Revista de navegación y comercio (1894-07-15 00:00:00), página 3

Acerca de la construcción naval en España.

Ideas sueltas sugeridas por un folleto de don Eugenio de Agacino.

V

Las cuestiones relacionadas con nuestro poderío (?) naval tienen apasionados en estos momentos los ánimos parlamentarios.

Podría creerse, á juzgar por el sesgo que va tomando la discusión promovida por el bizarro marino Sr. Díaz Moreu, que se trata de una mera variante de la antigua cancillería no extinguida todavía; realmente que en el caso presente por tales rumbos se navega, que cabe el temor de que sea á la postre el sentido de la protección al trabajo nacional quién pague los vidrios rotos.

El punto inicial del debate fué el estado deficiente de los buques de la Armada; mas por el hilo de esta discusión se vino á sacar el ovillo de las construcciones navales que ordenó la ley de 1887, tema vitando, en concepto del Sr. Pasquin, que ha servido á un diputado joven lleno de fogoso patriotismo para expresar dolores de la opinión nacional ante el desvanecimiento de las esperanzas que simbolizaba aquel esfuerzo.

Sabido es que la ley de creación de la escuadra puso á disposición del ministro de Marina 225 millones de pesetas para que, en el espacio máximo de diez años, diera un determinado número de barcos de guerra al país; pero este plazo va casi trascurrido, y, en opinión del diputado señor Díaz Moreu, sólo tenemos en el mar algunos ridículos artefactos.

El apóstrofe ruído del valeroso excomandante del Vendetta y la iniciativa patriótica del joven Sr. Gasset han tenido eco en la opinión harto predispuesta, cuando de las cosas de la Marina se trata, á experimentar toda suerte de pesimismos.

Y verdaderamente el asunto es de los que justifican los apasionamientos de aquél, porque del propósito generoso en que se inspiró la ley de 1887 y del sacrificio no liviano que se impuso la nación, movida de anhelos patrióticos que la conciencia del decalimiento á que habíamos llegado avivaba, sólo se ha sacado el triste convencimiento de la perdurable, casi diríamos histórica incapacidad de una Administración que ha esterilizado muchos millones.

Votose la ley, como es sabido, con entusiasmo, porque dictaba la inspiración de dos principios vivificadorres del sentimiento patrio: la regeneración de nuestro extinguido poder marítimo, obtenida por el trabajo nacional, y, ver hoy, al término casi del plazo señalado, el presupuesto extraordinario concedido, debe ser leído á la opinión menos apasionada y prevenida que la satisfacción que á aquellos dos principios se ha dado.

Pues bien: de la información puramente retórica que las sinceridades patrióticas del Sr. Díaz Moreu han provocado, poco en concreto y claro ha sacado el país para esclarecimiento de una verdad vagamente presentida; ha obtenido si la certidumbre de un fracaso, tanto más brutal y completo en cuanto significa la esterilidad de un sacrificio y el descrédito del principio redentor de protección al trabajo nacional, sobre el que se pretende, por el contrario, hacer recaer toda la responsabilidad de errores en que la administración de la Marina no podía dejar de incurrir sin faltar á sus propias tradiciones.

Tal es el derivativo que se ha encontrado á la corriente de opinión parlamentaria que ha pretendido ejercer una acción fiscal sobre actos administrativos que aparentemente encuadran lesión grave para los intereses del país.

A la realidad, no sabemos hasta qué punto se podrá calificar de hábil una diversión que sin salvar á la Administración de la armada de las graves inculpaciones que la conciencia pública le dirige, arrebata todavía al país que piensa y tiene fe en la virtud del trabajo nacional, esa otra esperanza que alimentó de ver prosperas sus industrias.

La acusación de ineptitud, la imputación de una grave responsabilidad que contra éstas se ha lanzado con referencia á los astilleros creados al amparo de la ley de 1887, constituye una iniquidad y una injusticia. Constituye una iniquidad porque á nadie, si no es á la administración, debe achacarse la suerte desdichada que los astilleros han tenido; y una injusticia porque, no obstante los deslizamientos de la industria naval privada ha experimentado, no es ella, sino la industria oficial, mejor dicho la administración de la Marina, la causa de que no tengamos barcos cuando ya el presupuesto que para construirlos se votó hubo agotado.

No es el principio de fomento del trabajo nacional, sino su práctica desacertada lo que en realidad ha pecado. Error grave fué estimular la creación de tres astilleros particulares sobre el de Matagorda que ya existía, á la par que se habilitaban los tres del Estado para que todos concurrieran á los fines de una construcción harto circunstancial y limitada. Si en la contratación de los criceros con particulares no se exigieron las garantías necesarias, cosa que no ha debido suceder, culpa fué de la administración que debe agregarse á la culpa de haber fomentado irreflexivamente más arsenales de los que puede sostener un país como el nuestro. Esto, empero, en ningún caso podría constituir un quebranto para el Estado, si el precio relativamente elevado en que necesariamente se contrata la construcción podría ser explicación satisfactoria del despilfarro que la opinión prescinde.

¿Para qué pudo redoblar el Estado su responsabilidad á la industria privada, cuyos principales buques no han salido todavía á la mar, de las lamentaciones sentidas del Sr. Moreu, respecto de las cualidades y estado de los barcos que navegan? No seguramente; sería esto una injusticia más, y una injusticia estéril que añadiría una nueva ruina á las ruinas que ya el patriotismo deplora.

El fomento de astilleros particulares fué un grave error si habían de habilitarse y funcionar á la par los arsenales del Estado. En el seno de la Marina pocos eran partidarios de lo primero, así que las primeras dificultades con que la industria privada tropieza, determinaron un movimiento de reserva y hostilidad que añadió á los conflictos creados el conflicto más grave de la inactuación, que es muy suficiente para producir la ruina absoluta de la improvisada pero espléndida factoría que fue objeto de ella.

Pero si el principio de fomento de haber creado astilleros privados, ni la suerte menguada que á éstos ha cabido, podrían justificar la aplicación infecunda del presupuesto extraordinario de la escuadra. Admitamos lo peor, lo que nuestra razón no explica, lo que al atribuir al trabajo nacional toda la culpa del fracaso que ha motivado un intento de información, tampoco se ha justificado debidamente: admitamos que por los escasos barcos que á la industria particular se han encomendado pague de más el Estado, nueve, doce, quince millones de pesetas, lo que es una verdadera enormidad que sería justificable. ¿Será esto la verdad completa que el país tiene derecho á conocer? Y si no lo es, porque de serlo, tratándose de contratos celebrados por el Estado con particulares, se habría incurrido en muy grave responsabilidad, ¿como se añade al error la falta de patriotismo de villipendiar un principio en cuya práctica circunspecta, pero resuelta, ven tantos españoles la regeneración del país?

Mas si al incorporar á la industria nacional, se incluye esta á la industria que se ejerce en los astilleros del Estado, ya consideraremos que esto es el reconocimiento de una parte del mal; porque efectivamente, el epígrafe económico de que toda industria oficial es siempre defectuosa y cara, en parte alguna tiene mejor aplicación que aquí, y con especialidad á los establecimientos que administra la Marina.