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El Año político (1897-01-01 00:00:00), página 417

La cruel política de la concentración fue iniciada el 26 de Febrero de 1896. Las regiones productivas donde dominaban las tropas españolas fueron despobladas. A los habitantes agrícolas se les reunió en rebaños dentro de las poblaciones que contaban con guarnición, ó en sus cercanías. Sus tierras fueron devastadas y sus viviendas destruidas.

El último gobierno español justificó esta política alegando que era un recurso necesario de guerra y la manera de cortar las provisiones á los insurrectos. Ha fracasado por completo, y como medida de guerra, no lo era de guerra civilizada, sino de exterminio.

Contra este abuso de los derechos de guerra me he sentido impulsado (ú obligado, la palabra inglesa es constrained) en repetidas ocasiones á presentar firme y enérgica protesta por parte de este gobierno.

La opinión pública condenaba además grandemente el trato que se daba á los subditos americanos en Cuba, haciendo sufrir á muchos de ellos largas prisiones mientras se llevaban á cabo dilatorios procedimientos judiciales en los procesos instruidos contra ellos.

Senti que mi primer deber era reclamar inmediatamente la libertad de los subditos americanos presos ó la rápida sustanciación de sus procesos. Antes de que ocurriera el cambio de ministerio en España, en Octubre último, 22 de estos concluidos nos nuestros fueron puestos en libertad.

Con el fin de arbitrar recursos para auxiliar á los norteamericanos residentes en Cuba que se encontraban en la miseria á consecuencia de la guerra, fui necesario recurrir al Congreso por medio de un mensaje especial.

Gracias á lo acordado en á de Abril de 1897, pudo auxiliarse prácticamente y con buenos resultados á dichos subditos americanos, muchos de los cuales, á petición propia, han sido repatriados á los Estados Unidos.

Las instrucciones dadas á nuestro nuevo ministro en España antes de que marchara á ocupar su puesto, le encargaba que llevarse al ánimo del gobierno español el convencimiento de que el sincero deseo de los Estados Unidos es prestar su ayuda á España para terminar la guerra de Cuba, llegándose á un resultado pacífico y duradero que fuese igualmente justo y honroso para España y para el pueblo cubano.

Estas instrucciones describían el carácter y la duración de la guerra, las grandísimas pérdidas que ésta ocasionaba, los gravámenes y cortapisas que nos imponían con la constante perturbación de nuestros intereses nacionales y los perjuicios que resultaban de una prolongación indefinida á semejante estado de cosas.
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Se decía también en las referidas instrucciones que en tal situación nuestro gobierno se veía obligado á inquirir seriamente si no había llegado ya la hora de que España, por su propia voluntad y movida por sus propios intereses y por los sentimientos todos de humanidad, pusiese fin á esta guerra destructora ó hiciera proposiciones para un arreglo honroso para sí misma y justo para su colonia cubana.

Declarábase también que, como nación vecina con grandes intereses en Cuba, no podíamos esperar más que un período de tiempo razonable para que la madre patria restableciese su autoridad y restaurase la paz y el orden dentro de la isla; y que no podíamos esperar durante un período de tiempo indefinido.

Para conseguir este resultado no se proponía solución alguna que pudiera llevar envuelta la más ligera idea de humillación á España.

Es más, nos abstuvimos cuidadosamente de hacer proposiciones precisas, pues era nuestro deseo evitar compromisos al gobierno español.

Todo lo que se pedía ó esperaba era que rápidamente se procurase una manera segura de restaurar una paz duradera en Cuba.

La petición de que se meditara sobre estas razones y este ofrecimiento fué dirigida al mismo gobierno español que había rechazado los buenos oficios de mi antecesor y que durante dos años había estado sumiendo hombres y dinero en Cuba en el infructífero esfuerzo de acabar con la rebelión. Pero quiso la casualidad que este gobierno cayera en el intervalo que transcurrió entre la partida del general Woodford, el nuevo enviado, y su llegada á España. El estadista que había dirigido la política de aquel país fue muerto por mano de un asesino, y aunque el gabinete que él presidía continuaba en el poder y recibió de nuestro enviado las proposiciones de que era portador, aquel gobierno dejó pocos días después el poder á un nuevo ministerio bajo la presidencia del señor Sagasta.

La contestación á nuestra nota fué recibida el 23 de Octubre. Está redactada en el sentido de una inteligencia mejor; aprecia los propósitos amistosos de este gobierno; admite que la guerra de Cuba afecta hondamente á nuestro país y que nuestro deseo por la paz es justo; declara que el gobierno español actual está obligado por toda suerte de consideraciones á un cambio de política que debe satisfacer á los Estados Unidos y pacificar á Cuba.

Dice también que ha resuelto llevar á efecto las reformas políticas antes de ahora patrocinadas por el actual jefe del gobierno, sin detenerse por consideración alguna en la implantación de aquella parte de ellas que, á su juicio, han de conducir á la paz.

Las operaciones militares, sigue diciendo la contestación, con-
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tinuarán, pero serán humanas y dirigidas en forma que hagan compatible con ellas una acción política preparatoria de la autonomía.

Esta autonomía, al par que conserva la soberanía española, resultará en otorgar a Cuba una personalidad distinta y ejecutiva, dotándosela de una Cámara o Consejo local y reservándose España la intervención en los asuntos referentes á las relaciones exteriores, al ejército, la marina y la administración de justicia. Para conseguir esto, el actual gobierno se propone modificar por medio de un decreto la legislación existente, dejando que las Cortes españolas, con ayuda de los senadores y diputados cubanos, resuelvan el problema económico y distribuyan en debida forma la deuda existente.

No habiendo en nuestra nota declaración alguna que definiera las medidas que este gobierno pensaba tomar para llevar á efecto su ofrecimiento de buenos servicios, la respuesta del gobierno español sugiere que se deje á España en libertad de dirigir su acción militar y sus operaciones y de conceder las anunciadas reformas políticas, y que mientras tanto los Estados Unidos, por su parte, realicen sus obligaciones de neutralidad y hagan cesar el auxilio que, según se dice, los insurrectos reciben de este país.

Niega la respuesta del gobierno español, la suposición de que la guerra vaya á prolongarse indefinidamente. Asegura que las provincias occidentales han sido casi completamente recuperadas, que ha vuelto á empezarse en ellas la siembra de caña y tabaco, y que por la fuerza de las armas y por virtud de nuevas y amplias reformas se espera llegar pronto á la pacificación completa. Pronostica una mejoría inmediata en el estado de cosas en Cuba, gracias á la nueva administración y que con ella se quitará ocasión á conflictos y á todo cambio de actitud por parte de los Estados Unidos.

Trata también la respuesta acerca de la cuestión de derechos internacionales y de responsabilidad de los Estados Unidos; la presenta en forma que parece acusarnos de haber fracasado en este asunto. Esta acusación carece de fundamento. En realidad, España no hubiera podido lanzarla si hubiera tenido conocimiento de los constantes esfuerzos que este gobierno ha hecho, gastando millones y poniendo en juego la maquinaria administrativa de la nación entera, para cumplir plenamente sus deberes, según las leyes internacionales. Sería bastante respuesta á esa acusación el hecho de haber sido detenida, violando nuestras leyes, una sola expedición militar ó un solo barco armado antes de salir de nuestras costas. Pero de este aspecto de la nota española no es necesario hablar más por ahora. Firme en el convencimiento de haber cumplido por completo nuestras obligaciones, se dió la debida respuesta á este cargo por la vía diplomática.
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de contraer compromisos comerciales con los Estados Unidos.

El porvenir económico de la isla de Cuba depende del plan de reconstrucción que se aplique una vez terminada la guerra.
Este plan necesitará ser muy vigoroso.

Es cosa muy difícil de calcular cuándo llegará la conclusión de la guerra; depende, en primer término, de las aptitudes de mando de quien haya de dirigirla, de su pericia y de sus aciertos.

No vengo á gestionar contra nada ni contra nadie.
Aunque creo contar con la confianza de todos los partidos, como lo demuestra la cariñosa despedida que me han hecho todos los individuos de la Junta de Defensa, sólo traigo mi propia representación, y no vengo con el propósito de quitar y poner generales.
Eso es inadmisible.
Los partidos leales deben subordinarlo todo al interés nacional, interpretado por el gobierno. A éste sólo incumbe la acción de destituir autoridades.
No tengo impresiones de ninguna clase respecto al general Weyler.
Quizás pueda tener de él algunas quejas, como se tiene de todo lo que por naturaleza ó necesidad es absorbente.
«—En cuanto á sus aptitudes militares me limitaré á decir que no le concedo condiciones napoleónicas.»

Tales fueron las declaraciones del señor marqués de Apezteguía, muy bien recibidas por su sinceridad y patriotismo.

Día 29. Combate importante en montes de Bayamo.—Entre los varios combates de que hablaba el telegrama oficial de esta fecha, el principal es el siguiente:

«Teniente coronel Zabalza, con regimiento Villavicencio, batió en montes Bayamo (Habana), partidas Castillo, Hernández y Acosta, cogiendo 30 muertos, casi todos de arma blanca, 86 armamentos, 200 caballos con monturas, dos botiquines y una bandera. La columna tuvo siete heridos.»

Importantes declaraciones del Sr. Cánovas respecto á la aplicación y planteamiento de las reformas.—El Sr. Cánovas, hablando con varios periodistas, después de hacer alguna referencia á las declaraciones del marqués de Apezteguía, hizo las siguientes manifestaciones:

«Puedo asegurar en los términos más absolutos que es totalmente inexacto cuanto se ha dicho de que el gobierno ha dado
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En medio de todos estos errores y de todos estos peligros para nuestra paz, este gobierno no ha abdicado jamás, de ninguna manera, su soberana prerrogativa de reservarse el determinar su política y su línea de conducta, de acuerdo con su alto sentido del derecho y en consonancia con los más caros intereses y convicciones de nuestro pueblo, en el caso de que la prolongación de la guerra lo demandara.

De las medidas aún no experimentadas sólo quedan ya: el reconocimiento de los insurrectos como beligerantes; el reconocimiento de la independencia de Cuba; una intervención neutral para poner término á la guerra, imponiendo un convenio nacional á ambas partes combatientes, y por último, la intervención en favor de una u otra parte.

No habléis de anexión forzosa, porque de eso no se puede pensar, según nuestro código de moralidad. Sería una agresión criminal.

El reconocimiento de la beligerancia á los insurrectos cubanos ha sido con frecuencia patrocinada como cosa posible, ya que no inevitable, tanto durante la anterior guerra de los diez años, como durante la actual.

No tengo olvidado que las dos Cámaras del Congreso, en la primavera de 1896, expresaron por medio de una resolución concurrente su criterio de que existía en la isla de Cuba un estado de guerra público que hacía necesario ó justificaba el reconocimiento del estado de beligerancia á los insurrectos en Cuba y tampoco olvido que en la legislatura extraordinaria el Senado votó una resolución conjunta en términos parecidos, que sin embargo no fué puesta á votación en la Cámara de representantes.

En presencia de estas significativas expresiones de sentimiento de estos brazos del poder legislativo, es deber del poder ejecutivo examinar con serenidad las condiciones sobre las cuales tiene que asentarse medida de tanta importancia si ha de ser justificada.

Es necesario estudiar seriamente si la insurrección cubana posee sin disputa los atributos necesarios á una nación y que son los únicos que pueden demandar el reconocimiento de la beligerancia á su favor. La posesión de las condiciones esenciales de soberanía por los insurrectos y la manera de hacer la guerra, según los códigos militares admitidos, no son, para determinar el problema de la beligerancia, factores menos importantes que la influencia que el acto del reconocimiento puede ejercer en la política interna del Estado que lo realiza.

Las sabias declaraciones del presidente Grant en su memorable mensaje del 7 de Diciembre de 1875 son notablemente apropiadas á la presente situación de Cuba, y puede ser saludable el re-
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cordarlas ahora. En aquel tiempo una guerra ruinosa había azo-
lado durante siete años la vecina isla. Durante todos aquellos años
había prevalecido un completo desprecio á las leyes de la guerra
civilizada y á las justas demandas de la humanidad. Tales hechos
habían provocado expresiones de censura de todas las naciones
de la cristiandad. Ruina y desolación no interrumpidas habían
producido estragos enormes en aquella productiva región, afec-
tando al tráfico de todas las naciones comerciales, pero al de los
Estados Unidos más que á ningún otro, por razón de proximidad,
de mayor comercio y de comunicaciones más frecuentes.

En aquella coyuntura el general Grant pronunció estas pala-
bras, que ahora, como entonces, condensan los elementos del
problema.

«Siendo, en mi opinión, impracticable e indefendible el reco-
nocimiento de la independencia de Cuba, el problema que des-
pués se presenta es el de reconocimiento de derechos de belige-
rancia á las partes contendientes.»

En otro mensaje al Congreso tuve ocasión de examinar este
asunto y llegué á la conclusión de que el conflicto en Cuba, te-
rrible y devastador, como eran sus incidentes, no llegaba á la
tremenda dignidad de la guerra entre estas dos.

Es posible que los actos de las potencias extranjeras, y aun los
actos de la misma España de esta naturaleza, deban ser indicados
en defensa de tal reconocimiento; pero ahora, como en su pasada
historia, los Estados Unidos deben evitar cuidadosamente las fal-
sas sugestiones que pudieran conducirlos á la aplicación de leyes
dudosas y de discutibles derechos de propiedad.

Es necesario mantener rigurosa y temazmente la norma de con-
ducta que ha sido su guía para hacer únicamente lo que es justo,
honrado y correcto.

La cuestión de conceder ó mantener los derechos de beligeran-
cia debe ser considerada en todo caso, teniendo en cuenta los
hechos particulares, á menos de que esté justificada tal resolución
por la necesidad.

Siempre, y con justicia, es considerada como un acto contrario
á la amistad y una demostración gratuita de apoyo moral á la
rebelión, aun siendo necesaria.

Pero es precisa cuando los derechos y los intereses de otro go-
bierno ó de sus subditos están muy afectados por un conflicto ci-
vil pendiente, hasta el punto de exigir la definición de sus rela-
ciones con ambas partes.

Mas este conflicto ha de ser de tal índole que sea forzoso reco-
nocerlo.

El valor de la ley internacional como beligerancia en la guerra
es además un hecho.
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La mera existencia de cuerpos armados que luchan y de sus choques en determinadas circunstancias, no constituyen la guerra en el sentido á que nos referimos, y no son aplicables á la situación de cosas existentes en Cuba.

Los textos aceptados por los publicistas y escritores de derecho internacional y que han sido observados por naciones dignas, honradas y poderosas, hallándose libres de influencias sentimentales ó egoístas é indignas, no nos permiten ver en la insurrección aludida la existencia de una organización política esencial, real, palpable y manifiesta á todo el mundo, y tal que tenga las formas y la capacidad de las funciones ordinarias de gobierno respecto de su pueblo y de las haciendas de éste, con tribunales para la administración de justicia y con una residencia local en que haya tal organización de fuerzas, tales elementos materiales y tal ocupación de territorio que la contienda rebase la categoría de una mera insurrección ó de colisiones accidentales y la lleve á la terrible esfera de la guerra, en cuyo caso el reconocimiento de la beligerancia podría tener por objeto dar carácter más elevado á la lucha.

Además ésta solamente se mantiene por tierra.

La insurrección no se ha apoderado de un solo puerto de mar desde donde pueda enviar su bandera al exterior, ni tiene ningún medio de comunicación con las potencias extranjeras á no ser cruzando las líneas militares de sus adversarios.

No reclama la determinación de nuestras relaciones con las dos partes que intervienen en la lucha ningún recelo de que hayan de perturbar complicaciones repentinas y difíciles á los barcos, tanto comerciales como de guerra, y á los agentes consulares de otras potencias.

Considerándola como una cuestión de trámite, entiendo que la concesión de los derechos de beligerancia sería ahora imprudente y prematura, y entiendo también que al presente sería una medida que no tendría defensa ante el derecho.

Tal reconocimiento impone á la nación que le concede los derechos que se desprenden de él y obligaciones difíciles y complicadas, y reclaman que se exija de ambas partes contendientes la estricta observancia de sus derechos y obligaciones.

Confiere el derecho de visita en alta mar á los buques de ambas partes, y prohibe la conducción de armas y municiones de guerra que ahora pueden ser transportadas libremente y sin interrupción en buques de los Estados Unidos, sin exponerlos á ser detenidos y al posible embargo.

Daría ocasión á innumerables molestias y cuestiones, dispensaría al gobierno de la madre patria de la responsabilidad que le incumbé por los actos que ejecuten los insurrectos, y daría á Es-
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paña el derecho de ejercer la inspección reconocida por nuestro tratado de 1895 sobre nuestro comercio en alta mar, grandísima parte del cual, en su tráfico entre los pueblos del Atlántico y los Estados del golfo de México y entre todos estos y los Estados del Pacífico, cruza por las aguas que bañan las costas de Cuba.

El ejercicio de tal fiscalización difícilmente dejaría de provocar abusos y seguramente daría origen á colisiones peligrosas para las relaciones pacíficas de ambos Estados.

Es poco aventurado pronosticar el resultado que tal inspección habría de producir antes de poco tiempo para nuestra nación.

Sería indigno de los Estados Unidos hacer posible tal resultado con medidas de derecho ó de eficacia cuestionables ó por alguna resolución equivocada.

No es tal reconocimiento el reconocimiento de la beligerancia, sin ir acompañado por la decisión de asumir los deberes de la neutralidad internacional.

Además, tal reconocimiento no concedería á cada una de las partes que luchan en un conflicto civil una situación (status) no poseída de una manera efectiva anteriormente, ni afectaría á las relaciones de ambas partes con otros Estados.

El acto del reconocimiento reviste ordinariamente la forma de una proclamación solemne de la neutralidad, que envuelve ipso facto la condición de beligerancia.

Como motivo para ello anuncia una ley interior de neutralidad en el Estado que la declara.

Este asume las obligaciones internacionales de todo país neutral en presencia de un estado público de guerra, y advierte á sus súbditos y á cuantos individuos residan dentro de la jurisdicción de la nación que la proclama, que de violar tan rigurosas obligaciones lo harán por su cuenta y riesgo, y no pueden esperar ser protegidos de las consecuencias.

El derecho de visita y de fiscalización en los mares y el de captura de barcos y cargamentos de contrabando de guerra y la declaración de buena presa que reconoce la ley del Almirantazgo, han de ser forzosamente admitidos en virtud del derecho internacional como una consecuencia legítima de la proclamación de la beligerancia, mientras que en virtud de la concesión de iguales derechos de beligerancia determinada por una ley pública á cada parte, se impondría á nuestros puertos limitaciones á ambas.

Estas limitaciones, iguales en apariencia, pegarían mucho en favor de España, puesto que ésta posee una armada y es dueña de todas las fortalezas de Cuba.

Sus derechos marítimos no solamente podrían ser afirmados por la acción militar en la isla, si no hasta en el litoral de nuestras propias aguas territoriales.
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Además habría de existir un estado de cosas en virtud del cual los cubanos, dentro de sus propios dominios, no podrían esperar conseguir una situación análoga, al mismo tiempo que sería mucho más imposible que ahora preparar esa situación mediante los auxilios ó las simpatías dentro de nuestro territorio, cumpliendo las obligaciones complementarias de la neutralidad internacional.

Forzosamente habríamos de asumir el cumplimiento de esa parte amplificada y onerosa de la neutralidad; solamente podríamos influir dentro de nuestra propia jurisdicción por mar y por tierra aplicándola mediante nuestros propios elementos.

Ese reconocimiento no supondría para los Estados Unidos jurisdicción alguna entre España y los insurrectos y no daría á los Estados Unidos el derecho de intervenir para lograr que fuera dirigida la lucha bajo la suprema autoridad de España, según el Código internacional de la guerra.

Por tales razones considero el reconocimiento de la beligerancia de los insurrectos cubanos como imprudente en la actualidad, é inadmisible por lo mismo.

Si andando el tiempo se juzgase aceptable esta medida, como derecho y deber del poder ejecutivo, la adoptaría éste.

La intervención basada en motivos de humanidad ha sido aconsejada con frecuencia, y no ha dejado de ser tomada en cuenta por mí mismo ansiosa y ardorosamente; pero no debe adoptarse ahora tal medida, cuando es patente que ha ocurrido un cambio sembrado de esperanzas en la política de España en Cuba.

Ha ocupado el poder un nuevo gobierno en la madre patria, y de antemano se ha comprometido á declarar que todos los esfuerzos del mundo no bastarían para mantener la paz en Cuba por medio de las bayonetas.

Las vagas promesas de reformas después de la sumisión, no aportaban solución alguna al problema insular.

Con la sustitución de los jefes, por el contrario, sobrevendrá un cambio en el antiguo sistema de hacer la guerra, sustituido por otro en armonía con la nueva política, que ya no pretenderá colocar á los cubanos en la terrible alternativa de tomar el fusil ó sucumbir de miseria.

Se establecerán las reformas de acuerdo con las necesidades y circunstancias de los tiempos, y estas reformas, encaminadas á conceder plena autonomía á la colonia y á crear un eficaz derecho electoral y una administración del país por el país, habrá de conservar y afirmar la soberanía de España mediante una justa distribución de los poderes y cargas sobre una base de interés mutuo y que no se halle minada por un sistema de procederes egoístas.