El Minero de Almagrera (1902-07-09 00:00:00), página 5

en la citada Sierra Almagrera a mediados del pasado siglo.

Allí, las propiedades de las concesiones mineras se dieron por parte otorgadas bajo el Decreto de 1825, que estableció como unidad de medida la pertenencia de 2000 varas cuadradas, unidad de especie caracter de los títulos que la ciudad de Almagro otorgaba en esta especie de casas naturales por donde las aguas circulan, pasándose naturalmente de unas minas a otras, hicieron cumplirse a los explotadores de estas las instituciones de las concesiones individuales para procurar el desagüe de sus labores, y nació entre ellos la idea de un desagüe común o general, que permitiera a cada uno disfrutar el fruto de su trabajo, desempeñándose su pequeño campo de explotación, creando a quien le hubiera tan señalado servicio una parte de los productos que se finden la mina.

En este orden de cosas, y sin que nos hemos de hacer la historia de las vicisitudes porque ha pasado el desagüe general mucho durante tantos largos períodos de tiempo pero sí traeremos a la memoria, que se ha exigido al pago del desagüe, desde el principio de algunos mineros, f. lo que ello originó a que se dictara la ley de 1º de Agosto de 1859, y a que ésta se aplicara esto según lo dicho comienzo mi nota.

Es verdad que en la Sierra de Cartago no tienen "espolios", los filos, sino que las concesiones mineras son tan pequeñas como en Almagro, aunque también se ha visto el caso de aquella tan reducida extensión superficial; pero es innegable la identidad de las aguas subterráneas en algunos de sus valles y piedritas y el paso del desagüe general por todas ellas.

Y por lo que respecta a la mayor extensión que en nuestra Sierra miden por regla general las concesiones, nos remitimos a la presentación de manifestaciones que esta materia exige, y que se ha servido en muchos casos para agravar los males que llevan consigo las pertenencias pequeñas, por la inexistencia de su titularidad para entender su explotación, y que en la actualidad, también, que las trataba años fue condenada por el distinguido Ingeniero D. Manuel Male de Mauna en su exposición en el antiguo Museo de la Sierra de Cartago, y que se ha reproducido aún; antes bien; se ha afirmado y formalizado algunas veces por medio de escrituras públicas.

A partir de esta fecha, la subdivisión de la propiedad minera obligaba a sus propietarios-explotadores a pasar sus posesiones en mancomunidad en el uso de una cantidad de agua superior a los elementos del desagüe que les podía disponer el Sindicato, y así se ha mantenido hasta; y por último, la magnitud de extracción de diez caballos.

No hemos fijado en esta máquina, porque era el tipo de la época y el criterio de la época, y al que nos enlaza acogiendo el inolvidable mecanismo D. Pablo Colson, que tantas instancias de esta clase hizo en el siglo XIX.

Otros explotadores de más capital, fueron los que se sirvieron y vieron, adquiriendo máquinas más potentes que las de Colson, desagüaron aquellos grupos y pusieron a contribuir a las propias propiedades, y así en el caso de los cuadros de la Sierra, de que la obligación de pagar el canon de desagüe cesaba en el momento de encontrarse en sus labores con aguas "colgadas", es decir, con que se hallaban en el estado de ser imposible hacer el pozo de desagüe general y se veían precisados a extraerlas por sus propios pozos.

Este, fuere error o suposición, los timpana de retrasarse de pagar el canon, llegando á ser motivo para que dejaran de funcionar sucesivamente todas las máquinas desagüadoras de importancia, y que, en consecuencia, se conseguía el agotamiento general de la mina, y al suspender su marcha una de ellas, era inútil el funcionamiento de las otras, y esta paralización.

En las consecuencias que ha tenido dicho retrasamiento, es pues, donde existe la mayor semejanza entre otras concesiones porque atraviesa hoy una de las concesiones más importantes de nuestra Sierra, y la que acaso se encargará de que se dictara y aplique seguidamente la ley de desagüe a las sierras de Sierra Almagrera. Dicha ley, que se ha visto la necesidad de pagar el canon de desagüe, ha tenido un retraso que el de dos meses, bajo la pena de incurrir en la caducidad de la concesión y sacar las minas a público, según la regla de la Ley de Bases de 29 de Diciembre de 1859, y que la ley útima análoga es la que deberá aplicarse en la Sierra de Cartago para asegurar el pago del canon referente al desagüe que se establezca.

Aplicación de la ley de desagüe

Para llevar á efecto la aplicación de esta ley, se precisa instruir un expediente, cuya tramitación es laboriosa. La Memoria demonstrativa de la necesidad de aplicarla a una concesión interesada debe de examinar el permiso del Gobierno, y se publica por espacio de dos meses. Todas las observaciones que pudieran hacerse durante dicho plazo, se han de con- signar en un registro que el efecto de abrirá en el Ayuntamiento, y se publicará en la Gaceta y Boletín Oficial de la provincia; por editos en la Capital y en los Ayuntamientos donde radiquen las minas, y se notificará a su representante, y se dará cuenta á sus representantes y á los de las Sociedades, dueñas de las minas.

Después, el Gobierno nombrará una Junta compuesta de cinco ó seis vocales que, con el auxilio de un Procurador, harán un examen de la realidad del caso, elegirán los restantes entre personas peritas, imparciales y ajenas a los intereses que se estudien y que se consideren competentes, y se procederá para examinar las declaraciones que se signifiquen en el registro, recibiendo informes verbales, Memorias y observaciones de todas clases; cuyas actas se consignarán en el expediente, y se tomarán las conclusiones y jefes de estos hechos, y se remitirá el expediente á la Comisión de Examinación de la Junta, que se reunirá para conocer el expediente, y se tomará la resolución que se considere debida.

La Junta, general, convocada y presidida también por el Gobierno, se reunirá al Ministro para su sanción definitiva, previa consulta del Consejo de Ministros y del Consejo del Estado, si así lo creyera conveniente.

Tal es, en suma la tramitación que habrá de seguir todo expediente con arreglo á la ley. El plazo de dos meses, que se ha visto, debe de ser dado para oír las observaciones que se hagan á la Memoria, es igual al establecido por el artículo 22 de la ley de Minas para presentar la aclaración á los regidores y al público que débese á ella; pero á la notificación administrativa de que habla el art. 5º de la ley de desagüe, observaremos que dicha notificación, al tratarse de 300 interesados, debe de hacerse en el plazo de regularmente algunos meses más. Para los siguientes trámites, ó sea para las operaciones consignadas en los artículos 6º y 7º, se fija en el 8º el plazo de dos meses.

Advertidamente el artículo adiciona- l de la misma ley autoriza á pre- cindir de los requisitos exigidos por los artículos 3º y 4º, cuando se trate de minas que estén en el estado en que se conocen de antemano las circunstancias especiales y condiciones técnicas á que dichos artículos se refieren, pudiendo en este caso disponer el Gobiernó que se dé cuenta á los concesionarios de las necesidades de aquellas labores; abrir caminos y cauces de saneamiento; instalar máquinas y obras para la transmisión de fluido hidráulico; levantar edificios con des- tino á viviendas, talleres, almacenes, servicios y operaciones se requieran en el establecimiento de desagüe; y para ejecutar obras, como albercas, cañerías y canales para el aprovechamiento y evacuación de las aguas, desde la superficie, ya para los lavaderos de las minas, ya para los que pudiera establecer el mismo Sindicato para la concentración de los mineralistas que resulten de la aplicación de la quota debida del desagüe.

Además de la declaración de la utilidad pública para todos los fines in- teresados, cuando se haga la notificación de la declaración á favor del Sindicato de las aguas elevadas por sus máquinas, según lo preceptuado en el artículo 22 de la ley de aguas, para las aluminadas por medio de po- rtales, se debe de hacer el estudio de las mismas, e indemnizando, siempre que lo hubiere, el perjuicio de tercero de que hablan los artículos 23 y 34 de la ci- tada ley, en consonancia con lo dispuesto en la R. O. de 2 de Mayo de 1859.

Límites y extensión de la zona de desagüe

Si fuesen las limitaciones de las concesiones que preceden, se estimará procedente de la aplicación de la ley de desagüe de 1º de Agosto de 1859 á las minas de la diputación del Real de la Sierra, de la provincia de Toledo, para más adelante el estudio completo de otras concesiones de la misma Sierra, necesitadas también de un desagüe general, por hallarse sus minas insufi- cientemente dotadas de máquinas, como se ha apuntado en esta Memoria; será preciso ante todo determinar cuales son las concesiones que por su conjunción van á constituir la zona del des- agüe, y hacer la aplicación de la ley.

Además tenemos el honor de accom- paniar el plano que hemos formado de todas esas concesiones, así como no puede faltar el estudio de la parte pro- vincial, pues el plano definitivo ha de ser consecuencia de la demarcación de la zona que deberá hacerse sobre el terreno, cuando se determinen las bases en que haya de desarrollarse la re- lación de operaciones.