La Marina española (1868-03-18 00:00:00), página 11

consiguiente á él, todo militar ó aforado de guerra está obligado á comparecer ante el juez de paz cuando sea citado á juicio de conciliación, con tal de que la citación se verifique por conducto de la autoridad militar de que dependa el aforado de guerra citado, que dará la orden oportuna sin pérdida de momento para su comparecencia ante el juzgado de paz, de conformidad con lo prevenido para casos análogos en Real orden de 3 de Febrero de 1857, ó manifestará en contestación el impedimento que pueda haber, por razones preferentes del servicio, para que lo verifique en el dia y hora designados en la citación.

2.º Cuando la ejecución de lo convenido en el acto de conciliación celebrado ante el juez de paz requiera que haya de procederse contra un militar ó aforado de guerra, es propia y privativa dicha ejecución de la jurisdicción militar, según está prevenido por punto general para toda citación, emplazamiento, venta de bienes, pago de deudas y demás diligencias de apremio contra aforados de guerra, por la Real cédula de 45 de Agosto de 1799, y como respecto á la ejecución de los juicios conciliatorios se encuentra explícitamente declarado en sostenimiento y confirmación del fuero de guerra por el art. 8.º de la ley de 18 de Marzo de 1821, restablecida en toda su fuerza y vigor por la de 25 de Enero de 1837.

3.º Prescribiéndose en ésta que la ejecución de lo convenido en juicio de conciliación, cuando haya de procederse contra un militar ó aforado de guerra, sea propia y privativa del juez militar competente, que lo es el Capitán general; y teniendo en consideración que si fuere la vía de apremio una materia de justicia y no meramente gubernativa, no puede dicho Capitán general acordar providencia judicial alguna sino en su juzgado de Guerra, con dictamen y bajo la responsabilidad de su auditor, con arreglo á la Real orden de 29 de Enero de 1801, en consecuencia de lo prevenido en la disposición anterior, estará obligado el litigante que pretenda la ejecución de lo convenido á ocurrir con instancia acompañada de certificación del juicio de conciliación al Capitán general de que dependa el aforado de guerra, á fin de que pasada á su juzgado se le dé con acuerdo de su auditor y por ante el escribano de Guerra al juicio de apremio la tramitación que corresponda con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil hasta la completa ultimación del asunto.

4.º Lo dispuesto en las prescripciones precedentes no deroga las facultades que por la Real orden de 23 de Julio de 1835 competen á los Directores generales de las Armas, Capitanes generales, Gobernadores militares y Jefes de los cuerpos para decretar gubernativamente la retención de la parte correspondiente del sueldo á los militares y aforados de guerra que de ellos dependan, cuando reclamado el pago de una deuda por la vía gubernativa sin que haya mediado juicio de conciliación ante el juez de paz, y oído el militar ó aforado de guerra dendor, hubiere éste reconocido la legitimidad del crédito y sometido á su pago con la retención de la parte correspondiente de su sueldo ó haber desde la fecha del decreto de retención.

5.º Si por resultado del expediente gubernativo se promoviese en este caso reclamación por algún otro acreedor sobre preferencia en el pago de créditos, ó alguna cuestión de derecho ó incidente que dé lugar á juicio contencioso, la autoridad militar competente pasará si demora el expediente al Jefe del juzgado de Guerra de quien dependa el aforado, á fin de que se diclen las providencias que para la recta administración y resolución del juicio procedan en justicia.

6.º Igualmente si del expediente, ya por el origen ó causa de las deudas, ya por el modo y forma de haberlas contraído, apareciese calificado algún hecho que constituya delito ó falta militar definida en las Ordenanzas del ejército, ó de la naturaleza de las comunas, la autoridad militar competente pasará en el primer caso sin pérdida de instante el expediente á su Fiscal militar ó al Jefe á que compete nombraarlo, y en el segundo al Capitán general de quien dependa el presunto culpable, á fin de que, instruida en uno y otro caso la oportuna sumaria en comprobación del delito y delincuente, se le dé á la causa la tramitación y sustanciación que corresponda con arreglo á las Ordenanzas del ejército ó á las leyes.

7.º Si la falta que apareciese justificada en el expediente de retención fuese leve ó de la naturaleza de las que deben ser corregidas disciplinariamente sin necesitar formación de sumaria escrita, podrán los Jefes de los cuerpos imponer á sus subordinados gubernativa- mente, en sostenimiento de la moralidad y disciplina, quince días de arresto, y hasta dos meses los Directores generales de las Armas é institutos en uso de las facultades que les otorga la Real orden de 23 de Julio de 1835, debiendo proceder en la forma que en la misma se determina.

8.º En toda cuestión entre partes, cuyo interés no exceda de 60 escudos, cantidad igual á la prejulgada en la ley de Enjuiciamiento civil, y siendo el demandado militar ó aforado de guerra ó de extranjería, sólo la jurisdicción militar será la privativa y exclusivamente competente para su conocimiento y fallo, arreglándose en la tramitación de estos juicios á lo especialmente establecido respecto de ellos en las Ordenanzas generales del ejército y Reales órdenes de 8 de Diciembre de 1796 y de 3 de Febrero de 1857, y en la nota 2.ª, lib. 2.º, título 3.º de la Novísima Recopilación.

9.º Toda retención ó descuento de sueldo ó haber de que gocen los militares ó aforados de guerra, decreta- do por una autoridad civil, será nula y de ningún efecto legal ni jurídico, en conformidad á lo dispuesto en la Real orden de 19 de Octubre de 1863.

10. El conocimiento de las faltas cometidas por militares y aforados de guerra y de extranjería es propio, privativo y exclusivo de la jurisdicción de guerra, no estando por lo tanto sujetos en los juicios criminales sobre faltas á la de los alcaldes y sus tenientes, aunque voluntariamente se sometieren á ellos, por no serles licito menoscabar la integridad de la jurisdicción mili- tar de que dependen, ni renunciar su fuero, que ha- biendo sido concedido á la clase en general y no á indivíduo alguno en particular, es irrenunciable, según está repetidamente declarado; en consecuencia de lo cual, prohibe S. M. expresamente pueda entabllarse, ad-