El Mundo naval ilustrado (1899-06-15 00:00:00), página 13

blico, se enlace de un modo indudable, incuestionable, con la existencia prestigiosa de la institución armada. Pero, en estos casos, ¿por qué no se han de entregar al conocimiento del Consejo de guerra? ¿O es que se quiere proceder por presunciones ó por impresiones?

Admitamos, para seguir analizando el concepto de este tribunal, que puede funcionar sin excepción para todos los oficiales, ora particulares, ora generales del Ejército ó Armada. En primer lugar veamos si el artículo 75 del Código de justicia militar, que dice: "El tribunal de honor, en el procedimiento que se trate de trámite de denuncia, de prueba y de defensa, constituido incluso a espaldas del rey, pues se le juzgará compa- rezca ó no, esto es, hízose él o no en rebeldía, señalará una pena que, despidida por su cuantía, es de las llamadas eficaces, y que inevitablemente implica el deshonor, puesto que aparte, lo que ella es en sí, hasta el tribunal que la impone se llama Tribunal de honor.

¿Y qué recurso hay contra el fallo de este tribunal? Ninguno. Así lo quiere el art. 44 de esta ley y el 751 del Código de justicia militar. ¿Tiene el infalible el tribunal? No pueden, además, hacerse como se ha hecho en el procedimiento, ó existir acciones civiles á su constitución, ó existir manifiesto desacuerdo entre lo que el fallo del tribunal determinó respecto de la existencia del hecho deshonroso y lo que el Ministro resolvió al dictar la Real orden? Esta Real orden, en suma, que es un simple acto de la administración activa del Estado, cualquiera que sea el órgano de su ejercicio, no será revocable en la vía contenciosa? Será que el Tribunal de honor constituye un poder superior á todos y contra el cual así como contra el acto ministerial, el fallo habido ó no error en el procedimiento, y la interpretación del fallo, nadie puede acogerse, ni instarse, en ninguna instancia única, salvo la nota por encima de todos los poderes, incluso del Poder real, pues que elude el ejercicio de la prerrogativa regia del indulto?

Tal se pretende; pero no será sin que, en cumplimiento de un deber de conciencia y profesional, digamos que, á nuestro juicio, lesiona el derecho del militar y del marino, creado precisamente por las mismas leyes donde el Tribunal de honor se contiene, y derecho sólidamente apoyado en la ley fundamental, ó sea en la Constitución del Estado.

También se ha visto satisfecho á que se sometieran ya á procedimiento judicial, cómo es posible atentar á la inviolabilidad de la cosa juzgada? ¿Cómo se quiere, en nombre de la disciplina y el honor militar, sosentar, por otra parte, que puedan velar mejor por ella los oficiales de una clase y en ocasiones en muy ex- gue proporción remitidos, que el Consejo de guerra de oficiales generales que juzga á aquel individuo, ó quizá el propio Consejo Supremo de Guerra y Marina, que le absolvirá ó imposa penas menor á la separación del servicio? Y si no forma procedimiento porque no era delito el hecho que se le imputaba, ¿como admitir una penalidad inminente para hechos que no constituyen delito, penalidad sólo aplicable á delitos graves?

** Se dirá tal vez que no es un procedimiento judicial, sino gubernativo, y que á él alude la primera de las disposiciones transitorias del art. 110 de la ley de Organización de tribunales de Marina. Pues entonces no se conocerá que sea compatible con cualquier otro procedimiento anterior, concedido ó poste-fer sobre el mismo asunto, y á la vez que se considera, en los procedimientos del régimen de procedimientos administrativos del Ministerio de Marina, dictando á consecuencia de la ley de 10 de Octubre de 1890, y, por tanto, revisable en vía contencioso-administrativa la Real orden que reclaga. Pero tampoco sucede esto; y aun cuando el Tribunal Contencioso-administrativo no ha negado su competencia para revisar las Reales órdenes que separen del servicio á algún jeje ú oficial como consecuencia del fallo del Tribunal de honor, es lo cierto que hasta ahora las excepciones dilatorias han sido un escudo para no verte penetrar en el camino de fondo. Así, por ejemplo, en el pleito de 25 de Febrero de 1893 acepta la dilatoria de incompetencia en el pleito incoado por D. N. M., porque no allegó nicio ni defecto alguno á la constitución del tribunal; y en la de 5 de Marzo de 1895, en que D. A. A. y P. reclamaban por vicios de nulidad en la forma, é ilegalidad é injusticia en el fondo, estimó el tribunal la excepción dilatoria de incompetencia, por haberse intentado el pleito fuera del plazo legal y ser la resolución reproducción de otra anterior. Tantos trabajos se han hecho por los partidarios de la intangibilidad de los fallos del Tribunal de honor, que si en algún raro caso el Tribunal Contencioso-administrativo penetrase en el fondo del asunto y revocase cualquier Real orden de esta especie, creemos que se intentaría por el fiscal el recurso extraordinario de revisión de la sentencia; y si no se consigue la revisión, se llegaría hasta la suspensión de la sentencia.

Y hasta ahora, ¿qué ha resuelto, qué ha salvado el Tribunal de honor? A pesar de los tremedos sucesos por que ha pasado el país, á pesar de gravísimas acusaciones públicamente lanzadas, á pesar de las denuncias que, como ráfagas de fuego, han cruzado el atrozante, y á pesar de tantas cosas, las ha logrado salvar, reunirse el Tribunal de honor, significa que se deja salvar el prestigio de la institución, ya que no para condenar supliendo la deficiencia de la ley No; el Tribunal de honor en el Ejército, pues en Marina jamás se ha reunido, ha servido sólo, hasta ahora, para juzgar cosas poco visibles, las cuales han podido perfectamente formularse como denuncia, en forma, á ventilar por los procedimientos ordinarios y ante Consejo de guerra por tanto.

No comprendemos que no pueda ser éste el camino siempre. Estaría adicional el Código castigando con separación del servicio á quien que cometa falta, y que no se le diera el cuerpo á clase á que pertenezcan y que no estuvieran comprendidos en otros artículos. Dentro de esta generalidad podría comprenderse todo cuanto hoy está al libre albedrío del Tribunal de honor; podrá incluso señalarse la tramitación más breve, por ejemplo, del juicio sanarísimo, ó dejarla como mera vía gubernativa, pero revisable la Real orden (consignándose así expresamente) en vía contenciosa. Cualquiera de los dos sistemas nos parecería más conforme al derecho y á fin que se persiga. Podría en último término darse, manteniendo el sistema actual, un paso al desarrollo para que acaparece ó no la Real orden viéndose el Tribunal de honor en funciones iguales, ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en instancia única y por los trámites debidos. El fallo que recayese sería un verdadero fallo judicial, y por de contado, jamás estos procedimientos serían compatibles con ningunos otros anteriores, coetáneos ó posteriores. Estas tres soluciones enten- mos que satisfacen el problema. Lo que nos parece menos fácil es que prevalezca el actual, porque crea un derecho contra el derecho.

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Entretanto, y por lo que hace á las Reales órdenes que emanen del fallo de Tribunal de honor, sostengamos -entendamos ya lo que establecen los artículos 441 y siguientes de la ley, la de lo Contencioso-administrativo, los artículos 30 y 33 de la Asen- sión de la Armada - que, en caso de fallos en su inapelabilié, lo mismo causará declarar la inapelabilidad del hecho deshonroso que de- clarando lo contrario, la Real orden no ha sido declarada inapel- able. Los oficiales que firman el fallo no tienen carácter de jueces de la causa, sino de oficiales que, en virtud de la administración de justicia criminal, por parte de esta autoridad reguladora, y la Organiza- ción de la Marina, se hallan ante el juez que se compromete en la separación del servicio en la forma y con el expresado obje- to de separación destinada á la autoridad superior, cuando habla del Tribunal de honor, y no del consejo de guerra, sino Caudilla ge- neral, manteniéndose esa personalidad meramente gubernativa, y además, aunque, como en el Tribunal de honor fuera de la parte de texto legal que trata de la administración de justicia crimi- nal, en el caso de separación del servicio se dicta de Real orden. Indicamos en que el art. 33 de la ley de ascensos de la Armada de 30 de Julio de 1893 concede á la autoridad superior el derecho de dar en vía contencioso-administrativa cuando se presenten lastima- dos en los derechos que dicha ley les concede, y en ella admite ya la separación del servicio previa declaración hecha en la forma que la ley prevé por haber cometido (el jeje ú oficial) algún acto deshonroso y que déz en duda su valor, imprima una mancha en su reputación ó dañe al honor de la Armada (núm. 3.º del art. 30 de la ley); luego el art. 33, que concede el recurso contencioso- administrativo, es evidente que por modo expreso es aplicable á la Real orden que ordena la separación del servicio por comisión de fallo del Tribunal de honor. En estos artículos 441 á 453 de la ley de Enjuiciamiento militar que comentamos, han de entender- se, para este efecto, como desarrollo del núm. 3.º del art. 30 de la ley de Ascensos de la Armada.

Ya dice el art. 33 -y esto salva todas las dificultades- que pueden los marinos reclamar también en vía contenciosa contra las resoluciones del Gobierno con las cuales se consideren agrava- vados, si invocan que se han tomado faltando á las formas precisas y á los trámites que para dictarlas prevé la ley (la de ascen- sos), y ante el Tribunal de contencioso administrativo el fallo de los ministros. Apliquemos el principio á la materia de que tratamos, nos es permitido decir que, dictada la Res orden separando á un ofi- cial, no por fallo del tribunal judicial, sino á virtud de declara- ción hecha en reunión de oficiales, denominada Tribunal de ho- nor, haciendo constar la existencia de un hecho deshonroso im- putable á determinado individuo de la Armada, dicha Real orden dentro de la vía gubernativa causa estado, y sobre ella no puede volver el Ministerio de Marina; y, por tanto, no es posible dudar que si ha habido vicios en el procedimiento ó no existe congruen- cia entre lo que el fallo del tribunal determinó y lo que la Real