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que en ella figurara un representante de cada Cámara. Esta comisión se dividió en las cinco subcomisiones siguientes:

Reorganización política y administrativa: formada por los Sres Alzola, Alba, Clot, Rodríguez, Laporta y Capicheli.

Hacienda: formada por los Sres. Espinós, Madolell, Odriozola, Vázquez, López y Valor.

Fomento: por los Sres. Curbera, Redondo, Bellido, Ibran y Forcada.

Justicia: los Sres. Virgili, Echevarría, Chavarria, López Trigo y San Román.

Guerra y Marina: los Sres. Lacave, Orbea, Casanovas, Rivas y Segerdah.

***

No negaba la generalidad de las gentes buen deseo á estos señores asambleístas (aunque no todos eran guiados por los mismos móviles); pero se decía que tenían sobra de presunción y falta de autoridad. En efecto; sin dudar de su honradez de propósitos, resultaba que, como si ellos fueran impecables, censuraban las mismas corruptelas, los mismos abusos de que ellos mismos estaban llenos, y á los cuales debían algunos su posición.

Clamaban contra la política y no hacían ellos más que politiquear. De alguno se decía que hablaba pestes contra la representación parlamentaria y había abrumado á cartas—él ó persona de su familia—al Sr. Sagasta para que le hicieran diputado. Hablaban otros contra la acumulación de sueldos y ellos no desperdiciaban ripio.

El Imparcial y El Liberal emplearon en loor de esta Asamblea sus más entusiásticos calificativos, suponiendo que de ella podía salir la regeneración de España.

El Heraldo echó una de cal y otra de arena. El Nacional dijo lo siguiente:

"Pena más que otra cosa sugiere esa Asamblea, porque de ella se saca la convicción de que no algo, sino todo, está podrido en Dinamarca.

"Se culpa de charlatanismo á los políticos, y lo de Zaragoza no es más que un ataque agudísimo le charlatane-
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se hizo público el hecho ni se resolvió la cuestión, que se desenvolvió del modo siguiente:
La primera noticia del conflicto provocado por la carta de nuestro Ministro en Washington, la tuvo el Gobierno por el propio Sr. Dupuy de Lome.

«Me aseguran, decía dicho señor en telegrama dirigido al Ministro de Estado, que el periódico The Journal pu-

D. ENRIQUE DUPOY DE LOME

blicará un facsímil de una carta que dirigi al Sr. Canalejas en el mes de Diciembre a la Habana, y que contiene conceptos ofensivos para Mac-Kinley.
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ría. No consiste ésta en que los discursos sean breves—en la Asamblea se ha acordado que no excedan de diez minutos—sino en que todo el mundo, á tontas y á locas, se crea capacitado para hablar de todo lo que no sabe.

"Suele decirse que es un disparate que un hombre político sea aplicado indistintamente á cualquier ministerio. ¿Qué diremos ahora de esos comerciantes que se aplican á resolver absolutamente todas las cuestiones del Estado? Será, en efecto, ridículo que un Capdepón sirva lo mismo para Ultramar que para Gobernación y que para Gracia y Justicia; pero, y un Forcada, dictador en Hacienda, en Guerra, en Marina, en Estado, en Gracia y Justicia, en Fomento, en Gobernación, ¿no es mucho más ridículo?

"Pues eso es la Asamblea de Zaragoza. Si esto fuese un país mal gobernado, pero sano en el fondo, las Cámaras de Comercio discutirían y acordarían sobre relaciones mercantiles, poniéndose de acuerdo para la inspiración de un arancel; sobre cuestiones bancarias y de crédito; sobre tribunales de comercio; sobre relaciones entre el capital y el trabajo; sobre el seguro mercantil; sobre garantías contra la mala fe en las quiebras; sobre la enseñanza del comercio; sobre transportes y mercados, etc. La cuestión general financiera no la tratarían sino para exponer sus quejas contra el sistema tributario y el fisco.

"Pues lo contrario de esto es lo que se va á hacer ó se está haciendo en Zaragoza. De asuntos verdaderamente mercantiles, ni media palabra. En cambio, se discute sobre las clases pasivas, sobre el Tribunal de Cuentas, sobre enseñanza universitaria, sobre Guerra, sobre Marina... y sobre la renta del Excusado.

"Y dicen muy ufanos los asambleístas que ellos representan la verdadera voluntad de su clase en contra de la amañada representación parlamentaria. Nosotros no sabemos qué son los representantes de las provincias; á los de Madrid sí los conocemos, y apostamos la cabeza á que el comercio madrileño no se cree completa ni siquiera dignamente representado por esos señores.

"¡Regenerador el Sr. Ruiz de Velasco, cabildo del Circolo de la Unión Mercantil por no sabemos qué historias de nuestro Ayuntamiento! ¡Regenerador el Sr. Clot, cuya úl-
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tima victoria municipal consistió en una reducción del impuesto á las muestras de las casas de préstamos "industria humanitaria y filantrópica", según él! ¡Regenerador, el Sr. Forcada, maestro cantor de las Compañías de ferrocarriles en sus relaciones con el comercio!"

DÍA 22.—La asamblea de Zaragoza.—Primera sesión.—Abierta ésta, el Sr. D. Pablo Alzola, de Bilbao, presidente de la comisión del cuestionario, propuso como base de todas las conclusiones la afirmación de la unidad de la patria, como idea superior á todas, sin distinciones de escuela.

(Aprobóse por aclamación).
Un secretario da lectura al dictamen de la subcomisión de organización política y administrativa, concebido en los siguientes términos:

«Régimen representativo, sinceramente practicado por los organismos provinciales y municipales.—Extender el actual sistema electoral á la representación de clases, incluso la obrera.—El mismo procedimiento se practicará para la elección de diputados á Cortes.—Se considera necesario y urgente conceder á las provincias y Municipios amplia descentralización económica y administrativa.—Al efecto, se reorganizarán estos organismos para llenar aquel fin.—Las provincias podrán formar agrupaciones respectivas, con la conformidad de la mayoría de los Ayuntamientos interesados.

»Agrupaciones de los pueblos hasta constituir Municipios que comprendan más de mil habitantes, salvo en las provincias de Galicia, donde, por sus condiciones especiales, se exige un régimen excepcional.

»Creación de grupos de comisiones permanentes en los Ayuntamientos de capital de provincia y pueblos de más de diez mil habitantes, que se encarguen de la administración municipal, fuera de los periodos de sesiones que marcará la ley.

»Supresión de las juntas municipales.

»Los alcaldes, sin excepción, serán elegidos por los Ayuntamientos.

»Incompatibilidad de los cargos de diputado y senador
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electivo, con los de empleados administrativos y con los de presidente y consejero de sociedades de ferrocarriles, de crédito y otras subvencionadas por el Estado.

»Los cargos de senador y diputado no confieren categoría administrativa ni habilitarán para desempeñar destinos públicos.

»Creación de la carrera de administración civil del ramo en que no lo esté todavía.

»Establecer el ingreso por oposición con propuesta unipersonal, inamovilidad y responsabilidad en los empleados públicos, simplificando el expedienteo.

»Todos los cargos de los servicios del Estado, incluso los de director general, tendrán carácter técnico, proveyéndose en las respectivas carreras, reservando como nombramiento político exclusivamente los de ministro de la Corona y los de subsecretario.

»Mejoramiento de la clase obrera, llevando á cabo aquellas reformas ya ensayadas con éxito en otros países.»

El Sr. Alzola apoyó brevemente el dictamen, y después de alguna discusión, fué aprobado.

Día 23.—La Asamblea de Zaragoza.—Segunda sesión.—El Sr. Pérez, delegado de Cartagena, ocupó la presidencia.

Procédese á la lectura de las conclusiones relativas á Fomento, las cuales están divididas en tres grupos.

El Sr. Alzola, presidente de la comisión, las apoyó con brevedad.

Sin debate alguno, quedó aprobado el primer grupo, que estaba redactado en esta forma:

«Instrucción pública. Efectividad del presupuesto de enseñanza elemental gratuita y obligatoria. Transformación de la instrucción pública general dándole un carácter positivo y práctico, reduciendo el número de Universidades, creando escuelas de agricultura y de aplicación á las diferentes industrias, y favoreciendo la actual carrera de comercio. Reorganización de estudios en todos los órdenes escolares, y radical reforma en los abusos que vienen cometiéndose en la imposición de libros de texto.»
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El segundo grupo estaba redactado así:

«Fomento de la riqueza nacional. Protección directa á construcción de canales y pantanos. Crédito agrícola en la forma más sencilla y asequible á los pequeños labradores. Fomento de la agricultura, industria y ganadería nacional y de la inmediata repoblación de montes. Autorización del libre cultivo del tabaco en todas las regiones de España. Supresión de las Juntas de agricultura, industria y comercio en las poblaciones donde existan Cámaras de Comercio ó Agrícolas, concediendo á éstas personalidad propia, mediante una reorganización análoga á la que tienen en el extranjero. Tratado de propiedad intelectual con las repúblicas hispano-americanas. Reducción de las ventajas otorgadas á los concesionarios de privilegios de importación.»

Las conclusiones de este grupo fueron aprobadas después de un ligero debate con una enmienda en que quedó suprimida la palabra «libre», referente al cultivo del tabaco.

Acto seguido se dió lectura al tercer grupo. Este decía así:

«Vías terrestres y marítimas.—Revisión general por una junta, en que tendrán participación las Cámaras de Comercio y Agrícolas, las cuales elegirán por sí mismas sus delegados, de todas las tarifas de ferrocarriles y de cuantos problemas afecten á los intereses que aquéllas representan. Ejecución urgente de ferrocarriles secundarios. Reorganización de las juntas de obras de puertos y modificación de las disposiciones vigentes sobre practicajes. Protección á la construcción de buques en España y primas á la navegación de altura.»

El párrafo primero quedó aprobado casi sin discusión.
Respecto al punto de ferrocarriles habló únicamente el Sr. Forcada.
Con algunas observaciones del Sr. Orbea, se aprobó asimismo el segundo
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Dióse en seguida lectura del dictamen de guerra y marina, que decía así:

"Primero. Servicio militar obligatorio sin redención ni sustitución.

"Segundo. Reorganización completa de los servicios del ejército y la marina, procurando la mayor economía compatible con las necesidades de la defensa nacional y el mantenimiento del orden.

"Tercero. Revisión de las recompensas militares otorgadas en las últimas campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por una junta designada al efecto, y en la que tengan representación todos los institutos del ejército y de la armada.

"Cuarto. Las construcciones navales se harán por la industria particular de la nación.

"Quinto. Refundición de los ministerios de Guerra y Marina en uno solo.

"Sexto. Incorporación al ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, de todo lo concerniente á la marina mercante."

También este dictamen fué aprobado tras alguna discusión.

Dimisión del general Blanco.—El jefe del gobierno transmitió por el cable al capitán general de Cuba el decreto en que se le admitía la dimisión.

Los términos de esta disposición eran los siguientes:

«Tomando en consideración las razones expuestas por el capitán general de ejército D. Ramón Blanco y Erenas, marqués de Peña Plata, en nombre de Mi augusta Hijo el rey D. Alfonso XIII, y como reina regente del reino, vengo en admitirle la dimisión de los cargos de gobernador general y capitán general de la isla de Cuba, quedando altamente satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que los ha desempeñado.

»Dado en Palacio á veintitrés de Noviembre de mil ochocientos noventa y ocho.—Maria Cristina.—El presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
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DÍA 24.—Comisión de la paz.—Intransigencia de los yankis.—Se celebró Consejo de ministros, que fué importante.

Comenzó por la lectura de un despacho del Sr. Montero Ríos, proponiendo una última gestión, á fin de apurar todos los recursos imaginables en defensa de los intereses de España.

Hubo ministro que se inclinaba por aceptar y poner en práctica la indicación del Sr. Montero Ríos; pero sostuvo este parecer tan sólo el tiempo que tardó en conocer detalles importantes del último memorandum de los americanos, del cual dió lectura el duque de Almodóvar.

—La lectura—nos dijo un ministro—dejó una impresión de pena y de amargura en el ánimo de todos.

Los americanos se desentienden de toda razón.

Dicen—entre otras cosas—que rechazan la proposición de arbitraje, porque este medio se utiliza cuando se trata de naciones iguales; pero entre vencedores y vencidos no hay esa igualdad, y toda diferencia se dirime por la voluntad del vencedor, que es el más fuerte.

Esta afirmación es la que sirvió de base principalmente para que el Gobierno no quisiera intentar nuevas dilaciones, que estimó habían de resultar totalmente estériles.

—Hay que acabar cuanto antes, dijeron otros ministros. Con una dilación más, nada vamos á conseguir en beneficio de nuestro país, y nos exponemos á que la ambición de los yankees empeore todavía las condiciones de la paz, puesto que se desconoce la razón y el derecho, y no hay más ley que la del más fuerte.

Prevalió este criterio, y se designó una ponencia de los ministros de Estado y Ultramar para que redactaran el telegrama de contestación al Sr. Monsero Ríos.

Los ponentes se apartaron en el acto de sus compañeros, redactaron el despacho y fué aprobado.

Acuerdo de suscribir la paz.—Quedó resuelto en principio. Las diferencias de criterio manifestadas en anterior Consejo sobre si el Gobierno estaba autorizado para renunciar la soberanía de España en Filipinas, pudieron armonizarse por la condición que los norteamericanos
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consignaban de que el tratado de paz era ad referendum, con arreglo á las leyes de cada país.

El gobierno americano llevaría el convenio al Senado de su país, y el de España sometería el tratado á la aprobación de las Cortes.

Asamblea de Zaragoza.—En esta sesión se aprobó el dictamen de la comisión de Justicia, que decía así:

"1.º Reorganización de la carrera jurídica con independencia absoluta del poder gubernativo.
Ingreso en la carrera por oposición.
Separación efectiva de las carreras judicial y fiscal.
Reforma de los preceptos legales, relativos á la responsabilidad de jueces y magistrados, facilitando el modo de ejercerla, y no reduciéndola á una facultad puramente ilusoria.
2.º Reforma en el procedimiento.
Jurisdicción mercantil con tribunal y ley de enjuiciamiento especial.
Administración de justicia rápida y económica, castigando con penas aflictivas al litigante insolvente declarado temerario.

Día 15.—Asamblea de Zaragoza.—Se aprobó en esta sesión el dictamen de Hacienda que decía así:
Primera parte.—1.º Unificación de la Deuda pública sobre la del respeto á los derechos de los acreedores del Estado.
2.º Estimular la declaración exacta de toda riqueza inmueble é industrial por medio de reformas en los procedimientos para la imposición y reparto.
3.º Reforma radical é inmediata de las Ordenanzas de Aduanas á fin de simplificar sus trámites.
4.º Los derechos pasivos se limitarán en adelante á los funcionarios que se vean en la precisión de retirarse por absoluta imposibilidad física ó edad muy avanzada.
5.º Se procederá á hacer un balance general de la situación financiera del Estado, y deberán suprimirse aquellos derechos transitorios y de guerra, que por su gravamen insoportable ó por haberse originado descenso en el importe de la renta, han resultado contraproducentes.
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6.º Reducción de los gastos al límite correspondiente á nuestra actual situación económica, hasta llegar á la nivelación absoluta y efectiva de los presupuestos.

7.º Revisión de los monopolios y arrendamientos concedidos y anulación de los que adolezcan de falta de base ó resulten altamente lesivos para el Estado ó para las clases contribuyentes.

Es imposible dar idea en tan reducido espacio de los discursos y opiniones que en esta asamblea se escucharon. Hubo mucho fuego, muchas exclamaciones y sobre todo acusaciones durísimas contra los políticos de todas procedencias.

Día 26.—La Asamblea de Zaragoza.—Ultimos acuerdos.—«Se convino en dirigir un mensaje á S. M. la reina consignando en él todas las conclusiones, tanto aquellas que pudieran implantarse en seguida por el poder ejecutivo, como las que, representando una aspiración de la asamblea, exigiesen para ser realizadas el concurso del poder legislativo.»

Las tareas de la asamblea terminaron con un banquete y función de gala en el teatro.

Día 28.—La firma del tratado de paz.—Día tristísimo fué éste para España. La exigente avaricia de los americanos se impuso, y perdimos todo nuestro imperio colonial. En este día se firmó el tratado de paz.

Véase cómo lo refirieron los correspondientes:

«Esta tarde se han reunido las comisiones española y americana.

La reunión empezó á las dos y media, y no ha durado sino treinta minutos.

El Sr. Montero Ríos ha protestado en nombre de España de la interpretación dada en Washington al tercer artículo del protocolo referente á Filipinas, cediendo ante la fuerza por la imposibilidad que tiene España de resistir, y para evitar nuevos derramamientos de sangre.

En estas condiciones, los comisionados españoles se declararon dispuestos á firmar el tratado de paz.»
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Este es el resumen de las frases pronunciadas por el Sr. Montero Ríos.

La comisión americana acusó recibo de la aceptación de España, y pidió una nueva reunión, que se dedicará á deliberar sobre las diversas cláusulas secundarias y cambio de firmas del protocolo. Con esta última reunión, terminarán estas depresivas entrevistas."

La nota oficiosa de la sección, dada por la Agencia Fabra, decía así:

«Al comenzar la sesión, los delegados españoles declararon que, manteniendo bajo el punto de vista jurídico la interpretación dada por los mismos al artículo 3.º del Protocolo, se inclinan ante la fuerza y aceptan las condiciones impuestas por los americanos; es decir, el abandono de la soberanía española sobre Filipinas y el Archipiélago de Joló por una indemnización de veinte millones de dólares.

Esta indemnización no ha podido ser rechazada por los españoles porque, según la interpretación de los americanos, forma un todo con la proposición de estos últimos, y no puede desglosarse de ella. El secretario español y el secretario americano, han quedado encargados de redactar el artículo del Tratado, mencionando la aceptación, por parte de los españoles, de las conclusiones impuestas por los americanos.»

**

En cuanto el duque de Almodóvar recibió el despacho del Sr. Montero Ríos, fué á ponerlo en conocimiento del presidente del Consejo.

La impresión que en ambos produjo la noticia del despojo, fué terrible, á pesar de tenerlo ya por descontado.

El Sr. Sagasta no podía ocultar su indignación, que se revelaba en frases de honda amargura.

«Los comisionados españoles—nos decía—han luchado cuanto les ha sido posible por hacer respetar la base tercera del protocolo, y han defendido con verdadero tesón los derechos incuestionables de España; pero ante el ultimatum presentado por los norteamericanos para que cedísemos Filipinas ó nos atuviéramos á las consecuencias de una ruptura, han tenido que optar por admitir cuanto se
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les ha exigido dentro de los términos del protocolo, consignando, naturalmente, que sólo firmaban bajo la imposición de la fuerza.

"Esa protesta les fué leída á los comisionados yankis en el Memorandum presentado por los españoles en la sesión de ayer, pues era imposible consignarla en el tratado por considerar que lo desvirtuaria."

No había otro remedio.—Aunque muy ligeramente fué emitida por alguien la idea de que los comisionados españoles se retiraran sin firmar el tratado de paz en vista de las injustas exigencias de los yankis, los cuales, á las razones de los españoles, no contestaban más que con la frase "queremos" ó "no queremos," amenazando constantemente con reanudar la guerra; por eso la retirada de los españoles hubiera acarreado nuevas catástrofes á la patria.

Le Temps decía lo siguiente:

"La verdadera dignidad aconseja inclinarse ante la cruel necesidad, no sin protestar con energía contra la conducta de los Estados Unidos.

Sería pueril no firmar un tratado que implica los más dolorosos sacrificios, cuyas condiciones no es dado modificar al patriotismo ni al valor de los españoles.

"Retirarse los comisionados españoles sin firmar el documento de la paz, sería inspirarse ante todo en un interés personal, esquivando la responsabilidad individual y poniéndose en el riesgo del terrible azar de nueva ruptura, que no había de modificar las condiciones draconianas impuestas por los Estados Unidos.

"El pueblo americano es un vencedor implacable, y su conducta motivará censuras generales.

"Es preciso elevar ante el mundo civilizado la protesta del débil aplastado por el fuerte."

* * *

En Madrid, hay que ser francos; sea porque la opinión tenía descontada esta solución, ó por lo que fuera, produjo la noticia muy escasa ó ninguna impresión. Los teatros estuvieron aquella noche concurridísimos, y en alguno, en que hubo estreno, no cabía la gente, y eso que España perdió aquel día lo siguiente:
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Si esto se confirma, la situación en esta República será muy difícil, y V. E. puede desde luego disponer de mi puesto.

Lo primero que hizo el Ministro de Estado al recibir el anterior telegrama, fué ponerlo en conocimiento del Presidente del Consejo.

Surgieron dos dudas al Sr. Sagasta: primera, si la carta la habría escrito y firmado el Sr. Dupuy de Lome, cosa que no aclaraba éste en su despacho, y segunda, si la carta habría llegado á su destino.

Para averiguar esto último, lo mejor era preguntárselo al Sr. Canalejas.

El Ministro de Estado llamó á su despacho al Sr. Canalejas, que se presentó sin perder momento, y celebraron una breve conferencia.

El exministro de Hacienda, no sólo aseguró no haber recibido carta alguna del Sr. Dupuy de Lome, sino que se mostró sorprendido de que éste hubiera escrito nada contra el Presidente de la República norteamericana, cuando en las conversaciones que con él había tenido en Washington le había hecho reiterados elogios de MacKinley.

Aclarada una de las dudas, el Sr Ministro de Estado dirigió un extenso telegrama al Sr. Dupuy, refiriéndole lo que le había dicho el Sr. Canalejas, y pidiéndole amplios informes sobre el contenido y forma de la carta.

En su respuesta, el Sr. Dupuy se declaraba autor y firmante de la carta; insistía en que había estampado en ella conceptos ofensivos para Mr. Mac-Kinley, y reiteraba la dimisión, reconociendo que se había creado una situación insostenible.

Con este telegrama confirmación de lo ocurrido, llegaron los Ministros al Consejo presidido por la Reina, y claro que ese fué el asunto principal que en el Consejo trataron.

En lo de admitir la dimisión al Sr. Dupuy de Lome, no hubo vacilaciones. Resolvió el Gobierno telegrafiar en el acto al Sr. Dupuy admitiéndole la dimisión, y encargándole que hiciera entrega de su puesto al primer Secretario de la plenipotencia, Sr. Dubosc.