Revista de navegación y comercio (1895-10-30 00:00:00), página 16

ley, se extinga la acción penal, ó la acción para perseguir el delito.

Art. 253. Si al decretarse el sobreseimiento definitivo resultase que el procesado es responsable de falta que deba corregirse gubernamentalmente, se impondrá por la autoridad jurisdiccional la corrección correspondiente, la cual no se reputará pena, al tenor de lo establecido en el artículo 32 del Código penal de la Marina de guerra.

Si la falta no fuese de la competencia de la jurisdicción de Marina, se librará el oportuno testimonio al Tribunal que de ella deba conocer.

Art. 254. Procede el sobreseimiento provisional:
1.º Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito perseguido.
2.º Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito, pero no haya motivos suficientes para acusar de él a determinada persona.
3.º Cuando tratándose de los delitos de violación ó rapto medie perdón ó renuncia de la parte ofendida, á condición de que se verifique el matrimonio con el ofensor, cuyo matrimonio deberá efectuarse sin más dilaciones que las indispensables; y para los individuos de las clases de marinaria, tropa, ó asimilados, tan pronto como transcurra el plazo señalado al efecto.

Art. 255. Decretado el sobreseimiento, se archivarán las actuaciones y las piezas de convicción que no tengan dueño conocido.

Las que tengan dueño conocido continuarán retenidas si hubiese pendiente reclamación de tercera persona.

De no hacerse constar en el término de seis meses que la acción civil se ha entablado, estas últimas piezas de convicción se entregará á su dueño, reputándose por tal al que las poseyese al ser ocupadas

TÍTULO XV

Del plenario.

CAPÍTULO PRIMERO.

De las diligencias del plenario hasta el estado de prueba.

Art. 256. Todas las actuaciones del plenario serán públicas.

Art. 257. Elevada la causa á plenario, la Autoridad jurisdiccional, por conducto del Instructor la remitirá al Fiscal á quien corresponda, previo el oportuno nombramiento en su caso.

Art. 158. El Fiscal expondrá concretamente en su dictamen:
1.º La apreciación de los hechos resultado del sumario.
2.º Los cargos que aparezcan contra cada uno de los procesados.
3.º La prueba que estime pertinente en su caso, ó la renuncia á la práctica de diligencias ulteriores.

Art. 249. Evacuado el anterior dictamen, el Fiscal remitirá la causa al Instructor ó al Secretario de justicia, según corresponda, quienes requerirán al procesado para que nombre defensor, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 288, 289, 290 y 291 de esta ley.

Art. 260. No podrán ser nombrados defensores:
1.º Los Ministros de la Corona.
2.º Los Consejeros de Estado.
3.º Los Consejeros y demás funcionarios que presten servicio en el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
4.º Los Capitanes y Comandantes generales de Departamento, Apostadero, Escuadra ó División.
5.º El Subsecretario y los Directores del Ministerio de Marina.
6.º Los Ayudantes y Oficiales á las órdenes del Rey.
7.º Los Oficiales del Cuerpo Jurídico de la Armada que tenga destino activo.
8.º Los Oficiales del Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
9.º Los que tengan parentesco con el Juez instructor ó Fiscal de la causa por consanguinidad ó afinidad dentro del cuarto grado civil.
10.º Los Oficiales primeros y segundos del Ministerio de Marina en cuanto á las causas del consejo de guerra ordinario.

Art. 261. Pueden excusarse de ser defensores:
1.º El Almirante de la Armada.
2.º Los Benadores y Diputados á Cortes.
3.º Los Segundos Jefes de los Departamentos y Apostaderos y los Comandantes generales de los Arsenales.
4.º Los Oficiales Generales y sus asimilados en situación de reserva que no tengan residencia en el punto en donde se haya de ver la causa.
5.º Todo Oficial con mando de buque ó provincia marítima y los primeros Jefes de Cuerpo armado.
6.º Los Jefes de Estado Mayor de los Departamentos, Apostaderos y Escuadras.
7.º Los Oficiales de los Cuerpos políticos militares cuando el procesado no pertenezca al mismo Cuerpo que el nombrado.
8.º Cualquiera otros en quienes concurren razones atendibles, que apreciará la Autoridad jurisdiccional con su Auditor.

Art. 262. Cuando el procesado se negase á elegir defensor, se dara