El Mundo naval ilustrado (1897-10-15 00:00:00), página 12

Para concluir, el Gobierno de Mac-Kinley podrá intimidar á España si nuestros hombres de Estado se dejan intimidar por amenazas, pero este Gobierno no debe la guerra con España, porque la ha iniciado él mismo y los medios de defensa, pero no sorprenderá á nadie que al reunirse el Congreso, se le sugieran relaciones más tirantes entre España y los Estados Unidos. El Congreso nos es extremadamente hostil, y el pueblo americano mucho más. Si las circunstancias nos encontramos desesperados, recurriríamos á ir al infierno. Importa que nuestra Escuadra tenga constantemente bien limpios los fondos, y tal vez fuera conveniente situarla en las Canarias. Importa que tengamos un par de barcos buenos en las Filipinas, para reducir á cenizas las ciudades americanas del Pacífico y pedirles rescate. Importa que tengamos en Cuba y Puerto Rico todo lo necesario para hacer frente á cualquiera eventualidad.

Su seguro servidor,

US BALEAR.

Nueva York 24 de septiembre 07

DERECHO DE VISITA

SUMARIO: No existe el derecho de visita por la insurrección de Cuba.—Ventajas y desventajas del reconocimiento de beligerancia.—Aguas jurisdiccionales. Zona marítima litoral.—Realización prudente.

I. LA ES INDUDABLEMENTE hoy de derecho internacional marítimo, que sólo es lícito, en tiempo de paz, á los buques de guerra visitar y reconocer a los mercantes extranjeros en las aguas jurisdiccionales propias, á menos de que se trate del crimen de piratería ó que se continúe la persecución de un buque cuya tripulación haya cometido un delito contra el país en tierra ó en las citadas aguas jurisdiccionales.

II. La regla es la consecuencia natural de considerarse la mar libre, sin que ningún Estado ejerza soberanía en ella, por lo que los buques extranjeros que la cruzan normalmente se hallan sometidos, en lo tocante á jurisdicción policial, á las autoridades de su país. Si el crimen de piratería se exceptúa, es porque á los piratas no se les reconoce nacionalidad y se les considera, por tanto, fuera del derecho de gentes.

Para que los buques de guerra españoles puedan ejercer el derecho de visita fuera de las aguas jurisdiccionales en la Isla de Cuba, se requiere que exista la guerra con arreglo al derecho internacional, ó sea el previo reconocimiento de beligerancia en ese concepto para los insurrectos o rebeldes que allí están en armas, ya que el derecho de visita no se puede ejercer por una declaración explícita de los Estados extranjeros, ya se manifieste de hecho por España al disponer públicamente que sus buques de guerra efectúen la visita de los mercantes extranjeros en alta mar.

Unánime es la opinión de los tratadistas modernos de Derecho internacional acerca del asunto. Dána dice: «Si hay guerra con los insurrectos, los cruceros de las dos partes pueden visitar y capturar los buques mercantes extranjeros. Si no hay guerra, no existe tal derecho, pudiendo los buques mercantes rechazar con la fuerza tal pretensión, y los de guerra de su país atacar y apresar lo que lo intente».

Th. Woolsey, en su obra: «La declaración de beligerancia procede cuando la revolución tiene un Gobierno organizado que haga la guerra y cuando algún acto intencionado y manifiesto de guerra ha sido realizado por una ó ambas partes».

El profesor de la Escuela Naval de los Estados Unidos, Davis, en sus Elementos de Derecho internacional, también manifiesta: «Adquieren los partidos los derechos de beligerancia desde el momento en que el Gobierno decide realizar hechos de guerra para sujetarlos».

Inglésate, Pomeroy, en sus conferencias publicadas por Woolsey en 1888 expone: «El Gobierno, sin el reconocimiento de la guerra, no puede tomar ninguna medida de represión que se relacione con los neutros, como detener los buques con contrabando de guerra ó cosas semejantes, porque estos privilegios que le sonían directamente el derecho de los neutrales, sólo los reconocen el internacional al que tome parte en una guerra; y como ésta no existe sin que luchen dos, de aquí que no pueda considerarse como beligerante al Gobierno si no se hace lo mismo con los rebeldes».

Siempre los Gobiernos han tratado de evitar que á sus subditos rebeldes se les reconozca el carácter de beligerantes, aun en aquellos casos en que éstos posean ciudades y puertos de importancia, como lo prueba lo acontecido con la guerra de secesión de los Estados Unidos, porque las ventajas que con dicho reconocimiento obtiene el Gobierno legítimo no están en manera alguna compensadas con las superiores que logran los rebeldes. Estos, como dice Dána en una de sus notas, en Obras de Wheelen, consigna que son: «el derecho de visitar los buques enemigos, el derecho de convertirse en cruceros legítimos; el reconocimiento de la bandera que adopten y el derecho á la contratación de empréstitos, compras de provisiones y alistamiento de gente, mientras no se infrinjan las leyes de la neutralidad. En suma, que la rebelión alcanza una casi personalidad política con fuerza moral y hasta material que no es dado desconocer.

En cambio de tan importantes ventajas para los insurgentes reconocidos beligerantes, las del Gobierno legítimo consisten, siguiendo á Dána en el derecho de visar y captura de buques mercantes en contienda de guerra, en la responsabilidad de los daños cometidos por los rebeldes en su territorio, y en la posesión de todos los derechos concedidos por mar en la guerra á una de las dos partes, entre otros, el importante del bloqueo de puertos en-migros, que hoy día no tiene aplicación en Cuba porque los insurgentes no dominan el más insignificante desembarcadero.

De aquí que no merezca censura, y sí elogio el Gobierno español, que prudentemente ha dispuesto que sus buques de guerra no visiten los mercantes por el apego que tal pretensión daría á los Estados extranjeros para reconocer á los insurgentes como lícitos insurgentes, aunque sin aplicación del derecho de visita ó de cualquiera otro derecho, salvo el de los de los neutrales, no se halle hoy justificado, toda vez que los insurgentes cubanos carecen de los requisitos necesarios para tal reconocimiento de beligerantes.

Además se nos negaría el derecho de visita y nos expondríamos á que se nos repitiera ahora con razón lo que sin ella expuso el año 1870 Mr. Fish al Sr. López Roberts, nuestro representante en Washington, con motivo de una reclamación sobre el buque filibustero Herold. Para aplicar esta doctrina, decía Mr. Fish, á las relaciones entre España y Cuba, debe reconocer la primera un estado de guerra existente y los habitantes de Cuba. El infrascripto informe no lo haya hecho, ni cree que le guste que lo hagan las demás naciones».

Significa la prohibición del derecho de visita en alta mar en tiempo de paz que los buques de los Gobiernos legítimos no puedan imputar el auxilio que á subditos rebeldes trate de prestarse por medio de desembarcos? En manera alguna, aunque por el menor campo de acción se haga más difícil á dichos buques el cumplimiento de su cometido.

Precisamente una de las razones porque á los Estados Unidos se les reconoce soberanía y jurisdicción sobre el mar litoral, es para poder ejercer el derecho en el punto en el cual se hallan de acuerdo todos los publicistas de derecho internacional, aun aquellos que más limitan dicha soberanía, como sucede á Pasquale Fiore, quien después de haber afirmado en la primera edición de su Tratado de Droit international que el mar territorial debía considerarse como propiedad del Estado, manifestó en su nuevo libro de 1885 que «los Estados pueden ejercer sobre las aguas jurisdiccionales los derechos que se derivan del dominio, pero únicamente en lo relativo á la seguridad y á la defensa».

Fiore consideraba explícitamente la soberanía y la jurisdicción de un Estado sobre el mar territorial que se convierte, en cierto modo, en línea defensiva de su territorio, y puede considerarse como continuación de la frontera, se funda en el derecho del Estado á su seguridad y defensa y á la protección de los intereses comerciales y fiscales del país».

Y Perels, Consejero del Almirantazgo de Berlín, en su Manual de Derecho internacional marítimo de 1882, obra eminentemente práctica y verdadera guía de derecho positivo para el oficial de Marina, como con acierto la califica Arendt en la versión francesa que publicó en 1884, consigna: «Al mar territorial se le supone, en forma simultánea, como parte del territorio continental, y se le considera, para el territorio de soberanía por las razones siguientes: a) Porque necesita el Estado para su seguridad proteger la frontera del territorio nacional con la posesión exclusiva del mar litoral hasta cierta distancia de la costa. b) Porque los intereses políticos, comerciales y económicos del país y la organización de una buena policía exigen también que se vigilen los buques que naveguen en dicha parte de mar, los que la abandonen y los que en ella fondeen. c) Porque es indispensable, en fin, este derecho de soberanía para asegurar la existencia del mayor número de habitantes en el litoral».

No está de más de mencionar que Perels, de que el Estado ejerce en el mar territorial el derecho de propiedad, dominium, tal como lo posee sobre el mismo litoral, sino uno de soberanía, imperium, que le permita usar en consecuencia varios derechos de naturaleza diversa.

Inglaterra es quien hace poco años ha considerado con manifiesta exageración iguales ambos derechos en su Territorial Waters Jurisdiction Act de 28 de Agosto de 1878, sin otra protesta de jurisconsultos notables del país.

Por eso dice Godley en su libro La Mer cotile que el Instituto de Derecho internacional, en su sesión habida en París en Marzo