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La despedida fué como el recibimiento.

El Ministro, en su viaje de vuelta, se detuvo en Tarragona y Reus, donde fué obsequiado con banquetes. Lo más notable de éstos fué el brindis del Conde de Romanones en Reus:

"Brindó—dijo el correspondial—por la ciudad de Reus y por la solidaridad catalana; no por la solidaridad negativa, exclusivista ó local, sino en concepto de unión con las demás regiones, mediante la cual se realicen las aspiraciones de Cataluña, á la vez que las de otras provincias, sin privilegios para unas ni detrimento de las otras." (Grandes aplausos.)

Los comensales acompañaron hasta la estación al Ministro, á quien despidieron con vitores y aplausos.

DIA 23.—Consejo de Ministros.—La cuestión catalana.—De vuelta de Barcelona el Ministro de la Gobernación, se celebró en esta fecha Consejo de Ministros, ocupándose especialmente de la cuestión catalana. Véase lo que decía la nota oficial:

"Entróse luego en el examen de la cuestión de Barcelona: hizo extenso y circunstancial relato de su viaje el Ministro de la Gobernación, advirtiendo el Consejo con singular complacencia cómo se habían relacionado todas las representaciones oficiales y oficiosas, cuanto supone fuerza viva en la Ciudad Condal, con el miembro del Gabinete, y cómo ante él expusieron sus deseos y aspiraciones.

"De ellas facilitó las oportunas notas á sus compañeros el Ministro de la Gobernación, y cuantos extremos comprende habrán de obtener muy pronta solución tras un breve estudio.

"Tiene el Gobierno el firme propósito de que los viajes oficiales procuren disposiciones eficaces, y así como la visita de S. M. el Rey traduciráse desde luego en reformas y mejoras para el archipiélago; así como por virtud de los viajes del Ministro de Fomento á Andalucía estudíanse hoy diferentes obras hidráulicas que puedan solu-
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cionar mañana el difícil problema agrario, la permanencia del Ministro de la Gobernación en Barcelona durante los últimos días ha de producir inmediatas medidas de gobierno.

"Tras del minucioso análisis de la situación de Barcelona, se estudió, como primer punto, si procedía o no restablecer las garantías constitucionales en Cataluña. Por acuerdo unánime del Consejo y después de expressa manifestación de cada uno de los Ministros, resolvióse el levantamiento de la suspensión, publicándose en la Gaceta al propio tiempo que el decreto á esta medida referente, la ley de Jurisdicciones y la Real orden que para su interpretación se ha dictado.

"En lo que toca á determinadas solicitudes que formularon diferentes entidades de Barcelona, en sentido descentralizador, los Ministros convinieron en estuarlas rápidamente para satisfacerlas en cuanto tienen de legítimas, si bien siempre con carácter de absoluta generalidad para todas las provincias españolas.

"Igual diligente examen ha de hacer el Gobierno de las demandas de carácter local que los barceloneses consignaron ante el Ministro de la Gobernación."

El Conde de Romanones invirtió hora y media en su labor informativa, exponiendo sus manifestaciones en estos ó parecidos términos:

"Hay que ir resueltamente á una política que se inspire en la confianza en Cataluña, pues no hay razón que justifique recelos y temores."

El problema socialista, el anarquista, el económico, el político en todos sus aspectos, fué objeto de detenido examen, afirmando el Ministro su impresión en el sentido de que la acción del Gobierno debe ser activa y eficaz.

Nada de ponencias, nada de perder el tiempo, marcarse una línea de conducta y seguirla sin vacilaciones, á fin de que no se puedan justificar las censuras que le vienen dirigiendo por ofrecimientos incumplidos y por la indiferencia con que se ha mirado este problema.

No ocultó el Ministro en su informe que no todos, ni
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mucho menos, estaban conformes en Barcelona con el restablecimiento de la normalidad constitucional; quizá estuvieran en mayoría los partidarios de que continuase el estado de excepción.

"«Pero—dijo el Ministro— yo vengo ante el Consejo, después de dar cuenta de los informes, á exponer la opinión personal que he formado, recogiendo para mí las responsabilidades que se deriven de esta política, y esa opinión es que hoy mismo se debe proceder al restablecimiento de las garantías.»"

Al Sr. Conde de Romanones se le objetó que era incompleta de la información, pues—decían algunos—sus conferencias sólo fueron con republicanos y catalanistas de todos matices, con los que tenían interés en exagerar sus males para obtener del Gobierno más de lo justo; pero no confirió con los representantes de los partidos monárquicos y con otras entidades, cuya opinión era conveniente conocer.

La ley de Jurisdicciones.—En esta fecha la publicó la Gaceta, y decía así:

"«DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España;
"A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
"Artículo 1.º El español que tomara las armas contra la Patria bajo banderas enemigas ó bajo las de quienes pugnaran por la independencia de una parte del territorio español, será castigado con la pena de cada temporal en su grado máximo á muerte.
"Art. 2.º Los que de palabra, por escrito, por medio de la imprenta, grabado, estampas, alegorías, caricaturas, signos, gritos ó alusiones, ultrajarse á la Nación, á su bandera, himno nacional ó otro emblema de su representación serán castigados con la pena de prisión correccional.
"En la misma pena incurrirán los que cometan igua-
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les delitos contra las regiones, provincias, ciudades y pueblos de España y sus banderas ó escudos.

"Art. 3.º Los que de palabra ó por escrito, por medio de la imprenta, grabado ó otro medio mecánico de publicación, en estampas, alegorías, caricaturas, emblemas ó alusiones, injurien ó ofendan clara ó encubiertamente al Ejército ó á la Armada, ó á Instituciones, Armas, clases ó Cuerpos determinados del mismo, serán castigados con la pena de prisión correccional. Y con la de arresto mayor en sus grados medios y máximo á prisión correccional en su grado mínimo, los que de palabra, por escrito, por la imprenta, el grabado ó otro medio de publicación, instigaren directamente á la insubordinación en institutos armados ó á apartarse del cumplimiento de sus deberes militares ó personas que sirvan ó estén llamadas á servir en las fuerzas nacionales de tierra ó de mar.

"Art. 4.º La apología de los delitos comprendidos en esta ley, y la de los delincuentes, se castigarán con la pena de arresto mayor.

"Art. 5.º Los Tribunales ordinarios de Derecho conocerán de las causas que se instruyan por cualquiera de los delitos á que se refieren los artículos 1.º, 2.º y 4.º de esta ley, siempre que los encausados no pertenezcan al Ejército de mar ó tierra y no incurrieren por el acto ejecutado en delito militar. De las causas á que se refiere el artículo 3.º conocerán los Tribunales del fuero de Guerra y Marina.

"Cuando se cometieren al mismo tiempo dos ó más delitos previstos en esta ley, pero sujetos á distintas jurisdicciones, cada una de éstas conocerá del que le sea respectivo.

"El párrafo 1.º del caso 7.º del art. 7.º del Código de Justicia militar, y el núm. 10 del art. 7.º de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Marina quedan modificados en la siguiente forma:

"a) Código de Justicia militar:
"Art. 7.º Por razón del delito, la jurisdicción de Guerra conoce de las causas que contra cualquiera persona se instruyan por...
"Séptimo. Los de atentado ó desacato á las Autoridades militares, los de injuria y calumnia á éstas y á las
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Corporaciones ó colectividades del Ejército, cualquiera que sea el medio empleado para cometer el delito, con inclusión de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicación, siempre que dicho delito se refiera al ejercicio de destino ó mando militar, tienda á menoscabar su prestigio ó á relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los organismos armados, y los de instigación á apartarse de sus deberes militares á quienes sirvan ó estén llamados á servir en aquella institución."
"b) Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Marina:
"Art. 7.º Por razón del delito, conocerá la jurisdicción de Marina en las causas que contra cualquier persona se instruyan por los siguientes:
"10. Los de atentado y desacato á las Autoridades de Marina, los de injuria y calumnia á éstas ó á las Corporaciones ó colectividades de la Armada, cualquiera que sea el medio empleado para cometer el delito, con inclusión de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicación, siempre que dicho delito se refiera al ejercicio del destino ó mando militar, tienda á menoscabar su prestigio ó á relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los organismos armados, y en los de instigación á apartarse de sus deberes militares á quienes sirvan ó estén llamados á servir en las fuerzas navales.
"Art. 6.º En las causas que según esta ley corresponda instruir y fallar á los Tribunales ordinarios de Derecho, el Fiscal no podrá pedir el sobreseimiento sin previa consulta y autorización del Fiscal del Tribunal Supremo. Tampoco podrá retirar la acusación en el juicio oral sino en escrito fundado, previa consulta y autorización (si no asistiese al acto) del Fiscal de la Audiencia respectiva. En los casos en que habiendo sostenido la acusación la sentencia sea absolvatoria, deberá preparar el recurso de casación.
"Art. 7.º Practicadas las diligencias precisas para comprobar la existencia del delito, sus circunstancias y responsabilidad de los culpables, se declarará concluso el sumario, aunque no hubiese terminado la instrucción de las piezas de prisión y de aseguramiento de responsabilidades pecuniarias, elevándose la causa á la Audien-
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oia, con emplazamiento de las partes por término de cinco días.

"La Sala continuará la tramitación de dichas piezas si no estuvieren terminadas.

"Art. 8.º Confirmado, si así procede, el auto de terminación de sumario, se comunicará la causa inmediatamente por tres días al Fiscal, y después, por igual plazo, al acusador privado, si hubiere comparecido.

"Uno y otro solicitarán por escrito el sobreseimiento, la inhibición ó la apertura del juicio. En este último caso formularán además las conclusiones provisionales y articularán la prueba de que intenten valerse.

"El plazo de tres días concedido al Ministerio fiscal sólo se suspenderá á instancia de éste, cuando se eleve consulta al Fiscal del Tribunal Supremo sobre la procedencia de la pretensión de sobreseimiento y hasta que la consulta sea resuelta.

"Art. 9.º El término para preparar el recurso de casación por infracción de ley será el de tres días, contados desde el siguiente al de la notificación de la sentencia.

"El recurso de quebrantamiento de forma se interpondrá en el mismo plazo, y en su caso á la vez que se anuncie el de infracción de ley.

"Dentro del término del emplazamiento, que será de diez días, se interpondrá el recurso por infracción de ley si estuviera anunciado ó preparado. Ambos recursos, si se hubieran interpuesto, se sustanciarán conjuntamente en el Tribunal Supremo, y los autos se pondrán de manifiesto á las partes en los traslados que procedan.

"El Tribunal Supremo sustanciará y resolverá estos recursos con preferencia á los demás, excepto los de pena de muerte, aun cuando sea en el período de vacaciones.

"Art. 10. Dentro de los cinco días siguientes al de haberse puesto en ejecución la sentencia, en caso de condena, ó de ser firme la sentencia absolutoria, el Tribunal remitirá los autos originales á la Inspección especial de los servicios judiciales, á fin de que ésta los examine y manifieste por escrito, dentro de cinco días, á la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo cuanto se le ofrezca sobre regularidad en el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales que hayan intervenido en cada proceso, ob-
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servancia de los términos y conducta del personal de justicia. En su vista, dicha Sala tomará las determinaciones que estime convenientes dentro de sus facultades, provocará la acción de los Presidentes de los Tribunales y de sus Salas de Gobierno para el ejercicio de sus respectivas atribuciones y expondrá al Gobierno lo que además estime procedente.

"Art. 11. Los procesos sobre delitos definidos en esta ley para cuya perpetración se haya utilizado la imprenta, el grabado ó otro medio mecánico de publicidad, se dirigirán, cualquiera que sea la jurisdicción que de ellos conozca, contra la persona responsable, guardando el orden que establece el art. 14 del Código penal.

"Para este efecto y los del art. 14 del Código penal, los Senadores ó Diputados, mientras el respectivo Cuerpo Legislativo no haya dejado expedita la acción judicial, serán equiparados á los exentos de responsabilidad criminal.

"Los procedimientos para la persecución de los delitos á que se refieren los artículos 2.º, 3.º y 4.º de esta ley sólo podrán incoarse dentro de los tres meses después de la fecha de su comisión.

"Se entenderán sujetos á esta ley todos los impresos comprendidos en los artículos 2.º y 3.º de la ley de Policía de imprenta, con excepción de los libros.

"Art. 12. Cuando se hubieren dictado tres autos de procesamiento por delitos de los definidos en esta ley y cometidos por medio de la imprenta, el grabado ó cualquiera otra forma de publicación, ó en Asociaciones, por medio de discursos ó emblemas, podrá la Sala segunda del Tribunal Supremo, á instancia del Fiscal del mismo, y sea cualquiera la jurisdicción que haya conocido de los procesos, decretar la suspensión de las publicaciones ó Asociaciones por un plazo menor de sesenta días, sin que sea obstáculo al ejercicio de esta facultad el que se promueva cuestión de competencia después de dictado el tercer procesamiento.

"Si se hubieren dictado tres condenas por los expresados delitos, cometidos en una misma Asociación ó publicación, la propia Sala segunda del Tribunal Supremo, á instancia del Fiscal del mismo, y sea cualquiera la juris-
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dicción que haya conocido de los procesos, podrá decretar la disolución ó la supresión, respectivamente, de aquéllas.

"La sustanciación para acordar la suspensión y supresión á que se refieren los dos párrafos precedentes se sujetará á la forma establecida para el recurso de revisión en el art. 959 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

"Art. 13. En todo lo que no sea objeto de disposición especial de esta ley se estará, respectivamente, á lo preceptuado en el Código penal, en la ley de Enjuiciamiento criminal del fuero ordinario y en las leyes penales y de procedimientos del fuero de Guerra y del de Marina.

"Art. 14. Quedan derogadas todas las disposiciones penales y de procedimiento en cuanto se opongan á lo preceptuado expresamente en la presente ley.

"Art. 15. La presente ley se aplicará en todas sus partes desde el dia siguiente de su inserción en la Gaceta.

"Por tanto:
"Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

"Dada en Palacio á veintitrés de Marzo de mil novecientos seis.—YO EL REY.—El Presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret."

Instrucciones.—A la vez publicó la Gaceta la siguiente Real orden de la Presidencia á los Ministerios de Gracia y Justicia, Guerra y Marina, con instrucciones para la aplicación de la citada ley.

Fué ésta una circular hecha por el Sr. Moret con el propósito de suavizar la aplicación de la ley nueva.

Decía así:

"Las circunstancias en que ha sido discutida por las Cámaras la ley para la represión de los delitos contra la Patria y el Ejército; el carácter completamente distinto que su examen ha revestido en cada una de las dos Cámaras; la atmósfera de apasionadas apreciaciones en que se la ha envuelto, llegándose á suponer unas veces que iba encaminada contra las manifestaciones de determinadas
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opiniones políticas, y otras que se dirigía contra tendencias especiales de algunas localidades, exigen que en el momento de comenzar su aplicación llame el Gobierno la atención de los encargados de cumplirla acerca de su verdadero y preciso carácter.

"Este se desprende con entera claridad de su simple y atenta lectura. La esencia de la ley reside, en realidad, en sus tres primeros artículos, en los cuales se define un delito que antes no existía en el Código penal, y que circunstancias lamentables, no ciertamente exclusivas de España, sino más bien debidas á un movimiento general en Europa, han reclamado con imperiosa exigencia se incluya en la lista de los crímenes.

"Eos artículos son tan precisos y terminantes, y han salido de la discusión tan analizados y estudiados, que el espíritu más preocupado no hallará en ellos la menor ambigüedad ó la duda más pequeña para su recta aplicación; tan claro es el contenido de sus conceptos y tan cuidadosamente se ha aquilatado el valor de las palabras. Por eso, con sólo fijarse en ellas queda alejada toda idea de persecución á la tendencia, de castigo á la doctrina, de delincuencia por el pensamiento. No hay delito más que en el hecho, y en el hecho definido, claro y terminante: en el ataque armado contra la Patria, en el ultraje contra la Nación, en la injuria ó ofensa contra el Ejército ó la Armada y en la apología de esos delitos.

"Declámsese, pues, cuanto se quiera, hágase alarde de supuestas condenaciones, el buen sentido del pueblo hará justicia á la rectitud de los legisladores, y los Tribunales mostrarán con sus fallos que si la ley ampara eficaz y vigorosamente la unidad de la Patria y la disciplina del Ejército, en nada empece ni dificulta la libre predicación de las doctrinas, la defensa de los programas ó la exposición de las aspiraciones regionales, cuya integridad ha sido expresamente reconocida en el párrafo 2.º del artículo 2.º

"Y esa es toda la ley: fuera de éstas, el resto de sus disposiciones está consagrado al procedimiento y al propósito que guió al Gobierno al presentarla: de hacer que la averiguación del culpable sea cierta y seguro el inmediato castigo, sin lo cual la ley carecería de ejemplaridad y eficacia."
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entiende que está la defensa entera y verdadera de la Patria y de la institución armada. La Patria es una abstracción, si no se encarna en la fuerza, en el Ejército. Proveamos á rodear de garantías y de prestigios á la bandera, emblema de gloria y de honor, y con eso defendemos la independencia nacional."

El Sr. Moret pintó en términos elocuentes el avance del antimilitarismo en Francia, en Inglaterra, en Italia, y no hay que decir en Rusia y en otros Imperios en ruina.

"En presencia de tan grave mal, ¿discutiremos sobre jurisdicciones, competencias y fueros?
"Si disputamos, si no nos unimos como hermanos en esta campaña común, el resultado será desgarrar la Patria y reproducir la sedición; el dolor de ver, como en el 73, á los barcos de guerra declarados piratas y perseguidos por otros barcos."

Cuando el Sr. Moret dijo estas palabras, se produjo una honda emoción en la Cámara.

Y luego, al hablar de la crisis que había estado á punto de producirse en el seno del Gabinete, el Sr. Moret dijo que todos los Ministros, incluso el de la Guerra, comenzando por el de la Guerra, habían estado conformes en repudiar las crisis extraparlamentarias, una más en esta larga serie de faltas á la Constitución.

Subrayó el Presidente del Consejo estos párrafos de su discurso condenando las crisis extraparlamentarias, y hubo más de un Senador y un Diputado que comprendiera todo el alcance de la alusión.

Por fin dijo:

"Cuando se cambiaron impresiones sobre el proyecto en Consejo de Ministros, surgió una diferencia de apreciación en su seno. El Ministro de la Guerra, apartándose, no en la parte esencial, sino en la que podríamos llamar secundaria, en la de jurisdicción, entendió que el conocimiento de estos delitos correspondía á los Tribunales militares, cuya jurisdicción debía reconocerse.

"Pero, afortunadamente—añadió—, á pesar de tal di-
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"En este orden de ideas, y dado el estado de nuestra legislación, en especial lo consignado en el caso 7.º del artículo 7.º del Código de Justicia militar, fué requisito indispensable, no sólo la derogación de la excepción introducida por la ley de 1.º de Enero de 1900, sino la introducción de los artículos 11 y 12, que se refieren á los delitos cometidos por medio de la imprenta. Esos artículos, que han sido objeto de cuidadosa redacción y estudio por las Comisiones de ambas Cámaras, exigen especial atención de los llamados á aplicarlos; porque si bien los delitos cometidos por los medios mecánicos de publicidad mencionados en el art. 11 son los que dieron origen á hechos que pusieron un momento en peligro el orden público y perturbaron la tranquilidad de muchas conciencias que nunca habían sospechado pudiera herirse á un tiempo á la santidad de la Patria y á la disciplina del Ejército, en cuanto éste es la expresión de la Patria armada, no debe olvidarse que nuestra sociedad política está fundada en la libertad de imprenta y en el respeto á los derechos de la conciencia, y, que por tanto, las Autoridades dependientes de los respectivos Ministerios que han de intervenir en la aplicación de la ley se han de fijar desde el primer momento en las dos nociones que han presidido á su redacción, á saber: en la naturaleza y especialidad de los delitos que en ella se castigan y en la clara limitación de sus disposiciones, de manera que nunca puedan aplicarse á actos ó á ofensas que no estén taxativa y concretamente marcados en su texto.

"Recuérdese que á este fin se hizo desaparecer de él el calificativo de indirecto, aun cuando esa noción aparece en varios artículos del Código penal; eliminación de un grande y lógico sentido, pues nada sería más detestable y digno de censura que confundir la salvación de la Patria y la defensa de la disciplina militar, ideas fundamentales y estrechamente enlazadas entre sí, con las habituales licencias de estilo y de pensamiento que, por desgracia, aparecen en la prensa periódica sin propósito deliberado de defender ó de destruir aquellos principios fundamentales.

"Téngase, además, en cuenta, que esta ley en nada altera el sistema del Código penal ó de las leyes especia-