

La solución de la crisis fue rápida. A las cuatro y media reunió el Sr. Canalejas á los Ministros.

Ante ellos expuso el Presidente, con todo detalle, la entrevista que había celebrado con S. M., y los Ministros, unánimemente, aprobaron su conducta.

Acto seguido se acordó que el general Luque se trasladara á Palacio, con objeto de someter á la firma del Rey el decreto indultando al Chato de Cuqueta.

El Ministro de Estado telegrafió á los Embajadores, y el de Gobernación, á los Gobernadores de provincia, la noticia de la crisis total.

Los comentarios y pronósticos fueron muchos. Unos creían en un Ministerio Weyler, y aun esperaban algunos la subida de los conservadores.

Por último, no faltaban los que aseguraban que, á pesar de la situación difícil del Sr. Canalejas, éste continuaría en el Poder.

Y así sucedió. Consultados por S. M. el Rey los señores Montero Ríos, Moret, Maura y Conde de Romanones, todos opinaron y aconsejaron al Rey que debía seguir en el Poder el partido liberal, puesto que era necesario y preciso, después de ocho meses de interregno parlamentario, reunir las Cortes, y esto nadie sino el Sr. Canalejas podía hacerlo, puesto que disponía de la mayoría.

A las diez y media de la noche llegó nuevamente á Palacio el Sr. Canalejas, y á las once salió, llevando ratificados los poderes por S. M. el Rey.

El Sr. Canalejas explicó en estos términos la entrevista con S. M.:

«El Rey, al acudir yo esta noche á Palacio, me recibió con estas palabras:
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queza á los correligionarios cuál es mi actitud. Pasaron ya los tiempos en que se consideraban los partidos cotos cerrados y en que los directores de la política se atribuían el derecho de excomunión; si alguna personalidad, por sus circunstancias especiales, no puede asistirme con su adhesión en el debate, me limitaré á lamentarlo; pero si esos retraimientos excepcionales revistiesen carácter de generalidad y no quedara mi iniciativa robustecida por el asentimiento de la mayor parte de la mayoría, claro está que en el acto adoptaré la única resolución procedente, dejando á los amigos políticos en libertad de ofrecer su concurso á quien más lo merezca.

»Ya sabe de antiguo cuánto le quiere y estima su siempre afmo. amigo, José Canalejas.- 24-VI-12.«

Como esas circunstancias especiales de que hablaba el Sr. Presidente del Consejo, existían para el Diputado autor de este libro, claro está que se consideró en libertad de proceder en el asunto según su conciencia.

Lo mismo hizo y la misma respuesta obtuvo el elocuente orador de la mayoría, ex subsecretario de Gobernación, D. Niceto Alcalá Zamora.

Día 24.—La ley de Minas.—Discurso de García Vaso.—El Sr. García Vaso consumió el segundo turno de la interpelación.

Calificó de escandaloso lo ocurrido en la provincia de Murcia.

Añadió que un personaje hipotético que gozase de gran predominio, y con objeto de captar la propiedad ajena, no podría, para ver realizado su propósito, sino dejar incumplida la circular de la Dirección de Contribuciones.

Dió lectura á una informacion publicada por La Tierra, de Cartagena, en que se hacía constar que las puertas del Gobierno civil de Murcia no se cerraron, como disponía el reglamento, la noche anterior al dia en que se había de solicitar el registro de las minas caducadas. Por eso estaban en el edificio, desde muchas horas antes, individuos extraños á la casa; y cuando los propie-
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tarios de minas caducadas se presentaron en el Gobierno, con Notarios, se encontraron con que el Gobernador impidió que cumpliesen su cometido los depositarios de la fe pública.

«El Gobierno—prosiguió—no puede amparar todo esto.
»En la provincia de Murcia comparten la soberanía nacional el Conde de Romanones y el Sr. La Cierva.»
El Sr. Soriano: «Bueno pareja.» (Risas)
El Sr. García Vaso: «En este caso el denunciante es el Sr. La Cierva. Además, la opinión pública señala al Sr. Conde de Romanones.»
El Sr. Payá: «Eso no puede decirse sin probarse.»
El Sr. Soriano: «¿Quién es S. S.?»
El Sr. Payá: «Yo.» (Rumores y campanillazos.)
El Sr. García Vaso: «El Sr. Payá está dirigiéndome palabras injuriosas; acaba de llamarme canalla.» (Grandes rumores.)
El Sr. Presidente: «La Presidencia no ha oído tal palabra.» (Protestas de los republicanos.)
El Sr. García Vaso: «Como el que ha proferido esa expresión es el representante de S. S. en Cartagena, puede suponerse que el personaje hipotético sea una realidad.»
El Sr. Presidente: «Nadie, pero menos que nadie el Sr. Payá, debe interrumpir á S. S. Diga cuanto quiera con entera independencia.»

DIA 25.—La ley de Minas.—Discurso de Payá. Al comenzar el debate sobre la interpelación del Sr. La Cierva, temíase, como derivación del escándalo del día anterior, que aquél degenerase en personalista y ruidoso.
El tono empleado por el Sr. Payá disipó aquella sospecha. En forma templada, ateniéndose á las indicaciones del Presidente, refutó los cargos lanzados por el Sr. García Vaso relativos á denuncias de minas.
Expresó que la prioridad en las solicitudes se adquiere formando cola, hasta el punto de que en 1906, ocupando el Poder los conservadores, se anuló de Real or-
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den el sorteo verificado por un Gobernador para determinar la preferencia. Por ello entendía que el Gobernador de Murcia había cumplido con su deber, incluso por haber dispuesto que la Benemérita guardase el orden en la cola.

•Hay que tener presente—añadió—que en las poblaciones mineras hay agentes que luchan entre sí para servir á su clientela. No ya á los personajes á que se ha aludido, otros de menos altura se considerarían así como degradados si tuviesen que intervenir en esa forma. Decir lo que se ha dicho, ó es una broma ó es querer causar intencionadamente un daño. El espíritu de defensa, además, lleva hasta á engañar á los propios Letrados.

•En cuanto á las últimas palabras pronunciadas ayer por el Sr. García Vaso, no puedo comentarlas con libertad. Sólo diré que el propio Sr. Vaso está convencido de que el Sr. Conde de Romanones no ha intervenido para nada en esta cuestión.•

Discurso de Romanones.—Después de breves palabras del Sr. Zabala, defendiendo la ley hecha por el Sr. Cobián, el Conde de Romanones, aludido por el Sr. García Vaso, dejó la presidencia y desde los escaños rojos dijo:

•Yo no recojo las calumnias, pero tampoco las desdén.
•Me he alejado de la política murciana. Jamás me he mezclado en esta clase de asuntos. ¿Puede decir nadie que me haya interesado en favor de alguien? (Aprobación de la mayoría.) Eso hubiera sido impropio de mí.
•Yo no aplaudo la reforma legislativa. La actual situación es completamente insostenible. ¿No me habría de doler si, por olvido de mi administrador en el pago de un trimestre de la contribución, me encontrase poseído de una casa? ¿Por qué no se ha de aplicar esta doctrina á las minas?
•La ley necesita urgente reforma. Supongo que el
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Gobierno se apresurará á adoptar la determinación oportuna.

»Y conste una vez más que no me he mezclado para nada en este asunto.« (Aplausos de la mayoría.)

Proposición Senante.—Hablaron después los señores Ministro de Hacienda, La Cierva, Barroso, Soriano, Nougués y otros, palpitando en el fondo de todos los discursos la necesidad de la reforma de la ley para expurgar sus errores.

El Sr. Senante recogió ese espíritu de coincidencia en la siguiente proposición:

«Los Diputados que suscriben piden al Congreso se sirva declarar que, resultando de todas las manifestaciones hechas en la Cámara que el reglamento es contrario á las disposiciones de la ley de 29 de Diciembre de 1910, se está en el caso de que el Gobierno declare nulas y sin efecto las caducidades de registros nuevos acordadas en virtud de dicho reglamento, así como las nuevas concesiones de los registros caducados y todo cuanto se haya resuelto con interpretación errónea de la mencionada ley y del referido reglamento, que debe reformarse poniéndolo en armonía con la misma.

Palacio del Congreso, 25 de Junio de 1912.—Manuel Senante, Rafael Salillas, Juan de la Cierva, Luis López Ballesteros, Julio Burell, García Vaso, Gumersindo de Azcárate.»

Consultado por el Sr. La Cierva el Sr. Maura, manifestó éste su conformidad con la proposición.

El Sr. Canalejas se enteró del contenido de la misma preguntando al Sr. Senante, por conducto del Sr. Arias de Miranda.

El jefe de los conservadores estimó, al cambiar impresiones con algunos de los firmantes, que sería innecesario presentar la proposición, si el Presidente del Consejo mostraba tendencias á la revisión.

En efecto: el Sr. Canalejas, al intervenir en el debate, declaró que si la proposición significaba contrariedad para el Ministro, la rechazaría abiertamente; pero