La Marina española (1868-12-30 00:00:00), página 8

de mejora de antigüedad, las exenciones y retiros forzosos del servicio que se otorguen o determinen con infracción de las disposiciones expresas en esta ley, podrán reclamarse y ser anulados en la vía contencioso-administrativa, á instancia de cualquiera de los Jefes ú oficiales postergados ó que se sintieran agraviados en sus derechos.

Art. 2.º Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se opongan á la presente ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1.º A los Brigadieres que existen hoy en su respectivo escalafón, se les declara aptos para ascender á Contraalmirantes, cubriendo vacante reglamentaria; pero se sujetarán para dicho ascenso á la elección, que determinarán los especiales méritos y servicios de cada uno dentro de su actual clase.

2.º A los Capitanes de navío que á la promulgación de esta ley ocupen número en el primer tercio del escalafón de su clase, les bastará para obtener por elección el ascenso á Contraalmirante, cubriendo vacante reglamentaria, contar 18 años de embarco desde Guardia marina, y de ellos seis de mando en buque armado, desde Teniente de navío.

3.º A los Capitanes de fragata que se encuentren en las mismas circunstancias, les bastará para ascender á Capitán de navío, al cubrirse vacante reglamentaria, contar 16 años de embarco desde Guardia marina, y cuatro de mando en los mismos términos anteriormente expresados; contándoseles para los mismos efectos el plazo de dos años servidos en Secretarías de Capitanías y Comandancias generales de departamentos, apostaderos ó escuadras, ó el mismo plazo con desuño en las oficinas directivas de la Armada.

4.º Igual derecho de ascender tendrán los Tenientes de navío que ocupen el primer tercio de su escalafón al publicarse esta ley, si cuentan 14 años de embarco desde Guardia marina, sirviéndose como tiempo adicional para el ascenso el plazo de dos años servidos en el profesorado del Colegio naval, en el despacho de Secretarías de Capitanías y Comandancias generales de departamentos, apostaderos ó escuadras, y en las oficinas de los centros directivos de la Armada.—Madrid 15 de Diciembre de 1868.—El Ministro de Marina, Juan Bautista Topete.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Decreto.

Si entre las cuestiones económicas pendientes hay alguna que pueda considerarse ampliásimamente debatida, y sobre la cual se haya ido formando la opinión con ilustración completa entre las personas interesadas y las por estudio ó por práctica entendidas en la materia, esa cuestión es sin duda alguna la de la abolición del recargo que se conoce con el nombre de derecho diferencial de bandera.

Para examinar la conveniencia y apreciar los resultados de ese célebre recargo, se han instruido desde hace muchos años extensos expedientes en el Ministerio de Estado y en el de Hacienda, se han nombrado comisiones, se han escrito libros, se han celebrado conferencias, y se ha discutido en la prensa y en las Cortes, viéndose á abrirse, por último, como para hacer el resumen de tantos trabajos, la información de 1865, á la cual fueron convocados todos cuantos por interés ó por afición pudieran tener opiniones fundadas sobre este punto.

Parece, pues, llegado el momento de dar la cuestión por suficientemente examinada y discutida, y de presentar una resolución en consonancia con los resultados definitivos de discusión tan lata y de examen tan concienciado y minucioso.

A este fin, el Gobierno Provisional, que tiene la indeclinable obligación de resolver valerosamente todas esas cuestiones en que la opinión pública se ha fijado y que la flaqueza de la autoridad ó la vacilación de las ideas en los que le precedieron han dejado por largo plazo suspendas, encontrándose aquí con una de ellas en que luchan contrapuestos intereses, cada uno de los cuales reclama como derecho lo que cada uno de los otros rechaza como en su daño, persuadido de lo imposible que es prolongar por más tiempo, en nombre de dudosas conveniencias, esta situación ambigua, tan perjudicial al comercio y á las industrias, que en la inseguridad de lo futuro no pueden formar cálculos fijos, ni tomar rumbos decididos para desplegarse, y considerando que cuando tales circunstancias en una cuestión concurren, es de todo punto moralmente imposible acudir para su resolución á otros principios que á los de estricta justicia, á la justicia apela, y con ella por guía, sin olvidar por eso en transición prudente atendibles intereses, da este paso más con fé resulta en la emprendida vía de las reformas económicas.

Y que con el principio de justicia puede resolverse la cuestión del derecho diferencial, verdad es que se prueba con sólo discutir que ese debatido recargo nunca pudo fundarse en verdadero derecho, desde que tuvo por origen indudable el privilegio, lo cual se verá recorriendo rápidamente la historia de su establecimiento, de sus alternativas y variaciones, hasta llegar á presentarse con la forma que hoy ostenta.

Con el nombre de privilegio de preferencia fué como en 1227, mucho tiempo antes de la renombrada Acta de navegación de Cromwell, concedió el rey don Jaime I de Aragón, entre otros varios, el de utilizar los astilleros con excepción de las naves extranjeras á los armadores barceloneses, los cuales, al calor que les prestaban las libertades municipales, y alentados con el fomento de las artes y la industria, habían desplegado la suya de construcción de bajeles, y seguros ya de las piraterías de los árabes baleares, querían extender sus viajes á las escuelas de Levante. Privilegio era, y como tal suscitó quejas de los productores y traficantes del litoral de la corona aragonesa, principalmente de los valencianos e ibicencos; pero aun así, se sostuvo y amplificó, gracias al poderío de los privilegiados y á los servicios que sus galeras prestaban en las escuadras reales.

Lo que comenzó como especial favor concedido á la Marina barcelonesa, fué después otorgado á los demás puertos de nuestras costas orientales, que ya lo disfrutaban en tiempo de Alfonso V; y se extendió, por último, á todos los del Mediterráneo y del Atlántico, cuando con el enlace de Fernando e Isabel se unieron ambas coronas de Aragón y de Castilla. Estos monarcas, sin embargo, no defendieron tan decididamente como otros el mencionado privilegio, pero tomaron en favor de la Marina medidas más acertadas, como fué la de los acostamientos en beneficio de las naves mayores de 600 toneladas, por cuyo medio se trató de estimular la construcción de grandes buques para el tráfico de las Indias Occidentales.

Pronto se olvidaron los acostamientos, y más que á otra cosa inclinados los mareantes al privilegio, consiguieron que las Cortes de Valladolid pidieran su renovación en 1523 al César Carlos V, y que la pi-