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Prohibición del trabajo nocturno de la mujer.—Discurso del Conde de Sagasta.—Se puso á discusión el dictamen de la Comisión mixta sobre el proyecto de ley prohibiendo el trabajo industrial nocturno de la mujer.

El Sr. Iglesias (D. Pablo) combatió el dictamen.

Asombróse de que proyecto de tanta importancia hubiera necesitado dos años para ser aprobado.

Luego hizo constar que por las modificaciones introducidas en el dictamen, numerosas mujeres á quienes afectaba no gozarían de los beneficios de la ley hasta el año 1920.

Los Sres. Morote y Sala explicaron al Sr. Iglesias las modificaciones introducidas.

El Sr. Conde de Sagasta intervino en el debate diciendo:

«Habiendo tenido yo el honor de presentar el proyecto que se discute, creo cumplir con un ineludible deber al intervenir en este debate, y me va á perdonar la Cámara que haga algunas observaciones que creo del caso.

»En el proyecto que tuve el honor de presentar se decía que empezaría á regir esta ley el año 1912. La Comisión del Congreso aumentó un año y la del Senado consignó como fecha el de 1914.

»Yo no era de esa opinión, naturalmente.

»Los interesados me visitaron, y como transacción que yo propuse, aceptaron que ya que no se podía poner inmediatamente en vigor, como yo estimaba que podía hacerse, por lo menos en aquel plazo prudencial que exigían las circunstancias, se empezara á amortizar desde el primer momento un tanto por ciento, tanto por ciento que, teniendo en cuenta los datos que las personas interesadas en el asunto y conocedoras del problema me daban, representa el 25 por 100 de obreras que trabajan en Cataluña, núcleo principal del trabajo de la mujer, puesto que su número se eleva á 16.000 obreras, y el 25 por 100 lo forman casadas y viudas con hijos, las cuales serán sustituidas, según el proyecto que estamos discutiendo, el año 1914, y desde el 1915 empe-
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zará á amortizarse el 6 por 100; y como los señores de la Comisión pedían el 12 y los señores interesados en ese problema ó en esa transformación solicitaban el 3, el término medio que como solución de avenencia se adoptó fué el de 6 por 100.

•No excluimos á la mujer de los trabajos, salvo en aquellos casos en que la mujer no puede realizar el trabajo del hombre. Además, la mujer no puede trabajar en ciertos estados; pero entendemos que si está al pie de un telar y el hombre en igual trabajo gana 4 pesetas, la mujer debe ganar igual jornal. No lo entienden así los fabricantes, y por esto hay una tercera ó una cuarta parte menos de obreros, por punto general.

•Respecto á la rapidez del procedimiento por que hay que acomodarlo á las condiciones de nuestras fábricas, yo creo que, en efecto, no se puede de la noche á la mañana, ni en un mes, ni en una semana, modificar esto; pero si creo que podía haberse señalado un plazo como el que había indicado el Congreso, y así hubieran podido empezar á regir los beneficios de esta ley en el año 1912 •

Al día siguiente, con una rectificación del Sr. Iglesias, se aprobó el proyecto de ley.

DIA 12. -- El censo de Bilbao.—Fallo de la Audiencia.—Se comentó mucho una noticia recibida en esta fecha.
La Junta del Censo de Bilbao había eliminado de las listas á más de 5.000 electores, la mayor parte de ellos republicanos ó socialistas, lo cual tenía muy soliviantados á estos elementos, y el asunto se había tratado en el Congreso.
La Audiencia de Burgos revocó la exclusión, causando su fallo verdadero asombro en Bilbao.
El Alcalde y los Concejales liberales presentaron la dimisión.

Ampliación de la escuadra.—El Sr. Argüelles, en el Congreso, manifestó que la ley de escuadra no de-
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bía ser un empeño aislado. Sobre este punto deseaba conocer la opinión del Gobierno.

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros manifestó que no podía España, siendo lo que es y estando donde está, interrumpir las obras navales.

Afirmó que la base de la defensa nacional, sobre todo, tratándose de una península, está en el poderío naval.

Declaró que el Sr. Ministro de Marina presentaría en su día un proyecto de ley para la prosecución de la obra emprendida.

Anunció que en breve se reuniría la Junta de Defensa Nacional, que ultimaria el examen del problema desde el punto de vista que le atañía.

Creía posible la realización de una operación de crédito que fuera incursa en el propio contrato.

Estas declaraciones fueron muy comentadas, y los propósitos, censurados por la prensa.

Prisión preventiva de los Diputados.—Con objeto de acordar la contestación que había de dar á la consulta hecha por el Presidente del Congreso, acerca del procedimiento que haya de seguirse cuando el Juez decrete la prisión de un Diputado á quien se siga proceso, celebraron una reunión los que forman la minoría de Conjunción Republicano socialista.

A juicio de los reunidos, el Parlamento es el único árbitro en estos asuntos.

Los reunidos distinguían tres casos:
El primero se refiere al arresto por consecuencia de un juicio de faltas; el segundo, la prisión preventiva, para responder á las resultas de un proceso, y el tercero, sobre el cumplimiento de la sentencia.

En los dos últimos casos, que eran los más importantes, porque el primero se trató en el Parlamento, los conjuncionistas proponían que la prisión preventiva, teniendo en cuenta que puede evitarse por medio de fianza, debe el Diputado prometer solemnemente al Congreso que no evadirá la acción de los Tribunales, y en ese caso el propio Congreso debe garantizar al Diputado y quedar éste en libertad.
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Cuando haya sentencia firme, á lo que debe circunscribirse el Parlamento es á recomendar benevolencia, y á ser posible el indulto; pero sin entorpecer la acción de la Justicia.

Los radicales sostenían una opinión análoga, y que en todo caso deben ser consultadas las Cortes.

DIA 17. — Las Mancomunidades.—Comenzaba á moverse mucho la opinión política alrededor del proyecto de Mancomunidades.

El Sr. Canalejas se mostraba satisfechísimo del dictamen, diciendo que creía que lo firmarían todos, y que en la Comisión nadie pretendió encastillarse en una intransigencia para que prevaleciese su criterio.

En el dictamen, no obstante, se habían introducido reformas mucho más descentralizadoras y autonómicas que las del proyecto, como podría verse comparando ambos documentos. Como que los encargados de la reforma fueron los Sres. Cambó y Corominas; es decir, los jefes del regionalismo y del nacionalismo catalán.

Esto, por lo que respecta á la Comisión. Cuanto al Gobierno, el modo de apreciar la cuestión era vario. No coincidían tres Ministros en un criterio, y dentro del Gobierno, sólo el Sr. Canalejas estaba entusiasmado.

En la mayoría tampoco existía la soñada unanimidad. Aparte la actitud clara y resuelta del Sr. Moret, el Conde de Romanones no parecía muy satisfecho, y lo mismo podía decirse de otros personajes de la mayoría. En el estado llano de la misma, las Mancomunidades despertaban vivo recelo.

En una conferencia que celebró con el Sr. Moret el diputado nacionalista Sr. Corominas, éste le expuso el gran interés que tenían los elementos liberales catalanes en que las Mancomunidades se constituyeran democráticamente.

El ilustre ex Presidente del Consejo le recordó su proyecto de reorganización regional y sus opiniones, bien conocidas, respecto al problema de las mancomunidades, y le anticipó sus propósitos para cuando el proyecto se discutiera.
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DIA 18.—Discurso de Salvador.—En la alta Cámara comenzó el debate de presupuestos, con bastante desanimación.

El Sr. Salvador (D. Amós) hizo un excelente discurso para defender la teoría del presupuesto único y combatió el sistema de los extraordinarios, que van aceptando los Gobiernos, de poco tiempo acá, con grave daño de la Hacienda. El ex Ministro liberal salvó así su criterio personal, haciendo, en lo político, protesta de leal adhesión á la obra económica del Gobierno.

Discurso de Navarro Reverter.—El Sr. Ministro de Hacienda contestó.

Comenzó agradeciendo al Sr. Salvador el concurso que ofrecía á la obra del Gobierno, manifestando que era bueno que dentro de los partidos hubiera matices distintos, aunque siempre dentro del credo único, impuesto por la fe en el ideal y por los dictados de la disciplina.

Refiriéndose á lo del presupuesto único, dijo que ya conocía la antigua teoría, que pudo mantenerse en 1893 por el Sr. Gamazo, pero que no podría prevalecer hoy, por el desarrollo inmenso de las atenciones. Además, se proclamaba en aquel tiempo el presupuesto de las economías, pero en la realidad no aparecían éstas por ninguna parte.

El Sr. Alvarez Guijarro consumió el segundo turno en contra.

El Sr. Rosell, de la Comisión, recogió las afirmaciones hechas por el Sr. Alvarez Guijarro en contra del dictamen.

Las Mancomunidades.—Actitud de Romanones.—Hacía días que venía sumándose al Conde de Romanones entre los adversarios de dicho proyecto.

El Diario Universal, que tenía motivos para conocer el pensamiento de este ilustre hombre público, pues es su órgano en la prensa, dijo:

«El Conde de Romanones no ha expresado todavía opinión alguna acerca del proyecto referido, ni suscita-
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ría jamás dificultades al Gobierno oponiéndose á la realización de las aspiraciones regionales en cuanto no perjudican á la soberanía nacional.»

Después añadía la prensa bien informada:

•Aun descontada la sumisión del Presidente del Congreso á todo acuerdo del Gabinete, se dice de varios prohombres del partido liberal que están resueltamente contra el proyecto, aparte de los Sres. Moret y Montero, cuyas opiniones son bien diáfanas y conocidas.
»Como han surgido más chizpazos de disconformidad, el Sr. Canalejas declara cuestión de Gabinete la aprobación del proyecto, lo cual no acalla la protesta.
»Varios Diputados de la mayoría decían ayer tarde, en el Congreso, que por deber de conciencia é interpretando el mandato de sus electores, hablarán y votarán en contra del proyecto de Mancomunidades provinciales, y lamentarán mucho que el Gobierno persista en convertir el asunto en cuestión de Gabinete.»

Todo esto era exacto.

Al día siguiente, los Sres. Canalejas y Conde de Romanones visitaron al Sr. Moret, que tenía una hija enferma.

Con ocasión de la visita, los tres prohombres cambiaron impresiones sobre el proyecto de Mancomunidades y actitud de la mayoría.

El Sr. Canalejas expresó de un modo rotundo su propósito de sacar adelante el dictamen de la Comisión, y el Sr. Moret ratificó sus convicciones contrarias al proyecto.

Quedó, pues, planteado un problema de difícil solución, dado que el Sr. Canalejas persistiera en declararlo cuestión de Gabinete.

En el Consejo de Ministros se examinó el dictamen relativo al proyecto, y aun cuando los Ministros lo apreciaban de diverso modo, al declarar el Sr. Canalejas que la cuestión la hacía de Gabinete, la decoración cambió rápida y todos se mostraron sumisos y acordes.

Claro es que extrañó el cambio, porque el proyecto
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de dictamen había sido modificado, al punto de que el espíritu catalanista lo convertía en algo más concreto todavía que el proyecto de las Diputaciones catalanas.

Por virtud de las modificaciones introducidas, si bien en nada se tocaba al Derecho foral, los acuerdos adoptados por las Diputaciones catalanas se consideraban efectivos; en las delegaciones, los cinco números del proyecto se elevaban á 11, ampliando la posibilidad de las delegaciones.

Entre éstas figuraban doctorados, monumentos nacionales, construcción de edificios escolares, bibliotecas, archivos y Museos, etc.

Al hablar, por ejemplo, de los recursos de la Mancomunidad y forma de compensar los gastos de los servicios que se le traspasaban, se le cedían uno ó varios impuestos que el Estado tiene.

Existía, además, diferencia en la redacción de la fórmula, pues se exigía la delegación de las Cortes para que funcionara la Mancomunidad con delegación de servicios.

DÍA 20.—Reglamentación del juego.—El Ministro de Gracia y Justicia leyó en esta fecha en el Congreso el siguiente proyecto de ley:

«Artículo 1.º Los artículos 358 y 594 del Código penal vigente quedarán redactados en la siguiente forma:
«Art. 358. Los banqueros y dueños de casas de juego de suerte, envite ó azar no autorizados legalmente, serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas; y en caso de reincidencia, con las de arresto mayor en su grado máximo, á prisión correccional en el mínimo y doble multa.
»Los jugadores que concurriesen á las casas referidas, con las de arresto mayor en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas.»
«Art. 594. Los que en sitios ó establecimientos públicos promoviesen ó tomaron parte en cualquier clase de juegos de azar que no fueren de puro pasatiempo y recreo ó no estuvieren debidamente autorizados, incurrirán en la multa de 5 á 25 pesetas.»
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»La autorización á que se refieren los artículos anteriores sólo podrá concederse por el Ministerio de la Gobernación á las Sociedades de recreo de carácter privado, balnearios y Casinos establecidos legalmente y que lleven, cuando menos, dos años de existencia, previos los informes que se estimen necesarios, y mediante el impuesto que se establezca, que será del 25 por 100 del producto total que se recaude, aplicándose un 15 por 100 al Tesoro público y el 10 por 100 restante á la beneficencia municipal.

»Art. 2.º Los Ministros de Gracia y Justicia, Hacienda y Gobernación dictarán inmediatamente las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta ley.

»Madrid, 20 de Junio de 1912.—El Ministro de Gracia y Justicia, Diego Artas de Miranda.»

DÍA 21.—Montero Ríos y las Mancomunidades.—Visitó al Sr. Presidente del Senado el Sr. Conde de Romanones, poco antes del mediodía, llevándole el dictamen de la Comisión de Mancomunidades para que le estudiara, y diciéndole:

«Vengo de parte del Sr. Presidente del Consejo, el cual, aunque no olvida que usted es opuesto á estas tendencias, y por consiguiente, al proyecto de ley, le ruega que se entere del presente dictamen, acerca del cual vendrá él en persona á conferenciar con usted hoy mismo.»

«Pues, mire usted—contestó el Sr. Montero Ríos —, yo no puedo decir más al Sr. Canalejas de lo que le digo á usted: que, aun sin ver el dictamen, deben recordar que yo combatí esas orientaciones y esos propósitos cuando presentó ese proyecto el Sr. Maura, y que sigo pensando ahora lo mismo que pensaba entonces y es á saber: que considero esas tendencias, esos propósitos y esos proyectos de ley peligrosos para la causa sagrada de la unidad de la Patria.

»Pero, no obstante, que venga el Sr. Presidente del Consejo cuando quiera, pues siempre tengo mucho gusto en oírle.»
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desprovistos de fundamento; pero que más tarde tuvieron plena confirmación.

Escuetamente se decía: «El Rey ha indultado al Chato de Cuqueta, y el Presidente del Consejo ha presentado la dimisión de todo el Gabinete.»

La noticia así propalada no podía tener veracidad, pues en la conciencia de todos estaba que el Gobierno había examinado, hasta en sus menores detalles, la sentencia del Supremo, buscando la manera de conceder el indulto á todos los reos, sin excepción.

Lo ocurrido había sido lo siguiente:

A las dos y media de la tarde recibió el Sr. Canalejas un aviso urgente de Palacio, en que se le significaba que el Rey deseaba verle.

El Jefe del Gobierno se apresuró á acudir al regio alcázar, adonde llegó á eso de las tres menos cuarto.

El Rey expuso al Sr. Canalejas su deseo de que el Gobierno indultara al Chato de Cuqueta, y que, al efecto, viese la manera de hallar una fórmula que le permitiese realizar ese acto de piedad.

El Presidente del Consejo, por su parte, manifestó que durante toda la mañana había recibido multitud de peticiones en el mismo sentido; pero que como el Gobierno estimaba que sus acuerdos debían ser firmes, éstos debían prevalecer sobre todas las cosas.

Añadió que el Gobierno no tenía inconveniente en refrendar el indulto del reo; pero como estimaba que su acuerdo anterior contrario al indulto significaba una equivocación, ponía en manos de S. M. la dimisión de todo el Gabinete.

El Rey se apresuró á significar al Sr. Canalejas que no creía que el asunto tuviese el alcance que le daba, llegando hasta dimitir el Gobierno; pero el Presidente insistió en ello, y entonces S. M. le demandó consejo sobre lo que debía de hacer.

El Sr. Canalejas replicó que, á su juicio, debía llamar á consulta á los prohombres del partido liberal y al jefe del conservador.

Entonces el Rey le dijo:—Dése usted por consultado.
—Mi opinión—contestó el Sr. Canalejas—es que debe seguir gobernando el partido liberal.
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Al día siguiente se vieron en el Senado, y el Sr. Montero dijo al Sr. Canalejas que tenía que marchar á Curtis y Lourizán.

«Y como pudiera suceder —añadió—que estando yo ausente, el Gobierno necesitará en absoluto del Presidente del Senado, queda usted autorizado para publicar en el momento que le convenga mi dimisión en la Gaceta.»

Y por último, repitió que como él entendía que los dos proyectos de ley citados (el otro era el de autonomía universitaria) iban, más ó menos directamente, contra la unidad de la Patria, unidad que ha costado tantos siglos, tanto oro y tanta sangre conseguir, aunque no por completo, dimitiría antes de presidir una sesión en que hubiera de discutirse cualquiera de estas dos leyes.

DIA 22.—Las Mancomunidades.—Dictamen de la Comisión.—He aquí el dictamen sobre el proyecto de Mancomunidades que se leyó este día en el Congreso:

«Artículo 1.º Las provincias, representadas por sus Diputaciones, podrán mancomunarse para fines exclusivamente administrativos.
•La iniciativa para la constitución de la Mancomunidad corresponderá al Gobierno ó á cualquiera de las Diputaciones que lo deseen.
•La entidad que inicie la constitución de la Mancomunidad invitará á las Corporaciones provinciales que hayan de concertarse á que lo acuerden en principio, eligiendo cada una sus representantes, que redactarán reunidos un proyecto que comprenderá:
•1.º Las provincias que se trate de mancomunar.
•2.º Las facultades y servicios que correspondiendo exclusivamente por la ley Provincial á las Diputaciones, como organismos de la Administración de la provincia, se proponga traspasar á la Mancomunidad.
•3.º Las facultades y servicios atribuidos á la Administración central en materia de Obras públicas, de Ins-
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trucción ó de Beneficencia, cuyo ejercicio, por delegación del Gobierno, se solicite.

•4.º La duración por plazo fijo ó por tiempo indefinido de la Mancomunidad.

•5.º Los requisitos que, además de los establecidos por esta ley, estatuyan libremente las Diputaciones para el caso de disolución de la Mancomunidad, ó de separación de alguna de las provincias, no sólo respecto á la forma y tiempo en que deberá tomarse el acuerdo, sino á los compromisos económicos que deberán asumir las provincias que se separen.

•Este proyecto será sometido á la deliberación y aprobación de las Diputaciones en reunión general de las invitadas á mancomunarse, convocada por el Presidente de la entidad iniciadora y presidida por el Gobernador de la provincia donde se celebre la reunión, á la que tendrán que asistir, por lo menos, las dos terceras partes de los Diputados que compongan cada una de ellas. Las Diputaciones interesadas acordarán separadamente si aceptan ó no las bases aprobadas en la reunión general.

•Art. 2.º Para que las Mancomunidades puedan constituirse y ejercitar las facultades y servicios á que se refiere el número 2.º del artículo 1.º bastará con poner el acuerdo en conocimiento del Gobierno, el cual, desde luego, si se han cumplido todos los requisitos exigidos por esta ley y no se contradicen las generales del Reino que no resulten modificadas por la presente, concederá la autorización necesaria al efecto, procediendo entonces las Diputaciones á acordar el régimen interior de la Mancomunidad, de conformidad á lo dispuesto en el art. 4.º

•Las provincias que antes de la promulgación de esta ley hubiesen manifestado la voluntad de mancomunarse, mediante acuerdo de cada una de las Diputaciones, tomado en sesiones á que hayan asistido más de los dos tercios de los Diputados que las compongan y con el voto favorable de los dos tercios de los asistentes, podrán obtener del Gobierno autorización para constituirse en Mancomunidad, al solo efecto de asumir las facultades que las Diputaciones hubieren acordado ceder
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entre las que les reconoce la ley orgánica Provincial. No obstante, su régimen interior deberá acordarse mediante el procedimiento fijado en el art. 4.º

«Si la Mancomunidad se propusiere el cumplimiento de fines que, aunque exclusivamente administrativos, fuesen distintos de los que la ley Provincial asigna á las Diputaciones, la entidad ó entidades que lo soliciten, tanto si es una Mancomunidad ya establecida como si es una reunión de Diputaciones que traten de concertarse para este solo objeto, publicarán y remitirán á los Gobernadores civiles de las provincias interesadas, para su publicación en Boletines Oficiales extraordinarios y su circulación á todos los Ayuntamientos, la relación de los servicios y facultades de la Administración central cuyo ejercicio, por delegación del Gobierno, se solicite.

•Una vez publicados los Boletines Oficiales de referencia y entregados á los Ayuntamientos, se señalará por el Gobernador civil de la provincia, con un mes de antelación, el domingo en que los Ayuntamientos han de constituirse en sesión extraordinaria, que se convocará y celebrará con arreglo á la ley Municipal, para dar cuenta de la proposición acordada y para que sobre la aceptación de la misma, sin modificaciones, emitan los Concejales su voto personal, favorable ó adverso. Dentro del término de ocho días los Alcaldes remitirán al Gobernador y á la Diputación de su provincia y al Ministerio de la Gobernación certificación del acta de aquella sesión, documento en el cual deberá constar el resultado numérico de la votación recaída. Para que el proyecto de ampliación de la Mancomunidad ó de su constitución para un fin concreto, á que se refiere este artículo, pueda ser aprobado, serán precisos los votos favorables de las dos terceras partes de los Concejales votantes en cada provincia de las mancomunadas.

•Cuando la ampliación de facultades delegadas se limitase á servicios ó funciones que, habiéndose obtenido el asentimiento de los Concejales en la forma establecida en el párrafo anterior, no hubiesen sido concedidas por cualquier causa, no se necesitará nueva consulta para poner á la Mancomunidad en situación legal de poder solicitarlas y recibirlas, salvo que el Gobier-