Revista de navegación y comercio (1899-08-15 00:00:00), página 9

Pueden establecer inteligencias dos ó más Gobiernos respecto á la designación de uno ó más miembros comunes, y también un mismo individuo puede ser designado por potencias distintas.

Los miembros del Tribunal permanente serán nombrados por un período de seis años, pudiendo al término de éste ser renovado su mandato.

En caso de fallecimiento ó retiro de un miembro del Tribunal, se procederá á su reemplazo en la forma prescrita para los nombramientos.

Art. 24. Llegado el momento de querer dirigirse las potencias al Tribunal permanente para el arreglo en una diferencia surgida entre ellas, debe hacerse la elección de los árbitros llamados á formar el Tribunal competente para entender de las diferencias, en la lista general de los miembros del Tribunal permanente.

En defecto de constitución del Tribunal arbitral para el acuerdo inmediato de las partes, se procederá del modo siguiente:

Cada parte nombrará dos árbitros, y éstos designarán á su vez un árbitro superior.

En el caso de empate, se confrará la designación del árbitro superior á una tercera potencia nombrada de común acuerdo por las partes.

Si no se llegase á un acuerdo sobre ese punto, cada parte elegirá una potencia distinta, haciéndose la designación del árbitro superior por las naciones de referencia.

Constituido así el Tribunal, las partes notificarán á la Junta de La Haya su decisión de encomendarse al Tribunal, y los nombres de los árbitros.

El Tribunal arbitral se reunirá en la fecha designada por las partes.

Los individuos del Tribunal disfrutarán, durante el ejercicio de sus funciones, los mismos privilegios e inmunidades que los diplomáticos en el extranjero.

Art. 25. El Tribunal arbitral residirá ordinariamente en La Haya, sin que pueda ser cambiada su residencia sino en caso de fuerza mayor y en virtud del mutuo acuerdo de las partes.

Art. 26. La Junta internacional de La Haya está autorizada á poner sus locales y personal á disposición de las potencias firmantes, siempre que sea preciso que actúe cualquier jurisdicción especial de arbitraje.

La jurisdicción permanente puede extenderse, dentro de las condiciones prescritas por los reglamentos, á los litigios existentes entre naciones no firmantes ó entre las convencidas y no convencidas, si las partes están conformes en acudir á la citada jurisdicción.

Art. 27. Las potencias firmantes consideran un deber, llegado el caso de un conflicto inminente entre dos ó más de ellas, el recordarse que el Tribunal permanente se halla dispuesto á entender del caso litigioso.

Como consecuencia, declaran, de igual modo, que ante el hecho de recordarse entre las disposiciones de la presente Convención, como el consejo dado, en armonía con los altos intereses de la paz, respecto á la aceptación del Tribunal permanente, no pueden ser considerados sino como otros tantos buenos oficios.

Art. 28. Se constituirá en La Haya un Consejo administrativo permanente, compuesto de los representantes diplomáticos de las potencias firmantes acreditados en dicha capital, y del Ministro de Negocios Extranjeros de los Países Bajos, quien asumirá el cargo de Presidente.

La formación de dicho Consejo habrá de llevarse á cabo lo más pronto posible después de ratificada la presente acta por nueve, al menos, de las potencias convividas.

El Consejo de administración estará encargado de organizar la Junta internacional, que quedará bajo la dirección ó inspección del Consejo.

Además notificará á las potencias la constitución del Tribunal y cuidará de instalar á éste debidamente; dictará su reglamento de orden interior y todos los que juzgue necesarios; decidirá cuantas cuestiones administrativas puedan surgir relacionadas con el funcionamiento del Tribunal; tendrá plenos poderes en cuanto al nombramiento, suspensión ó separación de los funcionarios y empleados de la Junta, y fijará los sueldos y honorarios de los mismos y llevará cuenta y razón de los gastos generales.

La presencia de cinco de sus miembros en cualquiera de las reuniones convocadas debidamente, basta para hacer válidas las deliberaciones del Consejo. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos.

Cuantos reglamentos dicte el Consejo deberán ser notificados sin demora á las naciones convividas, y á fin de año dirigirá aquél á las mismas una Memoria detallada sobre los trabajos del Consejo, sobre el funcionamiento de sus servicios administrativos y sobre los gastos.

Art. 29. Los gastos de la Junta serán satisfechos por las naciones firmantes en la proporción establecida para la Junta internacional de la Unión Postal Universal.

Capítulo III.—Del procedimiento arbitral.—Art. 30. Con objeto de favorecer el desenvolvimiento del arbitraje, las potencias firmantes estatuyen los siguientes principios, que habrán de ser aplicables al procedimiento arbitral, en tanto que las partes no tengan convenidas otras reglas.

Art. 31. Las potencias que recurran al arbitraje firmarán un acta especial (compromiso) en la que se expresará con toda precisión el objeto del litigio, así como la extensión otorgada á los poderes de los árbitros. El acta en cuestión implica el compromiso adquirido por las partes de someterse de buena fe á la sentencia arbitral.

Art. 32. Las funciones arbitrales pueden ser conferidas á un solo árbitro ó á varios de ellos designados libremente por las naciones litigantes, ó escogidos entre los individuos del Tribunal permanente establecido por la presente acta.

En defecto de no poderse constituir el Tribunal por acuerdo inmediato de las partes, se procederá del modo siguiente:

Cada nación nombrará dos árbitros, y éstos á su vez designarán un árbitro supremo.

En caso de empate, la elección de árbitro supremo quedará confiada á una tercera potencia, designada de común acuerdo por las partes litigantes.

Si no existiese acuerdo á dicho propósito, cada parte nombrará una potencia diferente, hiriéndose la designación de árbitro supremo por las potencias nombradas al efecto.

Art. 33. Cuando un Gobierno ó un jefe de Estado sea elegido árbitro, quedará á su arbitrio el procedimiento arbitral aplicable al caso.

Art. 34. El árbitro supremo es de derecho Presidente del Tribunal.

En el caso de que en esto no exista árbitro supremo, nombrará por sí mismo su Presidente.

Art. 35. En caso de defunción, dimisión ó causa que aparte del Tribunal á cualquiera de sus individuos, se procederá á su reemplazo en la forma estatuida para los nombramientos.

Art. 36. La residencia del Tribunal habrá de ser fijada por las partes litigantes, y en defecto de ello quedará establecida en La Haya.

Determinada así la residencia del Tribunal, no podrá cambiarse (salvo el caso de fuerza mayor) sino por el mutuo asentimiento de las partes.

Art. 37. Las naciones en litigio tienen derecho á nombrar cerca del Tribunal delegados ó agentes especiales cuya misión sea la de servir de intermediarios entre las partes contendientes y el Tribunal. También podrán encargar de la defensa de sus derechos e intereses ante el Tribunal, consejeros ó abogados nombrados al efecto.

Art. 38. El Tribunal decidirá respecto al idioma que debe ser empleado en las deliberaciones.

Art. 39. El procedimiento arbitral comprende generalmente dos fases distintas: la instrucción y los debates.

Consiste la instrucción en los informes dirigidos al Tribunal y á la parte contraria por los agentes respectivos, y que consistan en hechos ó documentos aportados á la causa. Dichas comunicaciones se verificarán en la forma y plazos determinados por el Tribunal, con arreglo al art. 49.

Los debates consisten en el desarrollo oral de cuantas pruebas y medios educen las partes.

Art. 40. Todo documento presentado por una de las partes debe ser comunicado á la parte contraria.

Art. 41. Los debates serán dirigidos por el Presidente, y serán privados, á menos que el Tribunal, de acuerdo con las partes, decida lo contrario.

Todas las sesiones se consignarán en actas redactadas por los Secretarios que designe la Presidencia; dichas actas únicamente podrán hacerlo.

Art. 42. Terminado el período de instrucción, corresponde al Tribunal la facultad de no consentir el debate sobre hechos ó documentos nuevos aportados por cualquiera de los litigantes sin el consentimiento del otro.

Art. 43. El Tribunal queda en libertad de tomar ó no en consideración los actos ó documentos nuevos sobre los cuales llamarán su atención las partes litigantes ó sus agentes y consejeros.

En ese caso, el Tribunal puede pedir que se produzcan dichos actos ó documentos, con la obligación siempre de dar conocimiento de ello á la parte contraria.

Art. 44. El Tribunal está facultado, además, para pedir cuantos esclarecimientos sean necesarios sobre el asunto del litigio; y en caso de negarse á ello la nación requerida, constará la negativa en el acta.