La Marina española (1868-04-24 00:00:00), página 5

de egoistas tendencias, se propongan destruir todas aquellas instituciones que pueden menoscabar en algo los intereses de poderosos pueblos y contrariar de algún modo sus ambiciosas pretensiones á la supremacía universal.

Este es, precisamente, el caso en que se encuentra el corso marítimo, cuya abolición, propuesta por la Asamblea legislativa sin resultado satisfactorio en 1792, y comprendida en la declaración del Congreso de París en 1856, cuenta en el día con muchos y apasionados partidarios, entre los que figuran, como no podía menos de ser, los primeros publicistas de la Gran Bretaña. Y sin embargo, ya se considere bajo el punto de vista del derecho natural, ya se consulte la razón política, nada hay más equitativo que ese medio auxiliar de la guerra á que han apelado frecuentemente, con positivas ventajas, las mismas naciones de Europa que no han vacilado en prestar su aquiscencia á aquella famosa declaración.

Bajo este concepto, los Estados Unidos de América, España y México, al rehusarse su asentimiento han prestado un verdadero servicio á la causa del derecho, puesto que, en caso contrario, aquella singular teoría se hubiera convertido en una regla absoluta y uniforme de la legislación internacional, privando á los Estados desprovistos de una Marina militar respectable de todo medio de defensa contra los pueblos dueños de aquel poderoso elemento de fuerza y de grandeza. En la actualidad, y mediante la divergencia de las expresadas naciones, la declaración del Congreso de París no tiene otra fuerza en derecho que la de un simple convenio entre los estados que le prestaron su aprobación; lo cual, por otra parte, en nada aumenta su valor intrínseco, puesto que, la ciega fortuna del éxito no es, ni con mucho, el criterio de la equidad y la justicia. ¿Cuántas veces el derecho de la fuerza ha prevalecido y prevalece contra la fuerza del derecho y de la razon!

La Inglaterra, casi siempre en descuerdo con las demás naciones sobre los puntos más esenciales del derecho internacional marítimo, ¿no ha conseguido á fines del último siglo imponer á las potencias sus egoístas principios, triunfando de los proclamados por Catalina II de Rusia y defendidos con tanto ardor por los Estados del Norte? Y sin embargo,—¡qué diferencia tan grande entre el derecho tradicional de la Gran Bretaña y las teorías sostenidas por las dos neutralidades armadas!

Si el derecho de la guerra concede al beligerante el de ofender á su enemigo por todos los medios directos de que pueda disponer, nada más justo, en nuestro concepto, que el apelar al concurso de sus súbditos para emplearlos en la defensa de sus intereses amenazados ó de su honra ofendida, bajo las bases que establece el derecho común entre las naciones civilizadas. Nada más justo, repetimos, que el que una nación que ve perseguido su comercio, amenazadas sus costas, expuesta su integridad territorial y hostilizadas sus fuerzas navales, en uso del derecho absoluto de legítima defensa, despliegue todas sus fuerzas, utilice todos los medios que estén á su alcance para rechazar el ataque ó someter al enemigo á una paz justa y honrosa, que es el fin único y directo de las hostilidades. Todo cuanto no se halle reprobado por la moral universal, por la generosidad ó el decoro de los pueblos, es lícito tratando de reducir al enemigo ó de contener sus pretensiones ambiciosas y sus tendencias invasoras; luego ¿en qué razón se funda la abolición de los armamentos en corso, dentro de los límites prescritos por el derecho internacional positivo?

Por otra parte, los perjuicios incontestables que nacen del estado de guerra entre dos naciones, crecen en razón directa de su prolongación, y por consiguiente, el interés de todos los pueblos exige que las hostilidades se terminen en el menor plazo posible, para restablecer sus relaciones en el mismo pie en que se hallaban antes de estallar la guerra que haya causado su interrupción; y como el medio más fácil de llegar á este resultado es disminuir los elementos de ataque y defensa de los beligerantes, debilitando sus recursos y paralizando sus fuerzas productivas, es evidente que el corso, en cuanto coopera á éste fin destruyendo el comercio y las transacciones de los contendientes, favorece eficazmente los intereses de las naciones neutrales y evita las eternas antipatías y los hábitos de enemistad que nacen de una guerra continuada y sangrienta.

Indudablemente, los armamentos en corso causan por de pronto perjuicios y vejámenes al comercio de los neutros, por lo mismo que aumentan los medios de acción de los beligerantes; pero no nos parece esta una razón suficiente para decretar su abolición, pues en el mismo caso se hallan los bloqueos, el derecho de visita, y todos los demás derivados del estado de guerra, que nadie ha pensado en proscribir todavía.

No es menos cierto que el carácter del corso se presta á abusos y desórdenes poco comunes en el servicio militar de las naciones cultas; pero no es ésta tampoco una razón para que trate de abolirse, ínterin exista la posibilidad de evitarlos por medio de ordenanzas y reglamentos más ó menos rígidos, á lo cual no puede menos de contribuir también una buena policía marítima, tal como ha llegado á ejercerse en nuestros días por efecto del gran desarrollo que ha alcanzado la navegación, impulsada por los adelantos de las ciencias que le prestan su concurso.

En el próximo artículo terminaremos estas ligeras consideraciones sobre las ventajas que proporciona el corso á las potencias que, desgraciadamente, no poseen poderosas escuadras.

LEANDRO DE SARALEGUI Y MEDINA.

DERECHO DIFERENCIAL DE BANDERA.

VI.

Pregunta novena.—Si cuenta su establecimiento con recursos suficientes en herramientas y personal para la construcción de buques de hierro, tanto por lo que respecta al casco y arboladura, como al montaje de sus máquinas á bordo; y en caso negativo si puede al menos hacer la reparación de los cascos, bien sea que las