La Marina española (1868-05-30 00:00:00), página 3

LA MARINA ESPAÑOLA
PERIÓDICO DE CIENCIAS E INTERESES MARÍTIMOS.

Año II.                Madrid 30 de Mayo de 1868.                Número 55.

SUPRESION DE LOS JUZGADOS Y ASESORIAS DE LAS PROVINCIAS MARÍTIMAS.

Para que la administracion de justicia cumpla la alta mission que le está encomendada se necesita, entre otras cosas, que sea pronta, eficaz y barata; porque de no concurrir cualesquiera de esas circunstancias su accion se debilita, pierden los tribunales el prestigio que debe rodearles y no ofrecen á la sociedad las garantias que tiene el derecho de exigirles.

Bajo este concepto la organización que se establezca para los mencionados tribunales, será tanto mejor cuanto menores sean los perjuicios que cause á los que deban auxiliarles en sus procedimientos, y cuanto más evite los vejámenes y penalidades que con frecuencia experimentan los que se encuentran sujetos á sus fallos; lo cual no es fácil conseguir si no están situados en las comarcas en que deben ejercer su accion, tanto por los gastos y molestias que siempre ocasionan los largos viajes, cuanto porque imposibilitan ó retraen de impetrar sus auxilios á los que temen por su seguridad, su honra ó sus intereses.

Desde el momento en que se prescinde de cualesquiera de esas condiciones al organizar los tribunales de justicia, puede temerse que esta no se administre con la celeridad y rectitud que las leyes previenen, y tal es el temor que experimentan con fundado motivo, á nuestro juicio, no solo los aforados de Marina, sino las autoridades de este ramo que radican en los departamentos, y que han podido ya apreciar con la propia experiencia los inconvenientes á que dá lugar la supresion de los Juzgados y Asesorías marítimas en las Provincias de nuestro litoral.

Si las razones que se han tenido en cuenta para esa supresion, según se desprende de lo expuesto en el Senado por el Sr. Ministro de Marina y el Sr Gil Osorio, consisten en que se había establecido en el servicio de la administracion de justicia una jurisprudencia contraria á lo dispuesto en las ordenanzas de matrículas de 1802, y en que el número de causas que se instruyen en un departamento no compensa los gastos que ocasiona la existencia de los mencionados tribunales, permítasenos que manifestemos respecto á lo primero que, si era mala la jurisprudencia establecida, puesto que de ella resultaban cuatro instancias en contraposición á lo dispuesto en la ordenanza y á lo que aconseja la ciencia y la experiencia, lo que debió hacerse no fue suprimir los Juzgados, sino restablecer en toda su pureza lo que la ordenanza preceptúa, ó dictar reglas que armonizaran los procedimientos jurídicos en la Marina con los que se siguen en el orden civil, y en cuanto á lo segundo, que no es sólo el número de causas que se siguen en una comarca lo que debe determinar el establecimiento de los tribunales de justicia, sino las condiciones especiales en que pueda encontrarse y la obligacion de no dejar desamparados á los que en ella habiten, pues cuanto más escrupulosos sean en cumplir sus deberes, más razón les asiste, á nuestro juicio, para que se les proteja y garantice en el ejercicio de todos sus derechos.

Tan justa garantía no podrán obtenerla en adelante los aforados de Marina que pertenezcan á las provincias en que se han suprimido los Juzgados; pues todo el celo de los Comandantes se estrellará ante las mil dificultades que surgen en la practica, cuando pertenecen á jurisdicciones distintas las autoridades que concurren á la formacion de los procedimientos.

Los casos en que esas dificultades se presenten pueden ser tan frecuentes como funestos los resultados que produzcan.

Desgraciadamente los hechos criminales no escasean, y según lo dispuesto, el Comandante de Marina que deba instruir las correspondientes diligencias cuando sobrevenga alguno de esos hechos, tendrá que indagar, ante todo, si su antiguo Fiscal ó Asesor quieren prescindirse de tomar parte en las actuaciones que hayan de practicarse, y si no quieren, como es muy posible, puesto que es un servicio voluntario y sin otra remuneracion que el abono para sus derechos pasivos del tiempo que ocupen en aquellas, recurrir, por último, al Promotor Fiscal del Juzgado ordinario, quien á su vez podrá negarse á tomar parte en las mencionadas diligencias, ya porque se lo impida el cúmulo de ocupaciones que casi siempre pesan sobre él, y que habrá de aumentarse en adelante con los asuntos de Hacienda y de Comercio, tan frecuentes en las poblaciones costeras, ya porque existan poderosas razones para que se inhiba en la mayor parte de los casos.

Y ahora digámoslo: cuando esto suceda, ¿qué recurso les queda á los Comandantes de Marina? ¿Qué hacen en tal conflicto? ¿A quién apelan? ¿Cómo acuden al sitio en que el crimen se haya perpetrado sin un Fiscal que les preste su auxilio y que recoja sin pérdida de tiempo las declaraciones de los que se encuentran gravemente heridos? ¿Cuántos criminales eludirán los fallos de la Ley por la imposibilidad en que habrá de encontrarse el Capitán General de un Departamento de administrar