El Minero de Almagrera (1901-08-24 00:00:00), página 4

cios de los recursos procedentes, a pesar de que las resoluciones notificadas en 24 de Octubre y 9 de Noviembre no son decretos sino ordenes de la Junta, faltando terminadamente su recurso, faltando que no era aplicable al caso la legislación minera sino el art. 23 de la Ley de Almadén, que permite el recurso por la Junta en aquellas causas que procede confirmar la no admisión del recurso de alzada; Vistos los artículos 88 de la Ley de Minas de 4 de Marzo de 1858 y el artículo 26 del Reglamento de 24 de Julio de 1861 y la 16.ª disposición general del mismo que de consenso marcan los plazos para la interposición de los recursos de alzada; Y El artículo 29 de la citada Instrucción para el abono de las deminuciones al personal facultativo de Minas de 17 de Junio de 1893 en cuyo artículo se prescribe indudablemente que se debe dar cuenta para la tramitación de los expedientes en que hayan de verse trabajos particulares; Considerando 1.º Que a tenor de lo mandado por el referido art. 23 de la Instrucción citada el Ing. Jefe de Almadén debía remitir directamente a la Sociedad Chavarri, Lecocq y Compañía el presupuesto formado para el reconocimiento del terreno donde se hallen depositados los trabajos una vez presentado a dicha Sociedad y no admitido por ella, debió elevarse a la Dirección General para la revisión procesal. Que conforme a lo dispuesto en la Ley de 1861 y en la 37.ª disposición general del Reglamento vigente de minas las notificaciones a los interesados deben hacerse dando copias de los decretos y expresando los recursos que contra ellos puedan ser pertinentes se darse.

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto anular todo lo actuado en este expediente a partir del decreto de 19 de Octubre de 1900 y disponer se dé a aquél la tramitación ordenada en el artículo 25 de la Instrucción de 17 de Junio de 1893 para el abono de las deminuciones al personal facultativo de minas De orden del Sr. Ministro y con devolución del citado expediente a la Sociedad Chavarri, Lecocq y Compañía vefto oportunamente. Díces guárda a V. S. muchos años Madrid 13 de Julio de 1901.—El Director general, Manuel Gómez Sígura.—Sr. Gobernador civil de la provincia de Almería.

ya publicado en el "Boletín Oficial" de la provincia la declaración de ser francés y registrable a quel terreno.

El Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes.

Díces guárda a V. I. muchos años Madrid 17 de Julio de 1901.—Alcalde de Almería, José de Aguirre.

N. de la R.—Creenmos que esta disposición dara lugar a muchas discusiones, por que su consecuencia práctica no está muy clara verdaderamente.

DISPOSICIONES OFICIALES

Real Orden de Agricultura sobre registros mineros en terrenos de concesiones anuladas.

Ilmo. Sr.: Con el fin de evitar toda duda o equivocado interprete- ción de los artículos 29 del decreto de 17 de Junio de 1893 y 37.ª del reglamento para su ejecución; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino ha ordenado lo siguiente: Por lo que se da a conocer a la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio en el expediente de registro de Propiedad legal núm. 26 140, de la provincia de Almería, se declara con carácter general que los registros de minas que se hagan sobre terrenos pertenecientes a concesiones anuladas y subastadas por falta de adjudicación de los mismos no sean válidos ni producen efecto legal alguno si se inician antes de que sea firmé y ejecutado el decreto de caducidad y de que se ha-

Unión Minera de España

Esta Asociación, en reunión celebrada recientemente, acordó solicitar de los Poderes públicos la creación de una comisión oficial en que figuren individuos nombrales por los mineros, el objeto de esta misma, proponer las reformas convenientes en la forma, cuantía y cobro de los impuestos mineros, armonizarlas con las necesidades de la industria y con los intereses del Tesoro.

Esto es lo que se pide en la siguiente exposición, suscrita por el Sr. Marqués de Comillas, Presidente, en representación de la Unión Minera, y que el diputado D. Domingo Gasón ha entregado al Ministro de Hacienda, en nombre de la misma:

"Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
Excmo. Sr. La Unión Minera de España, con domicilio en esta cor-

te, Barquillo, 9, representando la inmensa mayoría de los interesados en la industria minera de nuestra patria, acude a V. E. con el deseo de que se realicen las siguientes mejoras:

Por que causas que no es del caso detallar, los impuestos que gravan la industria minera han ido multiplicándose y acrecentándose hasta llegar a formar una carga excesivamente pesada y sumamente compleja, representada por los tributos denominados canon de superficie, impuesto de 3 por 100 sobre primas de bruto de los minerales de transportes, de exportación, etc., etc., aparte de los generales que gravan a las Sociedades que se dedican a toda industria, como el de utilidades, timbre, derechos reales, etc.

Además de esta carga, hay vigen- tes distintos reglamentos que obligan al minero a una serie de operaciones y requisitos que sin que se disminuya el trabajo de la extrac- ción de guías para la conducción de los minerales, la purificación de las aguas que emplea para su in- dustria y otras tantas que son pro- blemas mineros, y con lo que resulta en la práctica un notable entorpe- cimiento para el minero, sin gran ventaja para la Administración.

Respecto siempre, como es necesa- rio, a los costos de la industria, se cumplirá con la mayor exactitud y con el menor perjuicio posible para los mismos, por ello, recomendando al Excelentísimo Señor la Administración pública al dictar las disposiciones para la exacción de los múltiples im- puestos con que está gravada la mi- nería, no podemos por menos, exces- tivamente, de llamar la más ilus- trada atención hacia lo que viene sucediendo en la práctica con la aplica- ción de las mencionadas disposi-

rntial de las reformas que se emprendan en lo sucesivo y el más seguro contraste del efecto producido por las disposiciones legislativas hasta ahora promulgadas. Entendiendo así el Ministro que suscribe, y de acuerdo con el informe de la Comisión antes citada, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.—Señora: A. L. R. P. de V. M.—Eduardo Dato.

comercial, más de lo que consiste una apreciación prudente de las reglas naturales, y de la práctica del seguro de accidentes en otras naciones, podrá publicar, para los efectos legales, una tarifa mínima de premios.

Art. 17. Para informar y auxiliar al Mi- nistro de la Gobernación en estos servicios de registro, comprobación reglamentación y publi- cidad, relativas al seguro de accidentes del trabajo y otros análogos, se nombrará un Ase- sor general de seguros, que percibirá derechos de registro de los que anualmente satisfagan al efecto las Sociedades de seguros aceptadas y se fijen de Real orden.

Art. 18. El Asesor general de seguros será de libre elección del Ministro.

El nombramiento se hará siempre por Real decreto.

A continuación del nombramiento se publi- cará en la Gaceta una relación de los médi- tos y servicios del designado, especialmente en materia de seguros, así en la esfera oficial como en la particular y en la Administración pública.

El Asesor formará parte, como vocal nato, de la Comisión de reformas sociales, y su cargo será incompatible con cualquier otro de una Compañía de seguros.

Art. 19. El Asesor general de seguros pro- pondrá al Ministro en el término máximo de