La España (Madrid. 1887) (1887-10-07 00:00:00), página 9

ceas, hijas ambas del primer matrimonio.

Desde entonces, las irregularidades en la sustanciación del juicio hereditario que el dictamen refiere como ocurridas (citando siempre las hojas de los autos), no tienen cuento. Por lo pronto, el poder que se acaba de mencionar aparece fechado un año antes de morir el testador (sic) y sin bastanteo; los primeros inventarios llevan la fecha de 1861 en blanco; D. Mariano la Llave, como socio del testador, tenía que rendir cuentas, y se las daba á sí mismo, en la persona de su co-albacea y apoderado Doña Carmen, siendo á un tiempo deudor y acreedor en la liquidación de cuentas; practicada la de partición, se hicieron figurar en ella dos fincas de la testamentaria con un valor de 250.000 duros; más adelante conviene el D. Mariano con sus co-albaceas, para los efectos de la liquidación definitiva de la Sociedad «La Llave y Pesado,» en que dichas dos fincas sólo valían 113.000 duros (un tercio menos); y fundados en esta valoración y alegando diversos pretextos, forman una segunda cuenta divisoria, en la cual se inscriben dichas fincas con esta rebaja de un tercio en su valor (con el propósito, dice, de adjudicárlas á determinados herederos), y la subrogan en lugar de la primera, sin que precediese expediente de utilidad y aprobación judicial, como se requería habiendo menores interesados; en esta segunda cuenta de partición aparece la testamentaria de la primera mujer del testador con un crédito de más de 8.000 duros que no había figurado en los inventarios ni en la primera cuenta de partición, etc.

Ni el tutor, ni el curador, ni el Ministerio fiscal se apercibieron de nada, y las particiones fueron aprobadas judicialmente, con la conformidad de todos, en 1872. Catorce años después, en 1886, dos de las hijas del segundo matrimonio, ahora mayores de edad y a vecindadas en Madrid, se presentan en México con ánimo de practicar una investigación jurídica de lo acontecido, y encargan al Sr. Díaz González esta faena, consultándole al par qué acciones, si alguna, pueden ejercitar contra las personas que intervinieron con responsabilidad en las operaciones de la testamentaría. Y el distinguido letrado, después de un minucioso y concienzudo análisis de las piezas de autos, contesta á la consulta discutiendo estas cuatro hipótesis:

1.ª Acción de nulidad, por haber carecido de personalidad jurídica Doña Carmen en sus gestiones como albacea y apoderado de su co-albacea D. Mariano la Llave, en su calidad éste de albacea y curador ad litem de los menores. No procede esta acción porque la extinguió la ratificación de los interesados, conforme al artículo 1.793 del Código civil mejicano, concordante con la ley de Partidas.

2.ª Acción rescisoria.—¿Puede pedirse la rescisión de la cuenta con que dan término los autos? Las particiones fueron extrajudiciales, no obstante á esto el que se presentaran para su aprobación al juez, cuyo auto en este caso no es una sentencia definitiva propiamente dicha, ni puede ir más allá del consentimiento de las partes que ha servido de fundamento esencial, ni destruir, por tanto, la acción rescisoria que proceda por vicios del contrato. Se aprobo la cuenta en 1872, cuando regía ya el nuevo Código civil. Según los artículos 4.121, 1.171, 1.172 y 3.023, únicamente há lugar á la rescisión de una partición extrajudicial cuando se dan estas dos condiciones: avalúo de peritos posterior á dicha partición, y que el daño recibido importe dos tercios menos de la estimación justa de la cosa. La primera no ha tenido lugar en esta testamentaria; la segunda sería de muy difícil prueba; además, ha transcurrido con exceso el término fijado (cuatro años) para ejercitar la acción rescisoria. Por consiguiente, debe renunciarse á ella. No sería menos improcedente si la partición se considera que fué judicial, porque entonces el auto aprobatorio se hizo firme por no haberse apelado en tiempo, pues si bien no fué notificado á todos los interesados, éstos se han manifestado posteriormente sabedores de él en los autos «cuando eran ya conocidas y observadas en la práctica las doctrinas de los comentadores españoles (Manresa y Reus), quienes, á propósito del art. 24 de la ley de Enjuicia-