Revista de navegación y comercio (1898-01-30 00:00:00), página 14

como es su derecho, los medios que allí tiene acumulados y que representan todo su capital.

Repare V. E. que, aplicados é interpretados así los decretos de 13 de Mayo de 1892, resulta que la Sociedad anónima á quien yo represento ha sido condenada, sin formas de juicio y contra toda ley, á una pena de confiscación, que la está cumpliendo, y que esa pena no tiene otros límites que los que quiera señalarle la voluntad arbitraria del Poder ejecutivo. Repare V. E. en los daños, de orden tan variado y de cuantía tan elevada, que nacen de esa inconcebible situación.

Resulta de ella que nuestra factoría no es más que el lugar donde se conserva inmóvil é improductivo el capital de la Sociedad; que se han condenado por tiempo indefinido los elementos de producción acumulados allí á la inacción y á la esterilidad más absoluta, y que esto se hace, no en virtud de lo que las leyes disponen, no siquiera porque así lo hayan ordenado los decretos de incautación, sino por la manera exagerada y abusiva de aplicarlos.

Además de privarnos ilegalmente durante meses y aun años de explotar ese capital, que es el nuestro, y de hacerle producir mediante el trabajo algún interés, es notorio que con la falta de uso la maquinaria allí acumulada se irá enmhecidiendo, destruyendo y arruinando. Las obras y construcciones que constituyen la base de la factoría, como el dique seco, faltas de aquel cuidado que exige y procura la necesidad diaria de emplearlas en algún trabajo, también padecen y sufren menoscabo.

Si algo se gasta para conservar en mediano estado ese capital y todos esos elementos, ¿con qué derecho podrá reclamarnos á nosotros que lo abonemos, cuando se nos niega el disfrute de aquella propiedad y el uso de aquellos elementos de producción? Y la suma de perjuicios que la Sociedad podrá alegar el día en que se nos devuelvan los astilleros, por las ganancias de que se nos ha privado y por los gastos que sin nuestro consentimiento se hayan hecho en la factoría, ¿no constituirían un daño evidente y un perjuicio también para el Tesoro público, obligado á indemnizar las innecesarias vejaciones que estamos sufriendo?

Innecesario, sí, porque no existe interés alguno que las justifique, ni precepto legal que las abone, ni razón de derecho ó condición de justicia que las legitime. El único interés del Estado en la factoría se reduce á conservar intacta la hipoteca que sobre ella tiene constituida, á mantener íntegra la garantía que para él representan aquellas máquinas, aquellas obras, aquellos talleres, aquellos terrenos, aquellas cons- trucciones, aquel valor industrial. Para ese fin de aseguramiento, ¿qué necesidad hay de que los talleres del Nervión estén cerrados? Antes bien, convendría á todos tenerlos abiertos y en actividad, porque se conservarían mejor, aumentaría el valor en que están tasados, aliviarían con sus ingresos las cargas que pesan sobre la Sociedad, facilitarían el saldo de la liquidación y beneficiarían todos los intereses comprometidos en su existencia.

Aparte de ser eso lo más conveniente, es, sin duda ninguna, lo más justo. La incautación es un verdadero embargo, que se mantiene hasta que la liquidación concluya, se determine quién debe á quién, si el Estado á la Sociedad anónima, ó si la Sociedad anónima al Estado, y se salde esa cuenta ó se establezca la forma de pagar el saldo que de ella resulte. El Estado conserva nuestros bienes embargados porque cree y sostiene que le debemos una cantidad considerable, y asegura un pago manteniéndolos así.

Partiendo de este concepto exactísimo, ¿por qué no se nos permite trabajar en los astilleros? ¿Por qué se prohibe á la Sociedad el uso de su factoría mientras el expediente de liquidación se resuelve? Un acreedor embarga los bienes de su deudor, y si entre ellos existen establecimientos industriales, un comercio, una explotación agrícola, algo que pueda producir rentas, intereses, ganancias, ¿se ordena la clausura de aquel establecimiento? ¿Se cierra el comercio? ¿Se dejan incultos, eriales los campos? ¿Se mata aquella fuente de riqueza? ¿Se agrava la situación del deudor, tratando de destruir sus bienes de la manera que se nos están destruyendo y arruinando á nosotros?

El procedimiento ordenado por nuestra ley procesal civil para mantener asegurados bienes litigiosos, cuando esos bienes son establecimientos industriales, es acaso más aplicable que el del embargo del juicio ejecutivo á la incautación de la factoría vizcaína, y ese procedimiento establece la intervención en el establecimiento asegurado del que lo reclama por algún título; pero no mata la industria, no extingue la vida en aquel bien ó en aquella masa de bienes que por un interés común ha debido conservarse floreciente y productiva.

Lo que está pasando con nuestra propiedad no tienen justificación alguna, ni debe continuar sucediendo, por las razones que acabamos de someter á la consideración de V. E. Puesto á salvo el interés del Estado y de la administración de marina, que es, como hemos dicho, conservar íntegra la garantía que esos astilleros representan é incólume la hipoteca sobre ellos constituida, de-